Aspectos Económicos e Inseguridad Ciudadana

Informe Nacional de Desarrollo Humano/
Red Nacional de Desarrollo Humano
Aspectos económicos relacionados
con la (in)seguridad ciudadana
Isidora Chacón
Pablo Sauma
C u a d e r n o s d e D e s a r r ol lo H u m a n o
6

362 Sauma Fiat, Pablo.
S255a Aspectos económicos relacionados con la
(in)seguridad ciudadana / Pablo Sauma Fiat e Isidora
Chacón Álvarez. -- 1a. ed. -- San José, Costa Rica: Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2006.
64 p. ; 21 x 28 cm.
ISBN: 9968-794-27-9
1. SEGURIDAD CIUDADANA - ECONOMIA - ESTUDIOS.
2. DESARROLLO HUMANO. I. Chacón Álvarez, Isidora, coa.
II. Título.
Coordinación:
Equipo Coordinador Informe Nacional de Desarrollo Humano
Edición: Mabel Morvillo
Diseño: Priscila Coto
Fotografía de portada: Marcela Alarcón
Diagramación e impresión: Lara Segura & Asoc. (506) 256-1664
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Costa Rica
Teléfono: (506) 296-1544
Dirección: Oficentro La Virgen 2, de la Embajada Americana
300 m. sur y 200 m. sureste, Pavas, San José, Costa Rica.
ISBN: 9968-794-27-9
Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier
medio, con fines comerciales.
Las ideas expuestas en los cuadernos PNUD son responsabilidad
exclusiva de las y los autores y no responden necesariamente a la
línea de pensamiento del Programa de las Naciones Unidad para el
Desarrollo (PNUD).

Presentación
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dio a cono-
cer, en diciembre de 2005, el Informe Nacional de Desarrollo Humano
“Venciendo el temor: (in)seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa
Rica”. Dicho Informe ofrece un diagnóstico sobre la (in)seguridad ciu-
dadana en el país y explora sus vínculos con el desarrollo humano. Para
su elaboración,el PNUD comisionó alrededor de veinte investigaciones
temáticas cuyos hallazgos fueron utilizados, en mayor o menor medida,
en el documento final. Algunas de ellas versan sobre temas que son,
por sí mismos, de interés general, razón por la cual se ha optado por su
publicación, bajo la modalidad de Cuadernos de Desarrollo Humano.
El objetivo de estos Cuadernos es, entonces, dar a conocer ampliamente
diversos estudios que,aunque preparados en función de la redacción del
Informe, pueden, por sus contenidos, arrojar luz sobre algunas dimen-
siones claves de la (in)seguridad y el desarrollo humano.
En esta oportunidad, hemos identificado seis estudios que responden
a este criterio. El documento de apertura de la serie, preparado por el
especialista José María Rico, ofrece un balance de la situación de la
(in)seguridad ciudadana en Costa Rica. Con este trabajo se provee una
visión global de la victimización en el país, sus características y factores
asociados, así como de la percepción de la (in)seguridad en la población
y las respuestas de las instituciones estatales y la ciudadanía.
El Cuaderno 2 ofrece también una mirada sobre las manifestaciones de
la inseguridad, esta vez con énfasis en la forma en que ella recae y afecta
el desarrollo humano de las mujeres. Ana Carcedo, académica y reco-
nocida defensora del derecho de las mujeres a una vida libre de violen-
cia, emplea la perspectiva del desarrollo humano para realizar un nuevo
acercamiento al tema de la violencia específica contra las mujeres.

El cuestionamiento sobre el nivel de responsabilidad de los medios de
comunicación en la reproducción de la (in)seguridad ciudadana es fre-
cuente. El estudio que aparece en el Cuaderno 3, elaborado por Carlos
Sandoval y Karina Fonseca, contiene los elementos que permiten com-
prender la interacción entre los mensajes de los medios de comunica-
ción y la percepción de (in)seguridad en Costa Rica.
Otro tema que reiteradamente mencionó la ciudadanía, como un factor
asociado al incremento de la inseguridad ciudadana, es la presencia de
drogas en el país. Julio Bejarano es el autor del Cuaderno 4, y en él ex-
plora el consumo de drogas,lícitas e ilícitas,así como las percepciones de
la población, y el vínculo entre la presencia de drogas y la inseguridad.
El Cuaderno 5 muestra el detalle metodológico de la construcción del
Índice de Desarrollo Humano Cantonal, con el propósito de contribuir
a la discusión sobre la evaluación del desarrollo en el país. El documen-
to fue elaborado por Edgar Gutiérrez y Paola Omodeo, del Observato-
rio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.
Finalmente,en el Cuaderno 6,los investigadores Isidora Chacón y Pablo
Sauma analizan los aspectos económicos vinculados con la (in)seguridad
ciudadana. Lo hacen desde dos vertientes: la primera corresponde al
estudio de los factores económicos y sociales típicamente asociados a
la inseguridad. La segunda aborda la estimación de sus consecuencias
económicas, a nivel individual y social, para determinar los gastos en
que incurren familias y gobierno por esta causa.
El lanzamiento de estos seis cuadernos espera convertirse en un aporte
significativo al debate sobre el desarrollo humano en Costa Rica y al
proceso de identificación de caminos que conduzcan hacia la expansión
de las libertades de las personas.
José Manuel Hermida
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Índice
Justificación.............................................................................................................................. 7
I. Objetivos de la investigación.............................................................................................. 7
II. Metodología y fuentes consultadas..................................................................................... 8
III. Desarrollo temático............................................................................................................ 8
A. Vinculación entre delictividad y factores económicos y sociales................................... 8
B. Percepción de inseguridad según nivel de ingreso...................................................... 20
Percepciones sobre inseguridad patrimonial............................................................... 23
Percepciones de inseguridad hacia la agresión física................................................... 25
Percepciones de inseguridad hacia el maltrato emocional.......................................... 27
Percepciones de inseguridad hacia la agresión sexual................................................. 28
Percepción general de inseguridad.............................................................................. 28
Percepción de inseguridad y victimización................................................................. 31
C. Percepción de desigualdad económica y percepción de inseguridad........................... 33
D. Los gastos directos asociados a la seguridad............................................................... 35
Gastos de las familias................................................................................................. 35
Gasto público............................................................................................................. 41
E. Costos económicos de la violencia: magnitud e implicaciones................................... 45
IV. Conclusiones y recomendaciones..................................................................................... 51
Bibliografía............................................................................................................................. 54
Anexo. Cuadros estadísticos................................................................................................... 55

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Justificación
El incremento en la inseguridad ciudadana es una realidad inobjetable en la
sociedad costarricense, tanto desde una perspectiva subjetiva (percepción)
como objetiva (victimización). Dos preguntas surgen inmediatamente ante
esa realidad: ¿tiene que ver ese aumento en la inseguridad con la situación
de pobreza y desigualdad que presenta la sociedad costarricense? y ¿cuáles
son los costos directos e indirectos para la sociedad asociados con el creci-
miento en la inseguridad? Las respuestas a cada una de esas preguntas se
configuran como aspectos claves dentro de un estudio de la envergadura del
Informe Nacional de Desarrollo Humano.
Aspectos económicos relacionados
con la (in)seguridad ciudadana
I. Objetivos de la investigación
El objetivo principal de la investigación es
analizar temas relacionados tanto con factores
económicos y sociales asociados a la inseguri-
dad ciudadana, como con las consecuencias de
la inseguridad -a nivel individual y colectivo-
desde una perspectiva económica (costos).
Para alcanzar ese objetivo general, se proponen
los siguientes objetivos específicos. En primer
lugar,explorar los nexos entre el comportamien-
to de la pobreza, la desigualdad del ingreso, el
desempleo y otras variables socioeconómicas,
por un lado, y las tasas de delictividad en el país
y sus regiones, por otro.
En segundo lugar, estimar los costos que impo-
ne la inseguridad ciudadana a diferentes secto-
res de la economía costarricense. Ello implica
estimar el gasto directo que realizan las familias
en bienes y servicios relacionados con la protec-
ción de su vida, patrimonio e integridad física;
pero también, el gasto del gobierno en seguri-
dad pública, administración de justicia penal y
contravencional, y régimen penitenciario.
Finalmente, se aproximan los costos económi-
cos de la ocurrencia y prevención de la violencia
según los principales componentes, entre los
que se incluyen la pérdida de vidas humanas,
como consecuencia del delito, y la atención
hospitalaria a las víctimas de violencia.

| PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
II. Metodología y fuentes
consultadas
En el caso del análisis de los factores so-
cioeconómicos asociados a la inseguridad
ciudadana (apartado A), luego de un amplio
análisis bibliográfico sobre el tema, se pro-
cedió a realizar las estimaciones nacionales.
Esto a partir de información de las encuestas
de hogares que,anualmente,realiza el Institu-
to Nacional de Estadística y Censos (INEC),
cifras sobre criminalidad del Poder Judicial,
y también cifras del Banco Central de Costa
Rica (BCCR) y el Centro Centroamericano
de Población de la Universidad de Costa Rica
(CCP).
El análisis de la percepción de inseguridad
según nivel de ingreso (apartado B), y entre
esta percepción y la de desigualdad (aparta-
do C), se sustentó exclusivamente en la En-
cuesta Nacional de Seguridad de Costa Rica,
realizada para el proyecto en el año 2004
(ENSCR-04).
Para la estimación de los gastos directos aso-
ciados a la seguridad (apartado D), se utilizó
información diferente, según se tratara del
sector público o privado (hogares). En el pri-
mero de los casos, se utilizó la información
sobre gasto público de la Secretaría Técnica
de la Autoridad Presupuestaria del Ministe-
rio de Hacienda, disponible para el período
1987-2003. En el caso del sector privado
(hogares), la información de la ENSCR-04
se complementó con una recopilación propia
de los costos de algunos bienes y servicios y
con cifras del Instituto Nacional de Seguros
(INS).
Finalmente, para la estimación de los costos
económicos de la violencia (apartado E), se
utilizó información adicional a la mencio-
nada en el párrafo anterior proveniente de la
ENSCR-04, de la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS), del Ministerio de
Salud y del Poder Judicial.
III. Desarrollo temático
A. Vinculación entre delictividad y
factores económicos y sociales
Generalmente se asume la existencia de una
relación directa entre la delictividad (homi-
cidios, robos y hurtos) y algunos fenóme-
nos socioeconómicos, como la pobreza, la
desigualdad en la distribución del ingreso,
el desempleo y, con una perspectiva interna-
cional, una relación inversa con el grado de
desarrollo económico de los países. Se han
realizado múltiples estudios, tanto a nivel de
países como internacionales,para tratar de di-
lucidar el asunto,con resultados muy diversos,
e inclusive contradictorios. No obstante, una
parte importante de esos estudios comprueba
la existencia de una relación directa entre de-
lictividad (medida generalmente por las tasas
de homicidio y robo) y desigualdad. A conti-
nuación, se hace referencia a los resultados de
dos de los estudios recientes que comprueban
tal relación.
En primer lugar, el realizado por Unnithan y
Whitt (1992), quienes exploraron la relación
entre homicidio,desigualdad y desarrollo eco-
nómico con datos de 31 países, y encontraron
que la violencia está más relacionada con la
desigualdad que con el desarrollo económico.
Posteriormente, Fajnzylber, Lederman y
Loayza (2002) concluyen que la desigualdad
en la distribución del ingreso (medida por el
coeficiente de Gini) tiene un efecto signifi-
cativo y positivo sobre la incidencia del cri-
men, en este caso determinado por las tasas
de homicidio y de robos (independientemen-
te). Los autores sustentan sus resultados en
datos de 39 países para el período entre 1965-

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1
Entre los países considerados hay diez de América Latina y el Caribe, en lo que respecta a homicidios, y cinco en robos.
1995, en el caso de los homicidios, y de 37
países para 1970-1994, en el caso de robos.1
Además de la desigualdad, otras variables
consideradas fueron: el PNB per cápita; los
años promedio de educación de la población
adulta; la tasa de crecimiento del PNB como
indicador indirecto del empleo y las oportu-
nidades económicas; y el grado de urbaniza-
ción de cada país (porcentaje de población
urbana). Entre otros resultados obtenidos, se
encuentra la existencia de un alto grado de
inercia en la incidencia del crimen, en el sen-
tido de que la violencia genera más violencia,
lo que justifica la pronta intervención para
frenar su incremento. Además, encontraron
que las tasas de crimen se reducen cuando au-
menta el crecimiento económico. Las demás
variables no resultaron significativas.
No obstante la relación entre delictividad y
desigualdad en la distribución del ingreso, no
sucede lo mismo con la pobreza. Entre otros
estudios, Kennedy et al. (1998), utilizando
datos para 50 estados de los Estados Unidos
sobre tasas de homicidio (1987-1991) y robos
y asaltos con arma de fuego (1991-1994), de-
mostraron que los diferenciales en el ingreso
tienen un mayor efecto en la violencia que
los niveles absolutos de pobreza. Con esos
mismos datos, Kawachi, Kennedy y Wilkin-
son (1999) demostraron, posteriormente, que
la distribución del ingreso como una medida
relativa de privación, estaba consistentemen-
te asociada con crímenes violentos, pero la
pobreza absoluta y los homicidios solamente
muestran una débil relación.
Otros resultados interesantes son los de Free-
man (1991), quien encontró para los Estados
Unidos una mayor participación en activida-
des criminales de jóvenes en desventaja social,
principalmente jóvenes negros con menor
educación y en condición de pobreza; y los de
Witte y Tauchen (1994), quienes utilizando
datos para una cohorte de hombres jóvenes
de ese mismo país, determinaron que traba-
jar o ir a la escuela reduce la probabilidad de
que se vean envueltos en actividades crimina-
les. También los obtenidos por Gonzales de
Olarte y Llosa (1999), quienes exploraron la
relación entre pobreza y violencia doméstica,
entrevistando a 359 mujeres en Lima, Perú,
y encontraron que el porcentaje de mujeres
pobres que sufrían violencia doméstica era
mayor que entre las mujeres no pobres.
Considerando esos antecedentes, el objetivo
de esta primera sección es explorar los nexos
entre las principales variables socioeconó-
micas y las tasas de delictividad para el caso
costarricense,tratando de responder a las pre-
guntas: ¿existe en Costa Rica alguna relación
entre el comportamiento secular o cíclico de
las tasas de pobreza y el comportamiento de
las tasas de delictividad? ¿Existe en el país al-
guna relación entre el comportamiento secu-
lar o cíclico de la desigualdad en el ingreso y el
comportamiento de las tasas de delictividad?
¿Existe en Costa Rica alguna relación entre
el comportamiento secular o cíclico de las ta-
sas de desempleo y las tasas de delictividad?
Además de esa exploración a nivel nacional,
de carácter temporal, también se realiza un
análisis de corte transversal por regiones.
Como indicadores de delictividad se utilizan
las tasas de homicidios, robos y hurtos, en
todos los casos expresadas por cada 100.000
habitantes. La primera de ellas fue estimada
a partir de las cifras de víctimas de homicidio
doloso correspondientes al Área Policial (Po-
der Judicial, Departamento de Planificación,
Sección de Estadística), las cuales de detallan
en el Cuadro 1 del Anexo estadístico. Las
tasas de robos y hurtos,a su vez,corresponden
a los casos entrados en las oficinas policiales
del Organismo de Investigación Judicial (Po-
der Judicial, Departamento de Planificación,
Sección de Estadística).

10 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
8
Tasa
7
6
5
4
3
2
1
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sin embargo, es importante destacar varios
problemas que presentan las cifras de robos
y hurtos. En primer lugar, que no reflejan la
totalidad de los casos sucedidos, pues muchas
veces estos no se denuncian (cosa que no su-
cede con los homicidios,donde se espera con-
tar con información sobre la totalidad de los
casos sucedidos). En segundo lugar, el Orga-
nismo de Investigación Judicial ha tenido en
los últimos años una fuerte expansión a nivel
nacional, con la apertura de oficinas a lo largo
del país,lo cual ha incidido en un crecimiento
significativo de las denuncias de robo y hur-
to, aunque no necesariamente significa que el
número de casos ha aumentado. Este proceso
de expansión tiene dos fases notorias; la pri-
mera entre 1988 y 1994, y la segunda a partir
de 1998. En tercer lugar, la forma en que se
clasifican las denuncias depende, en buena
medida, de la calificación que hagan las per-
sonas que reciben la denuncia; esto, a lo largo
del tiempo, genera problemas de comparabi-
lidad, situación que se refleja en las catego-
rías consideradas en las publicaciones anuales
de esas estadísticas. Un cuarto problema se
presenta para los años 1980-1988, pues robos
y hurtos se clasificaban conjuntamente. Fi-
nalmente, y en quinto lugar, un problema se
presenta en 1995, cuando la dirección del OIJ
aplicó la decisión de aceptar solamente las de-
nuncias por hurtos y daños cuyo monto fuese
igual o sobrepasase los mínimos establecidos
por la ley (antes, no había reglas definidas al
respecto); esto se tradujo en una reducción en
el número de hurtos, debido al cambio en el
criterio de entrada.
Es claro entonces que las estadísticas más
confiables para efectos de este estudio son
las de homicidios, no así las de robo y hurto.
No obstante, dado que los homicidios son la
más grave manifestación de violencia, y sus
determinantes son, probablemente, bastante
más complejos que los referentes a los robos
y hurtos, se hace un intento por incorporar
estos últimos en el análisis.
Gráfico 1
Tasas de homicidio (víctimas de homicidio por cada 100.000 habitantes). 1980-2003
Fuente: Estimación propia con cifras del Poder Judicial y de INEC-CCP.

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1.000
800
600
400
200
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tasa
En el Gráfico 1 (y en el Cuadro 1 del Anexo)
se muestra la evolución de la tasa de homici-
dios por cada 100.000 habitantes, de 1980 en
adelante, con una clara tendencia creciente a
partir del mínimo de 3,7 alcanzado en 1982,
hasta el máximo de 7,2 del año 2003 (casi el
doble que el valor de 1982).
Desde la perspectiva del presente estudio, ad-
quiere especial importancia lo acontecido a
inicios de la década de los ochenta, pues la
tasa de homicidios en 1980 fue relativamente
alta y, conforme se fue profundizando la crisis
económica, la misma comenzó a disminuir,
hasta alcanzar su menor nivel precisamente en
1982, año en que esa crisis se manifestó con
mayor fuerza (entre otros, la producción total
cayó en ese año un 7,3%, la inflación alcan-
zó el 81,8% y el desempleo abierto un 9,4%).
Luego, a medida que la situación económica
fue mejorando, la tasa de homicidios fue au-
mentando. Contrario a lo que generalmente
se supone, el año más difícil en lo económico
fue precisamente el menos violento, desde la
perspectiva de este indicador.
No debe extrañar, entonces, la altísima corre-
lación entre esa tasa de homicidios y el PIB
per cápita, pues para el período 1980-2003 el
coeficiente de correlación es 0,98, por lo que
es posible afirmar que el proceso de creci-
miento económico de las dos últimas décadas
ha estado acompañado de un aumento en la
tasa de homicidios. Sin embargo, el PIB per
cápita no constituye el único determinante
del aumento en los homicidios, por lo que es
necesario investigar otras variables socioeco-
nómicas.
En lo que respecta a las tasas de robos y hur-
tos, deben tenerse presentes las limitaciones
destacadas anteriormente. En el Gráfico 2 y
el Cuadro 1 del Anexo, se muestra la evolu-
ción de la tasa de robos y hurtos conjunta-
mente. El período de estudio inicia con una
tasa muy baja, 389,4 casos de robo o hurto
por cada 100.000 habitantes, la cual prácti-
camente se duplica el año siguiente (730,9) y
sube aún más en 1982,hasta alcanzar un valor
de 791,7,incrementos coincidentes con la cri-
sis económica a la que se ha hecho referencia.
Gráfico 2
Tasa de robos y hurtos (casos entrados al OIJ) por cada 100.000 habitantes. 1980-2003

800
Robos Hurtos
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
600
400
200
0
Tasa
Luego inicia un proceso sostenido de reduc-
ción, hasta 1987-88, y aumenta nuevamente
en 1989 y el año siguiente; pero es en 1991,
año recesivo en lo económico, en que muestra
el mayor crecimiento. Luego sigue aumen-
tando hasta 1994. Debe recordarse que parte
del crecimiento en las tasas entre 1988 y 1994
se ve influenciado por la expansión de las ofi-
cinas del OIJ a lo largo del país. En 1995 la
serie se interrumpe, por el problema señalado,
en lo que respecta a los hurtos. A partir de
1997 la tasa conjunta de robos y hurtos crece,
en forma sostenida, hasta 1999 en que alcan-
za un nuevo máximo, y a partir del año 2000
comienza a reducirse hasta el año 2002, para
luego volver a aumentar en el año 2003.
Al analizar separadamente las tasas de robos
y de hurtos, hasta donde la información lo
permite (Gráfico 3 y Cuadro 1 del Anexo),
ambas muestran un comportamiento bastan-
te similar, con crecimiento entre 1989 y 1994
(que coincide con la expansión territorial del
OIJ); luego, una caída (más allá del cambio
en la anotación de los hurtos),posteriormente
estabilidad, con una pequeña tendencia al au-
mento hasta 1998-99, y luego un proceso de
disminución hasta 2002, pues en el año 2003
la situación es, más bien, de crecimiento.
Las tasas de homicidios, robos y hurtos
fueron correlacionadas con diferentes va-
riables socioeconómicas. Es importante des-
tacar que la mayor parte de tales variables se
obtiene de la Encuesta de Hogares de Propó-
sitos Múltiples (EHPM) que, desde 1987, de
forma anual y con cobertura nacional, realiza
el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Si bien es cierto que esta encuesta tiene su
origen en la Encuesta Nacional de Hogares,
Empleo y Desempleo, que se realizó entre
1976 y 1986, no todas las variables que se
desprenden de ella son comparables con las
posteriores (de 1987 en adelante), lo cual res-
tringe en muchos casos el período de análisis
de 1987 a 2003. Vale decir, 17 observaciones,
que es un número reducido para análisis de
series de tiempo. Además, la situación se tor-
na más grave en el caso de las tasas de robos y
hurtos, ya que las series se deben acortar aún
más por los problemas de disponibilidad y
comparabilidad.
Como se señaló al inicio de esta sección, la
pobreza y la desigualdad en la distribución
del ingreso son variables que, por lo general,
se asocian con cambios en las tasas de delic-
tividad. La encuesta de hogares proporciona
información sobre dichas variables a partir
Gráfico 3
Tasas de robos y hurtos (casos entrados al OIJ) por cada 100.000 habitantes. 1988-2003

40 Pobreza Coeficiente de Gini
% pobres Coeficiente
0,440
0,430
0,420
0,410
0,400
0,390
0,380
0,370
0,360
0,350
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
de 1987. Según esa fuente, el país finalizó la
década de los años ochenta con niveles de po-
breza total (o sea, el porcentaje de población
con ingresos insuficientes para adquirir una
canasta de bienes y servicios básicos) relativa-
mente altos, consecuencia todavía de la crisis
económica de principios de la década ante-
rior, pero con una tendencia a la reducción
(Cuadro 2 del Anexo y Gráfico 4). No obs-
tante, en 1991 se dio un nuevo aumento en la
pobreza, como resultado del evento recesivo
de ese año. En los años siguientes el nivel de
pobreza se redujo con respecto a 1991, hasta
1994, año en que se establece un nivel que
prácticamente se mantiene estancado por el
resto del período de estudio.
La pobreza extrema, es decir el porcentaje de
población cuyos ingresos no son suficientes ni
siquiera para adquirir una canasta de alimen-
tos básicos, muestra un comportamiento bas-
tante similar al de la pobreza total (Cuadro 2
del Anexo).
En el caso de la desigualdad en la distribución
del ingreso, cuando se utiliza el coeficiente de
Gini (indicador que asume valores entre 0 y
1, cuyo mayor valor corresponde a la mayor
desigualdad en la distribución del ingreso),
el comportamiento para los años disponibles
de la década de los ochenta refleja una reduc-
ción de la desigualdad, también asociada con
lo sucedido en los años previos, y la década
de los noventa inicia con niveles relativamen-
te bajos. Entre 1989 y 1997 se dan algunas
fluctuaciones relacionadas, en especial, con el
desempeño económico, pero a partir de ese
último año hay un aumento sostenido en la
desigualdad, con niveles en los primeros años
de la nueva década bastante superiores a los
prevalecientes en el pasado (Gráfico 4 y Cua-
dro 2 del Anexo).
Es importante destacar que el aumento en
la desigualdad y el estancamiento de la po-
breza son resultados del proceso económico
en marcha en el país, como lo demuestran
Gráfico 4
Incidencia de la pobreza en la población y coeficiente de Gini
de la distribución del ingreso. 1987-2003
Fuente: INEC (2003) y estimación propia.

diferentes estudios (véase, entre otros, Sauma
y Sánchez, 2003).
En el Cuadro 1 se muestran los resultados de
la correlación entre las tasas de homicidios,
hurtos y robos con la tasa de incidencia de
la pobreza (total y extrema), el coeficiente de
Gini y otros dos indicadores de desigualdad;
específicamente, la relación entre el ingre-
so promedio de los hogares del X decil / V
quintil con respecto al ingreso promedio del
I decil / quintil. Se dividió en subperíodos
tratando de lograr la mayor comparabilidad
posible entre las series de datos.
Un primer resultado importante es que la
pobreza no se relaciona de la forma esperada
(relación directa) con la tasa de homicidios.
En el caso de los robos y hurtos, si bien se
presenta una relación directa entre la pobre-
za total y los robos 1989-2003 y los hurtos
1996-2003, el coeficiente de correlación es
muy débil en los robos e insuficientemente
fuerte en los hurtos. Entonces, de manera
consistente con otros estudios a nivel inter-
nacional, es posible afirmar que en el caso
costarricense, al menos durante el período de
estudio, la pobreza absoluta por sí misma no
es un determinante significativo del aumento
en la violencia, representada en este caso por
las tasas de homicidios, robos y hurtos. En el
mismo sentido, no se deberían esperar en el
futuro reducciones en estas formas de violen-
cia, por el mero hecho de que se logre reducir
la pobreza (o lo contrario). La única excep-
ción sería, tal vez, el caso de los hurtos, pues
a pesar de las escasas observaciones, se puede
esperar que reducciones en la pobreza total se
traduzcan en menores tasas de hurtos.
En el caso de la desigualdad, como se ha se-
ñalado, se consideraron tres variables: el co-
eficiente de Gini y las relaciones entre los
ingresos promedio de las familias del X decil
y del V quintil con respecto a las del primer
decil / quintil (en todos los casos las familias
fueron ordenadas según su ingreso familiar
per cápita). Cuando se correlaciona de ma-
nera independiente cada una de esas variables
con la tasa de homicidios, se comprueba la
existencia de una relación directa, tal como se
esperaba (es decir que a mayor desigualdad,
Cuadro 1
Coeficientes de correlación entre tasas de homicidios, robos y hurtos y las variables relacionadas
con la pobreza y la desigualdad. 1987-2003
Homicidios Robos Hurtos
1987-2003 1989-2003 1989-1994 1996-2003
Pobreza
incidencia pobreza total -0,85 0,39 -0,29 0,53
incidencia pobreza extrema -0,82 -0,39 -0,42 0,05
Desigualdad
coeficiente de Gini 0,66 0,16 0,33 -0,89
ingreso promedio X decil / I decil 0,48 0,06 -0,24 -0,76
ingreso promedio V quintil / I quintil 0,55 0,00 -0,28 -0,88
Variables
Fuente: Elaboración propia.

Desempleo abierto
Subempleo invisible
Subempleo visible
Subutilización total
24
21
18
15
12
9
6
3
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tasa
mayor tasa de homicidios). Hay diferencias
en los coeficientes de correlación (Cuadro 1),
y el coeficiente de Gini es el indicador de des-
igualdad que muestra una mayor correlación
con la tasa de homicidios, de manera consis-
tente con los estudios mencionados.
No sucede lo mismo cuando se correlacionan
esos indicadores de desigualdad con las tasas
de robos y hurtos,pues,en términos generales,
la relación es contraria a la esperada (Cuadro
1). La única excepción son los hurtos entre
1989 y 1994, pero el coeficiente de correla-
ción es bajo.
Otras variables que generalmente se asocian
con la delictividad son el empleo y los subem-
pleos. Se consideraron en este caso las tasas
de desempleo abierto,de subempleo visible (o
sea, las personas que trabajan menos de tiem-
po completo y desean trabajar más horas), de
subempleo invisible (las personas que trabajan
tiempo completo o más y ganan menos del
salario mínimo),2
y la tasa de subutilización
total, que resulta de sumar las tres anteriores.
En el Gráfico 5 y Cuadro 2 del Anexo, se
muestran esas tasas para el período 1980-
2003. La década de los años ochenta inicia
con tasas relativamente altas, que alcanzan un
máximo en 1982, año en que la crisis econó-
mica se manifestó con mayor fuerza. En los
años siguientes se reducen, y hacia finales de
esa década y los años siguientes se mantienen
relativamente bajas,con pequeñas variaciones,
pero sin llegar al punto en que el desempleo
y los subempleos se consideren un problema
grave para el país.
Al correlacionar esas variables con las tasas
de homicidios, robos y hurtos se obtuvieron
los resultados que se muestran en el Cuadro
2. En todos los casos se esperaba una rela-
ción directa, es decir, que reducciones en el
desempleo y los subempleos estuvieran aso-
ciadas con cambios en el mismo sentido en
la delictividad. Sin embargo, en el caso de la
tasa de homicidios, la relación resultante fue
contraria a la esperada, lo que significa que
no se comprueba la existencia de una relación
2
Las tasas de subempleo visible e invisible son tasas equivalentes; o sea, que resultan de convertir en puestos plenos de trabajo los
faltantes de horas y de salarios que muestran los subempleados.
Gráfico 5
Tasas de desempleo abierto, subempleos visible e invisible y de subutilización total. 1980-2003
Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (INEC).

entre cambios en esta variable y los niveles de
desempleo y subempleo.
Para el caso de los robos y hurtos se realizó
una primera correlación para el período 1980-
1988, considerando la tasa de ambos delitos
en conjunto. El resultado fue el esperado,tan-
to en términos del tipo de relación (directa),
como de la magnitud de los coeficientes de
correlación. Así, por lo menos para la década
pasada, es posible afirmar que los aumentos o
reducciones en los robos y hurtos estuvieron
asociados con variaciones en el mismo senti-
do del desempleo y los subempleos.
En el caso específico de los robos, para el pe-
ríodo 1989-2003, en términos generales hay
una relación directa entre las variables consi-
deradas, aunque el coeficiente de correlación
es débil. No obstante, probablemente incida
en esa baja correlación la expansión territorial
del OIJ, a la que ya se ha hecho referencia.
Este resultado, sin embargo, es consistente
con la evidencia empírica internacional.3
En el caso de la tasa de hurtos sucede lo con-
trario a los robos, con una relación inversa en
los dos períodos de estudio,lo que impide ob-
tener conclusiones de ningún tipo.
Se consideraron también otras cuatro va-
riables. En primer lugar, el PIB per cápita,
como indicador global de las oportunida-
des económicas. Se espera que aumentos en
este producto, que reflejan incrementos en
las oportunidades económicas, estén asocia-
dos con reducciones en las tasas de delicti-
vidad (relación inversa). En segundo lugar,
se consideró conveniente explorar la relación
entre el grado de urbanización (medido por
el porcentaje de población urbana) y la tasa
de homicidios. Señalan Londoño, Gaviria
y Guerrero (2000: 50): “la violencia criminal
en Latinoamérica (y en el mundo en general)
afecta mucho más a las áreas urbanas que a las
rurales; y dentro de las primeras, mucho más a las
ciudades grandes que las pequeñas”.4
Se consi-
deró también el porcentaje de hombres jóve-
nes, de 13 a 29 años que, según la encuesta de
Cuadro 2
Coeficientes de correlación entre tasas de homicidios, robos y hurtos y las
variables relacionadas con el empleo y el subempleo. 1980-2003
Homicidios Robos y hurtos Robos Hurtos
1980-2003 1980-1988 1989-2003 1989-1994 1996-2003
Tasa de desempleo abierto -0,28 0,85 0,18 -0,25 -0,61
Tasa de subempleo visible -0,11 0,74 0,11 -0,51 -0,29
Tasa de subempleo invisible -0,41 0,66 -0,12 -0,13 -0,35
Tasa de subutilización total -0,29 0,82 0,11 -0,43 -0,57
3
Fajnzylber, Lederman y Loayza (2001) hacen referencia a estudios realizados por Fleisher y Ehrlich, que se centran en la relación entre
el crimen y resultados del mercado laboral (empleo y salarios), y destacan que “en sus estudios empíricos, sin embargo, ambos autores
encuentran que las tasas de desempleo son menos importantes que los niveles y las distribuciones del ingreso. Los estudios de series de tiempo
no han sido capaces de descubrir una relación robusta, positiva y significativa entre el desempleo y el crimen” (p. 11).
4
Esta variable también fue utilizada, entre otros, por Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002).
Variables

hogares, ni estudian ni trabajan, suponiendo
que los aumentos en la delictividad están aso-
ciados con aumentos en el porcentaje de jó-
venes en esa situación. Finalmente,se incluyó
el nivel educativo promedio de la población
de 15 años y más, bajo la suposición de que
aumentos en ese nivel educativo redundarían
en reducciones en la delictividad.
En el Cuadro 2 del Anexo se muestran los
valores para cada una de las variables, y en el
Cuadro 3 los coeficientes de correlación re-
sultantes. El PIB per cápita, luego del com-
portamiento típico del período de crisis, en
que cayó casi un 15% entre 1980 y 1982-83,
comienza su recuperación en 1984, de mane-
ra bastante sostenida, con caídas solo en 1996
y 2001 (Cuadro 2 del Anexo), y en el año
2003 alcanza un nivel un 30,5% superior al
de 1980. Cuando se correlaciona esta variable
con las diferentes tasas de delictividad, se ob-
tiene que en los casos de homicidios y robos
así como en hurtos (1989-1994), el signo es
contrario al esperado; esto es, que la amplia-
ción de oportunidades económicas que refleja
el PIB per cápita no se tradujo en reducciones
en las tasas respectivas.
En el caso de los homicidios,como ya se había
señalado, el coeficiente de correlación es muy
elevado, y refleja que el proceso de crecimien-
to económico de los últimos años ha estado
acompañado de mayor violencia en términos
de homicidios.
Con los hurtos, en el período 1996-2003 se
presenta la relación esperada con respecto al
PIB per cápita. Es decir que, a medida que
aumentan las oportunidades económicas, se
reduce la tasa de hurtos, con un coeficiente
de correlación que no es bajo. Cuando se
consideran conjuntamente los robos y hur-
tos en el período 1980-1988, la relación es la
esperada y el coeficiente de correlación tam-
poco es bajo. Estos dos aspectos podrían ser
indicativos de que la relación entre estas dos
dimensiones (robos y hurtos) y el crecimiento
del PIB existe, pero que se ve empañada por
problemas con la información utilizada.
El país ha vivido un importante proceso de
urbanización en las dos últimas décadas.
Como lo refleja una proyección propia a par-
tir de los datos censales de 1973,1984 y 2000,
el porcentaje de población urbana aumentó
de 47,7% en 1980 a 60,9% en 2003 (Cuadro 2
del Anexo),y de ser mayoritariamente rural,el
país pasó a ser mayoritariamente urbano. En
este caso, los coeficientes de correlación refle-
jan lo que se esperaba; aumentos en las tasas
de delictividad están asociados con aumentos
en la urbanización, situación especialmente
significativa en el caso de los homicidios, en
que el coeficiente de correlación alcanza 0,90
(Cuadro 3). Con los robos la relación es la
esperada, aunque el coeficiente de correlación
es débil, y en el caso de los hurtos la situación
difiere entre los subperíodos considerados.
Se incluyó también el porcentaje de hombres
jóvenes, de 13 a 29 años que, según la encues-
ta de hogares, no estudian ni trabajan, supo-
niendo que los incrementos en la delictividad
están asociados con aumentos en el porcen-
taje de jóvenes en esa situación. Sin embar-
go, es importante destacar que las encuestas
de hogares no reflejan aumentos significati-
vos en este porcentaje a lo largo del tiempo
(Cuadro 2 del Anexo). Solamente en el caso
de los hurtos entre 1996 y 2003 se obtuvo la
relación esperada, aunque los coeficientes de
correlación son bajos (Cuadro 3).
Por último, se consideró el nivel educativo
promedio de la población de 15 años y más,
a partir de la encuesta de hogares. Como se
refleja en el Cuadro 2 del Anexo, el país ha
mostrado un aumento sostenido, aunque leve,
en el nivel educativo de la población. En el
caso de los homicidios y robos, el signo de la
correlación es diferente al esperado, de mane-
ra que no se puede afirmar que el aumento en

el nivel educativo de la población haya incidi-
do en una reducción de los homicidios y los
robos, aunque sí de los hurtos.
Antes de continuar, es importante destacar
que otras variables de suma importancia para
tratar de explicar el fenómeno de la delictivi-
dad no están siendo consideradas porque no
hay información disponible, de manera total
o al menos para algunos años. Entre estas
variables se encuentran el consumo de alco-
hol y drogas, la tenencia de armas de fuego, el
capital social, las migraciones, etc.
Una vez analizada la relación entre cada una
de las variables socioeconómicas y cada una
de las tasas de delictividad (homicidios, robos
y hurtos), se procedió a hacer las regresiones
múltiples correspondientes. Sin embargo, los
resultados no fueron diferentes a los obteni-
dos al considerar cada una de las variables
de modo independiente. En este sentido, la
conclusión es que es preciso incorporar en el
modelo explicativo muchas variables que has-
ta ahora no han sido consideradas por falta de
información.
Sin embargo,es posible arribar a algunas con-
clusiones generales. El fuerte aumento en la
tasa de homicidios en las dos últimas décadas
está asociado con el aumento en la urbaniza-
ción de la población y en la desigualdad. La
tasa de robos está especialmente asociada, de
manera directa, con el desempleo y los su-
bempleos, y también, en menor grado, con la
urbanización y la pobreza. Los hurtos, por
su parte, no muestran relaciones claras para
ambos subperíodos; al menos parcialmente,
se asocian de manera directa con la pobreza,
la urbanización y con el porcentaje de jóve-
nes varones de 13-29 años que no estudia ni
trabaja y, de manera inversa, con el PIB per
cápita.
Los otros resultados también son importan-
tes, pues permiten algunas conclusiones in-
teresantes. En primer lugar, que reducciones
en la pobreza no garantizan disminuciones
significativas en la delictividad, aunque se
podrían esperar pequeñas reducciones en los
robos y hurtos. Que el proceso de aumento
en las oportunidades económicas que refleja
el fuerte incremento en el PIB per cápita no
Cuadro 3
Coeficientes de correlación entre tasas de homicidios, robos y hurtos y otras variables
socioeconómicas. 1980-2003
Homicidios Robos y hurtos Robos Hurtos
1980-2003 1980-1988 1989-2003 1989-1994 1996-2003
PIB per cápita 0,98 -0,62 0,47 0,83 -0,54
Tasa de urbanización 0,90 -0,17 0,36 0,83 -0,84
% hombres 13-29 no
estudian/trabajan -0,24a/ n.d. -0,27 -0,60 0,38
Educación promedio
población 15 años y más 0,94a/ n.d. 0,34 0,76 -0,90
Notas: a/ Se refieren a 1987-2003.
Variables

ha incidido en una reducción en la deliciti-
vidad sino que, más bien, ambos fenómenos
se asocian positivamente. Algo similar suce-
de con el aumento en el nivel educativo de
la población. Por fin, que el aumento en la
delictividad en general (homicidios y robos,
exceptuando los hurtos), no puede asociarse
con cambios en el porcentaje de jóvenes varo-
nes que no estudian ni trabajan.
El aumento en la desigualdad, resultado del
proceso económico en marcha en el país, ha
planteado como una de las prioridades en la
agenda nacional de corto y mediano plazo la
necesidad de mejorar y renovar los esquemas
redistributivos, situación que encuentra aho-
ra una justificación adicional en el tema de la
violencia. En el caso de la urbanización, vale
la pena rescatar lo indicado por Londoño,
Gaviria y Guerrero (2000: 53): “hoy los retos
para las ciudades latinoamericanas son muchos;
no solo deben afrontar las crecientes demandas de
servicios públicos e infraestructura, sino también
garantizar la seguridad ciudadana en un entor-
no cada vez más complicado. Como es lo usual
las soluciones fáciles nunca solucionan nada. Va-
rios hechos son claros: debe invertirse en policía,
deben controlarse los factores de riesgo más ob-
vios (alcohol y armas), y debe tenerse en mente
que las dinámicas criminales una vez que toman
fuerza son difíciles de detener; en consecuencia, la
necesidad de estar alerta y actuar con rapidez y
determinación”.
Además de esa exploración a nivel nacional a
partir de series de tiempo, se consideró con-
veniente realizar una exploración de corte
transversal para alguna desagregación geo-
gráfica del país, en este caso, las regiones de
planificación. Por el lado de la delictividad,
se consideró solamente la tasa de homicidios,
pues no existe información de las otras di-
mensiones a ese nivel. En el Cuadro 3 del
Anexo se muestran las tasas de homicidios
y las principales variables socioeconómicas
para cada una de las regiones, en el año 2003;
pero debe tenerse presente en todo momen-
to que existe un desfase espacial entre ellas,
pues mientras los casos de homicidio doloso
se registran según el lugar donde ocurrió el
hecho, todas las demás variables (incluyendo
la población de referencia para estimar la tasa
de homicidios) corresponden al lugar de resi-
dencia de la población. Entonces, el desfase
se presenta porque los homicidios no siempre
ocurren en el lugar de residencia de la vícti-
ma, ni tampoco los victimarios residen en el
mismo lugar donde cometen el delito. Esta
situación es de mayor relevancia en los dis-
tritos más céntricos del Cantón Central de la
provincia de San José, donde reside muy poca
gente, pero el número de homicidios es muy
elevado. No obstante ese problema, dado que
la información de la encuesta de hogares se
encuentra disponible por regiones, se espera
que por tratarse de un nivel de agregación im-
portante,se reduzcan los problemas asociados
con el mencionado desfase espacial.
El análisis de los datos refleja que para el caso
costarricense no es posible asociar los nive-
les de delictividad en las regiones, medidos
con la tasa de homicidios, con ninguna de las
variables socioeconómicas consideradas. La
pobreza, la desigualdad y el desempleo, con-
trario a lo esperado, se asocian inversamen-
te con la tasa de homicidios (Cuadro 4 del
Anexo). Las otras dos variables, el nivel de
ingreso promedio de los hogares y la tasa de
urbanización, si bien arrojan los signos espe-
rados, muestran coeficientes de correlación
sumamente bajos.
Resulta decisivo, entonces, tratar de buscar
explicación a esos resultados,para lo cual debe
recurrirse propiamente a los datos (Cuadro 3
del Anexo). Aunque el 65,3% de los casos
de homicidio ocurridos en el año 2003 se
produjo en la región Central, la tasa de homi-
cidios en ella no es la más alta,pues asciende a
7,3 por 100.000, dado que en esa región
residía, en el año de estudio, un 64,5% de

la población nacional. Las regiones Pacífico
Central y Huetar Atlántica, en las que reside
un 5,2% y 9,8% respectivamente de la pobla-
ción nacional, son las que muestran las ma-
yores tasas de homicidios: 8,3 por 100.000.
Inclusive la región Huetar Norte, en la que
reside un 5,5% de la población, tiene una tasa
de homicidios superior a la de la región Cen-
tral,7,5 por 100.000. Las regiones Chorotega
y Brunca muestran, en el año 2003, las meno-
res tasas de homicidios,5,7 y 5,5 por 100.000,
respectivamente,y albergan el 7,6% y 7,4% de
la población, respectivamente.
Las regiones Pacífico Central y Huetar
Atlántica, con mayores tasas de homicidio, no
son ni las más desiguales, ni las más pobres,
ni presentan las mayores tasas de desempleo
y subempleo y, al menos la Huetar Atlánti-
ca, sigue siendo bastante rural. Por el con-
trario, las regiones Chorotega y Brunca, con
fuerte desigualdad e incidencia de la pobreza,
problemas de desempleo y subempleo (espe-
cialmente la Brunca), y también bastante ru-
rales, son las que muestran menores tasas de
homicidio.
La región Central, por su parte, es tan grande
que distorsiona algunos de los resultados. Por
ejemplo, su baja tasa de incidencia de la po-
breza (16% en el año de estudio) esconde el
hecho de que la mitad de los pobres del país
residen en ella. De igual modo, es una región
que aún conserva partes rurales.
Es posible concluir entonces que a nivel re-
gional no existe una asociación clara y confia-
ble entre los niveles de delictividad, medidos
por la tasa de homicidios, y las variables so-
cioeconómicas que resultaron significativas
en el análisis de series de tiempo del país, o
han resultado significativas en otros países y
comparaciones de países. Hay algunos fac-
tores importantes para la delictividad que se
están dejando por fuera y que ayudarían a
comprender mejor las diferencias regionales
en la criminalidad, como el consumo de al-
cohol y drogas, la migración inter-regional y
el capital social, entre otras; pero lamentable-
mente no se dispone de información confia-
ble sobre ellas.
B. Percepción de inseguridad según
nivel de ingreso
Otro aspecto relevante para el estudio es el
referente a las percepciones de inseguridad
según el nivel de ingreso de las personas. Bá-
sicamente se trata de responder a la pregunta:
¿existe en Costa Rica una relación entre los
niveles de ingreso económico de las personas
y su percepción de inseguridad?
Para responderla se utiliza la Encuesta
Nacional de Seguridad de Costa Rica
realizada para el proyecto en el año 2004
(ENSCR-04). Esta encuesta capta informa-
ción sobre dos ingresos mensuales: el del in-
formante (S22 ¿cuál es el ingreso que usted
percibe mensualmente?) y el del hogar (S23
¿cuál es el ingreso total mensual de este ho-
gar?). En ambos casos, la respuesta refiere a
rangos de ingreso. Se pregunta además sobre
el número de personas que aportan al ingreso
total del hogar (S24).
En el Cuadro 4 se muestra la distribución de
los niveles de ingreso personal y de los hoga-
res. En términos generales, la no respuesta
puede considerarse baja.
Para verificar la calidad de los datos, se rea-
lizaron varias pruebas. En primer lugar, se
constató si el ingreso reportado de los hogares
era igual o superior a los ingresos personales,
pues la situación contraria (que el ingreso del
hogar fuese inferior al personal) constituye
una inconsistencia. Solo un porcentaje míni-
mo de las entrevistas (0,5% del total) presenta
esa situación irregular. En segundo lugar, se
comprobó la consistencia entre los niveles de
ingreso del hogar y otras variables captadas

en la encuesta,específicamente: la cantidad de
dormitorios en la vivienda (S13), la asistencia
a centros de educación privada por parte de
los miembros del hogar (S15), tomar vacacio-
nes fuera del país (S17), la tenencia de vehí-
culo propio (S18) y tener servicio doméstico
(S12). En términos generales, hay consisten-
cia entre el nivel de ingreso de los hogares de
los entrevistados y el comportamiento de esas
variables.
También se analizaron las características de
los entrevistados que no respondieron sobre
el nivel de ingreso del hogar, y se determinó
que no se pueden asociar con un nivel especí-
fico de ingresos, sino que pertenecen a todas
las categorías definidas.
Se concluye entonces que la información de
ingresos del hogar es adecuada para realizar
el análisis requerido. Únicamente una obser-
vación adicional antes de entrar en ese aná-
lisis. En el Cuadro 5 del Anexo se compara
la estructura de distribución de los hogares
por niveles de ingreso según la ENSCR-04
y según la Encuesta de Hogares de Propósi-
tos Múltiples de 2003 (EHPM-03), realizada
por el INEC. Sin que ello implique asumir
que los ingresos captados por la EHPM-03
reflejan de manera adecuada la totalidad de
Cuadro 4
Ingresos de los entrevistados y de los hogares de los entrevistados,
según categorías. 2004 (en porcentajes)
Categorías de ingreso Ingreso Ingreso
(colones por mes) personal del hogar
Total 100,0 100,0
Menos de 100 mil 13,1 10,4
100 a menos de 150 mil 13,1 12,4
150 mil a menos de 200 mil 12,8 17,7
200 a menos de 300 mil 11,7 25,1
300 a menos de 450 mil 4,3 15,7
450 a menos de 600 mil 1,8 7,2
600 a menos de 750 mil 0,7 2,6
750 a menos de 1 millón 0,4 1,2
1 millón o más 0,3 1,0
No trabaja (no aporta) 39,1 0,0
No sabe / No responde (NS/NR) 2,9 6,7
Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad en Costa Rica 2004.

los ingresos de los hogares costarricenses,
sino considerando simplemente que su mayor
tamaño muestral (en ese año,29.380 personas
de 16 años o más, en 11.150 hogares), y que
las estimaciones de ingresos se obtienen a par-
tir de una batería más amplia de ingresos, la
comparación de las distribuciones refleja que
las entrevistas de la ENSCR-04 estuvieron
‘un poco cargadas’ hacia personas de las cate-
gorías de ingreso medio-bajo y medio-medio,
en detrimento de las pertenecientes a hoga-
res más pobres, de manera particular.5
Esta
situación no resta validez a los resultados de
la encuesta, aunque sí se debe tener presente
que,en aquellas situaciones en que el compor-
tamiento de los hogares de mayores ingresos
es muy diferente al de las familias de menores
ingresos, las magnitudes poblacionales que se
obtengan probablemente sobreestimen el fe-
nómeno estudiado con respecto a los que se
obtendrían con una encuesta menos cargada
hacia los ingresos más altos.
Para efectos de simplificar el análisis, y sin
que ello afecte los resultados, se reagrupa-
ron las categorías de ingreso. En el Cuadro
5 se muestra la opinión de los entrevistados
sobre los dos principales problemas del país
(conjuntamente, principal y segundo más im-
portante),según el nivel de ingreso de sus ho-
gares. Como se aprecia en el mismo,el 40,6%
de los entrevistados señaló el de la inseguridad
ciudadana y la violencia como uno de los dos
principales problemas del país, seguido por el
desempleo y el alto costo de la vida (alrededor
de 27%), la corrupción (24,3%), la drogadic-
ción (22,1%) y la pobreza (16,4%).
Por niveles de ingreso, se repite el patrón
general en lo que respecta a la inseguridad
ciudadana y la violencia como problema prin-
cipal, pero con una característica particular; y
es que, en términos generales, la importancia
relativa de este problema aumenta a medida
que aumenta el ingreso de los hogares de los
entrevistados.
También hay diferencias por niveles de ingre-
so en lo que respecta a la importancia asig-
nada a los otros problemas. Mientras que el
alto costo de la vida y el desempleo ocupan el
segundo lugar en importancia para los entre-
vistados pertenecientes a hogares de menores
ingresos (menos de 150 mil colones por mes),
la corrupción es el segundo problema más im-
portante para los entrevistados pertenecientes
a hogares de ingresos más altos (600 mil o
más colones por mes). Los entrevistados de
las categorías intermedias de ingreso (ingreso
conocido), muestran situaciones similares a
los extremos más cercanos; o sea, que los en-
trevistados de las categorías de ingresos me-
dio-bajo y medio-medio (de 150 mil a menos
de 300 mil y de 300 mil a menos de 450 mil
colones) destacan el alto costo de la vida y el
desempleo como siguientes problemas más
importantes, mientras que los entrevistados
de la categoría de ingreso medio-alto (450
mil a menos de 600 mil colones) destacan el
alto costo de la vida y la corrupción.
La drogadicción es, en términos generales,
el cuarto problema en importancia (conside-
rando el desempleo y el alto costo de la vida
conjuntamente), pero con la diferencia, según
niveles de ingreso, de que es especialmente
importante para las familias de menores in-
gresos (menos de 150 mil y de 150 mil a me-
nos de 300 mil), donde ocupa el tercer lugar.
5
Es importante destacar que para tratar de conocer el impacto sobre la estructura de distribución de hogares según ingreso originado,
por el hecho de utilizar la encuesta de hogares del año 2003 en lugar de la del 2004 (que no se encuentra disponible), se aumentaron
los ingresos de los hogares en un 10%. El resultado fue que la distribución no mostraba variaciones mayores a +/- 0,2 puntos porcen-
tuales en cada categoría de ingreso, por lo que se optó por dejar la que se deriva para el año 2003 sin ajuste.

Dado ese entorno de preocupación por la in-
seguridad ciudadana en todos los niveles de
ingreso, se analizan a continuación las per-
cepciones de los entrevistados en cada una de
las dimensiones previamente definidas de in-
seguridad: patrimonial, agresión física, emo-
cional y agresión sexual.
Percepciones sobre inseguridad patrimonial
Porcentajes muy elevados de los entrevistados
consideran que la posibilidad de verse afecta-
dos en su patrimonio ante diferentes circuns-
tancias es alta o muy alta. Como se refleja en
el Cuadro 6, un 71,9% de los entrevistados
considera que las posibilidades de que lo asal-
ten cuando camina de noche por la calle son
altas o muy altas; un 53,5% considera lo mis-
mo sobre el hecho de que personas descono-
cidas se metan a robar en su casa, y un 50,7%
acerca de que lo asalten cuando camina de día
por la calle.
En términos generales, la percepción de in-
seguridad patrimonial aumenta a medida que
aumenta el ingreso de los hogares de los en-
trevistados. Esto es evidente en la mayoría de
las opciones consideradas en la investigación
(Cuadro 6), y que se reflejan de manera resu-
mida en el índice de percepción de insegu-
ridad patrimonial (Gráfico 6). En este caso,
el índice aumenta desde 4,2 para los entre-
vistados en la categoría de menos de 150 mil
colones mensuales, hasta 5,1 en la de 600 mil
colones o más.
Cuadro 5
Principales problemas del país (1) según el nivel de ingreso de los hogares de los entrevistados
(en porcentajes)
Inseguridad Alto
ciudadana / costo Pobreza
delincuencia de vida
Total 100,0 40,6 27,9 27,4 24,3 22,1 16,4
Menos de 150 mil 22,9 36,2 30,8 30,8 22,2 24,8 18,2
150 a menos de 300 mil 42,8 40,6 28,3 26,3 21,9 23,8 16,1
300 mil a menos de 450 mil 15,7 44,6 26,8 27,9 26,3 19,9 17,2
450 a menos de 600 mil 7,2 42,8 23,1 29,5 27,7 15,0 16,2
600 mil o más 4,8 46,1 23,5 20,0 40,0 14,8 13,0
Ingreso ignorado 6,7 40,4 26,7 24,2 26,7 19,9 13,7
Notas: (1) Se consideran conjuntamente las opciones problema principal y segundo más importante.
Categorías de ingreso Distribución
(colones por mes) entrevistados
Droga-
dicción
Desem-
pleo
Corrup-
ción

7,9 9,3 7,8 6,6 6,9 9,6 6,2
17,7 16,2 19,1 16,2 19,7 20,0 13,0
33,5 31,9 33,6 37,9 32,9 39,1 24,2
21,0 19,7 20,3 21,2 27,7 27,8 18,0
Cuadro 6
Porcentaje de entrevistados que considera que la posibilidad de verse afectado en
su patrimonio es alta o muy alta, según nivel de ingreso mensual de su hogar
Menos 150 a 300 mil 450 a 600 Ingreso
Situación Total de 150 menos de a menos menos de mil o igno-
mil 300 mil de 450 mil 600 mil más rado

Que lo(a) asalten cuando camina de día por la calle 50,7 48,8 50,4 52,0 57,2 61,7 41,0
Que lo(a) asalten cuando camina de noche por la calle 71,9 67,2 70,4 78,2 82,7 80,9 65,2
Que le roben algo en su lugar de trabajo
o centro de estudios
Que le roben algo en lugares de entretenimiento
público, como restaurantes, cines, discotecas, 39,7 35,3 41,1 41,1 42,2 46,1 34,8
estadios, centros comerciales
Que le roben algo cuando va en bus 28,6 26,8 29,7 26,0 28,3 40,9 24,8
Que le roben algo cuando sale de paseo con su familia 32,1 28,2 32,9 30,2 39,3 39,1 31,1
Que un policía le robe algo 15,1 14,0 14,9 15,4 16,2 20,0 14,9
Que sin darse cuenta lo(a) droguen para robarle 25,1 23,1 25,2 24,9 27,7 26,1 27,3
Que personas desconocidas se metan a robar a su casa 53,5 47,9 54,1 58,1 63,0 60,0 42,9
Que alguna persona que vive con usted le robe algo 10,2 11,5 8,4 11,9 10,4 13,9 10,6
Que personas desconocidas dañen su casa quebrando
vidrios, manchando paredes o cosas por el estilo
Que alguna persona que vive con usted
dañe sus cosas personales
Que lo(a) estafen usando tarjetas de crédito/débito 22,5 16,6 22,5 26,0 26,6 33,9 21,7
Que roben su carro o el de alguien que vive con Ud. 29,3 14,8 30,7 35,5 40,5 51,3 28,0
Que dañen su carro o el de alguien que vive con
usted (golpes, romper el parabrisas o ventana, 28,1 15,5 29,6 33,4 37,6 44,3 26,7
robo del radio, llantas o batería, etc.)
Que pierda la casa donde vive o alguna
propiedad por un fraude o una estafa
Que su pareja le quite la casa donde vive 9,1 10,6 9,5 7,4 6,9 10,4 6,8

Percepciones de inseguridad
hacia la agresión física
En lo que respecta a las percepciones de in-
seguridad hacia la agresión física, los entre-
vistados consideran que la posibilidad de que
ocurran ciertos hechos relacionados con ella
son altas o muy altas (Cuadro 7), pero sin al-
canzar niveles tan elevados como en el caso
patrimonial.
Tampoco hay en este caso tendencias mar-
cadas según el nivel de ingreso de los entre-
vistados pues, en ciertas oportunidades, la
percepción de una alta o muy alta posibili-
dad de que ocurran algunos hechos aumenta
Fuente: Encuesta Nacional en Seguridad de Costa Rica 2004.
Gráfico 6
Índice de percepción de inseguridad patrimonial
según niveles de ingreso mensual de los hogares
Gráfico 7
Índice de percepción de inseguridad hacia la integridad física
3,3
Total
0
1
2
3
4
3,2
Menos de
150 mil
3,4
De 150 a
menos de
300 mil
3,4
De 300 a
menos
de 450 mil
3,5
De 450 a
menos de
600 mil
3,6
600 mil
o más
3,0
Ingreso
ignorado
4,5
4,2
4,6 4,8 4,9 5,1
4,2
Total Menos de
150 mil
De 150 a
menos de
300 mil
De 300 a
menos
de 450 mil
De 450 a
menos de
600 mil
600 mil
o más
Ingreso
ignorado
0
1
2
3
4
5
6

a medida que lo hace el ingreso (como por
ejemplo, ser golpeado por un policía); en
otras sucede todo lo contrario (por ejemplo,
ser golpeado por un vecino), y en la mayoría
de los casos, la situación varía irregularmente
por niveles de ingreso.
No obstante, como lo refleja el índice de per-
cepción de inseguridad hacia la integridad
física (Gráfico 7), que resume todas las res-
puestas, la percepción de inseguridad aumen-
ta a medida que lo hace el nivel de ingreso
de los hogares de los entrevistados. El índice
pasa de 3,2 en los entrevistados pertenecien-
tes a hogares de menores ingresos (menos de
150 mil colones por mes), a 3,6 en los de ma-
yores ingresos (600 mil o más).
Cuadro 7
Porcentaje de entrevistados que considera que la posibilidad de verse afectado
por agresión física es alta o muy alta, según nivel de ingreso mensual de su hogar

Sea golpeado(a) por el chofer de un bus 20,8 18,2 21,0 21,0 26,0 25,2 18,6
Sea golpeado(a) por el chofer de un taxi 23,5 22,0 24,2 22,3 24,9 27,8 21,7
Sea golpeado(a) en algún lugar de entretenimiento
público por una persona desconocida
Sea atacado(a) con un arma en algún lugar de entre-
tenimiento público por una persona desconocida
Sea golpeado(a) en su lugar de trabajo
Sea atacado(a) con un arma en su lugar de trabajo
Sea golpeado(a) por un vecino(a) 13,4 14,2 14,0 12,7 12,1 13,0 9,3
Sea atacado(a) con un arma por un vecino(a) 11,6 11,8 13,0 9,0 11,6 10,4 8,7
Sea golpeado(a) por un policía 12,0 10,0 12,1 13,5 13,3 15,7 10,6
Sea atacado(a) con un arma por un policía 10,2 8,2 11,2 9,8 12,1 13,0 8,1
Sea golpeado(a) en su casa por alguien que
vive con usted
Sea golpeado(a) por algún familiar o conocido
que no vive con usted
Sea atacado(a) con un arma por alguien
que vive con usted
Sea secuestrado 7,5 7,7 7,6 5,8 10,4 7,8 6,8
32,3 31,0 33,6 34,0 28,3 33,9 28,0
5,0 5,6 5,1 6,4 4,0 3,5 1,2
11,6 10,0 12,3 11,7 11,0 15,7 9,9
31,3 30,6 32,3 33,4 29,5 32,2 24,2
10,7 10,0 11,0 12,7 9,8 8,7 9,3
5,4 5,3 5,8 4,5 7,5 7,8 1,2
3,7 3,3 3,9 4,2 5,8 2,6 1,9

hacia el maltrato emocional
La tercera dimensión estudiada es la referen-
te al maltrato emocional. En el Cuadro 8 se
muestran los porcentajes de entrevistados que
manifestaron una posibilidad alta o muy alta
de verse afectados por una situación de mal-
trato emocional por parte de alguno de los
posibles agresores señalados.
La percepción de que la posibilidad de ser
agredido por un extraño en la calle es alta o
muy alta la manifestó un 31,3% de los en-
trevistados. No hay en este caso un patrón
definido por niveles de ingreso; corresponde
al grupo intermedio de ingreso (300 mil a
menos de 450 mil colones por mes) la ma-
yor percepción de una posibilidad de ese tipo
(36,6%).
Cuadro 8
Porcentaje de entrevistados que considera que la posibilidad de verse afectado por maltrato
emocional es alta o muy alta, según nivel de ingreso mensual de su hogar

Ser golpeado(a) por un compañero(a)
de estudios o de trabajo 13,3 14,6 12,8 15,1 10,4 17,4 8,7
Por un profesor(a) 8,2 9,1 8,8 6,9 6,9 11,3 4,3
Por su jefe(a) 10,2 9,5 9,8 12,5 10,4 15,7 6,2
Por un policía 12,7 11,7 12,7 13,3 12,7 20,0 9,9
Por una persona desconocida en la calle 31,3 30,1 30,7 36,6 31,8 33,9 24,8
Por un chofer de bus 17,7 15,3 17,6 19,4 22,0 22,6 14,9
Por un chofer de taxi 18,5 15,3 18,6 18,3 22,0 29,6 17,4
Por un amigo o una amiga 9,1 8,2 8,8 11,1 9,2 11,3 8,1
Por personal médico 12,4 13,3 12,8 11,7 13,9 12,2 7,5
Por un funcionario de una institución pública 13,4 12,0 14,1 12,7 17,3 17,4 8,7
Por una persona que trabaja en el 911 4,8 6,2 4,1 5,8 4,0 5,2 3,1
Por un vecino o una vecina 10,8 12,2 11,7 8,8 9,8 9,6 7,5
Por alguien que viva en su casa 5,8 6,7 5,4 8,0 5,2 3,5 3,1
Por algún familiar o conocido que no viva con usted 6,5 7,3 6,6 6,1 7,5 6,1 3,7

Total Menos de
150 mil
De 150 a
menos de
300 mil
De 300 a
menos
de 450 mil
De 450 a
menos de
600 mil
600 mil
o más
Ingreso
ignorado
0
1
2
3
4
3,1 3,0 3,1
3,3 3,2
3,4
2,9
El índice de percepción de inseguridad ha-
cia el maltrato emocional (Gráfico 8), refleja,
nuevamente,que la percepción de inseguridad
muestra una tendencia al aumento, a medida
que aumenta el ingreso de los entrevistados;
pero las diferencias entre los extremos no son
muy grandes pues, mientras el índice asume
un valor de 3 para los entrevistados de la cate-
goría de menor ingreso del hogar (menos de
150 mil),alcanza 3,4 para los de mayor ingre-
so (600 mil o más).
hacia la agresión sexual
La última dimensión de análisis es la percep-
ción de inseguridad hacia la agresión sexual.
Cuando se consideran las respuestas sobre
que la posibilidad de agresión sexual es alta
o muy alta, las personas desconocidas son las
que aparecen como los principales agresores
potenciales; ya sea que se trate de agresión por
decir vulgaridades (43,2%), de amenazas por
no acceder a peticiones sexuales (22,1%), de
abuso sexual propiamente (21,8%) o de otras
situaciones particulares (Cuadro 9).
En este caso no hay un patrón definido de
respuestas cuando se considera el nivel de
ingreso de los hogares de los entrevistados,
situación que refleja claramente el índice de
percepción de inseguridad sexual (Gráfico 9),
que además muestra variaciones muy peque-
ñas entre los rangos de ingreso. El índice asu-
me el mismo valor para los entrevistados de
menores y mayores ingresos (2,4); el menor
valor corresponde a los entrevistados en ho-
gares con ingresos entre 150 mil y menos de
300 mil colones mensuales (2,3), y el mayor
valor (2,6) a los entrevistados con ingresos de
450 mil a menos de 600 mil colones mensua-
les, valor ligeramente superior al del grupo de
ingreso anterior (de 300 mil a menos de 450
mil colones mensuales), que fue de 2,5.
Gráfico 8
Índice de percepción de inseguridad hacia el maltrato emocional

Cuadro 9
Porcentaje de entrevistados que considera que la posibilidad de verse agredido sexualmente
es alta o muy alta, según nivel de ingreso mensual de su hogar

Que le digan vulgaridades:
alguna persona desconocida 43,2 39,3 42,9 44,6 51,4 51,3 40,4
sus compañeros(as) de trabajo o centro de estudios 10,6 9,7 10,3 14,1 10,4 13,9 5,6
su jefe o profesor 7,0 5,6 6,6 10,6 8,7 7,0 3,1
sus amigos o amigas 9,2 9,1 9,5 9,8 8,1 14,8 3,7
algún familiar o conocido que no vive con usted 6,8 7,7 5,7 7,4 9,8 7,0 5,6
alguna persona que vive con usted 4,2 4,7 2,9 5,6 8,7 4,3 1,9
Amenazas por negarse a peticiones sexuales:
Abuso sexual de parte:
Posibilidad de que:
una persona desconocida la(o) obligue a tener
relaciones sexuales en contra de su voluntad 17,1 17,9 16,7 16,7 16,2 20,0 16,8
una persona conocida la(o) obligue a tener relaciones
sexuales en contra de su voluntad 8,4 10,2 8,4 7,2 5,2 8,7 8,1
sin darse cuenta la(o) droguen para aprovecharse
sexualmente de usted 14,0 14,8 13,2 12,5 16,2 16,5 16,1

Gráfico 9
Índice de percepción de inseguridad sexual
General Patrimonial Física Emocional Sexual
Total 3,3 4,5 3,3 3,1 2,3
Menos de 150 mil 3,2 4,2 3,2 3,0 2,4
150 a menos de 300 mil 3,3 4,6 3,4 3,1 2,3
300 mil a menos de 450 mil 3,5 4,8 3,4 3,3 2,5
450 a menos de 600 mil 3,6 4,9 3,5 3,2 2,6
600 mil o más 3,6 5,1 3,6 3,4 2,4
Ingreso ignorado 3,1 4,2 3,0 2,9 2,2
Categorías de ingreso
(colones por mes)
Cuadro 10
Índices de percepción de inseguridad según el nivel de ingreso de los hogares de los entrevistados
0
1
2
3
2,3
2,4 2,3
2,5 2,6
2,4
2,2
Total Menos de
150 mil
De 150 a
menos de
300 mil
De 300 a
menos
de 450 mil
De 450 a
menos de
600 mil
600 mil
o más
Ingreso
ignorado

Percepción general de inseguridad
En el Cuadro 10 y el Gráfico 10 se muestran
los índices de percepción de inseguridad para
cada una de las dimensiones consideradas y el
índice general, que corresponde al promedio
simple de los anteriores, en todos los casos
desagregados según el nivel de ingreso de los
hogares de los entrevistados.
El índice de percepción de inseguridad patri-
monial es el que asume un mayor valor,de 4,5
para la totalidad de los entrevistados,mientras
que el de percepción de inseguridad sexual
asume el menor valor, 2,3; y los de agresión
física y emocional, valores intermedios (3,3 y
3,1 respectivamente). Este comportamiento
se reproduce en todos y cada uno de los ni-
veles de ingreso de los entrevistados, con la
única diferencia de los valores.
El índice general, por su parte, muestra que
la percepción de inseguridad aumenta a me-
dida que aumenta el nivel de ingreso de los
hogares. Para los entrevistados de hogares
de menores ingresos, el índice general es de
3,2, y aumenta en las siguientes categorías de
ingreso, hasta alcanzar un valor de 3,6 en las
dos categorías de mayores ingresos, es decir,
de 450 mil colones mensuales en adelante.
Percepción de inseguridad y victimización
Como se ha visto, los entrevistados conside-
ran la inseguridad ciudadana como el prin-
cipal problema que enfrenta el país en estos
momentos, y elevados porcentajes de ellos
manifiestan que hay posibilidades altas o muy
altas de verse afectados en su patrimonio o de
ser agredidos física, emocional o sexualmente.
Información recolectada mediante el módulo
telefónico Encuesta Nacional de Seguridad
de Costa Rica 2004 señala que un 27,3% de
los entrevistados ha sufrido un hecho violen-
to en los últimos doce meses, porcentaje que
se amplía considerablemente cuando se hace
referencia al hogar de los entrevistados, pues
un 38,7% de ellos ha sufrido un hecho vio-
lento, en el mismo período de referencia.
En el Cuadro 11 se muestra la tasa de inci-
dencia de actos de violencia en los entrevis-
tados y sus hogares, por niveles de ingreso de
los hogares, según el módulo telefónico. Así,
un 31,4% de los hogares de menores ingresos
Gráfico 10
Índice general de percepción de inseguridad
6
5
4
3
2
1
0
Total Menos de
150 mil
De 150 a
menos de
300 mil
De 300 a
menos
de 450 mil
De 450 a
menos de
600 mil
600 mil
o más
Ingreso
ignorado
General Patrimonial Física Emocional Sexual

Cuadro 11
Porcentaje de los entrevistados y sus hogares que han sido víctimas de actos de violencia patrimonial,
física, sexual o emocional, según el tipo de acto, por nivel de ingreso de sus hogares
Hogares de los entrevistados
Total de 150 menos de a menos menos de mil o igno-

% han sido víctimas 27,3 38,7 31,4 38,0 42,9 50,0 48,8 31,3
Tipo de acto de violencia (%) 1/
Contra el patrimonio 22,1 33,0 25,6 31,3 37,8 44,4 48,8 26,6
Robo de carro 0,9 2,5 2,6 1,3 4,5 2,8 4,7 3,1
Daños o vandalismo contra el carro 3,6 7,9 5,1 7,0 9,6 9,7 18,6 6,3
Robos en la casa 6,7 6,7 7,7 7,5 5,8 8,3 2,3 3,1
Daños o actos de vandalismo contra su casa 5,1 5,1 5,8 4,8 7,1 1,4 0,0 7,8
Robos o asaltos fuera de la casa 6,1 13,8 7,1 13,0 16,7 26,4 25,6 6,3
Estafas 3,9 6,1 3,8 5,8 5,1 6,9 16,3 7,8
Contra la integridad física 3,4 6,4 3,2 6,3 7,7 8,3 16,3 3,1
Agresión física con algún tipo de arma 1,3 3,0 1,3 2,5 3,2 2,8 14,0 3,1
Agresión física sin armas 2,0 3,6 1,9 3,5 5,8 6,9 2,3 0,0
Homicidios o intentos de homicidio 0,2 0,6 0,0 0,8 0,0 0,0 2,3 1,6
Secuestros 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Contra la integridad emocional 5,5 7,2 5,8 8,3 7,1 5,6 7,0 6,3
Amenazas de algún tipo 1,6 2,1 1,3 2,8 1,9 2,8 0,0 1,6
Extorsiones o chantajes (no sexuales) 1,1 1,2 1,9 1,0 1,3 0,0 4,7 0,0
Maltrato emocional o psicológico 3,8 5,1 2,6 5,8 5,8 2,8 7,0 6,3
Contra la integridad sexual 1,1 1,7 2,6 1,5 0,6 1,4 4,7 1,6
Amenazas por negarse a favores sexuales 0,6 0,7 0,6 0,8 0,0 0,0 2,3 1,6
Tocamientos indeseados con fines sexuales 0,4 0,8 1,3 0,5 0,0 1,4 2,3 1,6
Violación o intento de violación 0,3 0,6 1,3 0,3 0,6 0,0 0,0 1,6
Explotación sexual 0,2 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0
Notas: 1/ La suma de los tipos de actos de violencia no es igual al porcentaje de entrevistados u hogares que han sido víctimas, porque en algunos casos se trata
de dos o más actos de violencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad en Costa Rica 2004. Módulo telefónico.
Acto de violencia
Entre-
vista-
dos

(menos de 150 mil colones por mes) fue vícti-
ma de un acto de violencia, cifra que aumenta
a 38% en el siguiente grupo de ingreso (de
150 mil a menos de 300 mil colones men-
suales), a 42,9% en el siguiente (de 300 mil a
menos de 450 mil) y alcanza cerca de un 50%
para los hogares de mayores ingresos (450 mil
colones mensuales y más). Es claro, entonces,
que la mayor percepción de inseguridad que
tienen los entrevistados de hogares de mayo-
res ingresos está asociada con una mayor vic-
timización.
También es importante conocer el tipo de
acto de violencia del que han sido víctimas las
personas entrevistadas. Como se muestra en
el mismo Cuadro 11,uno de cada tres hogares
se ha visto afectado en su patrimonio (33%).
Por niveles de ingreso, las tasas de victimiza-
ción en lo patrimonial aumentan a medida
que aumenta el nivel de ingreso, y llegan a un
48,8% en los hogares cuyos ingresos alcanzan
y superan los 600 mil colones mensuales. Los
resultados totales y por nivel de ingreso son
consistentes con la percepción de inseguridad
patrimonial.
Una diferencia significativa por niveles de in-
greso de los hogares es el hecho de que robos
de carro o daños o vandalismo contra los ca-
rros son los actos con mayor incidencia entre
los hogares de mayores ingresos,mientras que
los robos en la casa o daños o actos de van-
dalismo contra la misma son los actos relati-
vamente más importantes para los hogares de
menores ingresos.
En el segundo lugar, en orden de importancia
en lo que respecta a la tasa de victimización,
se encuentran los actos contra la integridad
emocional, a pesar de que la percepción sobre
inseguridad en este sentido ocupa el tercer
lugar. En este caso no hay una relación clara
por nivel de ingreso.
Lo contrario, en lo referente al orden de las
tasas de victimización y las percepciones de
inseguridad, ocurre con los actos contra la in-
tegridad física, pues ocupan el tercer lugar en
victimización, pero el segundo en percepción
de inseguridad. En este caso nuevamente se
presenta una relación directa entre tasa de
victimización y nivel de ingreso de los hoga-
res; es decir, que la tasa de victimización es
mayor a medida que aumenta el ingreso de
los hogares.
Por último, los actos contra la integridad
sexual tienen un tasa de victimización muy
baja, acorde también con la menor percep-
ción de inseguridad; pero debe tomarse en
cuenta que una encuesta telefónica no es la
forma más adecuada de captar información
sobre estos temas tan personales y delicados.
En todo caso, llama la atención, en este caso,
que la tasa de victimización en los hogares de
menores ingresos es significativamente mayor
que en los hogares de niveles de ingreso me-
dios y altos.
C. Percepción de desigualdad
económica y percepción
de inseguridad
Básicamente se trata de responder aquí a la
pregunta: ¿existe en Costa Rica una relación
entre la percepción de desigualdad económica
de las personas y su percepción de inseguri-
dad? Para ello se utiliza la percepción sobre
desigualdad económica que se captó en la pre-
gunta M9 del cuestionario, y que considera
las diferencias en educación, cuidado médico,
estado nutricional, ingreso, tipo de vivienda,
opciones de recreación, opciones para prote-
gerse de la delincuencia, el acceso a los avan-
ces tecnológicos y la justicia que reciben de
jueces y tribunales.
Como se aprecia en el Cuadro 12,en cada uno
de los aspectos considerados, más de la mitad
de los entrevistados opina que hay grandes

diferencias entre las familias; vale decir, una
gran desigualdad económica, situación que es
especialmente marcada en el caso específico
de los ingresos y la vivienda que poseen las fa-
milias, donde prácticamente dos de cada tres
entrevistados opinan que las diferencias son
muy grandes.
Resulta interesante verificar que es en la jus-
ticia donde se presenta el menor porcentaje
de respuestas que consideran grandes las di-
ferencias. Pero no deja de ser alarmante el he-
cho de que el mismo sea ligeramente superior
a 50%. Un 8% de los entrevistados considera
que no hay diferencias en este aspecto, por-
centaje superior a todos los demás.
Para determinar si existen diferencias en esa
percepción por niveles de ingreso, se procedió
a construir un índice similar a los anteriores,
denominado índice de percepción de equidad.
En este caso, los valores originales con res-
pecto a los nueve aspectos de estudio fueron
sustituidos por 0 en el caso de que no hubiese
diferencia, por 2 en el caso de pequeñas dife-
rencias, por 4 en el de medianas y por 6 en el
caso de grandes diferencias; de manera que el
índice asume valores entre 0 y 6, y correspon-
de a este último valor a la mayor percepción
de desigualdad económica.
Como se aprecia en el Gráfico 11, en térmi-
nos generales, no hay grandes diferencias en
la percepción de desigualdad económica entre
los entrevistados, según los diferentes niveles
de ingreso de sus hogares, aunque llama la
atención el hecho de que los pertenecientes
Cuadro 12
Opinión sobre la desigualdad económica entre las familias del país
según diferentes dimensiones del fenómeno (en porcentajes)
Existen diferencias … Total No existen Pequeñas Medianas Grandes NS/NR
Total 100,0 3,9 9,4 27,6 58,5 0,7
en la educación que reciben 100,0 4,1 8,5 30,9 56,1 0,5
en el cuidado médico que requieren
cuando están enfermos 100,0 3,5 8,7 30,3 56,8 0,6
en el estado nutricional que tienen 100,0 3,6 9,2 30,5 56,0 0,7
en el ingreso que reciben 100,0 2,1 7,7 23,4 66,3 0,5
en el tipo de una vivienda que poseen 100,0 2,2 6,8 24,8 65,6 0,6
en las opciones para recrearse 100,0 2,9 9,5 29,7 57,3 0,5
en las opciones para protegerse
contra la delincuencia 100,0 3,5 9,9 26,5 59,4 0,7
en el acceso a los avances tecnológicos 100,0 4,8 11,6 25,4 57,2 1,0
en la justicia que reciben de los
jueces y tribunales cuando la solicitan 100,0 8,0 12,7 26,5 51,4 1,3

a hogares en los rangos extremos de ingreso,
es decir los relativamente más pobres y más
ricos, son los que perciben una mayor des-
igualdad.
Finalmente, se vincularon los índices de per-
cepción de inseguridad y de desigualdad eco-
nómica, tanto a nivel de personas como de
agregados (por nivel de ingreso de los hoga-
res), sin que fuese posible establecer una re-
lación confiable de algún tipo. Entonces, no
es posible afirmar que los elevados niveles de
percepción de inseguridad de los entrevista-
dos tengan sustento en la igualmente elevada
percepción sobre desigualdad económica que
prevalece entre ellos.
D. Los gastos directos asociados
a la seguridad
Hay dos tipos de gastos directos asociados a
la seguridad que son especialmente importan-
tes para este estudio: los gastos privados que
realizan las familias en la compra de bienes
y contratación de servicios para su seguridad
(alarmas, seguros contra robo, servicios de se-
guridad privada, etc.), y los gastos que realiza
el gobierno en seguridad pública, adminis-
tración de justicia penal y contravencional y
el régimen penitenciario. En esta sección se
cuantifica cada uno de estos rubros de manera
independiente.6
Gastos de las familias
Se trata de responder aquí a la pregunta: ¿cuál
es el gasto promedio de una familia costa-
rricense en los principales bienes y servicios
ligados a la protección de su seguridad (alar-
mas, alambre navaja, seguros contra robo o
daño, servicios de seguridad privada, etc.)?
Lo ideal para realizar una estimación de este
tipo es disponer de una encuesta de gastos
Gráfico 11
Índice de percepción de desigualdad económica
según niveles de ingreso mensual de los hogares.
6
Las empresas privadas también incurren en gastos en seguridad, pero no se consideran aquí por dos motivos principales. En primer
lugar, porque no se dispone de información para ellas, como sí sucede con los hogares, mediante la Encuesta Nacional de Seguridad
de Costa Rica 2004. En segundo lugar, debe tomarse en cuenta que para las empresas los gastos en seguridad son parte de sus gas-
tos operativos y que, por lo tanto el factor rentabilidad juega un papel clave en la determinación de los montos que asignen a ese
concepto, mientras que en el caso de los hogares la situación es diferente, pues priva tanto la necesidad de proteger el patrimonio
familiar (caso en que el gasto que realizan está en función del valor de los activos que desean proteger), como la integridad física de
sus miembros.
4,8 4,9 4,8 4,7 4,8 5,0 4,8
Total Menos de
150 mil
De 150 a
menos de
300 mil
De 300 a
menos
de 450 mil
De 450 a
menos de
600 mil
600 mil
o más
Ingreso
ignorado
0
1
2
3
4
5

de los hogares, con amplia cobertura nacio-
nal, como la que actualmente lleva a cabo el
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC).7
Sin embargo, los resultados de esa
encuesta no estuvieron disponibles sino hasta
el año 2005, por lo que se realizan aquí esti-
maciones a partir de la información indirecta
que proporciona Encuesta Nacional de Segu-
ridad de Costa Rica 2004 (ENSCR-04).
En el Cuadro 13 se muestran los resultados
de la ENSCR-04, en lo respecta a las medi-
das que han tomado los entrevistados para
su seguridad (H6 ¿Qué medidas ha tomado
Cuadro 13
Medidas que han tomado los entrevistados
para su seguridad (en porcentajes)
Medida Total Sí No No aplica NS/NR
Instaló alambre de púas o navajas donde vive 100,0 13,2 86,3 0,4 0,0
Instaló alguna alarma en su casa 100,0 12,5 86,8 0,5 0,1
Instaló en su carro, o en el de algún miembro
de su hogar, alguna alarma
Instaló rejas 100,0 64,2 35,1 0,5 0,2
Instaló cerraduras especiales 100,0 32,8 66,9 0,3 0,0
Instaló al menos una puerta de seguridad 100,0 31,7 68,0 0,3 0,0
Deja una persona en la casa para que la cuide 100,0 59,9 39,8 0,2 0,2
Paga seguridad privada en el barrio 100,0 12,4 87,3 0,2 0,1
Lleva o llevó cursos de defensa personal 100,0 12,4 87,2 0,4 0,1
Adquirió perros para cuidar la casa 100,0 39,2 60,4 0,4 0,1
Adquirió un seguro contra robos para su vivienda 100,0 12,5 85,8 0,8 0,9
Adquirió usted, o algún miembro de su hogar,
un seguro contra robo de carro
Compró armas de fuego 100,0 6,2 93,3 0,4 0,1
Pusieron alarmas vecinales en su barrio 100,0 11,6 87,3 0,4 0,6
Organizaron su barrio con la policía comunitaria 100,0 19,8 78,2 0,4 1,5
Construyó una cochera para proteger el carro 100,0 32,9 45,3 21,7 0,1
Instaló un portón eléctrico 100,0 7,5 90,2 2,2 0,0
Electrificó la cerca o los alambres 100,0 1,8 96,3 1,8 0,0
7
Se trata de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004-2005, que tiene cobertura nacional, y cuyo trabajo de campo
abarca desde marzo de 2004 hasta abril de 2005.
100,0 18,4 55,3 25,5 0,9
100,0 22,4 47,6 29,8 0,2

usted para su seguridad?). Es claro que la
instalación de rejas y dejar a una persona que
cuide la casa son las principales medidas to-
madas. Luego siguen las relacionadas con la
compra de perros, instalación de cerraduras
especiales y puertas de seguridad, así como
la construcción de cocheras. Un tercer grupo
de medidas incluye la instalación de alarmas
en la casa, la policía comunitaria y el seguro
de robo contra carro. Luego están todas las
demás.
Realizar una estimación del gasto promedio
de las familias en seguridad, a partir de esas
cifras,no es labor sencilla,y los resultados que
se obtengan serán imprecisos. Varios facto-
res inciden en esa situación, aunque el más
importante es el hecho de que, con conta-
das excepciones, las respuestas anteriores no
incluyen información sobre la fecha en que
fue realizado el gasto. Asumir que todas las
medidas se tomaron en el presente año con-
duce, necesariamente, a una sobre-estimación
del monto gastado por las familias. Por ello,
deben buscarse criterios, lo más objetivos po-
sibles, para distribuir temporalmente la rea-
lización de los gastos mencionados. Pero,
además, se tiene el problema de las diferen-
cias en el gasto por tamaño y calidad, pues
no se dispone de información sobre el tipo de
bienes o servicios adquiridos por los entrevis-
tados. Por último, no debe olvidarse que la
ENSCR-04 está ‘cargada’ hacia los hogares
de ingresos medios y altos, lo cual se traduci-
ría en una sobre-estimación de algunos gastos
de mayor envergadura, asociados a hogares de
mayores ingresos. Para tratar de compensar
ese sesgo, se realizan estimaciones que de al-
guna manera se puedan considerar mínimas,
tanto en lo que respecta al número de casos,
como a las características de los bienes y ser-
vicios adquiridos o contratados.
Se trató de aproximar la magnitud de ese gas-
to a partir de algunos supuestos, información
adicional de la ENSCR-04, de las encuestas
de hogares y utilizando los precios promedio
de algunos bienes y servicios detectados me-
diante un estudio de mercado. A continua-
ción, las características de la estimación para
cada uno de los principales rubros suscepti-
bles de cuantificación:
i) Pago de seguridad privada en el barrio: en
este caso se supone que quien respondió afir-
mativamente a la pregunta realizada (12,4%
de los entrevistados), efectivamente estaba
pagando en el momento de la entrevista. Se
supone, además, que todos los que respondie-
ron de esa forma han pagado todo el año, lo
cual no es un supuesto fuerte, pues se puede
esperar que, con el paso del tiempo, unos de-
jen de pagar por este tipo de seguridad, pero
también que otros comiencen a hacerlo. Lo
difícil aquí es determinar el costo del servicio,
pues el mismo depende de muchos factores:
si se paga a una empresa o a un vigilante por
cuenta propia, el número de horas al día en
que se presta el servicio, si se incluyen los fi-
nes de semana, el número de viviendas que
cuida cada guarda, etc. Las cifras varían mu-
cho, pero el estudio de mercado demostró
que, en muchos de los casos, cada vivienda
debe pagar cerca de 10.000 colones mensua-
les por este concepto. Otro aspecto a consi-
derar es que, según la ENSCR-04, un 81,5%
de los que pagan este tipo de seguridad reside
en área urbana. Por eso, en este caso, se con-
sideraron solamente los hogares urbanos, de
los cuales paga un 16,7%. Según la encuesta
de hogares del año 2003 (INEC), había en
el país 1.040.612 viviendas: 626.643 urbanas
y 413.969 rurales. Se tendría, entonces, que
unas 105.000 viviendas pagarían este tipo de
seguridad, lo que significa 12.600 millones de
colones por año.
ii) Instalación de rejas: un 64,2% de los en-
trevistados declaró haber instalado rejas para
protegerse. Por áreas, este porcentaje corres-
ponde a 76% de los entrevistados urbanos y
46,4% de los rurales. Dos aspectos deben

destacarse: en primer lugar, que la instalación
de rejas también es importante en las áreas
rurales del país, especialmente en las ubicadas
dentro del Valle Central. En segundo lugar,
que el porcentaje de personas que declaró ha-
ber instalado rejas en las áreas urbanas parece
bajo, situación que puede verse afectada por-
que algunas viven en viviendas con rejas, pero
no les correspondió a ellas instalarlas,sino que
ya existían cuando comenzaron a vivir allí.
Ahora bien, según la encuesta de hogares, el
número de viviendas en el país aumentó entre
2002 y 2003 en 41.025, de las cuales 25.745
corresponden a área urbana y 15.280 a área
rural. Se supone que un 90% de las nuevas
viviendas urbanas y un 40% de las rurales ins-
talaron rejas. Con respecto al costo prome-
dio de instalación de rejas, depende tanto del
número y tamaño de rejas a instalar (puertas,
ventanas, patios, cochera, etc.), como del cali-
bre de los materiales utilizados, otros factores
de calidad, y el tipo de empresa contratada
para realizar el trabajo. Consultas a varias
personas y empresas en el área permiten esti-
mar que poner rejas a una vivienda que resulte
más grande que la vivienda popular, pero más
pequeña que una vivienda mediana, tiene un
costo mínimo de 200.000 colones. Esto sig-
nifica 5.860 millones de colones por año.
iii) Alarma en la casa: un 12,5% de los en-
trevistados respondió afirmativamente sobre
la instalación de alarma en la casa. Por zo-
nas, dijo tener alarma en la casa un 15% de
los entrevistados urbanos, pero solamente un
8,8% de los rurales. El principal problema
es si se trata solamente de la instalación de
la alarma o si también se contrata un servi-
cio de monitoreo. En el primer caso, además
del problema para determinar el momento
en que se adquirió la alarma, existe el proble-
ma del costo, pues el mismo depende de la
cantidad de dispositivos utilizados (en puer-
tas, ventanas, detectores de movimiento, de
humo, de cristales rotos, etc.). En el segundo
caso, no hay inconveniente para determinar
el costo mensual del monitoreo, pero sí para
conocer el número de viviendas que cuentan
con el servicio. Para efectos de estimación,
se consideró solo la región central del país
donde, según la encuesta de hogares del año
2003, había 665.584 viviendas. Se supone
que un 3% de ellas ha instalado, en el último
año,un sistema básico de alarma con un costo
de 100.000 colones, y que un 2% (del total de
referencia) tiene el servicio de alarma y moni-
toreo, por el cual paga un mínimo de 10.000
colones mensuales. Esto arroja un total de
3.600 millones de colones anuales (2.000 mi-
llones de alarma propiamente y 1.600 millo-
nes de alarma y monitoreo).
iv) Alambre de púas o navaja: un 13,2% de los
entrevistados dijo haber instalado este tipo de
protección. Llaman la atención los resultados
de la encuesta por áreas, pues prácticamente
no hay diferencias: dijeron haberlo instalado
un 13,4% de los entrevistados urbanos y un
13% de los rurales. Nuevamente aparecen
los problemas acerca del momento en que
se realizó el gasto, y sobre el hecho de que,
probablemente, muchos residan en viviendas
protegidas con este alambre, pero no fueron
quienes lo instalaron. Dado que la instalación
de este tipo de alambre cobra mayor vigencia
a partir de la década de los noventa, es posi-
ble suponer que, cada año, en un 1% de las
viviendas del país se instala esta modalidad
de protección. Como se ha señalado, según
la encuesta de hogares, en el año 2003 había
en el país 1.040.612 viviendas, por lo que se
podría esperar que unas 10.000 hayan insta-
lado este alambre durante ese año. Surgen
entonces los problemas relacionados con el
costo, pues existen diferentes calidades, y con
la cantidad de metros instalados. El estudio
de mercado arrojó que,para uso residencial,el
costo promedio del metro es de 4.000 colo-
nes y que,en general,la instalación mínima es
de 12 metros. Utilizando esos datos, el gasto
anual en este rubro, por parte de los hogares,
ascendería a 480 millones de colones.

v) Alarma en el carro: un 22,4% de los en-
trevistados declaró haber puesto alarma en el
carro. Esta cifra presenta, nuevamente, la di-
ficultad de que no determina cuándo fue co-
locada, pero además debe tomarse en cuenta
que tampoco representa el porcentaje de vehí-
culos con alarma, pues en algunos casos ya la
tenían instalada. Por ello se realizan dos esti-
maciones. En primer lugar, se supone que ese
porcentaje se aplica al aumento en el número
de automóviles en los hogares entre 2002 y
2003. Según la encuesta de hogares 2002, en
ese año 278.435 hogares disponían de, al me-
nos, un vehículo que no era de trabajo, y para
el 2003 la cifra aumentó a 302.902 hogares.
Además, para este último año, se determinó
que el total de vehículos con que contaban
esos hogares era de 367.138; es decir, 1,21
vehículos por hogar. Bajo el supuesto de que
esta última proporción no varió entre 2002 y
2003, el incremento en el número de vehícu-
los en los hogares, entre esos dos años, fue de
30.232. Ello implica un estimado de 6.800
alarmas instaladas. Pero, por otra parte, es de
esperar que el porcentaje de automóviles con
alarma aumente año con año, ya que muchas
personas que tienen vehículo deciden poner-
le este dispositivo. Se supone aquí que cada
año se instala alarma a un 5% de los vehículos
pertenecientes a los hogares. Es de esperar,
entonces,que un 5% de los automóviles en los
hogares en el año 2003, pero excluyendo los
nuevos con respecto al 2002, porque estos ya
fueron considerados,haya instalado alarma,lo
cual representa 16.850 unidades. El proble-
ma, sin embargo, es el costo, pues las hay de
muchos tipos. Luego de consultar en varios
establecimientos dedicados a estas instalacio-
nes, se comprobó que, en general, el costo de
las alarmas supera los 45.000 colones, lo que
significa un gasto (mínimo) total en este ru-
bro, por parte de los hogares, de 1.065 millo-
nes de colones por año.
vi) Cerraduras especiales: un 32,8% de los en-
trevistados señaló haber tomado esta medida
para su seguridad. Al igual que en los casos
anteriores, se afrontan aquí los problemas
del momento en que fue realizado el gasto,
la cantidad de cerraduras instaladas, y el tipo,
ya que existe una amplia variedad. Se supone
que cada año se instalan cerraduras en un 3%
de las viviendas. Se ha considerado un míni-
mo de una cerradura por vivienda. Los costos
varían, aunque las de uso más común cuestan
alrededor de 25.000 colones, más 7.000 colo-
nes de instalación. Considerando el total de
1.040.612 viviendas en el año 2003, según la
encuesta de hogares, se habría instalado este
tipo de cerraduras en 31.000 viviendas,lo cual
significa un gasto anual para los hogares de
1.000 millones de colones.
vii) Seguro contra robo a vivienda: según la
ENSCR-04, un 12,5% de los entrevistados
cuenta con este tipo de seguro, lo cual sig-
nifica que poco más de 130.000 viviendas en
el país están protegidas. Sin embargo, esos
resultados son significativamente diferen-
tes a los suministrados por el Instituto Na-
cional de Seguros (INS), que indican que al
31 de agosto del año 2004 solamente 4.111
viviendas estaban protegidas con este tipo
de seguro. Probablemente los entrevistados
confundieron este seguro con otros para la
vivienda, como incendios o terremotos. En
este caso, se tomó el dato institucional, y se
supuso que el número de viviendas protegidas
es el mismo a lo largo del año. El problema
surge en cuanto al monto asegurado, que es
lo que determina las primas del seguro. En
este caso, se partió de la suposición de que el
monto promedio asegurado es de 5 millones
de colones, lo cual significa una prima anual
de 55.000 colones. El monto global por este
rubro asciende, entonces, a 226 millones de
colones por año.
viii) Seguro contra robo de carro: un 18,4%
de los entrevistados cuenta este con seguro;
esto, aplicado al número de vehículos dispo-
nibles en los hogares (como ya se mencionó,

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