1. POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA,<br />¿TERRORISMO DE ESTADO?<br /> “Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”<br />Aldous Huxley<br />Por: Jorge Luis Montoya Villegas<br />La política de seguridad democrática es un claro ejemplo de terrorismo de Estado. En el presente escrito pretendo exponer las razones que justifican la ubicación de la política de seguridad democrática, caballo de batalla del ex presidente Álvaro Uribe Vélez en sus ocho años de gobierno, dentro de lo que se entiende hoy día como terrorismo de Estado. Cabe de antemano aclarar dos cosas: en primer lugar, que el terrorismo de Estado en Colombia no se inicia con la política de seguridad democrática, puesto que antes ya se evidenciaron otras formas como lo ocurrido con el exterminio de <br />La Unión Patriótica; en segundo lugar, que cuando se habla de terrorismo de Estado debemos diferenciarlo del subestatal porque las implicaciones de uno y otro son diferentes. Por lo tanto, no es comparable el terrorismo que realizan las guerrillas colombianas con el que comete el Estado si miramos los compromisos asumidos por uno y otro para con la nación colombiana.<br />La política de seguridad democrática inicia en el año 2002 con la llegada a la presidencia del “señor” Álvaro Uribe Vélez y fue instaurada como mecanismo “idóneo” para combatir los grupos al margen de la ley; en especial, a la guerrilla de las Farc, haciendo creer a la población que el principal problema que afronta Colombia son estos grupos. Sin embargo, esta política tuvo gran dificultad cuando empezaron a salir a la luz pública hechos donde se vio afectada la población civil a manos de las fuerzas militares, quienes abusando de su poder, asesinaron campesinos y violaron otros derechos humanos a un número no menor de tres mil nacionales ajenos al conflicto.<br />Para sustentar mi posición frente a lo que ha sido llamado por muchos como política de inseguridad democrática, en un primer momento, abordaré lo concerniente al terrorismo de Estado con el fin de conocer sobre el tema y poner las bases para sostener que la política de seguridad democrática se convirtió en terrorismo de Estado. En segundo lugar, reflexionaré sobre los derechos humanos, lo que significan y el papel del Estado en la protección de estos. Por último, analizaré la inmersión de la política de seguridad democrática dentro de la concepción de terrorismo de Estado.<br />Si bien el terrorismo de Estado es un tema de difícil conceptualización, se puede entender a partir de acciones concretas que realizan los Estados en contra de sectores de la población civil como son las persecuciones, homicidios, privaciones indebidas de la libertad, entre otras. La implementación de este modelo de terror en América Latina fue producto de la intervención Estadounidense que brindó “adiestramiento de las fuerzas militares… con base en la teoría del enemigo interno”. Esta teoría que buscaba acabar con todo aquel que representara una amenaza para el statu quo se convirtió en una persecución macabra encaminada a atemorizar a la población mediante acciones abusivas que incluían torturas y homicidios ocasionando genocidios en muchos de los Estados, como fue el caso de Pinochet en Chile. <br />A lo anterior debe sumársele que estas acciones terroristas no sólo van encaminadas a aniquilar todo lo que represente amenaza, sino que los Estados que han utilizado el terror lo hacen también para “[…] estigmatizar sectores sociales identificados con determinada ideología política”. Con respecto a esta última afirmación podemos analizar, como terrorismo de Estado, el fenómeno de las chuzadas ilegales ocurridas durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe, donde las investigaciones demostraron que se buscaba, entre otras, aprovecharse de dicha acción ilícita para utilizar conversaciones que pudieran desprestigiar a la oposición, a los magistrados y periodistas que se habían vuelto piedra en el zapato para los intereses del gobierno de turno.<br />En el ejemplo de las chuzadas la acción terrorista se realizó mediante órganos estatales –como ha sido comprobado por la fiscalía- sin embargo, es mayor la dificultad para determinar quién o quiénes son los actores encargados de realizar acciones terroristas “cuando existen grupos al margen de la ley que en alianza con agentes estatales cometen atentados terroristas y crímenes de lesa humanidad”. Lamentablemente Colombia no es ajena a este tipo de situaciones, claros ejemplos de terrorismo estatal se evidencian, cuando se analiza dentro del conflicto armado – no reconocido por el ex presidente Uribe- la acción de los llamados grupos paramilitares o autodefensas. <br />Para la población colombiana no es un secreto que estos grupos derivan de las llamadas Convivir (Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la autodefensa agraria) creadas por Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia. Estos grupos se iniciaron con la finalidad de defender los campesinos de las acciones de los grupos guerrilleros; lo cierto es que fueron grupos patrocinados por agentes estatales y al tomar fuerza tanto militar como en su número de integrantes, se convirtieron en sinónimo de terror para la población al realizar masacres, desplazamientos y amenazas contra todos aquellos que consideraran pertenecientes a algún grupo guerrillero. Entre las acciones más sanguinarias se encuentra la masacre del Salado en Bolívar, Bojayá en el Chocó y Saiza en el departamento de Córdoba, esta última conocida de primera mano por quien escribe el presente texto.<br />Colombia ha sido condenada internacionalmente por algunas de las acciones cometidas por estos grupos terroristas al servicio del Estado; sin embargo, esas alianzas macabras entre Estado y grupos armados no son más que el reflejo de una doble moral por parte de quienes tienen el control de los destinos del país; puesto que, mientras se jactan públicamente de ser grandes defensores de los Derechos Humanos, en la privacidad son gestores y defensores de estos grupos que no sólo se dedicaron a matar guerrilleros sino a todo aquel que públicamente se declaraba crítico del gobierno de turno y real defensor de los Derechos Humanos, como fue el caso de Jesús María Valle Jaramillo quien murió asesinado por orden de Carlos Castaño uno de los grandes jefes paramilitares*. <br />Estas acciones conjuntas del Estado y paramilitares no es más que la aplicación hoy día de lo aprendido en la escuela de las Américas gracias a la teoría del enemigo interno enseñada por Estados Unidos, lo que en palabras más sencillas no puede catalogarse sino como terrorismo de Estado. <br />Al calificar las acciones realizadas en el gobierno pasado, dentro del marco de la política de seguridad democrática, como terrorismo de Estado, se ha hecho mención repetidas veces al concepto Derechos Humanos. Es importante entender que estos derechos “protegen valores fundamentales e inherentes a todo ser humano”, es decir, por el sólo hecho de existir somos propietarios de unas garantías que deben ser reconocidas y protegidas por los Estados. Entre esas garantías están el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. <br />El Estado colombiano – más directamente sus gobernantes- parecen haber olvidado su compromiso de proteger estos derechos y sólo reaccionan cuando internacionalmente son presionados a hacerlo. Cada día son más los casos de violación a los derechos humanos acaecidos dentro del Estado, donde siguen aumentando entre otros las ejecuciones extrajudiciales. Es necesario aclarar que cuando se habla de la violación a los Derechos Humanos en Colombia, se hace referencia a “toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera […] uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho internacional de los Derechos Humanos”. Al analizar esta definición se logra entender la responsabilidad de Colombia cuando sus militares matan civiles, funcionarios del DAS realizan chuzadas ilegales y cuando grupos paramilitares como agentes indirectos del Estado masacran compatriotas.<br />Es importante tener en cuenta que todos los ejemplos que se han tomado sobre Colombia son basados durante el marco de la política de seguridad democrática; política ésta que propone un papel más participativo de la sociedad frente a la lucha contra los grupos insurgentes, algo parecido a como iniciaron las Convivir. Sin embargo, “existe información fiable de la que se deduce la existencia de una relación directa entre la implementación de esa política [seguridad democrática] y el deterioro de la situación de derechos humanos en el país”. No obstante lo sostenido por la misión, el gobierno del ex presidente Uribe, en alianza con los medios de comunicación, ha ocultado las verdaderas consecuencias de la política de seguridad democrática que ha sido una política de guerra basada en crear terror entre los colombianos.<br />Dentro del papel participativo que se pretende asuma la sociedad, se ha establecido el pago de recompensas a quienes den información sobre miembros de grupos guerrilleros o auxiliadores de estos. Este ha sido uno de los más grandes errores cometidos en la aplicación de dicha política pues ha ocasionado que personas inocentes sean señaladas de pertenecer a grupos ilegales sólo para obtener una suma de dinero*. <br />Además de lo anterior, uno de los hechos que más se ha desarrollado en esta forma de terrorismo de Estado son los mal llamados quot;
falsos positivosquot;
o ejecuciones extrajudiciales, que consisten en “la privación arbitraria de la vida de una o varias personas, por parte de agentes estatales”. Lo que se buscaba era demostrar que la inversión que se hizo en la guerra daba sus “frutos”. Pero lo más terrible de estos casos es el salvajismo con que actúan los militares al momento de cometer estos delitos puesto que “en casi todos los casos la ejecución estuvo antecedida por la detención arbitraria de la víctima y […] durante las capturas se cometieron otras violaciones como torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes contra la víctima y los familiares” . <br />Si todas estas conductas descritas se enmarcan dentro de lo que se conoce como violación de los Derechos Humanos; las violaciones a estos derechos deben ser consideradas terrorismo de Estado. El Estado colombiano en la aplicación de la política de seguridad democrática lo que hizo fue aplicar el terrorismo de Estado.<br />No se puede olvidar que en Colombia se sigue aplicando el terrorismo de Estado, según se ha demostrado en el presente escrito. La existencia de violaciones a los Derechos Humanos no ha dejado de ser una realidad, como lo han corroborado más de siete ONGs quienes señalaron ante la comisión interamericana de Derechos Humanos “que persisten las violaciones de la fuerza pública, las desapariciones forzadas y la persecución contra sindicalistas en el país”. Esto hace pensar que el Estado sigue indiferente ante los abusos de la fuerza pública. Pero qué más se puede esperar cuando el gobierno de turno es continuador de lo hecho por el anterior y ha decidido mantener la política de seguridad democrática, es decir, mantener el terrorismo de Estado.<br />Para terminar, propongo analizar uno de los muchos casos ocurridos en vigencia la política de seguridad democrática, y meditar si en el se evidencia o no violación a los Derechos Humanos por parte del Estado, es decir, terrorismo: “Ante la CIDH fue presentado el caso de un bebé indígena de 20 días que en enero (del presente año) murió a consecuencia de un bombardeo por parte de la Fuerza Aérea. Nadie respondió”. <br />¿Sigue convencido que nuestro ex presidente, considerado un “Mesías” para algunos, y su política de seguridad democrática – aun en vigencia- son la solución para acabar con el conflicto armado en Colombia? ¿Si la política de seguridad democrática degeneró en terrorismo de Estado por qué no juzgar al terrorista que la ideó y aplicó? <br />No olviden que “la resistencia a dejar un cargo evidencia casi siempre que no se fue digno de él” anónimo.<br />BIBLIOGRAFIA<br />ADN. En Colombia no mejora la situación de DD HH. Medellín: ADN. 2011<br />CÁRDENAS, Jorge Mario. La problemática conceptualización del terrorismo de Estado. Estudios de Derecho. Medellín: Universidad de Antioquia, 2009, vol. LXVI<br />OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA – EUROPA- ESTADOS UNIDOS. Informe final de la misión internacional de observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia. Bogotá: 2008.<br />QUEREJAZU, Amaya. El verdadero poder de los derechos humanos. Estudios de Derecho. Medellín: Universidad de Antioquia, 2009. P.63<br /> <br /> <br />