Proceso realizado en Colombia en contra de los campesinos habitantes y dueños de la tierra en la Región Andina

1. ¿Qué me dejo tu amor…? La herencia minera
1 de mayo de 2014
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¿Qué me dejo tu amor…?
La herencia minera
Emilio Garcia Gutiérrez
Villavicencio, mayo 1 de 2014
Foto: Taller Filosófico sociológico, abril 27 de 2014
Las políticas mineras
En el año 2005 el gobierno de Uribe formuló el plan “Visión 2019: Colombia como un
país minero”, donde se expresa el propósito de convertir a Colombia en uno de los
tres países latinoamericanos con mayor inversión extranjera en el sector minero. Este
plan responde, en parte, al incremento de los precios de los minerales en el 2001, lo
cual proyectó a la actividad minera como un medio efectivo para el desarrollo
económico del país.

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La ejecución de este plan minero presentó como principal obstáculo la situación de
conflicto armado en el país, lo cual desestimulaba la confianza inversionista; frente a
esto, en el primer gobierno de Uribe se implementó la segunda fase del Plan
Colombia, que aseguraría el control de los territorios y permitiría la entrada de
empresas mineras internacionales en el territorio colombiano (Idárraga Franco:
2011).
Podría pensarse que el actual auge de exportación minera que se está viviendo no solo
en Colombia, sino en América Latina en general, responde a los mandamientos del
Consenso de Washington (1990), que pretendía llevar a los estados latinoamericanos a
superar su condición de “subdesarrollados” mediante la disminución del control de
estos sobre la economía. Es así como la banca multilateral propone a los países latinos
soluciones como: privatización, desregularización, disciplina fiscal, reducción del
papel del Estado, apertura de las economías y reducción o suspensión de los subsidios
a la producción nacional.
Lo anterior se suma a una política minera, formulada en el Código de Minas (Ley 685
de 2001) y su modificación (Ley 1382 de 2010), que favorece ampliamente la gran
minería transnacional.
Como consecuencia de estos ínfimos requisitos, se ha multiplicado el número de
títulos mineros otorgados en el país, puesto que una vez finaliza la fase de exploración
y se confirma la existencia de un mineral en cierto territorio, el Estado colombiano
está en la facultad de otorgar el predio en concesión, dado que el subsuelo del
territorio colombiano y sus recursos pertenecen al Estado (artículo 7 del Código de
Minas).
Esta legislación ha permitido la incursión de la actividad minera con ánimo de lucro
en zonas agropecuarias productivas, lo cual ha generado dos fuertes impactos en la
población: i) el desplazamiento de población económicamente activa que se ve
obligada a buscar nuevas actividades productivas que les generen ingresos para su
sobrevivencia y ii) la amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria, situando a la
nación en un estado de dependencia alimentaria.
En Colombia entre julio y octubre de 2009 se firmaron 1.900 contratos en los páramos
para los mineros y otros alcanzaron a renovar sus contratos. Todos los que tienen
concesiones ahora en páramos argumentan que a ellos se les dio el derecho de
explotar los territorios antes de que fuera promulgada la ley, así que tienen un
derecho adquirido para seguir explotando su licencia. Y así hacen.
El problema es que esto afecta el nacimiento de varios de los ríos que surten los
acueductos de las principales ciudades, afecta a 4.700 especies de plantas, 70 de

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mamíferos, 87 de anfibios y cerca de 154 aves. Los páramos capturan y almacenan el
carbono en sus suelos, que de otra forma sería enviado a la atmósfera.
Para Guillermo Rudas, experto en estos temas, el aumento de la explotación minera
se dio por dos razones:
1. Por el auge en el precio del oro que pasó a ser de 1.300 dólares la onza.
2. Por las generosas exenciones tributarias que otorgó Uribe a las multinacionales
para que explotaran estos recursos. Según datos del Ministerio de Hacienda y el
Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías.
Dinero que se quedó en las cajas de las empresas mineras.
El gobierno de Santos recibió esta herencia, y su primer Ministro de Minas, Carlos
Rodado Noriega dijo hoy en un Foro sobre minería en la Cámara de Comercio de
Bogotá que es importante que el gobierno cumpla con la legislación internacional y
nacional para protección de páramos, pero que estas reglas de juego son demasiado
exigentes para países emergentes que quieren aumentar su explotación de minerales
y que hoy en día están en la mira de las grandes empresas mineras. “No me alcanza el
tiempo para atender todas las solicitudes de empresarios mineros que están llegando
al país”, dijo Rodado.
En realidad ni el doctor Álvaro Uribe Vélez ni ministros ni lobbystas han tenido
fundamentos de ambientalismo y ecología, no ha sido parte de su curriculum, sin
embargo creen tener el derecho a explotar lo que se les venga en gana porque son
unos fanáticos del libre mercado. Cabe decir que sin las explotaciones de minerales
como el Coltán no dispondríamos de comunicaciones instantáneas. Pero también
demasiado se desperdicia en artefactos tan románticos como tal BlackBerry, IPhone
etc...
En realidad la minería en Colombia es una labor que se desarrolla en condiciones
precarias y con tecnología primitiva. Pero el presidente Santos habla de locomotoras
en los tiempos de la tele transportación y la exploración espacial
No olvidar que, la pobreza constituye uno de los principales problemas ambientales
que tenemos, pues expresa los niveles de degradación que las acciones de los
comerciantes y agentes del mercado implementan, respaldados por gobiernos que no
reconocen los valores ambientales y culturales sobre los cuales les corresponden
legislar. Se privilegian los intereses particulares, las rentabilidades a corto plazo, la
ampliación de la deuda externa, los subsidios del propio gobierno, el aumento de la
productividad y el incremento del uso de agroquímicos y venenos, todo en real
detrimento de la naturaleza de las montañas y las comunidades andinas.

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Foto: Taller Filosófico sociológico
Doctores del Gobierno de toda instancia y nivel, los páramos colombianos (60% de los
páramos del mundo) no pueden continuar explicándose y entendiéndose
fragmentariamente en sus aspectos físicos, biológicos, ecosistémicos, paisajísticos y
economicistas. Esta manera de verlos no solo es reduccionista, sino también peligrosa
por lo ahistórica y particularizante. Ante la amenaza y los impactos de la minería, que
nos ofrece en el futuro próximo un país devastado, debemos construir y trazar
conjuntamente visiones, concepciones y contextos que nos permitan ir a la realidad
del mundo de los páramos, articulando pensamiento y estrategias de acción para
preservarlos, y definir maneras de actuar ante la agresión destructiva. Urge construir
un verdadero pensamiento territorial y ambiental desde la convergencia de lo ético,
lo político, lo cultural y lo social, que haga comprensible las formas de ver, valorar y
defender la bondadosa casa de las montañas que habitamos.

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Explotación minera a cielo abierto en las afueras de Segovia (Antioquia). Foto: Jonas Wresch
Ésta es la neocolonización expansionista y neoliberal que invade los territorios con
empresas multinacionales que despojan y extraen recursos, haciendo de la guerra un
medio para mantener sus negocios, intereses y mercados. Minambiente expresó
recientemente que espera un incremento del14% de la producción de carbón con
respecto al año pasado. Poco o nada importa la vida de la gente, sus derechos
humanos, sus territorios, su desarraigo y su miseria. Los territorios expresan ahora el
orden nacional e internacional, asumiendo temporalidades que no hacen coincidente
el tiempo social con el tiempo multinacional ( Molano B., Joaquín. “Diversidad
ecosistémica y territorial en los páramos”, Artículo inédito, Bogotá, 2010).
La defensa de los páramos y las montañas no constituye solo un reclamo ambiental:
ante la explotación y mercantilización de la naturaleza, el conocimiento y la cultura,
los gobiernos firman tratados y realizan concesiones con las cuales abren las puertas
de la casa y diseñan planes de venta y entrega del país. Estas concesiones pueden se
catalogadas como expropiaciones neocoloniales bajo el modelo minero denominado
extractivismo primario-exportador (Machado, Horacio. “Minería, territorio, identidad.
La resistencia a la minería transnacional desde la experiencia de BePe”, 2010,
Publicación digital en http://www.inpade.org.ar. ).

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La crisis ambiental y el hambre
Tenemos entonces que según el artículo 37 del Código, ni los gobiernos
departamentales ni municipales pueden establecer un territorio excluido (protegido,
pensaríamos) de minería. Además, según el Decreto 2001 del 2003, los Planes de
Ordenamiento Territorial no pueden entrar en conflicto con los proyectos mineros
establecidos en cierta zona, lo que finalmente establece que ni los gobiernos
departamentales ni los municipales tienen la posibilidad de oponerse a los proyectos
mineros existentes en determinado territorio.
Como consecuencia de la confianza inversionista y lo estipulado por el Código de
Minas, el país se encuentra en una “feria minera”, donde la expedición de títulos
mineros va en aumento.
Para la mejor comprensión del proceso mediante el cual se vulnera los derechos
alimentarios del país y la consecuente dependencia en el abastecimiento de productos
de la canasta alimentaria debido a la actividad minera, es preciso considerar algunos
aspectos sobre seguridad alimentaria.
En 1974, las Naciones Unidas definieron la seguridad alimentaria como “La
disponibilidad en todo momento en el mercado mundial, de suministros de alimentos
básicos para sostener el consumo creciente y contrarrestar las fluctuaciones en
Mientras haya alguien percibiendo el misterio de las cosas,
los secretos del agua, de las selvas,
de la oscuridad y de la memoria,
el mundo estará a salvo, aunque los demonios
se afanen en traficar con sus armas y sus venenos.
Algo significa el musgo que cubre las piedras,
la violenta luz que gasta las cosas,
lo que trazan las alas en el viento sobre los estanques.
William Ospina, 2010

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producción y precios”. En las dos décadas posteriores, esta definición evolucionó al
agregarle los conceptos de accesibilidad a los alimentos e inocuidad de los mismos.
En 1996, en la Cumbre Mundial de Alimentación, se estableció que la “Seguridad
alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las
personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos,
inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias,
con el objeto de llevar una vida activa y sana” (FAO: 2006).
Sin embargo, en el marco de una situación de dependencia, el concepto de seguridad
alimentaria se reduce a la oferta de alimentos, en tanto que las comunidades no
eligen por ellas mismas qué tipo de alimentos son consumidos ni las condiciones de
producción. Por lo tanto, teniendo en cuenta las falencias de este concepto, también
durante la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996, Vía Campesina propuso el
de soberanía alimentaria, entendido como:
El DERECHO de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de
empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social,
económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto
incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que
significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y
culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus
sociedades (Vía Campesina: 2003).
Con base en los referentes de seguridad y soberanía alimentaria, es posible, en otra
nota, analizar las condiciones de producción agropecuaria en el país a partir de la
disminución de superficie de tierra cultivable, el aumento de las hectáreas de
producción agrícola destinadas a cultivos agroindustriales (no alimenticios) y la
consecuente reducción de tierra apta para la producción de alimentos.