El documento denuncia que la solicitud de la fiscalía para incluir al Partido Nacionalista Peruano como investigado en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia es un golpe a la democracia (1). Argumenta que solo la ONPE puede investigar partidos políticos y que nunca antes se habían involucrado agrupaciones políticas en denuncias contra sus representantes (1). También señala que la fiscalía muestra un doble rasero al tratar desproporcionadamente a los representantes del nacionalismo (2) y pide prohibir que el partido participe en
1. Golpe a la Democracia
Inclusión del Partido Nacionalista Peruano como persona jurídica investigada
CONFIRMA sesgo político en proceso contra
Ex Presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia
Ante la solicitud de la Fiscalía a cargo del caso del ex presidente Ollanta Humala Tasso y
de Nadine Heredia Alarcón, para que se incluya al Partido Nacionalista Peruano como
investigado en el proceso por un presunto aporte de campaña, señalamos lo siguiente:
1. Es un golpe directo a la democracia que una institución como el Ministerio Público,
pretenda incluir al proceso penal al Partido Nacionalista Peruano, cuando por mandato
expreso de la Ley de Partidos Políticos, es la ONPE la instancia facultada para realizar
investigaciones vinculadas a un partido político, y la Corte Suprema de la República la
competente para decidir su cierre por las expresas causales que dicta la Ley. Nunca antes
en la historia republicana del país, las agrupaciones políticas han sido involucradas en las
denuncias contra sus representantes. Ni siquiera cuando las investigaciones, contra
otros líderes políticos, se desarrollaron por temas de corrupción, narcotráfico y otros
delitos debidamente comprobados.
2. Es un golpe a la democracia que, constantemente, quienes hoy tienen la gran
responsabilidad de investigar la corrupción que surgió en torno al caso Lavajato, Y QUE
NO ES NUESTRO CASO; hagan evidente el doble rasero de la justicia para medir a los
investigados, tomando medidas desproporcionadas, tardías y abusivas contra los
representantes del Nacionalismo.
3. Es un golpe a la democracia que, en un hecho sin precedentes, el fiscal Germán Juárez
Atoche haya solicitado hoy al titular del Juzgado de Investigación Preparatoria, que el
Partido Nacionalista Peruano no pueda presentarse a las elecciones del 2021. Medida
que va contra la Constitución Política del Perú y que revela la intención de criminalizar la
participación política de una agrupación legal y, sobre todo, legítimamente constituida.
3. Es un golpe a la democracia que la Fiscalía haya mantenido por más de 20 días una
inusual campaña mediática que busca presionar al Tribunal Constitucional, exigiéndole
que nuestros líderes “permanezcan en prisión” difundiendo información falsa,
asegurando un supuesto asilo político y un inexistente desbalance patrimonial, mientras
guardan absoluto silencio por medidas revocadas a favor de otros investigados.
2. 4. El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia llevan más de 3 años en
investigación y en todo este tiempo no se ha logrado encontrar un solo indicio serio de
la comisión de algún delito; por el contrario, la Fiscalía ha cometido una serie de
irregularidades como usar y abusar de falsos testigos, otorgar dos códigos de identidad
a un solo aspirante a colaborador eficaz que no presenta prueba alguna; presentar
documentos apócrifos o adulterados, sin que haya ninguna rectificación de su parte.
5. Si en el caso de nuestros líderes no existía, ni existe, riesgo procesal y la investigación
tenía todas las garantías con ellos libres, entonces, haber dictado prisión preventiva para
quienes siempre colaboraron con la justicia, tiene sabor a ensañamiento y venganza.
6. El Partido Nacionalista Peruano irrumpió en la escena política nacional desde hace más
de 12 años y desde entonces ha estado permanentemente amenazado: Han tratado de
traerse abajo su inscripción, han incluido a sus representantes en todo tipo de
investigaciones, han encerrado a sus líderes y, al continuar activamente con nuestra vida
política-partidaria, ahora pretenden vetarlo de una elección, suspenderlo o cerrarlo. Esto
es, sin duda alguna, una amenaza a la participación ciudadana, una violación a los
derechos fundamentales de sus militantes y un duro golpe a la democracia.
Lima, 23 de abril del 2018