PRESENTACIÓN SOBRE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS ESTUDIOS POSGRADO

2. . KARLA JULISSA PORTILLA ARANDA
•JARED CLAUDIO NAVARRO RODRIGUEZ
•MARISOL CCORAHUA HUARHUA
•JONATHAN SOTO RODRIGUEZ
•JAIRO MUÑOZ LOZANO
•LESLY SUSAN LAZARO ARAINDIA
•MARIA ELIZABETH ESPINO CORREA
•JINES ALVA HUAMANURCU
CURSO: GESTION FINANCIERA PÚBLICA
DOCENTE: EDWIN ALBERTO ARROYO ROSALES
INTEGRANTES
TEMA:

3. PRESENTACIÓN
Debido al crecimiento económico acelerado en el Perú durante la última
década, lo cual ha tenido incidencia en el número de conflictos violentos, ya
que la mitad de disputas se encuentran relacionadas con materias
ambientales y sociales. Debido a que se encuentra dentro de los principales
productores a nivel mundial, el Perú en la década de 1980 presenta un caos
económico, caracterizado por políticas anti exportadoras que resultaron en el
cierre de varios proyectos mineros, la pérdida de muchos empleos dando
fuerte caída en los ingresos, la situación se restituyó con las políticas de
atracción de inversiones adoptadas en la década de 1990 y sostenidas por
los gobiernos posteriores, alcanzando un auge de las inversiones mineras,
que casi se cuadruplicaron en el año 2009, sumado a ello Perú en el 2004 se
convirtió en el principal productor de gas natural de América Latina, lo cual ha
sido la clave para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Una de las principales causas de conflicto en el Perú está relacionada con la
propiedad de los recursos naturales por parte del Estado, la mayoría de los
conflictos relacionados con las industrias extractivas en el Perú se inician
cuando los propietarios de la superficie se enfrentan a al Estado con relación
con los recursos del subsuelo, debido a esto se crearon unidades de conflicto
en la mayoría de los ministerios.

4. 2.1 TABLA
TITULO DEL
ARTICULO
AUTOR PAÍS DE PROCEDENCIA REVISTA
INDEXADA DEL
ARTÍCULO.
OBJETIVO(S) DE LA INVESTIGACIÓN CONCLUSIONES RELEVANTES
Industrias
extractivas y
conflictos en
el Perú
• Patricia I.
Vasquez
Trabajos en temas
relacionados con los
Recursos Naturales.
Especial énfasis en el litio, la
transición energética, las
energías renovables, el
petróleo y el gas. La Sra.
Vásquez se concentra
principalmente en la
gobernanza, el estado de
derecho, la formulación de
políticas, los conflictos, las
cuestiones sociales y
ambientales, y la etnicidad,
entre otros temas. Pasó tres
años en África Oriental,
trabajando para el Banco
Mundial en el desarrollo de
nuevas reservas de petróleo
y gas descubiertas en esa
región. Tradicionalmente, su
área geográfica de
especialización ha sido
América Latina. Washington,
Distrito de Columbia, Estados
Unidos
• https://www.u
n.org/es/obse
rvances/envir
onment-in-
war-
protection-day
El objetivo de la investigación fue Lanzar
un debate público nacional sobre el papel de
las industrias extractivas en el modelo de
desarrollo económico del Perú. Hoy en día,
muchas cuestiones importantes relacionadas
con la industria extractiva y el desarrollo no se
debaten abiertamente hasta que estalla un
conflicto. Esta no es una situación saludable y
contribuye a crear muchas tensiones que
podrían resolverse con una discusión
nacional más abierta sobre estos temas.
Todos los actores (gobiernos, comunidades,
sociedad civil, sector privado) deben ser parte
del debate y aportar sus perspectivas. El
debate debe versar sobre las reglas
existentes para la participación ciudadana y
también sobre el desarrollo de políticas
acertadas de minería e hidrocarburos. Esto
ayudaría a comprender los esfuerzos e
intenciones de algunas políticas. Por ejemplo,
las evaluaciones de impacto ambiental (EIA)
son vistas por las comunidades locales y la
sociedad civil como un mecanismo para
permitir desarrollos extractivos en sus
territorios en lugar de una herramienta
objetiva para evaluar el cumplimiento
ambiental. El propósito y diseño del EIA no es
un tema abierto.
Este documento es un breve resumen de
algunos de los temas importantes
relacionados con los conflictos inducidos por
el desarrollo de la industria extractiva en el
Perú. Evidentemente, este es un tema
tremendamente complejo y este informe no
pretende ser exhaustivo en su análisis, sino
que pretende dar algunas pistas que puedan
ayudar en el diseño de un programa de
apoyo para el Perú. Algunos de los temas
discutidos van mucho más allá del problema
de los conflictos en la industria extractiva y
tocan directamente el desarrollo futuro del
país. La debilidad de los gobiernos locales en
el manejo de sus nuevas responsabilidades y
en la gestión de los crecientes ingresos
fiscales en el contexto del proceso de
descentralización debe ser abordada con
urgencia, independientemente de la
existencia o no de conflictos locales. Es
fuente de corrupción, nepotismo y mala
decisión de desarrollo que socava el
desarrollo del Perú. La discrecionalidad
política en la implementación y adopción de
ciertas leyes socava la legitimidad del
gobierno y es una señal negativa para la
construcción de un clima de inversión
saludable.
II.DESARROLLO

5. “Industrias extractivas y conflictos en el Perú: Una agenda para
la acción”
Los conflictos asociados
a las industrias extractivas
no son nuevos en el Perú,
últimamente se han
multiplicado en numero y
aumentado en intensidad
y frecuencia
Introducción
Sección 1:
Causas de los
conflictos
Sección 4:
Matriz, Anexos
2.2. ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO
Debilidades
Institucionales y
de Gobernanza
Sección 2:
Conclusiones
Sección 3:
Recomendaciones
Marco legal
Responsabilidad
de las partes
interesadas
El compromiso del
gobierno para actuar y el
apoyo político son
esenciales, la debilidad de
los gobiernos locales
debe ser aborda con
urgencia, ya que es fuente
de corrupción, nepotismo
y mala decisión de
desarrollo.
- Lanzas debate pubico
- Adoptar políticas de
prevención de conflictos
- Adoptar el enfoque de
gestión de gestión de
conflictos por la defensoria
del pueblo.
- Realizar mapeo de
conflictos y actores.
- Diseñar un mecanismo de
revisión por pares de la
empresa privada.

6. 2.3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO USADO
Uno o dos de los estudios de caso deben ser ejemplos de
resoluciones positivas: elementos positivos que impidieron el
estallido de conflictos. Un buen ejemplo de un caso de
estudio positivo podría ser el proyecto minero Las Bambas
en el departamento de Apurímac, que en el transcurso de
este trabajo de consultoría surgió como un raro ejemplo de
eficiencia relativa en relación con la participación ciudadana,
el esquema de relaciones empresa
comunidad y la consulta.
También destacaron el sólido trabajo comunita
rio realizado por la empresa, y el hecho de
que debido a que el gobierno tuvo un amplio
contacto con la comunidad desde el principio,
la oposición fue mínima o inexistente cuando
el proyecto minero llegó más tarde.
Una razón fundamental de esto parece haber sido el trabajo preliminar
realizado por el gobierno al involucrar a la comunidad local en proyect
os de desarrollo que los beneficiaron, desde el principio, mucho antes
de la llegada de la industria extractiva.

7. III. CASO REAL EN EL PERÚ
CASO REAL DE LAS BAMBAS
El proyecto minero Las Bambas, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado el 2010, consistía en una mina de
explotación de cobre ubicada en las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac), que trasladaría el mineral hasta la
provincia de Espinar (Cusco) por un mineroducto para ser procesado y los insumos para su producción por una carretera
auxiliar. Ambos componentes iban a ser construidos por la empresa minera. En el EIA inicial, varias de las comunidades
mencionadas eran consideradas parte de la zona de influencia del mineroducto. El 2014, la empresa minera presenta la
segunda solicitud de modificación del EIA. Entre otras cosas, pide reducir el área de influencia, sin mencionar el cambio del
medio de transporte de mineroducto a carretera. Como ese propósito no es mencionado en la solicitud, no se somete a los
mecanismos de participación ciudadana1. Recién el tema aparece en el levantamiento de observaciones, casi al final del
procedimiento de evaluación, cuando la autoridad ambiental pregunta a la empresa sobre cómo se iba a realizar el
transporte minero, y la empresa, de manera breve, le responde que lo haría por carretera, a través de una vía pública. Sobre
este tema se hacen algunas preguntas más, que la empresa responde de manera muy sucinta y el cambio es aprobado. En
este procedimiento no se establecen los impactos que iba a tener el transporte terrestre ni las medidas de mitigación de los
daños, algo muy extraño porque el transporte minero es parte del proceso minero.

8. III. CASO REAL EN EL PERÚ
La vía mencionada en esta modificatoria tenía tramos pre-existentes y otros que los municipios y los gobiernos regionales de
Cusco y Apurímac debían establecer. Varias de estas entidades recibieron apoyo de la empresa minera para la formulación de
los expedientes técnicos. Además, realizaron las obras sin el permiso de los propietarios o posesionarios colectivos o
individuales de las tierras, produciéndose la vulneración del derecho a la propiedad.
El transporte minero, a través de camiones de carga pesada, se comienza a realizar sobre una carretera angosta y sin asfaltar.
Esto origina frecuentes accidentes y polvo, ruido y vibración que afectan a los que viven cerca de ella, y también a escuelas y
postas médicas cercanas. Estos impactos no fueron incorporados en el EIA, como señalamos anteriormente.
Lo problemas fueron visibilizados recién cuando las comunidades de Cotabambas protestan por el impacto del transporte
minero el 2018, y se establece una mesa de diálogo. En ella se denuncia el despojo de tierras que habían sufrido los
propietarios y posesionarios, quienes exigen que la empresa minera les pague por sus tierras y asuma el costo de los impactos.
En ese marco, la empresa señaló que no le correspondía realizar pago alguno porque transitaba por una vía pública, como un
usuario más, que goza de servicios del Estado porque paga sus impuestos. Esto indignó a muchos pobladores de Cotabambas,
porque la empresa está exenta de realizar el pago de impuesto a la renta hasta que concluya la recuperación de su inversión.
Además, en este espacio de diálogo el Ejecutivo propuso recategorizar la carretera, que ya era una vía pública, y darle un nivel
nacional a fin de que reúna las características técnicas necesarias para el transporte de vehículos de carga pesada. Esta
propuesta finalmente se concretó a través de la RM 372-2018-MTC. Posteriormente a ello, el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones asumió el costo de la adquisición de tierras de los propietarios y posesionarios para el tramo ubicado en
Cotabambas. Los propietarios ubicados en los tramos de Cusco, no participaron de este proceso.

9. III. CASO REAL EN EL PERÚ
Posteriormente a ello, las comunidades de Chumbivilcas solicitan la nulidad de la resolución la RM 372-2018-MTC, y lo siguen
exigiendo hasta el día de hoy. Al respecto, cabe preguntarse si en realidad esa resolución es nula, si el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones puede retroceder y qué se lograría con ello. Podríamos decir que sí es nula, en tanto reclasifica tramos de
carretera que se construyeron violando la propiedad privada de tierras, sin seguir el procedimiento establecido en la ley. Si
bien el Ministerio de Transporte y Comunicaciones puede dejar sin efecto la resolución, eso significará que la carretera vuelve a
ser de nivel regional o local, como lo era antes y que los gobiernos locales y regionales tendrían que hacer lo propio, debido a
que sus actos también fueron nulos. Ante ello, cabría preguntarse si vale la pena pasar por todo ese proceso, o hay que buscar
otra solución, ya que la carretera existe y por ella transitan vehículos, principalmente de la empresa minera.
Sobre los impactos, es importante precisar que el año 2018 la empresa tramitó una tercera modificatoria del EIA. En ese
procedimiento, el Frente de Defensa de Cotabambas planteó la necesidad de declarar la carretera como componente minero,
incorporar los impactos del transporte y establecer las obligaciones de la empresa para mitigarlos. En la resolución de SENACE
no se incorpora la carretera como componente minero, pero sí se establece algunos impactos de manera muy superficial y
también algunas medidas de mitigación de los daños, como el regado y la regulación de la velocidad de los vehículos. Además,
se le encarga a OEFA la fiscalización del impacto del transporte minero. Anteriormente a ello, ninguna entidad fiscalizaba esta
actividad, pese a que la empresa minera ya tenía dos años operando.

10. III. CASO REAL EN EL PERÚ
Como las medidas establecidas por el SENACE no resolvieron los problemas que padecían los afectados, las organizaciones
sociales de Chumbivilcas plantearon una denuncia ambiental en la que pedían se modifique el EIA para incorporar la carretera
como componente minero, y los impactos que producen.
En su resolución de primera instancia, OEFA dispuso: la aplicación de supresores de polvo en los tramos donde existan
localidades colindantes al corredor vial, el humedecimiento del corredor vial previo al paso de los camiones para reducir la
emisión de material particulado; e implementar otras soluciones técnicas y ambientales que permitan mantener los niveles de
servicio adecuado.
También ordenó restringir el tránsito de los camiones de transporte de concentrado en las localidades de Velille y
Ccapacmarca, en el horario comprendido entre las 18 horas y las 05 horas del siguiente día; y acceder, en tiempo real, al
sistema de geoposicionamiento satelital (GPS) de la empresa a fin de verificar el cumplimiento referido a la cantidad y
velocidad de los camiones de transporte de concentrados que transitan por el corredor vial. Asimismo ordenó la actualización
y/o modificación del estudio de impacto ambiental vigente, con el objetivo de incorporar las medidas dispuestas y aquellas
otras modificaciones que se derivaran de la evidencia obtenida durante la evaluación realizada. Durante el diálogo con las
organizaciones de Chumbivilcas, OEFA se comprometió a mantener la supervisión in situ de manera permanente e instaló una
estación de monitoreo para evaluar de manera continua la calidad del aire en Velille; y ofreció tener otra estación en
Ccapacmarca con el mismo propósito.

11. III. CASO REAL EN EL PERÚ
ANALISIS CRITICO:
Que la modificación de la forma de transporte se hizo de manera irregular y por lo tanto, dio lugar a impactos que muchas
personas han sufrido o sufren, y liberó a la empresa de toda responsabilidad. Todo ello es percibido como injusto.
Es importante establecer, en diálogo con los afectados, si todos los impactos del transporte minero han sido identificados y
vienen siendo adecuadamente mitigados. También es importante tener claro si la responsabilidad del asfaltado, y su
mantenimiento, le corresponde solo al Estado, o también existe una responsabilidad de la empresa minera, teniendo en cuenta
que inicialmente se había comprometido a construir una carretera auxiliar para el transporte de insumos, que no hizo.
Se debe dilucidar si la carretera es o no un componente minero y si las poblaciones del entorno son o no zona de influencia
ambiental y social y de serlo, qué tipo de beneficios les corresponde.
Varios tramos de la carretera se han establecido sobre propiedad privada, sin un proceso de negociación o expropiación como
la ley lo exige, por lo tanto, existe un conjunto de actos nulos. Sin embargo, existiendo la carretera, por donde transitan
vehículos, gran parte de ellos de la empresa minera, cabría preguntarse si vale la pena declarar nulos todos esos actos o si se
podría llegar a un acuerdo con los propietarios y posesionarios. Esto pasa por asumir que desde que ocurrieron los hechos,
hasta la actualidad, los derechos de los propietarios y posesionarios permanecieron vulnerados y les corresponde algún tipo de
compensación por esos daños.

12. III. CASO REAL EN EL PERÚ
REFLEXION
Finalmente, es importante señalar que todos estos problemas pudieron evitarse con una regulación clara, protectora de
derechos, un buen estudio de impacto ambiental y una adecuada evaluación, respetando la participación o consulta de las
comunidades que serían afectadas.

13. Evidentemente, este es un tema tremendamente complejo y este informe pretende dar algunas pistas
que puedan ayudar en el diseño de un programa de apoyo para el Perú. Algunos de los temas
discutidos van mucho más allá del problema de los conflictos en la industria extractiva y tocan
directamente el desarrollo futuro del país. La debilidad de los gobiernos locales en el manejo de sus
nuevas responsabilidades y en la gestión de los crecientes ingresos fiscales en el contexto del proceso
de descentralización debe ser abordada con urgencia, independientemente de la existencia o no de
conflictos locales. Es fuente de corrupción, nepotismo y mala decisión de desarrollo que socava el
desarrollo del Perú. La discrecionalidad política en la implementación y adopción de ciertas leyes
socava la legitimidad del gobierno y es una señal negativa para la construcción de un clima de
inversión saludable, a ello es recomendable de que se lleve:
IV. CONCLUSIONES DE CRÍTICA REFLEXIVA DEL GRUPO.

14. • un debate público abierto sobre el papel de la Minería y los Hidrocarburos en el modelo de
desarrollo económico del Perú
• Adoptar Políticas Nacionales de Prevención de Conflictos
• Adoptar el enfoque de gestión de conflictos implementado por la Defensoría del Pueblo
• Desarrollo de capacidades para funcionarios públicos a nivel local (región y gobierno local)
dichos debate y enfoques deben ir paralelo con el desarrollo de capacidades, desarrollando programas
sobre el manejo y prevención de conflictos basadas en las realidades practicas del Perú. Finalmente
es importante recalcar que a pesar del aumento de los conflictos existen historias de éxito en el Perú.
El proyecto Camisea.
IV. CONCLUSIONES DE CRÍTICA REFLEXIVA DEL GRUPO.