Sintesis informativa 24 de marzo 2017

Rompen pobladores de Nochixtlán y Sección 22,
diálogo con SEGOB; exigen reunión con Osorio Chong
Ismael García
Habitantes y maestros de Asunción Nochixtlán anunciaron el rompimiento del diálogo con
funcionarios de mandos medios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y exigieron una mesa de
diálogo con el titular de esa dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.
Para ello, este jueves iniciaron diversas acciones de protesta, entre ellas la “toma” de la caseta de
peaje de la superrcarretera Oaxaca-Cuacnopalan, en jurisdicción de Huitzo.
De acuerdo con el presidente del Comité de Víctimas, Ambrosio Hernández Santiago, a nueve
meses de los hechos en que fallecieron ocho personas, no hay un dictamen pericial, por parte de
la Procuraduría General de la República.

Mientras que funcionarios menores de la Segob, como el subsecretario Roberto Campa Cifrián,
únicamente se han dedicado a dar largas al tema sin dar soluciones efectivas; incluso les han
pedido que se deslinden de la Sección 22 del SNTE, para avanzar en los acuerdos.
“Ni nos vamos a deslindar del magisterio ni vamos a dejar de protestar; no hay hasta ahora
atención puntual a las víctimas del enfrentamiento y no tienen interés de aplicar justicia, por lo
que nos mantendremos en resistencia”, dijo.
Toman una caseta durante 12 horas
Víctimas de Nochixtlán desconocen a Campa
JORGE A. PÉREZ ALFONSO
Corresponsal
Oaxaca, Oax.
Integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 Junio Nochixtlán
(Covic) tomaron este jueves la caseta de cobro del tramo carretero Oaxaca-Cuacnopalan donde el
pasado 19 de junio ocurrió un enfrentamiento cuando policías estatales y federales pretendieron
desbloquear diversas vías.
Ahí desconocieron como interlocutor del gobierno federal al subsecretario de la Secretaría de
Gobernación, Roberto Campa Cifrian, ante las ‘‘nulas respuestas’’ en materia de justicia y
derechos humanos.
Los manifestantes se apoderaron de la caseta por 12 horas para reclamar que a nueve meses
del desalojo fallido que costó la vida a nueve personas y dejó más de cien heridos de bala, no ha
habido justicia. Asimismo, acusaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de
pretender realizar una investigación ‘‘a modo’’ y deslindarse de su culpabilidad.
Sostuvieron que la PGR intenta desaparecer las evidencias de los hechos ocurridos el 19 de
junio del año pasado, con lo que sus comandantes y el ex gobernador Gabino Cué gozarán de
impunidad, mas no permitirán que esto ocurra y cesarán su lucha cuando se castigue a los
asesinos.
Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Covic, afirmó que durante los pasados nueve
meses se han instalado varias mesas de diálogo sobre temas como atención médica para los
lesionados y la demanda de justicia, pero no se han tenido resultados importantes en ningún
rubro. Por ello, demandó una mesa en la que participe el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, en la cual se tomen acuerdos resolutivos.
Agregó que miembros del Covic han recibido ‘‘amenazas’’ por parte de autoridades locales y
de desconocidos, además de que él sufrió un atentado el pasado 5 de marzo, y el 19 del mismo
mes dispararon al tesorero del comité, Felipe Montesinos.
Indicó que por todo ello se decidió suspender las mesas de diálogo ‘‘con funcionarios
menores’’, además de que se intensificarán sus movilizaciones y denuncias incluso ante
organismos internacionales.
Cierran normalistas crucero en Oaxaca;
insisten en plazas automáticas>
REDACCIÓN / FOTOS: OCTAVIO VÉLEZ
Oaxaca.- Como insistencia de la entrega de plazas automáticas, sin presentar el examen del
Servicio Docente, integrantes de las 11 normales del estado, adheridos a la Cordinadora

Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) bloquearon la carretera federal 190,
frente al estadio de béisbol, la tarde de este jueves.
Los normalistas desde temprana hora, como ya es costumbre, retuvieron autobuses del transporte
urbano, los cuales los mantuvieron en las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal
de Oaxaca (CRENO).
Más tarde, en marcha, los estudiantes y egresados bloquearon con cerca de cinco unidades de
motor la vialidad, afectando el tránsito en la zona.
Los aspirantes a maestros exigen el cumplimiento de la respuesta a un pliego petitorio, que
aseguran entregaron al gobierno del estado desde el 7 de marzo y la entrega de cerca de 900
plazas.
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Cierran 100 negocios
Piden que se retiren los campamentos que hay en el centro y que no
permitan que los maestros se instalen en todas las calles
por Jose Luis Rosas el Viernes 24 de marzo de 2017 - 05:00:01
Alrededor de 100 negocios de diferentes giros han cerrado sus puertas en lo que va de este 2017, debido a la
severa crisis económica que enfrenta el país y en especial el Estado de Oaxaca, afirmó la presidenta de la
Alianza Empresarial y Comercial, Esther Merino Badiola.
"Se quisiera tener otra perspectiva, pero siguen cerrando las empresas, la situación está muy difícil, existe
incertidumbre entre el comercio establecido, el magisterio se instalará en todas las calles en mayo y esto
empeorará", añadió.
La dirigente externó que una de sus propuestas es que se despeje la calle de Guerrero y Armenta y López, y que
se retiren los puestos en los que se venden boletos para viajar a la Ciudad de México.
También pidió que se realice un pacto de solidaridad de acuerdos entre la sociedad civil, el gobierno federal,
estatal, la Sección 22 y el sector empresarial, "no pueden permitir que se dañe más a Oaxaca y a los
oaxaqueños".
Merino Badiola hizo hincapié que si no hay paz social, orden y mano dura contra de las organizaciones que
bloquean las calles, se seguirán cerrando las empresas, "Oaxaca necesita inversión y otra cara con la ayuda del
gobierno".
Uno de los mayores temores de los comerciantes establecidos es que en Semana Santa la situación económica
no repunte, "para que sí haya ganancias se necesita que las calles están liberadas y que no haya plantones, esa
es nuestra principal demanda", indicó la dirigente del comercio establecido.
Informó que "en la alianza se trabaja duro por la formalización de las empresas, en los proyectos del Inadem,
además se tocan puertas y en la próxima reunión con el gobernador se le hará una petición para que se den
financiamientos a las personas que están en el Buró de Crédito".
Difícil puesta en marcha del modelo
educativo: Samael Hernández
En Oaxaca no hay definición clara de quién es el patrón de los maestros,
afirma sociólogo
por Yadira Sosa el Viernes 24 de marzo de 2017 - 07:55:05
Para el sociólogo y especialista en educación, Samael Hernández, la puesta en marcha del nuevo modelo
educativo no sólo encontrará dificultades por la resistencia de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, sino por
la inercia misma del sistema educativo del estado.
Con maestría en Educación, lamentó que el nuevo modelo educativo empiece a definir lo que debió hacerse
desde un principio con la elaboración de la reforma educativa.
Explicó que la nueva propuesta del gobierno federal aún no contempla planes de estudio y sus vertientes sólo
son programáticas, como la orientación y los contenidos generales que tendrán los nuevos programas.

"Es la primera definición de qué es lo que va a contener; son planteamientos fundamentales y bases generales,
sin instrumentos como los programas y planes de estudio", explicó.
Expuso que el nuevo modelo promueve qué tipo de personas se quieren formar, cómo y qué se quiere aprender
en las aulas. "Los objetivos se centran en la formación de los ciudadanos y competencias básicas que debe
contemplar un niño", aclaró.
Del área administrativa, el especialista cuestionó la forma de operar de las autoridades educativas del ámbito
estatal y federal, sobre todo en estados donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) ha mostrado su rotundo rechazo.
"Se enfatiza en la 'Escuela al Centro' o 'Escuelas al Cien', pero nadie dice sobre la relación de los estados con la
federación. En Oaxaca, por ejemplo, no hay definición clara de quién es el patrón de los maestros".
En ese sentido, señaló que en las negociaciones que se llevan a cabo con la Sección 22 no se tiene claro qué
instancia debe dar respuestas a los profesores de acuerdo a sus competencias.
Aunque la mayoría de las demandas sindicales son de carácter federal, a la fecha la representación de la SEP en
Oaxaca no encabeza las negociaciones, porque es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)
el que promete respuestas en un escenario donde la Sección 22 sigue al frente del mando y las decisiones.
Destacó que el IEEPO sigue sin el control de las escuelas y a la fecha no se ha resuelto cómo debe intervenir el
gobierno federal en los estados.
"Todas las escuelas deberán tener la estructura ocupacional completa, pero ni siquiera el IEEPO sabe cómo está
la distribución de los maestros; la Sección 22 no lo permite", insistió.
De la propuesta del nuevo modelo educativo en la enseñanza de la equidad de género en las aulas, recordó que
ésta se ha logrado en las familias y no en las escuelas.
Marcharán pueblos costeños por
revocación del cabecera distrital
Al menos 27 municipios darán a conocer su inconformidad a través de
marchas pacíficas, en las que descartan bloqueos carreteros
por Mario Méndez el Viernes 24 de marzo de 2017 - 05:00:01
Pinotepa Nacional.- El Frente Jurídico por la Defensa de la Permanencia de la cabecera distrital del Instituto
Nacional Electoral (INE) en esta ciudad de la Costa de Oaxaca, urgió a la ciudadanía a manifestarse de manera
pacífica en los próximos días para revocar el acuerdo de cambio de sede a Puerto Escondido.

A este acuerdo llegaron al término de una reunión el día de ayer, con organizaciones y la sociedad civil, donde,
además del seguimiento legal, determinaron que se lleven a cabo manifestaciones en cada uno de los 27
municipios aledaños a esta ciudad.
Por lo que, en los próximos días, las diversas autoridades municipales, convocarán a toda la población para que
las manifestaciones, como marchas y mítines, se coordinen de manera pacífica, “no habrá bloqueos de
carreteras” señaló Efraín de la Cruz Sánchez, edil de Jamiltepec, quien encabeza el Frente Jurídico.
Además, se informó que se envió un documento al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Electoral en el que se
le extendía la invitación a esta reunión a la cual no asistió, a través de Yareli Cariño López, quien además de
llegar en representación del edil pinotense, Guillermo García Cajero, funge como secretaria del mencionado
frente.
Cariño López, dijo que se reunió con Ciro Martínez Gómez, Vocal Ejecutivo del INE, en el que le hizo saber la
inconformidad de la ciudadanía, ya que aún el Consejo General no ha dado a conocer el número de acuerdo
oficial del pasado 15 marzo, en el que se aprobó en sesión el cambio de sede a Puerto Escondido, lo cual, es
señal, agregó, de que se hizo a modo y unilateralmente.
Las etnias no fueron consultadas; en cada uno de los 27 municipios que han sufrido este agravio por parte del
INE, cuentan con un porcentaje de población indígena, señaló Moisés Toscano Clavel, expresidente municipal
de Pinotepa Nacional y exdiputado local.
La decisión de trasladar a Puerto Escondido la sede de la cabecera distrital Electoral es un agravio político,
social, económico e histórico, señaló Cariño López, para los municipios que componen el Frente Jurídico, ya
que “son más de treinta años de historia que quedan relegados”.
En este mismo sentido, el Vocal Ejecutivo, Ciro Martínez Gómez, explicó a la también Sindica Procuradora
que existe una posibilidad de que el módulo fijo de atención ciudadana en la Junta Distrital, sea trasladada a
Puerto Escondido, y a su vez, el provisional sea colocado en esta ciudad.
Por su parte, el cabildo de este municipio, en su sesión ordinaria el pasado sábado, aprobó que se redacte, a
propuesta de Juan Colón Silva, regidor de seguridad, la postura del Ayuntamiento ante el cambio de sede de la
cabecera distrital Electoral.
Ahí mismo, se dio a conocer, por medio del secretario municipal, José Alberto Hernández Clemente, que el
Ayuntamiento realiza lo indicado, recopilando los argumentos para proceder a la demanda por la vía legal, “el
presidente municipal está muy preocupado por esta decisión del INE”.
Anularán 17 mil contratos y plazas en 37
dependencias de Oaxaca
El titular de Administración dio a conocer que no hay recursos para cubrir el pago a estos
trabajadores. Detectan 2 mil “aviadores “contra quienes ya se iniciaron procesos
administrativos.
ÓSCAR RODRÍGUEZ23/03/2017 08:19 PM
Oaxaca
El gobierno de Oaxaca cancelará el contrato y plazas a unos 17 mil trabajadores de 37
dependencias estatales, entre ellas la de Salud, ya que se autorizaron de forma irregular
durante el régimen del ex gobernador Gabino Cué.
Los contratos fueron autorizados para dar trabajo a médicos, enfermeras en clínicas y
hospitales, y a personal administrativo y operativo en unas 36 dependencias estatales.

Los titulares de la Secretaría de Salud, Gabriela Velásquez y de Administración, Javier
Villacaña en el gobierno de Alejandro Murat, aseguran que no hay el soporte financiero
para cubrir el pago de los contratos, por lo que han optado por cancelarlos.
En tanto, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia gubernamental, señaló haber
detectado en la nómina del gobierno estatal entre los contratos autorizados en el régimen
del ex gobernador Gabino Cué a unos dos mil "aviadores " o personas que no ejercían
ninguna función en las dependencias estatales, contra quienes se iniciaron procesos
administrativos y multas.
EN EL SECTOR SALUD SON CINCO MIL PLAZAS
La secretaria de Salud estatal, Gabriela Velásquez, aseguró que por falta de recursos
económicos se sacará de la nómina de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a unos
cinco mil empleados contratados en los últimos dos años, cuya contratación fue irregular.
De acuerdo a un informe, la administración que encabezó Germán Tenorio Vasconcelos,
contrató sin sujetarse a una planeación financiera a cinco mil trabajadores sin haber tomado
en cuenta si realmente eran necesarios para la operación de los Servicios de Salud.
"Tienen trabajo ahorita, pero lo que no tenemos es una fuente de financiamiento que supla
sus quincenas, el estado les está pagando de más, por ello no tenemos otra opción que
empezar a rescindir los contratos", señaló.
Velásquez indicó que la dependencia a su cargo recibió un presupuesto de tres mil 900
millones de pesos, pero de ellos, el 65 por ciento se va directo a la nómina que la
conforman 20 mil personas, es decir, dos mil 400 millones de pesos que se utilizan en el
pago de sus quincenas.
"Es una cifra muy alta, el presupuesto resulta insuficiente si se observa el costo de la
nómina, por ello se está haciendo una reingeniería en la Secretaría para establecer la forma
en la que se va a paliar esa situación".
Gabriela Velásquez Rosas, indicó que no sabe qué va a suceder con el personal que satura
la nómina, porque no hay recurso para mantenerlo, no lo está enviando la Federación como
debería de ser y entonces nosotros estamos absorbiendo el costo por lo que se toma
decisión de despedirlos.
TAMBIEN EN ADMINISTRACION
En tanto en la Secretaría de Administración el titular de la dependencia, Javier Villacaña,
reveló que antes de dejar el cargo el ex gobernador Gabino Cué y su secretario de
Administración Alberto Vargas, entregaron unas mil 200 bases trabajadores.
Dijo que esta asignación fue ilegal e irregular porque la relación contractual con el sindicato
obligaba a las autoridades a otorgar solamente 40 plazas.
Villacaña aseguró que hay un desfase de mil 160 contratos que en la actualidad están
siendo analizados para revocar los que registren irregularidades.
Adelantó que están en proceso de anulación 40 bases.
Aseguró que el resto de las basificaciones laborales serán sujetas a una indagatoria para
tener certeza de que todos los empleados cumplieron con la normativa para formar parte de
la burocracia.
"Las que cumplan los requisitos no van a tener ninguna problemática, pero las que no, es
necesario actuar; no puedes incurrir en una omisión", dijo.
Indicó que la Secretaría de la Contraloría será la encargada de analizar los informes
proporcionados y en su momento fincar responsabilidades.
Villacaña Jiménez sostuvo que, en la actualidad, el gobierno del estado cuenta con una
nómina de 12 mil trabajadores diseminados en 36 dependencias y 18 organismos
auxiliares.
Tzotziles. Viven en el rincón más olvidado de la patria
Nuevo San Andrés no existe en los registros oficiales de Chiapas ni de Oaxaca para recibir beneficios ni
servicios públicos básicos; ahora, están sitiados por paramilitares

Desde el 24 de febrero pasado los habitantes de Nuevo San Andrés no pueden salir; el grupo paramilitar
llamado Ejército Chamula atacó a varios vecinos cuando éstos regresaban de Cintalapa
(ROSELIA CHACA)
“Saludamos a todos los asistentes en el rincón más olvidado de la patria”, dice una manta blanca
colocada en una pared de madera de la casa comunal de Nuevo San Andrés, una localidad perteneciente
a la agencia de Santa María Chimalapa. Se trata de un paraje de aproximadamente 480 hectáreas
ubicado dentro de una área en conflicto agrario entre Oaxaca y Chiapas. La manta es un recordatorio del
sentir de este pueblo chiapaneco que en 2015 reconoció ocupar tierras comunales de Oaxaca. Aquí viven
familias tzotziles, quienes acusan el abandono por parte del gobierno federal y estatal. Para llegar a
Nuevo San Andrés es necesario hacer un recorrido en vehículo de una hora y media en un camino
terracero y enmontado. Se atraviesa la zona más devastada del territorio Chimalapa. Los rastros de los
daños están por todos lados: ganadería, explotación forestal, invasores y chiapanecos. El visitante tiene
por fuerza que cruzar las tierras de Cintalapa, Chiapas, camino enemigo para todo comunero zoque-
chimalapa. El riesgo es alto, puede ser atacado por pistoleros del grupo paramilitar Ejército Chamula,
que busca recuperar los 480 hectáreas de tierra que controlan los habitantes de esta olvidada población
de tzotziles chiapanecos. Nace un territorio Nuevo San Andrés nació por un conflicto en la tenencia de la
tierra como resultado de un enfrentamiento histórico en la frontera entre Oaxaca y Chiapas. En 2008
autoridades del municipio de Cintalapa intentaron deslindarse de Nuevo San Andrés y entregar la zona a
particulares con el argumento de que era terrenos “nacionales”. Se trataba de un plan para seguir
avanzando en la invasión al territorio de los Chimalapas en Oaxaca, pues las tierras están dentro del
polígono de Santa María Chimalapa.
A finales de 2010, el municipio chiapaneco de Cintalapa, mediante el líder Elías Hernández Hernández,
convocó a indígenas tzotziles de Los Altos de Chiapas, específicamente de San Andrés Larráinzar, para
invadir terrenos oaxaqueños y formar un nuevo asentamiento que bautizaron como Nuevo San Andrés.
El municipio de Cintalapa entregó una constancia de posesión a nombre de Elías Hernández, mediante el
cual reconoce la posesión de 680 hectáreas de la invasión. Entonces Hernández entregó porciones de
terrenos a indígenas tzotziles e inició con las gestiones ante dependencias federales agrarias para la
regularización y reconocimiento de las tierras ocupadas. Un pequeño llano Desde hace 10 años,
alrededor de 100 personas de 20 familias tzotziles provenientes de los Altos de Chiapas integran la
comunidad de Nuevo San Andrés. Las casas están dispersas por un pequeño llano. El pueblo está
rodeado de cerros ya pelones, deforestados. La comunidad posee un aula de primaria recién construida,
la única de concreto; el resto es de madera. Durante mucho tiempo los niños no tuvieron acceso a la
educación. No poseen una tienda comunitaria, ni una clínica de salud. Tienen energía eléctrica, pero el
agua la acarrean desde un río que rodeo la población. Prácticamente Nuevo San Andrés no existe en los
registros oficiales para recibir beneficios de los servicios públicos básicos, ni en los de Oaxaca ni en los de
Chiapas. “Estamos prácticamente abandonados por el gobierno estatal y federal. No tenemos acceso a
salud, los niños están enfermos, no tenemos ni una pastilla. No recibimos ni una despensa del gobierno.
Apenas nos dieron educación y ahora se complica porque nos tienen amenazados y más de 15 días casi
no salimos por miedo a ser atacados otra vez. Se está agotando los productos básicos, porque tenemos
que bajar hasta Cintalapa, que es el pueblo más cercano para ir por víveres, pero con las amenazas, ya ni
bajamos; aquí estamos casi secuestrados”, explica Ramiro Luis Pérez, agente municipal. Aquí se vive
amenazado y con el temor de ser atacado por el Ejército Chamula. Vivir secuestrados Desde el 24 de
febrero, los tzotziles de esta comunidad no pueden salir. Ese día, nueve habitantes de la comunidad
fueron atacados por integrantes del Ejército Chamula cuando regresaban de conseguir víveres en

Cintalapa. El grupo armado es dirigido supuestamente por el chiapaneco Miguel López. Las amenazas
son concretas: los tzotziles serán arrasados un día y Chiapas recuperará el territorio en pugna. La
petición, explican, no es mucha. Exigen que el gobierno federal y estatal les brinde seguridad con un
destacamento militar y de policías estatales, pero sólo han obtenido silencio. “No nos mandan seguridad,
por más que ya denunciamos el ataque que sufrimos. Yo fui uno de los atacados, ese día no pude
escapar y me golpearon, me amarraron y me arrastraron por el camino y me tuvieron secuestrado, me
amenazaron de que me matarían si no me voy del pueblo, que matarán a todos”, narra Lorenzo Gómez,
secretario municipal. Lorenzo se pregunta una y otra vez cómo va irse de una tierra que compró hace
ocho años por 15 mil pesos. “Nos engañaron, nos dijeron que no eran de nadie y caímos”, cuenta todavía
con heridas en el rostro. Para las mujeres del pueblo la situación puede agravarse más. Así se lo
expresaron a los integrantes de la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés,
que arribó el sábado 18 de marzo a la comunidad. Angustiadas, al menos 50 mujeres contaron sobre el
miedo que tienen de que un día sean atacados en su propia comunidad; además, expresaron su
preocupación por la falta de víveres y la situación de dos embarazas y más de una docena de niños
enfermos que requieren atención médica, a la cual no han tenido acceso por que su comunidad está
sitiada. Ejército Chamula La situación que vive Nuevo San Andrés puede rastrearse hasta principios de
2015, cuando llegó a la comunidad Miguel López López, un tzotzil originario de San Andrés Larráinzar.
Venía acompañado con personas vinculadas al grupo paramilitar que se hace llamar Ejército Chamula; de
forma violenta, expulsa del territorio al antiguo líder, Elías Hernández, y toma el control del
asentamiento. Miguel López invita a más indígenas de Los Altos de Chiapas a ocupar terrenos dentro de
Nuevo San Andrés y cobra un pago de ingreso de 15 mil pesos; los terrenos de 30 hectáreas son vendidos
entre 40 mil a 100 mil pesos. Luego, presiona a los habitantes del asentamiento a realizar actos delictivos
contra los ranchos y poblados que colindan. Lo más grave fue el robo y lesiones a los dueños del rancho
El Tule, en Cintalapa, Chiapas, acción que la mayoría de los pobladores de Nuevo San Andrés reprobó.
Por esos hechos, una asamblea de la comunidad expulsó del asentamiento a Miguel López y a sus
seguidores —unas cinco familias— y nombraron como nuevo representante a Ramiro Ruiz Pérez. Miguel
López y sus seguidores se refugiaron en Cintalapa, pero por los delitos cometidos en el El Tule, fueron
detenidos gracias a la presión realizada por los dueños del rancho y por la gente que se quedó en Nuevo
San Andrés. Sin el líder, los pobladores de Nuevo San Andrés se abrieron al diálogo con los pobladores de
las localidades de José López Portillo y de Río Frío, pertenecientes a Santa María Chimalapa en Oaxaca.
Así, la comunidad reconoció que vive dentro de terrenos de Los Chimalapas. A finales de 2015 el
municipio de Santa María reconoció el asentamiento de Nuevo San Andrés como su localidad, por ello,
los tzotziles chiapanecos fueron citados, regañados, presionados y hostigados por funcionarios del
gobierno de Chiapas y Cintalapa.
Redacción del Piñero | @elpinero | 24, Marzo 2017
Van por sanciones en uso indebido de
información, conflicto de interés y tráfico de
influencias en Oaxaca
Jaime GUERRERO

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca,
aprobada desde 1996, y vigente, durante casi 21 años ha permitido impunidad para los
servidores públicos deshonestos, que abusaron del poder y de los fondos públicos.
Por lo pronto, en Comisiones, se analizará una nueva Ley compuesta por 228 artículos
y 6 transitorios contenidos en 2 libros y 23 capítulos, para alinear al orden constitucional
federal y local, y se homologue a la Ley General de Responsabilidades Administrativas
expedida por el Congreso de la Unión.
Con esas nuevas disposiciones, se pretende sancionar la desviación de recursos
públicos, utilización indebida de información, actuación bajo conflicto de interés,
contratación indebida, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.
La Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Eva
Diego Cruz, indicó que la nueva ley, (de aprobarse), establece que las sanciones e
indemnizaciones impuestas, tendrán carácter de créditos fiscales; por lo que serán
notificadas a la Secretaría de Finanzas o a las Tesorerías Municipales para que
procedan al cobro de las mismas, mediante la aplicación del procedimiento económico
coactivo.
Diego Cruz, destacó que primero es fundamental, abrogar toda la ley anterior, y será
necesario que con relación a las reglas del Juicio Político, la Declaración de
Procedencia Penal, así como la Indemnización por Reparación de Daños a Cargo de
los Servidores Públicos, se deberán generar nuevas leyes específicas porque se trata
de responsabilidades de tipo político y económico, previendo los ordenamientos del
nuevo Sistema Nacional y Estatal de Combate a la Corrupción.
La propuesta se enmarca, afirmó, en la creación del Sistema Estatal de Combate a la
Corrupción y guarda integralidad con el resto de propuestas que se han presentado en
el Congreso del Estado, para no solo armonizar la legislación local con la federal, sino
para realmente dar sustento a una nueva cultura de transparencia, legalidad y rendición
de cuentas.
Diego Cruz, destacó que contiene la parte sustantiva y adjetiva de los procedimientos
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado y sus
municipios.
Prevé faltas de servidores públicos y de particulares que afecten la función y la
hacienda pública, y en su parte adjetiva los procedimientos de responsabilidades
ajustados al debido proceso, respeto a los derechos humanos y al principio general del
derecho sancionatorio de la presunción de inocencia.
En su texto, también, se prevén faltas administrativas graves y no graves, con
sanciones graduables acordes a ellas y que hace obligatorio el actuar de las
autoridades en el combate a la corrupción, ya que de no hacerlo serán sancionados.
Diego Cruz, llamó a generar los consensos en los trabajos en comisiones, que permitan
dotar a Oaxaca de una legislación anticorrupción clara y efectiva, aplicable acorde a los
parámetros nacionales y que sirva de sustento a una nueva cultura de la legalidad en la
actuación de los servidores públicos.
En un día, mueren ocho personas en la Costa
de Oaxaca; seis fueron asesinadas

Una persona perdió la vida al estar trabajando en un templo en San Pedro Pochutla.
Tomás Martínez
Oaxaca.- Ocho personas fallecieron en las últimas horas en la zona de la costa, dos de ellas en
accidentes, una de ellas al caer de un templo cristiana, otro al sufrir un accidente en su
motocicleta y seis al ser asesinados a balazos en Pochutla, Juquila y Pinotepa Nacional.
Cae de la azotea de un templo
De acuerdo con el reporte de la policía, los hechos ocurrieron el lunes cuando Silverio Javier se
encontraba trabajando en la edificación de un templo cristiano ubicado en la colonia Tamarindos
de Santa María Colotepec del distrito de San Pedro Pochutla.
Al estar pegando tabiques en la segunda planta, el albañil perdió el equilibrio y por lo cual cayó
de una altura de siete metros aproximadamente, quedando sin vida frente al domicilio del señor
Clemente.
Los vecinos al escuchar el ruido pidieron ayuda de personal paramédico, pero confirmaron que la
persona ya no tenía signos vitales. Los policías municipales acudieron al lugar, donde
confirmaron que ya se encontraba sin signos vitales.
José Javier compareció ante el representante social para reclamar el cuerpo sin vida de quien
fuera su padre y reconoció que todo se debió a un lamentable accidente. El ahora extinto tuvo su
domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas y del caso se inició el acta penal por el delito de
homicidio.
Accidente en motocicleta
Por otra parte, en el hospital de Pinotepa Nacional dejó de existir, Víctor Manuel H.J. de 28 años
de edad, a consecuencia de las lesiones que sufrió al sufrir un accidente con su motocicleta y del
caso tomó conocimiento la autoridad ministerial.
Personal del centro hospitalario fue quien notificó a la fiscalía de Pinotepa Nacional del deceso
de Víctor Manuel y pidió la intervención de los agentes investigadores.
Los elementos policíacos ordenaron que el cuerpo sin vida fuera trasladado al panteón municipal
para la práctica de la necropsia de ley y del caso se inició el acta penal por el delito de homicidio.
Los familiares al acudir ante el representante social indicaron que Víctor Manuel era obrero, tuvo
su domicilio en Rancho Viejo Huaxpaltepec y les informaron que sufrió un accidente en su
motocicleta en el centro de Pinotepa Nacional. Del caso se inició el legajo de investigación por el
delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo.
Asesinado frente a pastelería
De igual forma, frente a una pastelería ubicada en la agencia municipal de Magdalena Loxicha
del distrito de San Pedro Pochutla, fue asesinado a balazos Aarón G.H. de 22 años de edad por
sujetos que lograron darse a la fuga.
El síndico municipal de San Agustín Loxicha, Abel Esteban Ambrocio José, fue quien pidió la
intervención de la autoridad ministerial, al indicar que había una persona con varios impactos de
arma de fuego frente a la pastelería Alondra, ubicada en centro de la población.

Al lugar arribaron los elementos policíacos para tomar conocimiento del deceso de Aarón, quien
tuvo su domicilio en San Francisco Cozoaltepec del mismo distrito. Del caso se inició el acta
penal 994/2017 por el delito de homicidio y el perito-médico confirmó que la persona presentaba
cuatro impactos de arma de fuego en el tórax y abdomen.
Baleado en su domicilio
Otro caso ocurrió en la comunidad de Corralero perteneciente a Pinotepa Nacional, donde fue
asesinado a balazos Joel P.T. de 55 años de edad y del caso tomó conocimiento el fiscal
comisionado en ese distrito.
Los hechos ocurrieron la tarde de ayer cuando el pescador, Joel se encontraba en su domicilio y
de pronto sujetos desconocidos llegaron a su vivienda para atacarlo a balazos.
Al arribar personal de socorro confirmó que Joel había fallecido al presentar tres impactos en el
costado del lado derecho, por lo cual tomó conocimiento la autoridad ministerial.
En la inspección ocular realizada en el lugar fueron localizados siete casquillos percutidos al
parecer calibre 9 mm y una ojiva. El perito médico acudió al panteón municipal para la práctica
de la necropsia de ley.
Ultimado a balazos
Y por último, durante la tarde de ayer fue asesinado a balazos, José Guadalupe A.B. de 39 años
de edad cuando se encontraba frente a una carnicería en la calle principal de la agencia municipal
de Río Grande perteneciente a San Pedro Tututepec del distrito de Santa Catarina Juquila.
A las 19:40 horas, José Guadalupe, estaba en la avenida Oaxaca de la colonia Tepeyac, al ser
interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en diversas ocasiones y le causaron
la muerte.
Vecinos del lugar mencionaron que José Guadalupe, fue originario de la Ciudad de México y
vivía en la colonia Roma en la agencia municipal de Río Grande. Del caso se inició el acta penal
por el delito de homicidio.
Masacre familiar
Un ebrio sujeto atacó a balazos y machetazos a su familia en la población de Paso Lagarto
perteneciente a Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla y que dejó el saldo de tres personas
muertas y cinco lesionados, entre ellos su hijos, su esposa, madre y un policía estatal.
De acuerdo a informaciones oficiales, Julio César JA de 28 años de edad, aparentemente
en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas, mató a balazos y machetazos a su hijo de
cuatro años de edad, a su tio y a su vecina, así como lesionó a cinco personas más: su madre, su
esposa, su hermano, su sobrina y un policía.
El hombre fue ingresado al hospital en calidad de detenido.
103 periodistas asesinados desde el 2000 en
México; Oaxaca y Veracruz encabezan la lista
México.- De el año 2000 a la fecha, Article 19 -organización independiente de Derechos
Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la
libertad de expresión- ha documentado el asesinato de 103 periodistas en México, por
la posible relación con su labor periodística. De estos, 30 se han registrado durante el
actual mandato del presidente Enrique Peña Nieto.

Ocho en Oaxaca y 8 en Veracruz, entidades con el mayor número de asesinatos
durante la presente administración Federal. Mientras que el gobierno estatal de Javier
Duarte de Ochoa, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de
2016, ha sido el más letal para los comunicadores.
Con el ex mandatario miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ahora
prófugo de la justicia, fallecieron 17 periodistas asesinados, para quedar en total -desde
el año 2000- con el mayor registro de asesinatos de periodistas por entidad, con 22.
Del total de periodistas asesinados, 95 son hombres y 8 son mujeres. Los casos más
reciente son el de Cecilio Pineda Birto, acontecido el pasado 2 de marzo en el municipio
de Pungarabato, en la Tierra Caliente del estado de Guerrero; ademas del de Ricardo
Monlui Cabrera, asesinado el 19 de marzo de 2017 en Ciudad Yanga, Veracruz; y el
ocurrido este jueves, con Miroslava Breach Velducea asesinada esta mañana en
Chihuahua, Chihuahua.
Por el asesinato de ésta última, la Oficina en México de la Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU
Mujeres), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
expresaron “su consternación y repudio”.
Según información disponible en medios locales, una persona disparó en contra de la
periodista cuando ésta salía de su domicilio y en presencia de uno de sus hijos. Breach
falleció camino al hospital. El parte policíaco informa que la periodista recibió múltiples
impactos en la cabeza.
“La Sra. Miroslava Breach ejerció el periodismo desde la década de los ochenta, con
una voz firme y favoreciendo líneas de investigación e informativas a favor de la
democracia y los derechos humanos. En particular, su trabajo arrojaba luz sobre la
situación de despojos y luchas por la tierra que viven las comunidades indígenas en
Chihuahua, los derechos de las mujeres y, de forma más reciente, las luchas entre
cárteles y la relación de éstos con el mundo político. La Sra. Breach fue corresponsal
durante más de 15 años del periódico nacional La Jornada y trabajaba para la agencia
El Norte de Juárez.”, señaló la CIDH en conjunto con la ONU-DH.
Los organismos internacionales instaron al gobernador del estado de Chihuahua, Javier
Corral Jurado, y a las autoridades correspondientes, a reforzar acciones dirigidas a la
protección del ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos
humanos.
“Las autoridades federales y estatales deben redoblar sus esfuerzos conjuntos para
abatir los elevados niveles de impunidad de Chihuahua. Sólo así, herramientas de
política pública como la alerta tendrán un efecto transformador para el libre ejercicio del
periodismo y la defensa de los derechos humanos.”, señaló la Relatoría Especial y la
Oficina en México del Alto Comisionado, a través de un comunicado.
“En estos momentos, cuando el estado de Chihuahua [tercer lugar con mayor número
de comunicadores asesinados en el país] está enlutado por la pérdida de una respetada
y querida periodista, es necesario tomar todas las medidas pertinentes para que este
abominable crimen no quede en la impunidad.”, enfatizaron la CIDH y la ONU-DH.
Fuente: http://zetatijuana.com/2017/03/23/103-periodistas-asesinados-desde-el-2000-
en-mexico-cidh-y-onu-expresan-su-repudio/
Gremio de periodistas de Tuxtepec pone
placa pública a favor de la libertad de
expresión

*Más de 40 periodistas y reporteros del norte del estado de Oaxaca tomaron la plaza
central del municipio de Tuxtepec y pusieron una placa contra la censura frente al
palacio municipal como una señal de que no permitirán continúen actos de censura por
funcionarios y autoridades.
Tuxtepec, Oaxaca.-Integrantes del gremio de periodistas de Tuxtepec de los distintos
medios de comunicación que dan cobertura informativa en la Cuenca del Papaloapan
pusieron una placa conmemorativa en el parque Benito Juárez de esta ciudad con los
nombres de quienes participaron en la movilización de las últimas semanas contra
actos de censura.
Acciones presuntamente orquestadas por funcionarios del gobierno municipal que
encabeza Fernando Bautista Dávila y que derivó en una movilización de unidad sin
precedentes locales y se materializo con este acto simbólico en la historia de la prensa
local donde se logra el consenso mayoritario para apoyar una causa común como la
defensa de la libertad de expresión y el rechazo a políticas que atentan contra derechos
de trabajadores de la información
El motivo de esta manifestación pública fue recordar en frente del palacio municipal
tuxtepecano que el movimiento de apoyo y solidaridad contra 3 compañeros
agraviados, Claudia Ramos, Oswaldo Martínez Oropeza y Luisa Cunjamá Hernández
que han presentado su denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y
contra algunos otros que vieron peligrar sus empleos con llamadas intimidatorias de
funcionarios municipales a sus empresas, es un movimiento contra la posibilidad de que
el espionaje, el condicionamiento de líneas editoriales no se vuelvan políticas de
gobierno municipal alguno, sostuvo Santiago Méndez Agama, Director de TV Bus.
El Director de Elmuromx sostuvo que este acto simbólico tiene una importancia histórica
porque a pesar de las diferencias entre compañeros del gremio se ha construido un
grupo que sido solidario contra la embestida de funcionarios públicos y dicha placa
frente al palacio municipal es una manera decirle a la sociedad tuxtepecana que dicho
movimiento no tiene que ver con dinero, tintes políticos, sino con la exigencia que se
garanticen un periodismo en libertad.
José Antonio Márquez Chávez, Director de Noticias Voz e Imagen de la Cuenca, que se
desempeñó durante el movimiento como el interlocutor con la autoridad municipal
precisó que dicha placa conmemora la posibilidad de que la prensa en Tuxtepec se
pueda unir para defender derechos no solo gremiales sino ciudadanos y es una
exigencia a la autoridad municipal para que actué ante dichos actos y se castigue a los
responsables sin caer en la simulación que históricamente ha caracterizado a los
servidores públicos.
Del mismo modo Eric Rafael Ramírez, ex corresponsal de medios nacionales y
periodista en activo en organismos públicos sostuvo que dicha placa es una
representación de la unidad donde aparecen el nombre de más de 40 reporteros y
periodistas que se atrevieron a exponer su trabajo, sus acuerdos comerciales con el

ayuntamiento para frenar una posible maquinaria que sigue amenazando con
institucionalizar la censura al mantenerse la sospecha que los presuntos responsables
de iniciar estos hechos sigan operando para el gobierno davilista.
Después de que varios periodistas hicieron uso de la voz, se volvió a gritar la consigna
de No a la censura y no al espionaje y se llegó al consenso que la ruta que sigue es
continuar con temas que permitan a la ciudadanía mantenerse informada sin obstáculos
por quienes tienen el poder y encaminar dicho movimiento a fortalecerse frente ataques
de los gobiernos o sus funcionarios, sino también la búsqueda de profesionalizar a los
integrantes del gremio para ejercer un periodismo con mejores herramientas y
conocimiento.
Los reporteros que firmaron durante la movilización por la lucha contra la censura, el
espionaje y el acoso empresarial para cuartar la libertad de expresión que aparecen en
dicha placa con los siguientes:
Anelk Torres Medina
Claudia Ramos
José Alberto Coronado
Antonio Moreno Soto
Eduardo Contreras
Carolina Mejía
Cristian Barrios
Ernesto Van Vollenhoven Hernández
Edgar Perea
Georgina Martínez
Carlos Abad
Luis Fernando Paredes Porras
Iván Nava
Víctor López Medinilla
Victorio Miravete
Luisa Adriana Cunjamá Hernández
Alejandro Galván Yañez
Lucio Mejía
Carlos Valis
Eric Rafael Ramírez
Alejandro Pérez González
Jorge B. Desgarennes A.
Eder Valera Bravo
Eduardo Cervantes Bravo
Rosa María Alvarado
Oswaldo Martínez Oropeza
Jael Emmanuel Cervantes Solís
Jorge Alberto Acevedo Velásquez
Antonio Mundaca
Karen Rojas Kauffmann
Dora Timoteo
Bertín Valencia
Santiago Méndez Agama
Antonio Márquez

Luz Romero
Iván Ortiz
Alejandro Morales
David Barahona
Víctor Ávalos
Joel Avendaño
María Victoria Soriano Bustos
Teodoro Pérez Cuenca
Karla Katalina Arrazola Palafox
Gil Lira
Moises Huantes
Gilberto Sánchez
Crimen contra la libertad
Miroslava Breach muere acribillada
Sicario balea a la corresponsal de La Jornada cuando salía de su domicilio, en
Chihuahua
El asesino deja mensaje que se atribuye a El 80
Su actividad profesional, una línea de investigación
Tras la trágica muerte de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de este diario en Chihuahua, el gobernador
Javier Corral Jurado decretó tres días de luto en la entidadFoto tomada de la página de Facebook de la reportera

GUSTAVO CASTILLO Y RUBÉN VILLALPANDO
Enviado y corresponsal
Chihuahua, Chih.
Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora
de Norte, de Ciudad Juárez, fue asesinada ayer por la mañana. Cuando la periodista salía de su
domicilio a bordo de una camioneta, un hombre se acercó caminando hasta donde ella estaba y le
disparó en ocho ocasiones.
Los hechos ocurrieron minutos antes de las siete de la mañana, cuando la comunicadora
esperaba que su hijo saliera de su casa ubicada entre las calles José María Mata y Río Aros,
colonia Las Granjas, para llevarlo a la escuela.
Las primeras investigaciones señalan que el hombre estuvo apostado a unos metros de
distancia de donde vivía Miroslava Breach, y mientras ella apuraba a su hijo para llegar a tiempo
a la escuela, el homicida se colocó frente a la camioneta y realizó dos disparos, luego caminó
hacia el lado del conductor y abrió fuego desde el otro costado, por último, disparó por la parte
trasera del vehículo con un arma calibre 9 milímetros.
Luego del ataque, el agresor se alejó corriendo mientras vecinos y familiares de la periodista
realizaban llamadas telefónicas de auxilio.
Eran las 7:06 horas. Minutos después arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja.
Las autoridades locales aseguraronun video captado por una de las cámaras de vigilancia de
la zona, en el cual se aprecia a un sujeto de entre 1.75 y 1.80 metros de estatura, vestido con una
sudadera negra con capucha.
Miroslava Breach, quien durante 20 años fue corresponsal de La Jornada y de la publicación
electrónica Norte, de Ciudad Juárez, falleció mientras los paramédicos le brindaban los primeros
auxilios y la trasladaban a un hospital de esta capital.
Breach Velducea realizó investigaciones relacionadas con cuestiones de narcotráfico, entre
las que destaca el descubrimiento de la identidad de integrantes de dos de los principales grupos
criminales que operan en la entidad.
También elaboró trabajos periodísticos relacionados con actos de corrupción durante el
gobierno de César Duarte.
En su labor periodística escribía una columna política en la cual describía actos de corrupción
que involucraban a autoridades estatales y municipales.
En ese contexto, el atacante de la periodista, luego de disparar, dejó una cartulina en la que
estaba escrito: Por lengua larga. Siguen llegados al gobernador y el gober. El 80.
El 80 es identificado como Carlos Arturo Quintana y es considerado líder de un grupo
criminal relacionado con elcártel de Juárez que opera en la zona occidente del estado, señalaron
autoridades chihuahuenses. El mensaje que dejó el atacante constituye una de las líneas de
investigación.
Horas después del asesinato, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Augusto
Peniche Espejel, informó que la principal línea de investigación que se sigue en el homicidio de
la comunicadora es su actividad profesional.
Dijo que Breach Velducea no había solicitado protección ni se tenía antecedente de que
hubiera sido amenazada.
Peniche Espejel sostuvo que estaba sorprendido por la forma cobarde en que fue asesinada, ya
que la conocía y frecuentemente lo entrevistaba. Agregó que los peritos recaban más evidencias
en la escena del crimen, entre ellas algunos videos captados por cámaras de seguridad de
negocios cercanos.
Al domicilio de la periodista se trasladó Francisco Muñoz, secretario particular del
gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y minutos después arribó el propio mandatario
panista.

El cuerpo de Miroslava Breach oMiros, como era conocida entre sus compañeros de trabajo,
fue trasladado al Servicio Médico Forense para que le practiquen la necropsia de ley.
El gobernador Corral se entrevistó con los hijos de la periodista, les expresó su solidaridad y
decretó tres días de luto en Chihuahua.
Explicó que esta acción tiene el propósito de llamar la atención de las autoridades de todo el
país en cuanto a las agresiones que se han registrado contra periodistas y el efecto negativo que
tienen estos actos para la libertad de expresión.
Es un recordatorio de que las autoridades no han tenido éxito en seguridad, afirman
Organismos nacionales e internacionales demandan que la
ejecución no quede impune
FERNANDO CAMACHO, GEORGINA SALDIERNA Y JOSÉ A. ROMÁN
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, así como activistas de derechos humanos a
título personal, condenaron el asesinato de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua,
Miroslava Breach Velducea, ocurrido ayer jueves cuando la periodista salía de su domicilio, y
llamaron a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva para que el crimen no quede en
la impunidad.
La Oficina en México de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres, la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos enviaron un comunicado conjunto sobre el tema.
En ese documento subrayaron que Breach ejerció el periodismo desde la década de los años
80, con una voz firme y favoreciendo líneas de investigación e informativas a favor de la
democracia y los derechos humanos. En particular, su trabajo arrojaba luz sobre la situación de
despojos y luchas por la tierra que viven las comunidades indígenas de Chihuahua.
Su asesinato, lamentaron, es un triste recordatorio de que las acciones emprendidas por las
autoridades no han logrado revertir la violencia que sufren periodistas y defensores de derechos
humanos, a pesar de la formación de mecanismos encargados de proteger a ambos gremios.
Por su parte, la Delegación de la Unión Europea en México lamentó el asesinato de Breach –a
quien calificó de una reconocida periodista– e hizo un llamado a las autoridades mexicanas a
que desplieguen todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo una investigación expedita, con el
fin de identificar y juzgar a los responsables.
Además, la representación diplomática del bloque comunitario subrayó que ante la
preocupante reincidencia de asesinatos de periodistas en el país, el gobierno debe hacer uso de
todos los medios a su alcance para garantizar la protección de las personas que ejercen el
periodismo en México.
De forma paralela, diversas organizaciones de comunicadores y de análisis de libertad de
expresión, entre ellas Artículo 19, la Red de Periodistas de a Pie y el Colectivo de Cronistas
Iberoamericanos, dieron a conocer una carta abierta en la cual denuncian que el gobierno federal
y los estatales no han actuado para impedir que los comunicadores sigamos siendo asesinados.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión,
dijeron, sólo actúa para la simulación y el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores
es incapaz de prevenir estos crímenes.
Además, las investigaciones de muchos otros casos han llegado a un punto muerto, porque las
autoridades encargadas no están actuando para resolver sino para quitarse la responsabilidad de
encima o, todavía peor, encubrir a los culpables.

Por tal razón, exigieron a las autoridades un cambio completo de actitud, que pasen de la
negligencia o la complicidad a un compromiso verdadero, y que lleven a cabo
investigaciones honestas, transparentes y profesionales sobre el asesinato de sus compañeros,
donde se considere su labor periodística como una línea de investigación primordial.
De su lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitó a la Fiscalía General de
Chihuahua adoptar de forma inmediata todas las medidas precautorias necesarias para
salvaguardar la integridad de los familiares de la comunicadora, como víctimas indirectas de este
hecho delictivo.
Además, dadas las características del homicidio, solicitó a las autoridades encargadas de la
investigación a investigar el crimen de Breach Velducea bajo la perspectiva de género, y tomando
en cuenta la labor periodística que desarrollaba la víctima.
Graciela Ramos, regidora independiente del municipio de Chihuahua y defensora de derechos
humanos en esa entidad, manifestó que Miroslava Breach siempre fue una periodista muy seria,
responsable y solidaria con las causas de los derechos humanos, las mujeres, los campesinos y el
medio ambiente.
La también integrante del Movimiento de Mujeres de Chihuahua aseveró queeste no es un
hecho aislado ni existe una sola razón para este asesinato. Creemos que puede tener que ver con
las investigaciones que estaba haciendo. Es un mensaje de distintos grupos, que podrían estar
mancomunados, para desestabilizar al estado.
Andrea Medina, colaboradora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, se dijo
desconcertada por el asesinato de Miroslava Breach, sobre todo porqueeste es un momento de
transformación en Chihuahua, en el cual muchas personas apostaron por un cambio de
autoridades o se han puesto a trabajar de manera directa en ese gobierno, por eso queremos
verdad y justicia.
Con la muerte de Breach, agregó la activista, la sociedad pierde voz y experiencia, además de
una persona fundamental para la democracia. Chihuahua ha estado marcado por la impunidad y
por las dificultades para avanzar en la democracia, pero también por personas muy tenaces para
lograr un cambio y Miroslava estuvo ahí.
¡Ya basta!
E
ste jueves 23 de marzo nuestra corresponsal en la capital del estado de Chihuahua, Miroslava
Breach Velducea, fue arteramente asesinada por un hombre armado. El criminal le disparó ocho
balas calibre 9 milímetros cuando la periodista salía de su casa.
Miroslava tenía más de 20 años de trabajar en La Jornada. Antes había colaborado en
el Diario de Chihuahuay en el Norte de Ciudad Juárez. A lo largo de todo este tiempo, sus notas
y reportajes documentaron fehacientemente la violación a los derechos humanos y la imparable
influencia del narcotráfico en la entidad.
En los pasados comicios locales, Miroslava informó sobre la imposición de ediles por parte
del crimen organizado en las listas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido
Acción Nacional (PAN), en municipios serranos y en corredores de trasiego de drogas. En agosto
de 2016 desmenuzó la bestialidad con la que el narco desterró a centenares de familias en la
sierra de Chihuahua.

El homicida dejó una cartulina en el lugar de los hechos donde se decía que la habían
ultimado por lengua larga. Inmediatamente después de su escrito sobre las expulsiones en la
sierra recibió una amenaza anónima, a la que las autoridades no prestaron la debida importancia.
El asesinato de nuestra corresponsal se efectuó en el contexto de dos hechos relevantes. La
violenta escalada criminal en Chihuahua, en la que fue asesinado el dirigente rarámuri Isidro
Baldenegro López, incansable defensor de los bosques y el territorio de su pueblo. Y la incesante
agresión en contra de los periodistas en casi todo el país, que tiene como saldo trágico tres
profesionales asesinados en menos de un mes: Ricardo Monluí Cabrera, en Veracruz, Cecilio
Pineda, en Guerrero, y Miroslava Breach, en Chihuahua.
La violencia en esta entidad tiene tras de sí una larga historia, recrudecida a partir de la
absurda guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. No en balde, Ciudad Juárez fue
bautizada como el epicentro del dolor. Termómetro de esta descomposición es un letrero
colocado en una librería de la capital: Si la letra con sangre entra, México estará leyendo mucho.
Sin embargo, con la llegada a la gubernatura de la entidad de Javier Corral, la disputa de los
cárteles por el territorio, las rutas y los mercados de la droga (ahora también por el crystal) ha
rebrotado. No es un asunto de percepción sino de hecho. La imagen del gobernador jugando golf
en Mazatlán mientras su estado se desangra, y de la ausencia de policías federales cuidando las
calles ante verdaderas batallas (con vehículos artillados incluidos) entre bandas del crimen
organizado, es una pésima señal a la ciudadanía.
El asesinato de Miroslava Breach muestra a un gremio periodístico cada vez más
desprotegido ante los criminales. La impunidad que rodea las agresiones en su contra es un
aliciente para que sus perpetradores sigan cometiéndolas. La violencia que sufren provoca que no
se pueda informar lo que verdaderamente está pasando en este país. Prácticamente no hay entidad
que escape a ella. Cada vez es más peligroso decir la verdad.
Desafortunadamente, el peligro que se cierne sobre los periodistas no es exclusivo de este
gremio. Vivimos en un país en el que la inseguridad es la nota de todos los días para la inmensa
mayoría de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que no disponen de recursos para contratar
seguridad privada o que no cuentan con escoltas facilitadas por la administración pública.
Desde aquí, expresamos nuestra solidaridad con la familia de Miroslava Breach y con un
gremio golpeado sin piedad por las mafias del crimen organizado. ¡Ya basta! Queremos un país
donde los ciudadanos podamos vivir sin la amenaza de ser víctimas de la delincuencia, y en el
que los medios puedan informar con veracidad sobre lo que sucede.
Demandamos una investigación conforme a la ley, rápida, exhaustiva y certera. Queremos
que se encuentre a los asesinos y no que se inventen chivos expiatorios. Exigimos verdad y
justicia. ¡Ya!
Diputados de Chihuahua ceden la tribuna a comunicadores indignados
Justicia para Breach y castigo a criminales, claman en el
Congreso
El Legislativo fija plazo a la autoridad para resolver la muerte de dos profesionales
Reporteros y comunicadores de diversos medios de la ciudad de Chihuahua tomaron la tribuna del Congreso estatal para
exigir a las autoridades el esclarecimiento de los asesinatos de Miroslava Breach Velducea y Adrián RodríguezFoto
cortesía de Óscar Rodríguez

RUBÉN VILLALPANDO
Corresponsal
Ciudad Juárez, Chih.
Reporteros y comunicadores de diversos medios de Chihuahua exigieron ayer a las
autoridades, desde la tribuna del Congreso del estado, el esclarecimiento de los asesinatos de
Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, y Adrián Rodríguez, periodista local
ultimado el año pasado.
De manera insólita, el Legislativo cedió la tribuna del máximo recinto a los periodistas y
César Ibarra tomó la palabra.
Me duele el alma pensar que en cualquier momento un compañero, un amigo, sea asesinado
por decir la verdad. Venimos aquí no con tintes políticos, somos reporteros y queremos justicia
para nuestros compañeros asesinados, manifestó Ibarra.
Los diputados se sumaron a la exigencia de dar respuesta al gremio y que no quede impune el
asesinato de Breach Velducea.
Los periodistas exigieron justicia para la comunicadora y sus familiares y castigo para los
responsables de los asesinatos; además, demandaron mejores condiciones para ejercer la
profesión de manera segura en un estado donde diversas áreas son dominadas por el crimen
organizado.
César Ibarra solicitó a los legisladores consultar al gremio para elaborar la ley de protección a
periodistas, pues no es posible que el Congreso emita una legislación y un protocolo sin consultar
a los interesados o a las organizaciones a las que pertenecen, dijo.
Pedro Torres Estrada, periodista y legislador por Morena, condenó el asesinato de Miroslava
Breach y señaló que el ataque también fue contra una sociedad demasiado agraviada.
Con 27 reporteros asesinados desde 2000, en Chihuahua no existen condiciones para ejercer
el oficio, indicó.
La mayoría de periodistas que asistieron al Congreso portaban cartulinas en las que exigían a
diputados, al gobernador Javier Corral y a los funcionarios estatales que no piensen de manera
partidista, sino como ciudadanos.
Exigieron que emitan un posicionamiento, y la diputación estatal, incluyendo a los
legisladores del PAN, que controla el Congreso, declaró que daba un plazo corto a la fiscalía para
aclarar el caso de manera contundente, por el bien de la democracia y la justicia.
La manifestación duró casi dos horas y los periodistas acordaron regresar este viernes a
presentar los planteamientos de sus organizaciones o de manera individual.
Se asienta en la zona para sembrar amapola, cultivo que desplazó a la mariguana
Destierra el narco a centenares de familias de la sierra de
Chihuahua
Con amenazas de muerte les impiden regresar; se apropian de casas, ganado, tierras…
Al alza, asesinatos en municipios serranos, reconoce la FGE; se cometieron mil 770 de
2011 a 2015

Aspecto de la comunidad serrana de Loreto, municipio de Chínipas, Chihuahua, una de las más afectadas por la violencia
de narcotraficantes que despojan a los pobladores de todos sus bienesFoto Miroslava Breach
MIROSLAVA BREACH VELDUCEA
Corresponsal
Chihuahua, Chih.
Centenares de familias desplazadas de las comunidades y pueblos serranos de Chihuahua han
perdido sus casas, ganado y tierras, a manos de narcotraficantes que con amenazas de muerte les
impiden regresar.
La historia es la misma en las comunidades de La Lobera, Milpillas, El Huicochi, Las
Chinacas, en el municipio de Chínipas; El Manzano, en Urique; Ocoyachi y Jicamorachi, en
Uruachi; Bocoyvo, en Batopilas; El Durazno, en Guadalupe y Calvo: grupos de sicarios
irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus viviendas y propiedades; luego se asientan en la
zona para sembrar amapola, de la que obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda
desplazó el cultivo de mariguana en la región.
En los tres años recientes se incrementó la presión sobre los habitantes de la serranía. Los
cabecillas de grupos criminales en la región han aniquilado familias completas en su ambición
por el control de la producción y compraventa del enervante.
Los asesinatos vinculados al crimen organizado habían repuntado en los municipios serranos,
pero desde abril pasado hubo un incremento en las principales urbes del estado, donde se había
tenido una disminución de homicidios en el pasado.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge González Nicolás, reconoció la
tendencia al alza en las cifras de crímenes y la atribuyó a una disputa entre bandas que se libra en
calles de las ciudades de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, donde losnarcomenudistas se
disputan el mercado de drogas sintéticas como elcrystal, que es de reciente ingreso al mercado
local.
En las zonas urbanas las víctimas de las disputas entre grupos de narcotraficantes se cuentan
con facilidad, mientras los medios de comunicación hacen que la estadística oficial sea más
realista, pero aun así no existe una cuenta exacta de las personas ultimadas en los pueblos de la
sierra. El terror hace que las familias callen y se resignen a enterrar a sus muertos.
No se atienden llamados de alerta
En marzo pasado, un grupo de senadores de PRI, PAN y PRD, pidió la intervención del
presidente Enrique Peña Nieto ante la escalada de violencia en la sierra de Chihuahua, con base
en reportes del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia.
Ese organismo ya apuntaba que en el primer trimestre de 2016 la entidad tenía una tasa anual
de homicidios de 24.7 por cada 100 mil habitantes, y en los municipios serranos el índice
aumentaba exponencialmente más de ciento por ciento, principalmente en Guachohi y Guadalupe
y Calvo.
Por esos días, la Caravana por la Justicia en la sierra Tarahumara viajó a la Ciudad de
México, donde se entrevistó con el grupo de senadores que ha seguido sus demandas, y denunció

el desplazamiento de familias en las comunidades y el despojo de sus tierras para dedicarlas al
cultivo de amapola.
De ahí derivó la presentación de una iniciativa de punto de acuerdo por parte de la senadora
chihuahuense Silvia Martínez Elizondo, para hacer un exhorto a Peña Nieto, para que se tomaran
acciones y atender los problemas de seguridad y violencia que viven los habitantes de la sierra
Tarahumara. Los meses pasaron y no hay respuesta.
Hace dos semanas llegó de nuevo una advertencia del Observatorio Ciudadano de
Prevención, Seguridad y Justicia, que detectó una tendencia al alza en el número de homicidios
de abril a la fecha. Los datos fueron presentados por Sergio Ochoa Muñoz, coordinador de la
comisión de indicadores de la mesa de seguridad.
De acuerdo con la FGE, mientras la tendencia en el número de homicidios dolosos era
decreciente en las zonas urbanas, en los pasados cuatro años, en tanto los municipios de la sierra
tenían un comportamiento inverso. En 12 de los 22 municipios serranos se cometieron mil 442
asesinatos en el periodo 2005-2010; la cifra aumentó a mil 770 de 2011 a 2015.
Chínipas, botón de muestra
El asesinato de familias completas y el desplazamiento forzado que ocurre en Chínipas, ubicado
en la parte baja de la sierra Tarahumara –en los límites con Sonora y Sinaloa–, es un botón de
muestra de la situación general que priva en la sierra.
Desde finales de 2012, la banda delictiva Los Salazares, comandanda actualmente por Crispín
Salazar Zamorano, empredió una limpia de presuntos enemigos en la región que tiene bajo su
control, desde los pueblos de San Rafael, Bachichivo, Guazaparez, Temoris, la cabecera
municipal de Chínipas y los poblados de Milpillas, La Lobera, Las Chinacas y El Huicochi, en la
zona límitrofe con Álamos, Sonora.
Moisés Velderrían Chávez y seis de sus hijos fueron asesinados por presuntos sicarios de
Crispín, después de que su sobrino Alfredo Salazar Ramírez y su hermano Adán Salazar
Zamorano fueron aprehendidos en el último año del gobierno del ex presidente Felipe Calderón.
Sólo tres hijas de Moisés sobrevivieron a la venganza del capo.
El año pasado, presuntamente sicarios a su mando, expulsaron a las familias de los poblados
limítrofes con Sonora e iniciaron una cacería contra quienes señalan como enemigos.
En La Lobera, de donde fueron expulsados unos cien habitantes, los hombres de Crispín
Salazar saquearon y destruyeron la mayoría de las casas; uno de los sobrinos del narco se instaló
en la única casa que dejaron en pie. Las tierras, las huertas de manzana y el ganado de la gente,
cambiaron de propietario.
El Huicochi, un páramo
Lo mismo sucedió en El Huicochi. El año pasado un grupo de pistoleros llegó al cacerío de unas
40 familias y ordenó el desa-lojo; desde entonces la comunidad está desolada. En la presente
temporada de lluvias las tierras están sembradas con enervantes y el ganado sirve de alimento a
los sicarios que patrullan los caminos.
Las dos localidades más grandes, Milpillas y Las Chinacas, donde vivían poco más de mil
500 personas, se han vaciado a la mitad. Sólo regresaron quienes aceptaron las nuevas
condiciones impuestas por la banda de Los Salazares.
Abandonados a su suerte, los habitantes de la serranía han optado por emigrar a las ciudades,
entre más alejados de Chihuahua, es mejor, dicen algunos. Los desplazados se mantienen en
contacto mediante las redes sociales y convocan a las familias para viajar en grupo a la Ciudad de
México.
No pretenden hacer denuncias ni manifestaciones, buscan congregarse para acudir a la
Basílica de Guadalupe a pedir protección a la Virgen y que les permita regresar a sus pueblos, sus
casas y sus tierras.
Esperan un milagro divino de la Guadalupana, dicen, porque hasta ahora las autoridades
gubernamentales los tienen olvidados, mientras los cabecillas del narcotráfico permanecen
intocados e impunes.
(Trabajo publicado el sábado 6 de agosto de 2016.)

La impunidad mata a la libertad de
expresión: 47 periodistas asesinados,
solo hay 3 condenas
El homicidio ayer de Miroslava Breach es el tercero en lo que va de 2017 y el segundo en
apenas cuatro días, luego de que el pasado 19 de marzo el periodista Ricardo Monlui fue
asesinado en Yanga, Veracruz.
De las 798 denuncias por agresión a periodistas, la FEADLE informó que solo 107 han dado
como resultado que el presunto agresor fuera consignado ante un juez.Cuartoscuro
Manu Ureste (@ManuVPC)
marzo 24 2017 06:00
FONDEA el periodismo independiente
Agredir a un periodista en México, o matarlo a tiros como el último caso de Miroslava
Breach, corresponsal del diario La Jornada que fue asesinada ayer jueves en la ciudad de
Chihuahua, no se castiga casi en ningún caso con una sentencia condenatoria por parte de la
Justicia.
Así lo evidencian cifras oficiales: de acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra
la Libertad de Expresión (FEADLE), en algo más de seis años -de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016-
se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas.
Pues bien, de esas 798 denuncias, de las cuales 47 fueron por asesinato, la FEADLE informó en
respuesta a una solicitud de transparencia que solo tiene registro de tres sentencias
condenatorias: una, en el año 2012; y otras dos en 2016. O en otras cifras: el 99.7% de las
agresiones no ha recibido una sentencia.
El caso del periodista Moisés Sánchez es un ejemplo de lo anterior. Sánchez, editor del semanario
La Unión de Medellín, fue privado de su libertad en Veracruz por un grupo armado el 2 de enero
de 2015 y posteriormente asesinado.
Por este homicidio hay cuatro personas que recibieron formal prisión, pero ninguno ha sido
sentenciado a la fecha. Además, el exalcalde de Medellín, Omar Cruz, presunto autor intelectual
del asesinato según la Fiscalía, siguelibre y prófugo más de 700 días después del suceso.
Por otra parte, de las 798 denuncias por agresión a periodistas, la FEADLE informó que solo 107
han dado como resultado que el presunto agresor fuera consignado ante un juez. Esto es, el
13% de los casos, o solo uno de cada 10.El resto, continúan impunes.

Checa aquí la respuesta vía transparencia de la FEADLE sobre el número de sentenciados.
Y aquí la respuesta sobre los consignados por agredir a periodistas.
Miroslava investigó cómo el narco desterró de la sierra a cientos de familias
Ayer jueves 23 de marzo tuvo lugar un nuevo asesinato de un periodista en México; el tercero en
lo que va de 2017, y el segundo en apenas cuatro días,luego de que el pasado 19 de
marzo Ricardo Monlui, periodista de El Político y El Sol de Córdoba, fuera acribillado a tiros en
Yanga, Veracruz.
Se trata de Miroslava Breach, periodista que trabajó para medios como El Diario de Chihuahua,
El Heraldo de Chihuahua, los portales digitales Aserto y Norte, y como corresponsal en
Chihuahua del diario La Jornada.
Periodistas consultados por Animal Político refirieron que Miroslava Breach cubrió durante más
de 20 años de trayectoria diversos temas en Chihuahua, como violaciones de derechos humanos,
abusos policiales, luchas por la tierra en comunidades indígenas de la sierra Tarahumara,
derechos de la mujer, y también actividades del crimen organizado.
“Miroslava era una profesional íntegra; de las corresponsales más importantes y confiables de
La Jornada. A ella le tocó cubrir la peor etapa de la Guerra contra el Narco en Chihuahua y
siempre estuvo al pie del cañón haciendo su trabajo”, dijo en entrevista Javier Valdez,
compañero de Miroslava en el diario capitalino y autor de Narco Periodismo, entre otras obras.
Precisamente, el 6 de agosto del año pasado, Miroslava publicó una investigación en La Jornada
sobre cómo grupos del crimen organizadodesterraron a centenares de familias de la sierra de
Chihuahua.
En el reportaje que puedes leer aquí, la periodista documentó que en comunidades serranas de
Chihuahua como La Lobera, Milpillas, El Huicochi, y Las Chinacas, en el municipio de
Chínipas, sicarios irrumpían para ordenar a los pobladores a dejar sus viviendas y
propiedades. Luego, estos se asentaban en la zona para sembrar amapola de la que obtenían
goma de opio; la base de la heroína cuya demanda desplazó al cultivo de mariguana en la región.
“El asesinato de familias completas y el desplazamiento forzado que ocurre en Chínipas,
ubicado en la parte baja de la sierrra Tarahumara –en los límites con Sonora y Sinaloa- es un
botón de muestra de la situación general que priva en la sierra”, escribió Miroslava en agosto de
2016.
Más recientemente, hace tan solo 10 días, Breach firmó una nota también para La Jornada acerca
del posible hallazgo de fosas clandestinas en Madera, Chihuahua.
“No hay duda: el homicidio de Miroslava fue por su actividad periodística”
Luis Javier Valero, columnista de la cadena estatal El Diario y periodista del portal de noticias
Aserto, del cual Miroslava fue una de sus cofundadoras, subrayó que en su opinión el asesinato
de la comunicadora estuvo motivado por su actividad como periodista crítica.
“En otros casos uno puede tener dudas, pero en el caso de Miroslava es una certeza de que su
homicidio obedece claramente a su actividad profesional, especialmente desde el año 2008,
cuando ella comenzó a documentar la oleada homicida en Chihuahua”, señaló Valero en
entrevista.
En concordancia con esta opinión, ayer los periodistas del Norte de Ciudad Juárez dieron un
posicionamiento en el que destacaron que no les queda “ni la menor duda” de que “las balas que
cegaron la vida de Miroslava son producto de su actividad profesional”. Por lo que pidieron al
gobernador de Chihuahua y a la PGR que esclarezcan el crimen y castiguen a los responsables.
En respuesta, el mandatario Javier Corral dijo que la actividad periodística de Miroslava
Breach ya es la principal línea de investigación, y anunció la creación de un grupo especial
multidisciplinario para la indagatoria, en el que participará la FEADLE.
“El crimen de Miroslava no quedará impune”, prometió Corral.

Las corporaciones policiacas podrán actuar de manera preventiva para evitar violencia
Avala la Corte uso de la fuerza en Edomex contradisturbios
públicos
Se abre la puerta para la disolución de manifestaciones, aunque sean pacíficas:
ministros que se opusieron
JESÚS ARANDA
En votación dividida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer
que las corporaciones policiacas del estado de México utilicen la fuerza ‘‘en contra de multitudes
y disturbios públicos’’ de manera preventiva para evitar actos de violencia.
Los ministros que votaron en contra aseveraron que ello abre la puerta para la disolución
violenta de manifestaciones, aun cuando la mayoría de personas sean pacíficas y quienes realicen
actos de violencia sean ‘‘pequeños grupos e incluso infiltrados’’.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández aseveró que, ‘‘dada la generalidad de la disposición
y la ausencia de reglas precisas de actuación en estos casos, la manifestación podría ser
considerada violenta y disuelta en violación al derecho de reunión y de expresión’’.
Al continuar con la discusión de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las
comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos en contra de diversos artículos de la ley que
regula el uso de la fuerza pública en el estado de México, el máximo tribunal validó los artículos
14, 15, 16 y 39, en los que fue insuficiente la votación para declararlos inconstitucionales.
Los artículos 14 y 15 fueron los que generaron mayor discusión, ya que seis de los diez
ministros presentes (Fernando Franco estuvo ausente) votaron en contra de que los policías usen
la fuerza de manera ‘‘preventiva’’, para ‘‘evitar daños a terceros, propiedades y la integridad
física de las personas’’.
Las normas aprobadas señalan que cuando la petición o la protesta ante la autoridad ‘‘se
exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se
considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá de conformidad con lo
dispuesto en esta ley’’.
Al respecto, Norma Lucía Piña Hernández dijo que las normas son ilegítimas, porque puede
usarse la fuerza ‘‘preventivamente’’, lo que es incompatible con el principio de absoluta
necesidad.
Arturo Zaldívar sostuvo a su vez que las normas eran inconstitucionales, porque no
contemplan expresamente: la prohibición de disparar contra multitudes; la de usar armas de fuego
para disolver una reunión; la obligación de dirigir la fuerza únicamente contra las personas que
actúen con violencia, y la obligación de identificar a las personas violentas y de aislarlas del resto
de los participantes.
Agregó que la norma considera la ilegalidad de las reuniones a partir del contenido del
mensaje, lo cual sólo es válido en situaciones excepcionales que tendrían que estar plasmadas en
la ley y que no lo están. Piña, Zaldívar, José Ramón Cossío y Eduardo Medina Mora mantuvieron
su postura en contra del proyecto y por la inconstitucionalidad de las normas, mientras Javier
Laynez y Alfredo Gutiérrez se sumaron ocasionalmente a esta postura, lo que fue insuficiente
para invalidar los artículos más controvertidos.
En favor del proyecto y por la constitucionalidad de los ar-tículos referidos, votaron Alberto
Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Luna Ramos y el ministro presidente, Luis María
Aguilar Morales. Fernando Franco estuvo ausente. La discusión de las acciones de
inconstitucionalidad continuará el próximo lunes.

Ley Atenco: SCJN avala fuerza pública contra
manifestaciones “violentas e ilegales”
La Corte declaró constitucional el artículo 16 de la legislación, pero advirtió
que debe interpretarse con base en la Constitución y los tratados.
(Foto: Archivo / Cuartoscuro)
Redacción AN
marzo 23, 2017 8:19 pm
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales los artículos 16
y 39 de la llamada Ley Atenco.
El artículo 16 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México
dice: “La determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de
asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando
responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informar de
inmediato a su mando superior sobre tal determinación para los efectos conducentes”.
“No resulta inconstitucional, ya que con independencia de que en dicho artículo no se
encuentre expresamente definido qué debe entenderse por manifestaciones o reuniones
‘violentas o ilegales’, lo cierto es que la determinación de en qué caso tales asambleas
podrán considerarse como ilegales o violentas, no es indiscriminada ni arbitraria”, dijo la
Corte en un comunicado.
El Máximo Tribunal del país estableció que el concepto de manifestaciones o reuniones de
carácter violento e ilegal debe interpretarse de acuerdo con la Constitución y los tratados
internacionales, y debe favorecer la protección más amplia de los derechos de las personas
en todo momento.
Por otra parte, tampoco se declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley, el cual
hace referencia a “los planes, estrategias y programas para actuar frente a asambleas,
manifestaciones o reuniones que se realizan en lugares públicos”.
“El artículo 39 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México no
es inconstitucional, pues el hecho de que el legislador haya considerado que los planes,
estrategias y programas para actuar frente a las reuniones o manifestaciones, se
determinen conforme al reglamento respectivo, únicamente tiende a proveer en la esfera
administrativa a la exacta observancia de la ley, ya que tales cuestiones se concretan a
establecer el cómo debe de procederse en tales casos”, abundó.

A continuación el comunicado completo:
Ciudad de México, 23 de marzo de 2017
SCJN VALIDA LOS ARTÍCULOS 16 Y 39 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA
FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, LOS CUALES DEBEN ENTENDERSE Y
APLICARSE MEDIANTE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al continuar con el estudio de las
acciones de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, resolvió
que el artículo 39 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México
no es inconstitucional, pues el hecho de que el legislador haya considerado que los planes,
estrategias y programas para actuar frente a las reuniones o manifestaciones, se
determinen conforme al reglamento respectivo, únicamente tiende a proveer en la esfera
administrativa a la exacta observancia de la ley, ya que tales cuestiones se concretan a
establecer el cómo debe de procederse en tales casos.
Siendo que, por la propia naturaleza de los reglamentos, es adecuado que sean en tales
ordenamientos donde se desarrollen normativamente los planes, estrategias y programas
concretos de actuación para el caso de las reuniones o manifestaciones, pues es ahí en
donde se puede contener tal grado de especificación jurídica para el cumplimiento de los
mandatos prestablecidos en una ley formal y material -en donde se prevén situaciones
generales, hipotéticas y abstractas-.
Por otra parte, la SCJN determinó que el artículo 16 de la citada ley, no resulta
inconstitucional, ya que con independencia de que en dicho artículo no se encuentre
expresamente definido qué debe entenderse por manifestaciones o reuniones “violentas o
ilegales”, lo cierto es que la determinación de en qué caso tales asambleas podrán
considerarse como ilegales o violentas, no es indiscriminada ni arbitraria, pues debe
interpretarse de manera sistemática con los principios generales que se derivan de la
misma ley, en consonancia con lo establecido por el segundo párrafo de su artículo 1, que
ordena que esa interpretación debe realizarse de conformidad con la Constitución y los
tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los
derechos de las personas.
Asimismo, la SCJN desestimó la acción de inconstitucionalidad en torno a los artículos 14 y
15 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, los cuales se
refieren al uso de la fuerza en el contexto de las asambleas y manifestaciones. Ello, en
tanto que no se alcanzó la votación necesaria -esto es, de al menos ocho votos de los
Ministros-, para declarar la inconstitucionalidad de los referidos preceptos normativos.
Mineras canadienses y pueblos
indígenas
Los pueblos indígenas se han destacado no sólo por cuidar la naturaleza y el entorno en
el que viven, sino por luchar en contra de los depredadores; y en Latinoamérica uno de
los principales depredadores, si no es que el mayor, son las empresas mineras
canadienses.
La Tlacuila
Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con
organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de
incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió
en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a

difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como
Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010.
marzo 24 2017 06:00
FONDEA el periodismo independiente
Noam Chomsky afirma (en este video) que los pueblos indígenas están salvando al planeta de un
desastre ambiental. Se refiere a los activistas indígenas que están luchando por la conservación
del medio ambiente y a las comunidades que combaten a las empresas que saquean los recursos
naturales, particularmente en América Latina.
Por otro lado, un informe del World Resources Institute publicado recientemente explica que los
territorios en manos de indígenas contienen el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta y que
la mayoría de los bosques se encuentran en tierras comunales. Menciona también que los
indígenas y las comunidades locales protegen los ecosistemas, y pone como ejemplo (entre otros)
que la deforestación en la Amazonía es 50 % menor en territorios indígenas que en el resto.
Efectivamente son los pueblos indígenas quienes, sobre todo en las últimas décadas, se han
destacado no solamente por cuidar la naturaleza y el entorno en el que viven, sino por luchar en
contra de los depredadores; y en Latinoamérica uno de los principales depredadores, si no es que
el mayor, son las empresas mineras canadienses.
Un estudio publicado por la Universidad de York de Canadá compila información sobre
incidentes de violencia y criminalización vinculados con las industrias mineras de dicho país en
América Latina del año 2000 al 2015. Documenta 44 asesinatos, 403 personas heridas y 709
casos de criminalización (órdenes de arresto, detenciones, etc.) en 14 países. Aclara que
solamente incluye los que se pudieron corroborar mediante más de una fuente y que además
existen amenazas de muerte, destrucción de propiedades y desplazamientos forzosos, entre otras
formas de violencia generadas por dichas industrias. Afirma que el gobierno canadiense no está
afrontando esta situación.
Guatemala y México son los países con mayor violencia registrada; en nuestro país el estudio
documentó ocho muertes, dos desapariciones, 14 personas heridas, 83 acusaciones u órdenes de
arresto y 35 detenciones. En Guatemala son 12 los muertos y 89 los heridos, además de dos
desaparecidos, 11 víctimas de violencia sexual, 23 personas con órdenes de arresto y 71
detenidos.
A estos casos habría que agregar muchísimos más que no han sido denunciados o reportados, o
que no se vinculan directamente con las mineras aunque indirectamente tienen que ver con éstas.
A la violencia se suman además la contaminación, los incontables daños al medio ambiente y las
enfermedades que genera la industria extractiva.
El gobierno de Canadá y su primer ministro Justin Trudeau han ignorado múltiples llamados de
Naciones Unidas y de diversas organizaciones que les solicitan tomar medidas en este asunto. Es
evidente que sus intereses económicos están muy por encima de su preocupación por el medio
ambiente y por los derechos humanos. Al paso que van, no solamente seguirán la violencia y la
contaminación sino que, por mucho que luchen los pueblos indígenas, no podrán salvar al mundo
del desastre ambiental.
@yotlacuila

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Sintesis informativa 24 de marzo 2017

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