![4 1 de agosto de 2016
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El Grupo de Trabajo sobre
Empresas y Derechos de
la ONU en visita oficial
a México se reunió con
autoridades, empresas,
organizaciones de la
sociedad civil; personas
y comunidades afectadas
por diferentes actividades
empresariales. El Grupo
de Trabajo conoció el
incumplimiento del deber
del Estado de proteger los
derechos humanos y de las
empresas de respetarlos,
así como de proveer
un adecuado acceso a
la justicia en caso de
afectaciones.
Los testimonios
que escucharon Pavel
Sulyandziga y Dante
Pesce, expertos del Grupo
de Trabajo, fueron de
personas y comunidades
afectadas por las
actividades empresariales
por la falta de acceso
a la información y a la
consulta y consentimiento,
violaciones a derechos
laborales, impactos
graves a la salud y medio
ambiente, entre otros.
En Oaxaca
se reunieron con
comunidades afectadas
por proyectos mineros,
eólicos, de extracción de
hidrocarburos, entre otros.
Se presentaron 17 casos
en total. Los asistentes
hablaron sobre abusos y
violaciones de derechos
humanos cometidos por
las empresas y gobiernos;
así como de la falta de
información y garantías al
derecho a la consulta libre,
previa e informada, como
en el caso de Eólica del Sur.
En Guadalajara,
los expertos visitaron
el río Santiago, donde
les sorprendió el nivel
de contaminación y
los daños a la salud del
corredor industrial en el
que se vierten desechos
de diferentes actividades
empresariales, incluidas
trasnacionales. Los
expertos determinaron
que había “una catástrofe
ecológica”. Posteriormente,
el Grupo conoció casos
de criminalización y
amenazas a defensores
de derechos humanos
relacionados con las
presas de El Zapotillo y
Las Cruces, proyectos
turísticos, mineros en
Wirikuta y Zacualpan,
y con las maquilas de la
industria electrónica.
En Hermosillo,
Sonora, el Grupo visitó la
comunidad de Ures para
conocer las afectaciones
del derrame de lixiviados
por el Grupo México,
ocurrido en 2014, en los
ríos Sonora y Bácanuchi.
Luego se reunieron
con representantes de
diferentes comunidades.
Los afectados denunciaron
negligencia y omisiones
por parte del Estado
para hacer cumplir la
ley, la impunidad con la
que operan las empresas
afectando los derechos
humanos, y las dificultades
en el acceso efectivo a la
justicia.
En Xochicuautla,
Estado de México,
comunidades indígenas,
urbanas y rurales
presentaron 28 casos sobre
hidroeléctricas, minería,
energía, infraestructura
y privatización de agua.
El pueblo solicitó al
Grupo que “pusieran
fin al ecocidio; la
cancelación del proyecto
de la autopista Toluca-
Naucalpan, y que se
terminen las persecuciones
y detenciones a los
indígenas”.
Los expertos se
reunieron con al menos
una decena de empresas.
Grupo Higa fue la única
que no respondió a la
invitación de la ONU.
En su visita en la
Ciudad de México se
ejemplificaron casos
de todo el país. Entre
ellos, el de Guerrero: las
víctimas y organizaciones
expusieron la situación
de violencia, corrupción
y colusión de autoridades
con el crimen organizado,
que propicia un
sinnúmero de violaciones
a derechos humanos.
Asimismo, se ejemplificó
la semiesclavitud en los
campos agrícolas, en
donde las principales
empresas responsables son
extranjeras.
Los casos se pueden
consultar en el informe
que presentaron al Grupo
de Trabajo de ONU
una coalición de más
de 100 organizaciones y
movimientos sociales.
Quienes integramos esa
coalición consideramos que
el gobierno debe aceptar
las recomendaciones y
plantear un plan claro para
su cumplimiento. Además
lo exhortamos a informar
cómo atenderán dicha
recomentación. [Carta
resumida]
Coalición de
organizaciones defensoras
de derechos humanos
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
RECOMENDACIONES DE LA ONU
MÉXICO DEBE CUMPLIR
4 26 de septiembre de 2016](https://image.slidesharecdn.com/contralinea507-161015002627/85/Contralinea-507-4-320.jpg)
![32 26 de septiembre de 2016
INVESTIGACIÓN PORTADA
esos flujos lícitos coincide con la no menos verti-
ginosa y diversificada transnacionalización de las
actividades ilícitas, a menudo estrechamente rela-
cionadas entre sí y con su demanda generada en
el Norte del Continente, que cruzan sin grandes
dificultades las porosas fronteras terrestres y ma-
rítimas, y que son controladas por la difusamente
calificada “delincuencia organizada internacional”
y “otros actores no estatales”que no se identifican
en el documento. Algunos de esos ilícitos son la
producción e intercambio de bienes y servicios
ilegales, el tráfico de divisas y lavado de activos,
incluyendo los financieros, el comercio de espe-
cies protegidas, de bienes culturales, de armas y
de estupefacientes,los flujos migratorios y la trata
de personas.
En el Programa Nacional de Seguridad Públi-
ca, que define la estrategia y las líneas de acción
pública en contra del comercio ilícito, se agrega
un componente: la lucha contra la “mercancía y
la economía ilegal” controlados por los grupos
delictivos que han ocupado “algunas zonas del
territorio nacional” debido a “un vació de auto-
ridad”propiciado por la debilidad y la corrupción
institucional.
Dicho Programa indica que una “mercancía
ilegal” es aquella que “viola las normas fiscales,
de comercio exterior, de derechos de autor, de
propiedad industrial, las sanitarias y de protec-
ción al medio ambiente”. Por la “economía ilegal
impacta negativamente la creación de empleos,
el crecimiento del país, el desarrollo de sectores
productivos legales]; disminuye la participación
de empresas formales en el mercado; [que com-
piten deslealmente con] las empresas que actúan
con apego a la ley; inhiben la aparición continua
de nuevos y mejores productos y servicios, pues
desalientan la innovación y la creatividad”.
Para enfrentar la “debilidad” y el “vacío insti-
tucional”se propone reforzar a las entidades fede-
rales, controlar los puertos, aeropuertos y puntos
fronterizos para tratar de identificar y neutralizar
el ingreso de los productos ilícitos al país,detectar
y erradicar su producción, almacenamiento y dis-
tribución de esa clase de productos y de quienes
los controlan, han sido una de las actividades que
le han quitado a los neoliberales, desde el gobier-
no de Miguel de la Madrid.La industria del tabaco, entre las que más presionan para frenar el flujo ilegal de productos
ARMANDOMONROY/CUARTOSCURO](https://image.slidesharecdn.com/contralinea507-161015002627/85/Contralinea-507-32-320.jpg)
![www.contralinea.com.mx 41
INVESTIGACIÓNMEDIOS
pia el pasado; cualquiera de quienes colman los no-
tociarios y las páginas de los medios con historias de
muerte, desapariciones forzadas, secuestros, corrup-
ción, explotación, fraude, soborno, despojo…
“Se puede entonces explicar por qué ha habi-
do tanta presión por llevar esto a la regulación por
medio del Inai y la Ley [General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares]”, ra-
zona Carlos Brito.
Se trata del siguiente paso en el negocio del ma-
nejo de la imagen pública: la reconstrucción de una
reputación a partir de la eliminación de informa-
ción adversa gracias a una herramienta disfrazada
de “derecho”.
“Está pensado para eso. Está manufacturado
como estrategia de mercadotecnia. El hecho de lla-
marle ‘derecho-al-olvido’”, explica en entrevista el
abogado de la R3D, que remarca la procedencia
corporativa del término: ni legislativa ni jurídica,
sino de firmas como la que ahora se encarga del ho-
nor del exgobernador Moreira.
“El Tribunal de Justicia Europea jamás le llama
así en la resolución que emite –y en la cual se apoyó
el Inai–. Si le llama así es porque cita a los despachos
y nada más”.
Para la comisionada Patricia Kurczyn no hay
nada raro o nocivo en el negocio que de la mano del
Inai está progresando.
—Ahora se ofrece dicho olvido como una mer-
cancía, doctora –se le comenta.
—Es naturalmente el ejercicio libre de la profe-
sión. Es una actividad completamente lícita que se
puede desempeñar.
Choque de derechos
El Instituto ha basado la discusión en el derecho
de las personas a la protección de sus datos perso-
nales, manto con el que se le da un aire de legalidad
al término mercadológico “derecho al olvido”.
Los derechos de acceso a la información y de
protección de datos personales se enfrentan y el Inai
es el órgano encargado de ejercer como árbitro.
“Cuando se produce un choque de derechos se
da una situación trágica”, apunta el jurista Roberto
Gargarella. “¿Por qué? –continúa– Porque nos en-
Con el derecho al olvido, el pleno del Inai (en la imagen) pretende censurar informaciones periodísticas e históricas en soportes impresos, electrónicos y digitales. En riesgo, los
derechos constitucionales a la información y la libre expresión
DIEGOSIMÓNSÁNCHEZ/CUARTOSCURO](https://image.slidesharecdn.com/contralinea507-161015002627/85/Contralinea-507-41-320.jpg)
![42 26 de septiembre de 2016
INVESTIGACIÓN MEDIOS
contramos frente a dos derechos reclamando por el
mismo espacio, peleando por el mismo lugar, y que
solo uno de ellos puede preservar. Alguno de los de-
rechos va a perder”.
En tales casos de pugna, quien resuelva está obli-
gado a justificar la ponderación entre uno y otro de-
recho, dice Gargarella. Y una fórmula para resolver
la jerarquización inevitable, sugiere, es seguir la ruta
“de que el último derecho a ser retirado, o sea, el
que más hay que cuidar es el que está más cerca del
nervio democrático de la Constitución […] hacer el
máximo esfuerzo por preservar hasta el final aque-
llos derechos que estés más cerca del corazón de la
Constitución”, el cual “tiene que ver con las reglas
básicas del juego democrático”.
Por tanto, derechos como la libre expresión o
el acceso a la información “merecen ocupar un
lugar muy especial dentro de nuestra escala de de-
rechos”.
Y el doctor en derecho por las universidades de
Buenos Aires y Chicago va más allá: los derechos
más cercanos al corazón de la Constitución “deben
serobjetodeunaprotecciónespecial.Ymástodavía,
dentro de los derechos vinculados con la libertad de
expresión, encontramos subderechos que merecen
una protección aún más especial”. Por ejemplo: el
derecho de criticar a los hombres ejerciendo el po-
der, sea público o fáctico.
Para el abogado y sociólogo argentino, el deber
más importante de los juzgadores –entre los que se
puede incluir a los comisionados del Inai aunque no
sean parte del Poder Judicial– “es el de proteger al
que habla, sobre todo si se trata de una voz que pre-
tende presentar una crítica contra quienes ejercen el
poder. Esta voz es la que más necesita ser protegida”
(Carta abierta sobre la intolerancia, apuntes sobre derecho y
protesta. Siglo XXI Editores, 2006).
En el caso Carlos Sánchez de la Peña-Goo-
gle-Fortuna, el derecho a la información fue el que
perdió, el sacrificado en una pugna en la que ni si-
quiera se le consideró, pues el Inai no ponderó entre
el interés público de la información sobre el empre-
sario foxista y su honor e intereses comerciales… y
resolvió proteger su nombre sin reparar en las histo-
rias de relaciones de poder que de él y su familia se
desprenden.
En el caso Carlos Sánchez de la Peña-Google-Fortuna, el derecho a la información perdió: el Inai “olvidó” llamar a la revista como tercera interesada, y tampoco ponderó entre el
interés público de la información sobre el empresario foxista y su honor e intereses comerciales
123RF](https://image.slidesharecdn.com/contralinea507-161015002627/85/Contralinea-507-42-320.jpg)
![www.contralinea.com.mx 57
INTERNACIONAL ANÁLISIS
B
ruselas, Bélgica. Las autoridades
francesas siguen prorrogando el es-
tado de emergencia después de una
serie de atentados. El nuevo estado de ex-
cepción –justificado por una masacre an-
terior– resulta incapaz de enfrentar nuevas
matanzas, aunque su supuesta eficacia sigue
justificando cada prolongación de este últi-
mo y, cada vez que algo sucede, la adopción
de nuevas medidas violatorias de las liber-
tades.
El hecho es que las disposiciones liberti-
cidas no llegan después de las masacres sino
que las preceden ampliamente. Las prime-
ras modificaciones del código y de los pro-
cedimientos penales –que ahora permiten
aplicar a los franceses disposiciones conce-
bidas para el mundo del contraespionaje,
es decir medidas que anteriormente se apli-
caban únicamente a los enemigos del país–
fueron adoptadas a principios de la década
de 2000.
Compulsión repetitiva
La Ley de Orientación y Programación
de la Seguridad Interior (LOPSI 1), adopta-
da en 2002, ya abría a la policía el acceso,
a distancia, de los datos conservados por los
operadores y proveedores de acceso a in-
ternet, y anulaba además el control judicial
[sobre esa acción policial]. Vendría después
un conjunto de legislaciones que refuerzan
las medidas ya adoptadas anteriormente y
que van cada vez más lejos en la posibilidad
de tratar a los ciudadanos franceses como
enemigos.
Tanto la LOPSI 2 de 2011 como la Ley
de Inteligencia de 2015 son demostraciones
de ese proceso que consiste en repetir in-
cansablemente a los franceses que ya no son
dueños de sí mismos y que sus atribuciones
personales en realidad están a la disposición
del Estado. Se instaura así una nueva ma-
nera de gobernar en la que se hace saber a
los ciudadanos que las prerrogativas del po-
der tienen ahora carácter absoluto y que el
estado de derecho se ha convertido en algo
obsoleto.
Las leyes de prolongación del estado de
emergencia transforman el derecho penal:
en la práctica legalizan dispositivos de es-
pionaje que ya estaban siendo utilizados y
que ahora encuentran como justificación el
supuesto objetivo de evitar la realización de
atentados. Estos últimos no son lo que mo-
tiva la mutación de la forma del Estado sino
aparecen más bien como su resultante.
Las acciones terroristas agregan el mie-
do como medio de romper todo vínculo so-
cial y de organizar así la omnipotencia del
poder. Lo que se pide a los ciudadanos ya
no es solamente que renuncien a sus liber-
tades y a los atributos propios del control
sobre uno mismo –como los datos persona-
les–, sino que abandonen también su propia
vida, cediendo su Hábeas Corpus (derecho
mismo a disponer de su propio cuerpo).
Cada nuevo atentado y sus consecuen-
cias, una nueva prolongación del estado de
emergencia, funciona como una compul-
sión repetitiva, como “el eterno regreso” de
los atentados anteriores y la reproducción
de los significantes asociados a esos actos:
islamismo, yihad, guerra de civilizaciones.
Como ningún aspecto de los anteriores
atentados ha sido confrontado de manera
colectiva, hay algo que se repite a través de
cada nueva matanza. Lo que ha sido exclui-
do del lenguaje y de la razón reaparece en
lo real como elemento de una compulsión
repetitiva. El objetivo es evitar que la po-
blación olvide la violencia y el significado
asociados a la guerra de civilizaciones. Lo
que destruye el vínculo social no debe ser re-
chazado sino repetido hasta el infinito para
colonizar nuestra vida.
En su alocución del 14 de julio pasado,
el presidente de Francia había anunciado
que el estado de emergencia terminaría el
26 de julio de 2016. Y concluía afirmando:
“No se puede prologar el estado de emer-](https://image.slidesharecdn.com/contralinea507-161015002627/85/Contralinea-507-57-320.jpg)
![60 26 de septiembre de 2016
INTERNACIONALANÁLISIS
así como a sus simples contactos, ya que
el motivo –“tener contacto con una ame-
naza”– autoriza la realización de registros
prácticamente por cualquier cosa. La ex-
tensión incontrolada de este tipo de búsque-
da se acentúa aún más con la posibilidad
de realizar registros seriados. El artículo 5,
que modifica el artículo 11 de la ley de 1955
sobre el estado de emergencia, prevé que si
un registro revela la existencia de otro lugar
adonde va frecuentemente la persona inves-
tigada, un derecho de seguimiento permite
registrar también ese lugar inmediatamente.
“Cuando un registro revela que otro lu-
gar responde a las condiciones fijadas en el
primer acápite del presente artículo, la auto-
ridad administrativa puede autorizar la rea-
lización de otro registro en ese nuevo lugar.
Esa autorización se regulariza formalmente
en el más corto plazo posible.”
Pero no sólo se amplía el campo de los
registros numéricos, a tal punto que éstos se
convierten en intrusiones incontrolables y
masivas. La ley permite también la captura
de los datos personales por motivos impre-
cisos, incluso una simple casualidad. El artí-
culo 15 de la ley, que establece el artículo L.
851-2 del código penal, autoriza a capturar
en tiempo real, en las redes de los operado-
res o de las personas, informaciones y do-
cumentos “sobre una persona previamente
identificada como susceptible de estar rela-
cionada con una amenaza” terrorista. Has-
ta ahora, esta forma de vigilancia solamen-
te afectaba a las personas “identificada[s]
como una amenaza”.
Con esta ley, el código de la seguridad
interna ahora estipula que, para que los
servicios de inteligencia se den a la tarea
de analizar en tiempo real los datos de co-
nexión durante 4 meses de los franceses
basta con que se les considere una perso-
na “susceptible de estar vinculada con una
amenaza” o simplemente que sea parte del
DAVIDMANRIQUE](https://image.slidesharecdn.com/contralinea507-161015002627/85/Contralinea-507-60-320.jpg)
![www.contralinea.com.mx 61
INTERNACIONAL ANÁLISIS
“entorno” de la persona afectada por el re-
gistro, “cuando existen razones serias para
pensar” que es “susceptible de proporcio-
nar información”.
Garantías falsas
La ley trata de ofrecer una apariencia
de respeto de las normas del estado de de-
recho. El presidente Hollande incluso llegó
a afirmar que “ese texto se ha completado
con todo lo que puede acrecentar la efica-
cia, sin romper con el estado de derecho.
El riesgo estaría en ceder en el campo de
nuestras libertades sin ganar en materia de
seguridad. Nunca, hasta el término de mi
mandato, consideraré el estado de derecho
como un obstáculo porque eso sería el fin
del Estado”.
En un esfuerzo por dar una apariencia
democrática a medidas que precisamente
destruyen la sociedad democrática, el artí-
culo 5 estipula que “la copia de los datos o
la confiscación de los sistemas informáticos
o de los dispositivos terminales se realizan
en presencia del oficial de la policía judicial.
El agente responsable de la realización del
registro levanta acta de la confiscación indi-
candolosmotivosyelinventariodelmaterial
confiscado”. Pero se trata de una garantía
puramente formal para la persona afectada
por el registro, ya que los policías acaban de
obtener el anonimato en lo tocante a la apli-
cación de las medidas estipuladas en el esta-
do de emergencia. En un telegrama dado a
conocer el 29 de julio, la Dirección Gene-
ral de la Policía Nacional anunció que “los
agentes están autorizados a identificarse en
todos los actos administrativos que tengan
que realizar utilizando su número de RIO
[referencia de identidad operativa] en vez de
precisar su nombre y apellidos”. Esa auto-
rización es válida únicamente “en el marco
de la aplicación de las medidas del estado de
emergencia y específicamente en materia
de detenciones domiciliarias y registros por
orden administrativa”, precisa el telegrama
dirigido a los jefes de los servicios centrales.
En el marco de los registros autorizados
mediante esta ley sobre el estado de emer-
gencia, el texto precisa claramente que al
menos uno de ellos debe estar presente du-
rante un registro de carácter administrativo.
El uso de la matrícula plantea entonces un
problema cuando se trata de los miembros
de la policía judicial si no es posible verificar
su presencia ni identificarlos directamente
mediante la simple lectura del acta policial.
Transformación
de la norma penal
Finalmente, la nueva ley, en la que se au-
toriza la prolongación del estado de emer-
gencia, endurece el arsenal penal aplicable
fuera del estado de emergencia. Entre las
medidas aprobadas, esta ley prevé incluso
una pena que puede ser de hasta 30 años de
cárcel –antes eran 20 años– para los organi-
zadores o dirigentes de todo grupo formado
con vista a la preparación de un acto de te-
rrorismo. Según esa misma ley, las personas
condenadas a penas de cárcel por hechos
vinculados con el terrorismo ya no podrán
obtener reducciones de pena. Esa ley pre-
vé además la prolongación de la detención
temporal de los menores de 2 y 3 años en los
casos de terrorismo así como la imposición
automática de una prohibición de entrada al
territorio francés.
Sin embargo, los diputados rechazaron
la aplicación del régimen de retención de
seguridad y de vigilancia de seguridad a las
personas condenadas por un crimen terro-
rista, medida que los senadores sí pretendían
aplicar. Por su parte, los senadores renun-
ciaron a la creación de un delito de estancia
en un teatro de operaciones terroristas exte-
riores para favorecer un endurecimiento de
la última ley de reforma del procedimiento
penal correspondiente a junio de 2016. Esta
Lanuevaley,
queautorizala
prolongación
delestado de
emergencia,
endureceel
arsenalpenal
aplicablefuera
deesamedidade
excepción](https://image.slidesharecdn.com/contralinea507-161015002627/85/Contralinea-507-61-320.jpg)
![62 26 de septiembre de 2016
INTERNACIONALANÁLISIS
ley ya permite un control administrativo,
con detención domiciliaria, para personas
que regresen de Siria y de Irak, cuando no
existan suficientes elementos para ponerlos
de inmediato bajo investigación por terroris-
mo. Este control, hasta ahora limitado a un
mes, podría ampliarse ahora a 3 meses.
Legalizar un sistema
que ya existía
Para posibilitar la aplicación de la am-
pliación de las escuchas administrativas, la
última ley de prolongación del estado de
emergencia exige un sistema generalizado
de sondas numéricas. Pero el hecho es que
ese sistema ya existe gracias al programa de
escuchas administrativas, clasificado como
secreto de la defensa nacional y designado
como IOL (intercepciones obligatorias lega-
les).
Ese programa de “sondas de escucha
numéricas” fue concebido en 2005, el do-
cumento de especificaciones exigidas fue
terminado en 2006 y el plan piloto se puso
en marcha en 2007. Su generalización [ex-
tensión] a todos los grandes operadores fue
en 2009 y al parecer está operando desde
2012, lo cual permite cubrir el 99 por cien-
to del tráfico ADSL residencial (es decir, el
acceso a internet a través de cables telefó-
nicos).
Este programa ya permitía recoger los
metadatos “en tiempo real”, una práctica
no autorizada en aquel momento. Pero esta
forma de “pesca de datos” en las instalacio-
nes de los operadores no fue legalizada has-
ta 2013, mediante la Ley de Programación
Militar, adoptada ese mismo año, y por un
decreto publicado en diciembre de 2014.
En el marco del IOL, se procedía a la
instalación de “cajas negras” –dispositivos
cuya existencia ni siquiera se conocía en
aquel entonces, además de ser ilegales– en
las redes de los operadores, sin que estos úl-
timos tuvieran acceso a esos dispositivos. Se
trataba de escuchas administrativas, orde-
nadas por el primer ministro, que permitían
escuchar a las personas conectadas a la red
francesa de internet y cuyos resultados iban
alGICoGrupoInterministerialdeControl,
organismo dependiente del primer ministro
y encargado de concretar las escuchas.
El poder incluso ha reconocido parcial-
mente la existencia de ese sistema de escu-
chas. Según el diario Le Monde, como resul-
tado de un Consejo Nacional de Inteligen-
cia realizado en enero de 2016 en la sede de
la Presidencia de la República Francesa, se
decidió “poner bajo vigilancia el conjunto
de datos de comunicación de las 11 mil 700
personas “fichadas S” por vínculos con el
islamismo radical”.
Dado el hecho de que se trataba de una
práctica que ya se aplicaba, resulta evidente
que el objetivo de la ley del 21 de julio de
2016 no es instaurar esa práctica sino le-
galizar lo que ya se hacía. El texto autoriza
también una ampliación de un dispositivo
que podría afectar no sólo a las 11 mil 700
personas ya “fichadas S”, sino que concier-
ne potencialmente a varias decenas de miles
–incluso cientos de miles– de personas. El
texto legaliza un sistema que puede abarcar
arbitrariamente amplias capas de la pobla-
ción francesa, a las que el Ejecutivo puede
considerar como enemigos potenciales.
La legalización de un sistema de es-
cuchas que ya existía [ilegalmente] viene
acompañada del reconocimiento del carác-
ter ilegal, aunque “justificado”, de su an-
terior aplicación, a pesar de tratarse de un
dispositivo que ha demostrado resultar ino-
perante en materia de atentados. Es decir,
no sólo se afirma que existe una necesidad
actual sino que se da por sentado el derecho
del Estado a violar su propia legalidad. La
afirmación de un poder sin límites prepara
así una extensión incontrolable de las dispo-
siciones que permitan espiar a la población
francesa.
Elnuevomarco
normativo
legalizaun
sistemade
escuchasqueya
existía,basadoen
unprogramaque
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metadatosen
tiemporeal](https://image.slidesharecdn.com/contralinea507-161015002627/85/Contralinea-507-62-320.jpg)
Contralínea 507
El grupo de trabajo sobre empresas y derechos de la ONU visitó México para examinar el impacto de diversas actividades empresariales en los derechos humanos, revelando graves violaciones y la falta de acceso a la justicia para las comunidades afectadas. Se documentaron 17 casos de abusos, incluidos problemas de contaminación y derechos laborales, destacando la impunidad de las empresas y el incumplimiento del Estado en la protección de derechos. Se solicitó al gobierno que acepte las recomendaciones de la ONU y implemente un plan de acción claro para abordar estas preocupaciones.
Contralínea 507
- 1. Año 15 •Número 507 • $30 Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016 ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL
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- 4. 4 1 deagosto de 2016 DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx WEB Gonzalo Monterrosa info@contralinea.com.mx ECONOMÍA Marcos Chávez marcos@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Janett Alba janett@contralinea.com.mx REDACCIÓN Mauricio Romero mauricio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa samuellaravilla@gmail.com Ariel Noyola noyolara@gmail.com Adrián Ramírez presidencia.limeddh@gmail.com ASISTENTE WEB Armando Covarrubias ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9193 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9192 Av. Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. El Grupo de Trabajo conoció el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones. Los testimonios que escucharon Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, expertos del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente, entre otros. En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros. Se presentaron 17 casos en total. Los asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las empresas y gobiernos; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada, como en el caso de Eólica del Sur. En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, incluidas trasnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo conoció casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, mineros en Wirikuta y Zacualpan, y con las maquilas de la industria electrónica. En Hermosillo, Sonora, el Grupo visitó la comunidad de Ures para conocer las afectaciones del derrame de lixiviados por el Grupo México, ocurrido en 2014, en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Los afectados denunciaron negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia. En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo solicitó al Grupo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca- Naucalpan, y que se terminen las persecuciones y detenciones a los indígenas”. Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas. Grupo Higa fue la única que no respondió a la invitación de la ONU. En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos, el de Guerrero: las víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción y colusión de autoridades con el crimen organizado, que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras. Los casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. Quienes integramos esa coalición consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento. Además lo exhortamos a informar cómo atenderán dicha recomentación. [Carta resumida] Coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos NUESTROS LECTORESOPINIÓN RECOMENDACIONES DE LA ONU MÉXICO DEBE CUMPLIR 4 26 de septiembre de 2016
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- 6. CONTENIDO 6 26 deseptiembre de 2016 26 PORTADA La Agenda Nacional de Riesgos señala al tráfico ilícito de mercancías por mares y fronteras como la octava amenaza a la seguridad nacional TRÁFICO ILÍCITO DE MERCANCIAS, RIESGO PARA LA SEGURIDAD NACIONAL OPINIÓN NUESTROS LECTORES OFICIO DE PAPEL LA IMPUNIDAD DE LOS DOS DUARTE Miguel Badillo CONTRAPODER LA CARICATURA DE NERILICÓN, DONDE PEÑA PONE LA BANDERA COMO TAPETE A TRUMP Álvaro Cepeda Neri AGENDA DE LA CORRUPCIÓN AYOTZINAPA: LA MANO SUCIA DEL GOBIERNO FEDERAL Nancy Flores ZONA CERO EL OTRO 68, EL DE LOS NORMALISTAS RURALES Zósimo Camacho IQ FINANCIERO OTRA VERSIÓN DE LA CRISIS Claudia Villegas ARTÍCULOS MINISTROS Y ALTA BUROCRACIA, INMUNES A LA AUSTERIDAD Martín Esparza Flores EL ESTADO DELINCUENCIAL Guadalupe Espinoza Sauceda ISRAEL: NO CONVIENE ANIQUILAR AL ESTADO ISLÁMICO Adrián Mac Liman/CCS CENTROAMÉRICA: EL FRACASO DE NEOLIBERALISMO EN EL SIGLO XXI Andrés Mora Ramírez/PL 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número 507, del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016– es una publica- ción semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Co- yoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsa- ble: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de de- recho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifica- do de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este nú- mero se terminó de imprimir el 23 de septiembre de 2016. Distri- buida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de con- ciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesa- riamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda total- mente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Liber- tad y Expresión, SA de CV. Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY
- 7. CONTENIDO ANÁLISIS PETROLERO Subasta delcampo petrolero Trión puede fallar Fabio Barbosa INTERNACIONAL Estado de emergencia cancela las libertades en Francia Jean-Claude Paye/ Red Voltaire 50 56 INVESTIGACIÓN PORTADA Tráfico ilícito de mercancias, riesgo para la seguridad nacional Marcos Chávez MEDIOS La traición del Inai, impulsor de la censura Mauricio Romero SOCIEDAD Oceanografía: 2 mil trabajadores en el limbo José Réyez 26 36 44 MISCELÁNEO SOCIEDAD BETA The Washington Post traiciona al periodismo y a Edward Snowden Gonzalo Monterrosa EX LIBRIS Las ruinas de Palmira del kantiano Conde de Volney Álvaro Cepeda Neri 64 66 4436 50 56 www.contralinea.com.mx 7 Ilustración de portada: Miguel Minero y 123RF
- 8. 8 26 deseptiembre de 2016 OFICIO DE PAPELOPINIÓN L os gobernadores de apellido Duarte, Javier en Veracruz y César en Chihuahua, acusa- dos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y desvíos de recursos públicos para beneficio propio y de parientes y amigos, vuelven a ocupar las primeras planas de la prensa por su- puestas investigaciones penales que, ahora sí, dice la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutarán en su contra. Es sabido que ambos mandatarios priístas han sido protegidos desde Los Pinos para evitar que fueran destituidos por su pésima administración y sus malos manejos del presupuesto en esos estados. Por ello se impidió, por largo tiempo, que la PGR abriera averiguaciones en su contra por las varias denuncias penales que presentaron ciudadanos y organizaciones sociales. Todas las acusaciones que se habían presentado ante el Ministerio Público fe- deral eran enviadas al archivo, y lo mismo sucedía con todos los señalamientos que hacía la Audito- ría Superior de la Federación (órgano responsable del Congreso para auditar el dinero público) por malos manejos y desvíos del presupuesto en esos estados. Año con año se hacían públicos los señala- mientos del órgano fiscalizador sin que las autori- dades federales hicieran algo al respecto. La protección política y legal a Javier y César Duarte no ha sido sólo por su filiación priísta – pues si pisaran la cárcel sería otro golpe a la cre- dibilidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI), golpeada duramente en los últimos años–, sino porque los dos gobernadores fueron impor- tantes donantes a la campaña presidencial del PRI en 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República. Por eso las supuestas investigaciones que sigue la PGR en contra de esos mandatarios parece sólo una distracción mediática para quitarle presión social y política al presidente. Es previsible que al final de su gobierno ninguno de los Duarte sea encarcelado. Eso explicaría porque ambos gobernadores es- tán tan tranquilos y sonrientes en sus estados, si- guiendo sus agendas de trabajo, a grado tal que dan entrevistas periodísticas y hablan en actos públicos: cínicamente aseguran que no le temen a alguna acción de la justicia. Tienen la seguridad de que Peña Nieto no se atreverá a ordenar a la procuradora Arely Gómez que actúe en su contra y haga valer todas las evidencias del robo que han hecho del presupuesto público y de los abusos que han cometido en los estados que aún gobiernan y que les ha permitido enriquecerse ilícitamente. Ahora, los medios de comunicación vuelven a documentar las arbitrariedades y corruptelas de los Duarte y, con ello, aumentan la presión y “el malestar social”, como lo califica Peña Nieto. De estos ilícitos tiene pleno conocimiento la PGR: se- gún el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, José Guada- lupe Medina Romero, al gobernador de Veracruz se le investiga por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Pero aunque los mexicanos esperamos por fin un acto de justicia en contra de estos burócratas saqueadores del país, las condiciones en que se en- cuentra el jefe de la nación, con nula credibilidad y desconfianza en su gobierno (miles de mexicanos desean y otros en las calles exigen su renuncia), se ve casi imposible que asuma su responsabilidad y ordene que sean juzgados. LA IMPUNIDAD DE LOS DOS DUARTE MIGUEL BADILLO
- 10. CONTRAPODER 10 26 deseptiembre de 2016 OPINIÓN E l periodista Antonio Neri Licón (el mone- ro que se hace llamar con el seudónimo Nerilicón) nos reveló contundentemente la postura del gobierno federal en la portada de la revista Proceso, del 4 de septiembre, del fatídico cuarto año del peñismo; parteaguas de su mal gobierno anunciando, además, un final angus- tiosamente económico y políticamente dramá- tico. En la caricatura de Nerilicón, Peña pone la Bandera como tapete para ser pisoteada por Donald Trump. Éste con su cabellera de visera y Peña con su copete erizado, en una certera in- terpretación de los hechos que ha llevado a cabo del mexiquense. Un dibujo político satírico. “Lo que cabría llamar editorial en viñeta, que pro- porciona una especie de enfoque… pre- sentando la gravedad del asunto” (Ernest H Gombrich, “El arsenal del caricaturista”, en Meditaciones sobre un ca- ballo de juguete, editorial Seix Barral). Es un acto que hace responsable a Peña de un juicio político, encuadrando la causa grave para llevarlo a cabo, en la exposición de la soberanía nacional a los pies del estadunidense; quien be- licosamente amenaza a nuestro país insistiendo en que la cumplirá apenas llegue a la Presiden- cia de Estados Unidos de América, empezando por construir un muro a lo largo de la frontera Norte, expulsar a los mexicanos que trabajan allá y cancelar los mutuos tratados. Ahora con palabras, mañana con hechos si se apodera de la Presidencia por la que va para implantar ra- dicales intervencionismos, Trump quiere usar el poderío estadunidense para humillarnos; luego de que el peñismo le ha hecho el juego cómplice. El neoliberalismo económico de Trump y su antiliberalismo político advierten un capitalismo de multimillonarios del neoconservadurismo an- tidemocrático. Y es que para los intereses publi- citados por Trump, nada como el colaboracio- nismo de Peña-Videgaray (quien era el favorito del peñismo para imponerlo en la sucesión pre- sidencial contra viento y marea, por lo que ambos se afiliaron con el republicano, pero les salió el tiro por la culata). La impugnada invitación servil de Peña nos mostró que tenemos una caricatura de Santa Anna, cojeando por la derecha para poner al país incon- dicionalmente a esos intereses y que es la renovada ideología su- reña yanqui. Estamos frente a una crisis de entreguismo. Y el periodista de la caricatura –riamos o no, como dice Gombrich– nos regala “una caricatura magistral”, del paso sobre nuestra Bandera del elefante Trump; que nos hace com- prender que está a punto de precipitarse sobre los mexicanos, una nueva representación del cesarismo, vociferando contra el mundo, empe- zando por México con el que quiere iniciar su experimento devastador. Para esto, Peña-Vide- garay le abrieron paso conscientemente, con la finalidad de que Trump se apoderara de la presi- dencia estadunidense, para que favoreciera aquí la postulación de Videgaray. LA CARICATURA DE NERILICÓN DONDEPEÑAPONELABANDERA COMO TAPETE A TRUMP ÁLVARO CEPEDA NERI Belicosamente, Trump amenaza a nuestro país con construir un muro en la frontera Norte, expulsar a los mexicanos y cancelar los tratados bilaterales Belicosamente, Trump amenaza a y cancelar los tratados bilaterales
- 11. www.contralinea.com.mx 11 CONTRAPODER OPINIÓN DAVIDMANRIQUE Hasido, pues, una caricatura del arsenal del periodismo más combativo que ha tenido la Nación, para ejercer la crítica que rescata su función democrática directa contra la democra- cia representativa o indirecta cuando ésta trai- ciona sus fines. Una caricatura en la tradición de los “artistas que pusieron su obra al servi- cio de causas políticas” (Humberto Musacchio, El taller de gráfica popular, FCE). Y que puso en alto relieve lo que la opinión pública manifestó sobre la estupidez política de la invitación pe- ñista al candidato Donald Trump; sintetizando en ella lo que pensamos y expresamos muchí- simos mexicanos: que Peña se puso de puso de sirviente y usó la Bandera como tapete para darle la bienvenida a su candidato, ya que “en Estados Unidos piensan que Peña votó por el republicano” (Raymundo Riva-Palacio, en su columna Estrictamente personal, titulada “Peña en- gañó a Obama”, El Financiero, 6 de septiembre de 2016). Nerilicón, con su caricatura, acabó por abrirnos los ojos.
- 12. 12 26 deseptiembre de 2016 AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN AYOTZINAPA: LA MANO SUCIA DEL GOBIERNO FEDERAL NANCY FLORES A 2 años de uno de los peores crímenes con- sumados en el México actual, el conocido caso Ayotzinapa, los verdaderos perpetra- dores continúan impunes: han sido protegidos des- de la más alta esfera del gobierno federal y desde ahí mismo se ha ocultado la verdad. De ello hay bastantes evidencias: dilación en las investigaciones, pruebas sembradas, falsos perita- jes, manipulación de las escenas y las indagatorias, encubrimiento (de militares, policías federales y de- más responsables del retraso y enturbiamiento de las investigaciones, entre ellos Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón), entorpecimiento de las diligencias de instancias internacionales, tortura a presuntos involucrados para inducir sus declaraciones y hasta el embuste de una “verdad histórica”. Como se recordará, el crimen sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Ahí, seis civiles fueron asesinados, 43 estudiantes campesinos de la Escuela Normal Rural Raúl Isi- dro Burgos, de Ayotzinapa –que se movilizaban, como cada año, para la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968 en autobuses de pasajeros tomados– fueron víctimas de desaparición forzada y 12 personas más –normalistas, menores de edad y ciudadanos– resultaron gravemente he- ridas. Hasta ahora se ha sostenido la versión de que esta injusticia fue ordenada por el alcalde de Igua- la, José Luis Abarca, y perpetrada por policías municipales y federales y, en un segundo momen- to, por narcotraficantes ligados al grupo delictivo Guerreros Unidos. Tambiénsehasabidoqueenestoshechosparti- ciparon –al menos por complicidad– otros agentes del Estado mexicano (autoridades de inteligencia civil y militares), situación clave para entender por qué la administración federal apostó por el oculta- miento de la verdad y no por atender su obligación de esclarecer los hechos y, sobre todo, castigar a los culpables. Por ello, pese a la presión social e internacional, el crimen permanece impune más allá del cente- nar de detenidos que cacarea el gobierno. Lo que es peor, aún se desconoce el paradero de los 43 jóve- nes. Y afirmo que de los 43, porque la identifica- ción de restos óseos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz –hecha por cien- tíficos de la Universidad de Innsbruck, Australia, hace 1 año– no esclareció el destino de los estu- diantes. En esta gravísima e imperdonable violación a los derechos humanos, ocultar la verdad ha sido esencial para encubrir a los culpables. Cronológi- camente, la primera prueba de ello es la reacción tardía del gobierno federal: la administración de Enrique Peña dejó pasar 11 días para atender el crimen. La Procuraduría General de la Repúbli- ca (PGR) atrajo el caso hasta el 6 de octubre y ese mismo día el presidente declaró por primera vez. El discurso de Peña Nieto, sin embargo, no fue acorde ni con su investidura ni con la relevancia del hecho: “Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República me encuentro profun- damente indignado y consternado ante la informa- ción que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”. ¿Indignado? Sí, se dijo indignado como si no fuera el principal responsable de la conducción de este país y, por lo tanto, de todo aquello que está mal, incluidos los cientos de crímenes que a diario se cometen en todo México.
- 13. www.contralinea.com.mx 13 AGENDA DELA CORRUPCIÓN OPINIÓN El hecho es que ni su investidura ni su “indig- nación” alcanzaron para que su gobierno reaccio- nara a la altura de las circunstancias, pese a que fue consciente de la gravedad del hecho desde que éste ocurrió: contaba con reportes de inteligencia civil y militar pormenorizados. Incluso 3 días antes de que la PGR atrajera el caso, la Organización de las Naciones Unidas condenó la desaparición masiva de normalistas y los asesinatos. Son “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”, señaló el organismo. Así que esa lentitud sólo puede entenderse como algo in- tencional. El gobierno federal no asumió su responsabilidad por motu proprio: fueron las moviliza- ción sociales en México y el ex- tranjero las que lo obligaron. Los 11 días de inacción fue- ron el inicio de la larga lista de omisiones y atropellos. Muy pronto, la “indignación” del presidente desapareció. El 4 de diciembre de 2014, Peña Nieto “convocó a la sociedad guerre- rense a que con su capacidad ysu compromiso con el estado y con su comunidad, así como con sus propias familias, haga un esfuer- zo colectivo para ir hacia adelan- te ‘y podamos realmente superar este momento de dolor’ por la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”, refiere el boletín de prensa que la Presidencia de la República publicó ese día. Al gobierno le urgía que olvidáramos, para que la imagen internacional de su gobierno se limpiara. Así que, de la mano del entonces procurador Murillo Karam, empezó a inventar su “verdad histórica”. La farsa estuvo lista 4 meses después de la tra- gedia. El 27 de enero de 2015, Murillo resolvió cerrar el expediente: citó peritajes, evidencias y declaraciones de detenidos antes de asegurar que los 43 normalistas fueron asesinados e incinera- dos por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Ésta, dijo, es la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala. Para ello obstaculizó la labor del Equipo Ar- gentino de Antropología Forense, invitado a la indagatoria por solicitud de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Algo que se repitió con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue prácticamente co- rrido del país luego de desprestigiar públicamente a sus integrantes con una campaña mediática. Científicamente se ha demostrado que es im- posible incinerar –hasta desaparecer– 43 cuerpos humanos en las condiciones que prevalecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el ba- surero de Cocula, Guerrero. Otra prueba de la intencional impunidad es la protección al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Iguala. Según testimonios difundidos por la prensa, los militares persiguieron e intimidaron a los sobrevivientes. También docu- mentaron las escenas del crimen, generaron segui- miento fotográfico y reportes detallados, pero no actuaron para frenar la masacre. Por todo ello, el caso Ayotzinapa es imperdona- ble un crimen de Estado. Y así debe ser juzgado. DAVIDMANRIQUE
- 14. 14 26 deseptiembre de 2016 ZONA CEROOPINIÓN E ste 2 de octubre se conmemoran 48 años de la matanza ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. Con la represión, el gobierno del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, acabó con el movimiento social que aglutinaba a estudiantes de instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior del país. Primero por la cerrazón informativa y luego por el centralismo que priva incluso entre los activistas, hoy se recuerda al movimiento estudiantil de 1968 como un asunto casi exclusivo de los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Por supuesto que los contingentes de estas dos instituciones fueron los más numerosos y los que, por ello, decidían el rumbo que tomaba la emergente organi- zación de estudiantes. Pero en las protestas participaron muchas otras escuelas y universidades. Y no nos referimos a las públicas (como las de Bellas Artes) y privadas (como la Iberoamericana) del centro del país, que también lucharon. Nos referimos a las escuelas normales rurales que, desde las regiones donde se encontraban, se movilizaron y pusieron en jaque al gobierno federal. De hecho, a través de su Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), los normalistas rurales eran los únicos que podían dar- le un carácter realmente nacional al movimiento. Varias de las marchas que entonces se realizaron en la Ciudad de México fueron nutridas también por contingentes de normalistas rurales. Otras mo- vilizaciones que se realizaron en la capital del país tuvieron réplicas en los estados de la república, or- ganizadas y encabezadas por los estudiantes cam- pesinos. La masacre del 2 de octubre en Tlatelolco cortó de tajo las protestas y la organización. Pero no fue el único ni el último golpe ejecutado contra los estu- diantes. Todavía no se lavaba la sangre de la plaza y las calles aledañas, cuando Díaz Ordaz ya había lanzado a los militares y a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) contra los normalistas rurales. Poco se ha dicho de lo que vino después de ese 2 de octubre: en lo que restó de 1968 y a lo largo de 1969 las tropas se en- frentaron con los estu- diantes que se negaban a desalojar sus escuelas. Los operativos estuvie- ron a cargo de la Secre- taría de Gobernación, encabezada por Luis Echeverría; la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de Marcelino García Barragán, y la DFS, cuyo mando era el capitán Fernando Gutiérrez Ba- rrios. Para octubre 1968, 31 instituciones estaban or- ganizadas bajo las siglas de la FECSM: 29 escuelas normales rurales y dos centros normales regionales. El Diazordacismo cerró 16. Literalmente, a sangre y fuego. Si poco se sabe de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, menos de las que ocurrieron para contener a estudiantes insumisos como los normalistas rurales en regiones apartadas de la am- plia geografía de la República Mexicana. En la Galería 1 del Archivo General de la Na- ZÓSIMO CAMACHO EL OTRO 68 EL DE LOS NORMALISTAS RURALES Para octubre 1968, 31 instituciones estaban organizadas bajo las siglas de la FECSM: 29 normales rurales y dos nor- males regionales. Díaz Ordaz cerró 16 Para octubre 1968, 31 instituciones males regionales. Díaz Ordaz cerró 16
- 15. www.contralinea.com.mx 15 ZONA CEROOPINIÓN ción (AGN) se integró, a petición nuestra, una versión pública de todo lo que los agentes del ré- gimen espiaron de los estudiantes de la FECSM entre 1962 y 1987. Se compone de más de 10 mil fojas apiladas en 31 legajos. Y más allá del lengua- je rupestre e ideologizado de los policías, se puede leer cuáles escuelas y centros regionales cerró el régimen: La Huerta, Michoacán; Galeana, Nuevo León; Champusco, Puebla; Palmira, Morelos; San- ta Teresa, Coahuila; Huichapan, Hidalgo; Reyes Mantecón, Oaxaca; Salaices, Chihuahua; San Die- go Tekax, Yucatán; Tamatán, Tamaulipas; Xoco- yucan, Tlaxcala; Zaragoza, Puebla; Jalisco, Naya- rit, y Perote, Veracruz; y Ciudad Guzmán, Jalisco, e Iguala, Guerrero. Se puede saber, asimismo, que la intención del régimen era cerrar todas las escuelas. Sólo desapareció las que pudo en ese momento y dejó para después la supresión de las demás. En las fichas también se ad- vierte la estrategia que llevaron a cabo las autoridades ante escue- las de suyo insumisas. Buscaron minar la relación de ayuda mu- tua entre los planteles y las pobla- ciones aledañas. La priísta Con- federación Nacional Campesina (CNC) sirvió para condicionar apoyos a pobladores que se opu- sieran al cierre de las escuelas y para gestionar premios a favor de quienes ignoraran el llamado de los estudiantes. En los reportes de los agentes se consignan cuántos poblados podrían acudir en auxilio de los estudiantes, cuántos hombres y mujeres se espera- rían, qué capacidades de resistencia podrían agluti- nar, con qué herramientas de trabajo cuentan y qué cantidad de alimentos podrían disponer. Cuando Díaz Ordaz y Luis Echeverría tuvieron la lista de la situación de cada normal, echaron a andar los operativos. Formaron grupos de policías y soldados a los que disfrazaron de “campesinos de la CNC” y los trasladaron a las afueras de los planteles. Ahí iniciaban las luchas campales por la disputa de las escuelas. Las tropas aguardaban para que, armadas, “disolvieran” las peleas y ocuparan las instalaciones. No hay registros, en los archivos del AGN, de cuántos estudiantes murieron, cuán- tos fueron detenidos y qué proceso llevaron ni si hubo desaparecidos. La estructura de la FECSM tuvo que pasar totalmente a la clandestinidad. En 1972 regresó a la semiclandestinidad, condición que mantiene hasta el día de hoy. Desafortunadamente la agresión del 26 de septiembre de 2014 contra normalistas rurales en Iguala no fue la primera ni será la última. El Esta- do ha decidido desaparecer ese modelo educativo. No ha podido, gracias a la defensa que realizan los estudiantes y a la solidaridad de las comunidades campesinas que los respaldan. Los normalistas ru- rales saben que el vínculo escuela-comunidad es vital para la sobrevivencia de las escuelas. Fortale- cerlo, es una de las tareas que no pueden relegar. En esta misma semana se conmemoran dos de las innumerables agresiones contra los normalistas rurales: la de hace 2 años (por la que exigimos la presentación con vida de los 43 y el castigo a los perpetradores intelectuales y materiales) y la de hace 48 años, que concluyó con el cierre de 16 planteles y un número indeterminado de víctimas. En 1968 los militares también se ensañaron con los estudiantes campesinos. No olvidamos. No olvide- mos. ARCHIVOCONTRALÍNEA
- 16. 16 26 deseptiembre de 2016 IQ FINANCIEROOPINIÓN E n Los Pinos domina un ambiente de incerti- dumbre. La salida de Luis Videgaray alborotó los demonios y no es gratuita la información sobre la manipulación de recursos que ya comien- za a filtrarse. La nota publicada por The Huffington Post sobre las supuestas transferencias por más de 240 mil millones de pesos desde Petróleos Mexica- nos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para compensar la crisis de las finanzas públi- cas sería parte del entretelón en el que se desarrolla- ron los más graves enfrentamientos entre Videgaray y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien se preciaba de ser amigo del presidente Enrique Peña. Los reporteros del portal The Huffington Post presen- tan documentos y evidencias de las transferencias. Videgaray, sin embargo, incrementó su in- fluencia ante Peña Nieto al grado, dicen sus exco- laboradores más cercanos, recibía indicaciones del presidente aunque no siempre las acataba y, por supuesto, se manifestaba en contra de muchas con- sideraciones del mandatario. En otras palabras, Vi- degaray terminaba por imponerse. No fue un secreto que Lozoya Austin renunció a Pemex después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió retrasar los pagos a proveedores mientras la gasolina subía de precio. Lozoya Austin, quien ya había pedido paciencia a los contratistas de Pemex durante más de 1 año, de- cidió que su capital político y su credibilidad frente a gobiernos estatales y empresarios vinculados con el sector de la energía prácticamente se había agotado. Decidió dejar Pemex a Videgaray y al peso de sus decisiones. Ahora entendemos que Lozoya Aus- tin sabía de esas transferencias de recursos y que no se justificaba el enorme retraso de los pagos a pro- veedores. En otras palabras, la SHCP se fortaleció no sólo con la influencia política de Videragay en el gabinete de Peña Nieto sino que concentró todos los recursos posibles. Poder y dinero hicieron de Videga- ray el hombre más influyente en el gobierno peñista. ¿Un nuevo Pemexgate? El gobierno de Felipe Calderón también solicitó recursos a Pemex y CFE y, según el reportero Mi- guel Hernández Borbolla, habría sido el subsecreta- rio Miguel Messmacher, quien firmó las peticiones de transferencias. A través del concepto de “apro- vechamientos”, la SHCP pidió a la CFE y a Pemex que realizaran transferencias que no se ubican cla- ramente en las cuentas del gobierno federal. Este episodio recuerda al Pemexgate: la dirección de la petrolera autorizó recursos dque fueron depo- sitados en las cuentas del sindicato petrolero. Ese di- nero se usó para financiar la campaña de Francisco Labastida Ochoa. Pero Vicente Fox ganó las elec- ciones y el escándalo envolvió a los priístas. En esta ocasión, la SHCP tendrá que demostrar en qué se gastó el dinero de Pemex y CFE. Esta ope- ración provocó diferencias entre Lozoya y Videga- ray. Messmacher es un técnico hacendario con gran prestigio y, después de la salida de Fernando Apor- tela, es el único que tiene esta historia completa. El desaire de Hillary En Los Pinos, les comentábamos, también se menciona otro entre telón de la visita de Trump a México. Resulta que el Presidente Enrique Peña Nieto no contó que la candidata Hillary Clinton ya había confirmado su visita a México; no sólo eso, la agenda de su encuentro en México habría sido apuntalada por la intervención del presidente Ba- rack Obama. Hillary Clinton decidió, sin embargo, no venir a México cuando se enteró que la invita- ción también involucraba a Donald Trump. CLAUDIA VILLEGAS OTRA VERSIÓN DE LA CRISIS
- 18. 18 26 deseptiembre de 2016 ARTÍCULOOPINIÓN E l nuevo recorte presupuestal por 239 mil 700 millones de pesos que mantendrá in- tocables los privilegios de los altos funcio- narios en los tres poderes públicos, pone de nue- vo al descubierto la cada vez más acentuada e inequitativa distribución de la riqueza en el país. Mientras un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 ganará 6 millones 766 mil 428 pesos, incluidos aguinaldo y com- pensaciones, un trabajador con salario mínimo de 73 pesos diarios tendría que laborar 300 años para juntar tal cantidad. La selecta casta de toga y birrete gana men- sualmente en promedio 563 mil 869 pesos, cuan- do millones de mexicanos apenas y subsisten con el magro ingreso de 2 mil 190 pesos al mes; esto es, los ministros ganan 257 veces más que el grueso de la población, como sucede también con el resto de los miles de funcionarios, gober- nadores, senadores y diputados, quienes se resis- ten a ser solidarios con los que menos tienen y se niegan a bajarse el sueldo a la mitad ahora que el país debe apretarse nuevamente el cintu- rón, pues como dicen allá en el rancho: “que se haga la voluntad de Dios –y la austeridad— en los bueyes de mi compadre”. Podrá entenderse el porqué a la clase política en el poder la unen millonarios intereses perso- nales, que la han vuelto inmune a la situación de crisis que golpea desde hace años a las clases me- nos favorecidas. Si no, ¿cómo entender que mu- chas de las resoluciones emitidas por los miem- bros de la Corte han dejado en la indefensión a millones de mexicanos que ahora están a merced lo mismo de empresarios que de reformas emi- tidas por el Congreso? ¿Por qué entonces tiene que pagar una expoliada población con su ham- bre y miseria los privilegios de quienes se han convertido en sus verdugos? El México color de rosa de que disfrutan los ministros como muchos otros miembros de los poderes públicos que ocupan cargos de alto nivel, no corresponde a la terrible realidad que enfrentan en el día a día la inmensa mayoría de personas a las que se les intenta engañar con la aplicación de recortes que terminarán por afec- tarlos en su educación, en su salud y en su desa- rrollo social. Desde hace tres años iniciaron los tijeretazos al presupuesto y la clase política nada ha dicho de aplicar la palabra austeridad en sus nóminas doradas; por el contrario, diputados y senadores en el Congreso han avalado la contratación de más deuda pública hasta llegar a la inmanejable cifra de más de 8 billones de pesos, en un perver- so e irresponsable maridaje entre los tres poderes de la Unión. De lo que se trata no es de optimizar recur- sos, sino que éstos sigan permitiendo el holgado nivel de vida de una selecta casta de funcionarios y políticos enquistados en el poder, para quienes la suerte que corren millones de pobres con cada golpe de la crisis es lo que menos les importa. Resulta absurdo e increíble que para el año entrante se contemple destinar recursos por 568 mil 197 millones de pesos para afrontar el costo financiero de la deuda, mientras que para aten- der áreas prioritarias como educación, salud, MINISTROS Y ALTA BUROCRACIA INMUNES A LA AUSTERIDAD MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
- 19. www.contralinea.com.mx 19 ARTÍCULO OPINIÓN desarrollosocial y universidades públicas se des- tinen sólo 556 mil 41 millones. Nuestros genios neoliberales han diseñado una política económica que no ha detonado el desarrollo del país a través de sus reformas, pero sí ha terminado por doblegarlo ante los organis- mos financieros internacionales por la vía del en- deudamiento. En lo que va del sexenio se ha pagado ya por los intereses del servicio de la deuda un billón 334 mil 505 millones de pesos; cantidad que de haberse canalizado a la construcción de hospita- les, mejores salarios a maestros y una política de verdaderos apoyos al desarrollo del campo –no con políticas asistencialistas que son paliativos a la marginación de las zonas rurales--, hubie- ra representado auténticos beneficios sociales a millones de personas. Tan sólo por día, la deuda pública le cuesta al país un desembolso de mil 161 millones de pesos diarios. De los funcionarios que tampoco tendrán que preocuparse por- que el país se siga en- deudando mientras a ellos les va muy bien, se encuentran los ma- gistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al igual que los ministros de la Corte, se llevarán el próximo año un sueldo anual de 6 millones 766 mil pesos, como también los miembros del Consejo de la Judicatura Federal que ganarán de manera acumulada, con sueldo y prestaciones, 8 millones 938 mil 234 pesos. A este grupo de privilegiados también hay que sumar a los consejeros del Instituto Nacio- nal Electoral (INE), con Lorenzo Córdova a la cabeza; al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Plascencia, cuyas escasas recomendaciones na- die toma en cuenta, así como a otros titulares de organismos como el Inegi, el INAI, el Ifetel, la Comisión Federal de Competencia y un sinfín de aparatos burocráticos que en los hechos no han demostrado tener un beneficio concreto a la población, pero que en su mayoría representan un altísimo costo a los recursos públicos. En pro- medio, sus titulares ganan anualmente más de 2 millones de pesos. Y mientras de acuerdo con los criterios presu- puestales áreas como educación y salud enfren- tarán para 2017 reducciones de hasta un 10 por ciento en relación con los recursos asignados este año, el INE obtendrá un presupuesto de 15 mil 371 millones de pesos para atender elecciones en tres entidades: Coahuila, Nayarit y Estado de México. De un mismo trato de excepción gozan los diputados y senadores, quienes obtendrán un aumento en sus recursos por 986 millones de pe- sos. Cada uno de los senadores se llevará el año entrante un sueldo de 1 millón 312 mil pesos, amén del pago de otros gastos y compensaciones, lo mismo que los diputados que en promedio se llevarán a su cartera 1 millón 942 mil pesos. En- vidiables ingresos como pago por aprobar leyes que tienen al país y millones de sus habitantes en la ruina absoluta y en una galopante margi- nación. Así, mientras al país se le deja sin re- cursos para educación y salud, se insiste en solapar la evasión fis- cal de los poderosos consorcios convertidos en amenazantes grupos fácticos que anualmente evaden impuestos por 488 mil millones de pesos, como también en devolverles a otros consentidos del Estado impuestos por 288 mil millones de pesos. De tal manera que bastaría con aplicar puntualmente una auténtica política fiscal de re- caudación para compensar los recortes anuncia- dos para el 2017. Claro que para que esto sucediera debería existir un Poder Judicial autónomo y honesto, alejado de insultantes prerrogativas como las que gozan los miembros de la Corte, quienes por cierto aprovecharon las fiestas patrias para irse de puente desde el pasado martes 13 y retornar a sus actividades hasta el lunes 19. Mientras tanto, será el pueblo quien pague los costos de esta po- lítica neoliberal que ha convertido en una brecha abismal la riqueza de unos cuantos contra la po- breza de millones. Los ministros ganan 563 mil 869 pesos al mes, en promedio, cuando millones de mexicanos apenas subsisten con el magro ingreso de 2 mil 190 pesos mensuales Los ministros ganan 563 mil 869 pesos ingreso de 2 mil 190 pesos mensuales
- 20. 20 26 deseptiembre de 2016 ARTÍCULOOPINIÓN L a situación política y social sigue muy des- compuesta en mis terruños: Choix y El Fuerte, Sinaloa. ¿Y la gente, la ciudadanía? Atemorizada, como la del resto del país, adonde la violencia ha llegado también. Hoy día no hay lugar en México, donde no haya ejecutados, desapareci- dos y una impunidad rampante. La población anda buscando cómo sobrevivir y paliar la crisis, tratan- do de que la violencia y la corrupción no los alcan- ce. Hay quienes dicen que vivimos en un Estado delincuencial que en estos días se ha recrudecido; otros van más allá y hablan de un Estado fallido. El Estado delincuencial no es privativo de Sina- loa, es en todo el país; desde las altas cúpulas políti- co-empresariales-militares,ydelapolíticaestatal,que en eso los de mi tierra tienen bastante experiencia, por ser pioneros en el negocio de las drogas. Hace algunos días, el periodista Rubén Martín publicó en la capital tapatía, Guadalajara, un artículo titulado: “La nueva soberanía política”, que me llamó la aten- ción porque es cierto lo que afirma y sobre lo que yo he venido cavilando desde hace ya un tiempo. Dice: “Los negocios del crimen organizado no funcionan sin la complacencia del poder público”, refiriéndose alcasoconcretoqueestáviviendoenestosdíasJalisco a raíz de la detención de Sergio Kurt Schmidt San- doval. Arguye: “Las evidencias indican que todos es- tán embarrados y comprometidos”. Y concluye: “Esto nos lleva a un asunto político fundamental: la noción de soberanía política definida por la teoría liberal no existe más en México; y en Jalisco es una ficción”. Y “los representantes elegidos supuestamente por el pueblo para hacerse cargo del poder público no res- ponden únicamente al pueblo. La mayoría de ellos responden a los poderes fácticos y, entre ellos, uno de los más poderosos, por su capacidad económica y de ejercicio de la violencia, es el crimen organizado”. Por si fuera poco, el 8 de septiembre se publi- có una nota y un audio donde Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, con insultos regañaba y daba órdenes a un mando policiaco por el rumbo de Chapala, para que “relajara” las tropas a su mando. ¿Cómo es posible esto? Seguramente nuestras autoridades tendrán mucho que explicarnos; pero el grado de corrupción hasta ahora visto no se generó solo. Y, como opina Rubén Martín, en esto el Estado está implicado, pues el mundo del crimen no se desa- rrolla solo. Otros dicen que el mayor cártel que nos aqueja es el del gobierno. Por lo que veo, es cierto. Muchos dirán, pero si esto es de todos los días, así funciona el Estado mexicano y a lo mejor muchos otrosEstados.Perodesdeelpuntodevistateórico,de los que creemos en el Estado, en el derecho y en las instituciones, esto que vivimos no debe ser; ni ética ni teleológicamente tiene razón de ser. Se supone que hay un orden, un sistema jurídico, hay derechos y obligaciones y penas a los que incumplen la norma. Para los que estudiamos en la escuela teoría del Estado, teoría general del derecho, donde se nos enseña qué es el Estado, la soberanía, el monopolio exclusivo de la violencia, la cual sólo es permitida en beneficio de la sociedad y no de poderes o grupos fácticos, esto es inaudito. ¿Tendremos que reformu- larunanuevateoríadelEstadoydelderecho?¿Coe- xisten diversas soberanías? Es muy peligroso para la sociedad que el crimen organizado –¿al que llamar “otra soberanía”?– se apodere de la institucionali- dad y actúe en su nombre y engañe a la sociedad. Es hora de que actuemos como sociedad. De no hacerlo, en un futuro no muy lejano estaremos viviendo bajo la ley de la selva. Muchos pueblos se van a tener que defender a sí mismos, tal como lo hicieron las autodefensas en Michoacán y recom- poner y refundar el Estado. La realidad cuestiona los conceptos de soberanía y Estado. GUADALUPE ESPINOZA SAUCEDA, ABOGADO Y MAESTRO EN DESARROLLO RURAL; INTEGRANTE DEL CENTRO DE ORIENTACIÓNY ASESORÍA A PUEBLOS INDÍGENAS,AC EL ESTADO DELINCUENCIAL
- 22. 22 26 deseptiembre de 2016 ARTÍCULOOPINIÓN D estacamentos del Estado Islámico lo- calizados en el valle del Yarmuk, a po- cos kilómetros de los Altos del Golán. La noticia, difundida hace apenas unos días por la segunda cadena de televisión israelí, hizo saltar las alarmas. ¿El Estado Islámico? ¿Iba a convertirse la quimera que se había adueñado de la mitad del suelo sirio y el Norte de Irak en un peligro real para el Estado judío? Aparentemente, disponen de carros de comba- te, artillería pesada y… ¡armas químicas!, ad- vierte la inteligencia militar hebrea, que vigila desde hace meses a los simpatizantes sirios del Estado Islámico. Todo deja presagiar un ata- que relámpago con- tra Israel. La amenaza no llegó a materializarse, pero la alerta subsis- te, tornándose en una auténtica pesadilla para los pobladores de los asentamientos judíos de los Altos del Golán. Detalle interesante: hasta los prime- ros días de septiembre, a la población israelí no le inquietaba sobremanera la presencia del Estado Islámico en la región. Es cierto: las sanguinarias huestes de esta organización se hallaban en el país vecino. Los asesinatos y la destrucción en nombre del Profeta formaban parte del menú televisivo de los habitantes de Tel Aviv, Haifa o Jerusalén. Pero Siria quedaba lejos, al menos, mentalmente. Lo que sucede más allá de los confines de Israel nada tiene que ver con la seguridad armada que ampara a los más de 6 millones de judíos que viven en Tierra Santa. En ese contexto, surgió el dubi- tativo interrogante: ¿acabar con el Estado Islá- mico? ¿Para qué? Fue ésta una de las preguntas que se plan- tearon recientemente los politólogos y los es- trategas de Tel Aviv, más preocupados por la amenaza iraní o el peligro que supone la presencia de Hezbollah en la frontera con el Líbano. De ahí el extraño mensaje lanzado hace menos de 1 mes por el afamado estratega Efraim Imbar, director del Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat (Besa), entidad que realiza trabajos de consultoría tanto para el gobierno israelí como para la Organización del Tratado del Atlán- tico Norte (OTAN). No hay que acabar con el Estado Islámi- co; la agrupación po- dría convertirse en un arma eficaz en la lucha contra Irán, Hezbo- llah, Siria y Rusia, señala el minucioso informe elaborado por Imbar. Como siempre, la percepción israelí dista del paradigma estadunidense. Para el gobierno de Tel Aviv, el principal adversario sigue sien- do el Irán de los ayatolás, país que ha inscrito en sus programas de gobierno la destrucción total de la entidad sionista. Fue ésta una de las prioridades absolutas de la revolución jomey- nista, uno de los mantras de los sucesores del ayatolá. Ello explica la reticencia de Israel ante el levantamiento de las sanciones económicas ISRAEL: NO CONVIENE ANIQUILAR AL ESTADO ISLÁMICO ADRIÁNMACLIMAN, ANALISTAPOLÍTICOINTERNACIONAL/CENTRODECOLABORACIONES SOLIDARIAS Para el gobierno de Israel, el principal adversario es el Irán de los ayatolás, que ha inscrito en sus programas la des- trucción total de la entidad sionista Para el gobierno de Israel, el principal trucción total de la entidad sionista
- 23. www.contralinea.com.mx 23 ARTÍCULO OPINIÓN 123RF ytecnológicas impuestas al régimen de Tehe- rán, su obsesión por llevar a cabo un ataque relámpago contra las instalaciones nucleares iraníes. Hezbollah, el brazo armado de Teherán en el Líbano, es otro contrincante que debería desaparecer. En 2006, el ejército israelí perdió la guerra contra el movimiento chiíta, armado y adiestrado por militares de élite persas. De ahí la necesidad de encargar esta tarea a… ter- ceros. Y, ¿quién sino los wahabitas del Estado Islámico? El indiscutible poderío del ejército sirio fue, durante décadas, la mayor preocupación del Estado Mayor de Tel Aviv. Los dos ejérci- tos jamás chocaron; ambas partes temían las repercusiones de un posible enfrentamiento armado. En este caso concreto, los estrategas hebreos preferirían recurrir, una vez más, a un combate entre musulmanes. ¿Y Rusia? Obviamente, para los estrategas israelíes conviene mantener a los rosos aleja- dos de la región. Su influencia podría contra- riar los proyectos hebreos en la zona. Pero si los rusos tienen que afrontar el peligro islámi- co en casa, es decir, en el vasto territorio asiá- tico, su margen de maniobra en la región sería más limitado. De ahí el deseo de contar con los supervivientes del estado Islámico. De hecho, la estrategia de enfrentar a los enemigos surtió efecto durante el conflicto de Afganistán. ¿Aca- so Estados Unidos no firmó la partida de na- cimiento de Al Qaeda? De la misma manera, Israel patrocinó, hace 2 décadas, la creación de Hamas, agrupación religiosa conservadora que debía neutralizar a la laica Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Pero en este caso, el error de cálculo tuvo consecuen- cias desastrosas. Por muy disparatada que pueda parecer, la propuesta de Efraim Imbar no es nada nove- dosa. En 1957, el Presidente Eisenhower re- comendó a la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) la creación en Oriente Medio de movimientos religiosos defensores de la guerra santa lla- mados a combatir a las incipientes corrientes izquierdistas. En resumidas cuentas, lo que se pretende es convertir al Estado Islámico en el… tonto útil de Occidente.
- 24. 24 26 deseptiembre de 2016 ARTÍCULOOPINIÓN T ras 17 años de análisis científico de los problemas económicos, políticos, sociales, educativos y ambientales, el informe Estado de la región, que se publica periódicamente en Costa Rica, se ha convertido en la mejor antología del fracaso del neoliberalismo en Centroamérica y en prueba fehaciente de la inviabilidad de sus dogmas, que en estas comarcas se aplican –todavía– como artículos de fe por una clase política cuya crisis de legitimidad es ya inocultable. Un repaso a las metáforas con que los inves- tigadores del programa académico, encargado de elaborar el informe, retratan el panorama y los desafíos centro- americanos permite identificar rápidamente imágenes que denun- cian, una y otra vez, la desigualdad creciente, el desgarramiento y desarticulación de la región y el impacto de esos fenómenos en la vida de nuestros pueblos, especial- mente en los sectores más pobres y vulnerables de la población. Por ejemplo, en 2016, la pobreza crónica y es- tructural en Centroamérica se expresa en un dato demoledor: “cinco de cada seis hogares pobres tie- nen necesidades básicas insatisfechas, relacionadas con la vivienda y tres cuentan, además, con un ni- vel de ingresos inferior a la línea de pobreza”). En el primer informe Estado de la región, que data de 1999 –publicado en el contexto de las ne- gociaciones de paz y el fin del conflicto armado–, se aseguraba que “Centroamérica está desgarrada por fracturas regionales en su desarrollo humano”, producto de las persistentes brechas territoriales; brechas entre grupos sociales; brechas en materia de desempeño político, económico y jurídico; y la desarticulación física y cultural de la zona atlántica centroamericana, así como por la vulnerabilidad social y ambiental –sin distinción– de las socieda- des regionales. En su edición de 2003, el segundo informe pre- sentó la imagen de una Centroamérica “expues- ta a múltiples tensiones internas y externas que la vuelven más compleja y difícil de interpretar”, donde “los progresos en el desarrollo humano, aunque esperanzado- res, no son suficientes para vencer el rezago histórico de la región, pues no siempre están articulados en una di- námica orientada a la generación de oportunidades para amplios secto- res de la población”. Cinco años más tarde, en 2008, el tercer infor- me advertía sobre los desafíos de una Centroamé- rica desdibujada, que experimentaba acelerados cambiosendistintosórdenes;y,sinembargo,seguía atascada por su “falta de progreso”, de tal suerte que “la suma de los cambios sociales, demográ- ficos, económicos y políticos no produce mejoras sensibles en el desarrollo humano, ni convierte al Istmo en un polo dinámico de crecimiento econó- mico y progreso social. Además, estos cambios han ampliado las profundas brechas entre países y las aún mayores dentro de los países”. ANDRÉS MORA RAMÍREZ, INVESTIGADOR,ANALISTAY DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA/PRENSA LATINA CENTROAMÉRICA EL FRACASO DE NEOLIBERALISMO EN EL SIGLO XXI En Centroamérica, tres de cada seis hogares pobres cuentan con un nivel de ingresos inferior a la línea de pobreza y cinco presentan carencias de vivienda En Centroamérica, tres de cada seis cinco presentan carencias de vivienda
- 25. www.contralinea.com.mx 25 ARTÍCULO OPINIÓN En2011, el cuarto informe daba cuenta de la persistente ampliación de esas brechas sociales y económicas, pese a un esbozo de optimismo en medio de la tormenta: en Centroamérica, seña- laba el documento, “pese a los malos tiempos, se continuaron registrando avances, pero también preocupantes retrocesos que, en general, vinieron a aumentar las brechas en la región y en los paí- ses. Estas involuciones no fueron episodios aislados, sino que se inscriben en un contexto peligroso, que conjuga múltiples amenazas y vulnerabilidades. La dimensión del riesgo es tal que podría provocar fracturas regionales”. Finalmente, en 2016, la valoración general del quinto informe Estado de la región insiste en sus diagnósticos sobre los graves problemas en materia de desarrollo humano y los limitados alcances de un crecimiento económico desigual, que favorece sólo a los sectores más ricos, no responde a “desa- fíos medulares, históricamente no atendidos” y amplía “las brechas entre un sur del Istmo más di- námico y desarrollado y un centro-norte con per- sistentes rezagos económicos, sociales y políticos. Estas diferencias se agudizan a lo interno de los países y para ciertos grupos de población”. Tan trágicas continuidades ensombrecen los horizontes de futuro de una Centroamérica en la que el debilitamiento de los contrapesos entre ac- tores sociales y políticos respecto a los grupos de poder económico, así como el predominio de élites políticas de inobjetable orientación neoliberal y pro empresarial –desde la década de 1990–, han creado las condiciones necesarias para la imposi- ción y reproducción del modelo de desarrollo neo- liberal, en el que convergen los intereses del capital regional y las empresas transnacionales. Y donde, paradójicamente, ese Estado tan cuestionado por el fundamentalismo neoliberal, mantiene un papel central, ahora como gestor de la inversión extranjera y facilitador de los negocios privados. Así nos va –y se nos va– la vida en esta Centroamérica doliente del siglo XXI. DAVIDMANRIQUE
- 26. 26 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN PORTADA 26 26 de septiembre de 2016 INVESTIGACIÓN PORTADA TRÁFICO ILÍCITO DE MERCANCÍAS AMENAZA LA SEGURIDAD NACIONAL
- 27. www.contralinea.com.mx 27 INVESTIGACIÓNPORTADA La AgendaNacional de Riesgos señala al tráfico ilícito de mercancías como la octava amenaza a la seguridad nacional. Delincuencia organizada y “actores no estatales”, responsables del creciente comercio ilegal de especies, bienes, armas y drogas U n “vacío de autoridad”,propiciado por la debilidad y la corrupción, hace florecer en México la “mercancía y la economía ilegal”.Los negocios son controlados por los gru- pos delictivos que han ocupado “algunas zonas del territorio nacional”y por “otros actores no es- tatales”(empresas fraudulentas). Las actividades detectadas en este rubro, se- gún documentos oficiales públicos y confidencia- les, tienen como objeto el tráfico de mercancías sin los permisos correspondientes o sin decla- rarlas a la autoridad aduanera. Ello con diversos fines: evadir el pago de impuestos; manipular ar- tificialmente los precios de las mercancías o de las materias primas con que fueron elaborados; trasegar productos ilícitos; falsificar documentos; evadir la presentación de autorizaciones; obtener beneficios aduaneros o tributarios. Por su gravedad, en 2014, el tráfico ilícito de mercancías por mares y fronteras aparece por primera vez entre los temas considerados como riesgos para la seguridad nacional. A partir de ese MARCOS CHÁVEZ/VIII 123RF
- 28. 28 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN PORTADA año ocupa el octavo lugar entre los 10 asuntos considerados como preponderantes en la Agen- da Nacional de Riesgos, que define las prioridades del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). La Comisión Intersecretarial para la Preven- ción y Combate a la Economía Ilegal es la encar- gada de enfrentar este tipo de crímenes. Ésta ha centrado su atención en las industrias del alcohol (contrabando, bebidas falsificadas y adulteradas, evasión de impuestos de la producción, produc- ción artesanal,sustitutos,incumplimiento de nor- mas), tabaco (proveniente ilegalmente de países como China, India, Vietnam, Estados Unidos), automotriz (perjudicada por el ingreso de vehí- culos usados y partes provenientes sobre todo de Estados Unidos y los juicios de amparo), textil, vestido y calzado (sobre todo de origen asiático). Empero,el espectro del comercio ilegal es más amplio. Entre otros productos se pueden citar las sustancias químicas, medicamentos, industrias del metal, minerales, equipo agrícola, maquinaria textil, juguetería, aparatos eléctricos y electróni- cos, productos informáticos, mercancías falsifi- cadas, la piratería (reproducción, transmisión y distribución de copias de obras resguardadas por el derecho de autor), bienes culturales, especies protegidas y en peligro de extinción. En su más reciente informe Acciones para la prevención y combate a la economía ilegal, el Ser- vicio de Administración Tributaria (SAT) señala que en la primera mitad de 2015 se incautaron bienes ilegales por un valor de 16.4 millones de pesos. Algunos de esos productos: varios tipos de telas, maquinaria para las industrias del vestido, ropa,partes para automóviles y equipos para otras industrias. CHRISTIANSERNA/CUARTOSCURO La porosidad de las fronteras de México incentiva las acciones criminales de las mafias organizadas y de otros actores no estatales
- 29. www.contralinea.com.mx 29 INVESTIGACIÓNPORTADA En elreporte de 2014 se indica que se emitie- ron 312 órdenes de embargo por subvaluación de precios de mercancías que afectaban a “sectores sensibles”, sobre todo a los sectores textil, calza- do y vestido, por un monto de 53.3 millones de pesos. Ese año se aseguraron 6.6 millones de piezas relacionadas con la piratería (tabletas electrónicas, teléfonos celulares, apara- tos electrónicos, calzado, entre otros). El valor de las mercancías aseguradas en las fronteras fue del orden de 5.7 millones de pesos, refiere el reporte oficial. El SAT añade que en 2014 se destruyeron 65.1 millones de cigarros ilega- les provenientes de Asia y Estados Unidos; que en el caso de la industria textil se embargaron bienes por un valor de 135 millones de pesos; en la del calzado,por 6.2 millones de pesos,y en la del ves- tido, por 40.5 millones de pesos. Todo relaciona- do con la subvaluación del precio de las importa- ciones.Además se armaron 27 expedientes legales por daños al fisco por 376 millones de pesos. En 2011, el entonces subprocurador de De- litos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Germán Rangel, dijo que, en 2008, de cada 10 productos que se ven- dían en México,cuatro,en promedio,eran ilícitos; en 2010 el número se elevó a seis. Son bienes de todo tipo, aunque el problema es grave en la ven- ta de medicamentos falsos, bebidas alcohólicas adulteradas y fabricación de ropa pirata y contra- bando de ropa usada, en gran parte provenientes de Asia y Estados Unidos (Excélsior, 23 de marzo de 2011). Sin embargo no existe un seguimiento esta- dístico, ni público ni empresarial, que mida con- fiablemente el valor y la evolución del comercio ilícito. Al respecto, la Organización Panamerica- na de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud se refiere a las dificultades específicas del mercado negro del tabaco. Señala en su informe Comercio ilícito, de mayo 2015: “por su naturaleza ilegal, resulta complejo medir el comercio ilícito de productos de tabaco. A la natural dificultad de acceder a datos directos de este fenómeno se suma el interés de la industria tabacalera por magnificar su importancia y atri- buir su existencia a los impuestos al tabaco. Es un argumento recurrente de esta industria que ma- yores impuestos implican, casi automáticamente, mayor contrabando de productos de tabaco”. Agrega que la discu- sión sobre la magnitud del comercio ilícito de productos de tabaco ha estado dominada inter- nacionalmente por el uso de datos de la consulto- ra privada Euromonitor, ante la ausencia de otros datos y a pesar de las du- das que se tienen sobre la precisión de los mismos. Sus estimaciones inclu- yen los datos de la industria tabacalera. “En una reciente publicación de Tobacco Con- trol se muestran las inconsistencias en sus cálculos del comercio ilícito para Sudáfrica y México (y sugieren lo mismo para Guatemala, entre otros). En el caso de México, por ejemplo, demuestran que de un año a otro (de 2011 a 2012) las estima- ciones de Euromonitor de comercio ilícito histó- ricas aumentaron en más del doble.” Crecimiento del flagelo De las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se desprende que la invasión masiva de bienes ilegales empezó a crecer desde la década de 1980. En esa época se dio el auge de las importa- ciones, las cuales pasaron de 28 mil millones de dólares en 1988 a 79.3 mil millones de dólares en 1994 y 400 mil millones de dólares en 2014. Para 2015 cayeron a 395 mil millones de dólares. Ello coincide con la apertura externa indiscrimi- nada (comercial y financiera) de la economía (re- ducción y eliminación de aranceles, en su número de fracciones, requisitos y gravámenes), su inte- gración al mercado mundial, el Tratado de Libre No existe un seguimiento estadístico, ni público ni empresarial, que mida confiablemente el valor y la evolución del comercio ilícitocomercio ilícito
- 30. 30 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN PORTADA Comercio de América del Norte y otros 11 más que involucran a 46 países, medidas que transfor- maron a México en uno de los países más abiertos del mundo. Dicha apertura coincidió con la desreglamen- tación interna, la menor intervención del estado en la economía y el debilitamiento de las institu- ciones,de sus tareas y su capacidad de supervisión, debido a las recurrentes políticas de ajuste en el gasto público. En esa matriz florece la corrupción y el co- mercio ilegal local y trasnacional, en México y en la economía mundial. Asimismo,su proliferación está asociada a otro elemento estructural: el estancamiento crónico de la economía en 1983-2016,la incapacidad de ésta para generar los empleos formales anualmente re- queridos, la pérdida en la estabilidad de los gene- rados, los bajos salarios reales y el deterioro de las prestaciones sociales que han obligado a un alto porcentaje de la población a vivir en la economía informal.En sus circuitos de ésta transita parte de la producción y de los bienes y servicios ilícitos. En su Actualización de la medición de la econo- mía informal, de diciembre de 2015, el Inegi ano- ta que la economía informal en 2014 equivalió a 23.7 por ciento del PIB (4.1 billones de pesos a precios corrientes) y ocupó al 57.8 por ciento (29 millones de 51 millones personas). En 2003- 2014, el crecimiento económico medio anual fue de 2.6 por ciento y el de la economía informal de 1.7 por ciento. En su Enfoque: el tráfico ilícito de mercancías falsificadas y el crimen organizado transnacional, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice estar preocupada por graves abusos laborales registrados en la producción y distribu- ción de mercancías ilícitas, actividades a menudo controlados por delincuentes organizados. Como estos empleos no están regulados, agrega, los tra- bajadores, que incluye a infantes, se encuentran en posiciones vulnerables, carecen de protección laboral y sus sueldos son bajos. De casi 35 millones de trabajadores asalaria- dos subordinados contabilizados este año, el 64 por ciento gana menos de un salario mínimo has- ta tres veces el mismo, el cual ha perdido el 75 por ciento de su capacidad de compra y que los SALVAGUARDAR A EMPRESAS, OBJETIVO DE LA LUCHA AL TRÁFICO ILEGAL DE MERCANCÍAS El Fondo Monetario Internacional,el Banco Mundi- al,la Organización Mundial de Comercio y la Organ- ización para la Cooperación y el Desarrollo Económ- icos admiten que su preocupación por el intercambio ilegal de mercancías responde a los intereses de las empresas trasnacionales. Por ello, el combate que promueven busca sal- vaguardar las ganancias y la propiedad intelectual (derechos, patentes y marcas) de las empresas. Ello a pesar de que en las matrices y sus filiales sea “normal” latriangulaciónysubvaluacióndepreciosdelosbienes y servicios importados (las llamadas “cuentas entre compañías”) para manipular las cotizaciones finales, de carácter oligopólicas y evadir o reducir el pago de impuestos,operacionesamenudoblanqueadasenlos paraísos fiscales. En el caso mexicano, ese combate se centra en los interesesprincipalesdelaindustria.Noobstante,cada gobierno decide cómo enfrentarlo, según su propia agenda, el orden de sus prioridades e intereses, sus compromisos internos y externos, su facundia y sus funcionarios. “El estilo personal de gobernar –como dijo el politólogo Daniel Cosío Villegas– ha implicado, ha convertidoatalespolíticasenunalíneadiscontinuaen el tiempo,perdidas en la ambigüedad conceptual de la zigzagueante seguridad pública, interna y nacional”, y cuyos resultados han sido un fracaso en un México inundado por los bienes irregulares, ya sea por parte del llamado “crimen organizado”, o por los empresa- rios legalmente establecidos,aceitados por corrupción gubernamental.
- 31. www.contralinea.com.mx 31 INVESTIGACIÓNPORTADA condena avivir en la pobreza y la miseria extrema; el 28 por ciento son sobreexplotados (labora más de 48 horas semanales); el 37 por ciento no recibe prestaciones y el 45 por ciento carece de servicios de salud y de contrato de trabajo. Por tanto, más empleos formales dignos, es- tables y mejor pagados, desalentaría el comercio ilegal. La estrategia de combate De la Agenda Nacional de Riesgos se despren- de que la elevación en su nivel de escala, de un problema de seguridad interna y pública a uno de riesgo para la seguridad nacional, se da por una “preocupación prioritaria”. “Siempre existieron indicios de presencia de- lictiva en zonas específicas del país, enfocadas al comercio ilegal y el robo”, situación agravada en los “últimos lustros junto con los delitos de alto impacto”, y facilitada por “la falta de infraestruc- tura en los puntos fronterizos y la ausencia de ca- pacidades tecnológicas para el registro y control de mercancías”. Para enfrentar el problema, la Agenda plantea “realizar un eficaz combate a las prácticas co- merciales desleales o ilegales”. De acuerdo con el Programa de Seguridad Nacional, el riesgo se da en el plano simultáneo de la seguridad pública, interna y nacional, y en el contexto de la apertura comercial (exportaciones e importaciones masivas de mercancías) y financiera (inversión extranjera directa y en cartera), la integración del país a los circuitos de la economía global, las migraciones transfronterizas del Sur al Norte del Continente, la posición geopolítica del país desde el Sur del Continente hacia Estados Unidos. Según el Programa, la rápida expansión de Crimen organizado, el más beneficiado de la debilidad en la vigilancia de mares y fronteras 123RF
- 32. 32 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN PORTADA esos flujos lícitos coincide con la no menos verti- ginosa y diversificada transnacionalización de las actividades ilícitas, a menudo estrechamente rela- cionadas entre sí y con su demanda generada en el Norte del Continente, que cruzan sin grandes dificultades las porosas fronteras terrestres y ma- rítimas, y que son controladas por la difusamente calificada “delincuencia organizada internacional” y “otros actores no estatales”que no se identifican en el documento. Algunos de esos ilícitos son la producción e intercambio de bienes y servicios ilegales, el tráfico de divisas y lavado de activos, incluyendo los financieros, el comercio de espe- cies protegidas, de bienes culturales, de armas y de estupefacientes,los flujos migratorios y la trata de personas. En el Programa Nacional de Seguridad Públi- ca, que define la estrategia y las líneas de acción pública en contra del comercio ilícito, se agrega un componente: la lucha contra la “mercancía y la economía ilegal” controlados por los grupos delictivos que han ocupado “algunas zonas del territorio nacional” debido a “un vació de auto- ridad”propiciado por la debilidad y la corrupción institucional. Dicho Programa indica que una “mercancía ilegal” es aquella que “viola las normas fiscales, de comercio exterior, de derechos de autor, de propiedad industrial, las sanitarias y de protec- ción al medio ambiente”. Por la “economía ilegal impacta negativamente la creación de empleos, el crecimiento del país, el desarrollo de sectores productivos legales]; disminuye la participación de empresas formales en el mercado; [que com- piten deslealmente con] las empresas que actúan con apego a la ley; inhiben la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios, pues desalientan la innovación y la creatividad”. Para enfrentar la “debilidad” y el “vacío insti- tucional”se propone reforzar a las entidades fede- rales, controlar los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos para tratar de identificar y neutralizar el ingreso de los productos ilícitos al país,detectar y erradicar su producción, almacenamiento y dis- tribución de esa clase de productos y de quienes los controlan, han sido una de las actividades que le han quitado a los neoliberales, desde el gobier- no de Miguel de la Madrid.La industria del tabaco, entre las que más presionan para frenar el flujo ilegal de productos ARMANDOMONROY/CUARTOSCURO
- 33. www.contralinea.com.mx 33 INVESTIGACIÓNPORTADA das; castigara los infractores; desalentar el fraude fiscal y el lavado de dinero. Esas medidas son justificadas por el daño que representa la competencia desleal al fomentar la expansión de la economía informal y afectar a las actividades legales de los importadores,los expor- tadores, la inversión y la industria nacional, que tienen que cubrir esos y otros requisitos, el em- pleo formal, por los ries- gos de toxicidad, la salud pública y fitosanitarios, y la recaudación de im- puestos. Parte de la tarea tam- bién se ha enfocado en las aduanas. En julio de 2015, Ricardo Treviño, titular de la Administra- ción General de Adua- nas,señaló que entre ene- ro de 2014 y hasta junio de 2015, se despidieron a 100 oficiales de comer- cio exterior (en total son alrededor de 1 mil 500) por incurrir en actos de corrupción. Agregó que en 2014 se recibieron cerca de 13 mil denuncias sobre presuntos actos de corrup- ción, 40 por ciento de los cuales apuntaban hacia los funcionarios de aduanas; de ellas sólo 2 mil 500 aportaron información para iniciar una inves- tigación y finalmente se sancionó administrativa- mente a 160 servidores públicos y 20 de ellos tu- vieron que enfrentar juicios penales.(El Universal, 28 de julio de 2015). Los actores involucrados La cantidad de instituciones públicas y de or- ganismos empresariales participantes en la cruza- da contra el tráfico ilegal de mercancías manifies- ta cuantitativamente la magnitud de la preocupa- ción. Parte de esa guerra, en su sentido práctico, es coordinada por el Servicio de Administración Tributaria, integrante de la Comisión Intersecre- tarial para la Prevención y Combate a la Econo- mía Ilegal. En ésta también participa el comisio- nado Nacional de Seguridad, que depende de la Secretaría de Gobernación. El florecimiento y expansión de esos bienes,su producción local y su proliferación por las calles de todas las ciudades del país, a través del ambu- lantaje, y en los negocios establecidos legalmente, testifican el éxito de esas políticas. El aeropuerto internacional de la capital, por ejemplo, es consi- derado como una de las principales puertas de en- trada y salida de productos ilegales. Por esa zona pueden pasar manadas de elefantes que se vuelven invisibles ante la presencia de los empleados aduana- les. Las acciones para combatir el tráfico ilícito de mercancías por mares y fronteras se concentran en promover las opera- ciones legales; erradicar las prácticas comerciales fraudulentas,tales como el contrabando abierto (importación y exportación ilegales de mercancías, sin los permisos corres- pondientes o sin declararlas a la autoridad adua- nera de los lugares habilitados –puertos y aero- puertos–, o por los inhabilitados –playas, pasos fronterizos–, con el objeto de evadir el pago de los tributos correspondientes) o técnico (ingre- so y salida fraudulenta de mercancías, a través de la subfacturación, sobrefacturación, la subvalua- ción –precios de las mercancías importadas ar- tificialmente menores a los del mercado local o de las materias primas con que fueron elaborado, declarándose a un valor menor al realmente fue pagado externamente,a través de la triangulación de origen de las mercancías: su facturación en el exterior a un precio reducido y pagándose la di- ferencia a través de terceros; entre las empresas involucradas se señala oficialmente a las maqui- ladoras y a empresarios de los ramos textil, vesti- do y calzado, entre otras–, el incumplimiento de requisitos legales, la presentación de documen- tación falsa, la falta de autorizaciones, el cambio de renglón arancelario, la triangulación con cer- tificados de origen para obtener beneficios adua- neros o tributarios, la corrupción oficial), para tratar de evadir o reducir el pago de impuestos o de aranceles; destruir las mercancías decomisa- Las acciones para combatir el tráfico ilícito de mercancías por mares y fronteras se concentran en promover las operaciones legaleslegales
- 34. 34 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN PORTADA Otros actores son: las administraciones de Comercio Exterior, Fiscal federal y de Adua- nas; las procuradurías General de la República (a través de la Subprocuraduría en Investigación de Delitos Federales y las unidades de Investiga- ción de Delitos contra los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual y de Delitos Fiscales y Fi- nancieros) y Federal del Consumidor; las secre- tarías de Economía (Subsecretaría de Industria y Comercio) y de Salud (por medio de la Comi- sión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris); el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); y un represen- tante del Ejecutivo. El bloque se coordina con las instituciones estatales y municipales y las se- cretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). El grupo de trabajo también está integrado por las confederaciones de las cámaras Indus- triales, de Agentes Aduanales de la República Mexicana, Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y del Vestido,entre otros conglomerados empresariales. Dicha mesa está integrada por seis subgrupos con sus responsables: el comercio ilegal interno, el SAT; la subvaluación del comercio exterior, la Caaarem; la piratería, el IMPI; de estudios eco- nómicos, la Concamin; bebidas, medicamentos y tabaco, la Cofepris; y normas oficiales mexicanas, la Profeco. La lucha en contra del comercio ilegal es complementada con los acuerdos negociados o las propuestas adaptadas de organismos multi- laterales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio o la Organización de Cooperación Económica, o con acuerdos específicos con Estados Unidos o China, por ejemplo. Piratería, uno de los delitos que sí se persiguen vinculado a esta amenaza a la seguridad nacional MARCOPOLOGUZMÁNHERNÁNDEZ/CUARTOSCURO
- 36. 36 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN MEDIOS IMPULSOR DE LA CENSURA LA TRAICIÓN DEL INAI
- 37. www.contralinea.com.mx 37 INVESTIGACIÓNMEDIOS A pesarde no estar legislado y atentar contra preceptos constitucionales, el Inai insiste en implantar el “derecho al olvido”. La censura que promueve el Instituto transgrede el derecho a la información y la libertad de expresión. En riesgo inminente, archivos periodísticos e históricos B orrón por encargo. Historias trasquiladas a placer. Guiones en los que lo incómodo se elimina. Olvido como mercancía de lujo disfrazada de “derecho”. Bajo el halo de la “protec- ción de datos personales”, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec- ción de Datos Personales (Inai) insiste en su interés de instaurar el denominado “derecho al olvido”, puerta para la censura de información y negocio de quienes prometen limpiar la reputación de quien sea, tarifa de por medio. No se trata de proteger el número de cuenta de un trabajador que su banco, “por error”, hizo públi- ca; ni de la dirección de un periodista amenazado por el narcotráfico publicada, también “por error”, por el instituto electoral local; tampoco del teléfono personal que de algún modo terminó en las compa- ñías de seguros, bancarias y hasta funerarias. Se trata de evitar la difusión –prohibiendo su publicación impresa o eliminándola de internet– de informaciones generadas, sobre todo, por periodis- tas y organizaciones de la sociedad civil, en las que MAURICIO ROMERO 123RF
- 38. 38 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN MEDIOS se documentan hechos de interés público: crímenes de Estado, corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, delitos de cuello blanco, lavado de dinero y demás “errores” cometidos por quienes, general- mente, ocupan una posición de poder y, transcurri- do el tiempo, quieren ejercer su “derecho al olvido”. Así, el “derecho al olvido” –que el Inai defiende por encima del derecho a la información– garan- tizará borrar de la historia la participación de per- sonas señaladas e incluso juzgadas por crímenes es- pecíficos, incluso aquellos que por su naturaleza no preescriben ante la ley, como los de lesa humanidad. Enganchado de los siete comisionados del Inai y del derecho de oposición y cancelación de datos per- sonales, el panista Roberto Gil Zuarth, presidente de lamesadirectivadelSenado,discurresobrelaimpor- tancia de que en México se instaure definitivamen- te el “derecho al olvido”: para propiciar “segundas oportunidades” para gente que ha cometido “erro- res”enelpasado(foroDerechoalolvido,tutelaintegraldela privacidad. Visión iberoamericana, 23 de agosto de 2016). En México, el primer caso resuelto bajo ese tér- mino fue sobre tres enlaces de internet de la revista Fortuna,negociosyfinanzas–esdecir,sobreinformación periodística y de interés público– que provocaron la ira de un empresario camionero beneficiado por su amistad con la familia Fox-Sahagún, cuando ésta se encontraba en la plenitud del poder. Un obituario en el que los esquilmados cargaron sobre su padre (Carlos Sánchez Alcántara, padrino del grupo empresarial) una lista en la que se le in- cluía como uno más de los rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y, sobre todo, un trabajo periodístico sobre sus negocios vitaminados por la magnificencia presidencial y más acusaciones de estafa en su contra (“Fraude en estrella Blanca alcanza a Vamos México”, Ana Lilia Pérez, febre- ro de 2007), fueron consideradas por él como una mancilla a su honor y el de su familia, además de un lastre para sus relaciones comerciales actuales. El Inai lo escuchó y decidió que merecía esa “segunda oportunidad”… Ordenando al buscador Google censurar dicha información de sus búsque- das (PPD.0094/14). En todo el proceso de análisis e incluso cuando dictó su resolución, al Instituto que supuestamente garantiza el derecho a la informa- Aunque no está legislado, el Inai resolvió ya un caso de “derecho al olvido” en perjuicio del derecho a la información y la libertad de expresión. Solicitó a Google borrar tres enlaces de internet de la revista Fortuna, sobre información relativa a un conflicto de interés entre el dueño de Estrella Blanca y la fundaciónVamos México, que preside Marta Sahagún XXXX
- 39. www.contralinea.com.mx 39 INVESTIGACIÓNMEDIOS ción detoda la población mexicana se le “olvidó” notificar a la revista Fortuna y a la periodista, princi- pales afectadas. “Y ¿por qué el Inai tuvo interés en el tema?”, se preguntó el comisionado Joel Salas. “Sólo porque es la máxima autoridad administrativa en materia de protección de datos personales a nivel nacional y en un contexto de más de 50 millones de internautas la ‘nube’ se carga instantánea- mente de malas referencias personales” (“Derecho al olvido. Falsos debates”. Excélsior, 28 de agosto de 2016). Año y medio después de la resolución, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México amparó a la revista Fortuna porque al Inai no se le ocu- rrió llamarla como tercera interesada. Por ese motivo, ordenó la reposición del proceso. Sin embargo, dicho revés no ha detenido al Ins- tituto en su intención de instaurar el llamado “dere- choalolvido”,términomercadológiconacidoen los despachos de manejo de imagen, enfatiza en entre- vista Carlos Brito, miembro de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). El negocio de la limpia de reputaciones está en juego, y el Inai es uno de sus principales impulsores. “Está avanzando en el legis- lativo y en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México”, agrega. El Inai ha realizado foros, campañas en las que, como en el caso de Carlos Sánchez de la Peña (el empresario beneficiado por el sexenio foxista), por regla se desdeña el derecho que, paradójicamente, el mismo Instituto tiene como misión garantizar: el “libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expre- sión”, consagrado en el Artículo 6 de la Constitu- ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero para los comisionados del Inai un supuesto “derecho” particular –que ni siquiera ha sido legis- lado– está por encima de la Constitución misma. En entrevista con Contralínea, la comisionada Pa- tricia Kurczyn deja claro hasta qué punto se desea proteger lo que en el Inai entienden como “datos personales de los particulares”: borrar información en la red o, en dado caso, prohibir su publicación en medios impresos. —¿Usted qué entiende por el llamado derecho al olvido? –se le pregunta a la comisionada del Inai Patricia Kurczyn. —La cancelación de la publicación de datos personales –responde sin titubear. Los datos persona- les son definidos en la ley como “cualquier informa- ción concerniente a una persona física identificada o identificable”. Entonces, según la comisionada, el relato sobre los actos de al- guien puede ser considera- do para su “cancelación”. “Yo me puedo oponer a que en algún momento determinado sepan si yo firmé un contrato de com- pra-venta de una casa. No en mi caso como servi- dora pública –acota–. Pero una persona en lo parti- cular, no tiene por qué estar divulgando lo que hace. Nadie tiene derecho a exhibir sus actos personales. Porque entonces estaríamos invadiendo la esfera de la privacidad.” Nada que no trate de una sentencia o de un fun- cionario puede ser considerado como de interés pú- blico, aduce la doctora en derecho. “Nosotros no podemos saber si hay una situa- ción firme (sic), que digamos esta persona ya está sentenciada. No podemos saber si el asunto fue re- suelto por un juez.” —¿Para usted, pedir que se baje información no tiene relación con el derecho al acceso a la informa- ción consagrado en la Constitución? —En este caso es sobre un asunto particular. Un asunto entre particulares (Carlos Sánchez de la Peña y Google), porque finalmente era el asunto de un se- ñor en particular con una asociación civil particular también (Vamos México, dela entonces primeradama Marta Sahagún). “Y no voy a calificar si hacían negocios o no hacían negocios porque ésa es un área que no nos El derecho al olvido censura hechos de interés público: crímenes de Estado, corrupción, delincuencia organizada, delitos de cuello blanco...cuello blanco...
- 40. 40 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN MEDIOS corresponde,muchomenosamíenformapersonal. Pero lo que sí le puedo decir que si el señor determi- na que su nombre está siendo utilizado y no quiere que aparezca como tal, tiene derecho a solicitar la cancelación de los mismos.” En la resolución favorable al empresario –hoy sin efectosporelamparodadoalarevistaFortuna–elInai no discutió, ni siquiera revisó si la información que el quejoso deseaba eliminar era de interés público. A pesar de ello, la comisionada asegura que el mayor interés de ella y sus colegas es conseguir un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de datos, ya equiparado con el “derecho al olvido”. “No podemos sacrificar los derechos de una per- sona cuando no haya un interés público”, afirma. “Cuando una persona solicita la cancelación de sus datos personales, y si tiene la razón, lo podemos ha- cer. Podemos pedirle a la instancia que lo tiene pu- blicado que los baje”. Serefierealosmedios decomunicación. “Cuan- do una persona concede una entrevista, si el día de mañana esa información toma un sesgo diferente, si esa información le puede causar algún daño, pues la persona está en su derecho de pedir que esa infor- mación sea retirada”, dice. “Pero no si es servidor público”, acota. —¿Y las personas que tienen un impacto social sin ser servidores públicos? —Aunquealguienseamuyadinerado,congran- des empresas y todo, eso no quiere decir que sea un servidor público. Por más que la persona tenga una importancia social o una importancia económica en el país sigue siendo una persona privada con todos los derechos que no se le pueden modificar. “Es su derecho”, reafirma. —¿Derecho de pedir que se elimine informa- ción? —Exacto. Si ya está impreso, ni modo que reti- remos todas las revistas y todo. Lo que sí se podría hacer es que esa documentación pues ya no se po- dría volver a publicar. Si lo tiene en la red, sí se pue- de eliminar, se tienen que borrar. —¿Eso no atenta contra el derecho a la informa- ción, contra la Constitución, doctora? —Son datos personales. Y si la persona ya no quiere que aparezcan, pues tenemos que hacerle caso. Es la esfera de la privacía que está en el Artícu- lo 16 de la Constitución. “La presión los está llevando al punto de decir cualquier cantidad de disparates bajo el amparo de estos intereses”, refuta Carlos Brito, que a la vez se- ñala la contradicción entre la razón de ser original del Inai y la actuación actual: “Es una paradoja que cae en el ridículo. Es in- formación de interés público, información pública que el Inai, en principio, nace para difundir, para hacer accesible a la gente. Que alguien publica la lista del Fobaproa y el Inai dice ‘generemos obstácu- los para que esa información se sepa’, es ridículo, es francamente sicótico, es una traición a los principios que dieron luz a la reforma en materia de acceso a la información y al Instituto.” Negocio, de la mano del Inai Borre lo que le moleste de su pasado. Deshágase de esos detalles incómodos. “En Eliminalia creemos que la mejor manera de garantizar el resultado es eliminando el contenido ‘desde la raíz’, es decir, bo- rrar los datos que se almacenan en la propia página web o medio de comunicación dónde se ha publi- cado” (sic), anuncia la empresa catalana, gestora de reputados personajes como Humberto Moreira. “Su director, Dídac Sánchez, ha dicho que Mé- xico tiene cuatro veces el potencial de mercado de España”, cuenta Carlos Brito. “Es tanta la corrup- ción y los problemas que hay en el país que la gente tiene la necesidad de hacer desaparecer esos asun- tos”, dijo el empresario al reportero Juan Luis Ra- mos y, sin empacho, añadió: “Si un político ha cometido un crimen y no se le ha juzgado ése ya es un problema del país, no nos toca a nosotros” (“El derecho al olvido se lo merece todo mundo, defiende Eliminalia.com”. 24 Horas, 20 de abril de 2015). “¿Su nombre o marca ha sido publicado en al- gún medio de comunicación y quiere borrar todo rastro? Nos encargamos de ello, ya lo hemos con- seguido en MUCHAS ocasiones, SIEMPRE lo CONSEGUIMOS” (sic), continúa la firma que abrió una sucursal en México tras la resolución a favor de Carlos Sánchez de la Peña. Siempre y cuando tenga el poder y el dinero, quien sea podría estar interesado en la goma que lim-
- 41. www.contralinea.com.mx 41 INVESTIGACIÓNMEDIOS pia elpasado; cualquiera de quienes colman los no- tociarios y las páginas de los medios con historias de muerte, desapariciones forzadas, secuestros, corrup- ción, explotación, fraude, soborno, despojo… “Se puede entonces explicar por qué ha habi- do tanta presión por llevar esto a la regulación por medio del Inai y la Ley [General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares]”, ra- zona Carlos Brito. Se trata del siguiente paso en el negocio del ma- nejo de la imagen pública: la reconstrucción de una reputación a partir de la eliminación de informa- ción adversa gracias a una herramienta disfrazada de “derecho”. “Está pensado para eso. Está manufacturado como estrategia de mercadotecnia. El hecho de lla- marle ‘derecho-al-olvido’”, explica en entrevista el abogado de la R3D, que remarca la procedencia corporativa del término: ni legislativa ni jurídica, sino de firmas como la que ahora se encarga del ho- nor del exgobernador Moreira. “El Tribunal de Justicia Europea jamás le llama así en la resolución que emite –y en la cual se apoyó el Inai–. Si le llama así es porque cita a los despachos y nada más”. Para la comisionada Patricia Kurczyn no hay nada raro o nocivo en el negocio que de la mano del Inai está progresando. —Ahora se ofrece dicho olvido como una mer- cancía, doctora –se le comenta. —Es naturalmente el ejercicio libre de la profe- sión. Es una actividad completamente lícita que se puede desempeñar. Choque de derechos El Instituto ha basado la discusión en el derecho de las personas a la protección de sus datos perso- nales, manto con el que se le da un aire de legalidad al término mercadológico “derecho al olvido”. Los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales se enfrentan y el Inai es el órgano encargado de ejercer como árbitro. “Cuando se produce un choque de derechos se da una situación trágica”, apunta el jurista Roberto Gargarella. “¿Por qué? –continúa– Porque nos en- Con el derecho al olvido, el pleno del Inai (en la imagen) pretende censurar informaciones periodísticas e históricas en soportes impresos, electrónicos y digitales. En riesgo, los derechos constitucionales a la información y la libre expresión DIEGOSIMÓNSÁNCHEZ/CUARTOSCURO
- 42. 42 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN MEDIOS contramos frente a dos derechos reclamando por el mismo espacio, peleando por el mismo lugar, y que solo uno de ellos puede preservar. Alguno de los de- rechos va a perder”. En tales casos de pugna, quien resuelva está obli- gado a justificar la ponderación entre uno y otro de- recho, dice Gargarella. Y una fórmula para resolver la jerarquización inevitable, sugiere, es seguir la ruta “de que el último derecho a ser retirado, o sea, el que más hay que cuidar es el que está más cerca del nervio democrático de la Constitución […] hacer el máximo esfuerzo por preservar hasta el final aque- llos derechos que estés más cerca del corazón de la Constitución”, el cual “tiene que ver con las reglas básicas del juego democrático”. Por tanto, derechos como la libre expresión o el acceso a la información “merecen ocupar un lugar muy especial dentro de nuestra escala de de- rechos”. Y el doctor en derecho por las universidades de Buenos Aires y Chicago va más allá: los derechos más cercanos al corazón de la Constitución “deben serobjetodeunaprotecciónespecial.Ymástodavía, dentro de los derechos vinculados con la libertad de expresión, encontramos subderechos que merecen una protección aún más especial”. Por ejemplo: el derecho de criticar a los hombres ejerciendo el po- der, sea público o fáctico. Para el abogado y sociólogo argentino, el deber más importante de los juzgadores –entre los que se puede incluir a los comisionados del Inai aunque no sean parte del Poder Judicial– “es el de proteger al que habla, sobre todo si se trata de una voz que pre- tende presentar una crítica contra quienes ejercen el poder. Esta voz es la que más necesita ser protegida” (Carta abierta sobre la intolerancia, apuntes sobre derecho y protesta. Siglo XXI Editores, 2006). En el caso Carlos Sánchez de la Peña-Goo- gle-Fortuna, el derecho a la información fue el que perdió, el sacrificado en una pugna en la que ni si- quiera se le consideró, pues el Inai no ponderó entre el interés público de la información sobre el empre- sario foxista y su honor e intereses comerciales… y resolvió proteger su nombre sin reparar en las histo- rias de relaciones de poder que de él y su familia se desprenden. En el caso Carlos Sánchez de la Peña-Google-Fortuna, el derecho a la información perdió: el Inai “olvidó” llamar a la revista como tercera interesada, y tampoco ponderó entre el interés público de la información sobre el empresario foxista y su honor e intereses comerciales 123RF
- 44. 44 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN CAPITALES 2 MIL TRABAJADORES EN EL LIMBO OCEANOGRAFÍA
- 45. www.contralinea.com.mx 45 INVESTIGACIÓNCAPITALES En mediodel proceso de quiebra de Oceanografía, 2 mil trabajadores esperan el remate de activos de la naviera para que reciban su liquidación conforme a la ley, reconoce el Sae. Para los afectados, ésta es una maniobra dilatoria para obligarlos a negociar en condiciones desventajosas M ientras el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) calcula el monto que obtendrá por el remate de los activos de Oceanografía, al menos 2 mil trabajadores de la empresa sobreviven con la esperanza de recibir su liquidación por años de labor en la naviera, la más beneficiada por Petró- leos Mexicanos y declarada en quiebra apenas la primera semana de agosto. Y es que ante la exigencia de liquidación, la respuesta del Sae es tajante: “si los trabajadores solicitan el pago de todos sus derechos, llevare- mos el proceso a juicio laboral, durará años, y cuando ganen el juicio ya no habrá propiedades para vender y se quedaran sin dinero”, fue la ad- vertencia de Humberto Cavazos Chena y Pablo González, director de Oceanografía y director del Departamento Legal del Sae, respectiva- mente. Durante una reunión de trabajadores con ambos funcionarios, celebrada la primera se- mana de septiembre en las oficinas del Sae, los JOSÉ RÉYEZ ILSEHUESCAS/CUARTOSCURO
- 46. 46 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN CAPITALES quejosos señalaron que Cavazos y González les informaron que sólo tienen derecho a liquida- ción 450 trabajadores actualmente en activo en la empresa y que “el personal que dejó de laborar de 2014 a 2016 no tiene derecho a liquidación, porque ya prescribió el tiempo de 60 días para que ejercieran su derecho a demandar por con- ducto de la Junta Laboral”. Sin embargo, el coordinador de prensa del Sae, Roberto González Corona, reconoció que aún faltan por liquidar al menos unos 2 mil trabajadores de Oceanografía, y recordó que a principios de agosto el juez tercero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto, declaró la quiebra de Oceanografía mientras el Sae opera- ba como administrador la empresa en virtud del aseguramiento y de ahí pasó al cargo de síndico para que, dentro de las formalidades del proceso y dentro de un periodo de 70 días, determine qué activos podrá disponer para llevar a cabo la liquidación de los mismos. Precisó que el Sae en Oceanografía enfrenta una doble situación, por una parte el asegura- miento derivado del proceso penal que está vi- gente, y por otro lado el concurso mercantil que derivó en la quiebra. Dijo que los pasivos de la naviera ascienden a 14 mil millones de pesos, de los cuales no se sabe cuánto recuperaría el Sae,ya que se tiene que levantar el inventario. “Hay algunos inmuebles por identificar; hay gravámenes que se tienen respecto a estos in- muebles que garantizaban créditos, y se tiene que hacer la validación en el periodo que esta- blece la ley de 60 días, para poder hacer el le- vantamiento de inventario, manejar el balance y tener el dictamen contable respectivo, con lo cual se podrá saber de cuánto se dispone para afrontar los pasivos”, añadió. Actualmente hay 450 trabajadores activos; cuando el Sae se hizo cargo de Oceanografía ésta tenía 11 mil trabajadores contratados bajo un esquema de outsourcing. Primero se liquida- ron los adeudos vencidos con un promedio de 3 meses de salario vencido y se regularizó la si- tuación laboral de los trabajadores, a los que se dio de alta en el Seguro Social, ya que la gran mayoría, al estar en esa figura de outsourcing, no estaban dados de alta o lo estaban con un salario inferior, explicó el funcionario. El gran problema, dijo, es que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Oceanogra- fía para que tuviera la posibilidad de contratar con cualquier empresa del gobierno federal; y otro gran problema es que Pemex representaba el 90por ciento de la empresa y eso complicó mucho el flujo en esas circunstancias. Se le dio salida a los contratos vigentes y actualmente el Sae no tiene contratos ni tampoco hay ingresos, y tiene que pagar los salarios de la gente que to- davía está trabajando y darle mantenimiento a las embarcaciones que continúan bajo la respon- sabilidad de la institución. Alejandro Donis Castro, abogado de un grupo de trabajadores que demandan su liqui- dación, expuso que a pesar de que la empresa estaba inhabilitada para licitar contratos, tenía 35 contratos activos.“Y todos los dejaron perder. Todo indica que el Sae desde que se le entregó la administración llegó con la intención de quebrar la empresa”, aduce. Por ejemplo, dice, los contratos 428222910, 428222911,428222912,428222913,428222914, 428222915 y 428222916, por Servicio de Trans- porte de Personal, Materiales y Equipos Ligeros con Abastecedor Rápido (solo de flete), con un valor total de 117 millones 379 mil 369 dólares, firmados en 2012 para iniciarse en junio de 2014 y con duración de 8 años, los dejaron perder in- tencionalmente. El Sae tiene 45 embarcaciones todavía bajo custodia, la gran mayoría no es propiedad de Oceanografía sino de arrendamientos que ya te- nía contratados la empresa.Sólo nueve embarca- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes gasta 70 millones de pesos al mes para mantener la flotilla de Oceanografíaflotilla de Oceanografía
- 47. www.contralinea.com.mx 47 INVESTIGACIÓNCAPITALES ciones sonpropiedad de la empresa y desafortu- nadamente están en condiciones más precarias, admitió González Corona. Señaló que se llevará a cabo el inventario nuevamente para identificar los bienes suscep- tibles de venta y poder pagarle a los acreedores. En ese sentido, los trabajadores o los que había al momento que se terminaban los trabajos,ya se les van a entregar las cantidades correspondien- tes para terminar su relación laboral. Dijo que hay adeudos que se manejan todavía dentro del concurso mercantil; hay un caso que se maneja como uno de los acreedores, tanto el SAT, IMSS como Pemex, en donde sólo falta el reconocimiento de que un juez concursal pueda dar con el adeudo que se tiene con esta empresa. Los dueños tienen que acreditar la propiedad de los bienes para que la Procuraduría General de la República pueda levantar el aseguramien- to y se devuelvan. Es el caso del Titán, el barco que encalló, la PGR ya determinó que no es de Oceanografía, sin embargo el propietario no se lo quiere llevar, ya que el reflotamiento requiere de una cantidad importante de recursos con los que el Sae no cuenta. La ley del Sae dispone que cuando se ase- gura una empresa se obliga a su conservación, mantenimiento y los seguros de los bienes. El Sae tiene que gestionar recursos para pagar estos conceptos. Inclusive, enfatiza González Corona, la tri- pulación de las embarcaciones que se encarga de dar mantenimiento se considera como parte de los gastos que el Sae tiene que cubrir. Se paga la nómina de una parte de los 450 trabajadores ac- tivos, a la tripulación y de gente que trabaja fun- damentalmente en los patios, que lleva comida a los barcos, etcétera, ya que la particularidad de las embarcaciones es que deben de estar prendi- das siempre,no se pueden apagar porque si no se hunden.Todo ello tiene un costo de 70 millones de pesos mensuales. El Sae no recupera nada de la venta de los activos ya que es para los acreedores reconocidos en el proceso, no alcanza, dice el funcionario. Se identifica cuál es el pasivo reconocido y en fun- ción del recurso que se tiene la cantidad se divide entre los acreedores,dando prioridad a los traba- jadores. Pemex es acreedor gubernamental como el IMSS, el SAT y hay otro tipo de acreedores financieros también. De los 8 millones de pesos del fideicomiso creado para pagar las indemnizaciones de los trabajadores, González Corona dijo que el Sae El Sae tiene 45 embarcaciones todavía bajo custodia, de las cuales 36 no son propiedad de la empresa de AmadoYáñez
- 48. 48 26 deseptiembre de 2016 INVESTIGACIÓN CAPITALES La quiebra de Oceanografía se declaró porque no se supo administrar la empresa, asegura el abogado de los trabajadores, Donis Castro ILSEHUESCAS/CUARTOSCURO hizo un levantamiento de gente que concluyó con su trabajo y la enlistó para que en cuanto haya recursos se le pagara. “Lo que el juez orde- nó es que se les diera el reconocimiento a aque- llos trabajadores que presentaron una denuncia para que les fueran pagados los recursos necesa- rios para terminar con su relación laboral”,adujo. Se trata del fideicomiso 1345, creado en agosto de 2013 por Oceanografía en Banco In- vex, por 8 millones 835 mil 658 pesos, que fue- ron etiquetados por Pemex Exploración y Pro- ducción, y entregados por el juez Consuelo Soto al Sae para el pago de liquidación de los traba- jadores; sin embargo, Alfonso Maza los destinó para el pago de despachos jurídicos, préstamos a personal a su cargo, pago a trabajadores allega- dos a la administración del Sae y a un sindicato cetemista, de acuerdo con la denuncia de los in- conformes. Al respecto, González Corona asegura que “con los 8 millones de pesos alcanzaba el pago de más o menos 130 personas, de los cuales ya cobraron 115 y otros no quisieron cobrar, había un error en el cálculo de su pago y se corrigió y su pago está disponible y no lo han querido co- brar, el juez ya tiene conocimiento”, detalló. Se declaró la quiebra de Oceanografía por- que no se supo administrar la empresa, asegura el abogado de los trabajadores Donis Castro.“La Ley de Concurso Mercantil señala como condi- ción obligatoria que el administrador debe tener por lo menos 5 años de experiencia en una em- presa similar a la que pretenda administrar, con conocimiento del giro de la misma, de la cual carece Alfonso Maza Urueta”, añadió. Explicó que a los trabajadores los hicieron firmar un convenio de retiro voluntario, o sea que renunciaban a sus derechos laborales, enga- ñándolos y presionándolos, porque si no lo ha- cían así no cobraban. Es el caso del ingeniero Elías Marín Mo- guel, quien aun en desacuerdo con la cantidad
- 49. www.contralinea.com.mx 49 INVESTIGACIÓNCAPITALES que lepagaron, tuvo que tomarla. Le pagaron el día 8 de agosto con un cheque independiente, por la cantidad que correspondía para pago de pensión alimenticia para su familia, pero no se lo entregaron, ni le dejaron tomar fotos, adu- ciendo que ellos lo entregarían, pero hasta el día de hoy (12 de septiembre) no se lo han dado a su familia. Adicionalmente, para entregar este pago los representantes del Sae condicionaron a los tra- bajadores a firmar su afiliación al sindicato, ya que si no lo hacían les retenían esa liquidación. El sindicato le quitó a muchos trabajadores has- ta el 30 por ciento de la liquidación que les en- tregaba, incluso mediante cohecho y bajo ame- nazas, con conocimiento del personal adminis- trativo del Sae presente en la firma de recibido de estos pagos. Argumentaron que no había dinero para pa- gar a los trabajadores, pero según un reporte del despacho Rafael Lores Rodríguez y Cía.,con fe- cha 2 de junio de 2015, señala que al 25 de mayo de ese año Pemex había pagado a Oceanografía 599 millones 463 mil 430 pesos; 22 millones 118 mil 184 dólares y 497 mil 460 euros. Además, la empresa tiene registrado que en- tre enero de 2014 y octubre de 2015, Pemex le pagó a Oceanografía una factura por 2 millones 265 mil 283 pesos, así como varias facturas en dólares americanos por 2 millones 637 mil 741 pesos. ¿En qué gastaron este dinero,sumando los 25 millones de dólares de la venta del equipo Gallos Blancos de Querétaro? El Sae no puede pagar del dinero de los contribuyentes los gastos de una empresa privada. ¿Por qué no la declaran en quiebra desde el momento en que no hay dine- ro?, pregunta Donis Castro. “No debieron pagar millones de pesos a los despachos jurídicos ni al sindicato en cuotas que nunca descontaron a los trabajadores y de otros que nunca fueron sindicalizados, sino pagarle a los trabajadores”. Dijo que el sindicato, en contubernio con el personal del Sae, actualmente realiza una cam- paña para que el personal de Oceanografía que nunca estuvo afiliado al sindicato firme una carta poder otorgándole sus derechos laborales, para que puedan negociar las liquidaciones de los tra- bajadores y aceptar lo que en su momento acuer- den el sindicato y el Sae. “Los trabajadores solicitaron de múltiples formas que se les reconociera su derecho de es- tar en el concurso mercantil para hacer valer la preferencia que hasta ahora no han tenido, vigi- lar el proceso y participar de él. Quizá por esto último es que no los quisieron reconocer, ya que el concurso mercantil en su esencia protege a los trabajadores como acreedores preferentes ante cualquier otro”. Por esta razón, el presidente de la Comisión de Trasparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Rogerio Castro Vásquez, a peti- ción de los quejosos ha participado en las reu- niones con funcionarios del Sae y con el juez a cargo de la quiebra, Felipe Consuelo Soto, para investigar sobre las posibles violaciones a la Ley de Trasparencia y actos de corrupción en los que pudieron haber incurrido. A la naviera también se le aseguraron diversos predios que podrían estar sujetos al remate
- 50. PETROLERO 50 26 deseptiembre de 2016 ANÁLISIS Previsible, el fracaso de las primeras subastas de campos petroleros en aguas profundas del Golfo de México. En duda, el verdadero potencial de los yacimientos y la tecnología para explotarlos. El caso Trión, ejemplo de la falta de veracidad en las cifras que proporciona el gobierno federal FABIO BARBOSA, ECONOMISTAY MAESTRO EN HISTORIA DE MÉXICO; ESPECIALISTA EN INDUSTRIA ENERGÉTICA; INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 123RF TRIÓN PUEDE FALLAR SUBASTA DEL CAMPO PETROLERO
- 51. www.contralinea.com.mx 51 PETROLERO ANÁLISIS E lpróximo 5 de diciembre se llevarán a cabo las primeras subastas de las aguas profundas del Golfo de México, llamada la joya de la coro- na. Por ello, este análisis tiene el objetivo de ampliar lainformaciónsobreellacondatosconocidossóloen algunos círculos petroleros. Estoy convencido de que sólo con datos veraces podemos intentar una com- prensióndeestemomentotanpeculiardelareforma energética. Percibimos diferencias en los tres grupos de blo- ques que se ofrecen en estas dos subastas: El primer grupo lo constituyen cuatro bloques para exploración al Norte del Golfo de México, casi adyacentes a la frontera con Estados Unidos. Con- jeturamos que todos serán licitados, aunque quizá el bloque dos podría tener un menor número de ofertas porque se adentra en partes de la llamada Planicie Abisal, en tirantes de agua que alcanzan en- tre 3 mil-3 mil 500 metros. A la fecha, el pozo más profundo en Estados Unidos ha avanzado a 3 mil 50 metros; por ello, licitar más allá exhibe la deses- peración de quienes diseñan los bloques, esperando que la tecnología, eventualmente se desarrolle para alcanzar esos “abismos”. Elsegundogrupodelamismalicitaciónlointegran seis bloques en la Cuenca Salina del Istmo. Éste reci- birá ofertas, aunque no es tan atractivo como el área fronteriza.Suexamenlodejaremosparaotroartículo. El mismo día, el 5 de diciembre, el gobierno rea- lizará otra subasta totalmente distinta y algo rara: las empresas participantes competirán para participar como socias de Petróleos Mexicanos (Pemex) para desarrollar el campo Trión, que cuenta con dos po- zos (ambos con petróleo descubierto que Pemex esti- ma en la elevada y cuestionable cifra de 482 millones debarrilesdecrudoequivalente,comoreserva“posi- ble”; repito: cifra que consideramos un “maquillaje” de la información). En estos dos eventos no participarán las mismas empresas y pueden tener resultados distintos. Breve reseña histórica En el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se supo que las grande petroleras ya estaban perfo- rando cerca de la frontera marina, se realizaron las primeras inversiones en busca de una localización del lado mexicano; pero en esos años era virtual- mente imposible iniciar actividades en la zona más profunda y más hostil. Los primeros pozos en aguas profundas se iniciaron durante el gobierno de Vi- cente Fox, en aguas más someras, frente a las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Hasta el sexenio de Felipe Calderón al fin se pudo contar con las primeras plataformas capa- ces de trabajar en aguas ultra profundas, como la Bicentenario y la West Pegasus. Pero cuando la primera estaba casi lista para comenzar en la lo- calización Maximino-1, ocurrió el accidente en el Macondo, que creó un ambiente de pánico en el mundo petrolero. La Bicentenario fue virtualmente entretenida con dos pozos muy al Sur y finalmente, en mayo de 2012, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) –después de un taller en el que se examina- ron los programas de perforación y especialmente las medidas de seguridad industrial– aprobó la per- foración, que inició en junio, a cargo de la mencio- nada Bicentenario. AsíqueTrióneraunpozolargamenteesperado: se habían creado grandes expectativas, se creía que en la zona del Cinturón Plegado Perdido existían unos 20 mil millones de barriles de aceite, evalua- ción formulada por Geological Survey de Estados Unidos. Por ello, su plan era muy ambicioso: pre- tendía evaluar toda la columna geológica de Per- dido en la parte de México. Los investigadores pe- troleros también ansiábamos conocer qué potencial existía realmente. Decíamos en la década de 1990: “Así como los mexicanos tenemos que conocer los ríos, las montañas y todos los recursos en nuestro país, tenemos que conocer qué tenemos en el sub- suelo marino”. Casi 15 años más tarde, Trión-1 ofrecería algunas respuestas. El pozo Trión-1 tenía como objetivo probar tres formaciones: las arenas Wilcox, las Whopper y, algo muy importante, responder a la pregunta: ¿hay pe- tróleo en el Cretácico de Perdido? Recordemos que esas han sido las más generosas en la parte mexicana del Golfo de México. Por todo eso los objetivos de
- 52. PETROLERO 52 26 deseptiembre de 2016 ANÁLISIS Trión-1 eran perforar hasta los 7 mil 529 metros y dispararenesostresintervalos(elcuadro1,examina- do en el taller de la CNH, lo muestra). Al presidente Felipe Calderón lo consumía la impaciencia: se le reportaban constantemente los avances. Cuando se aproximaba su último informe de gobierno y el pozo llevaba unos 90 días, se realizó una primera “mini prueba”: se aisló un tramo del agujero, colocando ta- pones arriba y abajo del estrato y se recogieron unos pocos barriles, quizá litros, que se enviaron a tierra para su análisis. Era crudo ligero. Calderón convocó a una conferencia de prensa en Los Pinos y anunció el descubrimiento de 350 millones de petróleo crudo equivalente, cifra que el lector puede corroborar en el boletín 54 de Pemex, fechado el 29 de agosto de 2012 (cuya copia se reproduce aquí). Asimismo adelantó que produciría 10 mil barri- les diarios y que, el potencial petrolero de la sección mexicana en Perdido se elevaba a 10 mil millones de barriles. Era propaganda, expresiones de frivo- lidad y un atropello a los ingenieros: el Trión-1 ni siquiera había concluido (el boletín 54 afirma que la perforación continuaba). Estos problemas fueron conocidos por la opi- nión pública oportunamente. Con sólo el acei- te en los frasquitos lo único que se demuestra es la existencia de petróleo, pero no hay ningún dato que permita estimar sus volúmenes y menos si son comerciales. Véase la nota de Is- rael Rodriguez, en La Jornada del 30 de agosto de 2012, en la que diversos analistas, como el inge- niero Francisco Garaicochea, la doctora Miriam Grunstein y el suscrito examinamos estos temas. La verdad es que Trión-1 falló Aunque el boletín 54 asegura que Trión-1 continuaría hacia mayores profundidades –entre las que, por cierto, ya no aparece el Cretácico, situación que reve- la como los políticos se atreven a tomar decisiones técnicas–, la verdad es que la perforación ya no pudo continuar. Se realizaron estudios para ampliar las pruebas de produc- ción, pero el 20 de noviembre de
- 53. www.contralinea.com.mx 53 PETROLERO ANÁLISIS llonesanunciadas por Calderón en el boletín 54, a 482 millones de barriles de crudo equivalente. ¿Qué había pasado?, el sexenio de Calderón había concluido y es obvio que los nuevos funcio- narios del gobierno de Enrique Peña simplemente, desde sus escritorios, agregaron más de 100 millo- nes de barriles en la documentación; es decir, en los papeles. En realidad no pasó nada: Trión-1 sigue enarenado, taponado y abandonado. Los políticos peñistas sólo hicieron un cambio de papel. Pero vendrían nuevos maquillajes, aunque más chiquitos. También en el nuevo gobierno de Peña se publi- có otro documento informando de las actividades del año anterior: el Informe anual de 2012, que repite las supuestas reservas de Trión-1 y, quizá preten- diendo un alarde de exactitud, anota que son 482 millones 400 mil barriles. Nótese que para entonces aún no se perfora- ba Trión 1 DL y, a la fecha, en 2016, las reservas de ese campo que se pretende desarrollar en un acuerdo de explotación conjunta, continúan sien- 2012 se decidió el taponamiento definitivo. Estába- mos en la terminal de Cobos, en la desembocadura del Río Tuxpan, desde donde se manejaba toda la logística, cuando llegó la noticia de que se habían presentado problemas de arenamiento y no se con- sideró conveniente tomar el riesgo de sufrir un em- peoramiento de la situación. Schlumberger ha explicado en sus revistas que el arenamiento del pozo ocurre cuando grandes vo- lúmenes de este material se desprenden y movilizan ante ciertas condiciones, como caídas de la presión: las arenas son arrastradas por la velocidad y visco- sidad del fluido y, una vez producidas en el interior del pozo, pueden provocar estragos, erosionando tubulares, dañando equipos y obstaculizando la producción en cualquier punto de la línea de flujo. Trión no es el único caso de formaciones poco consolidadas –como también se denomina al are- namiento– en el área del Cinturón Plegado Perdi- do. También se ha presentado en Trident, perfora- do en el lado estadunidense, a unos 50 kilómetros de distancia de Trión-1. Los casos más conspicuos han sido el de los po- zos del campo Jack, cuyo descubrimiento fue en 2003 y 2004 y que, por estas dificultades, sólo pudo iniciar su explotación 10 años más tarde. Algunos instrumentos requirieron metales especiales: sólo la búsqueda de un diseño especial de las llamadas pis- tolas que se disparan en las pruebas de producción se prolongó 9 meses. Perdido es una de las zonas más difíciles del pla- neta, sus pozos figuran entre los más profundos del mundo a lo que se suman los problemas de la sal, las ultra temperaturas y ultra presiones. Nuevos maquillajes de las cifras Como dijimos, en los círculos petroleros esperá- bamos con impaciencia nuevos reportes que rectifi- caran la información o siquiera añadieran las cifras de la producción inicial de Trión-1. Por fin, el 14 de marzo de 2013 se publicó el documento Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2013, en el que, en su página 19, se publicó otro atentado al derecho a la información: las reservas que supuestamente des- cubrió Trión-1 fueron aumentadas de los 350 mi- El expresidente Calderón dio a conocer el supuesto potencial deTrión, mismo que hasta la fecha no se ha comprobado
- 54. PETROLERO 54 26 deseptiembre de 2016 ANÁLISIS do de 482 millones; eso implica que el Trión 1 DL no agregó nada. Examinaremos el tema a conti- nuación. Otro misterio: el Trión 1 DL Ante el problema del arenamiento, casi 1 año más tarde, el 3 de septiembre de 2013, en otro blo- que adyacente al Norte se inició la perforación de Trión 1 DL (ya dijimos que es un pozo delimita- dor y omitiremos detalles como que éste es menos ambicioso: Pemex renunció a profundizarlo hasta el Cretácico, es decir el delimitador fue un pozo más somero). Según el reporte de la actividad exploratoria de la CNH, la perforación –incluyendo la termi- nación, es decir, sus pruebas de producción– con- cluyó el 28 de marzo de 2014, prácticamente en 7 meses. Según el reporte mencionado, fue “des- cubridor comercial”, pero el intervalo productor reportado es muy delgado: se sitúa entre los 4 mil 241 y los 4 mil 221 metros, es decir, un espesor impregnado de apenas 20 metros, 16 veces más pequeño del Trión-1. Seguramente por eso no ofreció ninguna cifra de producción inicial en las pruebas, como se hace en todos los descubrimien- tos. Otra vez iniciamos una larga espera de los datos y hasta la fecha no se ha publicado nada. Pasó todo 2014 y esperamos en 2015, cuando se difundió la convocatoria de la licitación de Trión, repitiendo que el volumen a explotar son los 482 millones, cifra que quedó como “la verdad oficial” establecida por el gobierno de Peña. Confirma- mos que el pozo delimitador no agregó reservas. Nuestra hipótesis es que tampoco pudo probarse por la complejidad geológica de Perdido. En la etapa más reciente se ha logrado un conocimiento más preciso del Cinturón Plegado Perdido y de esa gran área se ha separado la lla- mada subcuenca Cinturón Subsalino (la ilustra- ción 3 muestra la ubicación de Trión-1 y la proxi- midad de los cuerpos de sal hacia el Norte, donde se localiza el Trión 1 DL). La complejidad geológica se constata también del lado de Estados Unidos. La ilustración 4 mues- tra varios pozos al Norte de la línea de la fronte- ra. El único exitoso es Great White; los dos pozos Baha fracasaron, el primero fue suspendido por un accidente mecánico, el Baha dos sólo encontró indicios; el Hammerhead-1 fracasó totalmente, y los tres pozos Trident descubrieron volúmenes no comerciales. Este último campo lo tuvo Chevron y lo devolvió al gobierno (sobre este tema hemos escrito varios artículos en Contralínea). Desde luego no debemos omitir que Great White es un campo gigante: en 2013 alcanzó (como complejo con otros dos, Silvertip y Tobago) un pico de producción de 115 mil barriles diarios, lo que lo define como gigante y, lo que es muy im- portante, muestra que la exploración en formacio- nes sub sal puede tener grandes éxitos; pero eso sólo lo demuestra la barrena del perforador, no las fantasías de los políticos.
- 55. www.contralinea.com.mx 55 PETROLERO ANÁLISIS Situaciónactual: desaires y remilgos de las petroleras Ahora el gobierno de Peña se ha enfrentado con la gran sorpresa de que las grandes petrole- ras amenazan con dejarle desierta la subasta de Trión. El pasado agosto, a sólo 2 días del cierre del plazo para que las petroleras puedan participar únicamente había dos empresas inscritas; en- tonces la CNH –que se ha extraviado al con- fundir su papel de regulador con el de promo- tor de la inversión, como ha examinado Fluvio Ruiz– amplió varias fechas del calendario de la licitación. Las grandes petroleras conocen, seguramente mejor que nosotros, los detalles que aquí hemos narrado sobre Trión, pero no pueden revelarlos y negociar algún cambio en los términos y con- diciones de los contratos sobre esas situaciones. ¿Entonces qué aducen? Como es un proceso en cur- so y cada día pueden ocurrir cambios sólo mencionaremos dos de sus alegatos. Algunas dicen que es excesi- vo el costo que el gobierno quie- re recuperar por las inversiones ya realizadas en la exploración y descubrimiento en las dos asignaciones donde se ubican los pozos Trión. Aluden a 480 millones de dólares que los pre- tendidos socios irán invirtiendo en las actividades iniciales del acuerdo de desarrollo conjunto. Otras empresas o consultorías que las asesoran, critican que Pemex, sin compartir el riesgo, mantiene mucho control en las operaciones a desarrollar. En otra perspectiva de análi- sis, el doctor George Baker, gran conocedor del petróleo mexica- no, ha puesto en la mesa el tema de la participación de los socios en el caso de acci- dentes industriales. La visión más pesimista sobre la subasta de Trión la expresa Steven Otillar, de una consul- toría. Sostiene que muchas empresas esperarán hasta que las regulaciones de la industria petrolera de México ofrezcan garantías adicionales antes de comprometerse a una asociación como la del con- trato Trión. La agencia de noticias Bloomberg resume la si- tuación en un artículo que titula “Pemex slow to lure oil majors to join its big Gulf venture”, que yo traduzco como “lento para seducir a las grandes petroleras” y que me convence de que la licitación de Trión puede ser considerada la evaluación de las grandes empresas. Si, a pesar de lo que aquí hemos dicho sobre los problemas geológicos de los pozos Trión, deciden entrar al acuerdo de operación conjunta es que lo evalúan con un potencial importante. Mi conclusión es la misma recomendación que for- mulo a mis alumnos: debemos estar atentos, debe- mos monitorear cotidianamente esa licitación. Su desenlace nos ofrecerá muchas lecciones.
- 56. 56 26 deseptiembre de 2016 INTERNACIONALANÁLISIS CANCELA LAS LIBERTADES EN FRANCIA ESTADO DE EMERGENCIA DAVIDMANRIQUE JEAN-CLAUDE PAYE/SOCIÓLOGO/RED VOLTAIRE Aunque bajo el estado de emergencia la policía francesa evitó varios atentados, no fue gracias a las disposiciones adoptadas en ese marco de excepción. Demostrado, que esas disposiciones son completamente inútiles para la lucha antiterrorista. Lo único que hacen es reducir, poco a poco, las libertades 56 26 de septiembre de 2016 INTERNACIONALANÁLISIS
- 57. www.contralinea.com.mx 57 INTERNACIONAL ANÁLISIS B ruselas,Bélgica. Las autoridades francesas siguen prorrogando el es- tado de emergencia después de una serie de atentados. El nuevo estado de ex- cepción –justificado por una masacre an- terior– resulta incapaz de enfrentar nuevas matanzas, aunque su supuesta eficacia sigue justificando cada prolongación de este últi- mo y, cada vez que algo sucede, la adopción de nuevas medidas violatorias de las liber- tades. El hecho es que las disposiciones liberti- cidas no llegan después de las masacres sino que las preceden ampliamente. Las prime- ras modificaciones del código y de los pro- cedimientos penales –que ahora permiten aplicar a los franceses disposiciones conce- bidas para el mundo del contraespionaje, es decir medidas que anteriormente se apli- caban únicamente a los enemigos del país– fueron adoptadas a principios de la década de 2000. Compulsión repetitiva La Ley de Orientación y Programación de la Seguridad Interior (LOPSI 1), adopta- da en 2002, ya abría a la policía el acceso, a distancia, de los datos conservados por los operadores y proveedores de acceso a in- ternet, y anulaba además el control judicial [sobre esa acción policial]. Vendría después un conjunto de legislaciones que refuerzan las medidas ya adoptadas anteriormente y que van cada vez más lejos en la posibilidad de tratar a los ciudadanos franceses como enemigos. Tanto la LOPSI 2 de 2011 como la Ley de Inteligencia de 2015 son demostraciones de ese proceso que consiste en repetir in- cansablemente a los franceses que ya no son dueños de sí mismos y que sus atribuciones personales en realidad están a la disposición del Estado. Se instaura así una nueva ma- nera de gobernar en la que se hace saber a los ciudadanos que las prerrogativas del po- der tienen ahora carácter absoluto y que el estado de derecho se ha convertido en algo obsoleto. Las leyes de prolongación del estado de emergencia transforman el derecho penal: en la práctica legalizan dispositivos de es- pionaje que ya estaban siendo utilizados y que ahora encuentran como justificación el supuesto objetivo de evitar la realización de atentados. Estos últimos no son lo que mo- tiva la mutación de la forma del Estado sino aparecen más bien como su resultante. Las acciones terroristas agregan el mie- do como medio de romper todo vínculo so- cial y de organizar así la omnipotencia del poder. Lo que se pide a los ciudadanos ya no es solamente que renuncien a sus liber- tades y a los atributos propios del control sobre uno mismo –como los datos persona- les–, sino que abandonen también su propia vida, cediendo su Hábeas Corpus (derecho mismo a disponer de su propio cuerpo). Cada nuevo atentado y sus consecuen- cias, una nueva prolongación del estado de emergencia, funciona como una compul- sión repetitiva, como “el eterno regreso” de los atentados anteriores y la reproducción de los significantes asociados a esos actos: islamismo, yihad, guerra de civilizaciones. Como ningún aspecto de los anteriores atentados ha sido confrontado de manera colectiva, hay algo que se repite a través de cada nueva matanza. Lo que ha sido exclui- do del lenguaje y de la razón reaparece en lo real como elemento de una compulsión repetitiva. El objetivo es evitar que la po- blación olvide la violencia y el significado asociados a la guerra de civilizaciones. Lo que destruye el vínculo social no debe ser re- chazado sino repetido hasta el infinito para colonizar nuestra vida. En su alocución del 14 de julio pasado, el presidente de Francia había anunciado que el estado de emergencia terminaría el 26 de julio de 2016. Y concluía afirmando: “No se puede prologar el estado de emer-
- 58. 58 26 deseptiembre de 2016 INTERNACIONALANÁLISIS gencia eternamente, no tendría sentido ha- cerlo. Eso quiere decir que ya no seríamos una República con un derecho aplicable bajo cualquier circunstancia”. Sin embargo, como consecuencia de la masacre perpetrada en Niza el 14 de julio de 2016, el presidente Francois Hollande volvió a prorrogar por 6 meses el estado de emergencia. Recordemos que un primer es- tado de emergencia, de 12 días, había sido proclamado al siguiente día de los atentados perpetrados en París el 13 de noviembre de 2015 y que ya había sido prolongado por 3 meses mediante la ley 2016-162, del 19 de febrero de 2016. Esa medida expiraba el 26 de mayo pero fue prolongada por 2 meses más, mediante la adopción de la ley 2016- 629, del 20 de mayo de 2016. A pesar de la evidente ineficacia de dicha medida, que no logró impedir la masacre del 14 de julio, ahora acaba de ser prolongada nuevamente por 6 meses, mediante la ley 2016-987, del 21 de julio pasado. Elestadodeemergencia y el código penal El gobierno se instala así en el estado de emergenciapermanente,apesardelaadop- ción de una legislación presentada como vía para salir de esa situación de excepción: la ley de reforma penal “que refuerza la lucha contra el terrorismo y el crimen organiza- do”, promulgada el 3 de junio de 2016. Esta ley permite el funcionamiento de diferentes medidas vinculadas al estado de emergen- cia, sin tener que llegar a declararlo. Dos de las cuatro leyes que prolongan el estado de emergencia son especialmente importantes: la ley del 20 de noviembre de 2015 y la del 21 de julio pasado. La primera de esas dos leyes modifica profundamente varias disposiciones de la ley de 1955, en lo tocante a las condiciones de la detención domiciliaria y las modalida- des de los registros, otorgando a la policía y a la fiscalía un margen de interpretación casi ilimitado: permite el inicio de acciones legales basándose únicamente en intencio- nes. La segunda aporta nuevamente varias modificaciones en lo tocante a los registros; también hace más duro el arsenal penal, pues varias de sus disposiciones en cuanto a alargar las penas pueden aplicarse inclu- so sin que se haya proclamado el estado de emergencia; y, más importante aún, instau- ra una vigilancia numérica masiva. Oficialmente,eltextodel21dejuliolleva como título “Ley que prorroga la aplicación de la ley 55-385 del 3 de abril de 1955 sobre el estado de emergencia e incluye medidas que refuerzan la lucha contra el antiterroris- mo”. De manera muy clásica, la ley prevé, bajo el estado de emergencia, la posibilidad de prohibir los cortejos, desfiles y concentra- ciones de personas en la vía pública. Tam- bién aporta precisiones e instaura nuevas disposiciones en materia de registros. Como se indica en su título, esta ley no se limitó a prorrogar el estado de emergencia sino que se convirtió en una nueva ley antiterrorista, cuyo objetivo es modificar el código penal y el código de procedimiento penal. Esta ley aporta numerosas disposiciones que se agregan, de manera permanente, al arsenal penal y administrativo antiterrorista, fuera del estado de emergencia. Regreso a los registros informáticos administrativos Ese texto autoriza nuevamente la posi- bilidad de registrar los dispositivos informá- ticos por orden administrativa y permite el uso de los datos hallados en cualquier siste- ma informático o de comunicación durante la realización de un registro. Esta medida, que ya aparecía en la ley de prolongación Aunqueel estadode emergenciano logróimpedirla masacredel14 dejulio pasado, lamedida se prolongó nuevamentepor 6meses
- 59. www.contralinea.com.mx 59 INTERNACIONAL ANÁLISIS DAVIDMANRIQUE delestado de emergencia adoptada el 20 de noviembre de 2015, permitía a la policía copiar todos los datos de cualquier disposi- tivo informático –ordenador, servidor o te- léfono móvil– durante la realización de un registro, sin tener que confiscar el dispositivo ni obtener el consentimiento de la persona en cuyo domicilio se realiza el registro y sin tener que comprobar previamente si se ha cometido una infracción. Pero esa disposi- ción había sido suspendida como resultado de una decisión del Consejo Constitucional en febrero pasado. El Consejo Constitucional había llega- do a la conclusión de que esa disposición constituye una injerencia desproporciona- da en la vida privada y expresaba inquie- tud ante el hecho de que la copia de datos pudiese incluir información que no tuviera relación directa con la persona investigada, dado el hecho que la copia incluiría los in- tercambios entre la persona investigada y sus contactos y que la ley incluye también la posibilidad de confiscar los datos accesibles desde el dispositivo registrado. El Consejo estimaba que ese tipo de disposición pue- de aplicarse únicamente en el marco legal de una confiscación, no durante un simple registro. Gracias a la ley del 21 de julio ahora será posible reanudar los registros en los dispositivos informáticos. La disposición en cuestión estipula que “si el registro revela la existencia de elementos, sobre todo infor- máticos, sobre la amenaza que constituye (…) el comportamiento de la persona inves- tigada, los datos contenidos en todo sistema informático o equipo terminal hallado en el lugar del registro pueden ser confiscados, ya sea copiándolos o mediante la confiscación del soporte”. Este artículo extiende considerablemen- te el campo de los registros incluyendo en él a las personas vinculadas al sospechoso
- 60. 60 26 deseptiembre de 2016 INTERNACIONALANÁLISIS así como a sus simples contactos, ya que el motivo –“tener contacto con una ame- naza”– autoriza la realización de registros prácticamente por cualquier cosa. La ex- tensión incontrolada de este tipo de búsque- da se acentúa aún más con la posibilidad de realizar registros seriados. El artículo 5, que modifica el artículo 11 de la ley de 1955 sobre el estado de emergencia, prevé que si un registro revela la existencia de otro lugar adonde va frecuentemente la persona inves- tigada, un derecho de seguimiento permite registrar también ese lugar inmediatamente. “Cuando un registro revela que otro lu- gar responde a las condiciones fijadas en el primer acápite del presente artículo, la auto- ridad administrativa puede autorizar la rea- lización de otro registro en ese nuevo lugar. Esa autorización se regulariza formalmente en el más corto plazo posible.” Pero no sólo se amplía el campo de los registros numéricos, a tal punto que éstos se convierten en intrusiones incontrolables y masivas. La ley permite también la captura de los datos personales por motivos impre- cisos, incluso una simple casualidad. El artí- culo 15 de la ley, que establece el artículo L. 851-2 del código penal, autoriza a capturar en tiempo real, en las redes de los operado- res o de las personas, informaciones y do- cumentos “sobre una persona previamente identificada como susceptible de estar rela- cionada con una amenaza” terrorista. Has- ta ahora, esta forma de vigilancia solamen- te afectaba a las personas “identificada[s] como una amenaza”. Con esta ley, el código de la seguridad interna ahora estipula que, para que los servicios de inteligencia se den a la tarea de analizar en tiempo real los datos de co- nexión durante 4 meses de los franceses basta con que se les considere una perso- na “susceptible de estar vinculada con una amenaza” o simplemente que sea parte del DAVIDMANRIQUE
- 61. www.contralinea.com.mx 61 INTERNACIONAL ANÁLISIS “entorno”de la persona afectada por el re- gistro, “cuando existen razones serias para pensar” que es “susceptible de proporcio- nar información”. Garantías falsas La ley trata de ofrecer una apariencia de respeto de las normas del estado de de- recho. El presidente Hollande incluso llegó a afirmar que “ese texto se ha completado con todo lo que puede acrecentar la efica- cia, sin romper con el estado de derecho. El riesgo estaría en ceder en el campo de nuestras libertades sin ganar en materia de seguridad. Nunca, hasta el término de mi mandato, consideraré el estado de derecho como un obstáculo porque eso sería el fin del Estado”. En un esfuerzo por dar una apariencia democrática a medidas que precisamente destruyen la sociedad democrática, el artí- culo 5 estipula que “la copia de los datos o la confiscación de los sistemas informáticos o de los dispositivos terminales se realizan en presencia del oficial de la policía judicial. El agente responsable de la realización del registro levanta acta de la confiscación indi- candolosmotivosyelinventariodelmaterial confiscado”. Pero se trata de una garantía puramente formal para la persona afectada por el registro, ya que los policías acaban de obtener el anonimato en lo tocante a la apli- cación de las medidas estipuladas en el esta- do de emergencia. En un telegrama dado a conocer el 29 de julio, la Dirección Gene- ral de la Policía Nacional anunció que “los agentes están autorizados a identificarse en todos los actos administrativos que tengan que realizar utilizando su número de RIO [referencia de identidad operativa] en vez de precisar su nombre y apellidos”. Esa auto- rización es válida únicamente “en el marco de la aplicación de las medidas del estado de emergencia y específicamente en materia de detenciones domiciliarias y registros por orden administrativa”, precisa el telegrama dirigido a los jefes de los servicios centrales. En el marco de los registros autorizados mediante esta ley sobre el estado de emer- gencia, el texto precisa claramente que al menos uno de ellos debe estar presente du- rante un registro de carácter administrativo. El uso de la matrícula plantea entonces un problema cuando se trata de los miembros de la policía judicial si no es posible verificar su presencia ni identificarlos directamente mediante la simple lectura del acta policial. Transformación de la norma penal Finalmente, la nueva ley, en la que se au- toriza la prolongación del estado de emer- gencia, endurece el arsenal penal aplicable fuera del estado de emergencia. Entre las medidas aprobadas, esta ley prevé incluso una pena que puede ser de hasta 30 años de cárcel –antes eran 20 años– para los organi- zadores o dirigentes de todo grupo formado con vista a la preparación de un acto de te- rrorismo. Según esa misma ley, las personas condenadas a penas de cárcel por hechos vinculados con el terrorismo ya no podrán obtener reducciones de pena. Esa ley pre- vé además la prolongación de la detención temporal de los menores de 2 y 3 años en los casos de terrorismo así como la imposición automática de una prohibición de entrada al territorio francés. Sin embargo, los diputados rechazaron la aplicación del régimen de retención de seguridad y de vigilancia de seguridad a las personas condenadas por un crimen terro- rista, medida que los senadores sí pretendían aplicar. Por su parte, los senadores renun- ciaron a la creación de un delito de estancia en un teatro de operaciones terroristas exte- riores para favorecer un endurecimiento de la última ley de reforma del procedimiento penal correspondiente a junio de 2016. Esta Lanuevaley, queautorizala prolongación delestado de emergencia, endureceel arsenalpenal aplicablefuera deesamedidade excepción
- 62. 62 26 deseptiembre de 2016 INTERNACIONALANÁLISIS ley ya permite un control administrativo, con detención domiciliaria, para personas que regresen de Siria y de Irak, cuando no existan suficientes elementos para ponerlos de inmediato bajo investigación por terroris- mo. Este control, hasta ahora limitado a un mes, podría ampliarse ahora a 3 meses. Legalizar un sistema que ya existía Para posibilitar la aplicación de la am- pliación de las escuchas administrativas, la última ley de prolongación del estado de emergencia exige un sistema generalizado de sondas numéricas. Pero el hecho es que ese sistema ya existe gracias al programa de escuchas administrativas, clasificado como secreto de la defensa nacional y designado como IOL (intercepciones obligatorias lega- les). Ese programa de “sondas de escucha numéricas” fue concebido en 2005, el do- cumento de especificaciones exigidas fue terminado en 2006 y el plan piloto se puso en marcha en 2007. Su generalización [ex- tensión] a todos los grandes operadores fue en 2009 y al parecer está operando desde 2012, lo cual permite cubrir el 99 por cien- to del tráfico ADSL residencial (es decir, el acceso a internet a través de cables telefó- nicos). Este programa ya permitía recoger los metadatos “en tiempo real”, una práctica no autorizada en aquel momento. Pero esta forma de “pesca de datos” en las instalacio- nes de los operadores no fue legalizada has- ta 2013, mediante la Ley de Programación Militar, adoptada ese mismo año, y por un decreto publicado en diciembre de 2014. En el marco del IOL, se procedía a la instalación de “cajas negras” –dispositivos cuya existencia ni siquiera se conocía en aquel entonces, además de ser ilegales– en las redes de los operadores, sin que estos úl- timos tuvieran acceso a esos dispositivos. Se trataba de escuchas administrativas, orde- nadas por el primer ministro, que permitían escuchar a las personas conectadas a la red francesa de internet y cuyos resultados iban alGICoGrupoInterministerialdeControl, organismo dependiente del primer ministro y encargado de concretar las escuchas. El poder incluso ha reconocido parcial- mente la existencia de ese sistema de escu- chas. Según el diario Le Monde, como resul- tado de un Consejo Nacional de Inteligen- cia realizado en enero de 2016 en la sede de la Presidencia de la República Francesa, se decidió “poner bajo vigilancia el conjunto de datos de comunicación de las 11 mil 700 personas “fichadas S” por vínculos con el islamismo radical”. Dado el hecho de que se trataba de una práctica que ya se aplicaba, resulta evidente que el objetivo de la ley del 21 de julio de 2016 no es instaurar esa práctica sino le- galizar lo que ya se hacía. El texto autoriza también una ampliación de un dispositivo que podría afectar no sólo a las 11 mil 700 personas ya “fichadas S”, sino que concier- ne potencialmente a varias decenas de miles –incluso cientos de miles– de personas. El texto legaliza un sistema que puede abarcar arbitrariamente amplias capas de la pobla- ción francesa, a las que el Ejecutivo puede considerar como enemigos potenciales. La legalización de un sistema de es- cuchas que ya existía [ilegalmente] viene acompañada del reconocimiento del carác- ter ilegal, aunque “justificado”, de su an- terior aplicación, a pesar de tratarse de un dispositivo que ha demostrado resultar ino- perante en materia de atentados. Es decir, no sólo se afirma que existe una necesidad actual sino que se da por sentado el derecho del Estado a violar su propia legalidad. La afirmación de un poder sin límites prepara así una extensión incontrolable de las dispo- siciones que permitan espiar a la población francesa. Elnuevomarco normativo legalizaun sistemade escuchasqueya existía,basadoen unprogramaque permitía recoger metadatosen tiemporeal
- 63. www.contralinea.com.mx 63 P edro Escobedo,Querétaro. En en- trevista para medios locales y nacio- nales, el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, infor- mó que Querétaro es una entidad en la que los puntos de venta de Liconsa se han incrementado en un 30 por ciento desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. El funcionario federal –quien acompa- ñó en gira por este municipio queretano al gobernador Francisco Domínguez Ser- vién y al secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava– puntualizó que, de enero a julio de 2016, el padrón de benefi- ciarios en el estado llegó a 85 mil 248 per- sonas que ya toman leche fortificada de alta calidad Liconsa. Ramírez Puga Leyva destacó que la proyección para 2017 es crecer en 10 mil beneficiarios más en municipios como Pedro Escobedo, Jalpan de Serra, Es- colásticas, Agua Azul, Mesa de Ramírez, entre otros, para cumplir con la meta por instrucciones del secretario Luis Miranda Nava. El director general finalizó asegurando que, por instrucciones del presidente En- rique Peña Nieto, el litro de leche Liconsa seguirá manteniéndose en 5 pesos con 50 centavos durante 2016 y no se prevé nin- gún incremento, en apoyo de 6.4 millones de beneficiarios en el país. INCREMENTA LICONSA 30 POR CIENTO LECHERÍAS EN QUERÉTARO • Entrega el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, tarjetas de beneficiarios en Querétaro
- 64. SOCIEDAD BETA 64 26de septiembre de 2016 MISCELÁNEO E n estas fechas coinciden el es- treno de la película de Oliver Stone sobre Edward Snowden y la campaña de las organizaciones de derechos humanos con la que soli- citan al presidente de Estados Unidos el indulto para Snowden, quien filtró información confidencial que es de interés público y, por ello, es requeri- do por la justicia estadunidense. Las organizaciones son: Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadunidense para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en in- glés). Solicitan al presidente Barack Obama el perdón para Edward Snowden, el excontratista de la Agencia de Seguri- dad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) que filtró información sobre los programas secretos de vigilancia del gobierno de Estados Unidos, entre ellos el denominado PRISM, que no dejaba fuera a nadie: estaban incluidos políticos extranjeros de países considerados aliados. Muchos críticos acusaron que la actividad de la NSA violaba los derechos huma- nos. Lo que está claro es que violaba la privacidad, incluso la de políticos “amigos”. Tal revelación provocó do- lores de cabeza a los diplomáticos de todo el mundo. Para Estados Unidos, des- pués del ataque a las Torres Gemelas, todos generan sospechas. La paradoja es que The Washington Post es el único medio en contra de que se otorgue el perdón. Dejó en claro su posición con un editorial pu- blicado el 17 de septiembre pasado, en el que el periódico recomienda al presidente Obama decir… No. Resulta aún más paradójica esta posición del diario cuando se recuerda que ganó el premio Pullitzer en 2014 gracias a la información que Snowden entregó a un pequeño y reducido grupo de periódicos que realizaron reportajes con ella. En ese tiempo los reportajes de este pe- riódico, así como los de los otros medios que participaron en la investigación, revitali- zaron el concepto de pe- riodismo. Una vez más los lectores esperaban para saber cuál sería la siguiente información, organizada, verificada y analizada de forma periodística, distinto a los blogs que se habían hecho de las visitas de las mayorías. El continuo avance tecnológico ha logrado mejoras en el campo de la medicina, la administración y, sobre todo, en el espionaje, sin embargo toda ventaja representa un riesgo. La miniaturización permitió que Snow- den extrajera miles de documentos que hasta antes de la digitalización hubiera sido imposible. Su inten- ción fue noble: dar a conocer a sus compatriotas y a los ciudadanos del mundo que eran observados; además, fuera de la ley. Sin embargo, el juicio se centró en él. Los Estados pueden violar la ley es el mensaje, pero una persona que viola la ley para beneficio de otros sigue siendo un criminal. Un hecho bueno que viola la ley no gene- ra derechos de protección. Un tema legal aparte. Otra ley que se rompe es la de la confianza de las fuentes con respecto de los medios de comunicación. La protección a la fuente es un básico. Hay muchos ejemplos de periodistas dispuestos a ir a la cárcel por negar- se a decir quién es su fuente. Esas personas que están dispuestas a dar información confidencial que es de interés público, pero que entregarla pone en riesgo su vida, lo pensarán dos veces al ver como The Washington Post le da la espalda a Edward Snow- den. El reclamo de los reporteros a la directiva de este periódico también está presente: la decisión del medio se tomó sin consultar a la redacción, reclamó Margaret Sullivan, reportera del mismo periódico. Advierte que no es el tipo de legado que Obama que- THE WASHINGTON POST TRAICIONA AL PERIODISMO Y A EDWARD SNOWDEN GONZALO MONTERROSA The Washington Post es el único medio en contra de que se otorgue el perdón a Snowden. En su editorial del 17 de septiembre recomendó al presidente Obama decir no al indulto
- 65. www.contralinea.com.mx 65 SOCIEDAD BETAMISCELÁNEO rrá dejar. Snowden es una fuente y un patriota. También Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Es- tadunidense para la Defensa de las Libertades Civiles, dijo que gracias a Snowden Estados Unidos tiene una mejor democracia. Edward Snowden se apoyó en quien confiaba, eligió los periódicos, evitó ser él quien decidiera lo que se daba a conocer al público en general, confiando la información secreta a un grupo de periodistas de varios medios para que ellos realizaran esa función de decidir qué información era la más importante y qué datos debían publicarse sin poner en riesgo la vida de otras personas. Quiso evitar que lo enjuiciaran como a Julian Assange de Wikileaks, quien tiene otra visión a la hora de hacer pública la información, sin filtros y sin intermediarios. The Washington Post parece que quiere ser el traidor en la historia. En contexto ¿Qué es PRISM? El programa inició en 2014 y analizaba los co- rreos electrónicos, llamadas de voz, fotografías, videos, contraseñas, la actividad de los usuarios de las redes sociales, así como información que empresas brindaban cuando se les solicitaba. Entre los servicios esta- ban: Facebook; YouTube, de Goo- gle; Skype, de Microsoft; Yahoo, America On Line, y Apple. Incluía también la entrega pun- tual de información de llamadas, integrando metadatos (números telefónicos, número de serie del dispositivo, duración y hora de las llamadas). Hackeaban los principales routers o distribuidores en internet, con lo que podían espiar miles de computa- doras al mismo tiempo y no preocu- parse por realizar un procedimiento a cada una de ellas. Snowden exhibió que la “liber- tad” y la “democracia” de Estados Unidos se sustentan sobre las mismas acciones cuestionables que realizan los dictadores a los que tanto criti- can. Y vive en el exilio por ello.
- 66. EX LIBRIS 66 26de septiembre de 2016 MISCELÁNEO I. Constantine Francois de Chas- seboeuf, Conde de Volney (1757-1820), fue un lector-estu- dioso de la obra de Immanuel Kant; se forma en la Ilustración y militó en los albores de la Revolución de 1789, como representante de los Estados Generales. Viajero incansable, es cé- lebre por su ensayo histórico-literario: Las ruinas de Palmira (ahora vigente por la destrucción de sus templos, escultu- ras y testimonios de esa cultura orien- tal), dejando en sus Viajes más testimonios de su asombro ante el mundo que des- cubrió yendo a Egipto, Siria, Palestina y otros pueblos de aquella geopolítica oriental que fascinó a tantos es- critores y pensadores de la época, para enriquecer a la cultura occidental, siendo el constructor de esos vasos comunican- tes de la humanidad. Volney analiza las irrupciones religiosas, virus de in- tolerancia y polémicas por querer ser, una de ellas, poseedora de la verdad absoluta y así buscar guerras intermi- nables. “¡Oh, ruinas! Yo tornaré a es- cuchar vuestras lecciones; tornaré a la paz de vuestras soledades: y allí, lejos de la dolorosa escena de las pasiones, amaré a los hombres, recordándolos; meditaré en lo que puede hacer su felicidad, y cifraré la mía en la idea de haber acelerado la época de la dicha de los humanos”. II. En Palmira encuentra “el más pasmoso espectáculo de ruinas: innu- merable muchedumbre de soberbias columnas en pie y había entre ellas vastos edificios, enteros unos, otros medio caídos…. sembrada por todas partes la tierra con esos destrozos, cornisas, capiteles, arquitrabes, zócalos y pilastras, todo de mármol blanco y de labor exquisita”. Y el despotismo religioso como corolario del conflicto entre las creencias, que aun a costa de la mu- tua destrucción quiere imponer a un Dios y a una religión como única, sin que las demás cedan en su lucha irracio- nal. Ahí escenifica el conflicto religioso, creyendo “que no había en el mundo más que ocho o diez sistemas de creencias, y no esperaba reconciliación alguna entre ellas: aho- ra veo mil sectas distintas, ¿qué espe- ranza de concordia me quedará?”. E invoca al Tribunal de la Razón para resolver con la tolerancia, un proble- ma que persiste en nuestros días y nos devuelve a este conmovedor ensayo. Autor de Cronología de Herodoto; El hebreo simplificado, Nuevas investigaciones sobre historia antigua; El alfabeto europeo aplicado a las lenguas asiáticas, etc., en Las ruinas de Palmira propone hipótesis sobre la evolución de las sociedades, las religio- nes y sus interacciones con lo que éstas tienen de fanatismo y supersticiones, analizadas con las conquistas de la racionalidad embebida de ilustración y desde un punto de vista kantiano. III. Nacido en París, demostró estar del lado del pueblo, contribu- yendo al final del antiguo régimen y el parto de Los derechos del Hom- bre en 1789, cuando la Revolución derrumbó las monarquías absolutis- tas. “No basta habernos librado de estafadores y tiranos… es menester impedir que se reproduzcan”. En este tiempo de intolerancias, sus 24 capí- tulos nos iluminan: “Si entre tantos cultos como seguís, uno sólo ha de ser el preferido… toda esa multitud de estandartes, pueblos y profetas, van a ser condenados a muerte eterna”. Hoy una secta religiosa-política ha de- vastado lo que quedaba de las ruinas de Palmira. “En la oscuridad de los santuarios, tras el velo de los altares, fingieron que obraban y hablaban los dioses, dictaron oráculos, aparentaron milagros, prescribieron sacrificios, impusieron ofrendas… y fueron ator- mentados los pueblos por las pasiones del sacerdocio, con títulos de religión y teocracia”. Autor: Conde de Volney Título: Las ruinas de Palmira (traducción de Armando Ruiz Gómez) Editorial: Biblioteca Edaf y Morales, SA LAS RUINAS DE PALMIRA DEL KANTIANO CONDE DE VOLNEY ÁLVARO CEPEDA NERI
- 68. Año 15 •Número 507 • $30 Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016 ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL