En el mes de diciembre se han aprobado tres leyes muy significativas si se las aprecia como pasos decisivos en torno al proceso de consolidación y profundización del desarrollo con inclusión social. Estas leyes no han tenido la repercusión que se merecen, tapadas en los medios masivos de comunicación por noticias relativas al deseo de sus emisores de ocultar los cambios trascendentales que suponen los avances legislativos de nuestro Congreso nacional. Creemos, entonces, necesario otorgar el relieve que se merecen estas nuevas normas vinculadas a actividades claves del país e intentar, con este modesto aporte, que se conozcan en su real esencia y en su importante aspecto hacia el futuro.

1. Tres leyes para profundizar el
desarrollo con inclusión social
Alejandro Rofman
En el mes de diciembre se han aprobado tres leyes muy significativas si se las aprecia
como pasos decisivos en torno al proceso de consolidación y profundización del
desarrollo con inclusión social. Estas leyes no han tenido la repercusión que se merecen,
tapadas en los medios masivos de comunicación por noticias relativas al deseo de sus
emisores de ocultar los cambios trascendentales que suponen los avances legislativos
de nuestro Congreso nacional.
Creemos, entonces, necesario otorgar el relieve que se merecen estas nuevas normas
vinculadas a actividades claves del país e intentar, con este modesto aporte, que se
conozcan en su real esencia y en su importante aspecto hacia el futuro.
La legislación que pasó en forma airosa el escrutinio de nuestros legisladores fue
iniciativa, en los tres casos, tanto de proyectos del Poder Ejecutivo como de propuestas
de legisladores del Frente para la Victoria y su implementación permitirá ampliar los
derechos sociales y económicos de los sectores sociales de menor nivel económico y de
más bajo ingreso.
Nos referiremos a cada una de las tres leyes dando cuenta de sus principales
características
1. LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS
PUBLICOS.
Esta ley fue una iniciativa de la diputada nacional Carolina Gaillard que representa a la
provincia de Entre Ríos dentro del FPV.
La norma, que contó con el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional, crea un organismo
estatal que tendrá como objetivo central diseñar la política pública de Producción,
Investigación y Desarrollo de Medicamentos en nuestro país nucleando a los 39
laboratorios de producción estatal ya existentes, funcionando bajo la órbita del
Ministerio de Salud pero de forma descentralizada.
Ello posibilitará fortalecer la actividad de los laboratorios públicos, incrementando la
producción de medicamentos a costos muy inferiores a los que hoy se cotizan en el
mercado y fomentando la investigación por académicos nacionales de nuevos fármacos,
indispensables para la prevención y curación enfermedades de todo tipo En especial los
laboratorios públicos hoy presentes en todo el territorio nacional, propiedad de la
Nación, las Provincias y los Municipios así como dependientes de Universidades y del
Sistema de Ciencia y Tecnología estatal podrán operar en red, ampliarse con nuevas
iniciativas y avanzar en el combate a las endemias de tipo social , que hoy no atraen a
las empresas privadas como fuente de negocios.

2. La legislación de fomento a los laboratorios públicos ya sancionada hace tres años y con
reciente decreto reglamentario tendrá, así, disponible una herramienta apta para
intervenir activamente en la satisfacción de la demanda de los sectores de menor
ingreso, a través de los hospitales públicos y el PAMI aportando a reducir o eliminar el
gasto de tales sectores en el área de la salud
2. LEY DE REPARACIÓN HISTORICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Esta ley que beneficia por primera vez de modo integral y programado a todos los
agricultores familiares del país fue sancionada por unanimidad en ambas Cámaras del
Congreso y fue una iniciativa emanada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación y consensuada con las agremiaciones de productores en sus diferentes
organizaciones.
La norma tiene un fuerte contenido social dado que define a la tierra como un bien
social, promueve la creación de un Banco de Tierra para distribuirlas entre campesinos,
agricultores y pueblos originarios y suspende los desalojos por tres años para efectuar
un reordenamiento territorial La reglamentación de la norma también será consensuada
con los productores a partir de un proceso a iniciarse el 5 de enero de 2015.
Los productores comprendidos en la legislación suman aproximadamente 250.000 o sea
alrededor del 75 % de todos los que tienen tierra para el proceso agropecuario y que
entregan al consumidor nacional un porcentaje en torno al 55 % de todo lo que consume
diariamente en alimentos frescos. Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, lácteos, carne
porcina, aves y huevos, yerba y té y especias son los productos que abarcan la canasta
de oferta que estos agricultores realizan en forma permanente, en predios de tamaño
reducido, viviendo en la finca y trabajando con los familiares como fuerza de trabajo no
asalariada. Así se diferencian netamente del mediano y gran propietario que hoy ha
abandonado la finca pues la alquila a grupos financieros o la hace explotar por personal
asalariado para producir soja, girasol, trigo y maíz (que en gran parte se exporta) y criar
ganado vacuno.
La ley también restablece la práctica de la colonización dejada de lado por décadas, con
adjudicación de tierras en unidades económicas familiares y auspicia la constitución de
ferias locales para acercar el productor al consumidor.
El Poder ejecutivo se comprometió a otorgar 1.500 millones de pesos para financiar los
distintos instrumentos de la ley.
Los 250.000 agricultores familiares, que cuidan la tierra porque saben que es su
principal fuente de subsistencia, tienen, entonces, el más avanzado instrumento legal
para su sostenimiento y expansión a futuro, con el objetivo de eliminar la
intermediación parasitaria y explotadora y avanzar hacia una agricultura con
agricultores para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de los argentinos y
evitar su emigración a los cinturones de pobreza de las ciudades.

3. 3. LEY DE VALIDACIÓN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES
SOCIALES
Esta ley, que fue aprobada por elevada mayoría en el Congreso Nacional,( sólo se
opusieron los diputados del PRO y del Partido Socialista) tuvo su origen en un proyecto
del Poder Ejecutivo. Contempla el reconocimiento formal de la profesión de trabajador
social que es una carrera universitaria de reciente constitución en las Universidades
Públicas, le asigna la necesaria incumbencia y establece la matricula respectiva,
propiciando la agremiación correspondiente.
Este reconocimiento pleno a la carrera antedicha abre una gran oportunidad a los
graduados en seguir colaborando con organismos públicos y privados en la
implementación de políticas sociales acompañando a los sectores de menores ingresos
de todo el país en las estrategias para elevar el nivel de vida de tales sectores.
Estas tres leyes, que satisfacen requerimientos que fueron motivo de mi acción como
docente e investigador social desde hace más de tres décadas, constituyen un avance
indudable para que millones de habitantes del país puedan mejorar sustancialmente sus
condiciones de existencia. Vengo sosteniendo la necesidad de adoptar políticas públicas
de respaldo a la agricultura familiar desde mis primeros escritos a principios de la
década de los 80. He postulado junto a diversos colegas en reclamos y trabajos
científicos la necesidad de enfrentar a los laboratorios privados que medran con la
enfermedad y cobran desmedidos precios por los medicamentos necesarios para
prevenirla y/o combatirla Finalmente, desde la cátedra universitaria en la UBA y en la
Universidad Nacional de San Martín he trabajando en programas de estudios,
capacitación y esfuerzos conjuntos con entes públicos y privados en la difusión de
estrategias enderezadas a difundir la Economía Social y Solidaria y respaldar a la
disciplina del Trabajo Social. No puedo dejar de expresar mi gran satisfacción y alegría
por estos nuevos instrumentos legales, preparados con los mismos protagonistas de los
procesos socio productivos analizados que, seguramente, brindarán a los beneficiarios
de los mismos, que se cuentan por millones en la sociedad argentina, una mejora
sustancial en el nivel de calidad de vida que hoy disfrutan. Son decisiones que deben
valorarse y difundirse para reconocer el incesante avance que hoy tiene lugar en nuestra
sociedad a partir de la puesta en marcha de proyectos que, desde el Estado, amplían los
derechos de los habitantes y fortalecen su ciudadanía efectiva.