Los debates sobre extractivismo, desarrollo y ecologismo suelen caer en unos círculos argumentales de los que resulta casi imposible salir. ¿Justifica el 'desarrollo' de 'la mayoría' los daños al medioambiente? ¿Qué hacemos con los pueblos originarios que no quieren abandonar sus territorios? ¿Hasta dónde va a aguantarnos la naturaleza? Desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, Lucrecia Wagner alimenta con datos, referencias y leyes [1] la solidez de los debates en torno a los conflictos socioambientales generados por la llegada de proyectos mineros a gran escala, abordando la naturaleza de los intereses y estrategias de las empresas, las diferentes formas de contestación social y las respuestas de las instituciones locales, provinciales y estatales. Entrevista a Lucia Wagner

1. LUCRECIA WAGNER, INVESTIGADORA ARGENTINA DE
CONFLICTOS AMBIENTALES: “BUSCAR ALTERNATIVAS A LA
MINERÍA SIGUE SIENDO LA TAREA PENDIENTE”
Fotografía: Alba Onrubia.
ANDREA GAGO MENOR, 26/01/2015 REVISTA PUEBLOS
Los debates sobre extractivismo, desarrollo y ecologismo suelen caer
en unos círculos argumentales de los que resulta casi imposible salir.
¿Justifica el 'desarrollo' de 'la mayoría' los daños al medioambiente?
¿Qué hacemos con los pueblos originarios que no quieren abandonar
sus territorios? ¿Hasta dónde va a aguantarnos la naturaleza? Desde
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) de Argentina, Lucrecia Wagner alimenta con datos,
referencias y leyes [1] la solidez de los debates en torno a los
conflictos socioambientales generados por la llegada de proyectos
mineros a gran escala, abordando la naturaleza de los intereses y
estrategias de las empresas, las diferentes formas de contestación
social y las respuestas de las instituciones locales, provinciales y
estatales.
En el artículo “Las paradojas del extractivismo” [2], resaltas
que la megaminería no comenzó a implantarse en Argentina
hasta los años 90. ¿Por qué ha sido diferente Argentina de
otros países de la zona andina?
– En Argentina, al igual que Ecuador y Colombia, la minería no es una
actividad históricamente implementada. Ha habido algunos
momentos de auge de la minería moderna (por ejemplo, en las

2. provincias de Catamarca y La Rioja, en la segunda mitad del siglo
XIX), pero es en la década de 1990 cuando llegan al país proyectos
que representan lo que actualmente se denomina “megaminería”. Se
trata de minería a gran escala, principalmente metalífera (cobre, oro)
y a cielo abierto (ya no se explotan vetas de mineral, sino minerales
diseminados, porque los yacimientos son de baja ley). Por eso, entre
los impactos ambientales destaca que hay que separar grandes
cantidades de roca del mineral que se extrae.
Es una situación diferente a la de Argentina, Ecuador o Colombia, si
se compara con otros países en los que la minería es una actividad
histórica, como Perú, Bolivia o Chile. La actividad llega de otra
manera y la gente la recibe de otra manera, y los conflictos igual. En
Argentina se cuestiona si la actividad debe instalarse o no y qué
implica frente a otras actividades existentes, y en Perú, Bolivia o
Chile, el debate en general pasa por la regulación y los controles
ambientales que necesita, pero no se cuestiona que la minería sea
una actividad se deba llevar adelante, porque gran parte de la
actividad de estos países depende de ella.
- Esta emergencia de la megaminería coincide con cambios
importantes legislativos en Argentina, con desregulaciones.
¿Era necesaria esta desregulación para los grandes proyectos
mineros o simplemente coincidió con un cambio de ciclo?
– Argentina tiene un código de minería del siglo XIX, de 1886. Este
código fue teniendo renovaciones, algunos cambios para introducir
nuevas tecnologías y nuevos parámetros que regulaban la actividad.
La mayor parte de estos cambios se hicieron en la década de los
noventa, cuando se sancionó una serie de leyes que permitieron la
llegada al país de una mayor inversión extranjera hacia la actividad
minera, a partir del otorgamiento de beneficios. Por ejemplo, la ley
24.196, de 1994, que es la Ley de Inversiones Mineras, establece el
tope de regalías que puede tener la actividad, y algunas exenciones
impositivas, que favoreció la consideración de Argentina como uno de
los países donde convenía invertir en minería.
Y también hubo algunos cambios en torno a la magnitud de la
explotación minera. Se daban permisos que implicaban una mayor
extensión territorial, y esto favorecía a esta minería que trabaja sobre
yacimientos diseminados, que necesitan una mayor extensión para
que el proyecto sea rentable.
- La política extractivista se justifica como una decisión
imprescindible para el desarrollo de los países con recursos
naturales, ¿qué beneficios puede tener la megaminería?,
¿representa una parte importante de los ingresos para el

3. presupuesto nacional?, ¿es importante para el empleo de
determinadas zonas?
– En el caso actual de Argentina, la megaminería no representa una
parte importante de los ingresos del presupuesto nacional porque es
incipiente. El primer proyecto megaminero es del año 1997, que es la
mina La Alumbrera. Había generado grandes expectativas de empleo
y de mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales.
Creo que uno de los errores fue, precisamente, hacer grandes
promesas con respecto a la actividad. La población local, finalmente,
no vio esto luego plasmado en sus condiciones de vida, porque gran
parte de los beneficios se fueron hacia el gobierno nacional y, sobre
todo, a las empresas. Gran parte de la resistencia posterior en la
provincia en la que se instaló la minera, Catamarca, tiene que ver con
esta desilusión.
Actualmente la megaminería no es la fuente más importante de
puestos laborales en el rubro minero. En cambio, en la minería en
general sí hay un porcentaje amplio de la población trabajando,
estamos hablando de otro tipo de minería, la de rocas de aplicación,
granito, lajas, que es la de tercera categoría. Es importante aclarar
que en Argentina, según el Código de Minería, hay diferentes
categorías de actividad minera, y la mayor parte de los empleos
existentes en Argentina son de la minería de tercera categoría. Si
bien esta minería también genera impacto ambiental, éste es mucho
menor. Está localizada en determinadas regiones, como el interior de
Buenos Aires, o algunas zonas de provincias del interior, como San
Juan. La minería metalífera a gran escala está sobre todo en la
cordillera de los Andes, y ésa es minería de primera categoría.
- ¿Cómo afecta al mapa de explotaciones de este tipo en
Argentina el que sean las provincias las que puedan o no
aprobar estos proyectos? ¿Hay grandes diferencias por zonas
por este motivo? ¿O las diferencias se deben más bien a la
disponibilidad o no de recursos explotables?
– Sí, esta es una de las particularidades del caso argentino. Según la
reforma constitucional de 1994, el dominio de los recursos naturales
lo tienen las provincias. Es decir, que son ellas quienes tienen que dar
los permisos para que se exploten los recursos naturales. Esto
impactó directamente en el tema de la minería. En algunas de las
provincias, donde se ha dado el mayor conflicto y el rechazo a la
actividad tiene mayor peso, se han sancionado leyes más restrictivas.

4. Mapa de conflictos en Argentina y encuentros UAC. (Para ampliar,
pinchar en la imagen).
Hay siete provincias argentinas que tienen legislación restrictiva hacia
la actividad minera. Algunas tienen leyes que han complementado la
ley de ambiente de la provincia, y tienen leyes de evaluación
ambiental específicas para la actividad minera y/o extractiva. Sin
embargo, en otras provincias la actividad está totalmente permitida y
avalada por el gobierno provincial, lo que en general repercute en un
menor control.
- ¿Hay conflictos entre las provincias por este motivo, por
estas diferencias? ¿Qué ocurre con las explotaciones, o
proyectos de explotaciones, en zonas limítrofes?
– Ha habido algunos casos de este tipo, sí. Por ejemplo, un proyecto
que se pretendía instalar en Mendoza, de extracción de sales de
potasio que dejaría como residuo una pila de cloruro de sodio, de sal
común, que quedaba cerca del Río Colorado. Este río es compartido
por cinco provincias argentinas, y las provincias que están aguas
abajo de la zona del proyecto reclamaron porque consumen agua de

5. ese río y temían una posible salinización. Hubo quejas de la provincia
de La Pampa pidiendo explicaciones a Mendoza y solicitando
participar en el procedimiento de evaluación ambiental. El COIRCO, el
comité interjurisdiccional que tiene poder sobre ese río, intervino en
la evaluación ambiental. La presión social en Mendoza se juntó con el
reclamo del gobierno de La Pampa y se logró un cambio en el
proyecto. El pasivo ambiental, esta pila de sal, se proyectó más lejos
del río: se planteaba originalmente a cinco kilómetros y quedó a más
de diecisiete.
Suele suceder que si hay dos provincias limítrofes, una con leyes más
restrictivas que la otra, se intenta trasladar las actividades
ambientalmente más impactantes a la provincia con menos
restricción, cuando esto es posible. Hay un proyecto de cobre en el
norte de Mendoza, por ejemplo, que ha sido rechazado por la
legislatura provincial, y que tenía limitaciones desde sus inicios,
porque esta provincia tiene una ley que prohíbe el uso de
determinadas sustancias que se habían planeado utilizar. Tras el
rechazo, la empresa, que ha cambiado de dueños, está pensando en
trasladar la parte del procesamiento del mineral hacia la provincia de
San Juan, que queda al norte y donde el gobierno es totalmente
favorable a la instalación de proyectos mineros, incluso defensor, y
con minas de oro ya funcionando en la provincia.
- Pero esto afectará también mucho a las infraestructuras.
– Esto hará necesarias agregar infraestructuras, como un
mineraloducto. Son rumores, no se ha presentado el proyecto
oficialmente, pero se piensa que también tienen la intención de tomar
agua de Mendoza, por lo que además se sumaría un acueducto, y
como el proyecto estaría en ambas provincias, más infraestructuras
de transporte. En este caso, también podría afectar a un área
protegida, está la incertidumbre de qué podría pasar con esto, ya que
el traslado de esa parte del proyecto no resuelve la totalidad de los
condicionamientos por los cuales el proyecto fue rechazado.
- Algunos estudios inciden en los diferentes impactos que la
megaminería provoca sobre los hombres y las mujeres. ¿Qué
opinas al respecto?
– Uno de los aspectos más cuestionados de la actividad minera es
que a los lugares a los que llega, sobre todo durante la construcción,
va una gran cantidad de población masculina. Todo esto suele dar
lugar a la instalación de prostíbulos y a un cambio también en las
condiciones generales de vida. Muchos de estos proyectos son
cercanos a poblaciones muy pequeñas, y la llegada de, por ejemplo,
dos mil hombres para la construcción del proyecto, de pronto cambia
totalmente el lugar. No sólo por los prostíbulos, sino por otro tipo de

6. actividades, como los casinos. Mucha población que vivía muy
tranquila, o que se fue a vivir buscando tranquilidad alejada de la
ciudad, de pronto ve los riesgos de que esto pueda llegar.
- Los grandes proyectos mineros comparten graves impactos
sobre el medioambiente. ¿Podrías hablarnos de algún caso
concreto?
– Una de las características que ha marcado el conflicto en Argentina
es que estos proyectos se instalan cerca de fuentes de agua o aguas
arriba de las poblaciones. Como estas poblaciones dependen
directamente de los ríos que bajan de la cordillera, se transforma en
un potencial de riesgo sobre la fuente de agua del lugar. Esto ha
marcado en gran parte el rechazo social.
Por otra parte, y para centrarnos en un caso, voy a hablar de La
Alumbrera, que es la mina de más años en Argentina. Por un lado, se
le promete a la población local que puede tener un trabajo. Si bien
esto se da, no se cumplió con la cantidad de puestos que se
habían propagandeado, sumado a que los cargos más altos no están
generalmente ocupados por población local. Hay algunos trabajos de
antropología que han demostrado esta bifurcación entre los altos
cargos, que necesitan más preparación, especializados en
determinado tema técnico; y población local, que se dedica a
actividades de menor rango.
Por otro lado, lo que suele producir la llegada de estos proyectos,
aunque no es algo exclusivo de la minería, es una subida de los
precios generales de la zona. Aunque en la minería se logren buenos
sueldos, la población que no quede vinculada a la actividad sufre toda
la subida en el sector inmobiliario, en servicios, en precios de
insumos. Los sueldos no acompañan este cambio. Por eso se habla
muchas veces de la minería como proyectos y actividad de enclave,
porque el territorio queda separado, excindido, de la mayor parte de
la población cercana.

7. 8ª UAC y marcha en vendimia marzo 2012. Fotografía: Mariano
Nadalich (diseñador gráfico, UNCuyo).
8ª UAC y marcha en vendimia marzo 2012. Primer corte en Uspallata.
11 de septiembre de 2009. Fotografía: Mariano Nadalich (diseñador
gráfico, UNCuyo).
- ¿Cómo ha reaccionado la población en cuanto a la
Alumbrera? ¿Ha habido oposición clara, o división? ¿Cómo ha
evolucionado la situación?

8. – En el caso de la Alumbrera hubo mucha expectativa inicial, y luego
una gran desilusión. A esta zona han ido llegando proyectos nuevos.
Estaba La Alumbrera, luego llegó Agua Rica, y hay otro proyecto,
Pilciao 16. Este último implicaría mover un pueblo, Andalgalá. Estos
proyectos han tenido mucha más contestación social que el primero.
La Alumbrera, como fue el primero a nivel argentino, pasó más
desapercibido, y estos últimos han tenido oposición frontal férrea,
incluso se han dado casos de enfrentamientos violentos y de
criminalización de los pobladores que estaban en contra. En esta
provincia, Catamarca, se ha producido una gran criminalización de
aquellas personas que forman parte de las asambleas, como la del
Algarrobo, en Andalgalá, que interrumpe el paso hacia el proyecto
Agua Rica, y fue violentamente dispersada en febrero de 2010. Se
han dado cortes de rutas, de carreteras, también con
enfrentamientos graves.
Esto fue posterior a la instalación de La Alumbrera. En otros casos,
como el de Esquel, en el 2002, en una provincia de la Patagonia
argentina, en Chubut, la población rechazó el proyecto antes de la
instalación. En Argentina hablamos del efecto Esquel porque esta
movilización fue la primera de muchas otras en la misma provincia y
en otras.
- Frente a los proyectos de megaminería que se presentan
como una vía para el empleo y el desarrollo de algunas áreas,
¿hay propuestas de un desarrollo alternativo por parte de las
comunidades?, ¿en qué consisten?
– Ésta es una de las grandes discusiones en este momento. En el
caso de Esquel y de otras movilizaciones que se han dado, como las
de la provincia de Mendoza, hay actividades ya existentes que la
población percibe que podrían estar en riesgo con la llegada de la
minería. Actividades agrícolas, turísticas… Ante el “no” de muchas
comunidades, justamente, las mismas organizaciones que han
rechazado los proyectos actualmente se preguntan qué hacer. El gran
caballo de batalla de las empresas es precisamente la gran necesidad
de empleo de la mayor parte de la población. Es por esto que el tema
de las alternativas centra el debate.
En algunas zonas hay una gran creatividad por parte de las
poblaciones, e incluso un reclamo de la poca productividad por parte
de los gobiernos provinciales y municipales, que pretenden
concesionar un proyecto para salvar los años que estarán en la
gestión, y no plantearse cuestiones a más largo plazo para el lugar.
Hay algunos movimientos que sí plantean alternativas, como la
creación de áreas naturales con un mayor aprovechamiento turístico,
o la defensa de las actividades ya existentes. En otros casos, los

9. movimientos son conscientes de que hay que pensar alternativas y ya
han creado espacios participativos. Pero buscar alternativas a la
minería sigue siendo la tarea pendiente.
-¿Logran coordinarse los diferentes movimientos argentinos
en contra de la megaminería? ¿Y a nivel internacional, qué
coordinaciones son fuertes ahora mismo?
– Algunas provincias tienen coordinaciones a ese nivel. Mendoza, por
ejemplo, tiene la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP), que
coordina varias asambleas y asociaciones. También están activas las
asambleas de la provincia de La Rioja, que están bastante
coordinadas entre sí, y las de Córdoba, que se reconocen con el lema
“despierta” (Córdoba despierta, Traslasierra despierta, Ongamira
despierta, etc). También hay asambleas regionales, como en la
Patagonia. La asamblea de Esquel, por ejemplo, estuvo acompañada
por otros grupos, otras localidades, porque son extensiones
territoriales muy grandes.
Hay una coordinación nacional, la UAC, la Unión de Asambleas
Ciudadanas, que coordina la mayor parte de los movimientos que
resisten. No incluye sólo a los que rechazan proyectos mineros, sino
también a los que se oponen a otras actividades, como los
monocultivos, el negocio inmobiliario, las papeleras en la zona litoral,
el avance de la frontera extractiva sobre territorios campesinos e
indígenas. Nuclea una gran cantidad de problemáticas ambientales.
Se hacen encuentros de la UAC cada tres o cuatro meses, y se va
cambiando el lugar de encuentro. Luego la actividad se mantiene por
redes de contacto. Esto facilita mucho la respuesta a los sucesos
importantes, o a las criminalizaciones. Facilita la visibilización de los
conflictos.
A veces los conflictos se dan en pueblos alejados de la capital del
país, Buenos Aires, en puntos aislados. Por ejemplo, el caso de
Famatina. Es una barrera que instaló la población y que lo único que
corta es la entrada al proyecto minero. Este corte no está en la
capital de La Rioja, ni en el poblado de Famatina, está montaña
arriba. Si se produce violencia, esta red actúa como una gran cadena
de difusión, contención y acompañamiento, incluso con apoyo de
intelectuales y medios de comunicación en Buenos Aires y otras
provincias.
- Supongo que en todo esto el papel de los medios
comunitarios y alternativos será importante.
– Sí, es un proceso interesante. En muchos casos, las radios locales
han sido favorables a las empresas y los gobiernos, pero en 2009 se
aprobó una ley de medios que ha favorecido a estas organizaciones.

10. Si bien existen cuestionamientos a las limitaciones de esta ley de
medios, concretamente se han podido formar radios comunitarias, y
los medios alternativos que ya tenían más trayectoria han ido a
capacitar a las personas de estos nuevos medios. Así que muchas de
estas organizaciones locales cuentan con un medio alternativo que las
acompaña.
- Los medios convencionales, ¿cómo están abordando tanto
los proyectos como la contestación social?
– Son muy sinuosos, se comportan según la conveniencia del
momento. El tema ambiental es, por decirlo así, el tema “débil” de un
gobierno que en otros aspectos ha sido muy progresista. Esto es
aprovechado también por medios que quieren atacar al gobierno. A
veces un medio contrario al gobierno es, por esto, el único que cubre
lo que tiene que ver con este tipo de problemáticas. En general, los
medios de comunicación alineados al gobierno han publicado sobre
estos temas en contadas ocasiones, aunque esto va en aumento;
mientras que los medios contrarios lo hacen de una manera
totalmente favorable a sus intereses. A nivel provincial el mapa es
algo diferente, porque hay diarios que sacan el tema de una manera
o de otra, o favoreciendo un sector o a otro, de acuerdo a contextos
locales que en ocasiones son complejos de comprender si una no está
en el lugar. Es bien amplio el tema de los medios y sus
posicionamientos.
- ¿Qué te llevó a escoger los problemas ambientales y la
minería como objeto de estudio?
– Soy del interior de Buenos Aires, que es donde se da toda la
actividad de minería de cantera, de tercera categoría. Me tocó
escuchar desde muy de chica este tema de la actividad minera como
una actividad temporal, de poblados que se habían abandonado
cuando las canteras de agotaron… En este tipo de canteras, hace
algunos años atrás no estaba tan presente el tema del debate
ambiental, en parte porque hablamos de canteras que no tienen la
magnitud de las otras, de la megaminería que pretende instalarse en
la cordillera. Estudié Gestión Ambiental, y en el tercer año cursé una
materia que tenía que ver con conflictos ambientales. Me gustó
mucho esa parte social, ver cómo la población se apropiaba de las
temáticas ambientales. Me interesó el tema de los conflictos, de los
diferentes posicionamientos en torno al tema ambiental, analizar
cómo esto generaba disputas por esos recursos o bienes naturales.
Cuando presenté mi beca para hacer el doctorado estaba muy en
boga en Argentina el conflicto que se generó por la potencial
instalación de las pasteras Ence y Botnia en Uruguay, en la margen
del río Uruguay, compartido con Argentina. Del lado argentino hubo

11. un rechazo muy fuerte por la posible contaminación del río, y hubo un
conflicto diplomático entre los dos países. Finalmente sólo Botnia se
instaló. El año en el que ese conflicto se visibilizó en los medios,
cuando se hicieron las protestas masivas, fue el 2005, año en el que
inicié mi doctorado. Estuve muy tentada a abordar este tema, que
era muy reciente, pero por esto que comentaba sobre mi lugar de
origen, y porque aparecía como antecedente el conflicto de Esquel,
que estaba ya bastante documentado, me empecé a interesar por la
creciente conflictividad en torno a proyectos mineros, y llegué al caso
de Mendoza. Esta provincia fue de las primeras en contar con una
legislación ambiental. Tiene una trayectoria en legislación de agua,
tiene una institucionalidad muy fuerte en lo ambiental. Me interesaba
ver cómo el conflicto social interactuaba con este marco institucional.
Así que ese fue el tema de mi tesis doctoral.
Fotografía: Alba Onrubia.
- ¿Puedes hablarnos de alguna investigación en la que te
encuentres trabajando, o en la que tengas en mente poder
trabajar en un futuro?
– Ahora ingresé como investigadora en el organismo que me dio la
beca doctoral y la postdoctoral, el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Tengo la intención
de continuar con investigaciones acerca de conflictos ambientales.
Por ahora voy a continuar con conflictos mineros, pero puede ser que
posteriormente tome otra actividad. Siempre tiene una que estar al
tanto de lo que está pasando en otros temas, cómo interactúan los
diferentes conflictos.
Me voy a trasladar un poco de Mendoza, hacia el sur, y voy a tomar
un caso en Neuquén, donde se realizó la segunda consulta popular
(un referéndum) por el tema minero, en la localidad de Loncopué
(“lonco” es “cacique” en lengua mapuche, jefe comunitario de los
mapuches). Es un caso muy interesante porque se trata de una
empresa minera de capital chino que pretende instalarse en un
territorio de una comunidad mapuche. La idea es tomar este caso

12. para hacer comparativas entre provincias, por la importancia que
comentábamos que tiene el tema provincial, y también para
incorporar la perspectiva de una comunidad indígena cuando ésta es
parte de los actores en conflicto. En estos casos entra en juego toda
la cosmovisión del territorio, una legislación específica que me
interesa ver cómo influye. En Chile tengo muchos antecedentes para
ver el caso de los conflictos mapuches, aunque en el caso chileno se
han dado principalmente conflictos con empresas forestales.
Andrea Gago Menor coordina Pueblos – Revista de Información y
Debate.
NOTAS:
1. Licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental y doctora en
Ciencias Sociales y Humanas. Es investigadora del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina y ha sido docente de la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de Congreso y
Universidad Nacional de Cuyo. Ha participado en obras colectivas
como el libro 15 mitos de la megaminería transnacional, publicado
en Argentina, Uruguay y Ecuador, y ha publicado
recientemente Conflictos Socioambientales: La Megamineria en
Mendoza, 1884-2011 (Universidad Nacional de Quilmes Ed., 2014).
En noviembre de 2014 participó en varias actividades organizadas
en Bizkaia por el Observatorio de Multinacionales en América
Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, www.omal.info.
2. Wagner, Lucrecia: “Argentina en debate: las paradojas del
extractivismo”. En: Extractivismo: nuevos contextos de dominación
y resistencias, Centro de Documentación e Información Bolivia
(CEDIB), Cochabamba, pp. 111-129.