Muy lejos de procurar el Estado de Derecho en Honduras, la Jueza, el Fiscal y el Abogado, al servicio de los intereses de las empresas privadas, han lanzado una persecución política y ofensiva ilegal e infundada contra Bertha Cáceres, Tomas Gómez y Aureliano Molina, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). Su “delito” es defender los territorios indígenas de Río Blanco contra la construcción de la hidroeléctrica de la empresa DESA