1. Municipios del suroeste antioqueño defienden tradición
agrícola: Rechazo a la minería
Aunque saben que podría tratarse de una lucha entre David y Goliat,
y que las normas favorecen la minería, varios municipios del suroeste
de Antioquia, quieren ponerle frenos a las grandes mineras que
tienen los ojos puestos en sus territorios. El primer municipio en dar
un paso adelante fue Támesis: el 6 de septiembre, los concejales
aprobaron un acuerdo que declara como zona de protección especial
todo el territorio del municipio y prohíbe la exploración y explotación
minera de metales.
A su iniciativa se sumaron el pasado jueves los concejales del
municipio de Urrao, tras aprobar otro proyecto similar que también
rechaza esta actividad, aduciendo entre otras cosas que “es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación” y que “dada la identidad cultural,
agricultora y de reserva natural del Suroeste de Antioquia“ no es
posible aceptar este tipo de procesos. El caso más reciente es el del
municipio de Jardín, en donde el pasado viernes, los 13 concejales
aprobaron otro acuerdo que prohíbe la extracción de minerales en su
territorio.
Su posición tiene varias explicaciones. Estos tres pueblos, dedicados
tradicionalmente a la agricultura, hacen parte del llamado “Cinturón
de Oro de Colombia”, una zona conformada por varios pueblos que
hoy está en los planes de grandes mineras, como la Anglo Gold
Ashanti,

2. debido a su alta riqueza en minerales.
Tal como lo publicó El Espectador y de acuerdo con cifras de Catastro
y Registro Minero, casi el 90% de esta zona está solicitada para la
minería. En Támesis, por ejemplo, ya se entregaron seis títulos
mineros que están en etapa de exploración.
De acuerdo con la Secretaría de Minas de Antioquia, la intención de la
Gobernación es “velar por el desarrollo y fomento de una minería
responsable en la zona”, pero la experiencia de otros municipios
mantiene en alerta a los campesinos de la región.
Una investigación del economista e investigador Guillermo Rudas,
también publicada por este diario, señala que sus prevenciones no
son infundadas. El informe de Rudas advierte que pese a los ingresos
por regalías y al impuesto de renta en municipios mineros en los
últimos
años, los beneficios para sus pobladores son pocos y, por el contrario,
la actividad minera tiene una estrecha relación con la pobreza, el
deterioro de la salud y el aumento de muertes violentas.
Por eso, lo que empezó como una serie de protestas pacíficas de la
comunidad, ya está evolucionando a políticas del territorio con el
pronunciamiento de los tres concejos municipales.
Pero, ¿qué tan efectivos son estos acuerdos, cuando la minería está
catalogada en el país como una actividad de utilidad pública e interés
social y el dominio del subsuelo le corresponde al Estado? Rodrigo
Negrete, abogado experto en derecho ambiental, explica que los
acuerdos son legales, debido a que los municipios tienen la potestad
de ordenar sus territorios y definir el uso del suelo. Además tienen
derecho a defender su patrimonio ambiental. Por eso, aunque los
títulos que ya fueron entregados tienen derechos adquiridos, la idea
es que no se entreguen más permisos para esta zona. Susana
Muhamad, secretaria de Ambiente de Bogotá y quien estuvo
acompañando al Concejo de Jardín en la aprobación del acuerdo,
agrega que “legalmente los concejos tienen la potestad de prohibir
las actividades mineras en sus
territorios”.
Lo mismo señala Juan Ceballos, abogado cercano al proceso: “estos

3. acuerdos tienen un soporte constitucional. A través de éstos, los
alcaldes podrán exigir a una multinacional que no ejerza actividades
mineras”. Aunque reconoce que es un primer paso, Ceballos señala
que los municipios del suroeste estarían buscando convertirse en
provincia para que su lucha en contra de la minería sea más efectiva.
Álvaro Carval, alcalde de Jardín, es realista: “Sabemos que hay una
gran maquinaria para impulsar la minería en el país y que las cosas
no se van a quedar así y van a venir las demandas, pero este es el
pronunciamiento de un municipio. Lo que estamos defendiendo es un
territorio, una tradición”. La primera demanda ya fue instaurada por
parte de la Gobernación al acuerdo de Támesis, por considerar que va
en contra de las normas legales . El Espectador consultó a Claudia
Cadavid, secretaria de Minas de Antioquia, quien respondió que no
era
prudente referirse al tema.
Negrete se refiere así al asunto: “Hay una reacción en cadena de los
municipios que están sintiendo que el Gobierno está desconociendo
los intereses locales, se sienten solos. El Gobierno tendrá que analizar
si las decisiones se siguen tomando desde Bogotá sin pensar en los
municipios”. A esta hora los demás municipios de la zona están
preparando sus propios acuerdos .
Travesía por las montañas del suroeste
Con el propósito de manifestar su rechazo a la llegada de las
empresas mineras a los municipios del suroeste de Antioquia, 100
caminantes recorrieron la semana pasada los senderos tradicionales
de la región durante cinco días.
La travesía empezó en Valparaíso. Desde allí caminaron hasta el
vecino municipio de Caramanta (donde hay 11 títulos mineros
vigentes), luego a Támesis, Jericó, Pueblorrico , Andes y terminó en
Jardín, luego de que el concejo municipal firmara un acuerdo para
rechazar la extracción de minerales en ese municipio
El recorrido, denominado “El abrazo a la montaña”, en el que
participaron líderes locales, ambientalistas y defensores de los
páramos de Santurbán y el Cauca (Caldono, Guachené y La Sierra),
buscaba además unir a estos municipios campesinos que

4. históricamente se han dedicado a la agricultura.
Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-
389483-rechazo-mineria