Varios testimonios denuncian que la instalación del macroproyecto TCBuen, cuyo socio mayoritario es el grupo catalán TCB, supuso el desalojo forzado de varias familias y el empeoramiento de sus condiciones de vida Trabajadores de la empresa denuncian la dificultad para acceder al almuerzo durante la jornada laboral y campañas antisindicales La empresa TCBuen niega que se haya forzado la marcha de familias

1. Comunidades locales denuncian abusos de una empresa catalana
en el mayor puerto de Colombia
Varios testimonios denuncian que la instalación del macroproyecto
TCBuen, cuyo socio mayoritario es el grupo catalán TCB, supuso el
desalojo forzado de varias familias y el empeoramiento de sus
condiciones de vida
Trabajadores de la empresa denuncian la dificultad para acceder al
almuerzo durante la jornada laboral y campañas antisindicales
La empresa TCBuen niega que se haya forzado la marcha de familias
Blanca Blay - Buenaventura (Colombia)
11/05/2016 – El Diario.es. Desalambre
Un pescador mira desde su barca hacia la bahía de
Buenaventura. BLANCA BLAY
Buenaventura es el principal puerto del pacífico colombiano –por aquí
salen el 60% de las exportaciones comerciales del país– y una de las
ciudades portuarias de la costa litoral pacífica de América Latina más
importantes. Grupos como el catalán Terminal de Contenidors de
Barcelona (TCB), socio mayoritario de Terminal de Contenedores de
Buenaventura (TCBuen), vieron en este lugar una oportunidad de
negocio, por lo que están ampliando la terminal. Desde los barrios,
distintas comunidades locales denuncian que la instalación de la
empresa supuso el desalojo forzado de varias familias y la acusan del
empeoramiento de las condiciones de vida para los vecinos de las
zonas situadas junto a las vallas de la empresa.

2. En pleno proceso de paz en Colombia y con todas las miradas puestas
en las conversaciones en La Habana para conseguir el fin del conflicto
entre el Gobierno y las FARC, comunidades locales como las de
Buenaventura corren el riesgo de seguir siendo olvidadas. Además de
sufrir la violencia del conflicto, padecen el desarrollo que
supuestamente acompaña la inversión extranjera y los
macroproyectos en el país, no ven que su situación de vulnerabilidad
vaya a cambiar en los próximos años y piensan que raramente
notarán algún cambio en su vida tras la firma de los acuerdos de paz.
Los habitantes de Buenaventura se autodenominan víctimas del
desarrollo por el impacto de los macroproyectos en las comunidades
locales –en estos momentos hay 16 macroproyectos alrededor del
puerto– y temen que su situación pueda empeorar tras los acuerdos
de paz. La semana pasada el presidente de la Bolsa de Valores, Juan
Pablo Córdoba, aseguraba precisamente que con la firma de la paz
Colombia podrá atraer más inversión extranjera y nuevas
oportunidades de negocios que van a fortalecer a la economía.
Uno de los macroproyectos en Buenaventura es el de la empresa
Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), en el que el
socio mayoritario –con un 60,19% de las acciones– es el Grup
Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB). La empresa catalana ha
sido adquirida recientemente por la compañía con sede en Holanda
APM Terminals, del grupo danés Maersk. Precisamente el hasta hace
poco presidente de la junta directiva de TCBuen y accionista
mayoritario del Grup TCB, el empresario español Ángel Pérez Maura,
está implicado en un caso de presunta corrupción para quedarse con
la concesión de la terminal en Puerto Quetzal, Guatemala.
Buenaventura: inversión en el puerto, no en la comunidad
"Cuando escuchamos que una empresa española, TCB, iba a venir al
puerto de Buenaventura nos alegramos, las expectativas eran
buenas", comenta un joven trabajador de TCBuen, la empresa que en
2011 empezó a operar en esta ciudad portuaria. Sin embargo, tras
cinco años de funcionamiento de TCBuen –una de las 13 terminales
marítimas en todo el mundo en las que el Grup Maritim TCB participa
como inversionista y gestor–, los vecinos de esta ciudad colombiana
lamentan no estar entre los beneficiados los proyectos que, como
TCBuen, han llegado tras la privatización de la gestión del puerto en
los años 90.

3. Una grúa en la terminal de TCBuen, en Buenaventura,
Colombia. BLANCA BLAY
"Al Estado no le interesa invertir en Buenaventura como ciudad, sólo
como puerto", explica Jesús Hernando Rodríguez, máximo
responsable de la Personería de la ciudad, órgano administrativo que
se encarga de proteger los derechos humanos de la población.
Mientras Buenaventura es el primer puerto del pacífico colombiano y
se invierten millones de dólares en éste, la ciudad permanece como
una de las más pobres de Colombia y presenta unos índices de
violencia muy altos: 8.700 muertes desde 1998. "En Buenaventura
conviven la riqueza absoluta con la miseria absoluta", señalaba hace
unos días la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Senado, Sofía Gaviria.
Mientras el puerto crece, los cerca de 400.000 habitantes de
Buenaventura tienen que desplazarse tres horas para ir a un hospital
público, el acceso al agua potable es limitado –y en algunas zonas
incluso no llega– y de los 90.000 niños que hay solo un 60% puede
ser atendido de manera integral.
Desalojos y desplazamientos forzados
El grupo TCB, con sede social en Barcelona, se interesó en
Buenaventura por su estratégica situación. En 2008-2009 empezó la
construcción de la base operadora de TCBuen (Terminal de
Contenedores de Buenaventura) y en enero de 2011 atracaba el
primer barco en la terminal del puerto. "La construcción empezó
desconociendo que ahí [en los barrios] habita una comunidad negra.
Nos quedamos sin espacios comunitarios, sin cancha", explica Víctor,

4. del barrio de Santa Fe, que se encuentra en la comuna distrital (como
ahí le llaman a los distritos) donde TCBuen opera.
El barrio de la Inmaculada, en Buenaventura (Colombia), con los
contenedores de TCBuen al fondo. BLANCA BLAY
Él y otros habitantes de los barrios más afectados por este proyecto
portuario denuncian que los macroproyectos –y entre ellos TCBuen–
han desalojado familias enteras de sus casas y ha forzado en otros
casos la marcha de sus viviendas a través de la coacción, con el
aumento de la violencia en la zona. "La violencia de los grupos
armados no es un fin, es un medio para los macroproyectos, por eso
somos víctimas del desarrollo", señalaba hace unos días una vecina
que participó en la Audiencia Pública organizada en la Universidad del
Valle, en la ciudad, mientras el vicepresidente de Colombia
participaba en la inauguración de la segunda fase de ampliación de
TCBuen.
En cualquier caso, la empresa TCBuen niega rotundamente que se
haya forzado la marcha de familias. Su gerente, Miguel Ruiz, asegura
que la construcción de la base operativa en la Bahía de Buenaventura
afectó sólo a 33 familias –a quienes según él se les facilitó una
vivienda en otra zona de la ciudad– y que la ampliación no provoca
más afectaciones.
Empeoramiento de las condiciones de vida

5. Rocío es representante de la Comuna 5. Denuncia que la actividad de
TCBuen provoca a las familias que viven al lado de la base operadora
que lo hagan en peores condiciones. El déficit de vivienda es un
problema en esta ciudad pero con los temblores provocados por la
actividad de TCBuen las familias temen que sus casas, a menudo
hechas de madera y poco consistentes, puedan verse afectadas.
"Vivimos con la zozobra que nuestras viviendas vayan a venirse
abajo", dice. Además, sostiene que tienen que soportar ruidos muy
fuertes y filas de muleros (camiones) haciendo fila. "En este barrio [el
de la Inmaculada] vivimos marginados, y el agua que nos llega está
sucia y contaminada", añade.
Un niño juega entre los escombros donde antes había una vivienda,
con los contenedores de TCBuen de fondo, en el barrio de la
Inmaculada. BLANCA BLAY
Según el personero Jesús Hernando Rodríguez, en este barrio
literalmente al lado de TCBuen, sus habitantes pueden estar hasta
tres, cuatro o cinco días sin agua potable y las carreteras están en
pleno abandono mientras que los camiones que cargan contenedores
de esta empresa pasan por una carretera nueva que se construyó con
este objetivo.
Miguel Ruiz, gerente de TCBuen, conoce las quejas de la comunidad
pero justifica que la mayoría de casas están asentadas en terrenos
muy frágiles y por eso se resquebrajan. Para él, los controles hechos
por la empresa han demostrado que la vibración que provoca la

6. actividad de la empresa no afecta a las viviendas, excepto en el caso
de algunas viviendas palafíticas –chabolas construidas en terrenos
ganados al mar–. Respecto al ruido, explica que la empresa ha
adoptado algunas medidas como limitar las horas operativas en las
zonas más próximas.
Tanto Rocío como Víctor, del barrio de Santa Fe, también al lado de
TCBuen, aseguran además que tras el inicio de la actividad de
transporte de contenedores, los pescadores y las piangueras –
mujeres que recolectan pianguas, una especie de molusco, como
modus vivendi– han perdido el acceso a los esteros, las bocanas y los
manglares.
Una mujer recoge pianguas entre el barro, en Buenaventura
(Colombia). BLANCA BLAY
Empleados de TCBuen: "Trabajamos 12 horas seguidas"
Según datos de TCBuen, uno de los impactos positivos de la empresa
es la creación de empleo: entre 350 y 400 empleos directos y cerca
de 400 indirectos y hasta 2.000 en casos puntuales, como por
ejemplo cuando se han hecho construcciones. TCBuen asegura que
garantiza los derechos laborales pero algunos trabajadores de la
empresa denuncian las largas jornadas de trabajo –hasta diez o doce
horas en algunos casos–, la dificultad para poder acceder al almuerzo
durante la jornada de trabajo o las campañas antisindicales que se
han hecho. Los trabajadores del puerto dicen que "es un delito

7. enfermarse en el puerto, los jefes se convierten en médicos" que
juzgan la salud de los trabajadores.
Recientemente cerca de 70 personas se han afiliado al Sindicato
Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios de la industria del
Transporte en Colombia, desde donde esperan conseguir negociar con
la empresa por sus derechos.
Desarrollo, pero ¿para quién?
Más allá de la actividad que lleva a cabo TCBuen, las comunidades
locales, en un 90% afrocolombiana y con fuerte presencia de
comunidades indígenas, denuncian que el problema está en el modelo
de desarrollo de los gobiernos que apuestan por los grandes
proyectos –TCBuen es solo uno de los 16 macroproyectos
relacionados con el puerto– y no invierten en las comunidades donde
estos se instalan.
En el barrio de San José, el primer barrio del casco urbano de
Buenaventura, Álvaro, un vecino que vive de la compra y venta de
marisco, se queja de que el dinero para la mejora de la vivienda no
se ha visto por ningún lado y lamenta que no se escuche a las
personas que habitan en zonas donde se instalan las grandes
empresas. "No cuentan que nosotros hemos vivido siempre cerca del
mar y que vivimos de éste", asegura refiriéndose a los casos de las
familias que han sido trasladadas a zonas alejadas de la bahía.
Un niño en el barrio de San José, en Buenaventura. BLANCA BLAY

8. No hubo consulta previa como obliga la OIT
"No hay necesidad de más normas, las normas están claras pero no
sé si los funcionarios no las aplican por desconocimiento o por
corrupción, me inclino más por la última", asegura el personero Jesús
Hernando Rodríguez. Uno de los incumplimientos más denunciados
por las comunidades locales es el de la Ley del derecho a la consulta
previa a los pueblos indígenas u originarios que establece el Convenio
169 de la OIT, incorporado a la Constitución colombiana, y la Ley 70
específica para la población afrodescendiente.
Según la ley de consulta previa, los pueblos indígenas u originarios
tienen derecho a ser consultados de forma previa sobre las medidas
legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos
colectivos, así como cuando se prevé efectuar planes, programas o
proyectos de desarrollo nacional y regional.
En el caso de TCBuen, por ejemplo, no se efectuó consulta previa a
las comunidades porque según Miguel Ruiz, la empresa no estaba
obligada a hacerla. El obispo de Buenaventura, Héctor Epalza,
reconocido por la comunidad y amenazado de muerte en más de una
ocasión, asegura que el Gobierno colombiano "por interés económico
dijo que no existía ninguna comunidad en esta zona".
Precisamente para luchar por los derechos de las comunidades nace
el Comité Interorganizacional, que reúne organizaciones como el
Proceso de Comunidades Negras. Uno de sus miembros explica que
han habilitado espacios para formar a la gente en derechos humanos
y han impulsado campañas como 'Marcando Territorio' para
empoderarse. "Como negros queríamos aparecer en el mapa de
Colombia", asegura este joven.
Mientras que TCBuen tiene la concesión para la gestión de la terminal
hasta 2044 y otras grandes empresas siguen fijándose en espacios
geoestratégicos, las comunidades reivindican sus derechos con la voz
alta, sin temblar y al unísono: "Esta tierra es nuestra, completamente
nuestra", gritan como un mantra.
--
Nota: Por su seguridad, se ha conservado el anonimato de algunos de
los testimonios que recoge este reportaje. El viaje y la estancia de la
enviada especial de Catalunya Plural a Buenaventura han sido
sufragados por la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a
Colòmbia.