El Gobierno dio un nuevo paso en la consolidación de la política de inclusión social con el establecimiento de una pensión contributiva a las personas con discapacidad en situación de pobreza. Este programa repite la experiencia positiva de Pensión 65, cuyos beneficiarios, los adultos mayores de 65 años, han visto mejorar su calidad de vida gracias a este apoyo brindado por el Estado. Con este nuevo esquema de ayuda social a los sectores más vulnerables, el Ejecutivo afianza una línea de acción que ha merecido el reconocimiento de organismos multilaterales y de la comunidad internacional porque ha permitido, de manera efectiva, disminuir los índices de pobreza y cumplir uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).