El gobierno de Honduras ha concedido más de 1.5 millones de hectáreas de tierra a proyectos mineros extranjeros, perjudicando la salud de las comunidades locales y el medio ambiente. La policía y el ejército hondureños apoyan a las mineras y reprimen a los líderes ambientales que se oponen a la minería. Además, las leyes hondureñas otorgan impunidad a las compañías mineras y criminalizan la protesta contra la minería.

1. Policía y Ejército son socios de las mineras en Honduras
Honduras, 04 Abril 2014 09:20
Por Dina Meza*. El Estado hondureño despliega un marco jurídico que
permite la impunidad de las empresas mineras que llegan al país para
saquear los recursos naturales.
Un millón y medio de hectáreas de tierras fueron concesionadas para
proyectos extractivos en Honduras, beneficiando a
empresas transnacionales mineras que con sus operaciones no
solamente saquean los recursos naturales de la nación, sino que
afectan gravemente la salud de las poblaciones.
Actualmente hay unos 530 proyectos mineros aprobados, otros que
están en espera y que en total sumarían alrededor de 830 en todo
el país.
La consulta a las comunidades está anulada, se engavetan
expedientes de denuncias de asesinatos, amenazas y otras formas de
represión contra líderes y lideresas ambientales que han decidido
apostar a defender sus territorios.
Así lo denunció Pedro Landa, coordinador del Programa de Derechos
Humanos y Medioambiente del Centro Hondureño de Promoción para
el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) y coordinador de la Coalición
Nacional de Redes Ambientales contra la Minería a Cielo Abierto en
Honduras.
Landa ha sido objeto de múltiples amenazas, persecución y atentados
contra su vida por oponerse a este modelo de despojo en el
país, modelo que controla a autoridades, operadores de justicia y
políticos que legislan a favor de las transnacionales de la minería.

2. En el 2000 se instaló en Honduras la minera “Entre Mares”, en la
zona del Valle de Siria. En poco tiempo, los estragos ambientales y en
la salud de la población no se hicieron esperar. Un análisis médico
determinó que las personas en más del 47 por ciento tienen
metales pesados en sus cuerpos, situación que es de pleno
conocimiento por parte del Estado hondureño. Las autoridades del
país han ocultado la información con el fin de no alterar el negocio de
entrega del territorio a las mineras, con lo que se violentó el Pacto de
los Derechos Económicos Sociales y Culturales por lo menos en siete
artículos, aseguró Landa.
La minería es una amenaza regional, es la nueva estrategia de
control territorial de los grandes países del norte, que atraviesan la
escasez de estos recursos. Razón por la cual no les importan los
derechos humanos y las decisiones de las comunidades, y para llevar
a cabo sus propósitos contratan mercenarios y aplican estrategias
políticas con el fin de que los recursos naturales de países
empobrecidos como Honduras, se conviertan en un negocio.
Ante la falta de justicia dentro de la nación, los ambientalistas se han
enlistado en foros y coaliciones internacionales para hacer
alianzas continentales en contra de este flagelo que empobrece más a
los habitantes.
Hay más de 230 proyectos mineros y minería metálica aprobados,
más de 300 de minería no metálica también aprobados. En
estos últimos se trata de concesiones de 98 por ciento de óxido de
hierro que el Estado de Honduras negocia hace más de un año con
China. El objetivo es que la potencia asiática entregue
anticipadamente los impuestos que pagaría.
A un año de haberse aprobado una nueva Ley de minería, hay unos
16 proyectos de ese tipo que están generando conflicto en las
zonas centro-norte, y atlántico del país.
De aprobarse todas las concesiones mineras habrían más de 830
proyectos mineros que representan más de un millón y medio
de hectáreas, un 20% del territorio nacional.
Al consultarle a Landa por qué existe tanto interés de las mineras en
Honduras, explicó que es debido a que el Estado les brinda
grandes beneficios y tienen contratos leoninos por muchos años.
Para lograr establecerse, las compañías extranjeras, a través de
grupos paramilitares, cometen asesinatos de líderes y el Estado no
ha actuado en contra de los responsables de esas muertes.

3. “La minería está protegida por el Estado, hay seguridad jurídica, re-
militarización de los territorios”, denunció el entrevistado.
Con el consumo desmesurado de los recursos naturales -en un
tiempo de escasez de minerales en el mundo-, permite que las
potencias que dependen de la industria lleguen a América Latina con
un nuevo plan de conquista para quedarse con todo este mineral.
Esto es considerado como un asunto de seguridad nacional para las
grandes potencias que tienen a “socios” locales muy comprometidos
con ellos.
Por su parte, los gobiernos locales ven la posibilidad de tener dinero a
corto plazo para continuar con el saqueo de las arcas públicas.
En Honduras hay al menos 15 leyes aprobadas para garantizar la
seguridad jurídica de las inversiones transnacionales, que avalan
la impunidad de éstas cuando cometen delitos, salvaguardan las
grandes ganancias y permiten la persecución contra las comunidades
que se oponen al despojo.
Landa recordó que una de las leyes aprobadas, con el objetivo de
reducir la tasa de seguridad e invocando la lucha contra la
delincuencia, en realidad convierte al ejército y a la policía en socios
de las empresas mineras. Un ejemplo es que el 2% de los impuestos
de estas empresas están destinados para la tasa de seguridad.
El coordinador del CEPRODEC agregó que esta situación es peligrosa
porque “estos dos actores que deben dar seguridad, tienen interés
en las operaciones de las mineras y en contra de las poblaciones, por
eso cualquier movimiento generado en las poblaciones es
perseguido”.
Mientras la impunidad se colude con la corrupción de funcionarios
estatales, operadores de justicia como el Ministerio Público se
burlan de las víctimas. En el lejano caso de que una denuncia sea
procesada y llegue hasta la audiencia inicial, aunque existan pruebas,
a los responsables se les aplicarán criterios de oportunidad para que
no vayan a prisión.
*Periodista y defensora de derechos humanos de Honduras. Premio
Libertad de Expresión 2014 - Pen Internacional/Oxfam Novib
En línea: http://marcha.org.ar/index.php/elmundo/110-
honduras/5011-policia-y-ejercito-son-socios-de-las-mineras-en-
honduras
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Jennifer Moore
Latin America Program Coordinator
MiningWatch Canada

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