Contralínea 545

Año 16 • Número 545 • $30
Del 26 de junio al 2 de julio de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 12 de junio de 2017
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delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
GOBIERNO, OMISO ANTE
CRISIS DE REFUGIADOS
Tenosique, Tabasco. En
febrero denunciamos
que el Estado mexicano
se negaba a atender la
grave crisis de personas
refugiadas que solicitaban
asilo en México. El
procedimiento, la larga
espera para la respuesta,
las innumerables
violaciones a los derechos
humanos por parte
del Instituto Nacional
de Migración y de la
Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados
que dimos a conocer en
nuestro primer informe
que presentamos en
abril; y la falta de una
política pública, en los tres
niveles de gobierno para
los refugiados son sólo
algunas manifestaciones
para reiterar, en el día
internacional del refugiado
y la refugiada, que la
situación no mejora,
empeora:
La política migratoria
y de refugio de los Estados
Unidos ha venido a
manifestar la dolorosa
situación de cientos de
personas que anhelaban
llegar a ese país con la
esperanza de encontrar
un lugar donde vivir y
trabajar dignamente.
El endurecimiento
de dicha política se
manifiesta también en
la incertidumbre en la
que tienen que vivir
millones de personas en la
espera de una inminente
deportación, o que una
vez saliendo de ese país
no los dejen retornar. El
número de personas que
atraviesan México de Sur
a Norte para ingresar a
Estados Unidos ha bajado
considerablemente, pues
el viaje se ha encarecido
mucho y México sigue
persiguiendo, deteniendo y
deportando seres humanos
sin ninguna consideración.
Las órdenes ejecutivas del
presidente Trump han
tenido un efecto dominó en
los países del corredor
americano. Las prácticas
asumidas desde la política
migratoria estadunidense
se replican en México y en
países centroamericanos y
sudamericanos.
Desde hace algunos
años, México es país
de destino. Las grandes
urbes son cada vez más
receptoras de personas
que se establecen en
búsqueda de trabajo,
vivienda y estabilidad. Sin
embargo, ni el Estado ni la
sociedad mexicana están
preparados para generar
sociedades integradoras.
No poseemos la conciencia
de ser un país de migrantes
y para migrantes. La
violencia generalizada y
la sistemática violación
a los derechos humanos
que padecemos también
afectan a migrantes y
refugiados, grupos más
afectados por la crisis que
vivimos en México. Sin
embargo, no podemos
renunciar a recuperar
que nuestro país sea
un lugar de destino
para las personas que
vienen huyendo de una
economía de muerte,
de una desigualdad
desvergonzada, de una
pobreza extrema.
Pero el Estado
mexicano se niega
sistemáticamente a
ofrecer refugio a las
víctimas de la violencia
en Centroamérica. Así lo
demuestran los datos:
La 72 ha
acompañado el proceso
de 202 solicitantes de la
condición de refugiado
en Tenosique entre
enero y junio de 2017.
Hasta ahora hay CERO
RECONOCIDOS.
Sólo a seis solicitantes
les han dado protección
complementaria.
Queremos señalar
que de las personas que
representan estos números,
son las y los adolescentes
quienes más padecen esta
situación. Si los anteriores
datos no son una negativa
del Estado mexicano a dar
refugio, entonces ¿qué son?
México no puede
seguir siendo cómplice
de esta situación. México
no puede seguir con una
política de persecución
salvaje, de deportación
masiva y violación a los
derechos humanos de
migrantes y refugiados.
El pueblo de México no
puede dejarse contagiar
por la xenofobia, la
discriminación de
los sentimientos de
nacionalismos. Tenemos la
obligación de parar todo
brote de odio y generar
sociedades integradoras
que recuperen dignidad
y exijan el respeto de los
derechos humanos de las
personas que huyen de sus
países. No podemos ser
más pieza de ese círculo
mortal que significa la
migración y el refugio
[carta resumida].
La 72,Albergue para
Personas Migrantes y
Refugiadas

CONTENIDO
24
PORTADA
Pegasus tiene la capacidad de espiar más de 1 mil
teléfonos celulares a la vez; fue adquirido por la
Sedena
LOS CONTRATOS DE
PEGASUS: ESPIONAJE TOTAL
A LOS MEXICANOS
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL LOS “CONTRATOS RESERVADOS” PARA EL
ESPIONAJE TELEFÓNICO Miguel Badillo
ZONA CERO PEGASUS Y LAS “TRAICIONES A LA PATRIA” Zósimo Camacho
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN GOBIERNO MEXICANO, ESPECIALISTA
EN ESPIONAJE POLÍTICO Nancy Flores
DEFENSOR DEL PERIODISTA “NO, PRESIDENTE, LOS PERIODISTAS NO
SOMOS SUS AMIGOS” Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
EL CICLO SIN FIN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Laura Zamarriego/CCS
CATAR, ¿PRIMERA VÍCTIMA ÁRABE DE LA ERA TRUMP? Adrián
Mac Liman/CCS
UNA AMNISTÍA FISCAL ANULADA SIN BENEFICIO Xavier Caño Tamayo/CCS
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
545, del 26 de junio al 2 de julio de 2017– es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Al-
dama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100,
México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.
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guel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de au-
tor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud
de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por
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calera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se ter-
minó de imprimir el 23 de junio de 2017. Distribuida por la Unión de
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Los contratos de Pegasus: espionaje total a los mexicanos Zósimo Camacho
SOCIEDAD Periodistas y defensores, blanco de espionaje gubernamental Nancy Flores
LÍNEA GLOBAL Ignoran ocupación en el Sáhara para beneﬁciarse de fosfato
Axel Plasa
24
30
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MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA Cómo protegerte de software espía como Pegasus Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS El Napoleón de Stendhal, el alias de Henry Beyle Álvaro Cepeda Neri
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66
www.contralinea.com.mx 7
Imagen de portada: 123RF/Contratos de la Se-
dena para la plataforma Pegasus
3630
46 58
CONTENIDO
ANÁLISIS
INTERNACIONAL Golfo Pérsico: meandros de una peligrosa crisis Ulises Canales/Prensa Latina
INTERNACIONAL Reajustes en Oriente Medio Thierry Meyssan/Red Voltaire
46
58

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
LOS “CONTRATOS RESERVADOS”
PARA EL ESPIONAJE
TELEFÓNICO
MIGUEL BADILLO
P
or motivos de “seguridad nacional”, el
gobierno federal ha decidido reservar
por más de 20 años los contratos que
comprueban la adquisición de equipos tecnoló-
gicos para la intercepción de llamadas telefóni-
cas y mensajes que habrían sido utilizados para
espiar a periodistas, activistas y defensores de
derechos humanos, como lo reveló la semana
pasada el periódico The New York Times.
Desde julio de 2012, Contralínea publicó una
investigación perio-
dística en donde con-
firma que fue la Se-
cretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), en
los últimos 3 años del
gobierno del panista
Felipe Calderón, la
responsable de la compra y operación del Mó-
dulo Central de la Plataforma NSO Pegasus
para el monitoreo de smartphones, con capacidad
para intervenir 400 BlackBerry, 100 symbian y
100 android, según los contratos confidenciales
en poder esta publicación.
En los 3 últimos años (2010-2012) de la ad-
ministración calderonista, la Sedena, a cargo
entonces del general Guillermo Galván Gal-
ván, asignó sin licitar 18 contratos a proveedo-
res privados extranjeros por más de 10 mil mi-
llones de pesos para la adquisición de equipos
y servicios que son utilizados en las áreas de
inteligencia de las Fuerzas Armadas (Oﬁcio de
papel, 1 de julio de 2012).
La justificación de dichas compras multimi-
llonarias, adjudicadas de manera directa y am-
paradas en el marco legal de la seguridad na-
cional, era que el Ejército contara con un mo-
derno equipo tecnológico y de comunicación
“para investigar a grupos armados (guerrilla)
y a la delincuencia organizada (narcotráfico)”.
Dicha adquisición fue autorizada por el Comité
de Compras del Ejér-
cito, en donde partici-
pa el propio secretario
de la Defensa.
Derivado de esos
18 contratos otorga-
dos de manera direc-
ta a dos proveedores
extranjeros –AV y D Solutions, SA de CV, y
Security Tracking Devices, SA de CV–, algu-
nos generales de la Sedena presentaron varias
denuncias ante la Presidencia de la República,
la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) por
supuestos actos de corrupción y desvíos de re-
cursos públicos. Las irregularidades se presu-
mían en ocho contratos, por un monto total de
5 mil 628 millones de pesos, “destinados a la
compra de equipo de intervenciones telefónicas
y espionaje para el área de inteligencia de la
Sección Segunda del Ejército”.
En el gobierno de Calderón, la Sedena
asignó 18 contratos sin licitar por más de
$10 mil millones a proveedores extranje-
ros, para adquirir equipos de espionaje
En el gobierno de Calderón, la Sedena
ros, para adquirir equipos de espionaje

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
La delicada investigación, iniciada en el úl-
timo año del gobierno calderonista, fue man-
dada al archivo para evitar causar un escándalo
mayor y frenar a los generales que en ese en-
tonces aspiraban a suceder a Galván Galván en
la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fue también en julio de 2012 cuando el se-
cretario de la Defensa ordenó al titular de Ins-
pección y Contraloría General del Ejército y
Fuerza Aérea, general Marco Antonio Gonzá-
lez Barrera, realizar una investigación interna
para descubrir a los militares responsables de
las filtraciones y denuncias, especialmente en la
Oficialía Mayor y en la Subsecretaría, a cargo
del general Salvador Cienfuegos Zepeda (ac-
tual titular de la Defensa) y Carlos Demetrio
Gaytán, respectivamente.
Los ocho contratos de la Sedena en poder
de Contralínea, y que el gobierno se niega a
transparentar, fueron revisados por la Audito-
ría Superior de la Federación, la cual resolvió
lo siguiente:
Contrato de Fase 1:
instalaciones adecuadas
La adquisición de la Primera Fase del Siste-
ma de Inteligencia Regional para Incrementar
las Capacidades de la Sección Segunda del Es-
tado Mayor de la Defensa Nacional, fue pacta-
da con Security Tracking Devices el 10 de sep-
tiembre de 2010, bajo el contrato 455000033
con folio SAITE-1203/2010. Como en todos
los contratos auditados, los productos y servicios
fueron adquiridos, administrativamente, por la
Subdirección de Adquisiciones de Informática,
123RF

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
Transmisiones y Electrónica, dependiente de la
Dirección General de Adquisiciones.
El monto total fue de 650 millones de pe-
sos por una adecuación del edificio del Centro
de Comando y Control acorde con los nuevos
equipos que recibiría y la modernización de las
funciones: sistemas de videovigilancia, control
de accesos y de videoconferencia; 156 “posicio-
nes de análisis y operación”; nueve estaciones
de trabajo para la jefatura,
subjefatura y oficinas adminis-
trativas y de mantenimiento;
sistema telefónico para 200
extensiones y 20 entradas.
Además, instalación de los
sistemas computacionales Pen
Link y TCI, software y hardware
para realizar espionaje elec-
trónico. Estos sistemas serían
la base de lo que se agregaría
en las siguientes fases.
También en esta primera
fase se contemplan cuatro es-
taciones remotas de amplio es-
pectro y dos estaciones remo-
tas transportables en vehículos
automotores.
LaSedenapagópormediode
transferencia bancaria a la cuen-
ta 65500952869, con número
Clabe 014320655009528691,
radicada en Guadalajara, Ja-
lisco, del banco Santander, a
nombre de Security Tracking
Devices. El proveedor se com-
prometió a entregar todos los
productos y servicios “a más tar-
dar el 31 de marzo de 2011”.
Contrato de
Segunda fase:
integración de la
Plataforma Pegasus
La compra de los bienes
y servicios que integran la
Segunda Fase del Sistema de
Inteligencia Regional para Incrementar las
Capacidades de la Sección Segunda, se realizó
por medio del contrato 4550000007, folio SAI-
TE-539/2012, con Security Tracking Devices.
La Sedena siguió remodelando lugares de
trabajo y adquiriendo más equipo: otras 70
computadoras, sistemas de procesamiento de
imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almace-
namiento masivo, red de comunicaciones del

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
Centro de Procesamiento de Datos, instalación
del Módulo Central de la Plataforma NSO Pe-
gasus de Monitoreo de smartphones, con capaci-
dad para espiar 400 BlackBerry, 100 symbian y
100 android.
Los pagos, que ascendieron a 1 mil millones
de pesos se realizaron también por medio de
transferencia bancaria a la cuenta citada.
Contrato de Tercera fase:
Pegasus, el espionaje total
La adquisición de la Tercera Fase del Sis-
tema de Inteligencia Regional está amparada
por el contrato 4550000006, con folio SAI-
TE-540/2012. Se trata de la puesta en marcha
de todo un sistema de espionaje del que incluso
se explicitan la funciones en el documento que
la Sedena firmó con Security Trackin Devices.
Entre los “componentes” del Sitio Central
del Sistema de Con-
trol de Procesamiento
de Datos se encuentra
la “instalación y pues-
ta en operación de
Pegasus Mobile Com-
muncation Solution
para la plataforma
Iphone”, para 400 usuarios.
Con este tipo de software, los agentes podrán
“operar con las siguientes funciones de adqui-
sición de datos: extracción de SMS/MSM; lista
de contactos; registros de agenda; monitores de
e-mail; intercepción de voz; extracción de men-
sajería instantánea; información de ubicación
GPS/Cell ID; captura de imágenes de panta-
lla y de la cámara; acceso y manipulación del
sistema de archivos; información y estado del
sistema; información de la tarjeta SIM; infor-
mación del hardware, sistema operativo y sof-
tware; denegación de capacidades de servicio, y
detener el funcionamiento del dispositivo”.
Todo podrá ser realizado sin que sea detec-
tado por los usuarios espiados, aunque éstos
cuenten con aparatos encriptados, con antivi-
rus y antiespías: una de las características de los
productos es “ser indetectables en los dispositi-
vos del hardware y por programas de software (an-
tivirus, antispyware) existentes en el mercado”.
El espionaje no se reduce sólo a los aparatos
de cómputo, de telefonía y radial. La Sección
Segunda se hizo de un Sistema Táctico de Imá-
genes a través de paredes, con un costo de 90
millones 417 mil 600 pesos. El monto total del
contrato, que incluye también más adecuacio-
nes a los edificios, ascendió a 1 mil millones de
pesos.
Además de los contratos específicos para las
tres fases del Sistema de Inteligencia, la Sede-
na celebró otros para la Sección Segunda, que
complementaban proyectos como Plataforma
Pegasus.
Todos se firmaron durante 2011 con Secu-
rity Tracking Devices. Se trata de cinco conve-
nios para adquirir un sistema de designadores
electromagnéticos de señales satelitales de te-
lefonía celular; equipos y aparatos de comuni-
caciones y telecomunicaciones; otro sistema de
designadores electro-
magnéticos de señales
satelitales de telefonía
celular; un sistema
procesador electro-
magnético, y ocho
estaciones remotas
móviles de radioco-
municación y sistemas de inteligencia.
A cada adquisición correspondieron los con-
tratos 4500006718 (por 300 millones de pesos);
4500006876 (por 249 millones 999 mil 999);
4500006908 (por 200 millones); 4500000147
(por 1 mil 160 millones), y 4500000525 (por 1
mil 68 millones 499 mil 999 pesos), respectiva-
mente.
Todos los contratos contienen una cláusu-
la de confidencialidad, que obliga a las partes
a no difundir el contenido de la negociación.
A la letra dice: “Guardar en secreto todos los
datos y condiciones especiales de este contra-
to, así como cualquier circunstancia de orden
militar relativa a la Secretaría, y que llegue a
su conocimiento o de su personal, como con-
secuencia de este contrato. La documentación
suministrada por el proveedor a la Secretaría
debe ser tratada con toda reserva del caso…”
Sin embargo, esto ya es público.
Con este tipo de software, los agen-
tes podrán operar la extracción de SMS/
MSM; lista de contactos; registros de
agenda; monitores de e-mail...
Con este tipo de
e-mail...

ZONA CEROOPINIÓN
P
egasus sólo se va a utilizar “contra determi-
nados grupos criminales”, nos dijo el general
de división Ricardo Trevilla Trejo. En ese
entonces, julio de 2012, el director de Comunica-
ción Social de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) buscaba salir al paso de las informaciones
que daban cuenta de la adquisición de un podero-
so sistema de espionaje y de una disputa al interior
de la dependencia por la sucesión del alto mando.
Estábamos en las postrimerías del también violentí-
simo sexenio de Felipe Calderón.
Sí nos interesaba saber de las pugnas suscitadas
entre el generalato por ver quién se quedaba con el
quepis de cuatro estrellas para el siguiente sexenio
(encarcelamientos, amenazas y muertes se sucedían
en esos días entre personal militar, sin que necesa-
riamente esos hechos fueran producto de tales dis-
putas). Pero nos interesaba más saber acerca de las
condiciones y los objetivos de los contratos de los
que ya teníamos copia: los de la modernización de
las capacidades de espionaje de la Sección Segunda
del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuyas
operaciones asignadas son las de inteligencia y con-
trainteligencia militar.
Miguel Badillo, mi director, me había incorpo-
rado a la investigación que él había iniciado y de
la que ya había dado cuenta desde el primer día
de julio de ese año (2012). Había obtenido la infor-
mación nodal: los contratos para la modernización
del Centro de Comando y Control, sus subcentros
y módulos y la instalación de la Plataforma Pegasus.
Todo adscrito a la Sección Segunda de la Sedena.
Muy interesantes resultaban las probables irre-
gularidades en los contratos. Pero más aún nos in-
teresaba saber de las capacidades reales del sistema
adquirido por las Fuerzas Armadas del país a pre-
cios que, en su conjunto, rebasaban los 10 mil mi-
llones de pesos (por sí solo, Pegasus costó 2 mil mi-
llones de los de entonces). Nos quedaba claro que
cualquier persona quedaría desnuda, vulnerable, si
ese software malicioso se dirigiera en contra de su
teléfono celular. No sólo se tendría acceso a la ubi-
cación permanente del espiado. También a todas
sus conversaciones e intercambios de información
de cualquier tipo que se realizaran por el aparato:
voz, texto, imagen. Todos los chats, correos electró-
nicos, mensajes msm… Más aún, los operadores
de Pegasus podrían hacer funcionar la cámara y el
micrófono del smartphone en cuanto quisieran sin
que pudiera advertirlo la víctima. Así que toda la
vida del espiado estaba expuesta. Adonde fuera lle-
varía, sin advertirlo, a los espías en su bolsillo.
El general reconoció que se trataba de un asun-
to “delicado” y, como lo publicamos en ese enton-
ces, nos aseguró que Pegasus no se usaría siquiera
contra la delincuencia común. Sólo contra deter-
minados grupos del crimen organizado y contra los
grupos armados. Y dijo: “el equipo es para cumplir
con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgá-
nica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos
referimos a la segunda misión: garantizar la seguri-
dad interior”.
Siempre nos preocupó que Pegasus se utiliza-
ra contra la población. Durante todo el siglo XX
y, a pesar de los esfuerzos de algunos personajes
por profesionalizar los servicios de inteligencia, en
lo que va del XXI, los organismos de seguridad y
defensa nacionales han tenido como objetivo de-
fender al régimen y al grupo gobernante; no a la
nación. Y lo hacen con todas las herramientas a su
alcance, incluso las que no son legales. Rebasaría
a este espacio pretender recapitular la actuación
ZÓSIMO CAMACHO
PEGASUS
Y LAS “TRAICIONES A LA
PATRIA”

ZONA CERO OPINIÓN
de la Dirección Federal de Seguridad (anteceden-
te del actual Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, Cisen) y de la propia Sedena en asuntos
como los del 68, el 71, la Sierra de Atoyac, la Gue-
rra Sucia… Todo les pareció válido para defender
un grupo en el poder (por cierto, el mismo, aunque
de otra generación, que actualmente detenta el go-
bierno federal).
Hoy no han cambiado mucho las cosas. Las
10 personas espiadas de las que Citizen Lab y The
New York Times dieron cuenta (y corroboraron
Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Di-
gitales y Social Tic), son sólo un pequeñísimo botón
de muestra (Pegasus puede intervenir 1 mil apara-
tos de manera simultánea). El espionaje ilegal reali-
zado desde las estructuras de la seguridad nacional
puede hacerse porque no hay contrapesos. Las ins-
tituciones de “seguridad nacional” no rinden cuen-
tas a nadie. Nadie las ausculta. Nadie las vigila. A
los integrantes de estas instituciones les gusta decir
que sí hay controles y que existe incluso una Comi-
sión Bicameral de Seguridad Nacional en el Poder
Legislativo Federal. Se ríen para sus adentros. Los
diputados y senadores de la pomposa comisión no
saben prácticamente nada ni inciden siquiera en
la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos
(otro documento “secretísimo” del que también el
equipo de Contralínea dio cuenta en estas páginas).
Bueno, muchas veces, ni la Agenda les dejan ver a
los legisladores.
Con instituciones de seguridad nacional e inte-
ligencia sin contrapesos reales, con controles inci-
pientes, con altos índices de corrupción en el ejerci-
cio público y con un grupo en el poder dispuesto a
hacer lo que sea para no soltarlo… ¿no era legítimo
preocuparse del uso que se le daría a Pegasus?
La semana pasada platiqué con los periodistas
Scott Bronstein y Rita Vásquez, quienes por parte
del respetado diario panameño La Prensa colabo-
raron en la investigación de Los papeles
de Panamá. Cuando les pregunté qué
había sido lo más difícil de la investiga-
ción, no se refirieron a los problemas
técnicos de acercarse a temas compli-
cados. Tampoco a los obstáculos que
desde los poderes económico y político
les fueron sembrando. Ni siquiera a las
presiones directas y amenazas que reci-
bieron. Scott y Rita coincidieron en que
lo más difícil fue soportar una campaña
de estigmatización que buscó colocarlos
como “traidores a la patria”.
Me sorprendió. El poder utiliza los
mismos argumentos en cualquier latitud
para ocultar información y denostar a
quien arroja luz sobre conductas ilícitas
de funcionarios públicos.
Cuando publicamos en 2012 los
contratos de Pegasus, se nos dijo que se
nos podría acusar de “traición a la pa-
tria” por el “daño causado a las institu-
ciones”. Lo mismo, cuando el equipo de periodistas
que encabeza Miguel Badillo publicó un reportaje
seriado sobre la Agenda Nacional de Riesgos, que
reveló que las instituciones del Estado consideran
a movimientos sociales pacíficos un riesgo para la
nación. También cuando en las páginas de Contra-
línea se dio cuenta de los exorbitantes sueldos de los
funcionarios del Cisen…
Luego de ver con preocupación e indignación
casos como los de Pegasus, plataforma utilizada sin
que medie ningún requerimiento judicial contra la
población, es justo preguntarse: ¿de dónde viene la
traición a la patria?
ISAACESQUIVEL/CUARTOSCURO

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
GOBIERNO MEXICANO
ESPECIALISTA EN ESPIONAJE
POLÍTICO
NANCY FLORES
E
l espionaje político que practica el gobier-
no mexicano es, ante todo, un abuso de po-
der y una característica del autoritarismo
y la falta de democracia que se padece en el país.
La experiencia de los agentes estatales en este
campo data de la llamada Guerra Sucia, cuando
la extinta Dirección Federal de Seguridad (cuyo
papel ahora desempeña el Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional, Cisen) daba “segui-
miento” a todos los opositores del régimen, no
sólo a guerrilleros, sino también a luchadores
sociales e incluso estudiantes.
Así que desde hace décadas el gobierno in-
terviene ilegalmente las comunicaciones, aunque
esta intromisión es cada vez más invasiva. Ahora
ya no se reduce a las comunicaciones (telefóni-
cas, radiotelefónicas y digitales; incluso las que
están cifradas: correos electrónicos, mensajería
de texto, chats tanto de correos como de redes so-
ciales –Facebook, Twitter– y aplicaciones: Skype,
Whatsapp, BBM, Facetime, Tango, Fring, Tele-
gram); sino que también abarca la geolocaliza-
ción en tiempo real de la persona espiada.
Además, la tecnología empleada por la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –que,
por cierto, no está facultada por ninguna ley y
bajo ninguna circunstancia a intervenir comu-
nicaciones–, el Cisen y la Procuraduría General
de la República permite a los espías del gobier-
no ver y escuchar en todo momento a la vícti-
ma: remotamente activan cámara y micrófono
del dispositivo electrónico intervenido (teléfono
celular, tablet, computadora).
Pero esto no es todo. Las tres instituciones
del gobierno cuentan con la capacidad tecnoló-
gica para manipular a distancia computadoras,
radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de te-
léfono inteligente o smartphone, sin que las víctimas
del espionaje puedan advertir estas órdenes re-
motas (Contralínea 294, 22 de julio de 2012).
Como lo reveló este semanario desde hace 5
años, con el software de la plataforma Pegasus –
ahora señalado por la Red en Defensa de los De-
rechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC
de ser utilizado por agentes del Estado para es-
piar periodistas, defensores de derechos humanos
y activistas anticorrupción– también posibilita el
acceso a todos los archivos generados o almace-
nados en los dispositivos que infectan (fotografías,
documentos, textos).
“Los agentes podrán ‘operar con las siguien-
tes funciones de adquisición de datos: extracción
de SMS/MSM; lista de contactos; registros de
agenda; monitores de e-mail; intercepción de
voz; extracción de mensajería instantánea; in-
formación de ubicación GPS/Cell ID; captura
de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso
y manipulación del sistema de archivos; infor-
mación y estado del sistema; información de la
tarjeta SIM; información del hardware, sistema
operativo y software; denegación de capacida-
des de servicio, y detener el funcionamiento del
dispositivo’”, refieren los contratos que firmó la
Sedena con Security Tracking, SA de CV, y AV
y D Solutions, SA de CV (Contralínea 294).
El tema no es menor: el espionaje político
rompe el estado de derecho, porque es ilegal
y quebranta principios básicos de los derechos

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
humanos, garantizados en la Constitución y en
tratados internacionales que el Estado mexicano
está comprometido a cumplir.
Y es que quien debería garantizar el orden
jurídico es quien viola libertades de los ciuda-
danos que “representa”, entre los que destacan
los derechos a la intimidad, la seguridad, la vida
privada, la libre expresión, la libre asociación,
los datos personales y la inviolabilidad de las co-
municaciones privadas.
Por ello es muy grave que reporteros, defen-
sores de los derechos
humanos, activistas an-
ticorrupción y ciuda-
danos en general sean
víctimas de espiona-
je en este sexenio, tal
como lo reveló –el pa-
sado 19 de junio– el
informe Gobierno espía.
Vigilancia sistemática a
periodistas y defensores de
derechos humanos.
Según ese análisis
de la R3D, Artículo 19
y Social TIC, las comu-
nicaciones de los perio-
distas Carlos Loret de
Mola, Carmen Ariste-
gui (y su hijo Emilio),
Rafael Cabrera, Sebas-
tián Barragán, Daniel
Lizárraga y Salvador
Camarena habrían sido
intervenidas a través de
software maliciosos vin-
culados a la plataforma Pegasus, de uso exclusi-
vo del gobierno.
También, “entre los meses de abril y junio de
2016, Mario Patrón, director del Centro Prodh
[Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez]; Stephanie Brewer, coordinadora del
Área Internacional, y Santiago Aguirre, subdirec-
tor de esa misma organización, recibieron mensa-
jes que se ha confirmado constituyen intentos de
infección con el malware de espionaje Pegasus”.
De acuerdo con la organización, “los men-
sajes fueron recibidos en fechas clave dentro del
trabajo de defensa de derechos humanos que el
Centro Prodh ha realizado en casos de alto im-
pacto, como la desaparición forzada de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatla-
ya y los casos de tortura sexual en Atenco”.
Otra organización afectada por estas prác-
ticas ilegales es el Instituto Mexicano por la
Competitividad (Imco), pues se documentó
que su director Juan Pardinas y la investigado-
ra Alexandra Zapata recibieron cuatro mensa-
jes intentando infectar sus dispositivos móviles,
a finales de 2015 y en
mayo de 2016.
Según el Centro de
Derechos Humanos,
“Imco ha sido una de
las organizaciones que
ha liderado esfuerzos de
incidencia para la re-
forma legal anticorrup-
ción, en particular fue
impulsor de la ley co-
nocida como ‘Ley 3 de
3’, la cual generó gran
resistencia y ataques
por parte de fuerzas po-
líticas asociadas al go-
bierno federal durante
el primer semestre de
2016, justo en el mo-
mento en que fueron
recibidos los mensajes”.
Es injustificable que
el gobierno invada la
privacidad de las per-
sonas y que utilice esa
información para fines totalmente contrarios a
su mandato legal. No basta con la declaración
que dio la Presidencia de la República, de que
no hay evidencias de que desde el gobierno se
espíe periodistas y defensores; el tema se tiene
que castigar.
Está claro que esas 10 personas de las que
se ha comprobado son víctimas de espionaje no
son, ni de lejos, las únicas. Ahora mismo, y sin
ningún pudor, las conversaciones de miles de
ciudadanos son intervenidas por agentes del go-
bierno.
DAVIDMANRIQUE

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
T
odos los días del calendario están colmados
de festividades, celebraciones y conmemo-
raciones. Tenemos el calendario eclesiásti-
co, el gregoriano; estuvo el juliano (impuesto por
Julio César) y el Republicano, que rigió en Francia
de 1792 a 1799. Y en el calendario actual se ha
trasladado al 3 de mayo el Día Internacional de la
Libertad de Expresión (escrita, oral, audiovisual y
radiofónica, éstas dos últimas abusando contra las
audiencias). Con ese motivo, un representante del
Comité para la Protección de los Periodistas estuvo
en nuestro país presentando el Informe donde esta-
blece: “Si la justicia no
prevalece antes del tér-
mino de Peña Nieto, co-
rre el riesgo de dejar un
legado de impunidad
endémica”. Le fue en-
tregado al mismo Peña
quien en otra de sus
promesas y en su clási-
ca actitud, se “comprometió” a implantar justicia
para los homicidios y abusos contra los periodistas
mexicanos.
Y en amplia nota, la reportera Rosario G Gó-
mez (El País, 3 de mayo de 2017) nos puso al tanto
de cómo la libertad de prensa ha retrocedido hasta
en los países democráticos, porque sus gobernantes
reaccionan abusivamente para limitar o suprimir la
crítica e información veraz, con homicidios, ame-
nazas, agresiones, encarcelamientos. Y, ante todo,
no persiguiendo los delitos cometidos contra ellos
para que impere la impunidad.
Obviamente Peña nada hará. Ni le importa.
Ahí tenemos la sangrienta criminalidad, con más
de 150 mil homicidios y miles de desaparecidos,
secuestrados, feminicidios y fosas clandestinas con
cadáveres. Pero Peña y sus asesores no han ido más
allá de la captura de capos con un militarismo de
facto que, sin embargo, no ha disminuido la pavo-
rosa inseguridad que no sólo sufren los periodistas;
los reporteros en primerísimo lugar, incluyendo a
los no críticos, los que tergiversan la información
o sirven exclusivamente a los integrantes de los
poderes públicos, privados y de las delincuencias;
quienes los obligan a
autocensurarse o son
privados de sus vidas.
Así que el pasado 3
de este mayo fue un día
de luto en México, por-
que en la última década
más de 60 periodistas
han sido asesinados por
cumplir con su tarea de informar. Y se demanda
presentar ante el Ministerio Público y después ante
los tribunales, a los presuntos autores intelectuales y
ejecutores de esos crímenes, agresiones y amenazas.
Pero en el contexto de la criminalidad diaria (donde
la Asociación del Riﬂe que elogia Trump y sus ar-
merías, surten de pistolas, granadas y riﬂes e inclu-
so armas más poderosas), Peña nada hará. Así que
el Comité para la Protección de los periodistas ha
cumplido con su deber de entregarle un ultimátum
a Peña, a quien le dicen que “se le está acabando
el tiempo” sin que haya ido más allá de establecer
“NO, PRESIDENTE,
LOS PERIODISTAS NO SOMOS
SUS AMIGOS”
ÁLVARO CEPEDA NERI
Si la justicia no prevalece antes del
término [del gobierno] de Peña Nieto,
[éste] corre el riesgo de dejar un legado
de impunidad endémica
Si la justicia no prevalece antes del
de impunidad endémica

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
una Fiscalía para la atención de los delitos cometi-
dos contra la Libertad de Expresión. Y la cual ha
sido un adorno porque el peñismo no tiene interés
en cumplir, dando muestras de que la información
veraz y la crítica son perseguidas en complicidad
con empresarios. Por lo que las libertades de prensa
en México son un triunfo de papel constitucional y
quienes las reivindican son asesinados.
Una muestra de los ataques que sufre la prensa
se escenificó en la reunión a puerta llevada a cabo
en Los Pinos el 18 de mayo pasado. Y que la co-
lumnista Elisa Alanís, que publica sus análisis en El
Universal (como su columna titu-
lada como encabeza la del suscri-
to, 19 de mayo de 2017), atina-
damente critica. Y es que impi-
dieron la entrada a los periodis-
tas al grado de que por órdenes
de Peña, Eduardo Sánchez sólo
permitió entrar a los reporteros
gráficos con el pretexto de que
no había cupo. Cuando en lugar
de los empleados y desgobernadores
al mando de Mancera invitados,
se hubiera convocado a periodis-
tas-reporteros de los estados.
La columnista recrimina a
Peña haber dicho que es “respe-
tuoso de la libertad de prensa”,
demostrando lo contrario al pro-
hibir la presencia de los periodis-
tas. Pasa lista a sus faltas de res-
peto al asistir a una conferencia
de prensa donde sólo aplica el
monólogo peñista y no admite
preguntas (al estilo de Trump);
afirmando que no hay censura y priva de su de-
recho a los periodistas que exhibieron el asunto de
la “casa blanca”. Y eso de llamar “amigos” a los
reporteros gráficos, también es irrespetuoso.
Dice la columnista que el periodismo no hace
amistad con los políticos. Pues la prensa es con-
trapoder y “el periodismo confronta, critica, escu-
cha, observa, registra, cuestiona… y si bien puede
existir empatía, cordialidad o respeto, mantiene (el
periodista) distancia para analizar e informar los
hechos que se desprenden del quehacer político”.
Alanís le puso los puntos a las íes peñistas y casi
esgrimiendo aquello de: “somos amigos de Pla-
tón, pero más amigos de la verdad”, dijo a Peña
que los trabajadores de la prensa no podemos ni
debemos ser amigos de él, con todo y que haga
más promesas sobre sus obligaciones para contra-
rrestar la grave inseguridad que arrasa con todos
los mexicanos; quienes exigen que los gobernan-
tes se dejen de lisonjas y se dediquen a sus tareas,
cumpliendo la Constitución y sus leyes… o que la
nación se los demande. O renunciando si no pue-
den con el cargo que pelean a brazo partido con
fraudes electorales, y en cuanto se instalan sólo se
dedican a robar y abusar.
Al término de la reunión, Peña se acercó a los
reporteros que sí dejó entrar a Los Pinos para de-
cirles que ratificará la investigación contra delitos
a periodistas. Pienso que Peña no cumplirá, como
lleva haciéndolo casi 5 años. Sus amigos son: Ja-
vier Duarte, Borge, Medina, Moreira, Videgaray.
Nosotros no somos sus amigos, sino sus críticos y
sólo queremos que, al menos, cumpla su palabra
empeñada el jueves 18 de mayo, cuando prohibió
la entrada de periodistas al acto dedicado a los pe-
riodistas.
ALFONSOREYES/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
F
rente a los dogmas del capitalismo más
fundamentalista, la economía circular rela-
tiviza conceptos sagrados como propiedad
o precio y, sobre todo, apuesta por un equilibrio
entre el progreso y los límites de nuestro planeta.
¿Por qué no inspirarnos en el conocimiento acu-
mulado durante millones de años por la naturale-
za para seguir creando riqueza?
Producir, comprar, usar, tirar. Así funciona el
modelo de producción y consumo bajo el que se
ha desarrollado nuestra economía desde la revo-
lución industrial y cuyo colapso se ha hecho evi-
dente. El creciente impacto de la huella ecológica,
el agotamiento de recursos naturales, la acumu-
lación de residuos, la alarmante contaminación
en grandes ciudades o los desastres naturales in-
ducidos por el cambio climático son solo algunas
de las consecuencias de un sistema sometido a la
dictadura del crecimiento.
“Nuestra economía se ha desarrollado bajo un
modelo lineal basado en la hipótesis de la abundan-
cia, la disponibilidad, la facilidad de obtención y la
eliminación barata de residuos”, advierte Paz Na-
chón, senior manager de Accenture Sustainability
Strategy, mientras que Bruselas pone el foco en los
argumentos que sustentan la teoría de la economía
circular. “Hay que asegurarse de que, una vez que
hemos utilizado nuestros productos, nuestros ali-
mentos y nuestros inmuebles, seleccionamos los ma-
teriales de éstos y los usamos una y otra vez. Cada
año, en Europa, se utilizan un promedio de 16 tone-
ladas de materiales por persona para mover nuestra
economía. Y además, alrededor de 6 toneladas por
persona se convierten en residuos, de los que casi la
mitad termina en vertederos”, explica el comisario
europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik.
El político esloveno seaferra a una idea –un ciclo
cerrado donde los residuos sean la principal fuente
de materia prima fiable– que en realidad no es del
todo nueva. En la década de los noventa, el arqui-
tecto estadounidense Bill McDonough y el químico
alemán Michael Braungart desarrollaron el con-
cepto Cradle to Cradle, una filosofía de diseño que
considera todos los materiales involucrados en los
procesos industriales y comerciales como nutrientes.
Bajo la premisa de la ecoeficacia, consiste en diseñar
los productos de tal manera que la esencia del mate-
rial se mantenga y sea fácil extraer sus componentes
para su regeneración o su devolución a la tierra.
También Walter Stahel, arquitecto y analista
industrial, esbozó un modelo económico de bucle
cerrado y analizó su impacto en la creación de
empleo en un informe de investigación realiza-
do para la Comisión Europea. Establecía cuatro
objetivos principales: la extensión de la vida del
producto, los bienes de larga duración, las activi-
dades de reacondicionamiento y la prevención de
residuos. Además, insistía en la importancia de la
venta de servicios en lugar de productos, lo que se
ha denominado economía funcional.
Y en 1994, el emprendedor belga Gunter Pauli
propuso una teoría similar, a la que bautizó como
economía azul, que pretende trasladar a la empresa
lalógicadelosecosistemas,estoes,servirsedelcono-
cimientoacumuladodurantemillonesdeañosporla
naturaleza para ofrecer más con menos, respetando
el entorno y creando riqueza. Siguiendo esta lógica,
Pauli advirtió de la posibilidad de recargar la bate-
ría de los teléfonos móviles gracias a la diferencia de
temperatura entre el aparato y el cuerpo humano e,
incluso, de aplicar la estructura de los termiteros de
África a los sistemas de ventilación.
Las ideas innovadoras de Pauli no tardaron en
materializarse. Eiji Nakatsu es un ingeniero de la
compañía ferroviaria japonesa JR-West que se ins-
piró en el martín pescador, un ave que apenas ge-
LAURA ZAMARRIEGO MAESTRE/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
EL CICLO SIN FIN
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

ARTÍCULO OPINIÓN
nera onda expansiva en el agua cuando se sumerge
en busca de alimento, para rediseñar el tren bala de
Shinkansen, que hoy cumple 50 años. Gracias a su
morro de acero de 15 metros, aumentó su veloci-
dad y redujo el uso de energía en un 20 por cien-
to. También para minimizar el uso de energía, la
empresa Regen diseña electrodomésticos cuyo fun-
cionamiento sigue el mismo algoritmo que el de las
colmenas de abejas. Son solo algunos ejemplos: de
la misma manera se han inventado turbinas eólicas
que se inspiran en las aletas de las ballenas ‘joroba-
das’, células solares que calcan la fotosíntesis de las
hojas o captadores de agua de la niebla que replican
el caparazón de los escarabajos del desierto.
Este ecodiseño llevado a la máxima precisión
es la razón de ser de la consultora Biomimicry
Guild, que trabaja con arquitectos y urbanistas
para estudiar cómo construir ciudades enteras
bajo estos esquemas. “¿No deben nuestras ciuda-
des rendir lo mismo, en términos de servicio de
ecosistema, que los sistemas nativos a los que han
reemplazado?”, se pregunta su fundadora y ma-
drina de la Biomímesis, Janine Benyus.
De la misma manera que el avión se creó para
emular a los pájaros, la teoría de Beynus da fe de
cómo lo aparentemente simple puede convertirse
en algo revolucionario. “Hemos olvidado que no
somos los primeros en procesar la celulosa ni en
fabricar papel ni en intentar optimizar el espa-
cio; ni en impermeabilizar, enfriar o calentar una
estructura. No somos los primeros en construir
casas para nuestros hijos. Otros organismos de la
naturaleza están haciendo cosas muy similares a
las que nosotros necesitamos hacer, pero de una
manera que les ha permitido vivir con elegancia
en este planeta durante millones de años”, expli-
ca. Benyus insiste en que Darwin ha sido malin-
terpretado: la teoría de la evolución no se reduce
a la supervivencia de los más aptos. La naturaleza
teje conexiones, fomenta la cooperación y la in-
terdependencia entre los organismos y construye
así ecosistemas prodigiosos y resilientes.
¿Un cambio de era?
En efecto, el fin último de la economía circu-
lar es reproducir la dinámica de la naturaleza. Su
poder de seducción logró que, hace poco más de
un año, más de 100 líderes empresariales de algu-
nas de las compañías más influyentes del mundo
se dieran cita en Londres para asistir a Resource,
la principal conferencia de Europa dedicada a
la economía circular. Stephen Gee, director del
evento, cuenta que, tras 10 años trabajando en la
gestión de los residuos, se percató de que algo fa-
llaba en nuestra “obsesión” por el reciclaje. “¿Por
qué esperar hasta el final del proceso? ¿Por qué
no actuar antes para que todo se reaproveche al
máximo? ¿Por qué no crear una economía que
sea capaz de regenerarse?”, se preguntaba.
Del mismo modo que la naturaleza establece in-
terdependencias entre organismos, la economía cir-
cular establece un sistema de cooperación dirigido a
ofrecer más servicios con menos recursos y relativiza
concepciones muy arraigadas como la propiedad o
el precio. ¿Por qué si no estarían tan presentes deba-
tes sobre el colaborativismo o el precio justo? “Hoy
podemos decir que su significado se ha desbordado
capitalizándose a toda la economía esa actuación
circular, inclusiva, concertada de los emprendedo-
res, el sector público y las grandes corporaciones en
un mundo que no es el que nos gustaría tener pero
que nos ofrece, como nunca antes, herramientas
para cambiarlo”, señala Iñaki Ortega, director de
Programas en Deusto Business School.
Ángel Pes, presidente de la Red Española del
Pacto Mundial y director del área de Responsabili-
dad Corporativa y Marca de Caixabank, nos pone
en contexto: “El siglo XX fue testigo de dos gran-
des cambios en los sistemas de producción: después
de la primera guerra mundial, se impuso el modelo
de producción en masa característico del sector del
automóvil, bajo el liderazgo de Ford. A partir de
los años setenta, Toyota y otras empresas japonesas
fueron pioneras al introducir sistemas de fabrica-
ción ‘estilizados’ (lean) y modelos de producción
just-in-time: el enfoque de producción flexible que
rápidamente se convirtió en una característica de-
finitoria de la economía global”.
Un mundo de recursos limitados demanda mo-
delos de empresa creativos, modernos y sofisticados.
Más aún si el número de consumidores no para de
crecer: se estima que la población mundial pasará
de los actuales 7 mil millones de personas a los 9
mil millones en 2030. “El momento de subirse a la
rueda es ahora, porque todo funcionará así en 15 o
20 años. Lo que hoy llamamos residuo mañana será
necesariamente recurso”, concluye Stephen Gee.

ARTÍCULOOPINIÓN
L
a casa real saudita acusa al emir de Catar
de apoyar a los movimientos terroristas ára-
bes: Al Qaeda, Estado Islámico, Hamás, los
Hermanos Musulmanes egipcios o los rebeldes hu-
thíes de Yemen. Riad anunció la ruptura de rela-
ciones con Doha. Egipto, Emiratos Árabes, Baréin,
Yemen y las Islas Maldivas no tardaron en seguir
su ejemplo.
Extraño comportamiento éste por parte del
reino wahabí, instigador y artífice de la creación
de Al Qaeda, socio de los servicios de inteligencia
occidentales a la hora de engendrar nuevos mons-
truos: las agrupaciones rebeldes que han convertido
a Siria en el laboratorio de una cruenta y mal lla-
mada guerra civil. “Catar fomenta el terrorismo”,
afirman rotundamente los sauditas, recordando
que Doha acoge a los cabecillas de agrupaciones
políticas y militares extremistas, que figuran en las
listas negras de Washington o de Bruselas.
Mutlak a-Qahtani, consejero especial del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de Doha, encargado
de la lucha contra el terrorismo, afirmó que los ta-
libanes afganos que se hallan en el emirato fueron
acogidos en 2013 “a petición expresa de Estados
Unidos”. Se trataba de crear una oficina de enlace
destinada a facilitar la mediación entre los comba-
tientes islámicos, el gobierno de Kabul y la admi-
nistración estadunidense. La oficina cerró tras el
fracaso de las negociaciones. Sin embargo, su per-
sonal sigue confinado en Doha.
La preocupación de los sauditas por la amenaza
terrorista parece un tanto insólita. Los politólogos
prefieren barajar otras hipótesis: un enfrentamiento
entre los productores de petróleo y los de gas natu-
ral, un conflicto entre los guardianes (sauditas) del
islam sunita y los descarrilados adeptos (cataríes) de
la corriente chiíta (iraní). La postura independiente
de Catar en la Organización de los Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) o su falta de disciplina
a la hora de aplicar las decisiones del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG), organismo regional
controlado por Riad, serían otros argumentos em-
pleados por los analistas occidentales.
El aislamiento de Catar beneficia a dos acto-
res clave de la zona: Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos. Los sauditas no ven con buenos
ojos el acercamiento del emirato a Teherán. De
hecho, Catar, Kuwait y Omán han estrechado sus
lazos con la República Islámica, principal contrin-
cante de los sauditas en el mundo islámico. El reino
wahabí no puede permitirse un enfrentamiento di-
recto con el país de los ayatolás. Sin embargo, pue-
de trasladar el combate a otros escenarios: Yemen,
Siria, Irak, Líbano o Palestina. En la mayoría de los
casos, la presencia de los cataríes, su ambigüedad a
la hora de sellar pactos con uno u otro bando, con
varios a la vez, irrita sobremanera a los estrategas
de Riad. Pero lo que en realidad exaspera a la mo-
narquía saudita es la cooperación, tanto económica
como estratégica, de Doha con el régimen iraní.
Recordemos que los dos países controlan y explo-
tan el mayor yacimiento de gas natural del mun-
do, South Pars. Por si fuera poco, Irán ha firmado
un acuerdo de defensa con Catar, que garantiza la
integridad territorial del emirato frente a un (hasta
ahora) hipotético ataque saudita. Hay quien estima
que la drástica decisión de Riad podría acelerar la
aproximación de los cataríes al gran Satán chiíta.
CATAR, ¿PRIMERA VÍCTIMA ÁRABE
DE LA ERA TRUMP?
ADRIÁNMACLIMAN, ANALISTAPOLÍTICOINTERNACIONAL/CENTRODECOLABORACIONES
SOLIDARIAS

ARTÍCULO OPINIÓN
Un peligro real, que podría generar nuevos des-
equilibrios regionales.
En el caso de Emiratos Árabes Unidos, el con-
flicto debe interpretarse en clave… estratégica.
Catar alberga la mayor base militar estadunidense
de Oriente Medio, ubicada en Al Udeid, cerca de
la frontera con Arabia Saudita, y también el cuar-
tel general de la Quinta Flota de Estados Unidos.
Hace tiempo que los Emiratos pugnan por las ins-
talaciones militares estadunidenses. Los asesores
políticos de Donald Trump parecen propensos a
apoyar el proyecto. Cabe preguntarse, pues, si la
reciente visita del presidente de Estados Unidos a la
región no habrá servido de detonante de la actual
crisis.
Las relaciones entre Doha y Washington atra-
vesaron momentos difíciles tras los atentados de
11 de Septiembre y la guerra de Afganistán. En
efecto, durante el verano de 2002, cuando el en-
tonces presidente George W Bush le pidió al emir
de Catar que moderara la retórica de la cadena de
televisión Al Jazeera (controlada por la familia real),
éste le recordó amablemente la primera enmienda
de la Constitución de Estados Unidos: la libertad de
información. Al Jazeera, ¿caja de resonancia de la
propaganda de Al Qaeda? ¿Portavoz del depuesto
presidente egipcio Mohamed Morsi? ¿Vehículo de
los mensajes de las primaveras árabes? La cadena
cuenta con muchos seguidores y detractores en las
capitales árabes… aunque también en Washington.
Israel, país que mantiene desde hace décadas
relaciones económicas y semidiplomáticas con Ca-
tar, interpreta el aislamiento del emirato en clave
positiva. Para Tel Aviv, la bravuconada de los saudi-
tas pone de manifiesto la reactivación de la presen-
cia político-diplomática estadunidense en Oriente
Medio e implica un posible y deseado acercamien-
to del Estado judío a Arabia Saudita, Egipto y las
monarquías del Golfo. Por otra parte, la campaña
anticatarí permite que la virulenta retórica antisio-
nista de los Gobiernos árabes quede relegada a un
segundo o tercer plano.
Bienvenidos al inestable mundo de… Donald
Trump.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
E
l Tribunal Constitucional español ha decla-
rado inconstitucional la amnistía fiscal del
ministro de Hacienda en 2012. Buena no-
ticia, porque pagar impuestos es fundamental para
que un país funcione y no es de recibo la compren-
sión con los evasores de impuestos. La mala noticia
es que esa anulación no se traduce en nada útil para
la gente: no se sanciona a nadie ni se recuperan im-
puestos no pagados salvo sólo 1 mil 200 millones de
euros; mucho menos de lo que Hacienda pretendía
con la amnistía. Su pequeñez es evidente ante el vo-
lumen de la corrupción que la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia de España cal-
cula ser de 90 mil millo-
nes de euros anuales. Lo
que supone muchísimos
impuestos impagados.
A tener en cuenta
que 705 personas, de los
32 mil evasores fiscales
acogidos a esa amnistía
pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos
cientos de amnistiados son políticos, altos funciona-
rios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora
escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios.
Y, que se sepa, no se investigan posibles orígenes ilí-
citos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se
ha enviado a la Comisión de Prevención del Blan-
queo de Capitales para contrastarla con informa-
ción habida y ver qué hacer. Borroso e inconcreto.
La sentencia del Tribunal Constitucional que
anula la amnistía fiscal no tiene efecto sobre los eva-
sores, pero sí desautoriza futuras amnistías fiscales.
Próximos gobiernos no podrán aprobar amnistías
fiscales por decreto-ley, pero sí como ley ordinaria.
Tampoco es una ganga.
Esa anulación por el Constitucional no ha sido
por la injusticia de esa amnistía, sino por cuestión
de forma. La normativa vigente prohíbe usar al de-
creto-ley si su contenido afecta “de forma relevante
o sustancial” a deberes constitucionales. Como es el
“deber de todos de contribuir a sostener los gastos
públicos”.
La anulación de la amnistía no supone tampoco
más recursos públicos futuros. El Sindicato de Téc-
nicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que
Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos,
en un escenario de grave crisis económica, so pre-
texto de ingresos con-
siderados imprescindi-
bles, pero luego, chocolate
del loro. Y el Estado ab-
dica de su obligación de
lograr que todos con-
tribuyan a sostener los
gastos públicos según
ingresos y como marca la ley tributaria.
GESTHA además ha pedido la dimisión del
ministro de Hacienda español, pues considera que
Cristóbal Montoro no garantizó los principios de
igualdad y progresividad fiscal que ordena la Cons-
titución y no debe continuar. Los técnicos de Ha-
cienda denuncian que lo recaudado en la amnistía
es menos del 3 por ciento de la evasión fiscal total.
O, de otro modo, el 97 por ciento de fortunas y be-
neficios se mantienen ocultos y también la corres-
pondiente evasión de impuestos. Riqueza oculta a
buen recaudo y amnistía fiscal que no ha consegui-
do aﬂorar la riqueza oculta ni tampoco reducir la
economía sumergida.
XAVIER CAÑO TAMAYO, CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
UNA AMNISTÍA FISCAL
ANULADA SIN BENEFICIO
El Estado español abdica de su obli-
gación de lograr que todos contribuyan
a sostener los gastos públicos según in-
gresos y como marca la ley tributaria
El Estado español abdica de su obli-
gresos y como marca la ley tributaria

ARTÍCULO OPINIÓN
La nefasta alianza de corrupción y fraude fiscal
causan un grave perjuicio al país, a su gente. Como
ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupción
no son los porcentajes de soborno (el conocido 3
por ciento) por adjudicar de modo fraudulento ju-
gosos contratos públicos. Lo peor son las desmedi-
das inversiones públicas que la corrupción supone
para obras innecesarias. Y así el Reino de España
deviene el país europeo con más kilómetros de au-
topistas y de AVE. Autopistas totalmente inútiles,
como las radiales vacías que arrancan de Madrid
y cuyo rescate costará a la ciudadanía unos 5 mil
millones de euros como poco.
El Reino de España es también el que tiene más
aeropuertos de los que tres cuartas partes son defi-
citarios. Más la mayor capacidad portuaria sin utili-
zar: 60 por ciento del total sin sacar partido alguno.
En ese horizonte de dilapidación se pasa de la
corrupción a los recortes presupuestarios que afec-
tan mucho a la gente común. Agravado por el im-
puesto techo del intocable déficit público impues-
to. Puede verse al comprobar que algunos años se
ha invertido tanto en el AVE como recortado en
sanidad y educación, para que cuadren las cifras
para la Unión Europea. El Estado español es el que
más porcentaje de producto interno bruto dedica a
grandes infraestructuras y menos a protección so-
cial en la Unión Europea de los 15. Cuadrar los
números al costo de fastidiar a la gente.
No cabe celebrar una anulación del Constitu-
cional que no hace avanzar hacia una fiscalidad
justa, progresiva y suficiente.
DAVIDMANRIQUE

INVESTIGACIÓN PORTADA
LOS CONTRATOS
DE PEGASUS
ESPIONAJE TOTAL
A LOS MEXICANOS

INVESTIGACIÓNPORTADA
Pegasus tiene la capacidad
de espiar más de mil
teléfonos celulares a
la vez; fue adquirido
por la Sedena y es el
elemento central de la
modernización de la
Inteligencia Militar, revelan
los contratos de los que
Contralínea tiene copia
L
a Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) fue la entidad del gobierno federal
mexicano que adquirió, por más de 2 mil
millones de pesos, la Plataforma Pegasus, el más
sofisticado programa de espionaje que existe hoy
en el mundo, desarrollado por la firma israelí
NSO Group Technologies y comercializado por
la estadunidense Security Tracking Devices.
El software malicioso fue uno de los elementos
centrales de toda una reestructuración del “Siste-
ma de Inteligencia Regional para Incrementar las
Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl)
[Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la De-
fensa Nacional]”, como se lee en los contratos, de
los cuales Contralínea posee copia.La otra adqui-
sición central fue un Sistema Táctico de Imáge-
nes para “ver”a través de paredes.
La modernización de toda la Sección Se-
gunda –encargada de las labores de inteligencia
militar– se llevó a cabo en tres fases, al final del
sexenio de Felipe Calderón, y tuvo un costo su-
perior a los 10 mil millones de pesos. Se trató
ZÓSIMO CAMACHO
123RF

de una restructuración del Centro de Comando y
Control, sus subcentros, módulos y la instalación
de la Plataforma Pegasus.
Los contratos señalan que hoy Inteligencia
Militar –y, a través de licencias, otros organismos
de seguridad nacional, seguridad pública y pro-
curación de justicia– pueden intervenir,al mismo
tiempo, 400 Iphone, 400 BlackBerry, 100 Nokia
y 100 smartphones con
sistema operativo An-
droid.
La adquisición del
“Módulo Central de la
Plataforma NSO Pe-
gasus de Monitoreo de
Smartphones” se realizó
por adjudicación directa
a la compañía Security
Tracking Devices. De
acuerdo con fuentes de
la Sedena, la entonces
secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary
Clinton, tuvo que aprobar personalmente que
una compañía estadunidense vendiera tal sistema
a un gobierno extranjero.
A la letra, uno de los contratos señala las ca-
pacidades de espionaje de Pegasus. Logra el con-
trol total del teléfono infectado con el software:
“extracción de SMS/MSM; lista de contactos;
registros de agenda; monitores de e-mail; inter-
cepción de voz; extracción de mensajería instan-
tánea; información de ubicación GPS/Cell ID;
captura de imágenes de pantalla y de la cámara;
acceso y manipulación del sistema de archivos;
información y estado del sistema; información de
la tarjeta SIM; información del hardware, siste-
ma operativo y software; denegación de capacida-
des de servicio, y detener el funcionamiento del
dispositivo”.
Es decir, toda la información procesada por
el aparato es recopilada y almacenada por los
operadores de Pegasus. Más aún, el dispositivo
telefónico se convierte en micrófono y cámara
permanentes,y ubica en todo momento dónde se
encuentra el usuario espiado.
El mismo documento destaca que el control
del smartphone vía remota es un hecho aunque
el aparato esté encriptado y esté protegido por
antivirus y antiespías. Además, todo ocurre sin
que la persona se percate de ello: una de las ca-
racterísticas de los sistemas adquiridos es “ser in-
detectables en los dispositivos de hardware y por
programas de software (antivirus, antispyware)
existentes en el mercado”, dice textualmente.
La adquisición de los equipos y servicios para
la modernización de las capacidades de la Sec-
ción Segunda del Ejército
estuvo a cargo de la Di-
rección General de Ad-
ministración.
Formalmente, los
nuevos sistemas se utili-
zarían para apoyar las ac-
tividades de inteligencia
y contrainteligencia de la
Sección Segunda (dirigi-
das especialmente contra
los movimientos subver-
sivos),pero también las de
la Sección Séptima, encargada de las operaciones
contra el narcotráfico.
Todos los contratos se adjudicaron de manera
directa “por tratarse de asuntos de seguridad na-
cional”, como explicó a Contralínea el entonces
director de Comunicación Social de la Sedena, el
general Ricardo Trevilla Trejo.
Cuestionado por Contralínea sobre el uso
que se le daría a la Plataforma Pegasus, el gene-
ral Trevilla dijo en julio de 2012 que se utilizaría
contra “determinados grupos criminales. Contra
delincuentes en general, no. Es contra grupos ar-
mados. El equipo es para cumplir con nuestras
misiones, establecidas en la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referi-
mos a la segunda misión: garantizar la seguridad
interior”.
Además de Security Tracking Devices, la
otra empresa a través de la cual se adquirieron
los equipos y servicios –sobre todo para la Fuer-
za Aérea– fue la también estadunidense AV y D
Solutions.
Fueron 18 los contratos y convenios que en-
tre 2010 y 2012 celebró la Sedena para adquirir
equipos y servicios que modernizarían las capa-
cidades de la Sección Segunda del Estado Mayor
de la Defensa Nacional. Contralínea obtuvo ocho
Hoy Inteligencia Militar
y otros organismos de
seguridad nacional pueden
intervenir, al mismo
tiempo, 1 mil teléfonos
móvilesmóviles

INVESTIGACIÓNPORTADA
de ellos: tres contratos y cinco convenios modifi-
catorios por 5 mil 628 millones de pesos,aquellos
que en 2012 eran auditados por la Secretaría de
la Función Pública, la Auditoría Superior de la
Federación y la propia Contraloría General del
Ejército y Fuerza Aérea. Entre ellos se encuen-
tran los de la Plataforma Pegasus.
La primera fase del Sistema de Inteligencia
para Sección Segunda de la Sedena se adquirió
a Security Tracking Devices el 10 de septiem-
bre de 2010, mediante la firma del contrato
4550000033 (folio SAITE-1203/2010) por 650
millones de pesos. Se trató de la remodelación
física del Centro de Comando y Control y su
preparación técnica para albergar los equipos que
se instarían y garantizar su funcionamiento. La
Sedena pagó por medio de transferencia banca-
ria a la cuenta 65500952869 con número Clabe
014320655009528691, radicada en Guadalajara,
Jalisco, del banco Santander.
El contrato 4550000007 (folio SAI-
TE-539/2012) da cuenta de la adquisición de la
segunda fase del Sistema. Security Tracking De-
vices comenzó la instalación del Pegasus: el mó-
dulo central desde donde se opera esta plataforma
de intervención de comunicaciones con sus ocho
unidades de monitoreo de teléfonos inteligentes
y sus estaciones de trabajo. Sólo el módulo cen-
tral de Pegasus tiene la capacidad de intervenir al
mismo tiempo 400 equipos son sistemas Black-
Berry, 100 con Symbian (de teléfonos Nokia) y
100 Android (de Google). La Sedena pagó por
estos servicios y equipos 1 mil millones de pesos
a la cuenta antes citada.
La tercera fase también tuvo un costo de 1
mil millones de pesos. El contrato 4550000006
(folio SAITE-540/2012) da cuenta de la finali-
zación de la instalación y el licenciamiento del
software y puesta en operación de Pegasus Mobi-
le Comunication Solution. A las capacidades de
Cuando se adquirió el software malicioso, el actual secretario de la Defensa Nacional se desempeñaba como oficial Mayor del Ejército
MARIOJASSO/CUARTOSCURO

meros 4500006718 (folio SAITE-1462/2010),
04500006876 (folio SAITE-520/2011), 45000
06908 (folio SAITE-556/2011), 4500000147
(folio SAITE-782/2011), 4500000525 (folio
SAITE-135/2011) y 4550000007 (folio SAI-
TE-539/2012).
Contralínea publicó el 22 de julio de 2012 los
contratos que eran escudriñados por auditores ci-
viles y militares, por denuncias de supuestos he-
chos de corrupción cometidos a lo largo de todo
el proceso de adquisición de los sistemas. Antes,
la columna Oficio de papel, de Miguel Badillo, en
estas mismas páginas, dio la primicia de los con-
tratos, los montos y las capacidades del sistema
desde el 1 de julio de ese año.
El actual secretario de la Defensa Nacional,el
general de división Salvador Cienfuegos Zepeda,
se desempeñaba en esos días como Oficial Mayor
del Ejército y Fuerza Aérea.
El pasado 19 de junio,The New YorkTimes dio
a conocer los resultados de una investigación téc-
nica realizada a cargo de Citizen Lab –the Munk
School of Global Affairs de la Universidad de
Toronto, Canadá–. Los resultados arrojaron que
15 periodistas, defensores de derechos humanos
y activistas anticorrupción, seleccionados para la
investigación, fueron víctimas de espionaje gu-
bernamental.
Además, el informe Gobierno espía. Vigilan-
cia sistemática a periodistas y defensores de derechos
humanos –elaborado por Artículo 19, Red en
Defensa de los Derechos Digitales y Social Tic–,
confirma el espionaje por medio de un análisis
técnico forense.
La investigación técnica comprobó que los
smartphones de los personajes espiados habían
sido infectados con el software malicioso de la
plataforma Pegasus.
La instalación del malware en los teléfonos la
concretó el propio usuario al dar clic a un enlace
recibido en su teléfono inteligente. Para ello, los
mensajes con el software malicioso se hicieron pa-
sar por cuentas del servicio informativo Uno Tv
o de la Embajada de Estados Unidos en Méxi-
co. En algunos casos, se utilizaron como señuelo
mensajes de supuestos contactos de los usuarios
que buscaban advertirlos de información de su
vida privada.
intervención de comunicaciones se agregó la de
intervenir 400 teléfonos de Iphone.
En esta tercera fase quedó también instala-
do el Sistema Táctico de Imágenes a través de
Paredes. Un radar que permite ubicar personas y
objetos en inmuebles objetivos.
A los 2 mil 650 millones de pesos que suman
los montos de estos contratos se agregan otros
cinco para adquirir productos y servicios relacio-
nados con la modernización de las actividades de
inteligencia de la Sección Segunda,por casi 3 mil
millones de pesos.
Se trata de cinco convenios –también adjudi-
cados a Security Tracking Devices– para adquirir,
entre otros equipos y servicios,dos sistemas de de-
signadores electromagnéticos de señales satelitales
de telefonía celular; un sistema procesador electro-
magnético; ocho estaciones remotas móviles de ra-
diocomunicación y sistemas de inteligencia. Estos
documentos se firmaron entre el 21 de diciembre
de 2010 y el 3 de noviembre de 2011, bajo los nú-
Entre las capacidades de espionaje de Pegasus destaca el control total del teléfono infectado
123RF

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
BLANCO
DE ESPIONAJE
GUBERNAMENTAL
PERIODISTAS Y DEFENSORES

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
Con un análisis técnico forense,
organizaciones documentan
que al menos 15 periodistas,
defensores y activistas fueron
víctimas de espionaje. Cuatro
elementos incontrovertibles
señalan que el malware provino
del gobierno mexicano.
“Cuidar qué dices, qué haces
y con quién te reúnes limita tu
libertad de una manera injusta”:
director de R3D
C
uatro elementos incontrovertibles im-
plican al gobierno mexicano en el espio-
naje ilegal contra periodistas, defensores
de derechos humanos y activistas anticorrup-
ción, revelado el pasado 19 de junio por el pe-
riódico estadunidense The New York Times y por
un informe elaborado por Red en Defensa de los
Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 (Oficina
para México y América Latina) y Social Tic.
En entrevista con Contralínea, Luis Fer-
nando García –director de R3D– señala que el
gobierno no ha podido ni podrá desmentir esa
evidencia. Y la explica: “el primer elemento es
que se comprobó técnicamente que los mensa-
jes recibidos por los 15 activistas, periodistas y
defensores de derechos humanos constituyen
intentos de infección con el malware Pegasus,
comercializado por NSO Group. Eso es incon-
trovertible.
“Segundo: de manera reiterada, la empresa
ha afirmado que únicamente vende este tipo de
equipos a gobiernos. Lo tercero que tampoco
NANCY FLORES
123RF

pueden desmentir es que agentes del gobierno
federal son clientes y han adquirido licencias
para el uso de este tipo de malware NSO.
“Y cuarto: todos esos mensajes que intenta-
ban infectar a activistas, periodistas y defensores
de derechos humanos por el malware Pega-
sus, que nada más se vende a gobiernos y que
el gobierno de México de manera demostrable
lo tiene, ocurrieron en momentos en los que se
afectaban particularmente los intereses de agen-
cias del gobierno federal.”
Las víctimas
Según el informe Gobierno espía. Vigilancia
sistemática a periodistas y defensores de derechos
humanos, los periodistas Carlos Loret de Mola,
Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián
Barragán, Daniel Lizárraga y Salvador Camare-
na; los defensores de derechos humanos Mario
Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre,
y los activistas anticorrupción Juan Pardinas y
Alexandra Zapata habrían sido objeto de espio-
naje gubernamental.
Para el activista Luis Fernando García, los
momentos en que éstos recibieron los ataques
del software malicioso fueron clave: “el Centro
Prodh [Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez], con su labor de defensa de
derechos humanos en los casos de Ayotzinapa,
Tlatlaya y Atenco; Carlos Loret, en su labor
periodística relacionada con las ejecuciones ex-
trajudiciales en Tanhuato, Michoacán; Carmen
Aristegui, con las investigaciones sobre corrup-
ción del gobierno federal y el Grupo Higa; el
Imco [Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad], con la ‘Ley 3 de 3’, que sufrió una opo-
sición virulenta por parte de los partidos del
gobierno; y Mexicanos contra la Corrupción y
la Impunidad, que también han sido parte del
equipo de Aristegui y que desde la propia orga-
nización han denunciado casos muy importantes
de corrupción en el gobierno federal”.
El informe Gobierno espía –elaborado por
R3D, Artículo 19 y Social Tic, con ayuda de la
canadiense Citizen Lab– señala que las comu-
nicaciones de las víctimas –incluido el hijo de
la periodista Carmen Aristegui y la esposa del
activista Juan Pardinas– fueron atacadas con un
malware lanzado a través de la plataforma Pe-
gasus, tecnología para intervenir telecomunica-
ciones y operada por la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), la Procuraduría General de
la República (PGR) y el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (Cisen).
“Claramente hay responsabilidad del gobier-
no federal en estos ataques. Entonces, ¿qué va
a decir el gobierno? Pues si no tiene escrúpulos
para espiar a un menor de edad,menos va a tener
escrúpulos para aceptar que al menos una parte
de su gobierno está haciendo estos actos ilega-
les”, señala Luis Fernando García.
Agrega que, en este sexenio,“cuando se acusa
al gobierno de algo, antes de investigar, sale de
manera reactiva a desestimar la denuncia y des-
pués, hasta que se ve forzado, lo acepta”.
De acuerdo con el informe, presentado el 19
de junio, las intervenciones de comunicaciones
son ilegales. “Aún si los ataques con malware de
espionaje con las características de Pegasus fue-
ran considerados como una forma más de ‘in-
tervención de comunicaciones privadas’, resulta
altamente improbable que una autoridad judicial
federal hubiera autorizado este tipo de invasio-
nes a la privacidad de periodistas, defensores de
derechos humanos y activistas anticorrupción.
La ausencia del control judicial previo sería una
grave violación a la ley y a los derechos de las
personas afectadas”.
Añade que “para que las personas atacadas
con malware referenciadas en este informe pu-
dieran considerarse como objetivos legítimos de
medidas de vigilancia legal, la autoridad tendría
Los mensajes que
intentaban infectar a activistas,
periodistas y defensores
ocurrieron en momentos
en los que se afectaban los
intereses del gobiernointereses del gobierno

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
la privacidad de las personas, inhiben la libertad
de expresión y vulneran el derecho a defender los
derechos humanos”.
Para Luis Fernando García, el espionaje
limita las libertades de las víctimas. “Hay una
afectación muy severa que trastoca la vida más
íntima: es como si entraran a tu casa y estuvie-
ran ahí, viéndote todo el tiempo. Es verdade-
ramente agraviante para las víctimas y para las
personas con las que interactúan. La sola posi-
bilidad de saber que puedes estar siendo vigila-
do hace que modifiques tu conducta: cuidar qué
dices, qué haces, con quién te reúnes limita tu
libertad de una manera injusta, que no debemos
de aceptar”.
El activista de R3D señala que es necesario
atender el contexto del país para observar el ni-
vel de daño.Ese contexto,dice,es el “de violacio-
nes de derechos humanos, de persecución y de
asesinatos de periodistas. No podemos minimi-
zar este tipo de ataques que pueden ser instru-
mentos de otro tipo de agresiones. En los casos
documentados, en el de Carmen Aristegui y en
que demostrar que todos los periodistas, de-
fensores de derechos humanos y activistas an-
ticorrupción se encontraban bajo investigación
criminal, existían indicios suficientes para acre-
ditar que se encontraban organizando la comi-
sión de delitos o que, de alguna manera, todos
los objetivos constituyen una amenaza inminen-
te a la seguridad nacional”.
Para el director de R3D,“claramente hay una
intencionalidad de obstaculizar, atacar, intimi-
dar, hostigar e impedir que la sociedad conozca
lo que está pasando en este país en términos de
corrupción, de violaciones a los derechos hu-
manos y, en general, de la descomposición de lo
público en beneficio de un grupo político y de
intereses privados muy particulares”.
Por ello, señala que el ataque no nada más es
contra las 15 personas referidas en el informe,
ni contra las víctimas que están por descubrir en
las próximas semanas, sino contra toda la socie-
dad. Como paradójico, califica el hecho de que
“estas nuevas tecnologías no sean utilizadas para
investigar a quienes han cometido actos de co-
rrupción o a los responsables de las violaciones
a los derechos humanos, sino que precisamen-
te son utilizados en contra de aquellas que han
expuesto esa corrupción, que han expuesto a los
responsables de las violaciones a derechos hu-
manos”.
Denuncia ante PGR
El pasado 19 de junio,tras darse a conocer los
resultados de la investigación Gobierno espía, las
víctimas de las intervenciones ilegales de comu-
nicaciones presentaron una denuncia por estos
hechos ante la PGR,una de las tres instituciones
que operaría el software Pegasus.
También solicitaron medidas cautelares a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos e
informaron del acoso ante distintos organismos
internacionales.
El Centro Prodh, cuyo personal forma parte
del grupo de víctimas que denunció el espiona-
je, presume “la ausencia de autorización judicial,
legalidad, necesidad y proporcionalidad en el
ejercicio de facultades excepcionales para reali-
zar prácticas de vigilancia. Conductas que violan
La periodista Carmen Aristegui, una de las víctimas de espionaje gubernamental
ISAACESQUIVEL/CUARTOSCURO

el del Centro Prodh, ya hay otros [ataques]; el
espionaje es sólo una parte del hostigamiento:
hay allanamientos a oficinas, intimidaciones,
amenazas, auditorías, despidos. Una estrategia
de ataque contra estos actores que proveen un
servicio público”.
El Centro Prodh coincide en que este espio-
naje no es un caso aislado: “la evidencia apunta
a la existencia de una política de hostigamiento
sistemático a defensores de derechos humanos,
periodistas y activistas anticorrupción”.
El señalamiento se deriva de su propia ex-
periencia: “entre los meses de abril y junio de
2016, Mario Patrón, director del Centro Prodh;
Stephanie Brewer, coordinadora del Área Inter-
nacional, y Santiago Aguirre, subdirector de la
organización,recibieron mensajes que se ha con-
firmado constituyen intentos de infección con el
malware de espionaje Pegasus”.
Luis Fernando García reflexiona que, en otro
país –como Estados Unidos,Francia,Reino Uni-
do, Alemania– una revelación de esta naturaleza
“tendría implicaciones gravísimas, hasta podría
provocar la caída de gobiernos, investigaciones
criminales, gente en la cárcel. Y lo triste es que
a pesar de que estamos trabajando y buscamos
que eso suceda en México, sabemos, porque no
somos ingenuos,que las posibilidades de que eso
suceda son muy remotas; pero como sociedad
debemos poner un alto y exigir que haya con-
secuencias”.
Y es que la intervención ilegal de comunica-
ciones viola los derechos humanos a la intimidad,
la seguridad, la vida privada, la libre expresión, la
libre asociación,los datos personales y la inviola-
bilidad de las comunicaciones privadas.
El Centro Prodh observa que “el espionaje en
México se ha convertido en un mecanismo efec-
tivo de intimidación a defensores de derechos
humanos, activistas y periodistas. Constituye
una forma de control de los flujos de informa-
ción y de abuso de poder”.
Para Luis Fernando García, “si verdadera-
mente tuviera voluntad de esclarecer lo sucedido,
el gobierno tendría que de inmediato reconocer
y transparentar cuáles de sus agencias han ad-
quirido licencias del malware de Pegasus o de
cualquier otro malware con similares caracterís-
ticas. Si verdaderamente no tiene nada que es-
conder,inmediatamente tendría que revelar esto;
pero no lo ha hecho.
“También tendría que estar cooperando de
manera activa y transparente respecto de cuán-
to ha sido gastado, con quién, los procesos de
contratación; tendría que transparentar ante las
instancias correspondientes contra quiénes se ha
utilizado este malware de vigilancia.”
Sin embargo, el director de R3D no alber-
ga mucha esperanza. “La verdad me cuesta creer
que el gobierno vaya a hacer esto por voluntad
propia; pero hay que recalcar que esto no depen-
de de ellos: es su obligación legal hacerlo”.
El 20 de junio, agrega, “el diario El País pu-
blicó que se reserva hasta 2021 la información
de los contratos relacionados con el malware Pe-
gasus; ese tipo de conducta no es de alguien que
se sabe inocente, sino de un Estado que tiene
miedo de verse como lo que es, pues a todas lu-
ces parece que es un Estado criminal”.
La intervención de las comunicaciones de Loret de Mola ocurrió
cuando el periodista investigaba las ejecuciones de Tanhuato
FRANCISCORODRÍGUEZ/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
IGNORAN
OCUPACIÓN
EN EL SÁHARA
PARA BENEFICIARSE DE FOSFATO

INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL
Las más grandes reservas
mundiales de fosfato se
encuentran en el Sahara,
en la zona ocupada por
Marruecos con la oposición
armada de los sarahuis.
Países desarrollados, y otros
como México, compran el
mineral que el gobierno
marroquí despoja a sus
legítimos dueños
B
erlín, Alemania. El Frente Popular de
Liberación de Saguía el Hamra y Río de
Oro (Polisario) obtuvo dos jugadas estra-
tégicas el pasado mayo, una en Sudáfrica y otra
en Panamá, con el resultado de una victoria y un
empate ante la ley internacional. Marruecos está
confrontado por primera vez con la justicia in-
ternacional por la explotación ilegal de recursos
saharauis y, consecuentemente, por su exporta-
ción a países terceros. Sin embargo en el caso pa-
nameño la corte se declaró “incompetente” para
tratar el caso.
El 1 de mayo de 2017 la embarcación NM
Cherry de pabellón marshalés con una carga de
aproximativamente 54 mil toneladas de fosfato
originario de la zona que Marruecos ocupa en
el Sáhara Occidental, fue detenida en Puerto
Elizabeth, Sudáfrica. El pasado 18 de mayo se
celebró la primera audiencia en la Corte de Jus-
ticia de la nación sudafricana, donde se puso un
plazo hasta el 9 de junio del año en curso para
que los jueces hagan su deliberación. Ese día la
AXEL PLASA/CORRESPONSAL
123RF

decisión fue nuevamente aplazada hasta el día 15
de junio 2017. Finalmente en ese día la Corte
Suprema de Justicia de la República Sudafricana
confirmó la rectitud de la orden de detención del
navío marshalés el pasado 1 de mayo e inició el
procedimiento judicial acerca de la pertenencia
de la carga incautada.
En paralelo a este suceso, el 17 de mayo en su
travesía por el Canal de Panamá, la embarcación
MV Ultra Innovation, de pabellón panameño,
fue detenida en el Puerto de Balboa. A diferen-
cia del primer caso donde no se hizo uso de una
garantía con el fin de permitir la continuación
del viaje, aquí se pagó una fianza equivalente a
la carga a las autoridades centroamericanas, con
lo que el navío se encuentra ya en aguas terri-
toriales canadienses. El caso fue apelado por el
Frente Polisario,por lo que el caso seguirá siendo
tratado en la justicia panameña sin la presencia
de la carga.
Las minas de Boucraa fueron descubiertas aún
en tiempos de la Colonia española, hoy parte de
la zona ocupada desde 1975 por Marruecos en el
marco de la Marcha Verde. El primordial interés
de Marruecos ha sido de unificar las reservas del
Sáhara Occidental con las propias, consiguiendo
como resultado un cuasi monopolio al controlar
cerca del 70 por ciento de las reservas mundiales
probadas de este recurso tan importante para la
agricultura,por ende de la alimentación mundial.
El Reporte de la organización Western Saha-
ra Resource Watch emitido en 2016 (P for Plun-
der 2016) contabiliza el volumen de producto
exportado por Marruecos en 1 millón 858 mil
toneladas en el año pasado. Entre las naciones
que figuran están los importadores de Canadá
y Nueva Zelanda. Canadá es la nación que más
importa medido por sus empresas con 916 mil
toneladas cúbicas, seguido de Nueva Zelanda
con 204 mil toneladas cúbicas de minerales saha-
rauis.En cuanto a México el reporte cita que una
empresa estadunidense de nombre Innophos,
Inc, mediante su filial mexicana estuvo impor-
tando fosfato de Phosboucraa al puerto mexicano
de Coatzacoalcos, Veracruz. No obstante “desde
2015 la WSRW no ha observado ningún envío
hacia la planta de Innophos en Coatzacoalcos,
México”.
Mientras que el nombramiento del nuevo en-
viado del secretario general de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en la persona del
expresidente alemán Horst Köhler ha sido anun-
ciado, recientemente ha conseguido aún el bene-
plácito de las dos partes que permiten a Guterres
formalizar su cargo a la brevedad.Este nuevo aire
en la ONU parece dar lugar a una nueva dinami-
zación del proceso estancado desde la última reu-
nión formal bajo el antiguo enviado Christopher
Ross en el año 2012 en Estados Unidos.
I El caso de NM Cherry Blossom
en Puerto Elizabeth, Sudáfrica
El Coordinador del Frente Polisario ante la
Misión de las Naciones Unidas para el Refe-
réndum del Sáhara Occidental (Minurso) y las
Naciones Unidas, Emhamed Khadad declaró en
una entrevista con Contralínea que el barco que
se dirigía rumbo a Nueva Zelanda fue detenido
con base en “una petición [donde] hemos dicho
que ese barco transportaba recursos naturales del
Sáhara Occidental, los cuales son despojados y
no cuentan con el consentimiento del pueblo del
Sáhara Occidental”. El diplomático y miembro
del Frente Polisario agrega que también se basa
en el artículo 73 de la Carta Magna de las Na-
ciones Unidas, el cual sostiene que “la soberanía
de los pueblos sobre sus recursos y la opinión del
interés del pueblo [a ello]”son de primera impor-
tancia. Dado que no se ha producido el referén-
dum de autodeterminación del pueblo saharaui,
no hay forma legal para Marruecos para explotar
sus recursos naturales no-renovables legalmente a
Ocurre que Marruecos
[que] explota [los recursos
naturales] es una potencia
ocupante, porque nada
legitima su presencia en el
Sáhara OccidentalSáhara Occidental

incautar el fosfato expoliado por Marruecos en
países terceros.
El cliente final, Ballance Agri-Nutrients de
Nueva Zelanda, quien busca mantener este co-
mercio, argumenta en una contestación por parte
de su CEO Mark Wynne que “junto a nuestro
objetivo inmediato de liberar el navío y la car-
ga de Puerto Elizabeth, somos muy conscientes
de las perspectivas e intereses [que son] de suma
importancia alrededor de la autodeterminación y
soberanía del Sáhara Occidental”.
Wynne también comenta que Phosboucraa
ha estado suministrando a Ballance los recursos
naturales desde al menos 2 décadas, además de
haber mantenido relaciones con la empresa es-
tatal marroquí OCP desde hace 30 años. Visto
desde esta antigüedad de relaciones comerciales
parece no haber delito alguno en comprar estos
recursos a Marruecos. Esta situación es novedo-
sa a la vez que “es una nueva consideración para
falta de una consulta de su población, aún pen-
diente desde 1991.
Es la primera vez que desde el inicio de la lu-
cha por la independencia de la República Ára-
be Saharaui Democrática que una medida legal
toma efecto en otro país acerca de los recursos no
renovables de la nación africana, los cuales están
siendo explotados de forma ilegal por la empre-
sa estatal marroquí OCP (Office Chérifien des
Phosphates) vía la filial Phosboucraa. Ésta úl-
tima explota desde décadas las inmensas minas
de fosfato que subyacen en el subsuelo saharaui.
“Ocurre que Marruecos [que] explota [los recur-
sos naturales] es una potencia ocupante, porque
nada en los textos de las Naciones Unidas le per-
mite a Marruecos de gozar de legitimidad alguna
de su presencia en el Sáhara Occidental”, recalca
Emhamed Khadad en la entrevista. La novedad
siendo que el Frente Polisario ahora se está ar-
mando de la ley internacional para presionar e
123RF
El 1 de mayo, la embarcación NM Cherry, con una carga de aproximativamente 54 mil toneladas de fosfato originario de la zona que Marruecos ocupa en el Sáhara Occidental, fue
detenida en Puerto Elizabeth, Sudáfrica

nosotros en el afán de asegurar la confiabilidad y
seguridad de nuestra cadena de suministro hacia
los agricultores de Nueva Zelanda que dependen
de esta materia prima para su productividad”.
En consecuencia este caso puede ser un peligro-
so precedente en el comercio ilegal de recursos
saharauis por parte de Marruecos que ha opera-
do por décadas y que pondría en duda la certeza
jurídica en la cual el comercio exterior marroquí
opera.
Con la detención preventiva de la embarca-
ción marshalesa en Sudáfrica se puede hablar de
un paso histórico para con la lucha por los legí-
timos derechos del pueblo saharaui sobre sus re-
cursos naturales. Mientras que la corte de Puerto
Elizabeth el pasado 18 de mayo llevó a cabo la
primera audiencia del caso, éste fue reportado
hasta el 9 de junio del año en curso. El aboga-
do de la parte saharaui, Andre Bowley comenta
a Contralínea en entrevista que tanto la RASD
como los representantes de las dos empresas ma-
rroquíes OCP y Phosboucraa fueron escuchados
durante la sesión. “Ese sería el veredicto final en
relación con la aplicación inicial de la detención”.
Recalca que ninguna parte ha optado por dejar
una cantidad de dinero como garantía,por lo que
el arresto del navío y de su carga será vigente du-
rante el tiempo que la justicia sudafricana se haga
cargo del caso.
La OCP por su lado emitió un comunicado
vía la agencia estatal marroquí MAP donde afir-
maba que “los alegatos de los solicitantes, más
allá de no estar fundamentados, son un intento
fuera de lugar e inapropiado para eludir el proce-
so político internacional reconocido actualmente
en curso y activamente llevado a cabo por el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. No
obstante que no cesaría la actividad económica al
verse como “un actor responsable,comprometido
con mejorar la economía regional, a mejorar la
calidad de vida de la población local (sic), y a ase-
gurarles un futuro más prometedor”. De acuerdo
con la empresa Phosboucraa, se está operando
por encima de las exigencias de los estándares ju-
rídicos y las mejores prácticas “marroquís y de la
ONU de manera responsable”, asegurándose la
reinversión del beneficio en la población y econo-
mía local “en beneficio de la región [sic]”.
El pasado 9 de junio la corte sudafricana vol-
vió a aplazar la decisión hasta el día 16 de junio
de 2017.Mientras que un portavoz de la empresa
neozelandesa Ballance Agri-Nutrients declaró a la
agencia NZ Newswire el 13 de junio que espe-
raba “más claridad para entonces”. Sin una sen-
tencia definitiva el navío permanece arrestado en
aguas sudafricanas hasta nuevo orden.
El 15 de junio de 2017 la corte determinó
que la detención fue “correcta” por lo que la cau-
sa seguirá su curso. El portal Morocco World
News en su edición del mismo día informa que
se incautarán los documentos del barco así como
sus certificados comerciales hasta nuevo aviso.
En un comunicado del gobierno saharaui emi-
tido el mismo día afirmaba: “La corte confirmó
la corrección de la orden del 1 de mayo, que fue
otorgado sobre razones apropiadas. El caso legal
ahora va a pasar a fallar sobre la cuestión de la
pertenencia de la carga”. Continúa argumentan-

123RF
do que desde años se ha avisado a las empresas
del sector del riesgo que ello involucra. Cita al
fallo de la corte que dice que “Marruecos no tiene
soberanía sobre el Sáhara Occidental. […] No-
sotros concluimos que cualquier forma que fuera
descrita la presencia de Marruecos en el Sáhara
Occidental no ejerce soberanía sobre ese territo-
rio”.
La compañía OCP por su lado ha hecho sa-
ber su parecer en el asunto por medio de la pren-
sa marroquí. En el portal Morocco World News se
cita un comunicado de la misma que afirma que
“[la] OCP está indignada por esta decisión. Esta
decisión es una violación de principios bien es-
tablecidos en el marco de la ley internacional. El
Frente Polisario, sus patrocinadores y represen-
tantes se han embarcado en un camino que sólo
puede afectar los intereses de la comunidad local
que dicen defender”. Agregando que esto afecta-
rá el clima de las negociaciones en el marco de las
Naciones Unidas, el Frente Polisario “demuestra
su inclinación de menoscabar la conducta apro-
piada del proceso en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas y obstaculizar el desarrollo
socio-económico de la región [sic]”.
El grupo corporativo subraya que sus opera-
ciones son “enteramente compatibles con la ley
internacional y en particular en la aplicación del
marco de las Naciones Unidas para la explota-
ción de los recursos naturales”. Incluso declara la
corte sudafricana incompetente de tal fallo, con
base en el caso panameño, donde justamente este
fue el veredicto de los jueces encargados. Más
allá afirman que la ley internacional prohíbe tales
medidas unilaterales por parte de Pretoria. Inclu-
so la califican de decisión “política”.
Kamal Fadel, responsable de los asuntos de
hidrocarburos y minas en el Frente Polisario, de-
claró a la prensa que se trata de un “momento
histórico para el pueblo saharaui y esperamos que
el juicio final contribuirá a la protección de nues-
tros recursos naturales”. El que claramente espe-
raba tal salida fue el CEO de la empresa Ballance
Marc Wynne, basado en el resultado de la corte
panameña una vez más.
Ballance dio a conocer que contrató una a car-
ga de reemplazo en el navío Common Spirit de
pabellón griego que se dirige al puerto de Tau-
ranga, Nueva Zelanda, para suplir la parte del
cargamento detenido en aguas africanas. “Es-
perábamos el mismo resultado, pero claramente
decepcionados no lo obtuvimos”.
El caso MV Ultra Innovation
La embarcación MV Ultra Innovation de
pabellón panameño perteneciente a la compañía
Ultrabulk con sede en Dinamarca fue detenida
en el canal de Panamá el pasado día 18 de mayo
2017 con una carga aproximada de 54 mil to-
neladas en camino hacia el puerto de Vancou-
ver en Canadá para la empresa Agrium. El navío
fue inmovilizado por orden judicial a pedido del
Frente Polisario en el Puerto de Balboa, Panamá.
Además de ser acusada de llevar ilegalmente fos-
fato saharaui se le reclama por no haber pagado
el concepto de flete a la RASD de 85 mil dólares.
En una entrevista con Reuters el miembro del

Frente Polisario y representante ante la Minurso,
Emhamed Khadad afirmó que en su organiza-
ción estaban “optimistas que este segundo recur-
so en la aplicación de la ley para darle un fin al
flagrante expolio de los recursos pertenecientes a
un pueblo bajo ocupación [quien] va a demostrar
[su] determinación”.
El caso de la embarcación panameña dio un
giro diferente que su contraparte marshalesa en
Sudáfrica. El 22 de mayo pasado las autoridades
panameñas anunciaron que el navío MV Ultra
Innovation fue liberado y estaba de vuelta nave-
gando al puerto de destino,donde actualmente se
encuentra ya en aguas canadienses.
Un portavoz de la empresa Agrium declaró
a Forbes que “se están tomando pasos para de-
positar una fianza que va a permitir que el navío
continúe su viaje sin contratiempos. A esta altura
no anticipamos ninguna interrupción en la pro-
ducción de nuestra planta de fosfato en Alberta”.
La empresa propietaria danesa habría pagado la
fianza de alrededor de 6 millones de dólares a
cambio de su liberación de acuerdo con un co-
municado de Reuters.
La aparente certeza del lado de la OCP y
Phosboucraa de que el caso sería resuelto a su fa-
vor pareció inalterada a lo largo de los procesos.
Finalmente el caso se resolvió de forma inespera-
da, donde la corte panameña simplemente se de-
claró “incompetente” en la materia. “El Tribunal
Marítimo de Panamá acaba de dictar sentencia
sobre el intento de retención del barco Ultra In-
novation que transporta fosfato marroquí extraí-
do de Phosboucraa”, informaba la OCP en un
comunicado de prensa el 08 de junio pasado.
Continúa el comunicado citando que “la corte
panameña declara que una corte nacional no es
el órgano jurisdiccional competente para pronun-
ciarse sobre un asunto político internacional”.Por
lo que desechó la causa de forma categórica, con
lo que la fianza depositada previamente será de-
vuelta a la empresa marroquí, dado que la embar-
cación dejó las aguas territoriales canaleras el mes
pasado.El Frente Polisario en un comunicado del
15 de junio 2017 afirma haber apelado la deci-
sión, con lo que la decisión final sigue pendiente.
No obstante que en este caso las instituciones
judiciales americanas evitaron la confrontación
con la ley internacional, el precedente ya cons-
tituye una victoria en sí para el Frente Polisario
al poner el entredicho el suministro a uno de los
principales clientes de la OCP en una corte en
un país tercero.
Innophos y su filial en Veracruz
La WSRW ha documentado desde 2010 que
la empresa estadunidense Innophos Inc ha esta-
AXELPLASA
Emhamed Khadad, coordinador del Frente Polisario ante la Misión de las Naciones Unidas para el
Referéndum del Sáhara Occidental

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