Inseguridad Ciudadana en Costa Rica

Informe Nacional de Desarrollo Humano/
Red Nacional de Desarrollo Humano
(In)seguridad ciudadana en Costa Rica:
balance de la situación
José María Rico
C u a d e r n o s d e D e s a r r ol lo H u m a n o
1

363.1 Rico, José María
R487i (In)seguridad ciudadana en Costa Rica: balance
de la situación / José María Rico. -- 1a. ed. -- San José,
Costa Rica: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2006.
56 p. ; 21 x 28 cm.
ISBN: 9968-794-22-8
1. SEGURIDAD CIUDADANA - COSTA RICA.
2. DESARROLLO HUMANO. 1. Título.
Coordinación:
Equipo Coordinador Informe Nacional de Desarrollo Humano
Edición: Mabel Morvillo
Diseño: Priscila Coto
Fotografía de portada: Marcela Alarcón
Diagramación e impresión: Lara Segura & Asoc. (506) 256-1664
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Costa Rica
Teléfono: (506) 296-1544
Dirección: Oficentro La Virgen 2, de la Embajada Americana 300
mts. Sur y 200 mts. Sureste, Pavas, San José, Costa Rica.
ISBN: 9968-794-22-8
Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier
medio, con fines comerciales.
Las ideas expuestas en los cuadernos PNUD son responsabilidad
exclusiva de las y los autores y no responden necesariamente a la
línea de pensamiento del Programa de las Naciones Unidad para el
Desarrollo (PNUD).

Presentación
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dio a cono-
cer, en diciembre de 2005, el Informe Nacional de Desarrollo Humano
“Venciendo el temor: (in)seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa
Rica”. Dicho Informe ofrece un diagnóstico sobre la (in)seguridad ciu-
dadana en el país y explora sus vínculos con el desarrollo humano. Para
su elaboración,el PNUD comisionó alrededor de veinte investigaciones
temáticas cuyos hallazgos fueron utilizados, en mayor o menor medida,
en el documento final. Algunas de ellas versan sobre temas que son,
por sí mismos, de interés general, razón por la cual se ha optado por su
publicación, bajo la modalidad de Cuadernos de Desarrollo Humano.
El objetivo de estos Cuadernos es, entonces, dar a conocer ampliamente
diversos estudios que,aunque preparados en función de la redacción del
Informe, pueden, por sus contenidos, arrojar luz sobre algunas dimen-
siones claves de la (in)seguridad y el desarrollo humano.
En esta oportunidad, hemos identificado seis estudios que responden
a este criterio. El documento de apertura de la serie, preparado por el
especialista José María Rico, ofrece un balance de la situación de la
(in)seguridad ciudadana en Costa Rica. Con este trabajo se provee una
visión global de la victimización en el país, sus características y factores
asociados, así como de la percepción de la (in)seguridad en la población
y las respuestas de las instituciones estatales y la ciudadanía.
El Cuaderno 2 ofrece también una mirada sobre las manifestaciones de
la inseguridad, esta vez con énfasis en la forma en que ella recae y afecta
el desarrollo humano de las mujeres. Ana Carcedo, académica y reco-
nocida defensora del derecho de las mujeres a una vida libre de violen-
cia, emplea la perspectiva del desarrollo humano para realizar un nuevo
acercamiento al tema de la violencia específica contra las mujeres.

El cuestionamiento sobre el nivel de responsabilidad de los medios de
comunicación en la reproducción de la (in)seguridad ciudadana es fre-
cuente. El estudio que aparece en el Cuaderno 3, elaborado por Carlos
Sandoval y Karina Fonseca, contiene los elementos que permiten com-
prender la interacción entre los mensajes de los medios de comunica-
ción y la percepción de (in)seguridad en Costa Rica.
Otro tema que reiteradamente mencionó la ciudadanía, como un factor
asociado al incremento de la inseguridad ciudadana, es la presencia de
drogas en el país. Julio Bejarano es el autor del Cuaderno 4, y en él ex-
plora el consumo de drogas,lícitas e ilícitas,así como las percepciones de
la población, y el vínculo entre la presencia de drogas y la inseguridad.
El Cuaderno 5 muestra el detalle metodológico de la construcción del
Índice de Desarrollo Humano Cantonal, con el propósito de contribuir
a la discusión sobre la evaluación del desarrollo en el país. El documen-
to fue elaborado por Edgar Gutiérrez y Paola Omodeo, del Observato-
rio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.
Finalmente,en el Cuaderno 6,los investigadores Isidora Chacón y Pablo
Sauma analizan los aspectos económicos vinculados con la (in)seguridad
ciudadana. Lo hacen desde dos vertientes: la primera corresponde al
estudio de los factores económicos y sociales típicamente asociados a
la inseguridad. La segunda aborda la estimación de sus consecuencias
económicas, a nivel individual y social, para determinar los gastos en
que incurren familias y gobierno por esta causa.
El lanzamiento de estos seis cuadernos espera convertirse en un aporte
significativo al debate sobre el desarrollo humano en Costa Rica y al
proceso de identificación de caminos que conduzcan hacia la expansión
de las libertades de las personas.
José Manuel Hermida
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Índice
Introducción...................................................................................................................... 7
I. El marco teórico y metodológico................................................................................. 7
A. El marco teórico.................................................................................................... 7
B. El marco metodológico: fuentes de información................................................. 14
II. La criminalidad......................................................................................................... 16
A. Evolución y características (1985-2003).............................................................. 16
B. Principales factores asociados a la criminalidad................................................... 23
C. Percepciones........................................................................................................ 25
III. El sentimiento de (in)seguridad................................................................................ 29
A. Principales problemas.......................................................................................... 30
B. Grado de (in)seguridad....................................................................................... 33
C. Medidas de protección tomadas ......................................................................... 34
IV. La reacción estatal oficial.......................................................................................... 36
A. Instituciones del país........................................................................................... 37
B. La policía ........................................................................................................... 37
C. El sector judicial.................................................................................................. 41
D. El sistema penitenciario...................................................................................... 44
E. Políticas estatales................................................................................................. 44

V. La participación de la sociedad civil.......................................................................... 48
VI. Conclusiones y recomendaciones.............................................................................. 50
A. El marco teórico.................................................................................................. 50
B. El marco metodológico....................................................................................... 50
C. La criminalidad .................................................................................................. 51
D. El sentimiento de inseguridad............................................................................. 52
E. La reacción estatal oficial.................................................................................... 52
F. La participación de la sociedad civil.................................................................... 53
G. Lineamientos para políticas públicas................................................................... 53
Bibliografía............................................................................................................................ 54

C UA D E R N O S D E D E S A R R O L LO H U M A N O |
Los informes nacionales de desarrollo humano tienen como finalidad abor-
dar temas -o un conjunto de temas- prioritarios para el desarrollo y, cuando
estos no existan o sean objeto de crítica, proponer políticas públicas en el
campo analizado. Como en cualquier otro sector de la vida social organi-
zada, en materia de (in)seguridad ciudadana tal propuesta implica nece-
sariamente la presentación previa de la problemática y el análisis de sus
principales elementos.
Con esta finalidad, en una primera sección se expondrá el marco teórico y
metodológico. Las siguientes se dedicarán a la evaluación de la situación de
sus componentes en los últimos veinte años: la criminalidad, el sentimiento
de (in)seguridad ciudadana y la reacción oficial. La sección final versará
sobre algunas propuestas de acción.
(In)seguridad ciudadana en Costa Rica:
balance de la situación
I. El marco teórico y
metodológico
A. El marco teórico 1
En la gran mayoría de los países latinoamerica-
nos,los incrementos aunados de la criminalidad
y el sentimiento de inseguridad representan uno
de los principales problemas sociales. La grave-
dad de la situación ha aumentado en la medida
en que la ciudadanía considera ineficiente la in-
tervención de los organismos tradicionalmen-
te encargados de actuar frente al crimen. Aún
más: pese a cierta retórica sobre lo realizado por
las autoridades competentes, ningún país de la
región ha elaborado una política integral, cohe-
rente y realmente aplicada y evaluada en materia
de (in)seguridad ciudadana, uno de los princi-
pales componentes de la política criminal.
Aunque en este último campo suelen propo-
nerse definiciones variadas, existe cierta con-
cordancia en definir la política criminal como
el conjunto de métodos por medio de los cuales el
cuerpo social articula respuestas frente al fenóme-
no criminal. Deben destacarse dos elementos
de esta definición: “un conjunto de métodos”
supone el recurso a medidas no exclusivamente
represivas; y “el cuerpo social”designa no solo el
1
Chinchilla y Rico (1997), pp. 3-35 y Rico y Chinchilla (2002), pp. 11- 47 y 86 -118.

| PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
aparato penal oficial, sino otras instancias que
tradicionalmente no han intervenido, o han
intervenido poco, frente al crimen.
La bibliografía sobre el tema indica que el
Estado puede intervenir ante el fenómeno
criminal por varias vías (la prevención, el
control -o represión- de la delincuencia) y en
diversos niveles. En ambos casos, con arre-
glo a los siguientes principios: respeto de las
características esenciales de un Estado de de-
recho y consideración del sistema de justicia
penal como un conjunto.Así ocurre cuando el
Estado recurre a la vía legislativa (por ejem-
plo, mediante la amenaza que la sanción pe-
nal puede significar para evitar la comisión de
un delito), la judicial (gracias a la aplicación
efectiva de los textos legales -prevención ge-
neral- o la individualización de la pena para
evitar la reincidencia -prevención especial-) y
la administrativa (sobre todo, a través del re-
curso a la acción policial -patrullas, registros,
controles, etcétera- o social).
La investigación muestra, sin embargo, la
escasa eficacia de la mayoría de estas vías y
medidas. En particular de las basadas en un
enfoque punitivo (el poder intimidante de la
ley penal, la intervención policial y las sancio-
nes impuestas por los jueces), terapéutico (la
reinserción a la comunidad del delincuente
condenado) y social (la realización de profun-
das reformas en las estructuras sociales).2
Una política integral de (in)seguridad ciu-
dadana debe tener en cuenta la complejidad
de un tema en el que, entre otros, se combi-
nan elementos de realidad (la criminalidad,
o sea, el conjunto de delitos que se cometen
en una sociedad, y el funcionamiento de los
diversos componentes del sistema penal) y
de percepción (la opinión de los ciudadanos
sobre la delincuencia y la intervención oficial
estatal) que, aun cuando constituyen facetas
de un mismo fenómeno, exigen tratamientos
y acciones claramente diferenciados, aunque
congruentes entre sí.
Por otra parte, y como ya se ha indicado, las
clásicas soluciones represivas,las más frecuen-
temente utilizadas, o preventivas -a menudo
sin los necesarios recursos económicos- no
han podido mostrar su eficacia en la lucha
contra el delito. Ante esta situación, han apa-
recido nuevos enfoques y modelos,cuya expe-
rimentación y evaluación parecen indicar que
son más prometedores. Tales son los casos,
en el sector policial, del modelo de “policía
comunitaria” o “de proximidad” y, en materia
de prevención, de los enfoques “situacional” y
“social”. Estas tendencias implican además la
participación de la comunidad, como ocurre
en otros sectores políticos y sociales.
Para la determinación de políticas públicas
en materia de (in)seguridad ciudadana, la ex-
posición de algunas perspectivas en el campo
debe ser precedida de otra sobre los principa-
les elementos de la problemática, que segui-
damente se describen en forma somera, con
especial referencia a Centroamérica.
La criminalidad
En relación con este tema, puede indicarse lo
siguiente:
• deficientes mecanismos de compilación de
datos;
• incrementos considerables de las tasas de
criminalidad, en particular de los delitos de
violencia;
• elevados índices de victimización, muy su-
periores a los de la delincuencia registrada
oficialmente, e importantes incrementos de
los mismos;
2
Rico y Salas (1988), pp. 169-237.

C UA D E R N O S D E D E S A R R O L LO H U M A N O |
• una participación significativa en el deli-
to de los jóvenes, quienes además suelen
actuar en bandas o pandillas e incurrir en
la vía delictiva a una edad cada vez más
temprana;
• una relación cada vez más estrecha entre la
delincuencia común y el crimen organizado,
sobre todo en lo referente al narcotráfico, el
robo de vehículos, el trasiego de armas de
fuego e inmigrantes ilegales (“coyotismo”) y
el lavado de dinero;
• cierta “regionalización” del delito, debido a
que algunas de las mencionadas infracciones
suelen no conocer fronteras geográficas; y
• la identificación de factores asociados a
la criminalidad tales como el deterioro de
ciertas condiciones básicas para el desarro-
llo humano (familia, educación, vivienda,
empleo, exclusión social), las secuelas de los
conflictos armados ocurridos en la región
(transmisión de patrones culturales violen-
tos, desmovilización de los grupos armados,
una muy alta circulación de armas de fuego
de fácil adquisición en el mercado) y el con-
sumo de alcohol y sustancias psicotrópicas
(factor que aparece especial y regularmente
asociado a los delitos violentos y sexuales).
El sentimiento de inseguridad
Las encuestas de opinión pública ponen de
manifiesto:
• que la criminalidad representa uno de los
principales problemas sociales, apenas supe-
rado por el económico (desempleo, pobreza,
costo de la vida);
• la percepción de un incremento constante
de la delincuencia,generalmente atribuido al
uso de drogas y armas de fuego, así como al
problema económico y a una deficiente in-
tervención institucional;
• la extensión del sentimiento de inseguridad
a otros hechos delictivos (corrupción públi-
ca, violencia intrafamiliar);
• una percepción generalizada de inseguridad,
sobre todo en las zonas urbanas, mayor en el
país que en el propio barrio,y entre las muje-
res y las personas de edad;
• que el temor de ser víctima de un delito
sobrepasa la probabilidad real de serlo;
• el incremento de las noticias delictivas
“amarillistas”y del “morbo”popular;
• la insatisfacción de la ciudadanía con la
respuesta institucional; y
• como consecuencia de lo anterior, el recurso
a una justicia “de mano propia”.
Los actores
Para la determinación de políticas públicas
en materia de (in)seguridad ciudadana, que
deben además formar parte de los planes de
desarrollo y modernización de cada país, han
de tenerse en cuenta, entre otros aspectos:
• los diversos sectores que tradicionalmente
conforman el sistema de administración de
justicia penal (policía, ministerio público,
defensa, tribunales, prisiones);
• ciertos principios generales que deben servir-
le de referente (accesibilidad,independencia,
justedad, eficiencia, transparencia, mode-
ración, equilibrio entre las necesidades de
protección social contra el delito y del de-
bido respeto de las garantías fundamentales
de los inculpados); y

10 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
• la participación de nuevos actores (parti-
dos políticos, legislador) y de la sociedad
civil en el proceso destinado a elaborarla
y aplicarla.
Además, una política criminal realista debe
aceptar que los componentes antes indicados
han de ser contemplados y analizados como
un conjunto orgánico, como un verdadero
sistema, y no como un conglomerado más
o menos acertado de normas, instituciones,
personas y procesos, que suele ser la forma
tradicional de encararlo.
En América Latina, la investigación y las en-
cuestas de opinión resaltan la existencia de
serias limitaciones con respecto a la forma de
intervención del sistema penal frente a la de-
lincuencia y a la inseguridad ciudadana.Entre
ellas merecen destacarse:
• la ausencia de una política criminal inte-
gral, coherente y realmente aplicada, tanto
en materia de control como de prevención
del delito;
• la costumbre de proponer el recurso a la
legislación penal -generalmente con res-
puestas represivas- como la solución más
adecuada a los problemas de criminalidad e
(in)seguridad;
• la escasa credibilidad y confianza de la
población en las instituciones del sistema
penal;
• posiblemente como consecuencia de lo
anterior, la delegación de soluciones en la
seguridad privada;
• la falta de adecuación de la legislación pe-
nal con las necesidades y expectativas de
los ciudadanos, esencialmente debida a la
“importación” de modelos foráneos, sin es-
tudios previos de las realidades sociales y de
los problemas inherentes a su aplicación;
• una intervención policial caracterizada ge-
neralmente por un desempeño ineficien-
te en la lucha contra la delincuencia y por
prácticas autoritarias y corruptas, así como,
en numerosos países de la región, la indefi-
nición y ambigüedad de la función policial
(defensa nacional vs. defensa ciudadana,
policía militar vs. policía civil);
• una acción judicial percibida negativamen-
te por numerosos sectores de la población
a causa, sobre todo, de la indulgencia de las
sanciones impuestas por los jueces (impu-
nidad), la lentitud de los juicios y la des-
igualdad del trato acordado a los usuarios
del sistema (en especial, según su situación
socioeconómica);
• una intervención penitenciaria caracteri-
zada por las deficientes condiciones de las
cárceles (sobrepoblación, infraestructura,
ausencia de separación entre los reclusos) y
la escasa efectividad de los programas de re-
habilitación de los infractores condenados;
• un tratamiento del tema generalmente emo-
tivo, apelando más al sentimiento de inse-
guridad que a la búsqueda de soluciones a
las condiciones objetivas que generan delin-
cuencia e inseguridad; y
• la ausencia de tradición -y, por consiguien-
te, de práctica- en cuanto a la participación
de la sociedad civil en el sistema penal.
Las consecuencias de la criminalidad,
del sentimiento de inseguridad y
de la reacción estatal oficial
El incremento de la criminalidad y del temor
ante este fenómeno, junto con una inadecua-
da respuesta (real o percibida) por parte de los
organismos competentes en la materia y de la
sociedad civil, suelen acarrear consecuencias
de diversa naturaleza: económicas, sociales y
políticas.3
3
Rico y Chinchilla (2002), pp. 39-41.

C UA D E R N O S D E D E S A R R O L LO H U M A N O | 11
Entre las primeras, merecen mencionarse los
costos resultantes del delito (pérdidas de vi-
das, salud y bienes), de las medidas de pre-
vención adoptadas en el plano individual y
del sistema penal; la pérdida de productivi-
dad por las actividades que dejan de realizarse
por temor al crimen o por el trabajo que el
infractor detenido y condenado podría rea-
lizar; y los efectos negativos sobre la balan-
za de pagos del país, ya que el aumento de
la delincuencia y un elevado sentimiento de
inseguridad pueden desestimular y alejar las
inversiones y el turismo, importantes fuentes
generadoras de divisas.
Con respecto a las consecuencias sociales, el
delito y el sentimiento -real o injustificado-
de miedo ante el crimen suelen engendrar
reacciones afectivas. Estas darían lugar a im-
portantes cambios de conducta destinados a
protegerse contra las actividades criminales,
que afectan la calidad de vida de la población
por sus consecuencias tanto en el plano psi-
cológico (sentimiento de soledad, abandono
y angustia) como en el social (menor disposi-
ción a atender solicitudes de extraños, mayor
desconfianza frente al prójimo). Dichos cam-
bios contribuyen, además, al establecimiento
de estereotipos acerca de la criminalidad y del
delincuente, según los cuales este proviene de
las clases sociales de categoría inferior o de
ciertos países. Esto provoca fenómenos de es-
tigmatización, rechazo de las clases margina-
das o del extranjero, desprecio del pobre, etc.,
con el probable resultado final de una dismi-
nución del sentimiento de solidaridad social.
Estos factores constituyen una amenaza seria
y real para el desarrollo humano.
Finalmente, en cuanto a las consecuencias
políticas, la criminalidad y el sentimiento de
inseguridad suelen originar presiones de la
población sobre las autoridades públicas con
la finalidad de generar cambios en las moda-
lidades de intervención frente al problema.
Estas presiones frecuentemente se concretan
en exigencias de medidas más represivas, tan-
to en el plano legal (aumento de las penas,
instauración de la pena de muerte), como en
el policial (otorgamiento de más amplios po-
deres a los cuerpos policiales) y hasta en el
parapolicial (actuación de grupos armados
similares a los tristemente famosos escuadro-
nes de la muerte). Asimismo en el recurso a
operativos policiales de “limpieza social”, me-
diante la ejecución de redadas o la imposición
del “toque de queda”para neutralizar la acción
de las pandillas juveniles o al patrullaje con-
junto ejército-policía. De igual modo, ante
la ineficiencia de la reacción estatal, se están
dando casos alarmantes de recurso a una jus-
ticia “de mano propia”, con respecto a la cual
posiblemente Guatemala sea el ejemplo más
significativo por el elevado número de lincha-
mientos populares.Todo esto conlleva aspec-
tos impropios de una sociedad democrática y
representa un serio peligro para la consolida-
ción de un Estado de derecho.
El entorno
Diversos estudios muestran que las sociedades
occidentales contemporáneas se caracterizan
por una serie de rasgos con repercusiones pre-
visibles sobre la criminalidad y sus transfor-
maciones, el conjunto del sistema penal y las
medidas a adoptar para un mejor tratamiento
del tema. Entre ellos se destacan los siguien-
tes, también aplicables a Centroamérica:
• cambios en el volumen y características de
la población (por ejemplo, el incremento de
la población juvenil e inmigrante);
• desarrollo de las grandes urbes y sus con-
secuencias (crecimiento desordenado,zonas
marginadas, desempleo, ausencia de recur-
sos elementales en materias básicas);
• progresos tecnológicos, tanto para la comi-
sión de nuevos delitos como para mejorar la
intervención de los organismos del sistema
penal;

• mayor respeto de los derechos humanos;
• crecientes presiones sobre los gobiernos
destinadas a reducir el gasto público, reali-
zar estudios de tipo costo/ beneficio, buscar
programas menos onerosos, privatizar cier-
tos servicios públicos, conseguir una mayor
coordinación interinstitucional y utilizar
recursos comunitarios;
• en materia política, consolidación de
sistemas democráticos, descentralización e
integración regional; y
• la globalización de la vida económica y su
impacto sobre el tema.
Nuevos enfoques y modelos
El incremento de la criminalidad y del senti-
miento de inseguridad, una percepción gene-
ralizada de ineficiencia de la reacción estatal
oficial, la pérdida de credibilidad en las institu-
ciones estatales responsables y, en algunos paí-
ses centroamericanos y como consecuencia de
lo anterior, el recurso a otros métodos (justicia
“de mano propia”), exigen el replanteamiento
de las políticas criminales tradicionales.
En este sentido, nuevos enfoques y modelos
en la materia han mostrado, desde hace más
de un cuarto de siglo, resultados satisfactorios
en otros países (Estados Unidos, Canadá y
Europa), confrontados también a problemas
similares. Tales son los casos, en el sector po-
licial, del modelo de “policía de proximidad”
(o de orientación comunitaria) y, en mate-
ria de prevención del delito, de los enfoques
“situacional” y “social”, que seguidamente se
exponen. Estas tendencias implican, además,
la participación de las instituciones estatales
involucradas en la problemática y de la socie-
dad civil.
1. La prevención del delito
Entre los numerosos tipos y enfoques en ma-
teria de prevención -conjunto de medidas
destinadas a impedir o limitar la comisión de
un delito-, los más novedosos y prometedo-
res son los que distinguen entre prevención
“situacional” y “social”.
Se entiende por prevención “situacional” el
conjunto de medidas no penales tendientes a
eliminar o reducir las ocasiones que en nu-
merosos casos propician la comisión de un
delito (por ejemplo, mediante la instalación
de cerraduras y sistemas de alarma en resi-
dencias y comercios, una mejor iluminación
en las calles o la vigilancia de barrio). Su pos-
tulado de base es que el delito resulta, en gran
medida, de elecciones influenciadas por
aspectos concretos e inmediatos de las
situaciones en que puede encontrarse un
infractor potencial, y sus efectos pueden
apreciarse en el corto plazo.
El enfoque “social” (intervenciones no penales
sobre delincuentes potenciales orientadas a ate-
nuar su propensión criminal) está basado en las
clásicas teorías etiológicas del delito, según
las cuales la acción criminal se explica por
la existencia de múltiples factores anteriores
a su perpetración (familia, escuela, empleo,
frecuentación de otros delincuentes, per-
tenencia a bandas criminales, papel de los
medios de comunicación, consumo excesivo
de alcohol y otras drogas, etc.); los resulta-
dos de este enfoque solo pueden darse en el
mediano y largo plazo.
Como en todas las tipologías propuestas,
se trata de modelos ideales, por lo que
suele preconizarse la combinación de ambos
enfoques.

2. La policía “de proximidad” o “de orientación
comunitaria”
Este modelo surge en los Estados Unidos, a
finales de los años 70, como consecuencia del
escaso éxito de los métodos tradicionales de
prevención y del modelo policial “profesional”
para enfrentar el fenómeno de la delincuen-
cia y, sobre todo durante la década de los 80,
del incremento de los hechos de violencia, de
venta y consumo de droga, de los llamados
“delitos en la calle” y de los actos de incivili-
dad (disorders). El nuevo modelo se extiende
rápidamente a Canadá y Europa,y se completa
con nuevos enfoques en materia de prevención
de la criminalidad y la incorporación de la
comunidad en la elaboración y ejecución de
políticas públicas en este campo.
En cuanto a sus objetivos, parece existir con-
senso en considerar como meta general me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos,
desarrollar un medio de vida apacible y seguro
y favorecer una mayor cohesión y solidaridad
sociales. Y, como objetivos específicos, propi-
ciar soluciones sostenibles a los problemas de
la comunidad (especialmente en materia de
criminalidad), recurriendo para ello al enfo-
que “resolución de problemas”; disminuir las
formas más graves y preocupantes de crimi-
nalidad y el sentimiento de inseguridad de la
ciudadanía frente a ellas; incrementar el nivel
de satisfacción de la población ante la inter-
vención policial y del sistema penal; favore-
cer la participación activa de la comunidad
en la prevención del delito y la “producción”
de seguridad; contribuir a la coordinación
interinstitucional en estos campos; valorizar
al personal policial; y mejorar los mecanis-
mos de control (internos y externos) sobre la
actuación policial.
Las principales características del nuevo
modelo policial son, sobre todo: cambios en
la organización misma (descentralización
operativa, delegación de responsabilidades,
patrulla del barrio a pie o en bicicleta); la
ampliación del mandato policial tradicional,
que ya no se limita a las clásicas funciones de
prevención y represión de la criminalidad y al
mantenimiento del orden, sino que abarca la
resolución de los problemas de la comunidad;
la selección y capacitación del personal poli-
cial, que debe ser más un gestor social que un
agente encargado del mantenimiento del or-
den público; una intervención proactiva más
que reactiva, enfatizando en las causas más
que en las consecuencias del delito. Asimis-
mo, un mayor acercamiento a la comunidad,
con la finalidad de dar una respuesta persona-
lizada a sus miembros y mejorar la imagen de
la institución; una amplia y activa participa-
ción de la sociedad civil y de la comunidad en
la identificación y solución de sus principales
problemas (incluyendo la criminalidad); el
establecimiento de mecanismos de asocia-
ción, cooperación y coordinación entre las
autoridades políticas, los servicios públicos
y privados, los medios de comunicación y la
comunidad; la inserción de la acción policial
en las políticas locales de desarrollo social; y
la obligación de rendir cuentas (a las autori-
dades políticas, a la comunidad).
Las evaluaciones realizadas sobre este nuevo
modelo policial muestran resultados satisfac-
torios. Entre ellos destacan la disminución
de ciertos delitos y del sentimiento de inse-
guridad, una mayor visibilidad de la policía,
el establecimiento de contactos más ricos y
prometedores de sus miembros con la comu-
nidad, una mejor imagen de esta institución
ante la ciudadanía,la disminución de las posi-
bilidades de abusos policiales y un mayor gra-
do de satisfacción con respecto a los servicios
prestados por dicho organismo. Sin embargo,
también ha sido objeto de serias críticas,por no
ser un método eficaz para el control del crimen
(entre otras causas, por fenómenos como el
desplazamiento de la criminalidad), por su ca-
rácter demasiado idealista (promete al público
más de lo que la policía puede dar realmente),

el llamado efecto de “halo”(el entusiasmo oca-
sionado por el nuevo modelo suele disminuir
al cabo de un tiempo), una difícil adaptación
de las actuales estructuras policiales, la posibi-
lidad de corrupción (favorecida por los contac-
tos con ciertos grupos sociales) y los cambios
en los sistemas de evaluación (¿cómo medir la
eficacia de la asociación policía-ciudadanos, la
cohesión social de una comunidad, la mejoría
de la calidad de vida de sus miembros?).
B. El marco metodológico: fuentes de
información
Las principales fuentes de información sobre
los temas de la criminalidad y la (in)seguridad
ciudadana son esencialmente las estadísticas
oficiales y las encuestas de opinión.
La criminalidad4
Medir el fenómeno criminal no suele ser una
tarea fácil. Entre las dificultades con que se
enfrenta el investigador, la primera resulta
de la existencia de la llamada “cifra negra” u
oculta de la criminalidad. Esta es resultado de
la decisión de las personas que han sido vícti-
mas o testigos de un delito de no denunciarlo
a las autoridades competentes por diversas
razones: falta de confianza en una interven-
ción eficiente de los organismos del sistema
penal, miedo a posibles represalias, esca-
sa gravedad del hecho, etcétera. La segunda
deviene de la carencia de estadísticas crimi-
nales o de la poca fiabilidad de las existen-
tes. La tercera, del énfasis que generalmente
se hace en la delincuencia “común”, con el
consiguiente descuido de otras modalidades
delictivas más preocupantes y socialmente
dañinas, por ejemplo, los llamados delitos “de
cuello blanco”,la corrupción o la criminalidad
transnacional. La cuarta, de la selección que,
en distintos niveles, efectúan determinados
organismos del sistema penal encargados de
recibir y calificar los casos entrados (Policía,
Ministerio Público, Juzgados), lo que justifica
la hipótesis según la cual las estadísticas cri-
minales representan más los modos de operar
de dichos organismos y las características de
su “clientela” que la verdadera situación cri-
minal del país. Finalmente, en los países que
disponen de diversas categorías de estadísti-
cas criminales (en los planos policial, judicial
o penitenciario), la determinación del nivel
más adecuado para la medida del fenómeno
criminal. En relación con este último proble-
ma, se reconoce generalmente que, por estar
más cercanos a la realidad que se pretende
medir, deben privilegiarse los datos compila-
dos por la policía.
Costa Rica cuenta con estadísticas crimina-
les sobre los tres niveles antes enumerados:
policial, judicial y penitenciario. No obstante,
la principal fuente de información aquí utili-
zada será la correspondiente al nivel judicial;
más concretamente las denuncias presentadas
ante el Ministerio Público, que incluyen las
hechas ante el Organismo de Investigación
Judicial (OIJ) y la policía administrativa y, en
el caso de estas últimas, los delitos descubier-
tos directamente por esta; se excluyen sin em-
bargo los casos de flagrancia (no reportados
por el OIJ).5
El grado de fiabilidad de la fuente propuesta
es razonablemente elevado, ya que, además
de ser el Ministerio Público el principal orga-
nismo receptor de denuncias según la legis-
lación vigente, recurre a la tipología delictiva
4
Chinchilla (1992), pp. 12 y 13.
5
Otras fuentes de información sobre los hechos delictivos son las alcaldías (que, en materia contravencional, registran los ilícitos penales
más leves), los hospitales (sobre homicidios y lesiones) y el Instituto Nacional de Seguros (sobre ciertas categorías de robos: en las
casas, de vehículos).

prevista en el Código Penal y utiliza un mé-
todo uniforme de compilación y tratamiento
de datos.
Merecen señalarse, empero, las siguientes
deficiencias de dicho instrumento:
• la inclusión de algunas figuras que no cons-
tituyen delitos o faltas, sino que más bien
representan actividades del Ministerio Pú-
blico relacionadas con sus funciones (por
ejemplo: la averiguación de desaparición o
de muerte), y cuyo porcentaje es muy bajo
en relación con el total de entradas netas
en las oficinas de dicho organismo;
• la posible confusión entre las categorías
“denuncias” y “casos entrados”;
• la ausencia de datos sobre las personas dete-
nidas (sexo, edad, modus operandi, etcétera);6
• la presentación de un número excesivo de
delitos (unos 200) previstos en el Código
Penal y leyes especiales, muchos de ellos
de escasa importancia, tanto en términos
cuantitativos como cualitativos; esto, que
es útil para fines de gestión e investigación,
es muy poco operativo para la toma de de-
cisiones en el sector;7
• antes de la entrada en vigencia del nuevo
Código Procesal Penal (1998), todas las
denuncias eran presentadas al Juez de Ins-
trucción, quien solo las remitía al Ministe-
rio Público si ordenaba la investigación del
caso;
• con fines comparativos, la falta de coinci-
dencia entre los territorios cubiertos por
las delegaciones y subdelegaciones del OIJ
y las oficinas judiciales, por una parte, y la
nomenclatura delictiva utilizada por ambas
fuentes de información, por otra; y
• con el mismo fin, la falta de indicaciones
previas en cuanto a las modificaciones en la
legislación penal o en las prácticas de regis-
tro que puedan tener incidencia en la evo-
lución de determinados delitos, deficiencia
que está en vías de subsanarse.8
La (in)seguridad y el sistema penal
Aunque las encuestas de opinión permiten
captar aspectos del fenómeno criminal y del
sistema penal que no figuran en las estadísti-
cas oficiales, lo cual enriquece el análisis, sus
principales problemas son su escasa frecuen-
cia (debido a su alto costo) y la metodología
utilizada. Por ejemplo, el tamaño y naturaleza
de la muestra, y la identificación de los temas
tratados.
En Costa Rica, se han llevado a cabo tres en-
cuestas de cierta envergadura y con rasgos re-
lativamente comunes. La primera de ellas se
efectuó en abril y mayo de 1986 con muestras
representativas de 950 adultos, 204 funcio-
narios judiciales (magistrados, jueces, fiscales
y defensores públicos), 182 abogados y 325
personas privadas de libertad.9
6
Estos datos figuran en las estadísticas del OIJ, aunque solo con respecto a ciertas infracciones (homicidios, delitos sexuales, drogas).
7
Con base en esta observación, más adelante se justifica la selección de los delitos que servirán de base, tanto para la evolución de la
criminalidad en el país, como para una posible reforma del sistema de estadísticas criminales.
8
Así ocurrió, por ejemplo, con la disminución en 1995 de las denuncias registradas por el OIJ, debida a una decisión de la dirección
de este organismo de solo aceptar, a partir de esa fecha, las denuncias por hurtos y daños cuyo monto fuese igual o sobrepasase los
mínimos establecidos por la ley (antes, no había reglas definidas al respecto), con la conversión en el 2000 de los abusos deshonestos
en relaciones sexuales con menores y con la transformación en delitos de varias contravenciones.
9
Rico et al. (1988). Esta encuesta tuvo lugar en el marco de un proyecto centroamericano para mejorar el sistema de administración
de justicia penal, financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los Estados Unidos, patrocinado por el Instituto
Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y coordinado por el Centro para la Adminis-
tración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida.

La segunda, auspiciada por el Proyecto Re-
gional de Justicia del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), se
realizó en febrero de 1999 con una muestra
representativa de 1.214 hogares.10
La tercera, elaborada para nutrir el conteni-
do del presente informe, ha sido aplicada en
mayo y junio del 2004 a una población repre-
sentativa de 2.402 personas de 16 años y más,
a partir de un extenso cuestionario elaborado
por el equipo coordinador, y completada con
entrevistas a 12 grupos focales. En adelante,
los resultados de las dos primeras se presen-
tarán en la medida en que haya coincidencia
con las preguntas formuladas en la última.
Además de las que acaban de indicarse, des-
de 1990 se han llevado a cabo otras encuestas
-sobre todo por parte de UNIMER, CID-
Gallup y Demoscopía- que, por el carácter
limitado de sus preguntas, solo se mencionan
aquí cuando corresponda, en forma comple-
mentaria.11
También se han realizado encues-
tas en el marco de dos proyectos aplicados
en el plano local: el primero, el Proyecto de
Policía Comunitaria, puesto en marcha como
plan piloto en 1996 por el Ministerio de Se-
guridad en el barrio capitalino de Hatillo. El
segundo,que tuvo lugar entre enero de 1998 y
junio del 2000 en Rincón Grande de Pavas;12
por su carácter local, solo se hará una refe-
rencia circunstancial a sus resultados en este
documento.
II. La criminalidad
A. Evolución y características
(1985-2003)
Debido a la mencionada extensión de los de-
litos registrados en las estadísticas del Poder
Judicial,se ha considerado oportuno y útil sim-
plificar su enumeración. En este sentido, se ha
seguido el modelo empleado en países como
Estados Unidos y Canadá, que solo retienen
para este fin los hechos delictivos más graves
y frecuentes, agrupándolos en dos grandes ca-
tegorías: delitos contra la persona (o delitos
violentos) y delitos contra la propiedad.
Esta selección no elimina, sin embargo, el
problema de la fiabilidad de los datos regis-
trados. Por ejemplo, mientras que algunos
delitos graves o numéricamente importantes
son fiables en cuanto a su “reportabilidad”(los
homicidios, lesiones y algunas categorías de
robos suelen denunciarse casi siempre debi-
do a su carácter grave o impactante, o bien al
hecho de que la denuncia es un requisito in-
dispensable para ser indemnizados por el se-
guro), otros pueden ser frecuentes pero poco
fiables: son los casos de las estafas y daños,
cuyo registro estadístico suele ser inferior a la
realidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta
en el Cuadro 1 la evolución, desde 1985, del
10
Chinchilla, ed. (1999).
11
Estas encuestas presentan además incoherencias que reducen su valor como indicador: por ejemplo, los enunciados de las preguntas
no suelen ser idénticos y no repiten todas las preguntas en cada una de las encuestas.
12
Para una descripción más amplia del primer proyecto, ver: Ministerio de Seguridad Pública (1997), Proyecto piloto de seguridad ciuda-
dana en Hatillo. Evaluación de los resultados del primer año de operación; San José, Costa Rica; Ministerio de Seguridad Pública (1988),
Resumen del informe de labores 1994-1998; San José, Imprenta Nacional; Chinchilla y Rico (1997), pp. 68-69, nota 69; y Rico y Chinchilla
(2002), pp. 63-65. En cuanto al segundo, titulado Seguridad ciudadana en Centroamérica, auspiciado por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y ejecutado en cinco municipios de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, véanse: Rico
(1999-2000-2001) y Rico y Chinchilla (2002), pp. 75-81.

Cuadro 1
Delincuencia en Costa Rica. Entradas netas (1) en las oficinas del Ministerio Público,
según tipos de delitos. Totales y tasas por 10.000 habitantes. 1985-2003
Años
1985 (2) 1990 (2) 1995 (2) 2000 2001 2002 2003
Contra la persona
Agresión 1.642 2.066 4.197 5.385 5.202 5.606 5.874
(6,1) (6,8) (12,4) (13,6) (12,9) (13,8) (14,2)
Homicidio 145 153 177 238 256 310 389
(0,5) (0,5) (0,5) (0,6) (0,6) (0,8) (0,9)
Homicidio culposo 336 376 546 543 581 851 733
(1,2) (1,2) (1,6) (1,4) (1,4) (2,1) (1,8)
Lesiones 2.188 1.288 1.644 1.492 1.300 1.470 2.188
(8,2) (4,2) (4,9) (3,8) (3,2) (3,6) (5,3)
Violación 420 573 725 1.209 1.278 1.343 1.543
(1,6) (1,9) (2,1) (3,0) (3,2) (3,3) (3,7)
Contra la propiedad
Daños 1.451 1.581 1.050 1.654 1.871 1.951 2.158
(5,4) (5,2) (3,1) (4,2) (4,6) (4,8) (5,2)
Estafa 1.814 1.391 2.397 3.090 3.169 3.612 3.533
(6,8) (4,6) (7,1) (7,8) (7,9) (8,9) (8,5)
Hurto 4.800 4.617 3.831 10.301 11.397 11.154 10.730
(17,9) (15,2) (11,4) (26,0) (28,3) (27,5) (26,0)
Robo 3.034 3.344 4.958 25.799 29.340 29.388 35.987
(11,3) (11,0) (14,7) (65,2) (73,0) (72,6) (87,1)
Otros 20.280 26.723 35.814 44.113 46.605 50.066 57.845
(75,8) (88,2) (106,3) (111,4) (115,9) (123,7) (140,0)
Total 36.110 42.112 55.339 93.824 100.999 105.751 120.980
(135,0) (139,0) (164,3) (237,0) (251,2) (261,4) (292,7)
Notas: (1) Las“entradas netas”resultan de la sustracción entre las“denuncias”y las“incompetencias”. A estas entradas deben añadirse los delitos de acción privada,
que ingresan directamente a los tribunales (en el 2002, solo se registraron 633 casos). (2) Incluye los delitos pasados directamente por las Alcaldías a los Juzgados
de Instrucción.
Fuentes: Elaboración propia a partir de “Entradas netas recibidas en las oficinas del Ministerio Público”, Anuario de Estadísticas Judiciales, Poder Judicial,
Departamento de Planificación, Sección de Estadística, San José, Costa Rica. Los datos sobre la población han sido tomados de“Estimaciones y proyecciones de
población 1970-2100”, INEC y CCP, 2002.
Delitos

conjunto de la criminalidad registrada oficial-
mente en las oficinas del Ministerio Público
y de cada uno de los delitos seleccionados, así
como sus tasas por 10.000 habitantes.La pre-
sentación se hace por períodos quinquenales
hasta el 2000 y, hasta el 2003, para cada año.
Evolución de las tasas
El análisis de dicho cuadro permite hacer las
siguientes observaciones:
• entre 1985 y 2003, las tasas del total de en-
tradas netas de delitos en las oficinas del
Ministerio Público se han incrementado
el 116,8%, sobre todo entre 1990 y 1995
(18,2%) y, en particular, entre 1995 y 2000
(44,2%); el aumento entre 2000 y 2003 ha
sido del 23,5%;
• el incremento más espectacular ha tenido
lugar en materia de robos: el 670,8% de las
tasas durante todo el período considerado,en
especial hasta el año 2000 (477%); después
de esta fecha, el aumento ha sido del 33,6%;
• las tasas de agresiones han aumentado un
132,8% entre 1985 y 2003,sobre todo entre
1990 y 1995 (82,3%);
• también las tasas de las violaciones han ex-
perimentado un fuerte crecimiento (131,2%)
durante todo el período, aunque irregular
según los quinquenios: el 18,7% entre 1985
y 1990,el 10,5% entre 1990 y 1995,el 42,8%
entre 1995 y 2000 y el 23,3% entre 2000
y 2003;
• durante el período analizado,las tasas de los
homicidios dolosos se han incrementado el
80%, sobre todo entre el 2000 y el 2003
(50%);
• lo mismo ha ocurrido con respecto a los
homicidios culposos, que han conocido un
aumento del 50% entre 1985 y 2003, osci-
laciones entre 1985 y 2001, y un nuevo in-
cremento del 50% entre el 2001 y el 2002;
• en cambio, las tasas de lesiones han dismi-
nuido en un 35,3%, aunque esta baja tuvo
lugar entre 1985 y 2001,pero entre este año
y el 2003 se registró un incremento consi-
derable (65,6%);
• las tasas de los hurtos han aumentado el
45,2% entre 1985 y 2003, habiendo regis-
trado una baja importante entre 1985 y
1995 (36,3%), pero un fuerte incremento
(128,1%) entre 1995 y 2000;
• también las tasas de estafas han aumenta-
do durante la totalidad del período un 25%,
después de haber registrado una disminu-
ción del 32,3% entre 1985 y 1990,una fuer-
te subida entre 1990 y 1995, y un aumento
más moderado después;
• finalmente, las tasas del delito de daños han
tenido una disminución del 3,7%, bastante
importante entre 1985 y el 2000 (22,2%),
pero seguidas de un incremento entre el
2000 y el 2003 (23,8%).
Como se puede apreciar, las tasas del conjun-
to de la criminalidad y de los delitos han teni-
do incrementos considerables, especialmente
entre el 2001 y el 2003.
Delitos más frecuentes
Los delitos numéricamente más frecuentes
fueron, en el 2003, los robos (el 29,7% del to-
tal), seguidos de lejos por los hurtos (8,9%),
las agresiones (4,8%), las estafas (2,9%), las
lesiones y los daños (1,8% en ambos casos),
las violaciones (1,3%), los homicidios culpo-
sos (0,6%) y los homicidios dolosos (0,3%).
Como puede observarse, los delitos contra la
propiedad representaban ese año el 43,3% del
conjunto de casos entrados en las oficinas del
Ministerio Público y las infracciones contra

la persona el 8,9%. Estas proporciones son
similares a las registradas en países más avan-
zados, pero difieren de las existentes en los
demás países centroamericanos, cuyos índices
son muy superiores en cuanto a los delitos
contra las personas.
Con respecto a los robos, única categoría
considerada en las estadísticas judiciales, los
datos registrados en las del Organismo de
Investigación Judicial (OIJ) -que, sin embar-
go, utilizan un método de compilación y una
nomenclatura diferentes-13
permiten conocer
en forma más detallada diversas modalidades
de este tipo delictivo. Así, en el 2003, entra-
ron en las oficinas policiales del OIJ 11.550
casos de robos con fuerza sobre las cosas (el
50,7% del total de 22.761 casos), 5.907 ca-
sos de robos con violencia sobre las personas
(26%) y 5.304 de robos de medios de trans-
porte (23,3%), sobre todo de automóviles y
motocicletas.
En cuanto a los homicidios dolosos, las men-
cionadas estadísticas del OIJ indican que, en
el 2003, se registraron 292 casos y 300 vícti-
mas, de acuerdo con las siguientes variables
relacionadas con estas:
13
En el año 2003, el total de casos entrados en las oficinas policiales del OIJ fue de 50.100, mientras que las entradas netas en las oficinas
del Ministerio Público se elevaron a 120.980.
San José (134), Alajuela (39), Limón (34), Puntarenas (33), Heredia (23), Cartago (19) y
Guanacaste (18).
Diciembre (30), mayo (29), julio (29), enero (28), noviembre (27), agosto (26) y setiembre (26).
Domingo (63), martes (48), sábado (46) y viernes (42)
6:00 pm-11:59 pm (127), 12:00 mn-5:00 am (68), 12:00 m-5:00 pm (59) y 6:00 am-11:59 am (48).
Arma de fuego (156), arma blanca (89), golpes (31) y asfixia por estrangulamiento (15).
Revólver (82), pistola (70) y otras armas (4).
Robo o asalto (78), riña (40), problema personal (38), violencia doméstica (30), venganza (33),
problema por drogas (17) y problema pasional (10);
Vía pública (159), casa o apartamento (74), finca o propiedad privada (39), dentro de local
comercial (28).
Hombre (254), Mujer (46).
20-29 años (94), 40-49 años (56), 30-39 años (55), 50-59 años (29), 60 años y más (20), 18-19
años (16), 15-17 años (14), menos de 5 años (9) y 10-14 años (7).
Soltero (172), casado (71), unión de hecho (47) y otro (10).
Delincuente, ladrón, reo o antisocial (35), desempleado y/o desocupado (31), agricultor y
peón agrícola (20), consumidor de droga (19) y oficios domésticos (16).
Costa Rica (234), Nicaragua (43), Colombia (9) y Estados Unidos (5).
Distribución por provincias:
Mes de ocurrencia:
Día de ocurrencia:
Hora:
Método o modalidad utilizada:
Arma de fuego utilizada:
Móvil o causa:
Sitio del suceso:
Sobre la víctima
Sexo:
Edad:
Estado civil:
Actividad económica o social:
País de origen:
Continúa...

Hombre (195), mujer (9).
Costa Rica (167), Nicaragua (26), Colombia (2), Estados Unidos (2).
20-24 años (48), 25-29 años (35), 30-34 años (30), 40-44 años (22), 35-39 años (21), 18-19
años (14), 15-17 años (12), 45-49 años (9).
Arma de fuego (93), arma blanca (70), golpes (23), asfixia por estrangulamiento (12).
Robo o asalto (41), riña (33), problema personal (30), violencia doméstica (25), problema por
drogas (14).
208 (el 71,2%).
Sobre el imputado (204 casos)
Sexo:
País de origen del imputado:
Edad del imputado:
Método utilizado:
Móvil o causa:
Casos resueltos:
En relación con los homicidios culposos, la
misma fuente muestra que en el 2003 se regis-
traron 528 casos,de los cuales la casi totalidad
(500, o sea, el 94,7%) se debieron a accidentes
de tránsito (entre ellos 262 atropellos,207 co-
lisiones y 23 vuelcos), que causaron la muerte
de 625 personas.
Comparadas con las cifras de la delincuencia
“común”, merece señalarse el escaso volumen
de las referentes a los delitos “de cuello blan-
co”. En el 2003, las entradas netas a las oficinas
del Ministerio Público fueron: administración
fraudulenta (326 casos), cohecho (34), concu-
sión (42), defraudación fiscal (84), enrique-
cimiento ilícito (4), lavado de dinero (296),
malversación de fondos (23), peculado (144),
prevaricato (41), quiebra fraudulenta (13) y
soborno (15), o sea, solo el 0,8% del total de
las 120.980 entradas netas registradas ese año.
También fueron extremadamente reducidas,en
ese año, las contravenciones: solo 169 casos.14
Distribución territorial
El Cuadro 2, que muestra la distribución te-
rritorial de la delincuencia, permite hacer las
siguientes observaciones referidas únicamen-
te al año 2003:
• las oficinas del Ministerio Público de San
José registraron ese año la gran mayo-
ría de las entradas netas de todos los de-
litos seleccionados, en especial de estafas
(67,6%), hurtos (45,7%), lesiones (44,7%),
robos (43,8%), homicidios (42,3%), daños
(40,5%) y agresiones (39,1%);15
• después de San José, las oficinas que tu-
vieron más entradas netas fueron las de
Alajuela, sobre todo de homicidios cul-
posos (19,8%), violaciones (16,7%), da-
ños (15,8%), agresiones (15,3%), hurtos
(14,6%), robos (13,8%) y lesiones (13,6%);
14
Sin embargo, ese año se registraron 44.472 entradas por faltas y contravenciones en los Juzgados Contravencionales del país. Las más
numerosas fueron por amenazas (20,2%), hurtos menores (10,8%), palabras obscenas (7,4%), golpes (6,5%), molestias a transeúntes
(6,3%), lesiones levísimas (5,6%) y daños menores (5,1%), o sea, el 61,6% del total ingresado.
15
Para una descripción mucho más detallada sobre la ciudad de San José, véase Carvajal Alvarado y Alfaro (2002).
...viene de la página anterior

• en cuanto a las tasas, las de agresiones fue-
ron más elevadas en Limón y Puntarenas;
las de homicidios dolosos en San José,Pun-
tarenas y Limón; las de homicidios culposos
en Guanacaste, Limón y Puntarenas; las de
lesiones en San José, Limón y Puntarenas;
las de violaciones en Limón y Puntarenas;
las de daños en Puntarenas, Guanacaste y
San José; las de estafas en San José; las de
hurtos en Puntarenas y San José; y las de
robos en Heredia y San José.
Otros países
Como en la mayoría de estudios sobre la cri-
minalidad en otros países -incluso los más
avanzados-, los datos con respecto a Costa
Rica, aunque válidos para analizar la evolu-
ción y características del fenómeno criminal,
no permiten responder a preguntas esenciales
para la determinación de eventuales accio-
nes estatales, tales como ¿cuán importantes
son las tasas de criminalidad y su posible
Provincias
San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón
Agresión 5.874 2.294 900 480 327 467 703 703
(14,2) (15,9) (11,6) (10,3) (8,6) (16,4) (18,1) (19,0)
Homicidio 389 207 48 25 23 17 37 32
(0,9) (1,4) (0,6) (0,5) (0,6) (0,6) (1,0) (0,9)
Homicidio culposo 733 222 145 45 41 90 95 95
(1,8) (1,5) (1,9) (1,0) (1,1) (3,2) (2,4) (2,6)
Lesiones 2.188 978 298 202 96 151 234 229
(5,3) (6,8) (3,8) (4,3) (2,5) (5,3) (6,0) (6,2)
Violación 1.543 499 257 118 93 107 234 235
(3,7) (3,4) (3,3) (2,5) (2,4) (3,8) (6,0) (6,3)
Daños 2.158 873 340 192 110 166 291 186
(5,2) (6,0) (4,4) (4,1) (2,9) (5,8) (7,5) (5,0)
Estafa 3.533 2.390 367 173 159 148 182 114
(8,5) (16,5) (4,7) (3,7) (4,2) (5,2) (4,7) (3,1)
Hurto 10.730 4.906 1.572 614 320 849 1.685 784
(26,0) (34,0) (20,3) (13,2) (8,4) (29,8) (43,5) (21,2)
Robo 35.845 15.706 4.948 3.485 5.089 2.252 2.580 1.927
(87,1) (108,7) (64,1) (75,1) (133,5) (79,1) (66,6) (52,1)
Fuentes: Las indicadas en el Cuadro 1.
Cuadro 2
Delincuencia en Costa Rica, por provincias. Entradas netas en las oficinas del Ministerio Público.
Totales y tasas por 10.000 habitantes. 2003
Delitos Total

incremento? ¿Existe un límite a partir del
cual dicho aumento deba considerarse into-
lerable?16
La respuesta suele consistir en situar el país
considerado en una escala de tasas de un
conjunto de países. Sin embargo, el recurso
al método comparativo constituye una tarea
difícil,si se tienen en cuenta factores como las
diferencias en los métodos de compilación y
presentación de datos de otros países, las es-
casas investigaciones de esta naturaleza, la re-
ferencia prioritaria a los delitos violentos (en
especial el homicidio) o ciertas incoherencias
y la relativa lejanía temporal de los datos pre-
sentados.
Pese al valor relativo de este método, algunos
estudios indican que en Centroamérica:
• las tasas de los delitos contra la vida y la
integridad personal, las infracciones contra
la propiedad y los delitos sexuales se incre-
mentaron entre 1990 y 1994 en Costa Rica,
Honduras y Nicaragua;17
esta tendencia
sostenida al crecimiento se confirma en Ni-
caragua (entre 1991 y 1997, los delitos con-
tra la propiedad se incrementaron el 39,7%
y contra la persona el 61,4%) y en Panamá
(entre 1991 y 1995, los aumentos de estas
dos categorías delictivas fueron del 4,3% y
del 55,9%);18
• en Guatemala, se observa, entre el 2001 y
el 2003, un aumento de las tasas del total
de delitos registrados por la Policía Nacio-
nal Civil, los homicidios, los hurtos y ro-
bos de vehículos y motos y los secuestros;
una disminución de los hurtos y robos en
residencias y comercios y a personas, y las
violaciones; y oscilaciones en cuanto a las
lesiones y a los demás hurtos y robos;19
• con la excepción de Costa Rica, las tasas de
muertes violentas (homicidios y suicidios)
son elevadas en todos los países de la re-
gión: en 1998, fueron de 82,4 en El Salva-
dor, 76,9 en Guatemala, 40,7 en Honduras,
13,3 en Nicaragua y 5,8 en Costa Rica. 20
Otros estudios muestran lo siguiente,con res-
pecto a diversos países de América Latina:
• fuertes variaciones de las tasas de homici-
dios por 100.000 habitantes, cometidos a
finales de los 80 y principios de los 90: 150
en El Salvador y Guatemala; 89,5 en Co-
lombia; entre 10 y 20 en Brasil, Nicaragua,
México, Venezuela, Perú, Panamá y Ecua-
dor; 9,4 en Honduras; 5,6 en Costa Rica;
y entre 4 y 5 en Argentina, Uruguay, Para-
guay y Chile;21
16
Estas observaciones también se aplican al tema de la percepción de los ciudadanos sobre su propia seguridad, las instituciones
oficiales encargadas de garantizarla y su funcionamiento, o los principales lineamientos de políticas públicas en el sector.
17
Carranza (1997), pp. 28, 32 y 38. En esta obra se presentan datos sobre los países centroamericanos y México.
18
Chinchilla (2002), p. 252.
19
Rico (2004), p. 24.
20
Chinchilla (2002), p. 252. Pese a su disminución, El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más importantes del mundo y mucho
más elevada que la antes indicada: 164,5 en 1994, 149,7 en 1995 y 139,0 en 1996; entre 1994 y 1998, se incrementaron las amenazas,
los robos y los hurtos, pero disminuyeron las violaciones y los secuestros, y tuvieron oscilaciones las lesiones y los daños (Cruz et al.,
2002, pp. 91- 92 y 176 -177).
21
Buvinic et al. (1999), p. 2. Para las tasas en diversas ciudades latinoamericanas, véanse Piquet Corneiro y Fajnzylber (2001), p. 201 y
Arriagada (2002), p. 119.

• en Brasil, un aumento de las tasas de homi-
cidios: casi el 62% entre 1985 y 1990 y el
16,1% entre 1990 y 1995;22
• en Chile, una disminución, entre 1990 y
1994, de las tasas de homicidios (5,6 y 4,6),
robos (585,7 y 514,9) y hurtos (145,9 y
125,6) denunciados a Carabineros;23
• en Colombia, un incremento constante de
las tasas de homicidios por 100.000 habi-
tantes: 32 entre 1975 y 1982, 39 entre 1982
y 1995, y 54 entre 1975 y 1995.24
B. Principales factores asociados
a la criminalidad
Como ya se ha indicado, los principales fac-
tores asociados a la criminalidad -sobre todo
en Centroamérica- son el deterioro de cier-
tas condiciones básicas para el desarrollo hu-
mano (familia, educación, empleo, etc.), las
secuelas de los conflictos armados ocurridos
en la región y el consumo de alcohol y sustan-
cias psicotrópicas (factor asociado a los delitos
violentos y sexuales).
Teniendo en cuenta el carácter introductorio
de este capítulo y el tratamiento más acabado
que en otros se hará,nos limitaremos al análi-
sis de dos de tales factores: el uso de armas de
fuego y el consumo de drogas.
1. Aunque las armas de fuego son utilizadas
para la comisión de numerosos delitos, sus
consecuencias más graves se verifican en los
casos de homicidios y lesiones.
En Costa Rica, entre 1983 y 1985, el 48,8%
de los homicidios se cometió con armas de
fuego; este porcentaje se elevó al 53,9% para
el período 1995-1997 y representaba, en
el 2003, el 52% de las víctimas. Estas cifras
coinciden con la evaluación hecha en 1996
por las Naciones Unidas, según la cual más
del 50% de los homicidios que se cometieron
en el mundo se llevaron a cabo con armas de
fuego. En 1999, había 43.241 armas matricu-
ladas en el Departamento de Control de Ar-
mas y Explosivos del Ministerio de Seguridad
Pública.25
Según la encuesta del 2004, el 94,9% de las
personas entrevistadas declararon no poseer
ningún arma. De los que dijeron tenerla (so-
bre todo revólveres y pistolas), el 71,4% la
había comprado sobre todo en un comercio
especializado; el 64,7% manifestó tener ma-
trícula y permiso para portarla; el 70,6% ex-
presó tener un conocimiento “muy bueno” y
“bueno” sobre su manejo; el 34,5% declaró
tener mucho entrenamiento (el 20,2 “regular”
y el 15,1% “poco”), pero el 52,1% no realizaba
prácticas de tiro (el 25,2% una vez al mes y el
10,9% semanalmente).
Dicha encuesta muestra opiniones bastante
categóricas sobre los inconvenientes de las
armas.Así,los encuestados dijeron estar “muy
de acuerdo” y “de acuerdo” con los siguientes
enunciados: causan accidentes a inocentes
o familiares (88,9%), han provocado un in-
cremento de los suicidios (81,1%) y de las
muertes (86,4%) y aumentan la posibilidad
de muertes en casos de violencia domésti-
ca (88,6%). En el mismo sentido, el 86,3%
manifestó estar “en desacuerdo” y “muy
en desacuerdo” con que cualquier perso-
na tenga la libertad de poseer un arma. Las
22
De Mesquita Neto y Loche (2003), p. 181.
23
Frühling (2002), pp. 326 -329.
24
Vélez y Banguero (2001), p. 68.
25
Loría (2001), pp. 23-81 y La violencia en Costa Rica: visión desde la salud pública (2000).

opinionesestánrepartidasencuantoasilasar-
mas son necesarias para protegerse del crimen
(el 44,1% y 39,1% en ambas categorías), pero
el 91,9% de los encuestados pensaba que
debería hacerse un examen de manejo de
armas para tener una, y el 61,2% opinó que
debería existir una legislación que prohibiera
la tenencia de armas.
Con respecto a otros países centroamerica-
nos,26
en El Salvador, casi el 75% de los ho-
micidios, el 50% de los secuestros y el 36,5%
de los robos con agresión fueron cometidos
con armas de fuego en 1999 y, entre 1994 y
mayo del 2000, estaban registradas 143.161
armas (el 77% de ellas armas cortas), que solo
representaban el 35,7% del total estimado de
400.000 armas.
En Honduras, 1.677 homicidios y 1.244 le-
siones se debieron al uso de este tipo de armas
y, entre 1997 y 1999, se vendió un promedio
anual de once mil armas.
En Nicaragua, entre 1998 y 1999, los deli-
tos cometidos con mayor presencia de armas
de fuego fueron los robos con intimidación
(38,7%), los homicidios (14,4%), las lesio-
nes (12,7%) y los asesinatos (7,4%), y había
52.390 armas registradas (el 59% de ellas
armas cortas) en mayo del 2000.
En Centroamérica, hasta el 2000, el total de
armas registradas era de 147.581 en Gua-
temala, 143.161 en El Salvador, 96.614 en
Panamá, 52.390 en Nicaragua y 43.241 en
Costa Rica.27
En Guatemala, el porcentaje de homicidios
con arma de fuego pasó del 57,4% en 1986 al
72,8% en 1996 y al 76,8% en 199828
y, en el
2003, al 81,5% de homicidios y el 66,4% de
lesiones; se observaron importantes diferen-
cias en los homicidios según los departamen-
tos del país (el 87,1% en Guatemala, el 84,2%
en El Petén y el 83,7% en Escuintla).29
2. En cuanto a las drogas, conviene ante todo
subrayar que los casos registrados estadís-
ticamente representan apenas una ínfima
parte de la realidad de un fenómeno muy
poco conocido.
En Costa Rica, las entradas netas en las ofi-
cinas del Ministerio Público en el 2003 fue-
ron sobre todo la tenencia de drogas (5.112
casos) y las infracciones a la Ley sobre Estu-
pefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas
de Uso no Autorizado y Actividades Conexas
(2.914), seguidas muy de lejos por la venta de
drogas (443),el consumo (153),la tenencia de
marihuana (125) y de semillas de marihuana
(68), el consumo de marihuana (40), el tráfico
de drogas y marihuana (37), el transporte de
drogas y marihuana (27), el tráfico interna-
cional de drogas (25), el cultivo de marihuana
(16), el tráfico de marihuana (7) y el sumi-
nistro (8), elaboración y almacenamiento de
drogas (1); es decir, el 7,4% del total de entra-
das netas de ese año.
En otro nivel de realidad, en el 2003, el OIJ
atendió 1.358 casos de infracciones a la Ley
sobre drogas antes citada, de los cuales el 47%
fue entrado en la provincia de San José, el
16% en Alajuela, el 11% en Puntarenas y el
26
Ver los respectivos capítulos en: El arsenal invisible. Armas livianas y seguridad ciudadana en la postguerra centroamericana (2001).
27
En 1998, se estimaba que el remanente de armas de fuego producto de los conflictos armados en la región era de aproximadamente
dos millones (International Peace Bureau, Arms Trade, 1998).
28
MINUGUA (2002), p. 78.
29
Rico (2004), pp. 24 - 25, 31, 53 y 75.

10% en Cartago. Se llevaron a cabo 559 in-
vestigaciones (muy pocas con relación a los
casos atendidos). Las principales infracciones
fueron la tenencia de marihuana (543 casos)
y droga (303), la venta de droga (248) y el
tráfico de droga (117). De un total de 1.311
personas detenidas, 1.214 eran costarricenses,
55 nicaragüenses, nueve colombianos y pana-
meños y seis estadounidenses.30
Según la encuesta de mayo del 2004, el 53,2%
de las personas entrevistadas sabía de la venta
de drogas en su comunidad o en algún lugar
cercano, sobre todo la calle (50,2%), la casa de
un vecino (25,6%), la escuela o colegio (6%)
y los bares (5,4%). Casi la mitad de ellas (el
48,4%) no denunció personalmente esos lu-
gares, y el 92,7% declaró no haber tomado
drogas (el 77,9%, señaló que tampoco lo ha-
bía hecho ningún miembro de su familia).
En la región centroamericana,el grave proble-
ma de la narcoactividad ha estimulado el sur-
gimiento y desarrollo de diversas actividades
ilícitas (tráfico de armas de fuego y automó-
viles robados, lavado de dinero) fuertemente
organizadas, sofisticadas y violentas, sobre
todo en la costa atlántica de Nicaragua y en
las fronteras entre Guatemala y México.31
C. Percepciones
Aunque, como ya se ha indicado, se trata de
otro nivel de realidad, las encuestas de opi-
nión pública permiten completar y calificar
los datos procedentes de las estadísticas ofi-
ciales. Sobre todo si se tiene en cuenta al alto
porcentaje de personas que, aun habiendo
sido víctimas de un delito, no lo denuncian
a las autoridades pertinentes. En los Cuadros
3 y 4 se presentan los resultados relacionados
con la percepción de las personas entrevista-
das sobre los factores que ocasionan o favore-
cen la criminalidad y la victimización.
1. En el Cuadro 3, se pueden observar las si-
guientes divergencias de opiniones:
• el consumo de drogas y bebidas alcohólicas,
considerado en 1986 como el segundo fac-
tor que incidía en el aumento de la delin-
cuencia, ocupaba el primer rango en 1999 y
2004;
• el desempleo ocupaba el primer lugar en
1986, pero el tercero en 1999 y el segundo
en el 2004;
• la pérdida de valores tradicionales pasa
del último rango en 1986, al segundo en
1999, pero vuelve a ocupar el último puesto
en el 2004.
Son escasas las encuestas que proponen pre-
guntas específicas sobre el incremento de la
delincuencia en los últimos años y sus cau-
sas (como se verá más adelante, tales causas
se refieren a la percepción ciudadana sobre
la (in)seguridad). Sin embargo, las realizadas
por UNIMER en mayo y setiembre de 1991
y enero de 1992 muestran que, para la gran
mayoría de los ciudadanos (el 90% en mayo
de 1991 y el 94% en setiembre de ese año),
la delincuencia había aumentado en los últi-
mos doce meses. Se atribuyó tal incremento,
en setiembre de 1991, al uso de drogas (36%),
la crisis económica (13%), la pobreza (12%),
la decadencia moral (10%), la violencia en
el cine y la televisión (8%) y la ineficiencia
policial (8%).
30
Conviene señalar la ambigüedad de la nomenclatura utilizada en las estadísticas (¿qué abarca el término “droga”?), la gran diferencia
en la intervención policial y judicial con respecto a las diversas categorías de drogas y la ausencia de investigaciones sobre la relación
droga-criminalidad.
31
Chinchilla (2002), pp. 255-256 y Chinchilla (2003), pp. 210-212.

Las llevadas a cabo por CID/Gallup, en
setiembre del 2003, indicaban que para el
85% de los ciudadanos la delincuencia ha-
bía aumentado en los últimos meses, y este
porcentaje subía al 90% en diciembre del
mismo año.También señalan algunas encues-
tas que la situación ha empeorado: así opinó,
en la de UNIMER de enero del 1992, el 63%
de las personas entrevistadas y, en la realiza-
da por CID/Gallup en abril de 1995, casi el
50% de ellas.32
En la encuesta del 2004, el 77,8% de los en-
trevistados se declaraba “de acuerdo” y “muy
de acuerdo”con que, por los programas trans-
mitidos, los medios de comunicación eran,
en parte, responsables del incremento de la
violencia, sobre todo por presentar los hechos
en forma sensacionalista. Asimismo, el 81,5%
consideraba que el crimen organizado afecta-
ba la convivencia de la comunidad.
La comparación con otros países es difícil, si
se tienen en cuenta sus diferentes situaciones
específicas, especialmente en lo socioeconó-
mico. En Guatemala, las principales causas
del incremento de la criminalidad se atri-
buyen al problema económico (desempleo,
pobreza),el uso de drogas y la ineficiencia po-
licial.33
En Argentina (Gran Buenos Aires),
al incremento del desempleo y de la pobreza,
el consumo de drogas, la ineficiencia policial
y la poca severidad de los jueces.34
En Chile,
una encuesta realizada en 1997 indicaba que,
con respecto al año anterior, el 68,6% de los
entrevistados consideraba que el volumen de
la delincuencia era mayor, el 84,2% que era
más violenta y un porcentaje mayoritario va-
ticinaba que aumentaría en el futuro.35
32
33
Rico (2004), p. 89.
34
Smulovitz (2003), pp. 131-133.
35
Frühling (2002), p. 313.
Cuadro 3
Factores asociados a la criminalidad
Notas: (1) En la encuesta de 1986, la pregunta hecha a quienes opinaron que la delincuencia había aumentado en los últimos años se
refería a las causas de tal aumento. (2) Se refiere a las causas que más influyen en la inseguridad ciudadana. También se añadió la falta de
educación: el 2,9%. (3) En la encuesta de 1999, se refiere únicamente al tema de la desintegración familiar. (4) En la encuesta de 2004, la
pregunta se refiere a la migración.
Fuentes: Rico et al. (1988), Chinchilla, ed. (1999) y Encuesta nacional de seguridad en Costa Rica (2004).
Año
1986 (1) 1999 2004 (2)
Desempleo 40,1 11,1 18,4
Consumo de drogas y bebidas alcohólicas 37,1 50,7 20,4
Ineficiencia policial 6,7 -- 2,5
Pérdida de valores tradicionales (3) 2,2 19,3 2,2
Demasiados extranjeros (4) 4,3 -- 5,7
Factores

2. En cuanto a la victimización, se observa,
en primer lugar, un importante incremento
de los porcentajes de personas que declaran
haber sido víctimas de un delito en el últi-
mo año, los cuales pasan del 20% en 1986, al
26,9% en 1999 y al 38,7% en el 2004.36
Estos
índices, similares en 1986 y 1999 a los regis-
trados en los países más avanzados, son supe-
riores en el 2004.37
El Cuadro 4 indica, en segundo lugar, los de-
litos que causan más víctimas y su aumento/
disminución entre 1999 y mayo del 2004. En
ambas fechas se destacan los robos y asaltos
en lugares públicos y en las viviendas, pero en
el 2004 los porcentajes de estafas y agresiones
son superiores a los de 1999. Los datos re-
lacionados con robos y agresiones coinciden
con los que figuran en el Cuadro 1 (entradas
netas en las oficinas del Ministerio Público).
En el año 2004, los actos violentos contra el
patrimonio y la integridad física afectaron
sobre todo a las personas de sexo masculino
que viven en zonas urbanas y con un ingre-
so mensual por hogar de 300 mil colones o
más. En cambio, los actos contra la integri-
dad emocional y sexual solamente lo fueron
en forma un poco mayor contra las mujeres
con ingresos de 150 mil a menos de 300 mil
colones mensuales por hogar, en los casos de
maltrato emocional o psicológico y violación.
Aunque a todas las personas que habían
sido víctimas de al menos un delito en ese
año se les hizo una serie de preguntas sobre
determinadas circunstancias de su comisión y
la formulación de denuncias ante las autori-
dades competentes, los resultados más signi-
ficativos se refieren a los robos personales y en
la vivienda, al maltrato emocional, injurias y
ofensas, y a los golpes y lesiones sin armas.38
Cuadro 4
Victimización
Notas: (1) En la encuesta de 2004, se trata de robos o asaltos fuera de la casa. (2) En la encuesta de 2004, solo de robos en la casa. (3)
En la encuesta de 2004, las agresiones se desglosan según sean con o sin armas. (4) En la encuesta del 2004 figuraban otros delitos no
considerados en 1999, algunos de ellos en proporciones superiores a las indicadas en el cuadro: daños o actos de vandalismo contra el
automóvil (7,9%) o la casa (5,1%), maltrato emocional o psicológico (5,1%), amenazas de algún tipo (2,1%), extorsiones o chantajes no
sexuales (1,2%), tocamientos indeseados con fines sexuales (0,8%), amenazas por negarse a favores sexuales (0,7%), explotación sexual
(0,2%) y secuestros (0,1%). Con respecto a las agresiones físicas, se distinguían las llevadas a cabo con algún tipo de arma (el 3%) y las
perpetradas sin armas (el 3,6%).
Delitos 1999 2004
Robo o asalto en lugar público (1) 50,9 13,8
Robo o asalto en la vivienda (2) 24,8 6,7
Robo de vehículo 9,8 2,5
Estafa 2,5 6,1
Agresión física (3) 1,8 6,6
Violación y tentativa 1,5 0,6
Homicidio y tentativa -- 0,6
36
Para los datos sobre victimización de este año se utilizó una muestra diferente: en 891 hogares, las personas que fueron entrevistadas
personalmente en la encuesta de mayo, lo fueron en agosto por la vía telefónica. Contrariamente a los años anteriores, la pregunta se
limitaba a algún acto violento, no todos constitutivos de delito.
37
En 1989, las tasas de victimización eran del 30% en Australia, Canadá y Estados Unidos; del 25% en Alemania, España y Holanda; del 20%
en Bélgica, Francia y Gran Bretaña; del 15% en Finlandia, Noruega y Suiza; e inferiores al 10% en Japón .Van Dijk, (1992), pp. 45-46.
38
Se trata de las cuatro categorías delictivas numéricamente más frecuentes (252 casos) de acuerdo con las entrevistas llevadas a cabo
en las viviendas. El escasísimo número de los demás casos no justificaba su tratamiento detallado.

Los delitos, cometidos generalmente por
dos o tres infractores (uno en los casos de
maltrato emocional) desconocidos mayores
de edad, ocurrieron sobre todo en la calle
(especialmente en los casos de robos persona-
les y golpes y lesiones) y en la residencia de la
víctima (en menor proporción, en el lugar de
trabajo), y tuvieron lugar especialmente du-
rante la semana (lunes a viernes),entre las seis
de la tarde y medianoche y mediodía y seis de
la tarde (los casos de maltrato,entre las seis de
la mañana y mediodía).
Los entrevistados en el 2004 estimaron, fi-
nalmente, que las personas más expuestas
a ser víctimas de actos violentos eran: to-
dos (32,1%), los niños (23,1%), las mujeres
(9,4%), los adultos mayores (9,4%) y los jó-
venes (8,6%), y que las personas que come-
tían más actos violentos eran, sobre todo, los
drogadictos (40,0%), seguidos de lejos por los
jóvenes y la clase baja (7,1% en ambos ca-
sos), los extranjeros (5,5%), los desempleados
(5,4%), los que no tienen educación (3,8%),
los vagos (2,8%), las pandillas (2,0%) y los ni-
cas (1,5%).39
En otros países, la investigación arroja los si-
guientes resultados sobre la victimización:
• en Centroamérica (1997): Guatemala
(41%),El Salvador (33%),Nicaragua (29%),
Costa Rica (20%),Honduras (16%) y Pana-
má (16%);40
• en El Salvador: el 29,5% de hogares fue
víctima de asalto en 1996;41
• en Argentina (Gran Buenos Aires): el
51,8% fue víctima en 1996 y el 44,1% en
1997 (sobre todo de robos de objetos en
vehículos, con violencia, en residencias y de
bicicletas);42
• en algunas áreas metropolitanas de Amé-
rica Latina: en Buenos Aires, las tasas de
victimización del total de delitos pasan del
30,6% en 1997 al 37% en 1998; en Cali fue
el 23% en 1999; en Lima, el 21% en 1998;
en San Salvador, el 20% en 1998; y en Ciu-
dad de México, el 17% en 1998. En cuanto
a los delitos económicos, estos porcentajes
fueron el 38,6% en Buenos Aires (1995), el
45,8% en Sao Paulo (1998) y el 25,3% en
Río de Janeiro (1996).43
3. El tema de las denuncias plantea dos pro-
blemas importantes en América Latina: el de
la participación de la ciudadanía en materia
de (in)seguridad y el de la validez de los datos
recogidos. En cuanto a estos últimos, convie-
ne mencionar que en algunos países, o solo se
registran las denuncias de actos violentos que
dan lugar a la apertura de un juicio o impli-
can la identificación de un sospechoso, o bien
se privilegia el número de casos investigados
o resueltos por la policía como indicador de
su eficiencia. En el mejor de los casos, en la
región se reporta a la autoridad competente la
39
Además de reproducir los clásicos estereotipos sobre el delincuente, se observa una fuerte incoherencia con respecto a los nicara-
güenses: el porcentaje indicado (el 1,5%) no se corresponde con el resultante de otra pregunta sobre la nacionalidad de las personas
que cometen más actos violentos (para el 64,4% de los entrevistados, se trataba de nicas, el 16,6% se atribuía a costarricenses y el 16%
a colombianos).
40
41
Cruz et al. (2000), p. 184.
42
Smulovitz (2003), p. 128.
43
Fajnzylber et al. (2001), p. 44.

mitad de los hechos violentos de que han sido
víctimas o testigos los ciudadanos (contra más
del 80% en Norteamérica y Europa).44
En Costa Rica, solo el 19,3% de las personas
que, en 1999, fueron víctimas o testigos de
un delito lo reportó a las autoridades compe-
tentes. En mayo del 2004, cuando se trataba
de los cuatro delitos antes indicados,este por-
centaje fue muy superior, aunque varió con-
siderablemente: robo en la vivienda (58,1%),
golpes y lesiones sin armas (45,8%), robo
personal (34,8%) y maltrato emocional, inju-
rias y ofensas (32,4%).
En 1999,las denuncias se hicieron particular-
mente al OIJ (52,4%, sobre todo en los casos
de robos de vehículos y de robos o asaltos con
agresión en un lugar público), aunque tam-
bién a la Fuerza Pública (38,1%) y al Minis-
terio Público (9,5%). En cambio, en el 2004,
se recurrió en primer lugar a la Fuerza Públi-
ca en los casos de robos personales (58,1%),
golpes y lesiones sin armas (54,5%) y mal-
trato emocional (47,8%), y al OIJ cuando se
trataba de robos en la vivienda (55,6%). Con
la excepción de los casos de maltrato emocio-
nal (21,7%), las denuncias presentadas ante el
Ministerio Público fueron inferiores al 9%.
Las principales razones para no denunciar el
delito fueron que las autoridades no harían
nada (el 49,6% en 1999, especialmente en los
casos de robos o asaltos en la vivienda; en el
2004, el 76,9% en cuanto a los robos en las
viviendas, el 50% en los casos de robo perso-
nal y el 30,8% en los de golpes y lesiones sin
arma), que no se trataba de un asunto grave
(27,1% en 1999, sobre todo con respecto a los
robos de vehículos; en el 2004, el 54,2% con
respecto al maltrato emocional y el 23,1% en
cuanto a golpes y lesiones sin arma), que no
había una autoridad cercana (9,8% en 1999
y, en el 2004, el 12,1% en los casos de robos
personales), el miedo a venganza o represalias
(en el 2004, el 30,8% de golpes y lesiones y
el 10,4% de maltrato emocional).También se
mencionaron, aunque con muy bajos porcen-
tajes, el desconocimiento de procedimientos,
su carácter difícil y costoso y la intimidación
del infractor. La mayor o menor proporción
de denuncias parece estar relacionada con
el nivel de desarrollo del país, el cual está
correlacionado, a su vez, con la calidad de sus
instituciones públicas.45
Los datos anteriores no concuerdan con la
opinión mayoritaria de las personas entre-
vistadas en mayo del 2004 (69,5%), según la
cual, si presenciaran un delito, ayudarían a
las autoridades como testigo del hecho. Las
principales razones de quienes no lo harían
(14,6%) o lo harían dependiendo del delito
(11,1%) eran el temor a represalias (58,5%),
no comprometerse (13,6%) y la impresión de
que la policía no podía garantizar la seguridad
del informante (3,1%). De cualquier forma,
el 96,6% de los encuestados se manifestó “de
acuerdo” o “muy de acuerdo” con que hay que
denunciar los delitos para poder castigar al
delincuente,pese a que la denuncia no supon-
ga el esclarecimiento de los hechos (76,9%).
III. El sentimiento de
(in)seguridad
La preocupación de los ciudadanos ante el
crimen puede situarse en distintos niveles de
realidad. En un primer plano, la población
suele tener una opinión determinada sobre el
44
Lederman et al. (2001), pp. 239-240.
45
Fajnazylber et al. ��(2001), p. 43.

volumen y la evolución de la criminalidad en
el país, la ciudad y el barrio, así como acer-
ca de la importancia del fenómeno criminal
con respecto a otros problemas sociales.46
Sin
embargo, los conocimientos que los ciuda-
danos poseen sobre tal situación son vagos e
incorrectos y, en numerosos casos, las imáge-
nes de la delincuencia y del delincuente están
estrechamente vinculadas a juicios de valor y
a estereotipos. En un segundo plano, la po-
blación suele hacerse cierta idea de la ampli-
tud del riesgo de ser personalmente víctima
de algún delito, así como de la evolución en
el tiempo de dicho riesgo. En ambos casos,
la percepción y las reacciones de los ciudada-
nos están más o menos relacionadas con unas
variables individuales y sociales (zona, sexo,
edad, profesión, etcétera).47
En el Cuadro 5 se exponen las opiniones de
los ciudadanos sobre los puntos antes men-
cionados. En primer lugar, situando el tema
con respecto a los principales problemas del
país. En segundo lugar, pronunciándose sobre
el grado de (in)seguridad, en general y en su
propio barrio. Finalmente, indicando las me-
didas adoptadas para una mejor protección
personal. Algunos elementos del tema serán
tratados más ampliamente en otros capítulos
del informe, por lo cual la presentación y el
análisis que se exponen seguidamente se limi-
tarán a sus aspectos generales.48
A. Principales problemas
Con respecto a este punto, los resultados in-
dican que el 19,2% de las personas entrevis-
tadas consideraba, en mayo del 2004, que la
delincuencia representaba el principal pro-
blema del país, seguida de cerca por el alto
costo de la vida (18,2%) y, más lejos, por el
desempleo (14,7%), la corrupción pública
(13,9%) y la drogadicción (11,2%).Otros pro-
blemas les parecían, sin embargo, menos im-
portantes: la pobreza (6,7%), el mal estado de
la economía (4,8%), el narcotráfico (3%) y la
inmigración (2,7%). Independientemente del
rango asignado a cada uno de estos factores,
puede verse que, en proporciones similares,
los problemas económicos (costo de la vida,
desempleo, pobreza y mal estado de la econo-
mía) y los relacionados con la criminalidad y
la (in)seguridad (delincuencia, drogadicción,
corrupción) constituían ese año más del 88%
del conjunto de los que más inquietaban a los
ciudadanos.
Los lugares ocupados por tales factores en la
escala de preocupaciones de los ciudadanos
han variado durante el período considerado
en este estudio, lo que puede explicarse por
situaciones específicas (por ejemplo, la co-
yuntura económica, hechos delictivos de par-
ticular importancia y su tratamiento por los
medios de comunicación colectiva). En efec-
to, las encuestas de 1986 y 1999, así como las
46
No obstante, conviene indicar que cuando en las encuestas se menciona expresamente la categoría“criminalidad”, esta aparece como
uno de los principales problemas que inquietan a la ciudadanía; en cambio, cuando no se la menciona, una proporción mucho más
baja de ciudadanos se refiere a ella, privilegiando sobre todo los temas relacionados con la situación económica del país (desempleo,
pobreza, costo de la vida). También debe señalarse que, al referirse a la“criminalidad”, la población parece tener en cuenta sobre todo
la delincuencia común.
47
Rico et al. (1988), p. 72.
48
Con la finalidad de contribuir a un adecuado planteamiento de la problemática, conviene señalar que, de acuerdo con la encuesta del
2004, las personas entrevistadas definían la inseguridad ciudadana según los siguientes parámetros principales: no poder salir tranqui-
lo por temor a ser robado (49,3%), la falta de protección (10,1%) y la existencia de muchos robos (8,7%) y delincuentes (6,6%).

de UNIMER49
muestran, en forma resumida,
lo siguiente:
• como problema social, la delincuencia, que
ocupaba el primer rango en 1986, pasa al
tercero en enero de 1993 y 1995, vuelve
a colocarse en el primer lugar en 1999 y
octubre del 2000, de nuevo en el tercero
en marzo del 2002 y febrero del 2004, y se
sitúa otra vez en el primer puesto en mayo
del 2004;
• la drogadicción, en el primer plano en ene-
ro de 1993, pasa al cuarto hasta el 2001 y al
quinto hasta la fecha;50
• la corrupción pública,situada en el sexto lu-
gar en 1986, en octavo entre 1995 y 1997,
en quinto rango en 1999, en séptimo entre
el 2000 y el 2003, sube al cuarto puesto en
mayo del 2004;
• el desempleo pasa del cuarto lugar en 1986
al tercero hasta el 2001, y al segundo rango
en el 2002 y 2003; al primero en mayo del
2002 y febrero del 2004, pero baja al tercer
lugar en mayo del 2004;
• finalmente, el alto costo de la vida ha ocu-
pado, con algunas oscilaciones, el primer
lugar en enero del 2000, agosto del 2001 y
marzo del 2002, el tercero en 1999 y mayo
y setiembre del 2003, y el segundo en 1986,
octubre del 200 y febrero y mayo del 2004.
También varía la percepción ciudadana según
se trate del país,la propia comunidad o su pro-
blema personal. Por ejemplo, de acuerdo con
Cuadro 5
Percepción de seguridad - inseguridad
Preguntas 1986 1999 2004
Principales problemas del país (1er. lugar)
- delincuencia (1) 23,2 54,9 19,2
- desempleo 13,5 30,1 14,7
- costo de la vida 16,8 39,1 18,2
- pobreza 10,2 23,3 6,7
- corrupción pública 3,4 29,3 13,9
- inmigración -- 3,0 2,7
- drogadicción -- 41,7 11,2
Grado de seguridad (país)
- muy y algo seguro 26,6 22,1
- más o menos seguro (2) 13,6 --
- poco y nada seguro 59,8 77,6
Grado de seguridad (barrio)
- muy y algo seguro 64,5 (a) 56,8 62,0
- más o menos seguro (2) -- 12,9 --
- poco y nada seguro -- 30,1 37,3
Continúa...
49
Aunque la utilización de las encuestas de UNIMER con respecto a este tema se justifican por su regularidad, presentan algunos
inconvenientes, tales como una terminología diferente (delincuencia, violencia, crimen/violencia) y a veces ambigua (inseguridad,
delincuencia), o la agrupación de los problemas económicos.
50
Conviene señalar que la drogadicción suele interpretarse más como un problema de inseguridad (por la posible amenaza de los
drogadictos a la seguridad personal) que de consumo.

la encuesta de UNIMER, realizada en agosto
del 2001, los problemas en el plano nacional
eran el costo de la vida y el crimen y la vio-
lencia (17,7% en ambos casos), el desempleo
(13,3%), la situación económica (10,1%), la
pobreza (9,6%), la drogadicción (7,3%) y la
corrupción (5%). En la comunidad de los en-
trevistados, el crimen y la violencia (20,7%),
el desempleo (17%), la drogadicción (15,4%),
el mal estado de calles y carreteras (10,5%),
la pobreza (3,2%) y la basura (3,1%). Final-
mente, en el plano personal, eran sobre todo
el costo de la vida (38,4%), seguido de lejos
por el desempleo (11,7%) y la inseguridad
ante el futuro (4,2%). Los dos últimos niveles
son de gran importancia, ya que reflejan las
preocupaciones más inmediatas y concretas
de la ciudadanía.
En la encuesta de mayo del 2004, las situa-
ciones de inseguridad que más afectaban a los
ciudadanos eran el robo personal (24,1%), el
tráficodedrogas(21,1%),elroboenlavivienda
(7,6%), la corrupción de funcionarios (7,3%),
los homicidios (7,2%), el robo de vehículos
(5%), los asaltos y robos a establecimientos
comerciales (3,5%), la prostitución infantil
(3%), el hurto personal (2,8%), los accidentes
de tránsito (2,7%), el abuso sexual (2,5%), las
agresiones a menores de edad (2,4%) y con
armas de fuego 2,1%) y las estafas y frau-
des (1,4%). Con algunas excepciones, estas
percepciones se corresponden con los datos
estadísticos sobre criminalidad presentados
en el Cuadro 1.
Las entrevistas con los grupos focales permi-
tieron profundizar en este tema. En primer
lugar, al confirmar que el problema de la in-
seguridad surgía espontáneamente, incluso
cuando la pregunta inicial había sido formu-
lada en términos muy generales. En segundo
lugar, al determinar el objeto del temor de las
personas entrevistadas, que incluía la violen-
cia y el daño de carácter físico, la pérdida y
el daño del patrimonio personal o familiar,
el daño emocional, el secuestro, la integridad
física de los hijos y, sobre todo, el tema de la
drogadicción (como fenómeno general, pero
especialmente de los hijos). Otros motivos de
preocupación fueron el alto costo de la vida,el
desempleo y la incertidumbre frente al futuro.
Finalmente, se identificó el tipo de personas
temidas: cualquiera, las personas socialmente
estigmatizadas (drogadictos, individuos con
tatuajes o pelo largo, chapulines), los extran-
Notas: (1) En la encuesta del año 2004 se incluye la inseguridad ciudadana. (2) Esta posibilidad no está considerada en la encuesta de
2004. (3) En la encuesta de 2004, se trata de una organización con la policía comunitaria. (a) En la encuesta de 1986 incluye“algo seguro”
y“más o menos seguro”.
Preguntas 1986 1999 2004
Medidas de protección tomadas
- no dejar la casa sola -- 45,4 59,9
- poner rejas a la casa 38,4 31,7 64,2
- adquirir un perro para vigilar la casa 20,0 22,2 39,2
- instalar cerraduras especiales -- 11,0 32,8
- poner aparatos de alarma en la casa -- 7,2 12,5
- pagar seguridad privada 12,0 9,1 12,4
- comprar un arma 10,0 8,3 6,2
- organizarse con los vecinos (3) 15,0 -- 19,8
- seguir cursos de defensa personal -- 2,7 12,4
- instalar alambre de púas o navaja -- 2,5 13,2
... viene de la página anterior.

jeros (sobre todo nicaragüenses y colombia-
nos) y, en el caso de las mujeres, los hombres.
En la mencionada encuesta del 2004, aunque
una gran mayoría de los entrevistados (81,1%)
estimó que la inseguridad/delincuencia podía
controlarse o disminuirse, pero no desapare-
cer, y una proporción menor (67,9%) que el
país estaba en capacidad de resolver este pro-
blema, el 63,4% (sobre todo los encuestados
universitarios y la población urbana) consi-
deró que, a título personal, “nada” o “poco” se
podía hacer al respecto.
En otros países, como en Argentina (Gran
Buenos Aires), la delincuencia pasó del sexto
al segundo lugar de las preocupaciones de los
ciudadanos en 1997.51
En El Salvador, du-
rante la década de los 80, el conflicto bélico
y la situación económica constituían las
principales preocupaciones de los ciudadanos;
después de la firma de los Acuerdos de Paz, la
guerra desaparece y la delincuencia se presen-
ta como el principal problema del país.52
B. Grado de (in)seguridad
En cuanto al nivel de (in)seguridad, la situa-
ción es similar a la que generalmente se da
en otros países: los ciudadanos consideran
que hay mayor seguridad en su barrio que en
el país. En efecto, el Cuadro 5 indica que, en
1999, el 59,8% de las personas entrevistadas
consideró que el país era “poco seguro”o “nada
seguro”, pero este porcentaje bajaba al 30,1%
en el caso de su barrio. En sentido contrario,
el 26,6% de los encuestados en 1999 estimó
que el país era “muy seguro” o “algo seguro”,
contra el 56,8% en el barrio. Estas diferencias
también se observan en mayo del 2004, con
un empeoramiento en cuanto a la percepción
de inseguridad en ambos casos.53
Las encuestas de UNIMER confirman los re-
sultados que acaban de indicarse:en setiembre
de 1991, el 82% de los ciudadanos estimaba
que el país era “inseguro” o “muy inseguro”,
lo mismo que las calles (el 86% en mayo de
1991, el 92% en setiembre de ese mismo año
y el 75% en enero de 1992) y el propio hogar
(el 76%, el 80% y el 53%, respectivamente).54
En el 2004, los residentes de barrios estima-
ron que la inseguridad en la zona se debía
esencialmente a la existencia de robos y dro-
gadictos, a la amplitud de la delincuencia y a
la poca vigilancia policial.
Las entrevistas a los grupos focales mostra-
ron además que, aunque la casa y la familia
representaban lugares o grupos donde la gen-
te se siente segura, también podía haber inse-
guridad en el propio hogar como resultado de
las agresiones físicas y psicológicas (entre la
pareja, con los niños), el acoso y abuso sexual,
el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza y
las frustraciones. Interrogados sobre los lu-
gares o grupos inseguros, los participantes,
después de haber manifestado no sentirse se-
guros “en cualquier parte”,identificaron como
lugares especialmente inseguros el centro de
San José, los sitios oscuros, solos y alejados,
los parques públicos, las zonas marginales, las
paradas de autobuses y, en el caso de los po-
seedores de un vehículo, los semáforos.
51
Smulovitz (2003), p. 131.
52
Cruz et al. (2000), pp. 174 -175. En la“Encuesta sobre la Ley de Emergencia y opinión sobre la delincuencia”, llevada a cabo en mayo de
1996 por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Informe No. 54), el 64,4%
de las personas entrevistadas consideró la delincuencia como el principal problema del país, seguido de lejos por el desempleo (el
8,4%), la pobreza (el 8,2%), la economía (el 7,9%), la inflación (el 3,5%) y la corrupción (el 1,6%).
53
En 1986, las dos terceras partes de las personas interrogadas consideraban seguro el lugar donde residían.
54

Según la encuesta de 2004, las principales
causas del incremento de la percepción de
inseguridad eran, además de los medios de
comunicación (ya mencionados) y agrupan-
do las respuestas “mucho” y “algo”: la pérdida
de valores (82,5%), las fallas del sistema edu-
cativo (41,7%) y lo que ocurría dentro de la
familia (31,1%).
La misma fuente permite evaluar el contras-
te entre la percepción de los ciudadanos con
respecto a la posibilidad de ser víctima de
algún delito y el nivel de victimización efecti-
va, indicada en el Cuadro 4. La comparación
entre ambos datos muestra la existencia, en
mayo del año 2004, de diferencias importan-
tes en cuanto a la inseguridad patrimonial, la
integridad física y los abusos sexuales: per-
cepción “muy alta” y “alta” en los casos de ro-
bos y asaltos (el 71,9% de asaltos al caminar
de noche por la calle, el 50,8% al caminar de
día, el 53,5% si un desconocido se introduce
en la casa para robar y el 39,7% de robos en
lugares de entretenimiento público), ataque
con un arma por un desconocido en un lugar
de entretenimiento público (32,5%), ser gol-
peado en tales lugares en idénticas condicio-
nes (31,3%), y ser víctima de un abuso sexual
por un desconocido (21,8%). Como indican
los porcentajes que seguidamente se expo-
nen,55
las mismas discrepancias se dieron, con
algunas excepciones, en 1986: robo en la casa
(29,6% vs. 6,8%), robo en la calle (25,7% vs.
8%), violación (8,2% vs. 0,4%), ataque con un
arma (3,4% vs. 0,9%), homicidio (1,9% vs.
0,1%) y estafa (2,3% vs. 1,9%).
Esta discrepancia significativa entre los ín-
dices de victimización y el sentimiento de
inseguridad se manifiesta también en otros
países. En Chile, por ejemplo, una encuesta
para Paz Ciudadana, realizada en la comuna
de Santiago en 1996, mostraba que, mientras
que el 44,2% de los residentes estimaba poder
ser víctima de una violación o agresión sexual
y el 35,7% de homicidio, el año precedente
la victimización real solo fue del 0,5% por el
primer delito y ninguna por el segundo.56
C. Medidas de protección tomadas
Ante esta situación, los ciudadanos suelen to-
mar diversas medidas para protegerse.
Las más frecuentes en Costa Rica han sido
(véase el Cuadro 5): no dejar la casa sola
(45,4% en 1999, 59,9% en el 2004), poner
rejas en la casa (31,7% y 64,2%), adquirir un
perro para vigilarla (22,2% y 39,2%), instalar
en ella cerraduras especiales (11% y 32,8%),
alambres de púas o navaja (2,5% y 13,2%)
o aparatos de alarma (7,2% y 12,5%), pagar
los servicios de compañías privadas de seguri-
dad (9,1% y 12,4%), seguir cursos de defensa
personal (2,7% y 12,4%) y, en menor propor-
ción, comprar un arma (8,3% y 6,2%).
Otras medidas de protección tomadas en
mayo del 2004 fueron: la construcción de una
cochera para proteger el carro (32,9%), la ins-
talación de una puerta de seguridad (31,7%)
o de aparatos de alarma en el carro (22,4%),
la organización de vecinos (19,8%), la adqui-
sición de un seguro contra el robo del carro
(18,4%) o en la vivienda (12,5%), la insta-
lación de alarmas vecinales (11,6%) o de un
portón eléctrico (7,5%) y la electrificación
de cercas o alambres (1,8%). Muchas de es-
tas medidas, o están relacionadas con el po-
der adquisitivo de quienes las adoptan, o bien
suponen para ellos un sacrificio económico, a
veces significativo.
55
El primero se refiere al temor de ser víctima de un delito, el segundo a la victimización real. Rico et al. (1988), p. 77.
56
Frühling (2002), p. 313.

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