Hemos leído con atención el Informe de Amnistía Internacional 2001 titulado “Colombia: Eso es lo que exigimos nosotras. Que se haga justicia” y causa una sensación de desasosiego constatar que también en los delitos sexuales la impunidad es la regla.

1. Las fuerzas del Estado colombiano son responsables del 98 por ciento de la violencia sexual a mujeres en Colombia
FOTO: unimedicos
Por: NotiColombia Press 7 de septiembre de 2014
Hemos leído con atención el Informe de Amnistía Internacional 2001 titulado “Colombia: Eso es lo que exigimos nosotras. Que se haga justicia” y causa una sensación de desasosiego constatar que también en los delitos sexuales la impunidad es la regla.
Desde hace muchos años en NotiColombia Press hemos señalado que las fuerzas militares-narcoparamilitares son “braguetas rápidas”, así como lo son a la hora de disparar el “otro fusil” contra el pueblo colombiano. Afortunadamente en ciertas ONGs nuestro llamamiento y nuestras denuncias no han caído en oídos sordos.

2. AI “reveló que de los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó investigar “los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5 %, las fuerzas de seguridad del 19,4 % y los paramilitares del 45,8 %”.” Lo primero que llama la atención es que la Agencia EFE, autora del despacho que reproduce Pacocol, coloca en primera instancia a la organización a quien menos se le imputan casos de violencia sexual como para que el efecto visual lo convierta de entrada en el mayor responsable. Creemos que lo correcto es reseñar y resaltar que las fuerzas militares-narcoparamilitares son causantes de al menos el 65,2% de los casos de violaciones. Estudios del CCJ muestran otra realidad: el estado es responsable del 98% de las violaciones.
Lo segundo es que estas estadísticas son apenas de los poquísimos casos que se han podido investigar, y si es supremamente difícil estudiar el fenómeno en la vida civil por el miedo y la vergüenza de las mujeres a denunciar el hecho, denunciarlo ante actores armados es casí que imposible (81% no lo hace). Sin embargo, son en éstos casos en los que más se ha hecho énfasis.
La impunidad es casi total -99%- en los delitos relacionados con el conflicto interno colombiano, es decir, el 99% de violaciones de derechos humanos no se judicializa por falta de voluntad política de castigar a los responsables y las presiones de las fuerzas militares están a la orden del día, sobre todo con el tema del “fuero militar”, que dejaría las manos sueltas para cometer violaciones de todo tipo, incluidas las violaciones sexuales contra mujeres y hombres.
Sin embargo, vemos una tendencia a estigmatizar a la guerrilla como culpable de la comisión de estos delitos aun cuando el Reglamento Interno de las FARC y el ELN castiga severamente los delitos sexuales, es decir, en la guerrilla quien viole a una mujer o un hombre o un niño se enfrenta a un “Consejo Revolucionario de Guerra” y la sanción que le espera –si es encontrado culpable- es el fusilamiento, o sea, paga con su vida el violador.
Esa estigmatización la vemos presente en un artículo titulado “Amnistía Internacional señala fallas de la Justica en reparaciones a mujeres víctimas de violencia sexual”, firmado por Camila Queiroz, periodista de ADITAL, quien afirma: “En él (el Informe de AI), más de doce víctimas, bajo pseudónimos, obtienen voz a partir de la reproducción de sus declaraciones. Son historias como la de Angélica, diez años bajo el poder de un propietario de tierra a quien identifica como colaborador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La mujer fue esclavizada doméstica y sexualmente y años después, desamparada por

3. el Estado, vio que su destino se repetía con su hija, violada dos veces a los 13 años, en 2008”.
Es necesario develar que nadie tiene la culpa de que un supuesto “colaborador” de las FARC tenga sus aberraciones desconocidas y toca aplicar aquel proverbio que reza: “Toda persona es honrada hasta que deja de serlo”. La organización guerrillera no es culpable ni puede ser estigmatizada por las aberraciones de un supuesto colaborador, pero ya el agua sucia le ha sido tirada a la organización guerrillera no sabemos con qué intención y bajo qué preceptos. Lo que si conocemos de primera mano por nuestras correrías profesionales por zonas de control guerrillero es que incluso hombres que han abusado de sus hijas menores –una práctica corriente entre terratenientes y algunos campesinos- han tenido que enfrentar la justicia revolucionaria de las FARC y el ELN y recibido el castigo que amerita su delito.
Más acertada parece ser la posición de la directora del Programa Regional para América de AI, Susan Lee, quien señala que “si bien desde que Juan Manuel Santos tomó posesión como presidente, en agosto de 2010, su Gobierno “ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos”, aún no han “visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la Justicia a los responsables de abusos, incluidos los de violencia sexual”. Y enfáticamente acusa: “Las autoridades colombianas “no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual”, según lo afirmado en el documento.
Hemos también abordado las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en el conflicto interno colombiano en los artículos “Mujer y Conflicto Interno – I” y “Mujer y Conflicto Interno – II”, los cuales hacen parte del libro “Plan Colombia y Conflicto Interno colombiano”.
Estamos claros que la mujer dejará de sufrir las violaciones de sus derechos humanos –incluido los derechos sexuales- cuando construyamos la Nueva Colombia. En esa Nueva Colombia ella ocupará el lugar privilegiado que le corresponde, el de “laboratorio de vida” que le ha sido asignado por la Naturaleza, y jamás volverán a ser tratadas como “trofeos de guerra”.