Aunque los municipios quieran oponerse a la extracción de minerales, no será posible, como lo acaba de reafirmar un decreto del Ministerio de Minas.

1. Minería en Colombia. Municipios no podrán decidir sobre minería
Aunque los municipios quieran oponerse a la extracción de minerales,
no será posible, como lo acaba de reafirmar un decreto del Ministerio
de Minas.
Por: Redacción Vivir
“En Jardín nos hemos dedicado a la agricultura y al turismo durante
años. Nos están pasando por encima, nos están diciendo que
tenemos que ser mineros. Lo único que pedimos es que se respete la
vocación de nuestro municipio pero desde Bogotá entregan títulos y
licencias, muchas veces, sin conocer este territorio”. Según el alcalde
de Jardín (Antioquia), Alvaro Carvajal, sobran las razones para
apoyar a los pobladores del municipio en contra de la minería y
rechazar un decreto firmado la semana pasada por el Ministerio de
Minas que establece que los municipios no pueden prohibir esta
actividad en sus tierras porque esa decisión sólo le compete a las
autoridades ambientales y mineras.
Con este decreto aparentemente quedaría sin peso un acuerdo
aprobado hace seis meses en el Concejo de Jardín, que le cierra las
puertas a la extracción de minerales en el municipio. Y la misma
suerte correría para los municipios de Támesis y Urrao, ubicados
también en el suroeste de Antioquia, que habían tomado decisiones
similares. Casi el 90% de esta zona antioqueña está solicitada para la
minería, como lo había publicado El Espectador, por eso estos tres

2. municipios se sumaron a Bogotá, que desde agosto de 2012 intenta
prohibir la explotación minera.
En pocas palabras el polémico decreto (el 0934 del 9 de mayo de
2013) quiere decir que por más que un municipio se oponga a la
actividad minera, no podrá hacer nada para evitar que allí se
entreguen títulos mineros. Aunque el Ministerio de Minas insiste en
que este decreto no debería sorprender a los alcaldes, debido a que
ya está contemplado en el Código de Minas (desde 2001), la norma
no es lo suficientemente clara y varios municipios exigen poder
decidir qué tanto están dispuestos a montarse en la locomotora
minera.
Aunque es cierto que el Código de Minas señala que las autoridades
locales no tienen competencia para excluir la minería a través de sus
Planes de Ordenamiento Territorial (POT), una sentencia posterior del
Consejo de Estado, del 18 de marzo de 2010, establece cuáles son
las actividades que un municipio, bajo ninguna condición, podría
prohibir en su POT y la minería no aparece en ese listado. En este
sentido, excluir la actividad extractiva de los Planes de Ordenamiento
Territorial no sería ilegal.
Pero con el nuevo decreto, que de paso confirma la falta de claridad
en la normativa minera, definitivamente los municipios quedarían sin
voz frente a las posibilidades de excluir la minería de sus territorios.
Para Rodrigo Negrete, abogado especialista en temas ambientales, el
decreto “viola la Constitución Política, concretamente frente al
régimen de autonomía de los entes territoriales, la facultad de
planificar y ordenar el suelo y el territorio, y defender su patrimonio
ecológico”. Además va en contra, según Negrete, “de los fines
esenciales del Estado que buscan garantizar los derechos e intereses
generales de los habitantes del país, desconoce el derecho
fundamental a un ambiente sano y el principio de progresividad que
no permite la expedición de normas regresivas que privilegian a
ciertos actores en detrimento de derechos fundamentales y colectivos
ya conquistados”.
Precisamente la Secretaría de Ambiente de Bogotá señaló que
demandará el decreto porque la Corte Constitucional había señalado

3. que en el desarrollo de las actividades mineras deben respetarse las
disposiciones que tomen los municipios respecto a su ordenamiento
territorial.
Otra es la posición del Ministerio de Minas, donde insisten en que la
razón del decreto es promover el orden y la participación de las
autoridades ambientales. “Los alcaldes no pueden prohibir la minería
a través de áreas excluidas. El decreto establece las competencias y
evita el desorden que se estaba presentando”, le dijo a El Espectador
Juan José Parada, asesor del Ministerio.
Juan Martín Vásquez, alcalde del municipio de Támesis señala que,
“es evidente que hay territorios que no son propicios para la minería.
Nosotros estamos en una zona muy frágil ambientalmente y nos
parece contradictorio que se le de autonomía a los municipios pero
que no puedan hacer nada cuando se trata de los proyectos mineros.
En Támesis tenemos mucho que perder”.
Lo mismo insiste el mandatario de Jardín: “es un irresponsabilidad del
Gobierno Nacional. Todavía no conocemos el primer municipio minero
que sea sostenible culturalmente y no queremos que pase lo mismo
con Jardín”. Sus temores coinciden con la investigación del
economista Guillermo Rudas que revela que la actividad minera tiene
una estrecha relación con la pobreza, el deterioro de la salud y el
aumento de muertes violentas. Eso sin contar con las
transformaciones culturales.
“Seguramente no quieren minería, pero también tenemos que mirar
la otra cara de la moneda y el país no puede irse en contra de unos
proyectos que tiene derechos adquiridos”, dice Parada. Para Negrete
el tema va más allá: “¿Qué pasa con los procesos locales, con el
patrimonio ecológico, cultural y arqueológico? Cada municipio debe
poder defender y tener determinación en función de sus propios
intereses y no es posible que el ordenamiento ambiental y territorial
del país tenga que hacerse en torno a los títulos mineros”.
El Espectador intentó hablar con el Ministro de Ambiente, Juan
Gabriel Uribe pero no fue posible.
Por: Redacción Vivir