Este documento discute los bonos de carbono y los mercados de carbono. Explica que los bonos de carbono representan cantidades de CO2 capturado y que pueden ser comercializados, con el objetivo de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, existe controversia sobre si estos mercados reconocen adecuadamente el trabajo de conservación realizado por las comunidades locales y campesinas. El documento también analiza esquemas como REDD+ y debates sobre cómo reconocer los derechos de estas comunidades y lograr una solución

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BONOS DE CARBONO: EL MERCADO DE LOS BOSQUES1
27 mayo, 2020
M. Eugenia Mediavilla
Adriana Bohórquez Díaz
¿Qué son los bonos de carbono, quiénes los pensaron, qué estructuras los posibilitan y
qué efectos tienen sobre el ambiente y las poblaciones del Sur Global? Estas son algunas
de las preguntas que nos llevaron a escribir este artículo. El tema se puede problematizar
desde dos perspectivas: la estructural, el sistema capitalista en su fase de financiarización
de la economía tratando de cooptarlo todo a través del green washing2
, y la local, cómo
lo viven las poblaciones implicadas, con los antagonismos que toda práctica social
implica, y por qué las comunidades indígenas y campesinas no están siendo, aunque
deberían ser, protagonistas de este debate.
Habitar el bosque, trabajar la tierra… la agricultura ha sido reconocida como uno de los
oficios que nos ha permitido organizarnos y configurarnos como sociedades, como
humanidad, y se ha construido precisamente a través de la intervención y trabajo con los
bosques. Sin embargo, en este oficio se ha manifestado la desigualdad latente en el
sistema socioeconómico, llevando a la concentración y el conflicto por la tenencia de la
tierra y la depredación del bosque, lo que ha desembocado en esa dualidad campesinado-
latifundio, en la que finalmente parece no existir un reconocimiento del proceso de
conservación que las comunidades campesinas e indígenas (que han habitado
históricamente en zonas consideradas de importancia ecosistémica) realizan de la
naturaleza y, para este caso en particular, de los bosques.
Este trabajo-cuidado con los bosques es lo que ha permitido que se lleve a cabo la captura
de carbono –entre los llamados “servicios ambientales”–, que tanta relevancia ha cobrado
para la humanidad dada la huella sobre la naturaleza (de carbono, hídrica, etc.) que se ha
profundizado en el último tiempo. Este servicio ecosistémico parece no tener un
1 Publicado en Revista Más que Política: disponible en web: https://masquepolitica.es/
2 Proceso mediante el cual ciertas prácticas, productos y servicios empresariales e institucionales se
publicitan como respetuosas del medio ambiente sin necesariamente serlo.

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reconocimiento social, como tantos otros trabajos casualmente relacionados con los
cuidados y la reproducción de la vida; de allí la importancia no solo de entender la captura
de carbono sino los mecanismos de poder que operan en su gestión a través de los
mercados de carbono. Estos últimos están atravesados por la lógica de acumulación que,
bajo la premisa del “interés colectivo para la mitigación y adaptación al cambio
climático”, parece omitir la resolución de los problemas estructurales que podrían brindar
una solución sustentable, colocando en segundo lugar la discusión sobre la tenencia de la
tierra, el buen vivir de las comunidades, la justicia ambiental, los derechos de la naturaleza
y un reconocimiento justo del trabajo de conservación realizado por las comunidades.
¿Qué son los mercados de carbono?
Los mercados de carbono representan un sistema mediante el cual se “limita” y controla
la cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) que emiten anualmente a la
atmósfera diferentes actores (Estados, empresas). Esto se hace a través de la compra-venta
de bonos de carbono, también llamados Certificados de reducción de emisión de GEI,
donde cada uno de estos bonos representan cantidades de CO2 “no emitidas” (lo que en
realidad es CO2 capturado por la biomasa en algún lugar del mundo, no significando
necesariamente que el actor haya dejado de emitir) que pueden ser comercializadas
libremente. Hay dos tipos de mercados: el regulado, que opera sobre las obligaciones en
base a compromisos internacionales de reducción de emisiones de CO2 -a niveles
nacionales, regionales e internacionales-, y el voluntario, que funciona a demanda
opcional y no sólo involucra a Estados y empresas sino también a ONG y particulares.
Desde el año 1991 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD por sus siglas en inglés) viene trabajando junto a la ONG estadounidense
Environmental Defense en la posibilidad de un comercio mundial de emisiones de CO2.
En el Protocolo de Kioto de 1997 se proponen los mercados de carbono como mecanismo
internacional de reducción de emisiones, pero éstos no entran en vigor hasta el año 2005.
Desde entonces el mercado de emisiones y bonos de carbono está funcionando alrededor
del mundo a través de regulaciones a nivel local, nacional y regional. Si bien se logran
instalar con mayor peso en el Acuerdo de París en 2015, a la fecha todavía no se aprobaron
las reglas mediante las cuales realizar la contabilidad de las emisiones y un seguimiento
efectivo de la regulación de dicho mercado a nivel global, cosa que se suponía iba a
suceder en la última cumbre del clima de Madrid en 2019.

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Vale destacar como uno de los esquemas de compensación más relevantes a nivel global
el de la Reducción de Emisiones de la Deforestación de los Bosques (REDD y REDD+
en su versión más reciente). El mismo se ha implementado a través del Forest Carbon
Partnership Facility (FCPF) del Banco Mundial y está destinado a gobiernos, empresas
y (al menos en teoría) habitantes de los bosques para conservar intactos los espacios
verdes, a quienes, a partir de la implementación de proyectos, se les ha empezado a pagar
de acuerdo con la cuantificación/monetización del carbono que es capturado por los
bosques o espacios verdes preservados o conservados.
Discusiones alrededor de los mercados de carbono
Desde la óptica de muchas organizaciones campesinas y ambientalistas, incluida La Vía
Campesina, la creación de un mercado global de carbono es una distracción por parte de
las grandes empresas y los sectores más poderosos del capital financiero global para
continuar emitiendo GEI, “responsabilizarse” ante la emergencia ambiental, seguir
mercantilizando la naturaleza y “cambiar algo para que nada cambie”. Este mercado es
un mecanismo de compra-venta de emisiones, en donde se puede comprar el “derecho a
la contaminación”, algo no muy diferente de usar la naturaleza como un capital para hacer
negocios, negando los derechos a la tierra y los conocimientos tradicionales de
comunidades campesinas e indígenas. Se impone, así, una racionalidad que legitima el
sistema a través de la publicidad de la economía verde (y sus tecnologías) como solución.
La compra de este –mal llamado– “derecho a contaminar”, ha llevado a una pugna por
los derechos de propiedad sobre los bosques y los “servicios” que ellos ofrecen a la
humanidad. De esta manera, surge el dilema sobre los bienes comunes que estos bosques
representarían y sobre su propiedad. Esta es una discusión en la que será necesario
reconocer los derechos que las comunidades que los conservan tienen, apelando, incluso,
a un modelo de propiedad colectiva/comunitaria. Del mismo modo, será necesario
reconocer el deber de los Estados y gobiernos de ofrecer alternativas sustentables que
permitan a las comunidades tener un buen vivir y no, por el contrario, impulsar procesos
de coacción en donde dicha propiedad (que puede ser comunitaria) se desdibuja y se
pierde en favor del capital que ha comprado ese “derecho”.
Hay resistencias y sectores movilizados. Estas voces advierten que estos mecanismos
mercantiles son una expresión del colonialismo climático, que obliga a muchas
poblaciones del Sur Global a relocalizarse porque viven en lugares en los que grandes
empresas quieren llevar a cabo sus proyectos extractivistas o plantaciones extensivas de

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monocultivo. Estos proyectos afectan no sólo la base material de estas poblaciones, sus
territorios y sustento, sino también su base simbólica, atentando contra su cultura a través
de la imposición del modo occidental de ver el mundo como el único válido.
Sin embargo, también es necesario reconocer, por un lado, el sistema en el que nos
encontramos y las posibilidades de ir (de)construyendo proyectos para tener un buen vivir
bajo las condiciones que nos son permitidas, en donde la conservación productiva es una
opción. Y, por otro, las necesidades que apremian a estas comunidades a las que hemos
venido haciendo referencia. Bajo esta coyuntura, existen hoy en día poblaciones
campesinas e indígenas que ven precisamente en estos servicios ambientales, dentro del
contexto en el que vivimos, una oportunidad para generar alternativas socioeconómicas,
medios de vida sustentables, con gobernanza ambiental efectiva, donde poder ir
cimentando sus proyectos de vida.
Tiempo de disputa de sentidos
Lo anterior abre una necesaria discusión desde la perspectiva democrática –entiéndase
desde su perspectiva deliberativa- con los Estados y sus gobiernos neoliberales (que han
priorizado las lógicas de los grandes capitales sobre el papel del campesinado y las
comunidades indígenas). La justicia socioambiental busca que los Estados no funcionen
solamente como un mediador del mercado que garantice el reconocimiento monetario
justo de la labor realizada por las comunidades en la conservación, sino que, genere todas
unas garantías de derechos, donde la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra, la
educación, la salud, la gobernanza ambiental y social, entre otras, sean efectivas. Esto
obliga a los Estados a abandonar la perspectiva mercantil y adoptar el paradigma de la
justicia ambiental.
Así que habrá que preguntarse en este contexto, si se pueden reestructurar los bonos de
carbono desde una perspectiva colectiva y comunitaria, en donde se reconozca
integralmente el trabajo que hacen las comunidades con los ecosistemas al conservarlos
y donde, a la par, se desarrollen acciones efectivas para la reducción de las emisiones de
carbono y la transformación de las formas de producción.
Seguramente no sea necesario ponernos de acuerdo de manera unívoca sobre esta
cuestión, para no generar nuevos dogmas que terminen cerrando, más que abriendo, los
horizontes de presente y futuro. Lo que sí sería bienvenido es empezar a trabajar sobre
los contenidos de esos horizontes que todavía siguen en construcción y que, desde la

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aparición de la última pandemia, nos han abierto una posibilidad muy peculiar de disputa
de sentidos, y en particular de desafío al sentido común economicista y hegemónico.
En 2019 se dio a conocer el informe “perspectivas del medio ambiente mundial 6” por
parte de la Asamblea General de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde se
sostiene que el planeta se dirige hacia el colapso climático, sanitario y social y se calcula
que nueve millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire y el agua.
En 2018 fueron asesinados 164 defensores de la tierra y el ambiente, esto significa tres
asesinatos por semana, más de la mitad de los cuales fueron en Latinoamérica, de acuerdo
con el último dato publicado por Global Witness, una ONG que trabaja por la
visibilización de conflictos socioambientales, por los derechos ambientales y los derechos
humanos.
Si vamos juntando las piezas de este rompecabezas tendremos una fotografía distópica.
Pero la coyuntura actual de la pandemia parece habernos hecho entender, o al menos
poner en discusión, que podíamos empezar a pensar y actuar por fuera de los límites que
el sistema nos impone. Como dice Arturo Escobar, antropólogo colombiano que trabaja
desde la ecología política latinoamericana, “no podemos imaginar y construir el
postcapitalismo con las categorías y experiencias que crearon el conflicto”.
Arturo Escobar (2017). Desde abajo, por la izquierda, y con la tierra: la diferencia de Abya Yala/
Afro/ Latino/ América. En Ecología Política Latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia
latinoamericana y rearticulación epistémica. Alimonda et al., (Coord..). Buenos Aires: CLACSO.