Para que un acto administrativo sea válido jurídicamente, debe cumplir con ciertos requisitos de forma y fondo. En cuanto a los requisitos de forma, el acto debe ser proferido por el órgano competente y manifestar la voluntad de la administración de forma expresa o tácita. Respecto a los requisitos de fondo, el acto debe ceñirse a derecho, tener una base legal adecuada y perseguir un objetivo legítimo dentro de la competencia y finalidad del órgano administrativo.