Las leyes de contratación pública de 2007 y 2017 en España han promovido cada vez más el uso de la contratación electrónica para mejorar la eficiencia administrativa. Sin embargo, aún no existe una ley específica sobre contratación pública electrónica, lo que ha creado cierta confusión. Se argumenta que convertir procesos administrativos diseñados en papel a procesos electrónicos con sólo agregar medios digitales no es suficiente, y que una ley dedicada podría ayudar a modernizar mejor los procesos de contratación en el sector público.