1. En el marco de los diálogos por la paz, Estado es denunciado por no
solucionar delitos sexuales contra mujeres en el conflicto armado
Natasha Pitts. Periodista de Adital
En el contexto de la inminencia del comienzo de los diálogos de paz, agendados
para el 15 de octubre entre la guerrilla y el gobierno, Amnistía Internacional (AI)
reitera su pedido a las autoridades colombianas para que elaboren y apliquen un
plan de acción efectivo e integral para abordar la violencia sexual hacia las
mujeres y apoyen el proyecto de ley, actualmente en debate en el Congreso, que
garantiza a las víctimas de violencia sexual en ocasión del conflicto armado,
acceso a la justicia.
El posicionamiento fue realizado a causa del informe en relación con Colombia y
la situación de violencia sexual contra mujeres y niñas en el contexto del
conflicto armado interno, divulgado hoy (4). En el documento,
titulado Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia
sexual cometidos en el conflicto, se denuncia la falta de acción de parte de las
autoridades para terminar con este delito.
En el informe se hace un análisis de las medidas tomadas por el gobierno de
Juan Manuel Santos el último año para averiguar si la violencia sexual contra
ellas estaba siendo combatida debidamente y si los acusado estaban siendo
castigados por la justicia. Sin embargo, lo que AI detectó fue la ausencia de
avances reales. En el informe se señala que los acusados ni llegan a prestar
declaración ante la justicia. De esta forma, la impunidad sigue asegurando la
continuidad de los ataques a mujeres y niñas.
"Al no investigar efectivamente la violencia sexual contra la mujer, las
autoridades de Colombia transmiten a los perpetradores el peligroso mensaje de
que pueden seguir violando y cometiendo abusos sexuales sin temor a las
consecuencias”, declaró Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de
Amnistía Internacional.
Ante esto, Pollack recomienda que el respeto de los derechos humanos esté en el
tope de la pauta de los diálogos de paz que el gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc) van iniciar a partir del próximo día 15. "Sin
un compromiso claro de todas las partes del conflicto para poner fin a la

2. violencia sexual y a otros abusos contra los derechos humanos no puede haber
una paz duradera y estable en Colombia”, complementó.
De acuerdo con Amnistía, las mujeres son elegidas como víctimas de violencia
sexual para esparcir el terror en las comunidades y obligarlas a abandonar sus
tierras; para vengarse de enemigos; controlar los derechos sexuales y
reproductivos de las combatientes o hacer de mujeres y niñas esclavas sexuales.
En el informe se señala que las defensoras de derechos humanos que actúan
contra este delito y se atreven a denunciar terminan siendo blancos de
amenazas y ataques. Las propias víctimas se privan de denunciar sus casos a las
autoridades. Esto ocurre porque algunas están muy amedrentadas para hablar,
otras temen el estigma originado por ser una sobreviviente de violencia sexual,
mientras que otras creen que el caso no será investigado con efectividad.
Además de estos factores, la propia justicia colombiana obstaculiza las
denuncias. AI investigó que las víctimas no cuentan con seguridad efectiva;
además, muchas padecen prejuicio por parte de las autoridades judiciales, y
también existe la falta de estrategias para combatir la impunidad. Otros
problemas graves señalados por Amnistía se refieren a la falta de fondos y a la
infiltración de miembros de grupos armados ilegales en instituciones estatales
locales.
A pesar de algunas iniciativas legislativas como la presentación de proyectos de
ley y de que el vicepresidente, Angelino Garzón, ha expresado públicamente su
compromiso para que se haga justicia en estos casos, todavía hay mucho por
hacer. La organización recuerda con preocupación el hecho de que el ‘Marco
Legal para la Paz’ (proyecto de ley que permitiría una eventual negociación con
los grupos armados ilegales) permite que los autores de abusos contra los
derechos humanos se beneficien de amnistía.
"Si Colombia sigue sin poder hacer que los responsables de crímenes sexuales
relacionados con el conflicto respondan ante la justicia por sus actos, o no está
realmente dispuesta a hacerlo, podría ser necesaria la intervención de la Corte
Penal Internacional”, alerta Marcelo Pollack.
Informe completo: www.amnistia.cl/web/prensa/InformeColombia.pdf