Contralínea 507

Año 15 • Número 507 • $30
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 1 de agosto de 2016
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delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
El Grupo de Trabajo sobre
Empresas y Derechos de
la ONU en visita oficial
a México se reunió con
autoridades, empresas,
organizaciones de la
sociedad civil; personas
y comunidades afectadas
por diferentes actividades
empresariales. El Grupo
de Trabajo conoció el
incumplimiento del deber
del Estado de proteger los
derechos humanos y de las
empresas de respetarlos,
así como de proveer
un adecuado acceso a
la justicia en caso de
afectaciones.
Los testimonios
que escucharon Pavel
Sulyandziga y Dante
Pesce, expertos del Grupo
de Trabajo, fueron de
personas y comunidades
afectadas por las
actividades empresariales
por la falta de acceso
a la información y a la
consulta y consentimiento,
violaciones a derechos
laborales, impactos
graves a la salud y medio
ambiente, entre otros.
En Oaxaca
se reunieron con
comunidades afectadas
por proyectos mineros,
eólicos, de extracción de
hidrocarburos, entre otros.
Se presentaron 17 casos
en total. Los asistentes
hablaron sobre abusos y
violaciones de derechos
humanos cometidos por
las empresas y gobiernos;
así como de la falta de
información y garantías al
derecho a la consulta libre,
previa e informada, como
en el caso de Eólica del Sur.
En Guadalajara,
los expertos visitaron
el río Santiago, donde
les sorprendió el nivel
de contaminación y
los daños a la salud del
corredor industrial en el
que se vierten desechos
de diferentes actividades
empresariales, incluidas
trasnacionales. Los
expertos determinaron
que había “una catástrofe
ecológica”. Posteriormente,
el Grupo conoció casos
de criminalización y
amenazas a defensores
de derechos humanos
relacionados con las
presas de El Zapotillo y
Las Cruces, proyectos
turísticos, mineros en
Wirikuta y Zacualpan,
y con las maquilas de la
industria electrónica.
En Hermosillo,
Sonora, el Grupo visitó la
comunidad de Ures para
conocer las afectaciones
del derrame de lixiviados
por el Grupo México,
ocurrido en 2014, en los
ríos Sonora y Bácanuchi.
Luego se reunieron
con representantes de
diferentes comunidades.
Los afectados denunciaron
negligencia y omisiones
por parte del Estado
para hacer cumplir la
ley, la impunidad con la
que operan las empresas
afectando los derechos
humanos, y las dificultades
en el acceso efectivo a la
justicia.
En Xochicuautla,
Estado de México,
comunidades indígenas,
urbanas y rurales
presentaron 28 casos sobre
hidroeléctricas, minería,
energía, infraestructura
y privatización de agua.
El pueblo solicitó al
Grupo que “pusieran
fin al ecocidio; la
cancelación del proyecto
de la autopista Toluca-
Naucalpan, y que se
terminen las persecuciones
y detenciones a los
indígenas”.
Los expertos se
reunieron con al menos
una decena de empresas.
Grupo Higa fue la única
que no respondió a la
invitación de la ONU.
En su visita en la
Ciudad de México se
ejemplificaron casos
de todo el país. Entre
ellos, el de Guerrero: las
víctimas y organizaciones
expusieron la situación
de violencia, corrupción
y colusión de autoridades
con el crimen organizado,
que propicia un
sinnúmero de violaciones
a derechos humanos.
Asimismo, se ejemplificó
la semiesclavitud en los
campos agrícolas, en
donde las principales
empresas responsables son
extranjeras.
Los casos se pueden
consultar en el informe
que presentaron al Grupo
de Trabajo de ONU
una coalición de más
de 100 organizaciones y
movimientos sociales.
Quienes integramos esa
coalición consideramos que
el gobierno debe aceptar
las recomendaciones y
plantear un plan claro para
su cumplimiento. Además
lo exhortamos a informar
cómo atenderán dicha
recomentación. [Carta
resumida]
Coalición de
organizaciones defensoras
de derechos humanos
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
RECOMENDACIONES DE LA ONU
MÉXICO DEBE CUMPLIR
4 26 de septiembre de 2016

CONTENIDO
26
PORTADA
La Agenda Nacional de Riesgos señala al tráfico ilícito
de mercancías por mares y fronteras como la octava
amenaza a la seguridad nacional
TRÁFICO ILÍCITO DE
MERCANCIAS, RIESGO PARA
LA SEGURIDAD NACIONAL
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL LA IMPUNIDAD DE LOS DOS DUARTE Miguel Badillo
CONTRAPODER LA CARICATURA DE NERILICÓN, DONDE PEÑA PONE
LA BANDERA COMO TAPETE A TRUMP Álvaro Cepeda Neri
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN AYOTZINAPA: LA MANO SUCIA DEL
GOBIERNO FEDERAL Nancy Flores
ZONA CERO EL OTRO 68, EL DE LOS NORMALISTAS RURALES Zósimo
Camacho
IQ FINANCIERO OTRA VERSIÓN DE LA CRISIS Claudia Villegas
ARTÍCULOS
MINISTROS Y ALTA BUROCRACIA, INMUNES A LA AUSTERIDAD Martín
Esparza Flores
EL ESTADO DELINCUENCIAL Guadalupe Espinoza Sauceda
ISRAEL: NO CONVIENE ANIQUILAR AL ESTADO ISLÁMICO Adrián Mac
Liman/CCS
CENTROAMÉRICA: EL FRACASO DE NEOLIBERALISMO EN EL SIGLO XXI
Andrés Mora Ramírez/PL
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número
507, del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016– es una publica-
ción semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV;
avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Co-
yoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94;
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CONTENIDO
ANÁLISIS
PETROLERO Subasta del campo petrolero Trión puede fallar Fabio Barbosa
INTERNACIONAL Estado de emergencia cancela las libertades en Francia Jean-Claude Paye/
Red Voltaire
50
56
INVESTIGACIÓN
PORTADA Tráfico ilícito de mercancias, riesgo para la seguridad nacional Marcos Chávez
MEDIOS La traición del Inai, impulsor de la censura Mauricio Romero
SOCIEDAD Oceanografía: 2 mil trabajadores en el limbo José Réyez
26
36
44
MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA The Washington Post traiciona al periodismo y a Edward Snowden
Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS Las ruinas de Palmira del kantiano Conde de Volney Álvaro Cepeda Neri
64
66
4436
50 56
www.contralinea.com.mx 7
Ilustración de portada: Miguel Minero y 123RF

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
L
os gobernadores de apellido Duarte, Javier
en Veracruz y César en Chihuahua, acusa-
dos de corrupción, abuso de poder, tráfico
de influencias y desvíos de recursos públicos para
beneficio propio y de parientes y amigos, vuelven
a ocupar las primeras planas de la prensa por su-
puestas investigaciones penales que, ahora sí, dice
la Procuraduría General de la República (PGR)
ejecutarán en su contra.
Es sabido que ambos mandatarios priístas han
sido protegidos desde Los Pinos para evitar que
fueran destituidos por su pésima administración y
sus malos manejos del presupuesto en esos estados.
Por ello se impidió, por largo tiempo, que la PGR
abriera averiguaciones en su contra por las varias
denuncias penales que presentaron ciudadanos y
organizaciones sociales. Todas las acusaciones que
se habían presentado ante el Ministerio Público fe-
deral eran enviadas al archivo, y lo mismo sucedía
con todos los señalamientos que hacía la Audito-
ría Superior de la Federación (órgano responsable
del Congreso para auditar el dinero público) por
malos manejos y desvíos del presupuesto en esos
estados. Año con año se hacían públicos los señala-
mientos del órgano fiscalizador sin que las autori-
dades federales hicieran algo al respecto.
La protección política y legal a Javier y César
Duarte no ha sido sólo por su filiación priísta –
pues si pisaran la cárcel sería otro golpe a la cre-
dibilidad del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), golpeada duramente en los últimos años–,
sino porque los dos gobernadores fueron impor-
tantes donantes a la campaña presidencial del PRI
en 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la
Presidencia de la República. Por eso las supuestas
investigaciones que sigue la PGR en contra de esos
mandatarios parece sólo una distracción mediática
para quitarle presión social y política al presidente.
Es previsible que al final de su gobierno ninguno
de los Duarte sea encarcelado.
Eso explicaría porque ambos gobernadores es-
tán tan tranquilos y sonrientes en sus estados, si-
guiendo sus agendas de trabajo, a grado tal que
dan entrevistas periodísticas y hablan en actos
públicos: cínicamente aseguran que no le temen a
alguna acción de la justicia. Tienen la seguridad
de que Peña Nieto no se atreverá a ordenar a la
procuradora Arely Gómez que actúe en su contra
y haga valer todas las evidencias del robo que han
hecho del presupuesto público y de los abusos que
han cometido en los estados que aún gobiernan y
que les ha permitido enriquecerse ilícitamente.
Ahora, los medios de comunicación vuelven a
documentar las arbitrariedades y corruptelas de
los Duarte y, con ello, aumentan la presión y “el
malestar social”, como lo califica Peña Nieto. De
estos ilícitos tiene pleno conocimiento la PGR: se-
gún el titular de la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delitos Federales, José Guada-
lupe Medina Romero, al gobernador de Veracruz
se le investiga por enriquecimiento ilícito, peculado
e incumplimiento del deber legal.
Pero aunque los mexicanos esperamos por fin
un acto de justicia en contra de estos burócratas
saqueadores del país, las condiciones en que se en-
cuentra el jefe de la nación, con nula credibilidad
y desconfianza en su gobierno (miles de mexicanos
desean y otros en las calles exigen su renuncia), se
ve casi imposible que asuma su responsabilidad y
ordene que sean juzgados.
LA IMPUNIDAD
DE LOS DOS DUARTE
MIGUEL BADILLO

CONTRAPODER
OPINIÓN
E
l periodista Antonio Neri Licón (el mone-
ro que se hace llamar con el seudónimo
Nerilicón) nos reveló contundentemente la
postura del gobierno federal en la portada de la
revista Proceso, del 4 de septiembre, del fatídico
cuarto año del peñismo; parteaguas de su mal
gobierno anunciando, además, un final angus-
tiosamente económico y políticamente dramá-
tico. En la caricatura de Nerilicón, Peña pone la
Bandera como tapete para ser pisoteada por
Donald Trump. Éste con su cabellera de visera
y Peña con su copete erizado, en una certera in-
terpretación de los hechos que ha llevado a cabo
del mexiquense. Un dibujo político satírico. “Lo
que cabría llamar editorial en viñeta, que pro-
porciona una especie
de enfoque… pre-
sentando la gravedad
del asunto” (Ernest H
Gombrich, “El arsenal
del caricaturista”, en
Meditaciones sobre un ca-
ballo de juguete, editorial
Seix Barral).
Es un acto que hace responsable a Peña de un
juicio político, encuadrando la causa grave para
llevarlo a cabo, en la exposición de la soberanía
nacional a los pies del estadunidense; quien be-
licosamente amenaza a nuestro país insistiendo
en que la cumplirá apenas llegue a la Presiden-
cia de Estados Unidos de América, empezando
por construir un muro a lo largo de la frontera
Norte, expulsar a los mexicanos que trabajan
allá y cancelar los mutuos tratados. Ahora con
palabras, mañana con hechos si se apodera de
la Presidencia por la que va para implantar ra-
dicales intervencionismos, Trump quiere usar el
poderío estadunidense para humillarnos; luego
de que el peñismo le ha hecho el juego cómplice.
El neoliberalismo económico de Trump y su
antiliberalismo político advierten un capitalismo
de multimillonarios del neoconservadurismo an-
tidemocrático. Y es que para los intereses publi-
citados por Trump, nada como el colaboracio-
nismo de Peña-Videgaray (quien era el favorito
del peñismo para imponerlo en la sucesión pre-
sidencial contra viento y marea, por lo que ambos
se afiliaron con el republicano, pero les salió el
tiro por la culata). La impugnada invitación servil
de Peña nos mostró que tenemos una caricatura
de Santa Anna, cojeando por la derecha para
poner al país incon-
dicionalmente a esos
intereses y que es la
renovada ideología su-
reña yanqui. Estamos
frente a una crisis de
entreguismo.
Y el periodista de
la caricatura –riamos
o no, como dice Gombrich– nos regala “una
caricatura magistral”, del paso sobre nuestra
Bandera del elefante Trump; que nos hace com-
prender que está a punto de precipitarse sobre
los mexicanos, una nueva representación del
cesarismo, vociferando contra el mundo, empe-
zando por México con el que quiere iniciar su
experimento devastador. Para esto, Peña-Vide-
garay le abrieron paso conscientemente, con la
finalidad de que Trump se apoderara de la presi-
dencia estadunidense, para que favoreciera aquí
la postulación de Videgaray.
LA CARICATURA DE NERILICÓN
DONDEPEÑAPONELABANDERA
COMO TAPETE A TRUMP
ÁLVARO CEPEDA NERI
Belicosamente, Trump amenaza a
nuestro país con construir un muro en la
frontera Norte, expulsar a los mexicanos
y cancelar los tratados bilaterales
Belicosamente, Trump amenaza a
y cancelar los tratados bilaterales

CONTRAPODER OPINIÓN
DAVIDMANRIQUE
Ha sido, pues, una caricatura del arsenal
del periodismo más combativo que ha tenido
la Nación, para ejercer la crítica que rescata su
función democrática directa contra la democra-
cia representativa o indirecta cuando ésta trai-
ciona sus fines. Una caricatura en la tradición
de los “artistas que pusieron su obra al servi-
cio de causas políticas” (Humberto Musacchio,
El taller de gráfica popular, FCE). Y que puso en
alto relieve lo que la opinión pública manifestó
sobre la estupidez política de la invitación pe-
ñista al candidato Donald Trump; sintetizando
en ella lo que pensamos y expresamos muchí-
simos mexicanos: que Peña se puso de puso de
sirviente y usó la Bandera como tapete para
darle la bienvenida a su candidato, ya que “en
Estados Unidos piensan que Peña votó por el
republicano” (Raymundo Riva-Palacio, en su
columna Estrictamente personal, titulada “Peña en-
gañó a Obama”, El Financiero, 6 de septiembre
de 2016). Nerilicón, con su caricatura, acabó por
abrirnos los ojos.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
AYOTZINAPA: LA MANO SUCIA
DEL GOBIERNO FEDERAL
NANCY FLORES
A
2 años de uno de los peores crímenes con-
sumados en el México actual, el conocido
caso Ayotzinapa, los verdaderos perpetra-
dores continúan impunes: han sido protegidos des-
de la más alta esfera del gobierno federal y desde
ahí mismo se ha ocultado la verdad.
De ello hay bastantes evidencias: dilación en las
investigaciones, pruebas sembradas, falsos perita-
jes, manipulación de las escenas y las indagatorias,
encubrimiento (de militares, policías federales y de-
más responsables del retraso y enturbiamiento de
las investigaciones, entre ellos Jesús Murillo Karam
y Tomás Zerón), entorpecimiento de las diligencias
de instancias internacionales, tortura a presuntos
involucrados para inducir sus declaraciones y hasta
el embuste de una “verdad histórica”.
Como se recordará, el crimen sucedió la noche
del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ahí, seis civiles fueron asesinados, 43 estudiantes
campesinos de la Escuela Normal Rural Raúl Isi-
dro Burgos, de Ayotzinapa –que se movilizaban,
como cada año, para la conmemoración de la
masacre del 2 de octubre de 1968 en autobuses de
pasajeros tomados– fueron víctimas de desaparición
forzada y 12 personas más –normalistas, menores
de edad y ciudadanos– resultaron gravemente he-
ridas.
Hasta ahora se ha sostenido la versión de que
esta injusticia fue ordenada por el alcalde de Igua-
la, José Luis Abarca, y perpetrada por policías
municipales y federales y, en un segundo momen-
to, por narcotraficantes ligados al grupo delictivo
Guerreros Unidos.
Tambiénsehasabidoqueenestoshechosparti-
ciparon –al menos por complicidad– otros agentes
del Estado mexicano (autoridades de inteligencia
civil y militares), situación clave para entender por
qué la administración federal apostó por el oculta-
miento de la verdad y no por atender su obligación
de esclarecer los hechos y, sobre todo, castigar a los
culpables.
Por ello, pese a la presión social e internacional,
el crimen permanece impune más allá del cente-
nar de detenidos que cacarea el gobierno. Lo que es
peor, aún se desconoce el paradero de los 43 jóve-
nes. Y afirmo que de los 43, porque la identifica-
ción de restos óseos de Alexander Mora Venancio
y Jhosivani Guerrero de la Cruz –hecha por cien-
tíficos de la Universidad de Innsbruck, Australia,
hace 1 año– no esclareció el destino de los estu-
diantes.
En esta gravísima e imperdonable violación a
los derechos humanos, ocultar la verdad ha sido
esencial para encubrir a los culpables. Cronológi-
camente, la primera prueba de ello es la reacción
tardía del gobierno federal: la administración de
Enrique Peña dejó pasar 11 días para atender el
crimen. La Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) atrajo el caso hasta el 6 de octubre y ese
mismo día el presidente declaró por primera vez.
El discurso de Peña Nieto, sin embargo, no fue
acorde ni con su investidura ni con la relevancia del
hecho: “Al igual que la sociedad mexicana, como
presidente de la República me encuentro profun-
damente indignado y consternado ante la informa-
ción que ha venido dándose a lo largo del fin de
semana”.
¿Indignado? Sí, se dijo indignado como si no
fuera el principal responsable de la conducción de
este país y, por lo tanto, de todo aquello que está
mal, incluidos los cientos de crímenes que a diario
se cometen en todo México.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
El hecho es que ni su investidura ni su “indig-
nación” alcanzaron para que su gobierno reaccio-
nara a la altura de las circunstancias, pese a que fue
consciente de la gravedad del hecho desde que éste
ocurrió: contaba con reportes de inteligencia civil
y militar pormenorizados.
Incluso 3 días antes de que la PGR atrajera
el caso, la Organización de las Naciones Unidas
condenó la desaparición masiva de normalistas y
los asesinatos. Son “los sucesos más terribles de los
tiempos recientes”, señaló el organismo. Así que
esa lentitud sólo puede entenderse como algo in-
tencional. El gobierno federal no
asumió su responsabilidad por
motu proprio: fueron las moviliza-
ción sociales en México y el ex-
tranjero las que lo obligaron.
Los 11 días de inacción fue-
ron el inicio de la larga lista de
omisiones y atropellos. Muy
pronto, la “indignación” del
presidente desapareció. El 4 de
diciembre de 2014, Peña Nieto
“convocó a la sociedad guerre-
rense a que con su capacidad ysu
compromiso con el estado y con
su comunidad, así como con sus
propias familias, haga un esfuer-
zo colectivo para ir hacia adelan-
te ‘y podamos realmente superar
este momento de dolor’ por la
desaparición de los 43 jóvenes
de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa”, refiere el boletín de
prensa que la Presidencia de la
República publicó ese día.
Al gobierno le urgía que olvidáramos, para que
la imagen internacional de su gobierno se limpiara.
Así que, de la mano del entonces procurador Murillo
Karam, empezó a inventar su “verdad histórica”.
La farsa estuvo lista 4 meses después de la tra-
gedia. El 27 de enero de 2015, Murillo resolvió
cerrar el expediente: citó peritajes, evidencias y
declaraciones de detenidos antes de asegurar que
los 43 normalistas fueron asesinados e incinera-
dos por integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Ésta, dijo, es la “verdad histórica” de lo ocurrido
en Iguala.
Para ello obstaculizó la labor del Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense, invitado a la
indagatoria por solicitud de los familiares de los
jóvenes desaparecidos. Algo que se repitió con el
trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes, de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, que fue prácticamente co-
rrido del país luego de desprestigiar públicamente
a sus integrantes con una campaña mediática.
Científicamente se ha demostrado que es im-
posible incinerar –hasta desaparecer– 43 cuerpos
humanos en las condiciones que prevalecieron la
madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el ba-
surero de Cocula, Guerrero.
Otra prueba de la intencional impunidad es la
protección al 27 Batallón de Infantería del Ejército
Mexicano, con sede en Iguala. Según testimonios
difundidos por la prensa, los militares persiguieron
e intimidaron a los sobrevivientes. También docu-
mentaron las escenas del crimen, generaron segui-
miento fotográfico y reportes detallados, pero no
actuaron para frenar la masacre.
Por todo ello, el caso Ayotzinapa es imperdona-
ble un crimen de Estado. Y así debe ser juzgado.
DAVIDMANRIQUE

ZONA CEROOPINIÓN
E
ste 2 de octubre se conmemoran 48 años
de la matanza ocurrida en la Plaza de las
Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de
México. Con la represión, el gobierno del entonces
presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz,
acabó con el movimiento social que aglutinaba a
estudiantes de instituciones públicas y privadas de
educación media superior y superior del país.
Primero por la cerrazón informativa y luego por
el centralismo que priva incluso entre los activistas,
hoy se recuerda al movimiento estudiantil de 1968
como un asunto casi exclusivo de los alumnos de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Por supuesto que los
contingentes de estas
dos instituciones fueron
los más numerosos y los
que, por ello, decidían
el rumbo que tomaba
la emergente organi-
zación de estudiantes.
Pero en las protestas participaron muchas otras
escuelas y universidades. Y no nos referimos a las
públicas (como las de Bellas Artes) y privadas (como
la Iberoamericana) del centro del país, que también
lucharon.
Nos referimos a las escuelas normales rurales
que, desde las regiones donde se encontraban, se
movilizaron y pusieron en jaque al gobierno federal.
De hecho, a través de su Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México (FECSM), los
normalistas rurales eran los únicos que podían dar-
le un carácter realmente nacional al movimiento.
Varias de las marchas que entonces se realizaron
en la Ciudad de México fueron nutridas también
por contingentes de normalistas rurales. Otras mo-
vilizaciones que se realizaron en la capital del país
tuvieron réplicas en los estados de la república, or-
ganizadas y encabezadas por los estudiantes cam-
pesinos.
La masacre del 2 de octubre en Tlatelolco cortó
de tajo las protestas y la organización. Pero no fue
el único ni el último golpe ejecutado contra los estu-
diantes. Todavía no se lavaba la sangre de la plaza
y las calles aledañas, cuando Díaz Ordaz ya había
lanzado a los militares y a la Dirección Federal de
Seguridad (DFS) contra los normalistas rurales.
Poco se ha dicho de lo que vino después de ese
2 de octubre: en lo que restó de 1968 y a lo largo
de 1969 las tropas se en-
frentaron con los estu-
diantes que se negaban
a desalojar sus escuelas.
Los operativos estuvie-
ron a cargo de la Secre-
taría de Gobernación,
encabezada por Luis
Echeverría; la Secretaría de la Defensa Nacional,
a cargo de Marcelino García Barragán, y la DFS,
cuyo mando era el capitán Fernando Gutiérrez Ba-
rrios.
Para octubre 1968, 31 instituciones estaban or-
ganizadas bajo las siglas de la FECSM: 29 escuelas
normales rurales y dos centros normales regionales.
El Diazordacismo cerró 16. Literalmente, a sangre
y fuego. Si poco se sabe de la matanza de la Plaza
de las Tres Culturas, menos de las que ocurrieron
para contener a estudiantes insumisos como los
normalistas rurales en regiones apartadas de la am-
plia geografía de la República Mexicana.
En la Galería 1 del Archivo General de la Na-
ZÓSIMO CAMACHO
EL OTRO 68
EL DE LOS NORMALISTAS
RURALES
Para octubre 1968, 31 instituciones
estaban organizadas bajo las siglas de la
FECSM: 29 normales rurales y dos nor-
males regionales. Díaz Ordaz cerró 16
Para octubre 1968, 31 instituciones
males regionales. Díaz Ordaz cerró 16

ZONA CERO OPINIÓN
ción (AGN) se integró, a petición nuestra, una
versión pública de todo lo que los agentes del ré-
gimen espiaron de los estudiantes de la FECSM
entre 1962 y 1987. Se compone de más de 10 mil
fojas apiladas en 31 legajos. Y más allá del lengua-
je rupestre e ideologizado de los policías, se puede
leer cuáles escuelas y centros regionales cerró el
régimen: La Huerta, Michoacán; Galeana, Nuevo
León; Champusco, Puebla; Palmira, Morelos; San-
ta Teresa, Coahuila; Huichapan, Hidalgo; Reyes
Mantecón, Oaxaca; Salaices, Chihuahua; San Die-
go Tekax, Yucatán; Tamatán, Tamaulipas; Xoco-
yucan, Tlaxcala; Zaragoza, Puebla; Jalisco, Naya-
rit, y Perote, Veracruz; y Ciudad Guzmán, Jalisco, e
Iguala, Guerrero.
Se puede saber, asimismo,
que la intención del régimen era
cerrar todas las escuelas. Sólo
desapareció las que pudo en ese
momento y dejó para después la
supresión de las demás.
En las fichas también se ad-
vierte la estrategia que llevaron a
cabo las autoridades ante escue-
las de suyo insumisas. Buscaron
minar la relación de ayuda mu-
tua entre los planteles y las pobla-
ciones aledañas. La priísta Con-
federación Nacional Campesina
(CNC) sirvió para condicionar
apoyos a pobladores que se opu-
sieran al cierre de las escuelas y
para gestionar premios a favor de
quienes ignoraran el llamado de
los estudiantes.
En los reportes de los agentes se consignan
cuántos poblados podrían acudir en auxilio de los
estudiantes, cuántos hombres y mujeres se espera-
rían, qué capacidades de resistencia podrían agluti-
nar, con qué herramientas de trabajo cuentan y qué
cantidad de alimentos podrían disponer.
Cuando Díaz Ordaz y Luis Echeverría tuvieron
la lista de la situación de cada normal, echaron a
andar los operativos. Formaron grupos de policías
y soldados a los que disfrazaron de “campesinos
de la CNC” y los trasladaron a las afueras de los
planteles. Ahí iniciaban las luchas campales por la
disputa de las escuelas. Las tropas aguardaban para
que, armadas, “disolvieran” las peleas y ocuparan
las instalaciones. No hay registros, en los archivos
del AGN, de cuántos estudiantes murieron, cuán-
tos fueron detenidos y qué proceso llevaron ni si
hubo desaparecidos. La estructura de la FECSM
tuvo que pasar totalmente a la clandestinidad. En
1972 regresó a la semiclandestinidad, condición
que mantiene hasta el día de hoy.
Desafortunadamente la agresión del 26 de
septiembre de 2014 contra normalistas rurales en
Iguala no fue la primera ni será la última. El Esta-
do ha decidido desaparecer ese modelo educativo.
No ha podido, gracias a la defensa que realizan los
estudiantes y a la solidaridad de las comunidades
campesinas que los respaldan. Los normalistas ru-
rales saben que el vínculo escuela-comunidad es
vital para la sobrevivencia de las escuelas. Fortale-
cerlo, es una de las tareas que no pueden relegar.
En esta misma semana se conmemoran dos de
las innumerables agresiones contra los normalistas
rurales: la de hace 2 años (por la que exigimos la
presentación con vida de los 43 y el castigo a los
perpetradores intelectuales y materiales) y la de
hace 48 años, que concluyó con el cierre de 16
planteles y un número indeterminado de víctimas.
En 1968 los militares también se ensañaron con los
estudiantes campesinos. No olvidamos. No olvide-
mos.
ARCHIVOCONTRALÍNEA

IQ FINANCIEROOPINIÓN
E
n Los Pinos domina un ambiente de incerti-
dumbre. La salida de Luis Videgaray alborotó
los demonios y no es gratuita la información
sobre la manipulación de recursos que ya comien-
za a filtrarse. La nota publicada por The Huffington
Post sobre las supuestas transferencias por más de
240 mil millones de pesos desde Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para compensar la crisis de las finanzas públi-
cas sería parte del entretelón en el que se desarrolla-
ron los más graves enfrentamientos entre Videgaray
y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien se
preciaba de ser amigo del presidente Enrique Peña.
Los reporteros del portal The Huffington Post presen-
tan documentos y evidencias de las transferencias.
Videgaray, sin embargo, incrementó su in-
fluencia ante Peña Nieto al grado, dicen sus exco-
laboradores más cercanos, recibía indicaciones del
presidente aunque no siempre las acataba y, por
supuesto, se manifestaba en contra de muchas con-
sideraciones del mandatario. En otras palabras, Vi-
degaray terminaba por imponerse.
No fue un secreto que Lozoya Austin renunció
a Pemex después de que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) pidió retrasar los pagos
a proveedores mientras la gasolina subía de precio.
Lozoya Austin, quien ya había pedido paciencia a
los contratistas de Pemex durante más de 1 año, de-
cidió que su capital político y su credibilidad frente a
gobiernos estatales y empresarios vinculados con el
sector de la energía prácticamente se había agotado.
Decidió dejar Pemex a Videgaray y al peso de
sus decisiones. Ahora entendemos que Lozoya Aus-
tin sabía de esas transferencias de recursos y que no
se justificaba el enorme retraso de los pagos a pro-
veedores. En otras palabras, la SHCP se fortaleció
no sólo con la influencia política de Videragay en el
gabinete de Peña Nieto sino que concentró todos los
recursos posibles. Poder y dinero hicieron de Videga-
ray el hombre más influyente en el gobierno peñista.
¿Un nuevo Pemexgate?
El gobierno de Felipe Calderón también solicitó
recursos a Pemex y CFE y, según el reportero Mi-
guel Hernández Borbolla, habría sido el subsecreta-
rio Miguel Messmacher, quien firmó las peticiones
de transferencias. A través del concepto de “apro-
vechamientos”, la SHCP pidió a la CFE y a Pemex
que realizaran transferencias que no se ubican cla-
ramente en las cuentas del gobierno federal.
Este episodio recuerda al Pemexgate: la dirección
de la petrolera autorizó recursos dque fueron depo-
sitados en las cuentas del sindicato petrolero. Ese di-
nero se usó para financiar la campaña de Francisco
Labastida Ochoa. Pero Vicente Fox ganó las elec-
ciones y el escándalo envolvió a los priístas.
En esta ocasión, la SHCP tendrá que demostrar
en qué se gastó el dinero de Pemex y CFE. Esta ope-
ración provocó diferencias entre Lozoya y Videga-
ray. Messmacher es un técnico hacendario con gran
prestigio y, después de la salida de Fernando Apor-
tela, es el único que tiene esta historia completa.
El desaire de Hillary
En Los Pinos, les comentábamos, también se
menciona otro entre telón de la visita de Trump a
México. Resulta que el Presidente Enrique Peña
Nieto no contó que la candidata Hillary Clinton ya
había confirmado su visita a México; no sólo eso,
la agenda de su encuentro en México habría sido
apuntalada por la intervención del presidente Ba-
rack Obama. Hillary Clinton decidió, sin embargo,
no venir a México cuando se enteró que la invita-
ción también involucraba a Donald Trump.
CLAUDIA VILLEGAS
OTRA VERSIÓN DE LA CRISIS

ARTÍCULOOPINIÓN
E
l nuevo recorte presupuestal por 239 mil
700 millones de pesos que mantendrá in-
tocables los privilegios de los altos funcio-
narios en los tres poderes públicos, pone de nue-
vo al descubierto la cada vez más acentuada e
inequitativa distribución de la riqueza en el país.
Mientras un ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en 2017 ganará 6 millones
766 mil 428 pesos, incluidos aguinaldo y com-
pensaciones, un trabajador con salario mínimo
de 73 pesos diarios tendría que laborar 300 años
para juntar tal cantidad.
La selecta casta de toga y birrete gana men-
sualmente en promedio 563 mil 869 pesos, cuan-
do millones de mexicanos apenas y subsisten
con el magro ingreso de 2 mil 190 pesos al mes;
esto es, los ministros ganan 257 veces más que
el grueso de la población, como sucede también
con el resto de los miles de funcionarios, gober-
nadores, senadores y diputados, quienes se resis-
ten a ser solidarios con los que menos tienen y
se niegan a bajarse el sueldo a la mitad ahora
que el país debe apretarse nuevamente el cintu-
rón, pues como dicen allá en el rancho: “que se
haga la voluntad de Dios –y la austeridad— en
los bueyes de mi compadre”.
Podrá entenderse el porqué a la clase política
en el poder la unen millonarios intereses perso-
nales, que la han vuelto inmune a la situación de
crisis que golpea desde hace años a las clases me-
nos favorecidas. Si no, ¿cómo entender que mu-
chas de las resoluciones emitidas por los miem-
bros de la Corte han dejado en la indefensión a
millones de mexicanos que ahora están a merced
lo mismo de empresarios que de reformas emi-
tidas por el Congreso? ¿Por qué entonces tiene
que pagar una expoliada población con su ham-
bre y miseria los privilegios de quienes se han
convertido en sus verdugos?
El México color de rosa de que disfrutan
los ministros como muchos otros miembros de
los poderes públicos que ocupan cargos de alto
nivel, no corresponde a la terrible realidad que
enfrentan en el día a día la inmensa mayoría de
personas a las que se les intenta engañar con la
aplicación de recortes que terminarán por afec-
tarlos en su educación, en su salud y en su desa-
rrollo social.
Desde hace tres años iniciaron los tijeretazos
al presupuesto y la clase política nada ha dicho
de aplicar la palabra austeridad en sus nóminas
doradas; por el contrario, diputados y senadores
en el Congreso han avalado la contratación de
más deuda pública hasta llegar a la inmanejable
cifra de más de 8 billones de pesos, en un perver-
so e irresponsable maridaje entre los tres poderes
de la Unión.
De lo que se trata no es de optimizar recur-
sos, sino que éstos sigan permitiendo el holgado
nivel de vida de una selecta casta de funcionarios
y políticos enquistados en el poder, para quienes
la suerte que corren millones de pobres con cada
golpe de la crisis es lo que menos les importa.
Resulta absurdo e increíble que para el año
entrante se contemple destinar recursos por 568
mil 197 millones de pesos para afrontar el costo
financiero de la deuda, mientras que para aten-
der áreas prioritarias como educación, salud,
MINISTROS Y ALTA BUROCRACIA
INMUNES A LA AUSTERIDAD
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
desarrollo social y universidades públicas se des-
tinen sólo 556 mil 41 millones.
Nuestros genios neoliberales han diseñado
una política económica que no ha detonado el
desarrollo del país a través de sus reformas, pero
sí ha terminado por doblegarlo ante los organis-
mos financieros internacionales por la vía del en-
deudamiento.
En lo que va del sexenio se ha pagado ya por
los intereses del servicio de la deuda un billón
334 mil 505 millones de pesos; cantidad que de
haberse canalizado a la construcción de hospita-
les, mejores salarios a maestros y una política de
verdaderos apoyos al desarrollo del campo –no
con políticas asistencialistas que son paliativos
a la marginación de las zonas rurales--, hubie-
ra representado auténticos beneficios sociales a
millones de personas. Tan sólo por día, la deuda
pública le cuesta al país un desembolso de mil
161 millones de pesos diarios.
De los funcionarios
que tampoco tendrán
que preocuparse por-
que el país se siga en-
deudando mientras a
ellos les va muy bien,
se encuentran los ma-
gistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que
al igual que los ministros de la Corte, se llevarán
el próximo año un sueldo anual de 6 millones
766 mil pesos, como también los miembros del
Consejo de la Judicatura Federal que ganarán de
manera acumulada, con sueldo y prestaciones, 8
millones 938 mil 234 pesos.
A este grupo de privilegiados también hay
que sumar a los consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), con Lorenzo Córdova a la
cabeza; al presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, Luis Raúl González
Plascencia, cuyas escasas recomendaciones na-
die toma en cuenta, así como a otros titulares
de organismos como el Inegi, el INAI, el Ifetel,
la Comisión Federal de Competencia y un sinfín
de aparatos burocráticos que en los hechos no
han demostrado tener un beneficio concreto a la
población, pero que en su mayoría representan
un altísimo costo a los recursos públicos. En pro-
medio, sus titulares ganan anualmente más de 2
millones de pesos.
Y mientras de acuerdo con los criterios presu-
puestales áreas como educación y salud enfren-
tarán para 2017 reducciones de hasta un 10 por
ciento en relación con los recursos asignados este
año, el INE obtendrá un presupuesto de 15 mil
371 millones de pesos para atender elecciones
en tres entidades: Coahuila, Nayarit y Estado de
México. De un mismo trato de excepción gozan
los diputados y senadores, quienes obtendrán un
aumento en sus recursos por 986 millones de pe-
sos.
Cada uno de los senadores se llevará el año
entrante un sueldo de 1 millón 312 mil pesos,
amén del pago de otros gastos y compensaciones,
lo mismo que los diputados que en promedio se
llevarán a su cartera 1 millón 942 mil pesos. En-
vidiables ingresos como pago por aprobar leyes
que tienen al país y millones de sus habitantes en
la ruina absoluta y en
una galopante margi-
nación.
Así, mientras al
país se le deja sin re-
cursos para educación
y salud, se insiste en
solapar la evasión fis-
cal de los poderosos consorcios convertidos en
amenazantes grupos fácticos que anualmente
evaden impuestos por 488 mil millones de pesos,
como también en devolverles a otros consentidos
del Estado impuestos por 288 mil millones de
pesos. De tal manera que bastaría con aplicar
puntualmente una auténtica política fiscal de re-
caudación para compensar los recortes anuncia-
dos para el 2017.
Claro que para que esto sucediera debería
existir un Poder Judicial autónomo y honesto,
alejado de insultantes prerrogativas como las que
gozan los miembros de la Corte, quienes por
cierto aprovecharon las fiestas patrias para irse
de puente desde el pasado martes 13 y retornar a
sus actividades hasta el lunes 19. Mientras tanto,
será el pueblo quien pague los costos de esta po-
lítica neoliberal que ha convertido en una brecha
abismal la riqueza de unos cuantos contra la po-
breza de millones.
Los ministros ganan 563 mil 869 pesos
al mes, en promedio, cuando millones de
mexicanos apenas subsisten con el magro
ingreso de 2 mil 190 pesos mensuales
Los ministros ganan 563 mil 869 pesos
ingreso de 2 mil 190 pesos mensuales

ARTÍCULOOPINIÓN
L
a situación política y social sigue muy des-
compuesta en mis terruños: Choix y El
Fuerte, Sinaloa. ¿Y la gente, la ciudadanía?
Atemorizada, como la del resto del país, adonde la
violencia ha llegado también. Hoy día no hay lugar
en México, donde no haya ejecutados, desapareci-
dos y una impunidad rampante. La población anda
buscando cómo sobrevivir y paliar la crisis, tratan-
do de que la violencia y la corrupción no los alcan-
ce. Hay quienes dicen que vivimos en un Estado
delincuencial que en estos días se ha recrudecido;
otros van más allá y hablan de un Estado fallido.
El Estado delincuencial no es privativo de Sina-
loa, es en todo el país; desde las altas cúpulas políti-
co-empresariales-militares,ydelapolíticaestatal,que
en eso los de mi tierra tienen bastante experiencia,
por ser pioneros en el negocio de las drogas. Hace
algunos días, el periodista Rubén Martín publicó en
la capital tapatía, Guadalajara, un artículo titulado:
“La nueva soberanía política”, que me llamó la aten-
ción porque es cierto lo que afirma y sobre lo que yo
he venido cavilando desde hace ya un tiempo. Dice:
“Los negocios del crimen organizado no funcionan
sin la complacencia del poder público”, refiriéndose
alcasoconcretoqueestáviviendoenestosdíasJalisco
a raíz de la detención de Sergio Kurt Schmidt San-
doval. Arguye: “Las evidencias indican que todos es-
tán embarrados y comprometidos”. Y concluye: “Esto
nos lleva a un asunto político fundamental: la noción
de soberanía política definida por la teoría liberal no
existe más en México; y en Jalisco es una ficción”.
Y “los representantes elegidos supuestamente por el
pueblo para hacerse cargo del poder público no res-
ponden únicamente al pueblo. La mayoría de ellos
responden a los poderes fácticos y, entre ellos, uno
de los más poderosos, por su capacidad económica y
de ejercicio de la violencia, es el crimen organizado”.
Por si fuera poco, el 8 de septiembre se publi-
có una nota y un audio donde Nemesio Oseguera
Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva
Generación, con insultos regañaba y daba órdenes
a un mando policiaco por el rumbo de Chapala,
para que “relajara” las tropas a su mando. ¿Cómo
es posible esto? Seguramente nuestras autoridades
tendrán mucho que explicarnos; pero el grado de
corrupción hasta ahora visto no se generó solo. Y,
como opina Rubén Martín, en esto el Estado está
implicado, pues el mundo del crimen no se desa-
rrolla solo. Otros dicen que el mayor cártel que nos
aqueja es el del gobierno. Por lo que veo, es cierto.
Muchos dirán, pero si esto es de todos los días, así
funciona el Estado mexicano y a lo mejor muchos
otrosEstados.Perodesdeelpuntodevistateórico,de
los que creemos en el Estado, en el derecho y en las
instituciones, esto que vivimos no debe ser; ni ética ni
teleológicamente tiene razón de ser. Se supone que
hay un orden, un sistema jurídico, hay derechos y
obligaciones y penas a los que incumplen la norma.
Para los que estudiamos en la escuela teoría del
Estado, teoría general del derecho, donde se nos
enseña qué es el Estado, la soberanía, el monopolio
exclusivo de la violencia, la cual sólo es permitida en
beneficio de la sociedad y no de poderes o grupos
fácticos, esto es inaudito. ¿Tendremos que reformu-
larunanuevateoríadelEstadoydelderecho?¿Coe-
xisten diversas soberanías? Es muy peligroso para la
sociedad que el crimen organizado –¿al que llamar
“otra soberanía”?– se apodere de la institucionali-
dad y actúe en su nombre y engañe a la sociedad.
Es hora de que actuemos como sociedad. De
no hacerlo, en un futuro no muy lejano estaremos
viviendo bajo la ley de la selva. Muchos pueblos se
van a tener que defender a sí mismos, tal como lo
hicieron las autodefensas en Michoacán y recom-
poner y refundar el Estado. La realidad cuestiona
los conceptos de soberanía y Estado.
GUADALUPE ESPINOZA SAUCEDA, ABOGADO Y MAESTRO EN DESARROLLO RURAL;
INTEGRANTE DEL CENTRO DE ORIENTACIÓNY ASESORÍA A PUEBLOS INDÍGENAS,AC
EL ESTADO
DELINCUENCIAL

ARTÍCULOOPINIÓN
D
estacamentos del Estado Islámico lo-
calizados en el valle del Yarmuk, a po-
cos kilómetros de los Altos del Golán.
La noticia, difundida hace apenas unos días
por la segunda cadena de televisión israelí,
hizo saltar las alarmas. ¿El Estado Islámico?
¿Iba a convertirse la quimera que se había
adueñado de la mitad del suelo sirio y el Norte
de Irak en un peligro real para el Estado judío?
Aparentemente, disponen de carros de comba-
te, artillería pesada y… ¡armas químicas!, ad-
vierte la inteligencia militar hebrea, que vigila
desde hace meses a los simpatizantes sirios del
Estado Islámico. Todo deja presagiar un ata-
que relámpago con-
tra Israel.
La amenaza no
llegó a materializarse,
pero la alerta subsis-
te, tornándose en una
auténtica pesadilla
para los pobladores
de los asentamientos judíos de los Altos del
Golán. Detalle interesante: hasta los prime-
ros días de septiembre, a la población israelí
no le inquietaba sobremanera la presencia
del Estado Islámico en la región. Es cierto: las
sanguinarias huestes de esta organización se
hallaban en el país vecino. Los asesinatos y la
destrucción en nombre del Profeta formaban
parte del menú televisivo de los habitantes de
Tel Aviv, Haifa o Jerusalén. Pero Siria quedaba
lejos, al menos, mentalmente. Lo que sucede
más allá de los confines de Israel nada tiene
que ver con la seguridad armada que ampara
a los más de 6 millones de judíos que viven en
Tierra Santa. En ese contexto, surgió el dubi-
tativo interrogante: ¿acabar con el Estado Islá-
mico? ¿Para qué?
Fue ésta una de las preguntas que se plan-
tearon recientemente los politólogos y los es-
trategas de Tel Aviv, más preocupados por
la amenaza iraní o el peligro que supone la
presencia de Hezbollah en la frontera con el
Líbano. De ahí el extraño mensaje lanzado
hace menos de 1 mes por el afamado estratega
Efraim Imbar, director del Centro de Estudios
Estratégicos Begin-Sadat (Besa), entidad que
realiza trabajos de consultoría tanto para el
gobierno israelí como
para la Organización
del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN).
No hay que acabar
con el Estado Islámi-
co; la agrupación po-
dría convertirse en un
arma eficaz en la lucha contra Irán, Hezbo-
llah, Siria y Rusia, señala el minucioso informe
elaborado por Imbar.
Como siempre, la percepción israelí dista
del paradigma estadunidense. Para el gobierno
de Tel Aviv, el principal adversario sigue sien-
do el Irán de los ayatolás, país que ha inscrito
en sus programas de gobierno la destrucción
total de la entidad sionista. Fue ésta una de las
prioridades absolutas de la revolución jomey-
nista, uno de los mantras de los sucesores del
ayatolá. Ello explica la reticencia de Israel ante
el levantamiento de las sanciones económicas
ISRAEL: NO CONVIENE
ANIQUILAR AL ESTADO ISLÁMICO
ADRIÁNMACLIMAN, ANALISTAPOLÍTICOINTERNACIONAL/CENTRODECOLABORACIONES
SOLIDARIAS
Para el gobierno de Israel, el principal
adversario es el Irán de los ayatolás, que
ha inscrito en sus programas la des-
trucción total de la entidad sionista
Para el gobierno de Israel, el principal
trucción total de la entidad sionista

ARTÍCULO OPINIÓN
123RF
y tecnológicas impuestas al régimen de Tehe-
rán, su obsesión por llevar a cabo un ataque
relámpago contra las instalaciones nucleares
iraníes.
Hezbollah, el brazo armado de Teherán
en el Líbano, es otro contrincante que debería
desaparecer. En 2006, el ejército israelí perdió
la guerra contra el movimiento chiíta, armado
y adiestrado por militares de élite persas. De
ahí la necesidad de encargar esta tarea a… ter-
ceros. Y, ¿quién sino los wahabitas del Estado
Islámico?
El indiscutible poderío del ejército sirio
fue, durante décadas, la mayor preocupación
del Estado Mayor de Tel Aviv. Los dos ejérci-
tos jamás chocaron; ambas partes temían las
repercusiones de un posible enfrentamiento
armado. En este caso concreto, los estrategas
hebreos preferirían recurrir, una vez más, a un
combate entre musulmanes.
¿Y Rusia? Obviamente, para los estrategas
israelíes conviene mantener a los rosos aleja-
dos de la región. Su influencia podría contra-
riar los proyectos hebreos en la zona. Pero si
los rusos tienen que afrontar el peligro islámi-
co en casa, es decir, en el vasto territorio asiá-
tico, su margen de maniobra en la región sería
más limitado. De ahí el deseo de contar con los
supervivientes del estado Islámico. De hecho,
la estrategia de enfrentar a los enemigos surtió
efecto durante el conflicto de Afganistán. ¿Aca-
so Estados Unidos no firmó la partida de na-
cimiento de Al Qaeda? De la misma manera,
Israel patrocinó, hace 2 décadas, la creación
de Hamas, agrupación religiosa conservadora
que debía neutralizar a la laica Organización
para la Liberación de Palestina (OLP). Pero en
este caso, el error de cálculo tuvo consecuen-
cias desastrosas.
Por muy disparatada que pueda parecer, la
propuesta de Efraim Imbar no es nada nove-
dosa. En 1957, el Presidente Eisenhower re-
comendó a la estadunidense Agencia Central
de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) la
creación en Oriente Medio de movimientos
religiosos defensores de la guerra santa lla-
mados a combatir a las incipientes corrientes
izquierdistas. En resumidas cuentas, lo que se
pretende es convertir al Estado Islámico en
el… tonto útil de Occidente.

ARTÍCULOOPINIÓN
T
ras 17 años de análisis científico de los
problemas económicos, políticos, sociales,
educativos y ambientales, el informe Estado
de la región, que se publica periódicamente en Costa
Rica, se ha convertido en la mejor antología del
fracaso del neoliberalismo en Centroamérica y en
prueba fehaciente de la inviabilidad de sus dogmas,
que en estas comarcas se aplican –todavía– como
artículos de fe por una clase política cuya crisis de
legitimidad es ya inocultable.
Un repaso a las metáforas con que los inves-
tigadores del programa académico, encargado
de elaborar el informe,
retratan el panorama
y los desafíos centro-
americanos permite
identificar rápidamente
imágenes que denun-
cian, una y otra vez, la
desigualdad creciente,
el desgarramiento y
desarticulación de la región y el impacto de esos
fenómenos en la vida de nuestros pueblos, especial-
mente en los sectores más pobres y vulnerables de
la población.
Por ejemplo, en 2016, la pobreza crónica y es-
tructural en Centroamérica se expresa en un dato
demoledor: “cinco de cada seis hogares pobres tie-
nen necesidades básicas insatisfechas, relacionadas
con la vivienda y tres cuentan, además, con un ni-
vel de ingresos inferior a la línea de pobreza”).
En el primer informe Estado de la región, que
data de 1999 –publicado en el contexto de las ne-
gociaciones de paz y el fin del conflicto armado–,
se aseguraba que “Centroamérica está desgarrada
por fracturas regionales en su desarrollo humano”,
producto de las persistentes brechas territoriales;
brechas entre grupos sociales; brechas en materia
de desempeño político, económico y jurídico; y la
desarticulación física y cultural de la zona atlántica
centroamericana, así como por la vulnerabilidad
social y ambiental –sin distinción– de las socieda-
des regionales.
En su edición de 2003, el segundo informe pre-
sentó la imagen de una Centroamérica “expues-
ta a múltiples tensiones internas y externas que
la vuelven más compleja y difícil de interpretar”,
donde “los progresos en
el desarrollo humano,
aunque esperanzado-
res, no son suficientes
para vencer el rezago
histórico de la región,
pues no siempre están
articulados en una di-
námica orientada a la
generación de oportunidades para amplios secto-
res de la población”.
Cinco años más tarde, en 2008, el tercer infor-
me advertía sobre los desafíos de una Centroamé-
rica desdibujada, que experimentaba acelerados
cambiosendistintosórdenes;y,sinembargo,seguía
atascada por su “falta de progreso”, de tal suerte
que “la suma de los cambios sociales, demográ-
ficos, económicos y políticos no produce mejoras
sensibles en el desarrollo humano, ni convierte al
Istmo en un polo dinámico de crecimiento econó-
mico y progreso social. Además, estos cambios han
ampliado las profundas brechas entre países y las
aún mayores dentro de los países”.
ANDRÉS MORA RAMÍREZ, INVESTIGADOR,ANALISTAY DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA/PRENSA LATINA
CENTROAMÉRICA
EL FRACASO DE NEOLIBERALISMO
EN EL SIGLO XXI
En Centroamérica, tres de cada seis
hogares pobres cuentan con un nivel de
ingresos inferior a la línea de pobreza y
cinco presentan carencias de vivienda
En Centroamérica, tres de cada seis
cinco presentan carencias de vivienda

ARTÍCULO OPINIÓN
En 2011, el cuarto informe daba cuenta de
la persistente ampliación de esas brechas sociales
y económicas, pese a un esbozo de optimismo en
medio de la tormenta: en Centroamérica, seña-
laba el documento, “pese a los malos tiempos, se
continuaron registrando avances, pero también
preocupantes retrocesos que, en general, vinieron
a aumentar las brechas en la región y en los paí-
ses. Estas involuciones no fueron episodios aislados,
sino que se inscriben en un contexto peligroso, que
conjuga múltiples amenazas y vulnerabilidades.
La dimensión del riesgo es tal que podría provocar
fracturas regionales”.
Finalmente, en 2016, la valoración general
del quinto informe Estado de la región insiste en sus
diagnósticos sobre los graves problemas en materia
de desarrollo humano y los limitados alcances de
un crecimiento económico desigual, que favorece
sólo a los sectores más ricos, no responde a “desa-
fíos medulares, históricamente no atendidos” y
amplía “las brechas entre un sur del Istmo más di-
námico y desarrollado y un centro-norte con per-
sistentes rezagos económicos, sociales y políticos.
Estas diferencias se agudizan a lo interno de los
países y para ciertos grupos de población”.
Tan trágicas continuidades ensombrecen los
horizontes de futuro de una Centroamérica en la
que el debilitamiento de los contrapesos entre ac-
tores sociales y políticos respecto a los grupos de
poder económico, así como el predominio de élites
políticas de inobjetable orientación neoliberal y
pro empresarial –desde la década de 1990–, han
creado las condiciones necesarias para la imposi-
ción y reproducción del modelo de desarrollo neo-
liberal, en el que convergen los intereses del capital
regional y las empresas transnacionales.
Y donde, paradójicamente, ese Estado tan
cuestionado por el fundamentalismo neoliberal,
mantiene un papel central, ahora como gestor de
la inversión extranjera y facilitador de los negocios
privados. Así nos va –y se nos va– la vida en esta
Centroamérica doliente del siglo XXI.
DAVIDMANRIQUE

INVESTIGACIÓN PORTADA
TRÁFICO ILÍCITO DE MERCANCÍAS
AMENAZA
LA SEGURIDAD
NACIONAL

INVESTIGACIÓNPORTADA
La Agenda Nacional de
Riesgos señala al tráfico
ilícito de mercancías
como la octava amenaza
a la seguridad nacional.
Delincuencia organizada
y “actores no estatales”,
responsables del creciente
comercio ilegal de especies,
bienes, armas y drogas
U
n “vacío de autoridad”,propiciado por la
debilidad y la corrupción, hace florecer
en México la “mercancía y la economía
ilegal”.Los negocios son controlados por los gru-
pos delictivos que han ocupado “algunas zonas
del territorio nacional”y por “otros actores no es-
tatales”(empresas fraudulentas).
Las actividades detectadas en este rubro, se-
gún documentos oficiales públicos y confidencia-
les, tienen como objeto el tráfico de mercancías
sin los permisos correspondientes o sin decla-
rarlas a la autoridad aduanera. Ello con diversos
fines: evadir el pago de impuestos; manipular ar-
tificialmente los precios de las mercancías o de
las materias primas con que fueron elaborados;
trasegar productos ilícitos; falsificar documentos;
evadir la presentación de autorizaciones; obtener
beneficios aduaneros o tributarios.
Por su gravedad, en 2014, el tráfico ilícito de
mercancías por mares y fronteras aparece por
primera vez entre los temas considerados como
riesgos para la seguridad nacional. A partir de ese
MARCOS CHÁVEZ/VIII
123RF

año ocupa el octavo lugar entre los 10 asuntos
considerados como preponderantes en la Agen-
da Nacional de Riesgos, que define las prioridades
del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen).
La Comisión Intersecretarial para la Preven-
ción y Combate a la Economía Ilegal es la encar-
gada de enfrentar este tipo de crímenes. Ésta ha
centrado su atención en las industrias del alcohol
(contrabando, bebidas falsificadas y adulteradas,
evasión de impuestos de la producción, produc-
ción artesanal,sustitutos,incumplimiento de nor-
mas), tabaco (proveniente ilegalmente de países
como China, India, Vietnam, Estados Unidos),
automotriz (perjudicada por el ingreso de vehí-
culos usados y partes provenientes sobre todo de
Estados Unidos y los juicios de amparo), textil,
vestido y calzado (sobre todo de origen asiático).
Empero,el espectro del comercio ilegal es más
amplio. Entre otros productos se pueden citar las
sustancias químicas, medicamentos, industrias
del metal, minerales, equipo agrícola, maquinaria
textil, juguetería, aparatos eléctricos y electróni-
cos, productos informáticos, mercancías falsifi-
cadas, la piratería (reproducción, transmisión y
distribución de copias de obras resguardadas por
el derecho de autor), bienes culturales, especies
protegidas y en peligro de extinción.
En su más reciente informe Acciones para la
prevención y combate a la economía ilegal, el Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT) señala
que en la primera mitad de 2015 se incautaron
bienes ilegales por un valor de 16.4 millones de
pesos. Algunos de esos productos: varios tipos de
telas, maquinaria para las industrias del vestido,
ropa,partes para automóviles y equipos para otras
industrias.
CHRISTIANSERNA/CUARTOSCURO
La porosidad de las fronteras de México incentiva las acciones criminales de las mafias organizadas y de otros actores no estatales

En el reporte de 2014 se indica que se emitie-
ron 312 órdenes de embargo por subvaluación de
precios de mercancías que afectaban a “sectores
sensibles”, sobre todo a los sectores textil, calza-
do y vestido, por un monto de 53.3 millones de
pesos.
Ese año se aseguraron 6.6 millones de piezas
relacionadas con la piratería (tabletas electrónicas,
teléfonos celulares, apara-
tos electrónicos, calzado,
entre otros). El valor de
las mercancías aseguradas
en las fronteras fue del
orden de 5.7 millones de
pesos, refiere el reporte
oficial.
El SAT añade que en
2014 se destruyeron 65.1
millones de cigarros ilega-
les provenientes de Asia y
Estados Unidos; que en el
caso de la industria textil se embargaron bienes
por un valor de 135 millones de pesos; en la del
calzado,por 6.2 millones de pesos,y en la del ves-
tido, por 40.5 millones de pesos. Todo relaciona-
do con la subvaluación del precio de las importa-
ciones.Además se armaron 27 expedientes legales
por daños al fisco por 376 millones de pesos.
En 2011, el entonces subprocurador de De-
litos Federales de la Procuraduría General de la
República (PGR), Arturo Germán Rangel, dijo
que, en 2008, de cada 10 productos que se ven-
dían en México,cuatro,en promedio,eran ilícitos;
en 2010 el número se elevó a seis. Son bienes de
todo tipo, aunque el problema es grave en la ven-
ta de medicamentos falsos, bebidas alcohólicas
adulteradas y fabricación de ropa pirata y contra-
bando de ropa usada, en gran parte provenientes
de Asia y Estados Unidos (Excélsior, 23 de marzo
de 2011).
Sin embargo no existe un seguimiento esta-
dístico, ni público ni empresarial, que mida con-
fiablemente el valor y la evolución del comercio
ilícito. Al respecto, la Organización Panamerica-
na de la Salud y de la Organización Mundial de
la Salud se refiere a las dificultades específicas del
mercado negro del tabaco.
Señala en su informe Comercio ilícito, de mayo
2015: “por su naturaleza ilegal, resulta complejo
medir el comercio ilícito de productos de tabaco.
A la natural dificultad de acceder a datos directos
de este fenómeno se suma el interés de la industria
tabacalera por magnificar su importancia y atri-
buir su existencia a los impuestos al tabaco. Es un
argumento recurrente de esta industria que ma-
yores impuestos implican, casi automáticamente,
mayor contrabando de
productos de tabaco”.
Agrega que la discu-
sión sobre la magnitud
del comercio ilícito de
productos de tabaco ha
estado dominada inter-
nacionalmente por el uso
de datos de la consulto-
ra privada Euromonitor,
ante la ausencia de otros
datos y a pesar de las du-
das que se tienen sobre la
precisión de los mismos. Sus estimaciones inclu-
yen los datos de la industria tabacalera.
“En una reciente publicación de Tobacco Con-
trol se muestran las inconsistencias en sus cálculos
del comercio ilícito para Sudáfrica y México (y
sugieren lo mismo para Guatemala, entre otros).
En el caso de México, por ejemplo, demuestran
que de un año a otro (de 2011 a 2012) las estima-
ciones de Euromonitor de comercio ilícito histó-
ricas aumentaron en más del doble.”
Crecimiento del ﬂagelo
De las bases de datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) se desprende
que la invasión masiva de bienes ilegales empezó
a crecer desde la década de 1980.
En esa época se dio el auge de las importa-
ciones, las cuales pasaron de 28 mil millones de
dólares en 1988 a 79.3 mil millones de dólares
en 1994 y 400 mil millones de dólares en 2014.
Para 2015 cayeron a 395 mil millones de dólares.
Ello coincide con la apertura externa indiscrimi-
nada (comercial y financiera) de la economía (re-
ducción y eliminación de aranceles, en su número
de fracciones, requisitos y gravámenes), su inte-
gración al mercado mundial, el Tratado de Libre
No existe un
seguimiento estadístico,
ni público ni empresarial,
que mida confiablemente
el valor y la evolución del
comercio ilícitocomercio ilícito

Comercio de América del Norte y otros 11 más
que involucran a 46 países, medidas que transfor-
maron a México en uno de los países más abiertos
del mundo.
Dicha apertura coincidió con la desreglamen-
tación interna, la menor intervención del estado
en la economía y el debilitamiento de las institu-
ciones,de sus tareas y su capacidad de supervisión,
debido a las recurrentes políticas de ajuste en el
gasto público.
En esa matriz florece la corrupción y el co-
mercio ilegal local y trasnacional, en México y en
la economía mundial.
Asimismo,su proliferación está asociada a otro
elemento estructural: el estancamiento crónico de
la economía en 1983-2016,la incapacidad de ésta
para generar los empleos formales anualmente re-
queridos, la pérdida en la estabilidad de los gene-
rados, los bajos salarios reales y el deterioro de las
prestaciones sociales que han obligado a un alto
porcentaje de la población a vivir en la economía
informal.En sus circuitos de ésta transita parte de
la producción y de los bienes y servicios ilícitos.
En su Actualización de la medición de la econo-
mía informal, de diciembre de 2015, el Inegi ano-
ta que la economía informal en 2014 equivalió
a 23.7 por ciento del PIB (4.1 billones de pesos
a precios corrientes) y ocupó al 57.8 por ciento
(29 millones de 51 millones personas). En 2003-
2014, el crecimiento económico medio anual fue
de 2.6 por ciento y el de la economía informal de
1.7 por ciento.
En su Enfoque: el tráfico ilícito de mercancías
falsificadas y el crimen organizado transnacional, la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito dice estar preocupada por graves abusos
laborales registrados en la producción y distribu-
ción de mercancías ilícitas, actividades a menudo
controlados por delincuentes organizados. Como
estos empleos no están regulados, agrega, los tra-
bajadores, que incluye a infantes, se encuentran
en posiciones vulnerables, carecen de protección
laboral y sus sueldos son bajos.
De casi 35 millones de trabajadores asalaria-
dos subordinados contabilizados este año, el 64
por ciento gana menos de un salario mínimo has-
ta tres veces el mismo, el cual ha perdido el 75
por ciento de su capacidad de compra y que los
SALVAGUARDAR A EMPRESAS, OBJETIVO DE LA
LUCHA AL TRÁFICO ILEGAL DE MERCANCÍAS
El Fondo Monetario Internacional,el Banco Mundi-
al,la Organización Mundial de Comercio y la Organ-
ización para la Cooperación y el Desarrollo Económ-
icos admiten que su preocupación por el intercambio
ilegal de mercancías responde a los intereses de las
empresas trasnacionales.
Por ello, el combate que promueven busca sal-
vaguardar las ganancias y la propiedad intelectual
(derechos, patentes y marcas) de las empresas. Ello a
pesar de que en las matrices y sus filiales sea “normal”
latriangulaciónysubvaluacióndepreciosdelosbienes
y servicios importados (las llamadas “cuentas entre
compañías”) para manipular las cotizaciones finales,
de carácter oligopólicas y evadir o reducir el pago de
impuestos,operacionesamenudoblanqueadasenlos
paraísos fiscales.
En el caso mexicano, ese combate se centra en los
interesesprincipalesdelaindustria.Noobstante,cada
gobierno decide cómo enfrentarlo, según su propia
agenda, el orden de sus prioridades e intereses, sus
compromisos internos y externos, su facundia y sus
funcionarios.
“El estilo personal de gobernar –como dijo el
politólogo Daniel Cosío Villegas– ha implicado, ha
convertidoatalespolíticasenunalíneadiscontinuaen
el tiempo,perdidas en la ambigüedad conceptual de la
zigzagueante seguridad pública, interna y nacional”,
y cuyos resultados han sido un fracaso en un México
inundado por los bienes irregulares, ya sea por parte
del llamado “crimen organizado”, o por los empresa-
rios legalmente establecidos,aceitados por corrupción
gubernamental.

condena a vivir en la pobreza y la miseria extrema;
el 28 por ciento son sobreexplotados (labora más
de 48 horas semanales); el 37 por ciento no recibe
prestaciones y el 45 por ciento carece de servicios
de salud y de contrato de trabajo.
Por tanto, más empleos formales dignos, es-
tables y mejor pagados, desalentaría el comercio
ilegal.
La estrategia de combate
De la Agenda Nacional de Riesgos se despren-
de que la elevación en su nivel de escala, de un
problema de seguridad interna y pública a uno de
riesgo para la seguridad nacional, se da por una
“preocupación prioritaria”.
“Siempre existieron indicios de presencia de-
lictiva en zonas específicas del país, enfocadas al
comercio ilegal y el robo”, situación agravada en
los “últimos lustros junto con los delitos de alto
impacto”, y facilitada por “la falta de infraestruc-
tura en los puntos fronterizos y la ausencia de ca-
pacidades tecnológicas para el registro y control
de mercancías”.
Para enfrentar el problema, la Agenda plantea
“realizar un eficaz combate a las prácticas co-
merciales desleales o ilegales”. De acuerdo con el
Programa de Seguridad Nacional, el riesgo se da
en el plano simultáneo de la seguridad pública,
interna y nacional, y en el contexto de la apertura
comercial (exportaciones e importaciones masivas
de mercancías) y financiera (inversión extranjera
directa y en cartera), la integración del país a los
circuitos de la economía global, las migraciones
transfronterizas del Sur al Norte del Continente,
la posición geopolítica del país desde el Sur del
Continente hacia Estados Unidos.
Según el Programa, la rápida expansión de
Crimen organizado, el más beneficiado de la debilidad en la vigilancia de mares y fronteras
123RF

esos flujos lícitos coincide con la no menos verti-
ginosa y diversificada transnacionalización de las
actividades ilícitas, a menudo estrechamente rela-
cionadas entre sí y con su demanda generada en
el Norte del Continente, que cruzan sin grandes
dificultades las porosas fronteras terrestres y ma-
rítimas, y que son controladas por la difusamente
calificada “delincuencia organizada internacional”
y “otros actores no estatales”que no se identifican
en el documento. Algunos de esos ilícitos son la
producción e intercambio de bienes y servicios
ilegales, el tráfico de divisas y lavado de activos,
incluyendo los financieros, el comercio de espe-
cies protegidas, de bienes culturales, de armas y
de estupefacientes,los flujos migratorios y la trata
de personas.
En el Programa Nacional de Seguridad Públi-
ca, que define la estrategia y las líneas de acción
pública en contra del comercio ilícito, se agrega
un componente: la lucha contra la “mercancía y
la economía ilegal” controlados por los grupos
delictivos que han ocupado “algunas zonas del
territorio nacional” debido a “un vació de auto-
ridad”propiciado por la debilidad y la corrupción
institucional.
Dicho Programa indica que una “mercancía
ilegal” es aquella que “viola las normas fiscales,
de comercio exterior, de derechos de autor, de
propiedad industrial, las sanitarias y de protec-
ción al medio ambiente”. Por la “economía ilegal
impacta negativamente la creación de empleos,
el crecimiento del país, el desarrollo de sectores
productivos legales]; disminuye la participación
de empresas formales en el mercado; [que com-
piten deslealmente con] las empresas que actúan
con apego a la ley; inhiben la aparición continua
de nuevos y mejores productos y servicios, pues
desalientan la innovación y la creatividad”.
Para enfrentar la “debilidad” y el “vacío insti-
tucional”se propone reforzar a las entidades fede-
rales, controlar los puertos, aeropuertos y puntos
fronterizos para tratar de identificar y neutralizar
el ingreso de los productos ilícitos al país,detectar
y erradicar su producción, almacenamiento y dis-
tribución de esa clase de productos y de quienes
los controlan, han sido una de las actividades que
le han quitado a los neoliberales, desde el gobier-
no de Miguel de la Madrid.La industria del tabaco, entre las que más presionan para frenar el flujo ilegal de productos
ARMANDOMONROY/CUARTOSCURO

das; castigar a los infractores; desalentar el fraude
fiscal y el lavado de dinero.
Esas medidas son justificadas por el daño que
representa la competencia desleal al fomentar la
expansión de la economía informal y afectar a las
actividades legales de los importadores,los expor-
tadores, la inversión y la industria nacional, que
tienen que cubrir esos y otros requisitos, el em-
pleo formal, por los ries-
gos de toxicidad, la salud
pública y fitosanitarios,
y la recaudación de im-
puestos.
Parte de la tarea tam-
bién se ha enfocado en
las aduanas. En julio de
2015, Ricardo Treviño,
titular de la Administra-
ción General de Adua-
nas,señaló que entre ene-
ro de 2014 y hasta junio
de 2015, se despidieron a 100 oficiales de comer-
cio exterior (en total son alrededor de 1 mil 500)
por incurrir en actos de corrupción.
Agregó que en 2014 se recibieron cerca de 13
mil denuncias sobre presuntos actos de corrup-
ción, 40 por ciento de los cuales apuntaban hacia
los funcionarios de aduanas; de ellas sólo 2 mil
500 aportaron información para iniciar una inves-
tigación y finalmente se sancionó administrativa-
mente a 160 servidores públicos y 20 de ellos tu-
vieron que enfrentar juicios penales.(El Universal,
28 de julio de 2015).
Los actores involucrados
La cantidad de instituciones públicas y de or-
ganismos empresariales participantes en la cruza-
da contra el tráfico ilegal de mercancías manifies-
ta cuantitativamente la magnitud de la preocupa-
ción.
Parte de esa guerra, en su sentido práctico, es
coordinada por el Servicio de Administración
Tributaria, integrante de la Comisión Intersecre-
tarial para la Prevención y Combate a la Econo-
mía Ilegal. En ésta también participa el comisio-
nado Nacional de Seguridad, que depende de la
Secretaría de Gobernación.
El florecimiento y expansión de esos bienes,su
producción local y su proliferación por las calles
de todas las ciudades del país, a través del ambu-
lantaje, y en los negocios establecidos legalmente,
testifican el éxito de esas políticas. El aeropuerto
internacional de la capital, por ejemplo, es consi-
derado como una de las principales puertas de en-
trada y salida de productos ilegales. Por esa zona
pueden pasar manadas de
elefantes que se vuelven
invisibles ante la presencia
de los empleados aduana-
les.
Las acciones para
combatir el tráfico ilícito
de mercancías por mares
y fronteras se concentran
en promover las opera-
ciones legales; erradicar
las prácticas comerciales
fraudulentas,tales como el
contrabando abierto (importación y exportación
ilegales de mercancías, sin los permisos corres-
pondientes o sin declararlas a la autoridad adua-
nera de los lugares habilitados –puertos y aero-
puertos–, o por los inhabilitados –playas, pasos
fronterizos–, con el objeto de evadir el pago de
los tributos correspondientes) o técnico (ingre-
so y salida fraudulenta de mercancías, a través de
la subfacturación, sobrefacturación, la subvalua-
ción –precios de las mercancías importadas ar-
tificialmente menores a los del mercado local o
de las materias primas con que fueron elaborado,
declarándose a un valor menor al realmente fue
pagado externamente,a través de la triangulación
de origen de las mercancías: su facturación en el
exterior a un precio reducido y pagándose la di-
ferencia a través de terceros; entre las empresas
involucradas se señala oficialmente a las maqui-
ladoras y a empresarios de los ramos textil, vesti-
do y calzado, entre otras–, el incumplimiento de
requisitos legales, la presentación de documen-
tación falsa, la falta de autorizaciones, el cambio
de renglón arancelario, la triangulación con cer-
tificados de origen para obtener beneficios adua-
neros o tributarios, la corrupción oficial), para
tratar de evadir o reducir el pago de impuestos
o de aranceles; destruir las mercancías decomisa-
Las acciones para
combatir el tráfico ilícito
de mercancías por mares y
fronteras se concentran en
promover las operaciones
legaleslegales

Otros actores son: las administraciones de
Comercio Exterior, Fiscal federal y de Adua-
nas; las procuradurías General de la República
(a través de la Subprocuraduría en Investigación
de Delitos Federales y las unidades de Investiga-
ción de Delitos contra los Derechos de Autor y
Propiedad Intelectual y de Delitos Fiscales y Fi-
nancieros) y Federal del Consumidor; las secre-
tarías de Economía (Subsecretaría de Industria
y Comercio) y de Salud (por medio de la Comi-
sión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, Cofepris); el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI); y un represen-
tante del Ejecutivo. El bloque se coordina con
las instituciones estatales y municipales y las se-
cretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de
Marina (Semar).
El grupo de trabajo también está integrado
por las confederaciones de las cámaras Indus-
triales, de Agentes Aduanales de la República
Mexicana, Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo y del Vestido,entre otros conglomerados
empresariales.
Dicha mesa está integrada por seis subgrupos
con sus responsables: el comercio ilegal interno,
el SAT; la subvaluación del comercio exterior, la
Caaarem; la piratería, el IMPI; de estudios eco-
nómicos, la Concamin; bebidas, medicamentos y
tabaco, la Cofepris; y normas oficiales mexicanas,
la Profeco.
La lucha en contra del comercio ilegal es
complementada con los acuerdos negociados o
las propuestas adaptadas de organismos multi-
laterales como la Organización de las Naciones
Unidas, la Organización Mundial de Comercio
o la Organización de Cooperación Económica,
o con acuerdos específicos con Estados Unidos o
China, por ejemplo.
Piratería, uno de los delitos que sí se persiguen vinculado a esta amenaza a la seguridad nacional
MARCOPOLOGUZMÁNHERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN MEDIOS
IMPULSOR DE
LA CENSURA
LA TRAICIÓN DEL INAI

INVESTIGACIÓNMEDIOS
A pesar de no estar
legislado y atentar contra
preceptos constitucionales,
el Inai insiste en implantar
el “derecho al olvido”. La
censura que promueve
el Instituto transgrede el
derecho a la información y
la libertad de expresión. En
riesgo inminente, archivos
periodísticos e históricos
B
orrón por encargo. Historias trasquiladas a
placer. Guiones en los que lo incómodo se
elimina. Olvido como mercancía de lujo
disfrazada de “derecho”. Bajo el halo de la “protec-
ción de datos personales”, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (Inai) insiste en su interés
de instaurar el denominado “derecho al olvido”,
puerta para la censura de información y negocio de
quienes prometen limpiar la reputación de quien sea,
tarifa de por medio.
No se trata de proteger el número de cuenta de
un trabajador que su banco, “por error”, hizo públi-
ca; ni de la dirección de un periodista amenazado
por el narcotráfico publicada, también “por error”,
por el instituto electoral local; tampoco del teléfono
personal que de algún modo terminó en las compa-
ñías de seguros, bancarias y hasta funerarias.
Se trata de evitar la difusión –prohibiendo su
publicación impresa o eliminándola de internet– de
informaciones generadas, sobre todo, por periodis-
tas y organizaciones de la sociedad civil, en las que
MAURICIO ROMERO
123RF

se documentan hechos de interés público: crímenes
de Estado, corrupción, narcotráfico, delincuencia
organizada, delitos de cuello blanco, lavado de dinero y
demás “errores” cometidos por quienes, general-
mente, ocupan una posición de poder y, transcurri-
do el tiempo, quieren ejercer su “derecho al olvido”.
Así, el “derecho al olvido” –que el Inai defiende
por encima del derecho a la información– garan-
tizará borrar de la historia la participación de per-
sonas señaladas e incluso juzgadas por crímenes es-
pecíficos, incluso aquellos que por su naturaleza no
preescriben ante la ley, como los de lesa humanidad.
Enganchado de los siete comisionados del Inai y
del derecho de oposición y cancelación de datos per-
sonales, el panista Roberto Gil Zuarth, presidente de
lamesadirectivadelSenado,discurresobrelaimpor-
tancia de que en México se instaure definitivamen-
te el “derecho al olvido”: para propiciar “segundas
oportunidades” para gente que ha cometido “erro-
res”enelpasado(foroDerechoalolvido,tutelaintegraldela
privacidad. Visión iberoamericana, 23 de agosto de 2016).
En México, el primer caso resuelto bajo ese tér-
mino fue sobre tres enlaces de internet de la revista
Fortuna,negociosyfinanzas–esdecir,sobreinformación
periodística y de interés público– que provocaron la
ira de un empresario camionero beneficiado por su
amistad con la familia Fox-Sahagún, cuando ésta se
encontraba en la plenitud del poder.
Un obituario en el que los esquilmados cargaron
sobre su padre (Carlos Sánchez Alcántara, padrino
del grupo empresarial) una lista en la que se le in-
cluía como uno más de los rescatados por el Fondo
Bancario de Protección al Ahorro y, sobre todo, un
trabajo periodístico sobre sus negocios vitaminados
por la magnificencia presidencial y más acusaciones
de estafa en su contra (“Fraude en estrella Blanca
alcanza a Vamos México”, Ana Lilia Pérez, febre-
ro de 2007), fueron consideradas por él como una
mancilla a su honor y el de su familia, además de un
lastre para sus relaciones comerciales actuales.
El Inai lo escuchó y decidió que merecía esa
“segunda oportunidad”… Ordenando al buscador
Google censurar dicha información de sus búsque-
das (PPD.0094/14). En todo el proceso de análisis e
incluso cuando dictó su resolución, al Instituto que
supuestamente garantiza el derecho a la informa-
Aunque no está legislado, el Inai resolvió ya un caso de “derecho al olvido” en perjuicio del derecho a la información y la libertad de expresión. Solicitó a Google borrar tres enlaces de
internet de la revista Fortuna, sobre información relativa a un conflicto de interés entre el dueño de Estrella Blanca y la fundaciónVamos México, que preside Marta Sahagún
XXXX

ción de toda la población mexicana se le “olvidó”
notificar a la revista Fortuna y a la periodista, princi-
pales afectadas.
“Y ¿por qué el Inai tuvo interés en el tema?”, se
preguntó el comisionado Joel Salas. “Sólo porque es
la máxima autoridad administrativa en materia de
protección de datos personales a nivel nacional y en
un contexto de más de 50 millones de internautas la
‘nube’ se carga instantánea-
mente de malas referencias
personales” (“Derecho al
olvido. Falsos debates”.
Excélsior, 28 de agosto de
2016).
Año y medio después
de la resolución, el Juzgado
Decimoquinto de Distrito
en Materia Administrativa
de la Ciudad de México
amparó a la revista Fortuna
porque al Inai no se le ocu-
rrió llamarla como tercera
interesada. Por ese motivo, ordenó la reposición del
proceso.
Sin embargo, dicho revés no ha detenido al Ins-
tituto en su intención de instaurar el llamado “dere-
choalolvido”,términomercadológiconacidoen los
despachos de manejo de imagen, enfatiza en entre-
vista Carlos Brito, miembro de Red en Defensa de
los Derechos Digitales (R3D). El negocio de la limpia
de reputaciones está en juego, y el Inai es uno de sus
principales impulsores. “Está avanzando en el legis-
lativo y en el proyecto de Constitución de la Ciudad
de México”, agrega.
El Inai ha realizado foros, campañas en las que,
como en el caso de Carlos Sánchez de la Peña (el
empresario beneficiado por el sexenio foxista), por
regla se desdeña el derecho que, paradójicamente,
el mismo Instituto tiene como misión garantizar:
el “libre acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole por cualquier medio de expre-
sión”, consagrado en el Artículo 6 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero para los comisionados del Inai un supuesto
“derecho” particular –que ni siquiera ha sido legis-
lado– está por encima de la Constitución misma.
En entrevista con Contralínea, la comisionada Pa-
tricia Kurczyn deja claro hasta qué punto se desea
proteger lo que en el Inai entienden como “datos
personales de los particulares”: borrar información
en la red o, en dado caso, prohibir su publicación en
medios impresos.
—¿Usted qué entiende por el llamado derecho
al olvido? –se le pregunta a la comisionada del Inai
Patricia Kurczyn.
—La cancelación de
la publicación de datos
personales –responde sin
titubear.
Los datos persona-
les son definidos en la ley
como “cualquier informa-
ción concerniente a una
persona física identificada
o identificable”. Entonces,
según la comisionada, el
relato sobre los actos de al-
guien puede ser considera-
do para su “cancelación”.
“Yo me puedo oponer a que en algún momento
determinado sepan si yo firmé un contrato de com-
pra-venta de una casa. No en mi caso como servi-
dora pública –acota–. Pero una persona en lo parti-
cular, no tiene por qué estar divulgando lo que hace.
Nadie tiene derecho a exhibir sus actos personales.
Porque entonces estaríamos invadiendo la esfera de
la privacidad.”
Nada que no trate de una sentencia o de un fun-
cionario puede ser considerado como de interés pú-
blico, aduce la doctora en derecho.
“Nosotros no podemos saber si hay una situa-
ción firme (sic), que digamos esta persona ya está
sentenciada. No podemos saber si el asunto fue re-
suelto por un juez.”
—¿Para usted, pedir que se baje información no
tiene relación con el derecho al acceso a la informa-
ción consagrado en la Constitución?
—En este caso es sobre un asunto particular. Un
asunto entre particulares (Carlos Sánchez de la Peña
y Google), porque finalmente era el asunto de un se-
ñor en particular con una asociación civil particular
también (Vamos México, dela entonces primeradama
Marta Sahagún).
“Y no voy a calificar si hacían negocios o no
hacían negocios porque ésa es un área que no nos
El derecho al olvido
censura hechos de
interés público: crímenes
de Estado, corrupción,
delincuencia organizada,
delitos de cuello blanco...cuello blanco...

corresponde,muchomenosamíenformapersonal.
Pero lo que sí le puedo decir que si el señor determi-
na que su nombre está siendo utilizado y no quiere
que aparezca como tal, tiene derecho a solicitar la
cancelación de los mismos.”
En la resolución favorable al empresario –hoy sin
efectosporelamparodadoalarevistaFortuna–elInai
no discutió, ni siquiera revisó si la información que el
quejoso deseaba eliminar era de interés público. A
pesar de ello, la comisionada asegura que el mayor
interés de ella y sus colegas es conseguir un equilibrio
entre el acceso a la información y la protección de
datos, ya equiparado con el “derecho al olvido”.
“No podemos sacrificar los derechos de una per-
sona cuando no haya un interés público”, afirma.
“Cuando una persona solicita la cancelación de sus
datos personales, y si tiene la razón, lo podemos ha-
cer. Podemos pedirle a la instancia que lo tiene pu-
blicado que los baje”.
Serefierealosmedios decomunicación. “Cuan-
do una persona concede una entrevista, si el día de
mañana esa información toma un sesgo diferente, si
esa información le puede causar algún daño, pues la
persona está en su derecho de pedir que esa infor-
mación sea retirada”, dice. “Pero no si es servidor
público”, acota.
—¿Y las personas que tienen un impacto social
sin ser servidores públicos?
—Aunquealguienseamuyadinerado,congran-
des empresas y todo, eso no quiere decir que sea un
servidor público. Por más que la persona tenga una
importancia social o una importancia económica en
el país sigue siendo una persona privada con todos
los derechos que no se le pueden modificar.
“Es su derecho”, reafirma.
—¿Derecho de pedir que se elimine informa-
ción?
—Exacto. Si ya está impreso, ni modo que reti-
remos todas las revistas y todo. Lo que sí se podría
hacer es que esa documentación pues ya no se po-
dría volver a publicar. Si lo tiene en la red, sí se pue-
de eliminar, se tienen que borrar.
—¿Eso no atenta contra el derecho a la informa-
ción, contra la Constitución, doctora?
—Son datos personales. Y si la persona ya no
quiere que aparezcan, pues tenemos que hacerle
caso. Es la esfera de la privacía que está en el Artícu-
lo 16 de la Constitución.
“La presión los está llevando al punto de decir
cualquier cantidad de disparates bajo el amparo de
estos intereses”, refuta Carlos Brito, que a la vez se-
ñala la contradicción entre la razón de ser original
del Inai y la actuación actual:
“Es una paradoja que cae en el ridículo. Es in-
formación de interés público, información pública
que el Inai, en principio, nace para difundir, para
hacer accesible a la gente. Que alguien publica la
lista del Fobaproa y el Inai dice ‘generemos obstácu-
los para que esa información se sepa’, es ridículo, es
francamente sicótico, es una traición a los principios
que dieron luz a la reforma en materia de acceso a
la información y al Instituto.”
Negocio, de la mano
del Inai
Borre lo que le moleste de su pasado. Deshágase
de esos detalles incómodos. “En Eliminalia creemos
que la mejor manera de garantizar el resultado es
eliminando el contenido ‘desde la raíz’, es decir, bo-
rrar los datos que se almacenan en la propia página
web o medio de comunicación dónde se ha publi-
cado” (sic), anuncia la empresa catalana, gestora de
reputados personajes como Humberto Moreira.
“Su director, Dídac Sánchez, ha dicho que Mé-
xico tiene cuatro veces el potencial de mercado de
España”, cuenta Carlos Brito. “Es tanta la corrup-
ción y los problemas que hay en el país que la gente
tiene la necesidad de hacer desaparecer esos asun-
tos”, dijo el empresario al reportero Juan Luis Ra-
mos y, sin empacho, añadió:
“Si un político ha cometido un crimen y no se le
ha juzgado ése ya es un problema del país, no nos
toca a nosotros” (“El derecho al olvido se lo merece
todo mundo, defiende Eliminalia.com”. 24 Horas,
20 de abril de 2015).
“¿Su nombre o marca ha sido publicado en al-
gún medio de comunicación y quiere borrar todo
rastro? Nos encargamos de ello, ya lo hemos con-
seguido en MUCHAS ocasiones, SIEMPRE lo
CONSEGUIMOS” (sic), continúa la firma que
abrió una sucursal en México tras la resolución a
favor de Carlos Sánchez de la Peña.
Siempre y cuando tenga el poder y el dinero,
quien sea podría estar interesado en la goma que lim-

pia el pasado; cualquiera de quienes colman los no-
tociarios y las páginas de los medios con historias de
muerte, desapariciones forzadas, secuestros, corrup-
ción, explotación, fraude, soborno, despojo…
“Se puede entonces explicar por qué ha habi-
do tanta presión por llevar esto a la regulación por
medio del Inai y la Ley [General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares]”, ra-
zona Carlos Brito.
Se trata del siguiente paso en el negocio del ma-
nejo de la imagen pública: la reconstrucción de una
reputación a partir de la eliminación de informa-
ción adversa gracias a una herramienta disfrazada
de “derecho”.
“Está pensado para eso. Está manufacturado
como estrategia de mercadotecnia. El hecho de lla-
marle ‘derecho-al-olvido’”, explica en entrevista el
abogado de la R3D, que remarca la procedencia
corporativa del término: ni legislativa ni jurídica,
sino de firmas como la que ahora se encarga del ho-
nor del exgobernador Moreira.
“El Tribunal de Justicia Europea jamás le llama
así en la resolución que emite –y en la cual se apoyó
el Inai–. Si le llama así es porque cita a los despachos
y nada más”.
Para la comisionada Patricia Kurczyn no hay
nada raro o nocivo en el negocio que de la mano del
Inai está progresando.
—Ahora se ofrece dicho olvido como una mer-
cancía, doctora –se le comenta.
—Es naturalmente el ejercicio libre de la profe-
sión. Es una actividad completamente lícita que se
puede desempeñar.
Choque de derechos
El Instituto ha basado la discusión en el derecho
de las personas a la protección de sus datos perso-
nales, manto con el que se le da un aire de legalidad
al término mercadológico “derecho al olvido”.
Los derechos de acceso a la información y de
protección de datos personales se enfrentan y el Inai
es el órgano encargado de ejercer como árbitro.
“Cuando se produce un choque de derechos se
da una situación trágica”, apunta el jurista Roberto
Gargarella. “¿Por qué? –continúa– Porque nos en-
Con el derecho al olvido, el pleno del Inai (en la imagen) pretende censurar informaciones periodísticas e históricas en soportes impresos, electrónicos y digitales. En riesgo, los
derechos constitucionales a la información y la libre expresión
DIEGOSIMÓNSÁNCHEZ/CUARTOSCURO

contramos frente a dos derechos reclamando por el
mismo espacio, peleando por el mismo lugar, y que
solo uno de ellos puede preservar. Alguno de los de-
rechos va a perder”.
En tales casos de pugna, quien resuelva está obli-
gado a justificar la ponderación entre uno y otro de-
recho, dice Gargarella. Y una fórmula para resolver
la jerarquización inevitable, sugiere, es seguir la ruta
“de que el último derecho a ser retirado, o sea, el
que más hay que cuidar es el que está más cerca del
nervio democrático de la Constitución […] hacer el
máximo esfuerzo por preservar hasta el final aque-
llos derechos que estés más cerca del corazón de la
Constitución”, el cual “tiene que ver con las reglas
básicas del juego democrático”.
Por tanto, derechos como la libre expresión o
el acceso a la información “merecen ocupar un
lugar muy especial dentro de nuestra escala de de-
rechos”.
Y el doctor en derecho por las universidades de
Buenos Aires y Chicago va más allá: los derechos
más cercanos al corazón de la Constitución “deben
serobjetodeunaprotecciónespecial.Ymástodavía,
dentro de los derechos vinculados con la libertad de
expresión, encontramos subderechos que merecen
una protección aún más especial”. Por ejemplo: el
derecho de criticar a los hombres ejerciendo el po-
der, sea público o fáctico.
Para el abogado y sociólogo argentino, el deber
más importante de los juzgadores –entre los que se
puede incluir a los comisionados del Inai aunque no
sean parte del Poder Judicial– “es el de proteger al
que habla, sobre todo si se trata de una voz que pre-
tende presentar una crítica contra quienes ejercen el
poder. Esta voz es la que más necesita ser protegida”
(Carta abierta sobre la intolerancia, apuntes sobre derecho y
protesta. Siglo XXI Editores, 2006).
En el caso Carlos Sánchez de la Peña-Goo-
gle-Fortuna, el derecho a la información fue el que
perdió, el sacrificado en una pugna en la que ni si-
quiera se le consideró, pues el Inai no ponderó entre
el interés público de la información sobre el empre-
sario foxista y su honor e intereses comerciales… y
resolvió proteger su nombre sin reparar en las histo-
rias de relaciones de poder que de él y su familia se
desprenden.
En el caso Carlos Sánchez de la Peña-Google-Fortuna, el derecho a la información perdió: el Inai “olvidó” llamar a la revista como tercera interesada, y tampoco ponderó entre el
interés público de la información sobre el empresario foxista y su honor e intereses comerciales
123RF

INVESTIGACIÓN CAPITALES
2 MIL TRABAJADORES
EN EL LIMBO
OCEANOGRAFÍA

INVESTIGACIÓNCAPITALES
En medio del proceso de
quiebra de Oceanografía,
2 mil trabajadores esperan
el remate de activos de la
naviera para que reciban
su liquidación conforme
a la ley, reconoce el Sae.
Para los afectados, ésta es
una maniobra dilatoria para
obligarlos a negociar en
condiciones desventajosas
M
ientras el Sistema de Administración
y Enajenación de Bienes (Sae) calcula
el monto que obtendrá por el remate
de los activos de Oceanografía, al menos 2 mil
trabajadores de la empresa sobreviven con la
esperanza de recibir su liquidación por años de
labor en la naviera, la más beneficiada por Petró-
leos Mexicanos y declarada en quiebra apenas la
primera semana de agosto.
Y es que ante la exigencia de liquidación, la
respuesta del Sae es tajante: “si los trabajadores
solicitan el pago de todos sus derechos, llevare-
mos el proceso a juicio laboral, durará años, y
cuando ganen el juicio ya no habrá propiedades
para vender y se quedaran sin dinero”, fue la ad-
vertencia de Humberto Cavazos Chena y Pablo
González, director de Oceanografía y director
del Departamento Legal del Sae, respectiva-
mente.
Durante una reunión de trabajadores con
ambos funcionarios, celebrada la primera se-
mana de septiembre en las oficinas del Sae, los
JOSÉ RÉYEZ
ILSEHUESCAS/CUARTOSCURO

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