Ecologistas en Acción, l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el Col•lectiu Respostes a les Empreses Transnacionals (RETS) y Enginyeria Sense Fronteres (ESF) expresan su rechazo a la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) de indemnizar a la multinacional española Abengoa por el impedimento al funcionamiento de un depósito de residuos peligrosos que pensaba instalar en México. La planta, situada cerca de un área protegida y a menos de 500 m de una población indígena, había recibido el rechazo masivo del municipio donde iba a ser localizada.

1. Colectivos ecologistas y sociales critican la millonaria
indemnización a Abengoa que tiene que llevar a cabo México
Nota de prensa
Ecologistas en Acción, l'Observatori del Deute en la Globalització
(ODG), el Col·lectiu Respostes a les Empreses Transnacionals (RETS)
y Enginyeria Sense Fronteres (ESF) expresan su rechazo a la decisión
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversores (CIADI) de indemnizar a la multinacional española
Abengoa por el impedimento al funcionamiento de un depósito de
residuos peligrosos que pensaba instalar en México. La planta,
situada cerca de un área protegida y a menos de 500 m de una
población indígena, había recibido el rechazo masivo del municipio
donde iba a ser localizada.
El gobierno mexicano ha reconocido recientemente que ha de
indemnizar a Befesa, ex-filial de la multinacional energética Abengoa,
por la negativa del municipio de Zimapám (estado de Hidalgo,
México), a conceder la licencia de funcionamiento a un depósito de
residuos peligrosos que se encontraba a 2 Km. de una Reserva
Natural y a menos de 500m de una comunidad indígena hñahñü. El
alcalde del municipio, haciendo uso de sus capacidades ejecutivas,
decidió no conceder la licencia de operación del depósito tras las
movilizaciones locales que alertaban de la peligrosidad de la planta y
de las campañas nacionales e internacionales de apoyo a los
lugareños.
Tras el impedimento de operación del depósito, el 22 de septiembre
de 2009, la multinacional española, junto con la Compañía Española
de Financiación del Desarrollo (COFIDES) de propiedad estatal,
demandó al país americano ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) que a su vez depende del
Banco Mundial. La resolución del caso ha condenado a México a pagar
un monto que se estima entre 42 y 45 millones de dólares, dinero
que bien puede ser utilizado para fines sociales y ambientales.

2. Para las organizaciones firmantes esta resolución es un prueba más
del poder que tienen las multinacionales sobre los derechos sociales y
ambientales de las poblaciones locales al auspicio de la globalización
neoliberal. La demanda se interpuso al amparo del tratado bilateral
que firmaron el Estado español y el mexicano en 1995, que permite a
las multinacionales interponer demandas a los países firmantes ante
tribunales internacionales de arbitraje de dudosa transparencia y
ecuanimidad como el CIADI , obviando los cauces legales normales.
Este tipo de mecanismos, conocidos como Resolución de Disputas
entre Inversores (extranjeros) y Estados, suelen estar incluidos en los
Tratados Bilaterales de Inversión y en Tratados de Libre Comercio y
han sido criticados por el hecho de que las resoluciones suelen fallar
en favor de las multinacionales y de que su mera existencia supone
una coacción hacia los países implicados para no mejorar la
legislación ambiental y social.
El caso de la planta de residuos peligrosos de Zimapán es un ejemplo
de ello. Abengoa, pese a haber ocultado datos sobre la peligrosidad
de la planta y nunca haber consultado al municipio de Zimapán, ha
tratado de coaccionar al municipio para llevar a cabo sus planes,
mermando los derechos sociales y ambientales de su población. No
es la primera vez que Abengoa utiliza este mecanismo. Tras la guerra
del agua en Cochabamba, Bolivia, resultado del aumento
desproporcionado de las tarifas, demandó a Bolivia ante el CIADI.
Más grave resulta que el gobierno español, a través de COFIDES,
haya apoyado la demanda de Abengoa al CIADI, pues demuestra que
su principal interés siguen siendo las multinacionales. En una época
en que el sector público está sufriendo recortes, el ejecutivo español
está utilizando recursos públicos en beneficio del lucro de un pequeño
sector privilegiado. El dinero empleado en defender a Abengoa bien
se podía haber utilizado en apoyar a lo servicios públicos en lugar de
dedicarla a usurpar derechos ambientales y sociales a poblaciones de
terceros países.
Por todo ello, las organizaciones firmantes se solidarizan en primer
lugar con el Municipio de Zimapán, y el movimiento “Todos somos
Zimapán” de resistencia a la planta de residuos peligrosos. A su vez
insta a Befesa-Abengoa y a COFIDES a renunciar al dinero exigido
por CIADI. Por último exige a los gobiernos mexicano y español que
revoquen el Tratado Bilateral de Inversiones que firmaron ambos
países en 1995.
Más información:
Luis Rico 654248912

3. Tom Kucharz 619949053