El diputado Alejandro Bocanegra presenta el inicio de las actividades de la Comisión de Desarrollo Agropecuario. Propone realizar un diagnóstico jurídico para revisar las normas aplicables y proponer leyes que fomenten la modernización y competitividad del sector. También propone trabajar con los actores involucrados para articular agendas y entregar mejores resultados a la sociedad. Un área clave será garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.

1. 7 noviembre 2012
MENSAJE DEL DIPUTADO ALEJANDRO BOCANEGRA MONTES, CON MOTIVO DEL INICIO DE LAS
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Con el permiso de los diputados integrantes de esta Comisión.
El impulso al desarrollo y crecimiento de las actividades económicas primarias, agricultura,
ganadería, desarrollo forestal y pesca, requieren de una política de Estado. La agenda política, de
gobierno, y en especial, la agenda legislativa, necesitan asumir el tema como un eje estratégico
para garantizar el desarrollo social y económico de la población rural, el combate a la pobreza, la
sustentabilidad del campo, y la seguridad alimentaria, pero sobre todo, para garantizar los
derechos y las áreas de oportunidad para campesinos, agricultores, productores y ganaderos.
En la Quincuagésima Séptima Legislatura, tenemos una responsabilidad histórica para trabajar y
legislar en materia de Desarrollo Agropecuario. El sector primario, el medio rural y campesino,
han sido temas pendientes en el diseño de una agenda legislativa que impacte en el
fortalecimiento, crecimiento y competitividad de las actividades agropecuarias.
Tenemos una deuda con el campo, y ahora tenemos la oportunidad de saldarla.
Quienes asumimos la responsabilidad como representantes populares, ante este Poder Legislativo,
en estricto apego al Estado Constitucional de Derecho; tenemos el deber moral, político y jurídico
de hacer cumplir, en el ámbito de nuestras competencias, lo dispuesto en el Artículo 27, fracción
veinte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un mandato que nos obliga
a procurar el desarrollo rural integral y el fomento de la actividad agropecuaria con obras de
infraestructura, insumos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
En estricto apego a las atribuciones que tiene esta Comisión, para conocer, investigar, y
dictaminar los asuntos legislativos en materia de agricultura y ganadería; es necesario plantear,
crear y modificar leyes que fortalezcan y ordenen el crecimiento agropecuario del Estado,
especialmente en materia agrícola, pues actualmente no se cuenta con una legislación adecuada,
que garantice su impulso y desarrollo.
Entre las acciones para iniciar con los trabajos de la Comisión, propongo:
Iniciar un diagnóstico jurídico, con el objetivo de revisar las normas aplicables en materia
agropecuaria, se platicará con el Instituto de Investigaciones Legislativas y con la
Dirección de Asuntos Legislativos, para formular en conjunto un análisis constitucional, un
análisis comparado e institucional, y en consecuencia, proponer mecanismos de ley que
fomenten la modernización y competitividad de la agricultura y la ganadería, fomenten la
modernización y tecnificación del campo, procurando la mitigación de los efectos del
cambio climático. Un tema fundamental es, que a través de mejores leyes encontremos
respaldo para el diseño de políticas públicas dirigidas a los micro y pequeños productores
agropecuarios.
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La visión que se tiene, es para entregar resultados y ser eficientes. Se plantearán leyes y
normas que impacten en beneficio directo a trabajadores, empleados, jornaleros,
comercializadores, productores, organizaciones y promotores del desarrollo rural,
campesino y ganadero.
Se trabajará muy de cerca con todos los actores involucrados en el sector agropecuario, de
igual forma, con la autoridad encargada de aplicar los programas de apoyo al campo, en
especial con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado, con
el propósito de articular las respectivas agendas, visones y propuestas que tenemos.
Es importante una sana relación de Poderes, pero es aún más importante, una colaboración
estrecha, en el afán de entregarle los mejores resultados posibles a la sociedad.
Un área de trabajo indispensable, será, sumar al diálogo y a los proyectos de esta Comisión, las
propuestas de los productores, de la sociedad civil organizada y de académicos especialistas en el
tema. Tomar en cuenta sus puntos de vista, nos permitirá tomar decisiones más acordes con la
realidad del campo.
En el inicio de los trabajos de la Comisión, que me honro en presidir, quiero hacer el
compromiso de legislar y defender el tema de la “seguridad y la soberanía agroalimentaria”, es
un asunto prioritario en la agenda de la reforma profunda al campo, que tanto exige nuestro país.
No es congruente que México, siendo el cuarto productor mundial de maíz, importe uno de cada
tres kilos de maíz que consumimos. Tenemos que combatir la brecha de demanda y oferta de
alimentos básicos, desde el ámbito de nuestras atribuciones. Es un mandato constitucional,
plasmado en nuestra carta magna, y ratificado en el artículo tercero de la Constitución Política de
Querétaro, que garantiza el derecho a la alimentación, y obliga al Estado a fomentar la producción
de los alimentos.
Es por ello, que vamos a proponer un proyecto que contemple y regule el fenómeno de la
seguridad alimentaria. Entre otros aspectos, se buscarán incentivos y facilidades para que se
incremente la productividad de los agroalimentos, a través de métodos alternativos,
promoviendo mediante la ley local el uso de semillas mejoradas, buenas prácticas agrícolas,
tecnificación del riego y mejores esquemas de comercialización.
Existen una serie de factores adversos para la productividad, en el campo, estamos remando a
contracorriente de las condiciones agroecológicas; los efectos del cambio climático en la actividad
agrícola representan una amenaza para la viabilidad del sector.
En este contexto, es importante impulsar desde el paquete de proyectos legislativos que
habremos de presentar, más y mejores programas de vinculación entre el sector productivo y los
centros de investigación; es importante que los avances de la ciencia y la tecnología, se apliquen
en las pequeñas parcelas; que los pequeños productores, tengan conocimiento de la innovación
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agroindustrial. En este sentido, nos dedicaremos a estudiar una reforma legislativa que garantice
este vínculo, que garantice la unidad de esfuerzos entre universidades y el agro.
Las políticas públicas y las normas jurídicas, requieren compartir un objetivo en común: hacer
del campo un área de crecimiento económico, con expectativas de amplio desarrollo y
competitividad, para insertar a esa amplia mayoría de pequeños productores, a ese gran
campesinado queretano, a los modelos de desarrollo que demanda el siglo XXI, que demanda la
modernización y la economía globalizada.
Este reto, implica un trabajo multidisciplinario, diálogo respetuoso, consenso y acuerdo político.
Estoy seguro que los integrantes de esta Comisión, legislaremos, procurando el bienestar
colectivo y el interés general.
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