1. Comunicados de Prensa
La SIP emite sus conclusiones preliminares sobre situación de la
prensa en Argentina
Buenos Aires (7 de diciembre de 2012).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a
través de una delegación internacional de la organización que se destacó tres días en
esta ciudad para evaluar el estado de la libertad de prensa en Argentina, concluyó de
manera preliminar que “continúa habiendo graves inconvenientes para el ejercicio libre
del periodismo en el país”.
A continuación el texto de la evaluación preliminar de la misión de la SIP, cuyo informe
final será presentado en marzo próximo durante la Reunión de Medio Año a celebrarse
en Puebla, México.
“Después de haber escuchado en las últimas 48 horas a más de 100 personas con
conocimiento de causa sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina
(periodistas independientes o críticos y periodistas alineados con el gobierno, referentes
de la cultura, hombres de Derecho, congresistas y editores de los periódicos socios de la
Sociedad Interamericana de Prensa), una misión internacional de la SIP constituida en
Buenos Aires concluyó que continúa habiendo graves inconvenientes para el ejercicio
libre del periodismo en el país.
”Desde la noche del miércoles 5 hasta la tarde del viernes 7, una delegación de la SIP
permaneció en la capital argentina a pedido de algunos de sus socios y en cumplimiento
de una resolución aprobada por la última Asamblea General realizada en San Pablo
(Brasil), para evaluar in situ el estado de la libertad de expresión en Argentina.
”La misión fue presidida por Claudio Paolillo (presidente de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información de la SIP y director del semanario uruguayo Búsqueda) e
integrada por Elizabeth Ballantine (vicepresidenta primera de la SIP, The Durango
Herald, Colorado, Estados Unidos), Fernán Molinos (vicepresidente de la Comisión de
Libertad de Prensa e Información, La Prensa, Panamá), Miguel Henrique Otero
(presidente de la Comisión de Finanzas de la SIP, El Nacional, Caracas, Venezuela),
Alejandro Miró Quesada (ex presidente de la SIP, Cosas, Lima, Perú), Marco Zileri
(vicepresidente regional para Perú de la Comisión de Libertad de Prensa e Información,
Caretas, Lima, Perú), Ed McCullough (miembro de la Comisión de Libertad de Prensa
e Información, Associated Press, Estados Unidos), Alexandre Jobim (director del
Comité Jurídico de la Associacao Nacional de Jornais de Brasil, Grupo RBS, Porto
Alegre, Brasil) y Julio Muñoz (director ejecutivo de la SIP).
”La misión observó que en Argentina la crítica no está criminalizada penalmente, pero
el gobierno se ocupa de desacreditarla socialmente desde el poder, mediante el
hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos, algunos de los cuales son
mencionados explícitamente por la presidenta de la Nación en cadenas de radio y
televisión.
”La publicidad oficial continúa siendo distribuida para favorecer, en general, a los
medios "amigos" y castigar a los que el gobierno ve como "enemigos", con dinero que

2. es propiedad de todos los ciudadanos argentinos.
”La delegación de la SIP recibió informes sumamente inquietantes de periodistas
críticos sobre el futuro de la libertad de expresión en la Argentina. Algunos de ellos
mencionaron lo que llamaron "pecados pasados" del Grupo Clarín (en particular, su
alianza con el ex presidente Kirchner durante todo su gobierno, 2003-2007) y
manifestaron agravios respecto a ese grupo empresarial, pero advirtieron que en este
momento lo que está en juego sobrepasa los intereses económicos y empresariales del
Grupo. Lo que está en juego -dijeron- es la vigencia de la libertad de expresión en el
país. Ellos argumentaron que si el gobierno avanza sobre ese Grupo -hoy por hoy, uno
de los pocos donde en el nivel audiovisual es posible criticar al gobierno (una de las
funciones básicas del periodismo en cualquier democracia)- y lo desmiembra, los
argentinos quedarían rehenes de "el relato" oficial porque -estiman- el gobierno daría de
oficio a sus "amigos" los medios que eventualmente le quite a Clarín.
”La delegación de la SIP escuchó similares comentarios de políticos opositores,
intelectuales independientes o críticos y, también, de muchos de sus socios. Algunos de
ellos manifestaron su acuerdo con la intención inicial y aún con la letra de la llamada
"ley de medios", pero advirtieron que el gobierno está haciendo una "aplicación
selectiva" de esa norma. "Lo único que interesa al oficialismo es desahuciar al Grupo
Clarín", repitieron concretamente al menos tres personas con las que la misión pudo
conversar.
”En particular, llamó la atención de la delegación de la SIP la explicitud de las presiones
del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial para incidir en el nombramiento de los
jueces que entienden en la causa entablada por el Grupo Clarín, que ha recurrido dos
artículos de la "ley de medios" ante la Justicia por considerarlos inconstitucionales. La
Justicia aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión (si esas dos normas
respetan o violan la Constitución). Pero un día antes de que se renovara una medida
cautelar que había dispuesto la Justicia ante el reclamo del Grupo Clarín, el Poder
Ejecutivo anunció que no esperaría el fallo judicial de fondo y que pondría en práctica
la ley para este grupo mediático, más allá de cuál sea al final el pronunciamiento del
único poder del Estado habilitado para definir en la delicada cuestión. La presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, refiriéndose inequívocamente al Grupo Clarín, anunció
hace semanas que el 7 de diciembre se acabaría lo que llamó "la cadena del temor y del
desánimo". El vicepresidente Amado Boudou dijo a su vez en octubre durante un
programa del canal estatal de televisión que "la ley de medios va a terminar con el cepo
cultural que imponía el Grupo Clarín".
”La delegación de la SIP recibió un documento que demuestra la gravedad de la
situación en el plano institucional. El 27 de noviembre, la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que tenía a su cargo pronunciarse sobre la
prórroga o no de la medida cautelar pedida por el Grupo Clarín, envió a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación un oficio, aprobado por la unanimidad de sus
miembros, donde acusó al Poder Ejecutivo de afectar su "independencia", a partir de
una nota que recibieron del ministro de Justicia, Julio Alak, en la que "instruye" a los
jueces qué hacer. Según el documento, al comentar esa carta en el Acuerdo Plenario del
19 de noviembre, la jueza Graciela Medina dijo que la nota del ministro Alak "es
manifiestamente improcedente e inaceptable para cualquier tribunal de justicia" porque
"todo tribunal sabe bien lo que tiene que hacer sin necesidad que nadie se lo recuerde".

3. A su turno, el juez Ricardo Recondo manifestó que "en el contexto de los hechos
ocurridos" es preciso considerar la carta del ministro Alak pues "afecta a la
independencia del fuero". La Corte Suprema de la Nación emitió esta semana una
declaración apoyando a los jueces presionados por el Poder Ejecutivo.
”Una de las personas que conversó con la misión de la SIP dijo que los jueces son
objeto de "una persecución feroz, al mejor estilo fascista" porque integrantes de la
Administración avanzan sobre "asuntos personales" de los magistrados, hay "ataques a
sus familias" y "seguimientos de los servicios de inteligencia" en procura de
amedrentarlos. Estas presiones públicas y privadas del Poder Ejecutivo sobre el Poder
Judicial perturbaron muy especialmente a la delegación de la SIP por su proyección
institucional.
”La delegación de la SIP recuerda que siempre ha sido posición de la organización
rechazar las hegemonías comunicacionales, tanto si éstas ocurren en el sector privado
como si se verifican en el sector público. Y, si bien se opone a los monopolios u
oligopolios privados porque afectan la libertad de expresión, con más fuerza se opone a
los monopolios u oligopolios estatales, porque éstos conducen al totalitarismo.
”La misión de la SIP confía en la administración de justicia argentina y en que los
jueces decidan en favor de las libertades y de las garantías fundamentales de los
individuos.
”La delegación de la SIP procuró conversar también con los principales referentes del
gobierno, pero sus intentos fueron vanos. No obstante, es abundante el material que en
los últimos meses ha producido el Poder Ejecutivo en la materia, por lo cual la misión
cree estar razonablemente informada respecto a los puntos de vista de la presidenta
Fernández de Kirchner y de sus principales colaboradores.
”Esta no es la primera vez que la SIP envía una misión a la Argentina. Con el mismo
propósito que la actual, en agosto de 1978 delegados de la SIP se entrevistaron a cara
descubierta con numerosas personas y no sólo denunciaron el terrorismo de estado que
el gobierno de entonces aplicaba contra disidentes y periodistas, sino que también
criticaron a la mayoría de los socios argentinos de la SIP que, en aquel momento,
fallaron a la hora de difundir la ola de violencia desatada por la dictadura militar, que
incluyó torturas, asesinatos y desapariciones de periodistas, entre otros miles de
ciudadanos.
”En aquel año, cuando la represión arreciaba y muchos daban vuelta la cara o asumían
una actitud de cómoda complicidad, y se desconocía aún la magnitud de la carnicería
que estaba perpetrando la dictadura, la SIP dijo que la libertad de prensa estaba
prácticamente suprimida en todo el territorio argentino y que unos pocos periodistas,
entre ellos el ex presidente de la SIP Robert Cox, entonces director del diario The
Buenos Aires Herald, y Julio Rajneri, del Diario de Rio Negro, se atrevieron a desafiar
el cerrojo de censura impuesto por los jefes militares que mandaban en el país. La SIP,
junto con Amnesty International, fueron los dos únicos organismos de relevancia
internacional que, en aquel tiempo de plomo, puso de manifiesto la barbarie que se daba
en la Argentina. La SIP siente un particular orgullo por haber defendido la libertad de
prensa y expresión en este país en uno de sus momentos históricos más aciagos.

4. ”Desde el año 2003, cuando el ex presidente Néstor Kirchner llegó al poder, la SIP
destacó, antes de la actual, dos misiones de delegados ante denuncias recibidas que
mencionaban una conducta de sistemática agresividad del gobierno contra periodistas y
medios de comunicación. La primera de ellas fue en 2005, dos años antes de que, para
sorpresa de algunos, el presidente Kirchner autorizara de puño y letra negocios que
ampliaron el espectro de cobertura del Grupo Clarín. Aquella misión de la SIP fue
denostada por el presidente Kirchner en persona y criticada por los medios alineados
con su gobierno, entre ellos alguno muy notorio hoy por su consecuente oficialismo y
otrora por contar entre sus accionistas a principales del Grupo Clarín o al propio grupo.
La misión concluyó que ya entonces se respiraba un aire enrarecido en materia de
libertad de expresión, algo en lo que coincidían totalmente algunos periodistas que hoy
se han transformado prácticamente en voceros oficiosos del tercer gobierno kirchnerista.
”En 2011 llegó una segunda misión. Ya habían pasado seis años de "aprietes",
denuestos y "juicios populares" contra periodistas promovidos desde el poder,
distribución arbitraria de la publicidad oficial, amedrentamientos contra medios y
periodistas utilizando para ello a los organismos fiscales del Estado, interceptaciones de
conversaciones telefónicas y aun de correos privados de periodistas por parte de agentes
del Estado, y la construcción, lenta pero sistemática, de una suerte de pulpo mediático
que, mediante el empleo abusivo de los medios públicos y la disposición de algunos
empresarios privados fuertemente vinculados con el poder, transmite desde entonces en
"falsa cadena" lo que se ha dado en llamar "el relato" del gobierno.
”La SIP denunció entonces el clima hostil en el cual se desenvolvía el periodismo
crítico o independiente. La llamada "ley de medios" ya había sido aprobada por el
Congreso de la Nación, con votos del oficialismo y también de algunos sectores de la
oposición. Pero para entonces se había hecho evidente que, con la loable intención -que
la SIP comparte- de habilitar una mayor pluralidad de voces y evitar las concentraciones
desmedidas de medios en pocas manos, la política menor había traicionado ese sano
propósito y la "ley de medios" se había transformado en el instrumento utilizado por el
gobierno para acabar con su nuevo peor enemigo: el Grupo Clarín.”
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la
libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300
publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para
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