La ley establece la obligación de las entidades públicas de publicar información institucional, organizativa, jurídica, económica y presupuestaria en sus páginas web. Afecta a ayuntamientos y entidades privadas que reciban subvenciones públicas. Se limita el acceso a información por motivos de seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores y otros factores. El silencio administrativo en solicitudes de información puede ser recurrido ante el Consejo de Transparencia.