1. DOCUMENTO BASE
XI CONFEDELCCA
DESCENTRALIZACION Y SEGURIDAD
CIUDADANA:
LOS DESAFIOS DE LOS MUNICIPIOS DE
CENTROAMERICA
Y REPUBLICA DOMINICANA
Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana
Marzo 2013

2. CONTENIDO
I. INTRODUCCION…………………………………………………………….. 3
I.1. Caracterizando a la Región…………………………………………… 3
I.2. El marco regional……………………………………………………….. 6
I.3. La importancia de lo local……………………………………………… 9
II. LA SEGURIDAD CIUDADANA……………………………………………… 11
II.1. Concepto………………………………………………………………… 11
II.2. Los componentes principales de la seguridad ciudadana…………. 13
III. MARCO COMPETENCIAL. DESCENTRALIZACION……………………. 14
IV. DIAGNOSTICOS……………………………………………………………… 29
V. LEGISLACION NACIONAL SOBRE EL TEMA……………………………. 31
VI. LEGISLACION MUNICIPAL SOBRE EL TEMA…………………………… 39
VII. PRESENCIA INSTITUCIONAL VINCULADA A LA SEGURIDAD
CIUDADANA A NIVEL LOCAL……………………………………………… 42
VIII. ESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA. 46
IX. RECURSOS LOCALES DESTINADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA 50
X. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD
CIUDADANA………………………………………………………………….. 55
XI. PREVENCION VS. REPRESION…………………………………………… 57
XI.1. Rol de los gobiernos locales según diferentes actores…………. 57
xi.2. Las policias municipales……………………………………………. 63
XII. RESPUESTAS A NIVEL LOCAL……………………………………………. 67
XIII. RETOS PARA HACER FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA…. 76
XIV. ACCIONES NECESARIAS………………………………………………….. 78
Anexos
2

3. I. INTRODUCCION.
Continuando con la metodología para la elaboración del Documento Base,
implementada desde la X Conferencia, el presente documento ha sido elaborado
por cada una de las Mesas Nacionales y sistematizado por la Secretaría Técnica.
I.1. Caracterizando a la región
El Informe de Desarrollo Humano para América Latina elaborado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el año 2010 tuvo como
tema central la seguridad ciudadana1. El informe señalaba cuatro claves para
entender el problema de la inseguridad en América Latina:
Primero, los Estados de la región siguen teniendo déficits de capacidades en
materia de justicia y seguridad. Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes,
la crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la
ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía. Es justamente a la luz de
estos déficits que la privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual
tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver
los retos que atraviesa el Estado como principal garante de la seguridad ciudadana.
Segundo, el informe constata que la región ha crecido más en cantidad que en
calidad: continúa teniendo fragilidades en el empleo, rezagos en la inclusión de las
poblaciones más jóvenes, crecimientos urbanos acelerados acompañados de
fracturas en el tejido social y de clases medias vulnerables.
Tercero, los vínculos comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad han
perdido su fuerza en algunos contextos como tensores sociales que permiten
desarrollar formas positivas de convivencia. La inseguridad ha reconfigurado el
tejido social en las sociedades latinoamericanas reduciendo los espacios de
cooperación, confianza y participación ciudadana y propiciando, en algunos casos,
formas de organización distorsionadas por el temor y la desconfianza como la
llamada “justicia por mano propia.” La agudización de las amenazas limitan
gravemente las capacidades y libertades de los latinoamericanos
Cuarto, la multiplicación y agudización de las amenazas a la seguridad tanto en
espacios privados como públicos limitan gravemente las capacidades y libertades
de los latinoamericanos. Si bien el crimen organizado ha ganado notoriedad como
dinamizador de la violencia y el crimen a nivel local y transnacional, la afectación
cotidiana de los ciudadanos revela que están expuestos a muchas otras amenazas
como el delito callejero, la violencia de género y la violencia ejercida por y en contra
de los jóvenes, y que dichas amenazas se entrecruzan y retroalimentan en la
práctica.
1
Informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Abrir espacios para la seguridad ciudadana
y el desarrollo humano
3

4. Estas cuatro claves revelan la complejidad y multiplicidad de los problemas que
subyacen a la inseguridad ciudadana. Más aún, exigen pensar en respuestas
integrales de política pública, incluyendo el papel de los actores no estatales y de la
comunidad internacional. Hay que pasar de la reflexión a la acción, con respuestas
creativas e innovadoras, aprendiendo de los aciertos y las fallas. De ahí que el
objetivo más importante del Informe de Desarrollo Humano, sea contribuir a la
creación de mejores y más efectivas políticas públicas en aras de proteger a las y
los ciudadanos de América Latina.
La Región centroamericana concentra los países con mayor violencia (GUATEMALA,
HONDURAS Y EL SALVADOR) junto a México, a causa de los carteles de la droga y
las sanguinarias pandillas conocidas como "maras". Honduras mantiene la tasa de
homicidios más alta del mundo, con 85.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes,
pese a la política de seguridad del gobierno, que incluye el envío de militares a
patrullar las calles. La tasa de homicidios de 2012 en HONDURAS fue ligeramente
inferior a la del año precedente (86.5 por cada 100,000), pero aún muy por encima
del promedio mundial, que la Oficina contra el Crimen y el Delito de la Organización
de las Naciones ubica en 8.82.
Asimismo, en la región se registran alrededor de 460 ataques sexuales diariamente,
siendo las mujeres las mayores víctimas, mientras que la violencia intrafam iliar es
uno de los problemas que se ha hecho más visible.
En oposición a esta situación, el modelo de seguridad ciudadana de NICARAGUA es
reconocido internacionalmente, por sus características de trabajo de prevención,
enfoque de género y participación ciudadana, entre otros aspectos destacables. El
índice de percepción de seguridad entre la población también es elevado (69%),
aunque en los últimos años ha venido disminuyendo paulatinamente.
El siguiente análisis de R EPÚBLICA D OMINICANA sobre las causas y efectos de la
inseguridad ciudadana, pueden perfectamente aplicarse a la mayoría de países de
la región:
El argumento de que los mayores niveles de inseguridad y criminalidad son
directamente proporcionales a las exclusiones y desigualdades sociales en las
grandes ciudades, no es concluyente para muchos. Algunos cientistas sociales no
aceptan la mecánica relación entre pobreza e inseguridad, tampoco aceptan que la
percepción de inseguridad esté mecánicamente asociada a la criminalidad. Es
necesario que se establezcan los debidos matices, y los datos que arroja la última
encuesta del Latinobarómetro y sobre la Cultura Política en la Republica
Dominicana, 2012, en una escala de percepción de inseguridad del 0 al 100, sitúa
al Gran Santo Domingo por debajo de Montevideo, Uruguay y San José, Costa
Rica, con 45.4 contra 47.6 y 45.7 de las dos últimas respectivamente.
La percepción de inseguridad es más alta en las regiones metropolitana y Norte de
República Dominicana, 46.3% y 44.5% respectivamente, regiones que registran las
ciudades con mayores ingresos, menor cantidad de pobres en términos
porcentuales, pero las de mayor cantidad de pobres en términos absolutos. Las
2
Informe el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
4

5. regiones Sur y Este que son las de ciudades de mayor cantidad de pobres, registran
39.5 y 37.9 respectivamente.
Los barrios pobres del Gran Santo Domingo, registran los mayores niveles de
criminalidad y es conocido el hecho de que en Santiago, luego del virtual
desmantelamiento de la mayor zona franca del país, los niveles de inseguridad y de
criminalidad se han disparado peligrosamente. Esta ciudad se ha desarrollado como
un continuo urbano que hace de ella una ciudad-región, enclavada en la zona norte
del país, la cual según, los organismos de lucha contra el narcotráfico, se ha
convertido en un santuario de algunos carteles del crimen organizado de varios
países, incluyendo europeos, de bandas de sicarios que han cometido varios actos
criminales.
La criminalidad, en tanto fenómeno íntimamente asociado a la percepción y realidad
de la inseguridad es multifactorial, pero las estadísticas indican que existen grandes
segmentos de la población que llevan una vida que discurre en las condiciones de
carencias en la oferta de servicios, de desempleo y marginalidad, lo que provoca
una espiral de violencia de diversos tipos que se convierten en actos que se tipifican
como delincuenciales. La marginalidad social se constituye en una forma de la que
se derivan formas materiales de violencia que se expanden dentro y fuera del
espacio marginado.
La victimización por delincuencia en los hogares, que es una forma de establecer
las reales dimensiones de la percepción de la delincuencia como de la inseguridad,
se siguen incrementando significativamente en la República Dominicana, del 2010 al
2012, pasando de un 27.2 al 31.1. De igual manera, aumenta el miedo y la
tendencia al incremento de medidas de seguridad que se expresan en la demanda
de servicios de seguridad privados, ante la deficiente actuación de los agentes del
orden público y de la vinculación y/o participación de éstos en actos delictivos.
Este fenómeno no puede ser reducido a simples expresiones de anomia o
disfunción social, sino como una de las tantas expresiones de una particular forma
de producir riqueza, a veces al margen de la legalidad que formalmente establecen
los sistemas políticos, que se internacionaliza en redes internacionales tejidas para
tales fines 3. Allí donde existe un sistema político de pobres niveles de
institucionalización, con un Ministerio Público al servicio de las urgencias de la
política y de los políticos, sobre todo de los que detentan el poder, se entroniza la
impunidad y con ella la generalización de la criminalidad.
Costes económicos y sociales de la inseguridad y la criminalidad4
Las ciudades constituyen el nervio económico de un municipio, ellas son el lugar de
intercambio no sólo de la riqueza que colectivamente se produce, sino de
experiencias, de las acciones políticas y de la construcción de los lazos solidarios en
que se forja la identidad. El incremento de la inseguridad urbana se traduce en un
miedo a la ciudad, en aislamiento, fragmentación y desarraigo del lugar. También se
constituye en uno de los principales enemigos del buen discurrir de la economía de
3
Perez, C y Milán G., 2005
4
Documento Base de República Dominicana
5

6. la ciudad, implica una reducción de las horas que efectivamente de dedican a la
economía de la ciudad.
A ese propósito, es bueno recordar la medida que se ha instaurado de limitar las
horas de expendios de bebidas alcohólicas hasta las 12 de la noche, liberalizando
esa medida en los días de las fiestas de fin año. La paradoja es que mientras en los
países desarrollados se impone lo que se llama ciudad de 24 horas. En países
como en Italia, el 35% de las actividades económicas se realizan en horarios
nocturnos vinculadas a las actividades lúdicas en las ciudades.
La forma, un tanto alarmante y alarmista, como determinada prensa y
comunicadores tratan los temas de la delincuencia y la inseguridad, tiende a crear
una atmósfera de miedo a caminar por las calles de las ciudades, a pie o en
vehículo, fenómeno éste que se ha producido en urbes de otros países, con
consecuencias funestas para el disfrute y aprovechamiento de la riqueza y
diversidad de la vida urbana y para el crecimiento no solamente personal, sino de la
colectividad.
La seguridad, por lo tanto tiene un valor estratégico para las regiones, los municipios
y las ciudades. En esta época de la mundialización de la economía y de la política,
la inversión en el territorio y la seguridad, se convierten no sólo en un atributo para
la calidad de la vida de la población, sino para la inversión. Nadie invierte en un
lugar inseguro, ninguna economía urbana florece, crea empleos, renta, riqueza
actividades económicas y bienestar sin importantes niveles de seguridad ciudadana.
Desde el punto de vista político, la inseguridad ciudadana también tiene sus costes.
Por ejemplo, el informe sobre la Cultura Política en República Dominicana, en
Centro y Sudamérica, establece una relación entre apoyo al estado de derec ho e
inseguridad y criminalidad. Mientras más altos son los niveles de éstas, mayor es la
tendencia a preferir gobiernos que garanticen la seguridad, por encima de los
gobiernos basados en el estado de derecho, por tal razón, a pesar de la valoración
que tenga una dada población de la democracia como sistema político, las
posibilidades de que se instauren gobiernos de fuerza no deben descartarse de
plano.
De igual manera, ante la incapacidad de los gobiernos de garantizar la seguridad
ciudadana, se incrementa la privatización de una competencia de las ins tituciones
del Estado5, al tiempo de acentuarse la insolidaridad social y el pedido de la
población de "mano dura" contra la criminalidad6, lo cual se traduce en irrespeto a
inalienables derechos ciudadanos y a los órganos de seguridad de tomar la Justicia
por cuenta propia cometiendo innumerables actos de asesinatos a reales y falsos
criminales
I.2. El marco regional
5
Del Olmos, R, 2000, pág. 80
6
En días recientes hubo declaraciones de algunos diputados y hasta del Cardenal de que se aplique mano
dura contra los delincuentes sin condenar las ejecuciones ilegales de los cuerpos policiales contra supuestos
delincuentes. También se han producido actos de linchamiento colectivo a supuestos delincuentes
6

7. Dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el tema de la
seguridad se ha convertido, desde el año 1995 en uno de los ejes centrales de
acción y debate. En diciembre de ese año, se firmó en San Pedro Sula el Tratado
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, por el cual fue establecida la
Comisión de Seguridad de Centroamérica como coordinadora de propuestas y
recomendaciones en materia de Seguridad Regional, siendo el órgano ejecutor de
los mandatos emanados de las reuniones de Presidentes y del Consejo de Ministros
y Viceministros del ramo.
El Tratado Marco de Seguridad Democrática afianza las hipótesis de paz frente a las
hipótesis de guerra y crea todo un esquema de cooperación, integración y
prevención de potenciales conflictos, tanto al interior de las sociedades como en lo
externo, que es una de sus grandes novedades.
El Tratado da un salto de la seguridad militar a la seguridad humana; trastrueca la
seguridad defensiva en seguridad cooperativa y asociativa. El concepto de
seguridad basada en la población y en el ser humano cobra mayor fuerza, frente al
concepto de la defensa tradicional basado en el territorio y las fronteras.
Se pasó, de un modelo de seguridad nacional, bajo parámetros domésticos o
locales, a un modelo de seguridad subregional que tiene como plataforma y campo
de acción ampliado el proceso mismo de integración que cubre a los siete países
miembros del SICA7.
En su Artículo 1, el Tratado Marco de Seguridad Democrática, declara que: ”El
Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se basa en la democracia y el
fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de
gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de
todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región
centroamericana”.
Por su parte, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México tiene como su
objetivo general: establecer los componentes y actividades necesarias para
fortalecer en la región centroamericana y en México la seguridad de las personas y
sus bienes que permita alcanzar los objetivos del desarrollo humano.
Sus principales componentes son:
Delincuencia organizada.
Conjuntar el plan regional contra el crimen organizado.
Protección de víctimas de tráfico ilícito de trata.
Combate al robo y hurto de vehículos.
Combate al narcotráfico.
Deportados con antecedentes penales.
Pandillas. Centros de atención.
Homicidios.
Combate al tráfico ilícito de armas.
7
Desarrollo e influencia del modelo de seguridad democrática de Centroamérica. Mauricio Herdocia Sacasa
7

8. Terrorismo.
Corrupción.
Prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción.
La Unidad de Seguridad Democrática del SICA, tiene como objetivo general:
fortalecer la institucionalidad centroamericana en materia de seguridad democrática.
Sus objetivos específicos son:
Asegurar la ejecución efectiva, integral y armónica de la Estrategia de Seguridad
de Centroamérica y México y de sus diversos componentes.
Contribuir al cumplimiento del mandato y funciones de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica y de sus respectivas Subcomisiones.
Promover la sostenibilidad financiera, administrativa y técnica de las distintas
iniciativas regionales en materia de seguridad: mesa de donantes.
Fundamento del Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática:
El fortalecimiento del régimen democrático y sus instituciones.
La consolidación del Estado de Derecho.
El respeto irrestricto de los derechos humanos.
El fortalecimiento del poder civil.
La utilización de un balance razonable del uso de las fuerzas.
Por último, se quiere mencionar a la Iniciativa de Seguridad para Centroamérica
(CARSI, por sus siglas en inglés), que está siendo apoyado por EEUU desde hace
más de cinco años. Los cinco objetivos de CARSI en América Central son:
• Crear calles seguras para los ciudadanos de la región.
• Desbaratar el movimiento de los criminales y el contrabando en y entre los países
centroamericanos.
• Apoyar el desarrollo de gobiernos fuertes, capaces y responsables en América
Central.
• Restablecer la presencia efectiva del Estado, los servicios y la seguridad en las
comunidades en peligro; y
• Fomentar mayores niveles de coordinación y cooperación entre los países de la
región, otros asociados internacionales y donantes para combatir las amenazas a
la seguridad regional.
Los 361 millones de dólares que Estados Unidos ha destinado a CARSI desde 2008
apoyan las prioridades enumeradas a continuación en los siguientes países de
América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá.
• Asistencia a las fuerzas del orden público y fuerzas de seguridad para hacer
frente a los narcóticos y el tráfico de armas, las pandillas, la delincuencia
organizada, las deficiencias de seguridad en las fronteras, así como para
desbaratar la infraestructura criminal, las rutas y redes;
• Mejoras de la capacidad de los actores e instituciones de la seguridad pública y
del sector de justicia para servir a los ciudadanos y hacer frente a las amenazas
de la región, y
8

9. • Los programas de vigilancia comunitaria, la prevención de pandillas, los
proyectos económicos y sociales para jóvenes en situación de riesgo en las
zonas adversamente afectadas por la delincuencia.
I.3. La importancia de lo local
Hay un consenso político y social en la región orientado a incrementar la
participación de los municipios en las políticas públicas que puedan reducir aquellas
expresiones del crimen y la violencia, que atentan contra la vida.
De acuerdo al análisis de H ONDURAS, la acción local, en materia de seguridad
ciudadana no es una acción reciente en la mayoría de los países de la región. En el
imaginario colectivo aún se recuerda la figura del policía municipal que ponía orden
y vigilaba a los niños en las escuelas. No obstante, con el centralismo imperante
desde mitad del siglo XX, muchas prácticas locales fueron desvaneciéndose y es
ahora cuando, a raíz de los retos de la sociedad contemporánea, se recupera la
importancia del municipio. No obstante, la seguridad ha sido materia de
competencia exclusiva del gobierno central, hoy día, en virtud de las condiciones y
la situación de inseguridad que se vive en la región, cobra cada vez mayor
importancia la tesis que impulsa la promoción de acciones que involucra a los
gobiernos locales.
REPÚBLICA DOMINICANA señala que es evidente que la concepción centralista del
Estado podría estar gravitando en la lenta toma de conciencia de que una nueva
concepción sobre la organización del territorio desde una perspectiva política, no
solamente administrativa o ambiental, podría situar en mejores condiciones la lucha
contra la criminalidad y la inseguridad en toda la región. De que en impulso del
proceso de descentralización en esta parte del mundo debe asumirse esta lucha
como una nueva competencia de todos los entes descentralizados, a comenzar por
el municipio.
Ello implica una toma de conciencia los temas del ordenamiento urbano y territorial,
de la corrupción política que se expande en el manejo de la cosa pública desde los
gobiernos centrales y en los partidos políticos se reflejan en la gestión de los
gobiernos locales. Un conocimiento de que sin eficiencia en la gestión de los
servicios, sin un freno a la corrupción y la impunidad la lucha contra la criminalidad y
la inseguridad ciudadana es sólo retórica.
En ese tenor, no dejan de tener razón quienes dicen que es en espacios locales
donde mayores oportunidades se tienen para producir el dialogo entre las esferas
sociales y políticas para un mejor diagnóstico del territorio para llevar a puerto
políticas sociales tendentes a mejorar las condiciones de vida de la población para
de ese modo paliar o eliminar los factores de riesgo de los sectores más vulnerables
y por ente, más proclive a caer en la delincuencia.
9

10. También que las dimensiones del territorio local son potencialmente de mejor
manejo para la prevención de la criminalidad. Sin embargo, como se ha dicho en el
discurrir de este texto, a pesar de que en la región, la mayoría de los municipios son
pequeños, la tendencia hacia el incremento de la criminalidad no se detiene. Por lo
cual, podría decirse que las causas de este flagelo son estructurales y que
descansan en unos sistemas políticos económicos esencialmente excluyentes y con
una concepción del Estado patrimonialista y centralista.
Por lo tanto, un mayor involucramiento de los gobiernos municipales en la lucha por
una mejor seguridad ciudadana, conjuntamente con los organismos de la Justicia y
del orden público a nivel nacional, pasa necesariamente por una redefinición del
tema de descentralización desde una perspectiva de una reforma del Estado en su
conjunto y de una profunda regeneración política, ética y moral de la generalidad
del estados de esta región.
Con una concepción de la descentralización que ponga al ciudadano al centro de
esas reformas, con políticas públicas que sustituyan el clientelismo político que
degrada a sus beneficiarios, que promueve la insolidaridad social, la fragmentación
de los sectores populares, la corrupción en manejo de la cosa pública y en muchas
actividades económicas de la esfera privada.
Por su parte, un interesante estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas
Publicas de NICARAGUA , señala que las recientes y actuales prácticas que buscan
mejorar los enfoques de las políticas de seguridad frente a la criminalidad
organizada, junto con la información y evidencia recabada y analiza- da indican con
casi inequívoca certeza que en la región centroamericana se necesitan reforzar
enfoques que convenientemente articulados en diferentes niveles podrían mejorar
notablemente el desempeño y las respuestas del Estado y los ciudadanos frente a
los desafíos de la criminalidad organizada en las comunidades de frontera.
Enfoques que tienen que ver con i) repensar y fortalecer el rol del municipio como
punto estratégico –pero no único claro- en la gestión de una visión estratégica de la
seguridad y ii) la promoción del desarrollo social y económico como eje central en la
construcción de un modelo de fronteras seguras.8
Es cada vez más significativa la importancia que adquiere el municipio como una
unidad estratégica para mejorar la cohesión social respecto al fenómeno de la
criminalidad organizada, y con ello enfoques que buscan el nivel preventivo de la
violencia. En el plano de la prevención, existe cada vez más sensibilidad de que las
municipalidades fronterizas pueden y deben desarrollar un papel preponderante.
Así, y en el marco de sus capacidades y competencias institucionales los gobiernos
locales podrían estar en capacidad de promover y desarrollar estrategias tendientes
a la prevención de la violencia y criminalidad como:
Fomentar el conocimiento y experticia de las comunidades en asuntos de
seguridad.
Apoyar el desarrollo de nuevas formas y programas públicos de conocimiento del
8
Una aproximación a la problemática de la criminalidad organizada en las comunidades del Caribe y de
fronteras Nicaragua – Costa Rica – Panamá. Javier Meléndez Q. Roberto Orozco B. Sergio Moya M. Miguel
López R.. IEEPP. Agosto 2010
10

11. crimen organizado.
Acciones en materia de planificación urbana y apropiación o recuperación del
espacio público en el contexto de las políticas municipales en seguridad
ciudadana: iluminación de zonas recreativas y de encuentro público; organización
de actividades culturales y conciertos en barrios con altos niveles de inseguridad.
Estas actividades fomentan el orgullo de los vecinos, estimulan valores de
solidaridad y unión comunal, permiten la interacción de la gente con las
autoridades e incluyen a jóvenes en riesgo social.
Sin embargo, los desafíos para llegar a este punto son innumerables. Las políticas
públicas de seguridad son aún centralizadas y concentradas, y los municipios de
frontera en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, usualmente los más pobres entre los
pobres, padecen de restricciones administrativas, financieras y legales que limitan la
posibilidad de hacerlos actores más relevantes en la gestión de políticas o iniciativas
en materia de seguridad. No obstante, las ONG especializadas en municipalismo así
como mancomunidades de municipios transfronterizos han estado buscando
agresivamente alternativas para mejorar el desempeño del municipio como centro
de gestión y decisión de políticas públicas 9.
II. La seguridad ciudadana
II.1. Concepto
La visión del gobierno central de C OSTA R ICA hace suya la definición planteada por
el PNUD, en cuanto a que la seguridad ciudadana es “la condición personal, objetiva
y subjetiva, de encontrarse y sentirse libre de violencia, amenaza de violencia o
despojo intencional por parte de otros”.10 El PNUD señala que la seguridad
ciudadana es también la protección “de ciertas opciones u oportunidades de todas
las personas -su vida, su integridad, su patrimonio- contra un tipo específico de
riesgo (el delito) que altera en forma “súbita y dolorosa” la vida cotidiana de las
“victimas”11
GUATEMALA apunta que la seguridad ciudadana es el marco de normas y
regulaciones e institucionalidad pública para la protección del individuo, familia y
sociedad; acción del Estado para crear condiciones y ambientes seguros para el
desarrollo integral del ciudadano, el disfrute de sus derechos y el respeto de la
dignidad de la persona, y el goce de su patrimonio. La seguridad ciudadana es la
función básica que tiene todo Estado de proteger a la población de todas las
acciones criminales que amenazan su vida y la libertad su bienestar. Esas
posiciones dejan claro que el papel del Estado es fundamental e imprescindible
tanto a nivel local, regional y nacional.
La mayor parte de actores consultados, representantes institucionales y sociales de
HONDURAS, coinciden en que la seguridad ciudadana es un concepto asociado a
9
Ídem
10
Presidencia de la República; PNUD Costa Rica, 2006, pág.35. En: Política Integral y Sostenible de
Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica, pág.10.PNUD, 2010.
11
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, pág. 31.
11

12. las condiciones integrales para que cada persona se desarrolle plenamente y que
no se limita a enfrentar la delincuencia ni la violencia. Se refiere también a la
ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de
individuos.
A su vez, los resultados de distintos estudios sobre este fenómeno señalan,
básicamente que la violencia es un fenómeno de carácter multi-causal, en el que se
mezclan factores de orden estructural, con otros asociados al riesgo. En forma
detallada, el concepto de seguridad ciudadana es percibido de la siguiente forma:
Autoridad Local: Es un concepto muy amplio pues no solamente implica problemas
de delincuencia o violencia, tiene que ver también con aspectos de convivencia
familiar y social, entonces lo puedo definir como la seguridad que tienen los
ciudadanos de un municipio a convivir en armonía con su familia, vecinos, amigos y
toda persona que frecuente su comunidad.
Representante de Gobierno Central: No es solamente la ausencia de violencia,
narcotráfico, delincuencia o crimen organizado, también es la garantía de que el
ciudadano tenga vivienda, alimentación para él y su familia, educación, salud y
empleo, es decir, tener las necesidades básicas satisfechas.
Cuerpo policial: Son estrategias técnicas utilizadas por el Estado, para proteger al
ciudadano.
Organización no gubernamental: Es una situación social donde predomina una
sensación de confianza, ausencia de daños a la integridad física y psicológica, y
donde el Estado central garantiza al ciudadano la vida, la libertad y el patrimonio
propio. La seguridad ciudadana es concebida desde los movimientos sociales, con
la propia dinámica de las sociedades donde el ciudadano es el actor principal.
Líder Comunitario: Es todo lo que compete al bienestar de una comunidad ya sea
en el aspecto social, económico, educativo y de salud.
Académico: Es un derecho de los ciudadanos, es un deber del Estado ofrecerlo y
es una atribución que la Constitución de la República otorga al Gobierno, derecho
que no se está cumpliendo, la cifra es alarmante en cuanto a los asesinatos y que
no está teniendo respuesta.
El Gobierno Central de N ICARAGUA , en el Plan de Desarrollo Humano 2008- 2012
señala que la seguridad ciudadana es entendida como el derecho que asiste a toda
persona nacional y/o extranjera que se encuentra en alguna parte del territorio
nacional, de desarrollar su vida cotidiana con el menor nivel posible de amenaza a
su integridad personal, a sus bienes y a sus derechos cívicos, está condicionada por
múltiples factores internos y externos que están vinculados a los niveles de pobreza,
desempleo y educación, que a su vez responde, a los grados de desarrollo y
crecimiento económico existente en el país.
Para los representantes de la sociedad civil de NICARAGUA , la seguridad ciudadana
es:
12

13. el principio democrático que tiene toda ciudadana/o que se le garantice vivir sin
amenazas o violencia de ninguna índole y un entorno seguro con respeto a sus
derechos humanos por parte del Estado, así como el derecho a la vida y otros
derechos irrenunciables que permiten la convivencia segura y pacífica.
Es la sensación de sentirse libre de temor y amenazas y esta estrechamente
relacionado con los derechos ciudadanos.
Es la percepción de tranquilidad en los espacios donde se desarrollan las
principales actividades de vida. Esto incluye la ausencia de violencia y la
percepción subjetiva de tranquilidad.
El proceso mediante el cual el Estado a través de sus instituciones garantiza a
los pobladores de un territorio una estabilidad social, económica, política y
personal.
PANAMÁ señala que desde los distintos escenarios, la seguridad ciudadana se
percibe como las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales óptimas
para que la vida ciudadana esté protegida con sus posibilidades y de actuar sin
limitaciones. Tiene que involucrar la garantía de la integridad del individuo y certeza
de sus obligaciones políticas y económicas. Se trata en todo sentido de generar a
través de los mecanismos disponibles para controlar los aspectos punibles y de
represión, sin descuidar la prevención a los sectores más vulnerables.
El Vice Ministro del Interior y Policía de la REPÚBLICA DOMINICANA apunta que la
seguridad ciudadana consiste en brindar a la población la garantía de sentir la
protección tanto de la integridad física como de sus bienes.
II.2. Los componentes principales de la seguridad ciudadana
Los países comparten en este punto algunas de las características que debería
incluir el concepto de seguridad ciudadana. Tomando como referencia la frecuencia
con que aparece cada uno de los componentes, pueden listarse en el siguiente
orden:
1. El componente que aparece con mayor frecuencia es el referido a la prevención
del delito. COSTA RICA, GUATEMALA , HONDURAS, NICARAGUA y PANAMÁ
mencionan este aspecto de prevención como un elemento que permite a las
personas acceder a mecanismos de inserción y garantizar su productividad en la
sociedad.
2. El segundo aspecto que aparece de manera reiterada es el referido a la
necesidad de la participación de la población y su incidencia en políticas
publicas. Así, COSTA RICA, GUATEMALA , HONDURAS y NICARAGUA resaltan este
tema, vinculándolo a la incidencia en políticas públicas y la creación de espacios
seguros.
3. En tercer lugar se ubica la necesidad de establecer un diálogo social y
mecanismos de concertación y coordinación entre diferentes actores. Tanto
13

14. GUATEMALA como NICARAGUA y HONDURAS expresan la necesidad de contar con
dichos mecanismos, incluyendo la funcionalidad y capacidad de respuesta de
cada una de las entidades de gobierno a nivel local.
4. HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMÁ resaltan la importancia de la educación
ciudadana como elemento primordial para la prevención de la violencia
5. COSTA RICA y NICARAGUA ubican como componente de la seguridad ciudadana
el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales del ser humano, como el
derecho a la vida, el derecho a la identidad, a su seguridad moral, física, al libre
desarrollo, al bienestar, la salud, empleo, educación; también de una igualdad
ante la ley de todos los ciudadanos comunes y corrientes; de libertad de
conciencia, la libertad de información, de opinión, de expresión.
6. La transparencia en el sistema judicial y de seguridad es mencionado por
NICARAGUA y REPÚBLICA DOMINICANA
7. COSTA RICA y NICARAGUA señalan la importancia de contar con políticas públicas
y estrategias para enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana
Otros aspectos que aparecen (con una sola mención) son los siguientes:
Salud y seguridad alimentaria, empleo, marco legal e institucional en seguridad,
vulnerabilidad del sistema político vigente, sensacionalismo de los medios de
comunicación sobre el tema. (HONDURAS)
Claridad en el diagnóstico y contener la gestión de riesgo, de esta forma los
estamentos de seguridad podrán enfrentar organizadamente cada situación.
Control de la delincuencia y violencia callejera, incluyendo la violencia doméstica.
Es importante que las normas sociales y legales sean acorde con la realidad de
cada territorio y de reconocimiento de los ciudadanos. (PANAMÁ)
Fortalecimiento Institucional y equitativa distribución de las riquezas del país.
(REPÚBLICA DOMINICANA )
III. Marco competencial. Descentralización
En el caso de COSTA RICA la seguridad ciudadana como parte de las competencias
municipales, solo se encuentra normada vía reglamento en los municipios donde se
da este servicio municipal, no así en el Código Municipal, ni en ninguna otra ley
especial, no existe un marco regulatorio especifico para la creación de la policía
municipal.
De ahí que la Policía Municipal, que se ha constituido en ciertos municipios obedece
a una labor de coadyuvancia con la Policía Nacional, básicamente su función se
sustenta en un voto de la Sala Cuarta de la Sala Constitucional que dice:
1- “la Sala ha entendido en el sentido de que “velar por la seguridad de las
personas y el orden público, mediante una acción coordinada con las autoridades y
14

15. entidades nacionales” (inciso 9, artículo 4 del Código Municipal hoy día derogado)
como función municipal, está limitada a ser ejecutada en un ámbito local
determinado (usualmente expresado como jurisdicción territorial) y por ello su
operación y funcionamiento deben quedar regulados, coordinados y estructurados
de tal forma que no interfieran con las competencias de origen constitucional
atribuidas -en este caso al Poder Ejecutivo- eliminando así del todo la posibilidad
de que existan choques de competencias con las ramas que integran la fuerza
pública en sentido estricto.
2. “que se ha venido entendiendo la participación de la policía municipal, desde el
punto de vista de la vigilancia y control de los servicios propiamente comunales,
como por ejemplo, el cuidado de los parques, la protección de los edificios
municipales, el control sobre las ventas estacionarias y ambulantes, la fiscalización
sobre los patentados de licores y centros de juegos permitidos, así como las
acciones que deriven como consecuencia de esta fiscalización, todo ello,
considerando a la Municipalidad como institución encargada de los intereses y
servicios locales.”
Es así, como se ha reconocido que es facultad de las municipalidades velar por la
seguridad de las personas y el orden público, de tal forma que los gobiernos locales
pueden crear los cuerpos policiales municipales requeridos para ello.
Finalmente cabe agregar, que la facultad de crear la Policía Municipal se instituye
en el Código Municipal vigente, Ley Nº 7794 del 30 de abril de 1998, en el artículo
4, inciso c) que es la norma que desarrolla el precepto contenido en el artículo 170
constitucional. Este artículo indica en lo que interesa “Artículo 170: Las
corporaciones municipales son autónomas (...)”.
Por su parte el artículo 4 inciso c) señala en lo que interesa:
“Artículo 4: La municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera
que le confiere la Constitución Política. “inciso c): Administrar y prestar los
servicios públicos municipales.
GUATEMALA señala que el debate sobre si descentralizar las competencias propias
de la seguridad ciudadana, parte del reconocimiento que por naturaleza la cobertura
de las políticas públicas en esa materia corresponde, por mandato constitucional, a
las instancias del gobierno central; pero al mismo tiempo, también ha avanzado el
reconocimiento sobre la importancia de la presencia del Estado en los territorios,
que incluso ha pasado a ser una demanda creciente, factor de tensiones e inc luso
de escenarios de conflictividad local.
Ese debate se alimenta de otras realidades: la creciente disposición de más
recursos en manos de los gobiernos subnacionales, así como el creciente reclamo
sobre las autonomías de los municipios y sus administraciones. De allí la tendencia
a reconocer que las llamadas políticas públicas municipales e intermunicipales
garantizan mayor y mejor democracia local, como expresiones de la madurez de las
organizaciones y autoridades municipales.
Resulta evidente la transformación del espacio local de la gestión pública, entendido
como el avance de lo local en las agendas nacionales y globales. El municipio actual
15

16. es diferente y en renovación constante. Ello supone nuevos compromisos sociales y
políticos para aras de la mayor transparencia y legitimidad ciudadana en las
decisiones del Estado. Esa realidad resiente de las acciones administrativas
institucionales impulsadas desde lo central. La demanda central está en generar
instrumentos capaces de transformar realidades territoriales subnacionales,
reconociendo que el traslado a esos escenarios exige responsabilidades y
conocimientos de nueva generación de líderes emergentes y funcionarios
territoriales.
El municipio es, por tanto, el primer indicador de la capacidad institucional para la
generación de generación de respuestas estables y sostenibles. Ello se expresa,
especialmente, en los ámbitos prioritarios, donde la seguridad ciudadana se sitúa
como una de las dos principales demandas al Estado. Al mismo tiempo, el municipio
representa un escenario de múltiples retrasos y rezagos en materia social,
desarrollo económico, infraestructura estratégica, sostenibilidad ambiental, y más
recientemente, como ámbito para la multiplicación de diversas expresiones de la
criminalidad, especialmente, del crimen organizado.
Superar la lógica de considerar a los gobiernos municipales como
instrumentalizadores o ejecutores de políticas nacionales, es un desafío de primer
orden. Esto supone considerar la existencia de una lógica contraria, donde los
municipios ganan atribuciones, espacios de decisión y autonomía; pero los otros
ámbitos son los decisivos en las políticas a emprender. En todo caso, existe una
doble articulación del municipio: i) de sus espacios internos; ii) relación con lo
nacional.
La importancia del municipio radica en que agrega valor a la visión concreta del
Estado y su relación con el ciudadano (cuyos indicadores en Guatemala son poco
alentadores), en la medida en que logre entender y sumarse a las nuevas lógicas y
exigencias locales, que en seguridad son más demandantes que en otras
dimensiones de la gestión pública.
En GUATEMALA , como en el resto de los países de la región, las competencias a las
municipalidades pueden ser delegadas cuando forman parte de las funciones que el
Código Municipal (Dto. 11-2002) le otorga.
El artículo 1 del reglamento de la Ley de Descentralización (Acuerdo Gubernativo
312-2002), para efectos de la descentralización reconoce y clasifica por su origen 3
tipos de competencias: a) Competencias exclusivas, atribuidas conforme a la
Constitución de manera exclusiva; b) Competencia atribuida por la
descentralización, la que ejerce el municipio, las atribuidas por el Estado o la
comunidad legalmente organizada, por efecto de la descentralización; y, c)
Competencia concurrente, la que se ejerce por más de un nivel de gobierno atiendo
ámbitos territoriales, de manera conjunta o complementaria, por dos o más
entidades del Estado con delimitación precisa de las áreas de responsabilidad.
Dos estrategias son fundamentales: a) fortalecer el sistema de coordinaciones entre
niveles de gobierno que sienta precedente de política pública; b) establecer el
primer marco de competencias sectoriales que gradualmente deben trasladarse al
municipio.
16

17. Esta primera etapa no solamente es compleja sino que eventualmente genera
debates sobre la presencia territorial de los entes sectoriales en el municipio. En
esta etapa, la rectoría de competenciales queda en manos de los entes sectoriales.
Para algunos esto podría generar debilidades del gobierno municipal, esta crítica
queda superada al establecerse acuerdos y pactos entre los gobiernos municipales
y los entes sectoriales.
En términos de gestión municipal, las competencias corresponden al servicio público
organizado, presupuestado, administrado y aprobado por el Concejo Municipal. Sin
embargo, en términos de la ampliación de coberturas en los que se busca mejorar
condiciones de salud, educación vivienda, infraestructura (básica, vial, productiva),
seguridad ciudadana, las competencias pasan a formar parte de acciones
estratégicas de la administración municipal.
Generalmente aquellas competencias que pasan a formar parte de agendas de
desarrollo, son las atribuidas por delegación (Las competencias atribuidas son las
que el Gobierno Central delega a los municipios mediante convenio y se ejercen en
los términos de la delegación o transferencia respetando la potestad de
autoorganización de los servicios del municipio establecidos en este Código. Art. 6,
inciso del CM)
La descentralización en esta etapa busca inscribirse y sumarse al plano de las
acciones estratégicas de la administración municipal para fortalecer la ampliación de
coberturas en el marco de la agenda de gestión territorial. Es esa la verdadera
dimensión de la descentralización en Guatemala: sentar precedente de política
pública en forma gradual, articulando acuerdos entre niveles de Gobierno.
Aún no se reconoce que el principal objetivo de la descentralización es el municipio
como sujeto clave del proceso donde se debe generar esfuerzos para elevar
capacidades de gestión para que la administración de servicios y ampliación de
coberturas de servicios públicos, particularmente de la agenda social. Este
desconocimiento es notable por la confluencia de inversiones territoriales de los
entes sectoriales y fondos sociales al margen del gobierno municipal.
La existencia de estructuras de poder intermedio a nivel departamental, como el
gobernador, refuerzan y replican prácticas centralistas. Ese eslabón es fundamental
en cuanto a seguridad ciudadana, el gobernador departamental tiene una dualidad
de funciones, donde la función de coordinar a las fuerzas de seguridad es prioritaria
bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación.
Opción para el traslado de competencias12
La descentralización supone la transferencia desde el nivel central al nivel local
(municipal) el poder de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los
recursos de financiamiento para la aplicación de las políticas públicas nacionales, a
través de la implementación de políticas municipales y locales en el marco de la
más amplia participación de los ciudadanos y ciudadanas. Desde ese plano, la
seguridad ciudadana continuará siendo un eje prioritario que se impulsará a doble
plano: lo central para labores de diseño, impulso, mayor dotación de recursos,
12
Documento Base de Guatemala
17

18. monitoreo y evaluación, y lo local, para efectos de respaldo, recursos adicionales,
conocimiento del territorio y penetración a nivel comunitario.
El diálogo de políticas, al interior de la institucionalidad del gobierno central,
constituye un factor decisivo para la implementación de mejores niveles de
coordinación. Ello significa.
• un renovado compromiso de las autoridades sectoriales en establecer mejores
coordinaciones en el territorio, tanto con el nivel de dirección como en el plano
operativo.
• modificar las políticas sectoriales, para encontrar con claridad, las posibilidades
reales de traslado de competencias hacia los gobiernos municipales.
• Establecer los recursos financieros que serán trasladados para apuntalar el
proceso de descentralización.
• Programa regulares de fortalecimiento municipal (acompañamiento técnico y
político de las administraciones locales).
Esas acciones, previas a la puesta en marcha del modelo de competencias
delegadas de los entes sectoriales a los gobiernos municipales, pueden convertirse
no solo en el debate del reparto de funciones y responsabilidades, sino en la
oportunidad real para anclar la descentralización en Guatemala.
Para algunos críticos del tema, lo primero es fortalecer el municipio para que cumpla
con las funciones que le han sido delegadas. Para otros, las competencias deben
ampliarse al municipio en razón de la atención de coberturas. Como mecanismo
articulador, se propone un reparto gradual de funciones y competencias de carácter
estructural con sentido de gradualidad. Es decir, preparar condiciones a partir de
acuerdos y pactos en los que se deleguen competencias sectoriales que más tarde
se conviertan en funciones exclusivas del municipio.
El marco legal vigente para la delegación de competencias13.
A partir de los artículos 6 y 7 de la Ley Marco de Descentralización (Decreto 14-
2002 del Congreso de la República), se establecen criterios de carácter legal que
identifican la gradualidad del proceso de transferencias (incluyendo competencias)
a las municipalidades y las prioridades que la descentralización reconoce:
educación; salud y asistencia social; seguridad ciudadana; ambiente y recursos
naturales; agricultura; comunicaciones, infraestructura y vivienda; economía; cultura,
recreación y deporte.
El artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Descentralización, establece que
el marco de la descentralización deberá entenderse a partir de la delegación de
competencias en los que se prevea los recursos financieros para su ejecución.
Asimismo, el Artículo 6 del mismo reglamento establece los destinatarios de las
delegaciones competencias que prevé el modelo de descentralización vigente y en
los que se reconocen 4 destinatarios: Municipalidades, mancomunidades de
municipios, demás entidades del Estado y comunidades legalmente organizadas
con participación de las municipalidades.
13
Documento Base de Guatemala
18

19. La Política Nacional de Descentralización, resalta que la descentralización de
competencias a partir de la gestión descentralizada del territorio, entendiendo en
ello el reparto en contextos de eficiencia. Asume en esa línea en el objetivo 7.1.1 la
transferencia de competencias a partir de la desconcentración de competencias en
el departamento y la descentralización de los mismos a los gobiernos municipales.
La delegación de competencias, una estrategia de cooperación y coordinación
entre niveles de Gobierno
Es evidente que los desequilibrios históricos del poder público centralizado en el
ejercicio y distribución de recursos (financieros principalmente) generaron y genera
actualmente enormes asimetrías entre lo rural y urbano. La decisión política de la
descentralización vigente en Guatemala retoma la discusión de las asimetrías a
partir del reparto de competencias, siguiendo el marco de la delegación del ente
sectorial al gobierno municipal.
Es importante destacar que entre el Decreto 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo y
el Decreto 14-2002 Ley General de Descentralización, en lo relativo a la delegación
de competencias, existen similitudes para implementar procesos de carácter
administrativo que coadyuven a generar en forma masiva la delegación de
competencias. Existen oportunidades para desarrollar estrategias de cooperación
bilateral que tengan como marco dos objetivos: i) fortalecer la capacidad y gestión
pública territorial de municipio; ii) fortalecer la agenda social municipal mediante la
ampliación de coberturas de los servicios públicos.
La delegación de competencias, tal como lo expresa el marco jurídico actual,
eventualmente puede ser reversible por mantener la autoridad delegante el poder
sobre la misma. Para equilibrar el pleno control y evitar revocatorias a los
convenios, se hace necesario establecer una estrategia de cooperación capaz que
sentar precedente de política pública en las relaciones ente sectorial-gobierno
municipal que haga irreversible este proceso.
En el caso de HONDURAS el proceso de descentralización ha venido avanzado
paulatinamente, su trayectoria inicia desde los años 90 con la emisión de la Ley de
Municipalidades en octubre de 1991, dotando a los gobiernos locales de autonomía
propia que les permite organizarse y funcionar de forma independiente de los
poderes del Estado. Durante estos últimos 20 años la Ley de Municipalidades ha
tenido varias reformas, siendo una de las principales el aumento de la transferencia
(del 5% al 10 % para el año 2013) que el gobierno central transfiere a las
municipalidades.
A pesar de estas iniciativas y de la incidencia política que han realizado los
municipios para impulsar la descentralización, este proceso ha retrocedido ya que
la tasa de seguridad que era cobrada por los municipios fue sustituida por decreto
legislativo numero 105-2011 Ley de seguridad poblacional, la cual es administrada
desde gobierno central. Obviando que la mayoría de los casos, son las
municipalidades las que apoyan económicamente a la policía nacional de su
19

20. territorio con la compra de combustible, mantenimiento de patrullas, construcciones
y mantenimiento de postas, compra de vehículos, entre otras.
Finalmente, el Poder Ejecutivo ha estado socializando desde finales del año 2012
una propuesta de reforma a la Ley de Municipalidades, mediante la cual se
destinaría a proyectos y programas del sector seguridad el 20% de la transferencia
que el Estado hace anualmente a cada municipio. Dicho monto podrá incluir apoyo a
la Policía Nacional, incluyendo asignaciones para el pago de sueldos del personal
contratado en las diferentes actividades relacionadas con el sector, construcción,
reparación y mantenimiento de la infraestructura física, equipos de seguridad y otros
gastos relacionados.
En H ONDURAS, el marco legal que determina las atribuciones y las competencias de
las administraciones públicas, nacional y local, en el sector de seguridad ciudadana,
se encuentra establecido básicamente en la Constitución, la Ley de Policía y
Convivencia Social, la Ley de Municipalidades y la Ley Orgánica de la Policía
Nacional.
Según la Carta Magna de Honduras, los Gobiernos locales pueden nombrar
libremente a los agentes de policía, que costeen con sus propios fondos.
El marco jurídico dispone que debe existir una coordinación entre los Gobiernos
nacional y local, pero ciertas disposiciones legales hacen que se mantenga la
intervención del Gobierno central en el municipio. En tal sentido, la Ley de Policía y
Convivencia Social “da la impresión de que las municipalidades están a disposición
de las fuerzas de policía nacional” (Orellana 2003).
La misma Ley de Policía y Convivencia Social dispone, además, que en casos de
emergencia, desastre o calamidad grave y perturbación del orden la policía nacional
podrá, en coordinación con la Municipalidad, tomar entre otras las siguientes
medidas:
- Ordenar la construcción de obras y la realización de tareas indispensables para
impedir, disminuir o detener los daños ocasionados o que puedan ocasionarse.
- Impedir o regular en forma especial la circulación de vehículos y de personas en
la zona afectada o establecer temporalmente este tránsito por predios
particulares.
- Ordenar la desocupación de casas, almacenes y tiendas o su cierre temporal, la
suspensión de reuniones y el cierre de establecimientos.
- Mantener el orden y colaborar en el aprovisionamiento y distribución de víveres,
medicinas y otros servicios humanitarios y de emergencia, así como médicos,
clínicos y hospitalarios.
- Organizar campamentos para la población que carezca de techo en coordinación
con los organismos de socorro.
Otras funciones policiales que la legislación establece para las municipalidades son
las siguientes:
Cumplir y hacer cumplir ordenanzas municipales y el Plan de Arbitrios en materia
de ornato, aseo e higiene
Supervisar, controlar y regular espectáculos y establecimientos de recreación
20

21. Supervisar, controlar y regular señalamiento vial, cementerios, rastros,
procesadoras de carnes, crematorios, terminales de transporte y mercados
Autorizar y controlar vendedores ambulantes
Extender o negar permisos de apertura de negocios
Comprobar medidas especiales de seguridad en instalaciones, industriales,
comerciales y de servicio que generen impacto ecológico
Garantizar el libre tránsito en las vías públicas urbanas y aplicar restricciones en
el uso de las vías
Por mandato legal, las Municipalidades deben contar con una Dirección de Policía
Municipal, cuyas funciones son complementadas con las competencias de un
Departamento de Justicia en cada municipalidad.
Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece que la
Secretaría de Seguridad por medio de la Policía Nacional le compete velar por la
conservación del orden público; la prevención, control y combate de los delitos,
faltas e infracciones; proteger la seguridad de las personas, su vida, su integridad
física, síquica y moral, sus libertades, bienes y derechos; auxiliar en la preservación
del medio ambiente, de la moralidad pública y de los bienes estatales; ejecutar las
resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones emitidas por las autoridades y
funcionarios públicos, y el auxilio a los poderes públicos, dentro del marco de la Ley;
la seguridad en la migración legal y del tráfico ilegal de personas; la represión del
crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos; la regulación y control de
los servicios privados de seguridad, el registro y control de actividades
potencialmente riesgosas para el mantenimiento del orden público tales como la
producción, comercialización y tenencia de químicos, armas, explosivos y similares
así como otras actividades susceptibles de ser instrumentadas para la comisión de
delitos.
De la misma manera el artículo 12 de la citada ley establece que: “Los
Gobernadores Departamentales y Alcaldes Municipales inspeccionarán en cualquier
tiempo el funcionamiento de la actividad policial en lo relativo al servicio a la
comunidad; sin embargo, en ningún caso, su intervención podrá obstruir las
investigaciones y el combate de los delitos, faltas e infracciones, so pena de
responsabilidad.
Los resultados de estas inspecciones deberán ser informados a las autoridades
superiores de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para los
correctivos del caso.
Las autoridades policiales, deberán coordinar sus actividades con las autoridades
departamentales y municipales, en instancias de participación ciudadana, para
optimizar los resultados y generar un clima de seguridad y solidaridad. Los
gobernadores, los alcaldes y las alcaldesas, los comités u organizaciones de
seguridad ciudadana y las demás instancias de participación de la sociedad,
deberán ser oídos por las autoridades de la policía con la periodicidad adecuada;
tendrán derecho a participar en la planificación, elaboración, ejecución, monitoreo y
evaluación de las estrategias y programas locales de seguridad que afecten sus
respectivos términos territoriales.
21

22. Lo referente a los comités u organizaciones de seguridad ciudadana será objeto de
reglamentación.
NICARAGUA no ha avanzado en procesos de descentralización, pese a contar con
una Política y una Estrategia aprobadas desde el año 2003. No existe dentro de las
competencias municipales ninguna referida a la seguridad ciudadana, como no sea
la articulación con la Policía Nacional. Sin embargo, en la práctica, las
municipalidades desarrollan, en coordinación con la Policía Nacional una serie
importante de actividades vinculadas a la prevención del delito.
REPÚBLICA DOMINICANA plantea que la descentralización, en tanto nuevo
paradigma de la administración política del Estado para lograr que éste sea además
de más eficiente, más democrático, plantea una nueva visión del desarrollo, de la
organización del territorio y del marco competencial de las unidades político
administrativo que configuran el Estado14.
Descentralización, desarrollo local y el territorio como espacio privilegiado de la
acción política, no son temas que surgen de manera casual, surgen a finales del
pasado siglo como consecuencia del desarrollo de la conciencia de los sustanciales
cambios que se han operado en el Estado moderno. También por una necesidad de
un nuevo enfoque de las funciones del Estado en esta nueva época de
transformaciones en la forma de producir la riqueza, en la estructura de los grupos y
clases sociales y en la manera en que a estas afectan las relaciones que establecen
estas instituciones.
De igual modo, se han acentuado las diversas formas de criminalidad, de
criminalización de diversas actividades económicas, variadas manifestaciones de
violencia particularmente la de género o feminicidio, la violencia que es
consustancial a la exclusión social y al fenómeno de la inseguridad ciudadana.
Estas nuevas manifestaciones de estos problemas, se constituyen en retos
ineludibles para la sobrevivencia del Estado en sentido general y del poder local en
particular.
Es eso lo que demuestra la pertinencia de las políticas descentralizadora de funciones
y las responsabilidades de los gobiernos locales de asumirlas para mejor eficiencia de
ambos y además, por el reconocimiento de que es en las comunidades locales donde
radica la real soberanía del pueblo. Aceptado ese principio, el tema de la seguridad
ciudadana, resulta clave para toda política orientada hacia el desarrollo y por vía de
consecuencia, para la consecución del bienestar colectivo
Ello así, porque en aquellos países donde se ha apostado a la descentralización del
poder, situando al centro de la misma la gestión municipal desde una perspectiva de
una oferta de servicios públicos eficientes y con determinados niveles de inclusión
social, se han logrado los indispensables niveles de gobernabilidad, que es la base
para el diseño de cualquier política de seguridad ciudadana.
Por otro lado, la descentralización no es una simple medida político/administrativa,
sino un pacto de gobernabilidad, no necesariamente escrito, entre diversos actores
político con la finalidad de institucionalizar una práctica política para desarrollar las
14
Documento Base de República Dominicana
22

23. potencialidades del territorio y del tejido social de este, para democratizar la
sociedad desde una perspectiva de participación efectiva de la comunidad y del
establecimiento del estado de derecho. En ese sentido, el éxito de todo proceso
descentralizador descansa en la capacidad de los actores de llegar a acuerdos para
la democratización de la sociedad toda.
Sólo con pactos de gobernabilidad realmente democráticos se puede pensar en que
los gobiernos locales y centrales asuman sus respectivas competenc ias con reales
posibilidades de que éxitos, sobre todo en lo relativo a la seguridad ciudadana que
si bien debe ser enfocada desde la perspectiva de las particularidades locales, la
misma, como ningún otro problema, tiene una dimensión nacional.
Por tal razón la seguridad ciudadana no puede ser abordada sin una clara puesta a
punto de la naturaleza del sistema político del país de que se trate. Las tradiciones
democráticas, la cultura política y los sistema de toma de decisiones son vitales
enfocar el tema de la seguridad ciudadana teniendo como punto de referencia el
estado en que se encuentra el tema y la práctica de la descentralización y,
naturalmente, de la claridad que pueda tener el marco competencial del municipio y
de gobierno central del país de que se trate.
Seguimos siendo una de las regiones con mayores niveles de desigualdad social,
de injusta distribución espacial y poblacional, de los peores en términos de oferta de
servicios y de igualdad de oportunidades. Esos indicadores generalmente están
asociados a los fenómenos de criminalidad y por ente, de inseguridad ciudadana.
En R EPÚBLICA D OMINICANA , el tema de la seguridad ciudadana está centralizado.
Se está en el ejercicio de un proceso de Descentralización
La coordinación de las políticas15
Las relaciones intergubernamentales y la coordinación como proceso de gestión en
lo público constituyen el equilibrio que articula los engranajes en el entramado de la
acción pública. Esa perspectiva es más evidente en procesos de política pública de
alto impacto, encabezado por la seguridad ciudadana. ¿Hasta donde pueden las
dinámicas de coordinación impactar e incidir en el resultado de las agendas de
gobierno en esa materia?, ¿pueden los actores claves aumentar la efectividad de
las políticas de seguridad ciudadana, en términos de recursos, política y tiempo?
Contrario a lo que sucede en otros países latinoamericanos, donde las
competencias en materia de seguridad ciudadana están articuladas desde el plano
local, o bien, con concurrentes, en Guatemala se formulan y ejecutan en forma
central. En los últimos 10 años se ha implementado acciones para favorecer la
coordinación entre gobierno central y las municipalidades, conscientes que los
desafíos en la materia han adquirido una marcada tendencia hacia lo territorial,
donde cada región (departamentos y municipios) expresan diversas manifestaciones
que no se pueden generalizar hacia lo nacional.
Abordar la coordinación intergubernamental como herramienta para promover,
articular y consolidar las políticas públicas asociadas a la seguridad ciudadana en el
ámbito local, nos coloca frente a dos dilemas: a) Entenderla como la acción política
15
Documento Base de Guatemala
23

24. dinamizadora de procesos en el que intervienen factores que alteran, reducen o
anulan resultados. En ese sentido, los distintos abordajes en materia de seguridad,
tanto a nivel preventiva como operativa, complejizan el escenario, sumado a la
presión por presentar resultados de corto plazo para contrarrestar el crecimiento del
fenómeno; y, b) situarla como una técnica aplicada a circunstancias que motivan
acuerdos o negociaciones. Se requiere que gobierno central y municipal articulen
orientaciones, recursos, responsabilidades para enfocar las prioridades a atender.
La clave de la coordinación entre distintos niveles de gobierno (central y local),
implica la interconexión, en el marco de determinadas prioridades y el reparto de
responsabilidades, para actores que asumen objetivos y resultados comunes que
buscan coincidencias en sus mandatos para el cumplimiento de agendas y procesos
establecidos en el mapa administrativo de gestión.
La coordinación, la entendemos en su expresión pública, como el instrumento de
gestión que dota al funcionamiento de procesos administrativos gubernamentales de
un amplio marco de relaciones interinstitucionales que derivan generalmente en un
entramado de sistemas y modalidades de articulación; algunas veces armonizados
para alcanzar un objetivo o en su defecto, obstáculos originados por factores
externos a la administración pública que influyen para alterar u obstaculizar planes,
programas y proyectos. Los desafíos de la seguridad ciudadana brindan ese marco
de oportunidades y limitaciones.
El gobierno central ha puesto en marcha, como uno de los tres pactos centrales de
su gestión, el denominado Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz. En su
implementación, propone el involucramiento de los gobiernos locales como espacio
de recursos y para legitimar los objetivos previstos. Desde ese plano, la
coordinación presenta un escenario asimétrico de relaciones y hasta cierto punto,
pasivo de las municipalidades, para responder a lo ya establecido. Esa realidad
corrobora lo señalado por Leonardo Garnier, quien afirmar que la “la coordinación, si
bien tiene un alto componente técnico, es una función esencialmente política. La
coordinación no se reduce simplemente a “hacer compatibles” unas acciones
gubernamentales con otras, a hacer compatibles unos programas con otros…”. En
realidad, se trata del conjunto de acciones orientadas a reducir esas asimetrías y a
involucrar más plenamente a las instancias del municipio (municipalidad, consejos
de desarrollo municipal COMUDES y otros actores representativos) en la definición,
priorización y seguimiento de actividades.
Si bien las acciones de política pública en seguridad ciudadana tienen su principal
asiento desde el plano central, donde los instrumentos político, administrativos -
financieros y técnicos tienen mejores asideros y armonizan las rutas de proceso
para alcanzar objetivos también diseñados centralmente, es menester reconocer
que esos núcleos, tradicionalmente resistentes a la coordinación, han ido
modificando esa predisposición, debido a la magnitud y alcance de los fenómenos
asociados, así como por los altos costos de transacción que implica el proceso si se
siguen impulsado verticalmente. Esos costos de transacción adquieren dimensiones
que superan la ruta de trámite administrativo, donde es importante tener en cuenta
dos elementos: i) la función estratégica de la coordinación como instrumento de
política de las relaciones intergubernamentales; ii) los resultados medibles en costo
y beneficio social del proceso sometido a la participación de diversos actores en
diversos niveles y espacios.
24

25. En materia de coordinación, es importante reconocer que en los niveles de gobierno
territorial se destacan espacios de poder intermedios entre el gobierno central y el
gobierno municipal que generalmente ejercen, no solamente influencia de carácter
político, sino en la asignación de recursos financieros.
Las gobernaciones departamentales 16, que paralelamente ejercen la presidencia de
los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural -CODEDES- asumen
funciones de carácter político administrativo en la asignación de recursos de
inversión en el nivel municipal. Adicionalmente a los espacios de poder
departamental se agrega la influencia que ejerce los diputados distritales (electos a
nivel departamental) generando espacios de poder que colisiona con los intereses
de gestión y los intereses políticos.
Hasta ahora el anclaje de la descentralización a nivel departamental no ha
significado la construcción de agendas de corto plazo. Las estructuras de
asignación de recursos territoriales a nivel departamental no contemplan la
profundización de servicios públicos territoriales transferidos o delegados por los
entes sectoriales a nivel nacional. Los espacios intermedios de gobierno
departamental, por ahora, no son parte de la estrategia de descentralización. Son,
más bien, brazos ejecutores de las políticas y acciones definidas desde lo central.
Hasta ahora el diálogo entre el Gobierno central y Gobiernos municipales necesitó
de mayores espacios para creer y pactar asuntos de corto plazo. Los gobiernos,
incluso los más recientes, no se han comprometido a extender y profundizar el
fortalecimiento del municipio; tampoco han construido el marco institucional que
abra nuevos canales para ampliar la base democrática y participativa del municipio.
En general, en todos los país de la región existe una cultura centralizadora y
presidencialista, que se expresa en una clara ambigüedad de los marcos
competencias de los gobiernos centrales y locales, solapándose algunas veces y/o
el gobierno central asumiendo competencias que son de los poderes locales. La
corrupción que no deja de expandirse, determina que la política se haya convertido
en una fuente acumulación originaria de capital para las elites políticas y que los
partidos hayan devenido en una suerte de corporaciones político/económicas.
La concepción patrimonialista del Estado, determina una idea de las políticas
sociales para fines clientelares, desafortunadamente esa cultura permea todas las
instancias del poder de la que no se excluye el social. Es frecuente que los
gobiernos locales permitan que el gobierno central les resuelva algunos temas que
son de su competencia, tales como arreglo de calles, de vías de comunicación cuyo
arreglos y/o mantenimiento les corresponden a los ayuntamientos, alcantarillado
pluvial y del tránsito y vialidad urbana. También de fomento de actividades agrícolas
etc.
Esa circunstancia, estaría consolidando la cultura de que "papá Estado" o "papá
Presidente de la república" son quienes resuelven los problemas y a ellos se les
16
En Guatemala la estructura política territorial está conformada por 22 departamentos en los que, el
Presidente de la República designa al gobernador, quien asume la representación territorial del gobierno
central. Por ley el gobernador es el presidente del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural.
25

26. dirigen muchas demandas. Según Latinobarómetro 2012, República Dominicana
ocupa el tercer lugar, 18.3, entre los país de mayores relaciones entre ciudadanía y
gobiernos locales, sólo superado por Haití, y Los Estados Unidos, 21.2 y1.8. Sin
embargo en el caso dominicano, según esa encuesta, de las personas que se le
preguntó que si el gobierno local le había resuelto su demanda plantea, sólo un
73.9 dijo que sí.
Ocupamos un tercer lugar en relacionamiento de la comunidad con lo gobiernos
locales, antes éramos los primeros, pero somos de los últimos en cuanto expresión
de satisfacción de la población sobre la oferta de servicios municipales. En esas
condiciones, se está evidenciado una pobre capacidad de estos gobiernos de
asumir adecuadamente sus competencias y así es muy difícil que sus autoridades
puedan asumir su adecuadamente su rol de gobierno descentralizado y,
naturalmente un papel efectivo en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad.
Volvemos, de ese modo al meollo del problema, a lo que parece ser un círculo
vicioso: la descentralización es una oportunidad para mejor enfrentar exitosamente
el flagelo de la inseguridad, pero para ello tiene que ser eficiente en cuanto a la
gestión de sus servicios. El gobierno central, con sus instituciones judiciales y
policiales, puede encontrar en los gobiernos locales los mejores aliados para
mejorar en todo el territorio nacional las condiciones de seguridad de la población,
pero esto es sólo posible cuanto en todas las instancias del Estado se asuma la
descentralización en la perspectiva que se ha desarrollado en este texto.
El mejor activo para producir un clima de seguridad es la gente, pero esta se siente
integrada realmente a sus autoridades, no solamente porque esta le permita su
participación en la toma de decisiones en las instancias donde estas se toman, sino
cuanto esas autoridades son capaces de hacer una buena gestión de los servicios,
cuando éstas asumen de hecho y no sólo de derecho sus competencias como entes
descentralizados del Estado.
Esto es el mejoramiento de las capacidades institucionales para supervisar,
gerenciar y controlar el sector y se refiere fundamentalmente a los parlamentos y
ministerios responsables.
Distribución de competencias entre niveles de gobierno
HONDURAS
Del Propia del Compartida
Competencia Gobierno Gobierno o
Central Local concurrente
Velar por la conservación del orden público, la
prevención, control y combate de los delitos,
faltas e infracciones; proteger la seguridad de las
personas, su vida, su integridad física, síquica y X
moral, sus libertades, bienes y derechos; y
demás que la ley le confiere. (Ley Orgánica de la
Policía Nacional, art. 3
Emitir ordenanzas encaminadas a la prevención
X
de la delincuencia e inseguridad.
26

27. Del Propia del Compartida
Competencia Gobierno Gobierno o
Central Local concurrente
La Ley de Municipalidades en su art. 14 numeral
3 establece como objetivo “alcanzar el bienestar
social y material del municipio, ejecutando
programas de obras públicas y servicios”. En
base a lo que establece la Ley, las
municipalidades destinan fondos es su
X
presupuesto para programas y proyectos
orientados a la prevención de la violencia y la
delincuencia a través de actividades con jóvenes
y niños, espacios recreativos, promoción del
deporte, y fomento de la cultura en sus
territorios.
Coordinar acciones con otras instituciones del
X
Estado en materia de Seguridad
NICARAGUA
Del Propia del Compartida
Competencia Gobierno Gobierno o
Central Local concurrente
Auxiliar o proteger de manera inmediata a toda
persona que así lo requiera y asegurar la
conservación y custodia de los bienes que se X
encuentren en situación de peligro por cualquier
causa.
La policía de común acuerdo con las alcaldías
podrán destinar fuerzas, bajo el mando del Jefe
de Delegación de la policía departamental, a
objeto de cumplir funciones de vigilancia y otras
X X
que disponga la Ley de Municipios en sus
respectivas jurisdicciones. Para estos efectos las
alcaldías asumirán el presupuesto
correspondiente.
Proteger la vida, la integridad, la
seguridad de las personas y el libre ejercicio de
los derechos y libertades de los
ciudadanos; asimismo es responsable de la
prevención y persecución del delito, la
preservación del orden público y social interno,
X
velar por el respeto y preservación de los bienes
propiedad del Estado y de los particulares,
brindar el auxilio necesario al
Poder Judicial y a otras autoridades que lo
requieran conforme a la Ley para el
cumplimiento de sus funciones.
Vigilar y proteger los edificios e instalaciones
públicas, vías de comunicación terrestre, costas,
X
centros y establecimientos que por su interés así
lo requieran
Coadyuvar en coordinación con el Ministerio del
X
Ambiente y Recursos Naturales, las Alcaldías y
27

28. Del Propia del Compartida
Competencia Gobierno Gobierno o
Central Local concurrente
Gobiernos Regionales en la vigilancia y
protección del ambiente y el aprovechamiento
racional de los recursos naturales.
Prevenir la comisión de actos delictivos o
cualquier forma de amenaza a las personas y
X
sus bienes que por las vías de hecho se
pretendan ejecutar.
Mantener o restablecer, en su caso, el orden
X
público y la seguridad ciudadana
Organizar, dirigir y controlar la policía voluntaria. X X
Los Gobiernos Municipales tienen competencia
en todas las materias que incidan en el
desarrollo socio-económico y en la conservación
del ambiente y los recursos naturales de su
circunscripción territorial. Tienen el deber y el
X
derecho de resolver, bajo su responsabilidad,
por sí o asociados, la prestación y gestión de
todos los asuntos de la comunidad local, dentro
del marco de la Constitución Política y demás
leyes de la Nación.
Acordar con la Policía Nacional las medidas
necesarias para el aseguramiento del orden
X
público y las labores meramente municipales, de
conformidad con la ley
PANAMÁ
Competencia Propia Compartida o
concurrente
Constitución Política de la República de Panamá, En conjunto a
Reformas 2004. Art. 234 y 234 sucesivamente. las autoridades
Prestar los servicios públicos y ordenar el desarrollo de del gobierno
su territorio, promover la participación ciudadana, así central.
como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
Cumplir la Constitución y Leyes, promoviendo la
participación de acuerdo a las necesidades básicas de las
municipalidades.
LEY Nº 106 de 1973 (De 8 de octubre de 1973). "Sobre En conjunto a
Régimen Municipal". las autoridades
Las competencias y funciones del municipio incluyen: del gobierno
i) Servicios Municipales de tipo empresarial como central.
Mercados, Aseo y Limpieza y Cementerio; ii) Servicios
Administrativos como expedición de certificados y
permisos de operación para negocios; iii) Administración
judicial de primera instancia en asuntos de familia; iv)
desarrollo de la infraestructura distrital; v) desarrollo
urbano incluyendo el control correspondiente; vi)
servicios de emergencia ante desastres; y vii)
recaudación de tributos. Adicionalmente a estas
competencias tradicionales, la administración municipal
viene adquiriendo una incipiente relevancia en temas de
28

29. Competencia Propia Compartida o
concurrente
gobernabilidad, participación ciudadana y desarrollo
social.
REPÚBLICA DOMINICANA propone que la seguridad ciudadana se constituya en una
nueva competencia municipal, al igual que el desarrollo local, en un momento en
que la institución municipal se encuentra en profundas dificultades para poder
asumir de manera exitosa las competencias de obligado cumplimiento o deseables
que tradicionalmente ha asumido o que se le ha demandado.
La institución municipal, particularmente en los países de la región, se encuentra en
la encrucijada de tener que asumir esas nuevas competencias, a pesar de que por
razones básicamente políticas e históricas, le resulta muy difícil poder cumplir con
relativo éxito las competencias que tradicionalmente ha tenido para gestionar los
servicios básicos de la comunidad.
Pero no es sólo la institución municipal la que tiende a tener limitaciones para el
buen cumplimiento de sus competencias, sino el Estado/nación y en tal sentido,
cobra fuerza el concepto de descentralización que plantea que la real disminución
de las posibilidades del Estado ser agente catalizador de los procesos de desarrollo
en el ámbito nacional, objetivamente lo obliga a un proceso de reforma de sus
estructuras organizativas que apunta hacia la resignación de funciones en entes
locales mejor posicionados para enfrentar las demandas de la población.
No se trata de que el Estado debe resignar sus competencias, sino que la tendencia
mundial es la de encontrar en la organización de la comunidad, en sus diversas
formas, la mejor manera de resolver sus problemas y de agenciarse los medios para
tal fin.
IV. Diagnósticos
COSTA RICA informa la existencia de un diagnóstico que cubre 16 municipios, a
saber:
Nro. de Temas del diagnóstico Elaborado por; Fecha de
municipios elaboración
que cubre
16 La necesidad de mejorar la calidad de *Planes de Entre los
vida a los habitantes del Cantón en Desarrollo años 90 al
materia de seguridad ciudadana. La Cantonal. 2012
urgencia de Equipar la Municipalidad con *Contrataron un
tecnología de punta para la seguridad: Asesor para el
ejemplo equipo adecuado de monitoreo estudio.
electrónico en zonas críticas, Tele *Por Comisión
vigilancia Ciudadana.
Vigilar y controlar la actividad comercial *La Administración
del cantón, garantizar el resguardo de los Municipal.
bienes de la Municipal, ejecutará labores *Plan del Alcalde.
de control y
29

30. Fiscalización tributaria y velará por la
seguridad integral de la ciudadanía y de
tránsito.
Ausencia de Programas preventivos de
Lucha contra la delincuencia y las drogas,
mediante charlas, acciones de
participación ciudadana, convivios y
dispositivos de seguridad. A la vez en
forma paralela se fomentan actividades
deportivas, culturales y recreativas para
niñez y la juventud con miras a generar
cambios de actitudes y comportamientos.
Con otras instituciones se debe coordinar
acciones para la mejora de la vigilancia.
Enfatiza el factor preventivo por medio de
la Policía Municipal
HONDURAS reporta que el número de diagnósticos que den cuenta de las
especificidades en materia de seguridad en cada uno de los 298 municipios
hondureños, es limitado. Sin embargo, la magnitud del problema de inseguridad es
tal que en los últimos años se han incrementado los fondos –nacionales e
internacionales- destinados a recabar información a nivel local.
A continuación se presenta, al respecto, un resumen de los estudios y los trabajos
sobre todo de la presente década que han mostrado esa realidad territorial.
Nro. de municipios que cubre Temas del Fecha de
Elaborado por
el diagnóstico diagnóstico elaboración
A nivel General, en el tema de Entornos Violentos: Alianza 2011
violencia del crimen organizado Contexto en el que Internacional
hay un análisis por regiones: crece la juventud en para la
Norte, Centro Sur, Occidente, Honduras Consolidación
Litoral Atlántico. de la Paz
(Interpeace)
8 municipios: Comayagua, La Tasa de homicidios a Observatorios Se elaboró
Ceiba, Choloma, San Pedro nivel nacional y por locales de la en marzo
Sula, Distrito Central, Juticalpa, municipio, violencia, 2012, el
Choluteca e Islas de la Bahía. indicadores de Centros estudio
homicidio, Incidencia Universitarios abarca los
Delictiva, Delitos Regionales. meses de
sexuales y Lesiones. UNAH. enero a
diciembre de
2011 para
cada uno.
Municipio del Distrito Central Línea de Base y Save the Enero/2010
(Colonias del área peri urbana Diagnóstico de Children
Comayagüela) Situación de
Violencia
A nivel General Diagnóstico de Alianza Joven 2011
Violencia Juvenil de por la Paz
Honduras
30

31. Nro. de municipios que cubre Temas del Fecha de
Elaborado por
el diagnóstico diagnóstico elaboración
Departamento de Choluteca, de Seguridad Instituto 2000 (el
igual manera proporciona Ciudadana en Interamericano diagnóstico
alguna información a nivel Centroamérica, de Derechos comprende
general. Diagnostico sobre la Humanos los años de
situación 1994 a 1997).
Violencia contra la mujer y Femicidio o muerte Observatorio de Se elaboró
femicidio en el Distrito Central violenta de mujeres, la violencia, en diciembre
violencia física y UNAH. de 2012, el
mujer maltratada, estudio
delitos sexuales abarca los
contra mujeres y meses de
niñas del Municipio enero a
del Distrito Central diciembre de
(M.D.C.) 2011.
Si bien la Policía Nacional de NICARAGUA declara contar con diagnósticos y planes
en todos los municipios del país, no se tuvo acceso a dichos documentos . Por su
parte, funciona en el país un organismo no gubernamental, el Instituto de Estudios
Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que realiza desde hace casi diez años y
de manera regular, estudios, diagnósticos, foros y conferencias sobre el tema de
seguridad y defensa, tanto de Nicaragua como del nivel regional.
En ese sentido, edita una Revista llamada Mirador de Seguridad, Revista Seguridad
y Sociedad, Informes de Gestión del Sector Defensa, Seguridad Pública y Política
Exterior, Red de Seguridad Humana por la Prevención de la Violencia y el Delito,
Diagnósticos de la Violencia a nivel municipal, Encuestas de percepcion ciudadana,
estudios sobre violencia y trata de personas, política de prevención de la violencia
juvenil.
Para la formulación de la Política de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de
Gobernación creó la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana 17, el primer
paso en ese sentido fue la realización del primer diagnóstico nacional sobre el
tema18. El documento fue publicado en el año 2002 junto con 7 líneas estratégicas
definidas para dar tratamiento a los principales problemas identificados.
El documento de diagnóstico consigna una definición del concepto, a partir de la
cual se derivan las líneas estratégicas y el trabajo desarrollado hasta ahora. El
punto de partida es la Constitución Política que reconoce a la seguridad ciudadana
como un derecho de los nicaragüenses.
Se reconocen dos dimensiones de la seguridad ciudadana: los hechos y los
sentimientos; se afirma que ambas están unidas pero no siempre se relacionan
proporcionalmente. Igualmente, se reconoce un conjunto de instituciones estatales
directamente relacionadas con los problemas de la seguridad ciudadana, tales
como: el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, Dirección de Migración,
17
La Dirección existe desde el año 2000, cuando inició con el auspicio de l PNUD; sin embargo, tuvo un
período de baja actividad hasta que fue reactivada en el año 2003 e incorporada formalmente al aparato de
gobierno mediante el decreto presidencial 84-2004.
18
Valle, Marcos y Arguello, Ana Isabel. Diagnóstico Nacional de la Seg uridad Ciudadana. Ministerio de
Gobernación. Managua: 2002
31