Economía y medio ambiente

DEDICATORIA Dedico la presente monografía a mis padres que siempre Me han apoyado en todo momento y cualquier circunstancia, y que aquí muestro El resultado de mi esfuerzo. También la dedico a todas aquellas personas Que se interés por el medio ambiente En conjunto con la economía. AGRADECIMIENTO Agradezco primeramente a Dios, por brindarme la dicha de Estar en la Universidad y de poder tener salud y a mis padres. Agradezco a mis padres por siempre brindarme Su apoyo y su cariño. A mis profesores, agradezco por brindarme su guía. PRESENTACIÓN La relación existente entre economía y medio ambiente ha sido objeto de atención en los últimos tiempos. Encontrar la relación existente entre crecimiento y medio ambiente, políticas públicas y medio ambientales. El tema que a veces, no sólo involucra ver a la economía en sus problemas más básicos, como lo es lo relacionado con el dinero, sino desde la perspectiva del medio ambiente y el impacto que recae en esta última. Siendo como esto se desarrolla en relación con el medio ambiente y los impactos. Además siendo de esto la economía, forma parte integral de la formación de los propios economistas en un futuro cercano, y en su colaboración con las diferentes entidades en las cuales se encuentran inmersas, estos también se encuentran dentro de las políticas medioambientales. ABSTRACT The existent relation between economy and half an environment has been object of attention in many instances on behalf of economy, being from the age of 60 and 70 when the environmental economy attains his controversial issue, introducing for us new themes that have caused the appearing of suppositions step by step and of different problems that they require policies and of specific behaviors. Considering the most recent issues and the effects that come from the same problem between half an environment and economy. Economy and the ambient midway analyze from a perspective microeconomics themselves, when it would be supposed to be since one macroeconomic, and relating to the growth and your policies for an equilibrium between these two aspects, and that way giving you a new focus. EL PROBLEMA Título descriptivo del problema: La Economía Y El Medio Ambiente Formulación del problema: ¿Qué relación existe entre la Economía y el Medio Ambiente? Objetivos de la Investigación: Objetivo General: Identificar la correspondencia existente social como la economía, con el medio ambiente. Objetivos Específicos: Analizar los factores económicos que influyen en el medio ambiente Reconocer las formas de cómo afecta la economía en el Ambiente Estar al tanto de las políticas medioambientales, como resultado de los efectos de la economía en el Medio Ambiente. ¿Por qué se investiga? El temas seleccionado es investigado, porque, casi siempre se fija en la economía y sus problemas, como su subida y bajada, su desarrollo monetario, etc.; pero, no se ha pensado cómo este afecta en el lugar en donde vivimos y en nuestras futuras generaciones, es decir, en nuestro medio ambiente. Justificación La economía y el medio ambiente, se basa, en la importancia que tiene los efectos de esta ciencia en nuestro Ambiente, pero que no se le da el suficiente interés, el conocimiento que tienen las personas sobre este aspecto es muy vago y no se lo ha tenido en cuenta o nunca lo han pensado, así también se ve su importancia en haberse formado políticas medioambientales por la relación estrecha entre Economía y Medio Ambiente. Limitaciones Viabilidad: si es posible conseguir fuentes de datos sobre el desarrollo de este estudio, en internet, libros, revistas y en encuestas. Se realizará la investigación en la ciudad de Cajamarca, a un grupo de personas de media edad. Se dispone de un tiempo límite de un mes para realizar la investigación necesaria sobre el presente tema El estudio solo será de factibilidad. MARCO DE REFERENCIA Fundamentos Teóricos LA ECONOMÍA Economía, ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. Los economistas estudian cómo alcanzan en este campo sus objetivos los individuos, los distintos colectivos, las empresas de negocios y los gobiernos. Otras ciencias ayudan a avanzar en este estudio; la psicología y la ética intentan explicar cómo se determinan los objetivos, la historia registra el cambio de objetivos en el tiempo y la sociología interpreta el comportamiento humano en un contexto social. El estudio de la economía puede dividirse en dos grandes campos. La teoría de los precios, o microeconomía, que explica cómo la interacción de la oferta y la demanda en mercados competitivos determinan los precios de cada bien, el nivel de salarios, el margen de beneficios y las variaciones de las rentas. La microeconomía parte del supuesto de comportamiento racional. Los ciudadanos gastarán su renta intentando obtener la máxima satisfacción posible o, como dicen los analistas económicos, tratarán de maximizar su utilidad. Por su parte, los empresarios intentarán obtener el máximo beneficio posible. El segundo campo, el de la macroeconomía, comprende los problemas relativos al nivel de empleo y al índice de ingresos o renta de un país. El estudio de la macroeconomía surgió con la publicación de La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero (1936), del economista británico John Maynard Keynes. Sus conclusiones sobre las fases de expansión y depresión económica se centran en la demanda total, o agregada, de bienes y servicios por parte de consumidores, inversores y gobiernos. Según Keynes, una demanda agregada insuficiente generará desempleo; la solución estaría en incrementar la inversión de las empresas o del gasto público, aunque para ello sea necesario tener un déficit presupuestario. .El siglo XX ha sido un período de progresos en la economía y la ciencia único a lo largo de la historia. Es indudable que el desarrollo supone grandes beneficios y mejora considerablemente nuestra calidad de vida, pero también tiene una contrapartida negativa que no podemos ignorar, el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de recursos naturales y de ciertas fuentes de energía, lo que de seguir así se dejará a nuestros descendientes un planeta con serios problemas de habitabilidad. Por ello es imprescindible llegar a un desarrollo sostenible que concilie el desarrollo económico y social con el respeto por el medio ambiente y la distribución justa de la riqueza. MEDIO AMBIENTE EN LA ECONOMÍA La economía no solamente recibe energía y materias primas del medio ambiente, también influencia en el medio ambiente generando residuos y cambiando de comportamiento. Por ejemplo, los seres humanos amplían las fronteras, usan química en la agricultura y cambian el medio con carreteras, vías de tren, líneas de electricidad y redes de comunicación. En otras palabras, la economía y el medio ambiente están relacionados íntimamente. CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL: UN CAMBIO DE MENTALIDAD Actualmente el respeto y la protección medioambiental están de moda, hasta el punto de que las conferencias y otros acontecimientos internacionales sobre medio ambiente son los eventos que movilizan a más autoridades a nivel mundial. Fue en la década de los años sesenta hasta los setenta que se empezó a generar esta sensibilidad medioambiental, aunque cobró mayor importancia en los años ochenta. En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo publicó el informe “Nuestro Futuro Común”, en el cual contiene la definición más conocida de Desarrollo Sostenible como “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades” POLÍTICAS ECONÓMICAS AMBIENTALISTAS La economía política ambiental es el enfoque en análisis económico de los procesos a través de decisiones políticas relacionadas con la protección ambiental. La política económica ambiental es un área mayor de las políticas de desarrollo en la teoría económica cuyos efectos a corto plazo y a largo plazo tienen un profundo impacto en el desarrollo humano. La política económica ambiental desarrolla métodos e instrumentos para el tratamiento de los problemas ambientales globales. Al ser una política pública, tiene como objetivo fundamental la corrección de las externalidades relacionadas con el medio ambiente con la finalidad última de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de una serie de instrumentos o medidas. Por lo tanto, el objetivo esencial de la política medioambiental es la internalización de los efectos externos negativos que se vayan generando, si bien no se ciñe únicamente a este aspecto, puesto que también debe intentar prevenir la aparición de estos efectos externos y de cualquier actividad económica que resulte perjudicial para el medio natural; intentar mejorar las condiciones de vida en general, con un particular énfasis a su vez en la salud pública, que en muchas ocasiones se ve afectada por la situación del medio ambiente (consiguiendo además un abaratamiento de los sistemas de salud pública, muy extendidos en diversos países), y, en fin, buscar la preservación de la biodiversidad, tanto animal como vegetal, así como de espacios paisajísticos y biotopos de especial interés por razones económicas o de simple disfrute para quienes contemplan o los que pueden contemplar en el futuro. Para intentar alcanzar todos estos objetivos, la economía del medio ambiente ha ido desarrollando un entramado teórico importante cuya finalidad última ha sido la de proporcionar instrumentos cada vez más eficaces para el logro de estos fines: de entre ellos destacan por una parte los instrumentos de valoración del medio ambiente y, por otra, los instrumentos correctores. Los instrumentos que perdiguen la corrección de los daños que la actividad económica ocasiona al medio ambiente se han ido configurando con el paso del tiempo desde aquellos en los que se utilizan fundamentalmente medios legales (instrumentos de control) hacia otro tipo de instrumentos que lo que pretenden es esencialmente la creación de incentivos para que los agentes económicos corrijan los daños provocados y eviten la realización de actividades que puedan ser perjudiciales para la naturaleza. La razón fundamental de este cambio en los instrumentos utilizados ha sido la adopción generalizada del principio contaminador-pagador (Polluter Pays Principle), que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) diseñó en 1972 para poder realizar una política medioambiental con un sentido básicamente internalizador, pero al mismo tiempo incentivador de comportamientos preventivos por parte de los agentes económicos, todo ello enmarcado por la creciente preocupación que en los países industrializados se empezaba a manifestar en esos años por la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, así como por la intención de que los agentes contaminadores fueran quienes soportarán el coste inicial que esa contaminación producía. El principio contaminador-pagador, pese a su innegable éxito en su aplicación, presenta dos problemas muy importantes en su puesta en práctica: el primero de ellos se centra en el desconocimiento existente en bastantes ocasiones de quién es el contaminador, especialmente cuando se produce una contaminación difusa que carece de un origen cierto (caso, por ejemplo, de la contaminación que puedan ocasionar vehículos a motor y las empresas en una gran ciudad, pues son tantas las fuentes contaminantes que es imposible someterlas a control a todas ellas), pero también cuando se realizan actuaciones contaminadores ilegales (como por ejemplo, los vertidos de sustancias ilegales, también de muy difícil control, que se ven incentivados si la sanción por realizarlos es menor que el beneficio esperado de ello); el segundo de los problemas procede de la muy habitual dificultad a la hora de calcular el coste de la actividad contaminadora, debido a que los procedimientos para la evaluación de ese coste se hallan en muchos casos en sus primeros pasos. Existen por otra parte, una serie de criterios o principios de general aplicación para todos los instrumentos de política medioambiental, en el sentido de que son considerados deseables para que el efecto de la medida adoptada sea óptimo y se consiga el objetivo perseguido, esto es, la internalización de los perjuicios provocados por las externalidades negativas. Estos criterios son los siguientes: Alcanzar la mayor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos existentes La información necesaria para llevar a la práctica los instrumentos debe ser escasa, poco costosa y fácil de ponerla al día. Los costes administrativos deben ser tan bajos como sea posible a la hora de poner en marcha el instrumento, en el sentido de que el personal y los medios burocráticos precisos sean los menores posibles Los instrumentos deben ser equitativos, de manera que deben rechazarse aquellos que sean regresivos o, con carácter general, injustos en función de los juicios de valor que al respecto prevalezcan en la sociedad Los instrumentos deben ser flexibles, en el sentido de que su capacidad de adaptación a circunstancias tecnológicas, climatológicas o de mercado cambiantes sea la mayor posible. Los instrumentos deben generar incentivos dinámicos a una mejora continuada de la calidad ambiental, tanto por la actuación de los agentes implicados como por la continuada innovación tecnológica en el ámbito de preservación del medio ambiente Deben tener aceptación política, de manera que no perjudiquen a ciertos agentes económicos y no hagan variar la estructura socioeconómica en exceso, pues de esta manera su aceptación social será mayor y más rápida. En la última década, se ha propugnado la utilización de los llamados instrumentos económicos (especialmente de los impuestos ecológicos y de los mercados de permisos negociables) para la protección del medio ambiente debido a que permiten un mejor cumplimiento de la mayor parte de los criterios antes enumerados, así como del principio general de contaminador-pagador. Esto no ha implicado que su utilización se haya hecho mucho más general, pues todavía siguen predominando los instrumentos legales y coactivos sobre los de carácter económico. En general, se puede señalar que los instrumentos de protección medioambiental se pueden definir como todo medio, ya sea legal, económico o social, que permite llegar a cumplir los objetivos que se haya marcado la política medioambiental. Como se ve, esta definición es muy general, lo que hace aconsejable una clasificación que permita explicar con más precisión cada uno de los instrumentos de esta política. ConceptoTiposAplicación PrácticaMecanismos voluntariosIncentivar comportamientos voluntarios de los agentes económicosCampañas públicas de concienciaciónPublicidad de empresas muy contaminantesTiene cierta importancia especialmente las campañas públicas de información y educación medioambientalRegulación directaAplicar medidas legales para combatir la contaminación, apoyadas en sistemas sancionadores y de su vigilancia de su cumplimientoEstándares basados en tecnología uniformeEstándares basados en funcionamientoMuy importantes. La mayor parte de la política medioambiental se desarrolla a través de este tipo de medidasInstrumentos económicosIncentivar comportamientos medioambientales adecuados por medio de mecanismos económicos o de mercadoImpuestos ecológicosMercados de permisos negociablesSubvencionesSistemas de depósito y devoluciónIncentivos al cumplimiento de las reglamentacionesSistemas mixtosAplicación crecienteLos impuestos con fines internalizadoresUtilización con motivación incentivadoraOtros instrumentosOtros instrumentos marginalesProducción publicaPlanificación zonalAplicación prácticamente nula con fines medioambientales Mecanismos voluntarios En los que la mayor concienciación acerca de los problemas medioambientales proviene de la actuación voluntaria de los agentes económicos, como en el caso de que una empresa trate por su propia voluntad de mejorar sus niveles de protección del medio natural en cualquiera de las fases de los canales de producción o distribución del bien o servicio que provea. A este nivel, la actividad pública queda reducida a la importancia que la información y la educación ambiental que proporcione tenga para promover estas actitudes voluntarias de los agentes. Sin embargo, no cabe despreciar la importancia que las campañas públicas (y también de la prensa como medio de creación de opinión y de difusión de información) tienen para el desarrollo de ciertos comportamientos medioambientales, como se puede comprobar en las campañas para reducir el consumo de agua que se realizan cuando existen periodos de sequia en diversos lugares. Otro posible ejemplo de este tipo de actuación consistiría en hacer pública una relación de las empresas que fuesen excesivamente contaminantes o que no cumpliesen sus compromisos en temas medioambientales, para así presionarlas a través de los posibles efectos negativos que podrían sufrir en sus ventas. Regulación directa También se conoce como mecanismo de mando o de control. Éste es el tipo de política económica de protección de la naturaleza que goza hoy en día de una utilización más amplia en los países industrializados. En general este tipo de mecanismos consisten en que el gobierno fija una serie de normas de obligado cumplimiento para aquellos a quienes van referidas, controladas por medio de un sistema de inspección y reforzadas con las adecuadas medidas sancionadoras y penalizadoras en caso de incumplimiento, pues de lo contrario los incentivos económicos a no hacer caso de estas normas serían muy elevados. Normalmente este tipo de medidas se han materializado en dos grupos de mecanismos: Por una parte, los estándares basados en tecnología uniforme, que especifican con claridad la tecnología que debe utilizarse para combatir el deterioro medioambiental de que se trate. Un ejemplo de este tipo de medidas lo constituye la obligatoriedad de aplicar el catalizador que se impuso en la Unión Europea en 1994 con la finalidad de eliminar la contaminación por plomo que generaban los vehículos de gasolina. Por otra parte, los estándares de funcionamiento, que establecen un objetivo medioambiental a conseguir pero dejan libertad a las empresas acerca de la forma de alcanzarlo. Éstos son menos frecuentes, pero son más deseables, pues al ser más flexibles permiten una mayor capacidad de adaptación a las empresas. Instrumentos O Incentivos Económicos Para la protección del medio natural, que son los que mayor relevancia están adquiriendo hoy en día (fundamentalmente desde un punto de vista teórico, pero poco a poco también en su aplicación práctica). Este tipo de instrumentos pueden definirse como aquellas medidas que a través de incentivos financieros persiguen la internalización de efectos externos perjudiciales provocados por comportamientos poco aceptables desde una perspectiva medioambiental, haciendo estos comportamientos más costosos en términos monetarios. Dentro de los instrumentos económicos se pueden distinguir a su vez distintos tipos de medidas. Para realizar una tipología de los instrumentos económicos, será a los que hace referencia la OCDE, por ser la de más generalizada aceptación: ConceptoTiposAplicación prácticaImpuestos ecológicosImpuestos ad valorem, usualmente con carácter internalizador, para corregir problemas medioambientales. Se basan en el principio contaminador-pagador (PCP)Cargas sobre emisiones contaminantesCargas sobre el usuarioImpuestos sobre el productoImpuestos administrativosDiferenciación impositivaAplicación creciente, especialmente de cargas sobre usuario y diferenciación positivaLos impuestos con fines internalizadores tienen una aplicación escasa todavía.Aplicación sobre todo en países industrializadosMercados de permisos negociablesConsisten en crear un mercado de permisos negociables que dan derecho a emitir una cantidad determinada de contaminación. Aplica el PCPSistema de permisos ambientalesSistema de permisos de emisiónSistema de permisos mixtosEscasa aplicación de este tipo de medidasSubvencionesConsiste en otorgar ayudas públicas para reducir la contaminación. No aplica el PCP.Para reducción de contaminaciónPara reducir la producción de empresas contaminantesUso desaconsejado por tener efectos perversosPoco utilizadas para reducir contaminación o producciónSistemas de depósito y devoluciónConsiste en pagar por un envase con un reembolso posterior si éste se entrega tras su uso.Sistemas de depósitos y devoluciónUtilización cada vez mayor, especialmente en países industrializadosIncentivos al cumplimiento de las reglamentacionesSe trata de incentivar el cumplimiento de la reglamentación medioambiental.Tasas por no conformidadGarantías por buen comportamientoUtilización prácticamente nula con motivación incentivadoraSistemas mixtosMesclan características de los sistemas anteriores. Aplica el PCP.Impuestos basados en estándaresAplicación muy escasa pero con buenas perspectivas de futuro Impuestos ecológicos Pueden definirse como aquel tipo de impuestos ad valorem que, teniendo fines de ordenación de la actividad económica con el objetivo de internalizar un efecto externo negativo sobre el medio ambiente, aplican el principio de contaminador-pagador para conseguir sus propósitos. Pese a basarse en el principio contaminador-pagador, esto no impide que en numerosas ocasiones sea el consumidor (en lugar del productor) quien termine pagando el coste de la internalización de las externalidades ecológicas negativas, lo que se debe a dos razones. En primer lugar, en muchos casos (al igual que sucede con otros impuestos ad valoren) los productores trasladan parte del impuesto que sobre ellos recae a los consumidores finales vía precios. En segundo lugar, no debe olvidarse que, a menudo, la actividad dañina para el medio ambiente no es generada por actividades productivas, sino por el consumo de un bien (o por ambos tipos de actividades simultáneamente), en cuyo caso, como es lógico, el impuesto no deberá recaer sobre el productor, pues no es éste quien contamina. Los impuestos ecológicos pueden ser de muy diferentes tipos en función de distintas clasificaciones que se han ido realizando a lo largo del tiempo, pues desde que Pigou los propuso por primera vez éste ha sido sin duda alguna el instrumentos económico que en más ocasiones se ha estudiado; pero, existen tres de ellas que enfocan esta tipología desde diferentes perspectivas, pero principalmente en la que proporciona la OCDE, pues ésta que cuenta con mayor aceptación al ser la más completa. Basándose en esta clasificación, los impuestos ecológicos pueden ser de los siguientes tipos: Cargas sobre emisiones contaminantes, que pueden definirse como impuestos por la emisión de sustancias contaminantes al aire, agua o suelo, así como la generación de ruido, basada en la cantidad y calidad de la sustancia emitida. Estas cargas deberían contar con una función básicamente internalizadora o incentivadora, dejando la función recaudadora en un segundo plano, pues su objetivo básico es reducir la emisión de sustancias contaminantes. El cálculo de la cantidad a pagar en concepto de este tipo de impuestos se puede hacer a través de tres métodos alternativos: el primero consistiría en controlar el nivel real de emisiones de cada punto emisor, lo que, aun siendo muy preciso, seria también muy costoso en términos monetarios. En segundo lugar, cabe la posibilidad de establecer los tipos en función de tablas que recojan indicadores que puedan ser significativos de cara a estimar el nivel de emisión (producción o uso de determinadas materias primas por parte de la empresa emisora, por ejemplo). Por último, existe la posibilidad de fijar el mismo tipo independientemente del nivel de emisión existente, lo que no se emplea por ser injusto desde el punto de vista del principio contaminador-pagador y muy poco eficaz por carecer de efectos incentivadores proporcionales a la emisión realizada para que el efecto externo se internalice, que es el propósito fundamental de este tipo de cargas. El método que se elige tiende a ser, en vista de ello, mixto entre la primera y segunda posibilidades. Para empresas que emitan una gran cantidad se escoge el primero, pues en este caso el gasto de control de las emisiones en que se incurre para una empresa individual queda compensado por el alto perjuicio que provoca la empresa en el medio ambiente; el resto de las empresas seguirían el método de las tablas en función de la tecnología empleada, la cantidad producida, el número de empleados, la ubicación de la empresa o cualquier otro indicador que se pueda fijar. Cargas sobre el usuario, parecidas a la anterior en cuanto que recaen sobre la emisión de residuos o de contaminantes en general. La diferencia principal estriba en que, en este caso, la función básica es la de poder financiar la instalación o el funcionamiento de una planta de tratamiento de esos residuos o de reducción en origen de la contaminación, dejando en segundo plano la función internalizadora. Como veremos, aparte de su parecido en el plano teórico, en la práctica su semejanza es aún mayor, por cuanto las cargas sobre emisiones suelen tener unos tipos impositivos excesivamente bajos, que hacen imposible el cumplimiento de su función correctora del efecto externo, quedando, por tanto, convertidos en un simple recursos financiero, de carácter general y muy limitado en su capacidad recaudadora. Impuestos sobre el producto, que pueden definirse como cargas ad valorem sobre productos que son perjudiciales para el medio ambiente, ya sea en su proceso de producción, en su consumo final o a la hora de desecharlos. Este tipo de impuestos suelen contar con tipos impositivos fijos, que podrían re-calcularse en el caso de que en primer momento se mostrasen insuficientes o excesivos para la consecución del objetivo perseguido. Estos impuestos son fácilmente integrables en el sistema impositivo vigente como impuestos sobre consumos específicos. Se podrían imponer, por ejemplo, sobre el uso de vehículos a motor (ejemplo de bien cuyo consumo final contamina), de hidrocarburos, de fertilizantes, de pesticidas (ejemplos de factores productivos contaminantes ya sea en su obtención o en su aplicación al proceso productivo), de bolsas de plástico (ejemplo de bien que contamina al ser desechado), etc. Una ventaja que poseen es que pueden sustituir a las cargas sobre emisiones en el casi de que estas no sean fácilmente controlables. En el caso de los fertilizantes o de los detergentes, que por su contenido en fosfatos pueden dar lugar a la eutrofización de ríos y lagos, al ser imposible controlar la emisión final de fosfatos a ríos y lagos, se grava el producto del que proceden, ya se fertilizantes o detergentes, en función de su contenido en fosfatos (que indica su capacidad contaminante). Impuestos administrativos, cuyo fin es el de financiar medidas reguladoras directas a través de la concesión de licencias o permisos para emitir cierta cantidad de contaminación. Su función, debido a ello, debería ser básicamente recaudadora; pese a todo, no suelen ser muy útiles, debido a que los ingresos que se derivan de ellos no se destinan en la mayor parte de los casos a la resolución de problemas medioambientales, sino que van destinados al presupuesto del Estado con carácter general. Diferenciación impositiva, que, pese a no ser un impuesto ecológico propiamente dicho, lo incluimos como tal por ser una medida de carácter impositivo que pretende incentivar un comportamiento medioambiental más correcto. Este mecanismo es relativamente frecuente; un ejemplo de su aplicación lo podemos encontrar en la venta de la gasolina sin plomo a un precio inferior al de la gasolina con plomo con el objeto de incentivar el consumo de la primer (al ser menos contaminante combinada con el uso del catalizador), algo que será factible especialmente si la diferencia de precio entre ambas es significativa. Implicaciones de las cargas sobre emisiones (que van acompañando con las cargas de usuario) y de los impuestos sobre el producto, y así, existen dos clasificaciones alternativas que también son de interés: Según la fase del proceso productivo en la que recaenSegún la finalidad que persiguenImpuestos sobre el uso de los recursos naturalesImpuestos sobre la producciónImpuestos sobre el consumoImpuestos pìgouvianosImpuestos reguladoresImpuestos redistributivos La primera de ellas cuenta como principal interés con la característica de diferenciar entre tres tipos de impuestos medioambientales atendiendo a la fase del proceso de producción en la que recaen. Así, tendremos impuestos sobre el uso de los recursos naturales, impuestos sobre la producción e impuestos sobre el consumo. Dentro de los dos últimos se encuentran los que podrían clasificarse de nuevo sobre la base de la tipología anteriormente desarrollada. La segunda de estas clasificaciones alternativas divide los impuestos ecológicos en tres categorías en función de la finalidad que persiguen: impuestos pigouviano, impuestos reguladores e impuestos distributivos. Los primeros tienen como fin la internalización de la externalidad medioambiental negativa generada, por lo que incluirían las cargas sobre emisiones contaminantes y productos de la clasificación anterior. Los impuestos reguladores, partiendo de la necesidad de llegar a un óptimo paretiano, plantean que se fije un impuesto que permita llegar a una cantidad óptima de segundo orden fijado por el gobierno, como hacen los impuestos basados en estándares. Por último, los redistributivos parten de la idea de que si el sector público va a realizar una instalación para reducir la contaminación, quienes la generan son quienes deben costear su pago. Esta última categoría sería equivalente a las cargas sobre usuario, pudiendo recoger también las cargas administrativas Mercados de permisos negociables La creación de mercados de permisos negociables, quien fue propuesta por vez primera por J.H.Dales en 1968, consiste en la fijación de un topo de emisión contaminante por la autoridad en función de los objetivos que ésta se haya propuesto, emitiéndose derechos de contaminación de igual cuantía equivalentes al montante total del topo propuesto, que se distribuyen entre las empresas contaminantes y, posteriormente, se negocian en un mercado creado al afecto. De esta forma, cada empresa tendrá una cartera de permisos en función del volumen de contaminación que desee emitir, pues cada titulo dará derecho a la emisión de una cantidad dada de contaminación. Una vez que se han distribuido los permisos entre las empresas, éstas deberán decir cuál es la cantidad optima de permisos que deben poseer, en función de la contaminación que emitan y del coste de reducción de la contaminación que deban afrontar, pues si este coste es reducido en comparación con el coste de tener o ampliar la cartera de permisos, la empresa procederá a instalar equipamientos o mecanismos que le permitan reducir la contaminación, vendiendo permisos (reduciendo su precio), por cuanto que éstos ya no le son necesarios. Si, por el contrario el coste de reducir la contaminación fuera más elevado, la empresa tendría incentivos a comprar títulos en el mercado de permisos, elevando su precio en dicho mercado. Existen, a su vez, tres posibles formas de desarrollar un mercado de permisos negociables, con distintas implicaciones teóricas y prácticas: Sistema de permisos ambientales o zonales (ambient-permit system), en el que lo que se pretende es definir los permisos en función de la contaminación en cada punto receptor o área contaminada con el objetivo de poder conseguir la calidad medioambiental deseada en la zona receptora. Este sistema presenta una serie de propiedades, entre las que cabe destacar que es muy cómodo para la agencia gubernamental emisora, puesto que, una vez establecido el mercado y asignados los derechos, su labor ha finalizado. Sin embargo, desde la perspectiva de las empresas contaminantes el sistema es poco conveniente, puesto que la posesión de la cartera de permisos adecuada se convierte en un serio problema debido a que puede existir un numero de receptores muy elevado, lo que podría llegar a plantear graves problemas de información a estas empresas en cuanto a su cartera óptima de permisos y su forma de actuar. Sistema de permisos mixtos (offsets-permit system), combinación de los dos anteriores en el sentido en el sentido de que los permisos se definen en términos de emisión de contaminantes pero su libre intercambio en el mercado está restringido por la imposibilidad de que, como resultado de la compraventa, el estándar de calidad medioambiental en el punto receptor sea peor. Este sistema recoge lo mejor de los dos anteriores, puesto que los requerimientos de información de la autoridad medioambiental para poner en marcha el sistema no son muy elevados (como sucedía en el sistema de permisos ambientales) y, simultáneamente, las empresas contaminantes pueden operar en un único mercado sin tener que preocuparse para la situación de los puntos receptores más que cuando realice intercambio de permisos. Una vez que se ha elegido el sistema que se pretende llevar a la práctica, se plantea el problema adicional de cómo repartir los permisos entre las empresas, para el que se han planteado dos posibilidades, la primera consistiría en llevar a cabo un reparto inicial gratuito, lo que tiene la ventaja de no provocar cargas adicionales a las empresas (evitando que algunas pudieran desaparecer) pero el inconveniente de no seguir en principio contaminador-pagador. La segunda alternativa consistiría en emitir los permisos por medio de una subasta, en la que el precio de éstos se establecería en función de la demanda de las empresas, con lo que sí aplicaría el principio contaminador-pagador, si bien este sistema podrían ser muy parecido al impuesto ecológico basado en estándares, puesto que el gobierno fijaría la cantidad de contaminación permitida y a través de la subasta establecería un precio por contaminar a las empresas (más o menos lo mismo que se consigue con un impuesto ecológico con fines internalizadores) Las subvenciones Las subvenciones a las empresas, que pueden ser bien `para la adopción de nuevas tecnologías menos contaminantes, bien para la reducción de la actividad productiva de la empresa contaminante, con lo que se conseguiría reducir la cantidad de contaminación emitida, o bien para incentivar trabajos de investigación y desarrollo de tecnologías ambientales. En todas estas situaciones, la subvención sería equivalente a un impuesto negativo, si bien sus efectos son radicalmente distintos de los que de los impuestos ecológicos. Las subvenciones a las empresas pueden tomar muy distintas formas: pueden ser subvenciones a fondo perdido, tomar la forma de gastos fiscales como deducciones en los impuestos que gravan los beneficios de las empresas o estar constituidas por la concesión de créditos blandos a tipos de interés subvencionados. Los efectos finales de todas estas medidas serian muy parecidos y conllevarían una serie de problemas que no hacen recomendable su aplicación práctica aunque desde el punto de vista teórico, sin embargo, sí conseguirían los objetivos internalizadores perseguidos. El primero de estos problemas es el incumplimiento por parte de las subvenciones del principio contaminador-pagador, puesto que rompe con las recomendaciones de la OCDE en este sentido. De hecho, no sólo no cumple con el principio, sino que además actúa en sentido contrario al conceder dinero público a las empresas contaminantes. Debe partirse además del hecho de que este principio, aparte de estar recomendado por la OCDE, goza de una aceptación social y política bastante elevada Con todo, el principal problema de este tipo de instrumentos se deriva del hecho de que podría dar lugar a comportamientos no deseados en la consecución del objetivo de la reducción que se persigue (la reducción de la contaminación en el ámbito global de la industria), pues si bien se incentiva la reducción de la contaminación en el ámbito de las empresas o individuales (si se conceden subvenciones para la reducción de la producción), también auspiciarían la entrada de nuevas empresas en el mercado , ya que la subvención abarataría los costes de entrada, incrementando de esta forma la contaminación global generada por el sector, lo que va en contra del objetivo establecido inicialmente. Cuentan, bien es cierto, con una ventaja transitoria en el caso de que se pretenda acelerar la inversión en capital ambiental por parte del sector privado de la economía, puesto que permiten conseguirlo con el menor coste posible para las empresas. Sin embargo, aparte de los problemas antes mencionados, estos sistemas deberían ser vigilados para no distorsionar el comercio (sobre todo el internacional en el caso de que estas subvenciones ambientales encubran subvenciones competitivas) y, en general, la libre competencia, favoreciendo a las empresas subvencionadas en detrimento del resto. Los sistemas de depósito y devolución Tiene por finalidad evitar el desecho de los recursos que pueden ser reutilizados o reciclados. Pueden consistir, por ejemplo, en el pago de una cantidad adicional por botella de cristal co9mprada que posteriormente seria reembolsada si se devuelve el casco de la botella donde fue comprada, con lo que incentivaría al reciclado del vidrio o, al menos, la reutilización de la botella. Los incentivos al cumplimiento de las reglamentaciones Pueden ser de dos tipos: Tasas por no conformidad: que consisten en penalizaciones a las empresas que no cumplan con determinados requisitos medioambientales y a las que se las grava con esta especie de pago impositivo, que no deja de ser más que una sanción encubierta Garantías por buen comportamiento: que, al contrario que las anteriores, lo que persiguen es recompensar a las empresas cuyo comportamiento medioambiental sea el adecuado. En ocasiones se denomina a este instrumento bonos por cumplimiento. Se pueden hacer también referencia a otros instrumentos de protección medio ambiente, muy marginales en cuanto a su importancia teórica en el seno de la economía en relación al medio ambiente y también en cuanto a su aplicación práctica con fines ambientales. La primera de estas posibilidades adicionales consistiría en la producción pública, ya sea de bienes de interés medioambiental (como pude ser la construcción de una planta depuradora, que podría venir acompañada de cargas sobre los usuarios, de manera que parte del coste de la construcción recayera sobre las empresas contaminadoras pero llevando al sector púbico el peso principal de la construcción), ya de bienes cuya producción ocasione una levada emisión de sustancias contaminantes, en este segundo caso con la finalidad de, al tener el sector publico la responsabilidad de la producción, puede tomar con rapidez la decisión de cambiar los metidos de producción para hacerlo9s menos contaminantes La segunda consistiría en una planificación zonal por parte del sector púbico de las áreas que pueden ser contaminadas y del grado en el que pueden serlo, de manera que se consiguiese centrar la contaminación en zonas poco pobladas, donde la naturaleza contara con una gran capacidad de asimilación de esa contaminación y donde los recursos naturales o ambientales no fuese muy valioso, esto último con objeto de evitar situaciones irreversibles que conlleven al agotamiento sin posibilidades de recuperación de alguno de estos recursos. La última de las posibilidades de la política medioambiental constaría en la utilización mixta de alguno de los instrumentos anteriores, de manera que se pudieran considerar combinar las ventajas de varios de ellos minimizando al mismo tiempo la importancia de las carencias que puedan mostrar. Este uso mixto de dos o más instrumentos simultáneamente tiene un caso de especial interés en los impuestos basados en estándares, puesto que es una posibilidad cuyo estudio teórico ha sido bastante extendido y cuya aplicación práctica sería muy interesante al combinar las principales ventajas de un instrumentos económico (el impuesto ecológico) y de la regulación normativa. Este método comienza por seleccionar una serie de niveles mínimos de calidad ambiental bien delimitados y cuantificados. Como es lógico, la fijación de estos niveles mínimos es muy arbitraria, si bien un estudio riguroso puede permitir decidir unos niveles mínimos son tratables y con amplia aceptación social. Una vez fijado el nivel a alcanzar, se elegiría un tipo impositivo que permitiera el logro del objetivo, a través de los análisis pertinentes. Este método cuenta con una ventaja de que si el tipo impositivo fijado en principio se revelase insuficientemente para llegar al nivel de calidad ambiental previsto, se podría ajustar hasta lograr el objetivo deseado. De igual manera, si el tipo demuestra ser excesivo (y, por tanto, peligroso para la supervivencia de las empresas sujetas al impuesto), el tipo impositivo se podría reducir. De hecho, hasta el nivel de calidad ambiental fijado inicialmente podría variar, ya fuese por mostrarse excesivo (o excesivamente gravoso para la economía) o por mostrarse insuficiente, hasta alcanzar un nivel más acorde con la compatibilización de los objetivos ambientales y económicos a alcanzar. Ciertamente, estos procesos adaptativos, especialmente los referidos a los ajustes en el tipo impositivo hasta llegar al nivel medioambiental requerido por el estándar, serían costosos para la autoridad ambiental y también para las empresas, pero a diferencia de los impuestos pigouvianos o internalizadores con tipos impositivos adecuados al objetivo que se pretende lograr lleva a que algunos de los impuestos ecológicos aplicados hayan seguido un método en su puesta en marcha muy parecido al que hemos descrito para estos impuestos basados en estándares (aunque el proceso sea menos iterativo, con menos variación en los tipos impositivos hasta llegar al adecuado), si bien al final los impuestos que han predominado hasta la fecha han sido los que tenían una intención básicamente recaudadora, en los que los tipos impositivos tienden a fijarse en niveles bajos desde un principio, no ligados a ningún estándar de calidad ambiental a alcanzar. Ventajas, inconvenientes y efectividad de los instrumentos de la política económica medioambiental: VentajasInconvenientes Efectividad Regulación directaAceptabilidad políticaRapidez de actuación y consecución de logrosNo minimiza el coste socialNo genera incentivos dinámicosEfectividad variable, pero especialmente adecuados para productos o situaciones peligrosas por la rapidez de actuaciónCargas sobre emisiones contaminantesEfecto incentivador dinámico (a favor de la mejora ambiental)Efecto internalizador con tipos adecuadosEfecto recaudador (incrementa la recaudación pública) Minimizan el coste socialMuy adecuados si la fuente de contaminación está bien delimitadaDifícil selección de los contaminadores (numerosas y fuentes difusas)Posibilidad de derivar en cargas sobre el usuario con tipos impositivos bajosElevados costes administrativosLimitada aceptabilidad política (especialmente por las empresas)Costes adicionales para las empresasApenas tienen capacidad internalizadora por los bajos tipos impositivos que se aplican en la realidad (con excepciones, como el impuesto sobre emisiones al agua en Holanda)Cargas sobre usuariosEfecto recaudadorIncentivan la construcción de equipamiento medioambientalFlexibilidadCarecen de efecto correctorCarecen de efecto incentivadorCumplen su papel recaudador para financiar instalacionesImpuestos sobre productosReducen el uso de productos contaminantesEfecto incentivador dinámicoEfecto recaudadorFlexibilidad e integrables en la estructura impositiva existenteAplicables con fuentes de contaminación numerosas o difusasMinimizan el coste socialMuy adecuados con contaminación difusaNo recomendables para productos o inputs peligrosos (actuación lenta)Pocos efectos con bienes de demanda inelásticaEfectos sobre el comercio y la competitividadLimitada aceptabilidad política (especialmente por las empresas)Costes adicionales para las empresas.No muy efectivos por poseer tipos bajos. Se convierten en mecanismos recaudadores, sin fines internalizadores en buena parte de los casosDiferenciación impositivaFácil integración en estructuras impositivas existentesCostes administrativos muy bajos.Aceptabilidad política.Efectos nulos con diferenciación insuficienteConsiguen su objetivo, pero sólo si la diferenciación es suficiente, lo que no siempre sucedeMercados de permisos negociablesMuy flexibles.Efecto incentivador dinámico.Ahorran costes a las empresas.Minimizan el coste social.Problemas en la asignación inicial de los permisosComplejidad administrativaCostes de transacción elevados si el mercado no funciona bienPueden centrar la contaminación en áreas determinadasLimitada aceptabilidad política (temor a algo novedoso)Eficacia disparar; en principio ayudan a reducir la contaminación a reducir la contaminación, pero a veces las empresas apenas negocian títulos en el mercadoSubvencionesIncentiva la tecnología medioambientalEfecto contraproducente (puede incrementar la contaminación total)Escasa aceptabilidad política (incumplen el principio contaminador-pagador)Eficaces para fomentar la tecnología medioambiental, pero no deseables (ni utilizados) para reducción directa de la contaminación.Sistemas de depósito y devoluciónRecompensan los comportamientos adecuadosIncentivan la reutilización y el recicladoFlexibilidadAceptabilidad políticaSólo son aplicables en casos muy específicosCostes de recogida, reciclado, relleno y distribuciónEficaces para los fines que persiguen, pues general los incentivos deseadosImpuestos basados en estándaresMinimizan el coste socialLos requerimientos de información son reducidos para su puesta en marchaYa existen mecanismos parecidos en la economía (ejemplo, objetivos intermedios en política monetaria)Carecen de condiciones de optimalidadArbitrariedad al fijar el estándar de calidad ambientalPueden generar incertidumbres hasta llegar al tipo definitivoEficaces para alcanzar el estándar propuesto siempre que se fijen los tipos impositivos adecuados FUNDAMENTOS DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES La Controversia Medioambiental El enfoque que toman algunas políticas de «protección ambiental», no es realmente el de la protección de los recursos naturales de los ataques de la humanidad, como el término parece sugerir. Ni tampoco la protección medioambiental es un intento de minimizar los efectos que pueden tener las actividades humanas sobre los procesos naturales. Mientras el total aislamiento humano de la naturaleza, en un enclave herméticamente sellado y autosuficiente puede ser tecnológicamente viable, los medioambientalistas más radicales prevén un mundo en el que el hombre continuará ampliando su dominio. Es decir, las políticas medioambientales dan por sentado la existencia de algo más que un mínimo impacto en el medio ambiente. A partir de aquí, la política medioambiental es la manera de determinar el «uso apropiado», que la humanidad hace de los recursos naturales. La mayoría de las controversias medioambientales están relacionas con las interpretaciones posibles de la frase «el uso apropiado» y los procesos políticos que determinan la interpretación que finalmente será implementada como política. Por varias razones las opiniones difieren mucho sobre cuál es el «uso apropiado» de los recursos naturales. Hay personas que no están de acuerdo con la función que tiene la naturaleza en lo que podría llamarse «la vida placentera». Algunas personas aprecian mucho las transformaciones de los procesos no-humanos. Otros encuentran la naturaleza desordenada, sucia y peligrosa. Sin duda, el ilimitado y original «estado natural» es más atractivo para los que creen que el bienestar material empobrece el alma, que para aquellos que creen que la penuria física aparta al ser humano de los fines superiores. También hay desacuerdos sobre la valorización de la responsabilidad del hombre hacia las otras especies, sobre las cuestiones científicas como la capacidad de adaptación y estabilidad de los sistemas meteorológicos y ecológicos, y sobre la interpretación de la evidencia disponible. Las diferencias en las circunstancias económicas y la ventaja comparativa también juegan un papel en la determinación del espectro de opiniones. Para un constructor, el «uso apropiado» de un terreno puede ser el construir una casa cómoda para las personas mediante modificaciones en su localización, más que la incorporación de recursos naturales y artesanos autóctonos. Un constructor desea limpiar el solar y construir una casa. Para un agricultor, el «uso apropiado» implica una transformación menos radical de la naturaleza, aunque suponga cambiar la vegetación autóctona por otra (limpiar, arar y plantar maíz). Para un naturalista, su «uso apropiado» pude significar levantar barreras legales o físicas alrededor de un espacio con el fin de excluir aquellos que tienen otras ideas sobre el «uso apropiado». En términos económicos, las personas no están de acuerdo sobre la manera en que los distintos procesos de transformación, humanos y no humanos, incrementan o disminuyen su valor. Estas diferencias conducen a que las personas adopten en sus propias vidas niveles diferentes de «protección medioambiental»-empleado más o menos pesticidas, coches, veredas, o flores importadas- y a estar en desacuerdo sobre las ventajas relativas de las políticas públicas aplicadas, las cuales afectan la manera y la extensión en que los recursos naturales puedan utilizarse. Son estas diferencias las que provocan enfrentamientos cuando se toman decisiones. Son precisamente estos desacuerdos los que convierten a la economía política en protección, en un tema de interés para aquellos que desean entender los procesos políticos y económicos que caracterizan la relación legítima del hombre con la naturaleza. Algunos Antecedentes De Gestión Medioambiental Aunque el volumen de regulación medioambiental ha aumentado considerablemente en el mundo y principalmente en Estados Unidos, en los últimos treinta años, las nuevas leyes no son los primeros intentos de adopción de normas con el propósito de restringir o redirigir el uso humano del medio ambiente. En 1626, la «Plymouth Colony» aprobó ordenanzas que regulaban la tala y posterior venta de madera en tierras coloniales. En 1652, en Boston se construyó la primera canalización de agua pública. En 1657, los burgomaestres de Nueva Ámsterdam emitieron una ordenanza diciendo que las calles debían estar limpias y toda la basura debía depositarse en sitios designados para ello. En 1681, William Penn en su ordenanza sobre la transmisión de propiedades requirió que los nuevos propietarios de la tierra dejaran un acre de bosque en pie, por cada cinco acres de bosque limpios. Las reglas para controlar el acceso a los recursos comunales, para regular la eliminación de las basuras y asegurar el suministro de agua potable, datan de hace siglos incluso en América. También es fácil en España identificar las obras públicas de los romanos para la mejora sanitaria. La apreciación de la función medioambiental en la salud y belleza coincide con el nacimiento de la historia escrita. Aristóteles se refiere a las políticas para la calidad del agua y aire en su caracterización de la comunidad ideal, y cita la influencia del agua y el aire en el buen estado del cuerpo humano, concluyendo que para el bienestar de los ciudadanos, el agua para el consumo humano debe separase del consumo para otros fines. También lo que sin duda debe interpretarse como una consecuencia anticipada de regulaciones medioambientales adoptadas por las civilizaciones antiguas, son los antiguos vertederos de basuras y cementerios que han facilitado mucho la tarea de los arqueólogos. En el Perú A pesar de que la historia productiva del Perú está marcada por episodios derivados de la sobre explotación de los recursos naturales (el caucho, el guano de islas y en años más recientes la anchoveta), las normas legales y las medidas adoptadas para prevenir o controlar estas situaciones no han sido muy eficaces. Un ejemplo son las disposiciones relativas a la Amazonía Peruana. Desde los primeros años de la República hasta años recientes se ha dictado una serie de normas legales orientadas a promover la colonización de esta vasta extensión de nuestro territorio. El propósito fundamental es el de cultivar la tierra, obligando en muchos casos a los colonos a talar los bosques para poder ser beneficiarios de los incentivos previstos. Un ejemplo de estas disposiciones es la Ley General de Tierras de Montaña, que señalaba la convivencia de “reformar la legislación en materia de tierra de montaña, como medio de promover la colonización y progreso de las zonas orientales y ofrecer en ellas garantías de estabilidad a las industrias agrícolas y en especial de la industria gomera. Las primeras disposiciones vinculadas al tema de la contaminación ambiental se refieren a la actividad minera, como consecuencia de protestas de los pobladores afectados. En 1925, el gobierno presidido por Augusto B. Leguía expidió una Resolución Suprema obligando a la Cerro de Pasco Corporation a instalar un sistema de “recuperadores” tipo Cottrell con el fin de despejar de los humos las partículas en suspensión nocivas. A fines de la década de los 40 se aprobaron las primeras disposiciones de carácter general para el control sanitario de las plantas industriales. A fines de los 5 e inicios de los 60 se incorporaron disposiciones sobre olores y ruidos molestos y normas relativas a los desagües industriales. Durante Aquella época las plantas industriales estuvieron en extremo auge, siendo la principal fuente económica, hasta entonces sólo se habían preocupado por el desarrollo económico y el propio crecimiento de este mismo, hasta que se denotó algunos problemas ambientales, pero no fueron vistos estrictamente desde el ámbito de la economía, sino tan sólo desde el punto de vista de contaminación ambiental sin enlazarlo con el punto básico y profundo del problema, la ciencia económica. En la década de los 70 se dictaron normas importantes con disposiciones ambientales como la Ley General de aguas y el Código Sanitario. Sin embargo, su orientación es de carácter sectorial sin ningún lineamiento claro de política, y sobre la base de instrumentos de comando y control. En la misma década se promulgó la Ley General de Minería y la Ley Foresta y de Fauna Silvestre. Se creó la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) y se determinaron los valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. En 1979 se introdujeron por primera vez en el Perú consideraciones ambientales en la Constitución Política, reconociéndose el derecho de habitar en un ambiente saludable, lo que ha sido ratificado por la Constitución de 1993. La década de los 80 se vio marcada por los problemas de la deuda externa y la crisis económica internacional, situación agudizada por la presencia de grupos terroristas y el narcotráfico, este último son una fuerte presencia en la zona de la selva. El cultivo de la coca y su transformación en pasta básica de cocaína, así como su erradicación a través de herbicidas como el tebuthuirion-conocido como spike- generaron graves impactos ambientales que hasta el día de hoy prevalecen. Es a partir del Código del Medio Ambiente (CMA) de 1990 que se tiene una orientación más clara de la importancia del tema ambiental para las actividades productivas en el país y se empiezan a dictar normas en forma más integral. A pesar de la fuerte oposición inicial y las modificaciones sufridas, el CMA introdujo importantes principios ambientales y herramientas de gestión ambiental, como por ejemplo el principio de prevención, el principio contaminador-pagador, los lineamientos de política ambiental y el sistema de gestión ambiental, entre otros. A partir de la promulgación del código se inició un proceso acelerado para establecer una política nacional del ambiente con la legislación adecuada, instituciones con funciones ambientales claras, recursos financieros para la gestión ambiental y mecanismos que permitan al ciudadano la participación en la formulación y ejecución de la política. Este proceso se ha enfrentado a una serie de obstáculos y muestra distintos niveles de avance, lo que denota la falta de definición por parte del gobierno en cuanto al tema ambiental, con marchas y contramarchas, vacíos y contradicciones en sus regulaciones y limitaciones sobre todo en cuanto a su aplicación y cumplimiento. Las principales normas ambientales dictadas a partir del CMA están vinculadas a las actividades productivas. Así, existen normas ambientales para el desarrollo de las actividades mineras, de hidrocarburos, de electricidad, construcción vial, procesamiento pesquero y para la industria manufacturera; teniendo desde este punto el enfoque económico que muy pocas veces es analizado como lo debería estar de acuerdo al impacto en el medio ambiente, en una de sus causas esenciales, y al no decir la única y más importante la que da origen a estos problemas ambientales, que es la economía. Las condiciones ambientales para una vida confortable y sana han sido siempre un tema práctico situado en el núcleo de la prosperidad económica. En cambio o que se ha modificado a lo largo del tiempo, ha sido la eficacia del trabajo llevado a cabo para adaptar la naturaleza hacia formas más útiles y placenteras, así como los valores estéticos y las posibilidades tecnológicas de los usos alternativos de los recursos naturales y humanos. Fundamentos Jurídicos Y Tecnológicos De Las Comunidades Medioambientales Los aspectos de la gestión de los recursos naturales pueden ser divididos en dos áreas: aquellos que se consideran la gestión de los recursos fijos y los que consideran los recursos que circulan libremente. Estos dos campos han sido desde hace tiempo objeto de regulación gubernamental y los dos presentan el mismo problema: el libre acceso a los recursos naturales tienden a que se sobreexploten. Es lo que Hardín (1968) denominó la tragedia de los comunes. Sin embargo, el coste, la efectividad y la viabilidad de los sistemas de gestión alternativos difieren sustancialmente entre ambas áreas. La regulación del acceso a los recursos fijos es generalmente menos problemática que la regulación de los recursos que circulan libremente, ya que en el primer caso los costes de gestión son menores y la mala administración es más evidente. Históricamente, para los recursos fijos se han empleado una gran variedad de métodos de gestión con el fin de limitar su acceso y de promover su uso productivo y sostenible. Durante siglos para los recursos fijos se han utilizado una amplia gama de métodos en la asignación de «derechos de uso», tales como las tierras de pastoreo, cultivos o residencias. En este caso las autoridades políticas no regulan directamente el uso de recursos naturales, pero sí que definen y protegen el derecho de uso de sus propietarios legales. En los casos en los que los «derechos de uso» son exclusivos e intercambiables, los mercados de «derechos de uso» otorgan incentivos a los propietarios para mejorar la productividad presente y futura de los recursos que controlan. La renta anual y el valor de venta de una propiedad bien gestionada tienden a ser mayor que el de una que esté mal gestionada. Los «derechos de uso» exclusivos y comerciales también generan un sistema de bajo coste mediante el cual los recursos pueden desplazarse desde un menor a mayor valor de uso y también desde los peores gestores hacia los mejores. Los mejores gestores naturalmente dispuestos a pagar un precio más elevado por el derecho de uso a diferencia de los gestores peores, ya que aquellos obtienen un mayor producto de los mismos recursos. La gestión de las transmisiones de derechos de uso está casi siempre a cargo de los mismos propietarios, lo que permite reducir los costes de mantener el sistema. Poca gente argumentaría que la privatización soluciona todos los problemas de gestión de los recursos fijos, sin embargo, la eficiencia de la solución mediante los derechos de propiedad se confirma por el hecho de que los vínculos formales de los títulos de propiedad inmobiliaria en Europa Occidental y en los estados del Este de los Estados Unidos son por lo general desde hace varios siglos anteriores similares a los actuales sistemas de gobierno. La solución de los derechos de propiedad para la gestión de los recursos fijos es relativamente permanente y sencilla y requiere poca atención política en la administración cotidiana. Este argumento no quiere decir que la privatización siempre haya sido adoptada con el loable propósito de solucionar los problemas de los comunes. Es más probable que las regiones del mundo que han adoptado los derechos de la propiedad hayan evitado de esta manera los problemas de los comunes, a diferencia de aquellas sociedades que han empleado métodos más politizados para hacerles frente. A lo largo del tiempo, cuando las instituciones legales evolucionan, la mejor asignación de los derechos de propiedad tiende a substituir los métodos de gestión que son significativamente menos eficientes. Puede argumentarse que a lo largo de la historia ha habido una gradual restricción de los derechos de uso privados. A menudo, estas restricciones no son limitaciones sustanciales sobre los recursos fijos, sino más bien restricciones al acceso de los recursos que circulan, por debajo, por encima o a través de los recursos fijos. Por ejemplo, las reglas modernas para la gestión de los residuos sólidos intentan asegurar que los «residuos» sean tratados de manera que no afecten localmente la calidad del agua o del aire. En cambio la gestión de los recursos que circulan libremente es más problemática y es en parte por esta razón, por la que la política le presta actualmente mayor interés. La circulación y difusión otorga a los sistemas del aire y del agua una capacidad sustancial para disipar y neutralizar muchos de los productos no deseados en la agricultura, industrias o transportes. La circulación y difusión también aplica que el acceso a estos recursos está libre de obstáculos, como por ejemplo largas distancias, señales de prohibición, o vallas. Por sus propiedades se han considerado durante mucho tiempo (por lo menos implícitamente) como inputs de los procesos de producción. Después de todo permiten la combustión, el crecimiento de las plantas y, por supuesto, respirar. La ausencia de regulación del libre acceso a estos sistemas provoca la sobreexplotación de estos recursos productivos, a diferencia de lo que sucede con los recursos fijos. Las mismas propiedades del aire y del agua que hacen que se consideren como inputs para la producción y como vehículos de la eliminación de residuos, son las que dificultan su regulación y privatización. Las comunidades no pueden asignar derechos de uso a unidades específicas de libre circulación del aire y del agua del mismo modo que se hace para el suelo y los recursos minerales. El agua y el aire difieren de los carriles de la autopista y las cañadas para el ganado, en que el aire o el agua no se pueden identificar o aislar correctamente como «plazas» concretas y por consiguiente no se pueden conceder a determinados «propietarios». Ello contrasta, por ejemplo, con la parcelación homogénea sobre la base de coordenadas geométricas de una llanura o un desierto sin rasgos físicos que distingan las parcelas, asignadas al propietario o usufructuario. Se pueden establecer derechos intercambiables del aire y del agua, pero hay que tener en cuenta que son derechos de uso de los recursos de una propiedad comunal y no de una propiedad privada en el sentido que se entiende normalmente. Las políticas en áreas de recursos comunales son prácticamente inevitables. La controversia sobre el acceso adecuado a los recursos comunales es probable que surja porque la propiedad común implica que las decisiones de reducir, mantener y/o aumentar los «derechos de uso», afecten directamente los intereses de todos los usufructuarios de los recursos de la propiedad común. Las propiedades físicas de los recursos naturales de libre circulación implican que un, relativamente, gran número de grupo es afectados no estén de acuerdo sobre la importancia de controlar puntos concretos que son fuente de emisiones contaminantes, ya que el impacto de estas emisiones generalmente disminuye en la medida que alejan del punto de origen. En consecuencia, incluso si no hubiese otros motivos de desacuerdo sobre las tasas aceptables de emisión, la sola difusión de la contaminación proporciona una base física para la controversia política. Los Bienes Públicos Y Externalidades Como Base Para La Política Medioambiental La teoría de los bienes públicos puede apli8carse a muchos de los problemas que se plantean en la gestión de los recursos para lo que no existe un mercado. La gestión del medio ambiente es uno de ellos. Sin embargo, en el concepto de bien público, en términos de Samuelson (1954), la restricción de consumo colectivo o conjunto esta presumiblemente determinado por las características tecnológicas de los bienes, en particular de las de rivalidad e inexcluibilidad. Una manera de definir un bien público es que no tenga un componente de distribución en su tratamiento. La misma tecnología asegura que no surja el problema de división o repartición. Por ejemplo, la tecnología en televisión permite discriminar mediante codificadores a los consumidores del servicio. La emisión que antes era un bien público puro (o local puro) deja de serlo. El modelo formal de Samuelson tiende a esconder el componente de distribución en el lado de la asignación ya que en realidad un bien o servicio que cumpla con el requisito de bien público no surge espontáneamente de la naturaleza. Cualquier bien puede ser suministrado a partir de la producción es repartible entre los miembros de la comunidad y entonces el único problema es distributivo. Por esta razón, en política medioambiental también hay que considerar la posibilidad de que exista una solución distributiva en el reparto del coste de producción de un supuesto bien público puro. Las externalidades son la segunda categoría después de los bienes públicos que sirven de justificación para la intervención del gobierno. Una externalidad se genera cuando el consumo o producción de un individuo o empresa tiene un impacto accidental en la función de utilidad o de producción de otro individuo o empresa. Estos efectos (la contaminación, las molestias, o, si es positiva, el placer) pueden contrastarse con las transacciones normales del mercado cuando los impactos están totalmente contabilizados por el sistema de precios. Como no hay mercado para la contemplación del paisaje o la conservación de la calidad del agua del rio no hay mecanismos de precios para la coordinación de las acciones individuales. Dada la existencia de externalidades se produce una asignación Pareto no-óptima de los recursos. La diferencia entre un bien público puro y la externalidad es que en el caso de un bien público todos los miembros de la comunidad consumen el mismo bien, mientras que, para una externalidad, el bien (o mal) consumido por el segundo agente puede diferir del consumido por el primer agente que lo adquiere directamente. Lo que es crucial en el optimo de Pareto no es que dos individuos consuman el mismo bien, sino que el consumo de uno altera la utilidad del otro, de manera tal, que no se internaliza a través del sistema de precios. El que soporta la externalidad no es excluido de los efectos laterales del consumo del primero y es esta condición de no exclusión que une bienes públicos y externalidades por la misma condición de optimalidad paretiana. En el tratamiento ambiental, si los residuos se consideran un bien privado (mal privado), la emisión de estos bienes privados en un espacio público, se convierten en una «publificación» del mal privado. La simple prohibición de publificar reduce las externalidades pero no reduce necesariamente la contaminación que cambiará de sitio. Sin embargo la correcta «asignación de derechos de propiedad del residuo» y la obligación de un «intercambio» privado de estos «males» (venta con precio positivo o negativo), puede reducir las externalidades y crea incentivos para la reducción de la contaminación, si el precio del mercado pagado es función del grado de contaminación, es decir, del coste de producción del reciclaje. Cabe esperar que teniendo la publificación un coste nulo para el emisor, y la privatización (la venta) un precio negativo (o coste positivo), los incentivos sean a publificar incluso con una correcta asignación de los «derechos de propiedad del residuo». Esto sucederá siempre que los costes públicos de control sean superiores a los beneficios de evitar la publicación. Una manera de reducir los costes de control es mediante la introducción de normas éticas (rechazo social hacia el contaminador) y también mediante la introducción de tecnología (sensores) que permitan una evaluación más precisa del tipo de residuo que permite discriminar el precio en función del costo real del reciclaje. En realidad, cuando el coste del trabajo es bajo, el coste del reciclaje manual disminuye (permite una selección del residuo) y éste llega a tener un precio positivo (la actividad de los antiguos traperos). Si los salarios son altos, el proceso de selección se puede trasladar hacia las personas cuando su tiempo tiene un coste de oportunidad bajo (por ejemplo, tiempo de ocio en el hogar) en este caso se pueden introducir políticas de selección de residuos con el fin de facilitar la recogida `por el servicio público, aunque son necesarias campañas de concienciación éticas dirigidas a los ciudadanos para que utilicen su tiempo de ocio (cuyo coste oportunidad siempre es positivo)para actividades de selección. Además, igual como sucede en la exclusión en los bienes públicos, la selección del residuo, es más fácil cuando existe una tecnología que permita seleccionar a bajo coste. Sin embargo, en la selección personal de residuos, ni la tecnología y el tiempo no tienen un coste de oportunidad bajo, ni las campañas de concienciación ética siempre son eficientes. Hay que destacar que en la tecnología se deben incluir la organización de sistemas y rutinas a bajo coste, que pueden permitir la reducción del tiempo empleado en la selección incluso cuando el coste de oportunidad es bajo. Sin embargo, muchas veces la tecnología y la organización es costosa y los sistemas de cobro para repartir el coste del servicio puedan exceder el del servicio. Este es el caso de la recogida selectiva de basuras, en que el coste puede ser elevado. Experiencias en que se ha tratado de financiar el coste con tasas individualizadas para incentivar la disminución de la producción de residuos han dado resultados negativos. Por ejemplo, en una ciudad “x”, se cobra la etiqueta por bolsa de basura a 80 centavos de dólar (hay que pegar la etiqueta en la bolsa para que sea recogida). Este precio no cubre el coste de impresión de la etiqueta, más los de la comisión de su venta y el coste de los empleados que gestionan el sistema. Por otra parte, la conducta del productor ha sido la de incrementar aproximadamente en un 40 por 100 el volumen de basura por bolsa. Por otra parte, si el tiempo no tiene un coste de oportunidad bajo, entonces disminuye la eficiencia de las campañas de ética ciudadana. En el caso de recogida selectiva de basuras, si el coste de oportunidad del tiempo de ocio es alto, la selección de basura tiene un coste personal elevado y la eficiencia de la campaña ética se reduce, a no ser que se compensen con beneficios tangibles y repartibles. Por otro lado, la concienciación ética no siempre produce resultados eficientes, en especial si esta se dirige al personal de la administración pública con salarios relativamente altos, ya que dedicará parte de su tiempo de trabajo a la «ética» tarea de seleccionar los residuos, tarea que puede ser realizada de manera eficiente por personal con costes horarios inferiores. Esta ineficiencia también se traduce en una disminución del empleo, ya que esta actividad (de baja productividad) realizada por funcionarios con salarios relativamente elevados (supuestamente con productividad marginal del trabajo alta) reduce las oportunidades de empleo de personas con productividad marginal del trabajo menor. FORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Las políticas medioambientales reflejan los intereses de aquellos que tienen el poder para tomar decisiones políticas dadas las restricciones personales, económicas y políticas. Las disposiciones constitucionales y legales determinan quién tiene el poder para tomar las decisiones de política medioambiental y ante quiénes estos decisores son responsables. Las consideraciones económicas determinan el coste real y la viabilidad de políticas alternativas. Estas restricciones políticas y económicas pueden ser tan vinculantes que “los decisores políticos” pueden tener poco margen de acción. Sin embargo, los representantes elegidos y la burocracia pueden indefectiblemente anticipar los intereses políticos que perciben del electorado. Por lo tanto, las restricciones políticas y económicas pueden permitir una discreción significativa que implica que los decisores tengan un amplio margen de maniobra gestión medioambiental Mientras que las políticas medioambientales de interés están generalmente generadas por acciones humanas, todas las demandas políticamente relevantes para la calidad medioambiental son demandas personales. En consecuencia, para analizar los determinantes de la política medioambiental se pueden utilizar los modelos de elección individual en distintos ámbitos, políticos y no políticos. Instituciones Públicas, Discrecionalidad y política medioambiental En los votos de modelos determinísticos, el impuesto medioambiental preferido por el votante mediano es la política adoptada. El teorema de votante mediante dice que, si las alternativas pueden ordenarse en el eje horizontal, de manera que las preferencias de los votantes son de un solo toque, entonces para un número impar de votantes el equilibrio es el punto ideal del votante mediano. Los modelos más aceptados de equilibrio electoral sugieren que los votantes en el punto medio de la distribución de la preferencia del voto (el votante medio y mediano) tienden a obtener sus anticipadas preferencias políticas. Esto es así, porque con el fin de ganar las elecciones, los candidatos, por lo general, se desplazan hacia posiciones más moderadas en todos los temas incluyendo las políticas medioambientales. Si el votante mediano soporta cerca de la carga fiscal media, el programa generará el nivel de calidad medioambiental preferida por el votante mediano. Si soporta menos que la carga fiscal media, preferirá un nivel de impuesto mayor que el óptimo y niveles de calidad ambiental más elevados que los niveles óptimos de calidad medioambiental. Los modelos más elaborados de los procesos políticos tienen en cuenta otros rasgos institucionales de las democracias modernas, que permiten influir en los resultados políticos mediante grupos de presión o contribuciones a las campañas electorales. Los detalles institucionales y la tecnología de la persuasión determinan la importancia relativa de los votos emitidos y del dinero gastado. Si los votantes están bien informados y están influenciados por los esfuerzos organizados de la persuasión, entonces las preferencias de los votantes son decisivas en la medida que los representantes están interesado en ser reelegidos. En este caso y en el caso en que el interés de un grupo de presión es simétrico con el del votante mediano, las preferencias del votante mediano, determinarán la política. Si la opinión del votante es perfectamente maleable, entonces el dinero gastado durante y después de la campaña, es decisivo. Las instituciones políticas y legales afectan los métodos elegidos por los individuos, que intentan por todos los medios influenciar las políticas medioambientales alterando el coste-efectividad marginal de los métodos de influencia alternativos. En democracia, el ir a votar tiene un coste generalmente menor que declarar ante un comité legislativo o una comisión reguladora. En consecuencia, hay más personas que van a votar que las que testifican ante una comisión reguladora. Una razón para votar puede ser el escaso interés en cambiar o mantener las políticas medioambientales vigentes, pero no es lo mismo al hacer lobby en el congreso o contribuir económicamente en un grupo de presión. Las personas, que tienen un interés importante para cambiar la política medioambiental, tienen a su disposición muchas más vías de influencia. Los medios para influir que no son el mecanismo de las urnas existen en todas las democracias, ya que el vínculo entre los ciudadanos corrientes y la crítica medioambiental es indirecto. Después de las elecciones, los representantes pueden, en principio, buscará una legislación del modo que deseen. La legislación después será implementada por la burocracia. Además, un representante electo es uno de los muchos que se encargan de legislar sobre política medioambiental, por lo tanto no puede ser el único responsable del resultado final de la política medioambiental. Es poco probable que unos cuantos votos no anticipados sobre la política medioambiental cambie sustancialmente las previsiones electorales del representante. El voto que los electores dan a sus representantes se basa en su comportamiento anticipado sobre un número amplio y asuntos. Incluso en las áreas donde las posiciones políticas se conocen bien, la mayoría de votantes pueden hacer poco más que elegir al candidato menos inaceptable entre los que tienen la posibilidad de ganar las elecciones. Dado el potencial de discreción de calidad, es sorprendente comprobar que el modelo del votante mediano predice bastante bien muchos de los parámetros de la política gubernamental. La evidencia nos sugiere que las políticas adoptadas por los gobiernos democráticos son consistentes cuando se trata de maximizar el bienestar del votante mediano o medio. Por otra parte; la evidencia no es tan grande como para descartar por lo menos un simple ejercicio de discreción representativa. Una vez la legislación medioambiental ha sido aprobada, su ejecución queda en manos de una larga e invisible cabina de mandos, con departamentos y agencias que tienen autoridad en los asuntos de interés. Otra vez, por lo menos superficialmente, está al alcance de una considerable discrecionalidad burocrática y de las efectivas actividades de los grupos de interés. Hay varias razones que explican el porqué el legislativo concede una cierta discrecionalidad a la burocracia, tales como las ventajas de la especialización, la conveniencia de utilizar el conocimiento específico del caso, o los deseos del congreso en trasladar las decisiones controvertidas hacia otro sector del gobierno. Tanto las autoridades específicas como las ocasionales tienen influencia de legislación medioambiental y son a menudo las agencias reguladoras en el lugar del legislativo las que he aquí para los reglamentos finales y las directivas. Como los que toman las decisiones en las agencias burocráticas, tienen preferencias políticas personales e institucionales, las políticas medioambientales tenderán a reflejar los intereses económicos, estéticos e ideológicos de los burócratas. Por otra parte, hay un cuerpo de trabajo teórico y científico que sugiere que las burocracias son responsables de los deseos de los congresistas y de los comités de su previsión del congreso, y por lo tanto, de los intereses del votante y mediano, y dijo. Las políticas medioambientales adoptadas por la burocracia también pueden reflejar indirectamente consideraciones electorales. Sin embargo, la evidencia no es tan convincente como para descartar todas las posibilidades del comportamiento discrecional de los burócratas. Grupos de presión, persuasión y política medioambiental Un método muy usado por los grupos de presión, que intentan influir la política medioambiental, es la divulgación estratégica de la información política relevante. Los grupos de presión subvencionan la divulgación de la información para los votantes, el Congreso, y la burocracia. Esta información destaca las ventajas relativas de sus políticas referidas. Tal información puede aumentar o disminuir la demanda individual de calidad medioambiental ya que no existe información concluyente de las ventajas de las políticas medioambientales alternativas. Si la información proporcionada es imparcial y objetiva, o perfectamente filtrada por los receptores, debería tender a mejorar el proceso legislativo mediante una reducción de votos y de errores de la regulación. Por otra parte, como los grupos de presión pueden manipular a los votantes y a sus representantes mediante la provisión de información estratégica parcial o incompleta, los grupos de presión pueden dirigir las políticas medioambientales hacia sus propios objetivos, distantes de los del votante mediano o medio. La evidencia de la capacidad de persuasión de las actividades realizadas por los grupos de presión son muchas, pero hay relativamente poca evidencia empírica de la efectividad en las campañas de información de los grupos de presión. Por supuesto, no toda la información medioambiental relevante la generan los intereses de los grupos de presión. Los avances científicos, estéticos y tecnológicos tienden también a afectar de diversa manera la demanda pública y privada de calidad medioambiental. Los avances tecnológicos tienden a reducir el precio de los bienes manufacturados en relación con la calidad medioambiental y conducen a un aumento en los productos manufacturados. Un aumento de la productividad implica que aumenta la renta personal que tiende a aumentar la demanda de todos los bienes normales, incluida la calidad medioambiental. Cuando el conocimiento y la apreciación de los fenómenos naturales aumentan, también se conocen y demandan tipos más sutiles de calidad ambiental Además, los avances tecnológicos pueden afectar directa o indirectamente al equilibrio del poder político con la política. Por ejemplo, algunas nuevas tecnologías tienden a reducir el coste marginal de organizar y sostener actividades de un grupo de presión. Un aumento de la renta personal junto con costes reducidos tienden a aumentar el número de suscriptores potenciales de servicios de apoyo político. Si las contribuciones a los grupos de presión que apoyan reglas más restrictivas para el medio ambiente, aumentan más deprisa que los grupos que se oponen a ser tan estrictos, entonces los grupos de presión tendrán a reforzar el incremento de la demanda popular de más calidad medioambiental. En caso contrario, los grupos de presión pueden reducir el esfuerzo para obtener regulaciones medioambientales más estrictas. En cualquier caso, cuando la tecnología mejora con el tiempo el aumento de la efectividad de los recursos invertidos en actividades políticas, tiende a causar un conflicto político más visible e intenso en las políticas medioambientales. Un ejemplo de los métodos de persuasión para influir la demanda de políticas que ha sido analizado por la literatura de la elección pública es el aprovechamiento de la conducta conocida en psicología como la discordia en la conciencia. La teoría de la discordia en la consciencia, puede considerarse como el malestar psicológico que puede existir cuando la elección de una persona no es consistente con sus valores y creencias. La desarmonía puede dar lugar a que un individuo reconsidere valores y creencias, incorpore nuevas lecciones con distintos parámetros, reaccione frente a las restricciones o cambie su función de preferencias. En este sentido, Akerlof y Dickens reconocen en la teoría de la discordia en la consciencia una fuente de fracaso del mercado y por lo tanto una justificación para la intervención pública. Bardy, Clark y Davis explican que los costes psicológicos de la desarmonía pueden estar muy influidos por la exposición a la información, la presión de los demás y el apoyo social. Entonces la desarmonía se convierte en un instrumento de «rent-seeking», en el llamado «triángulo de hiero», de los legisladores, los burócratas y los grupos de presión. Los parlamentarios, los burócratas y los grupos de presión pueden influir el voto mediante la dirección de la desarmonía y la orquestación de información que apoye sus fines y programas. Así pues, las políticas ambientales son una oportunidad para la administración de la desarmonía por parte del sector público porque lleva implícita elementos de elección individual, incertidumbres, y exposición involuntaria a la información. Tales actividades comercian con el miedo a lo desconocido aumentando desarmonía del votante o la ansiedad por elecciones ambientales prioritarias. Los grupos de interés pueden intentar «crear pánico» popularizando palabras como el «calentamiento global» o el «invierno nuclear». Al mismo tiempo ofrecen la gestión pública. Un grupo especial de presión esta compuesto por individuos que tienen posiciones similares en un tema dado. El grupo puede aparecer como una asociación comercial, cartel o los llamados grupos de interés público medioambiental, como el Natural Resources Defense Council, o el Sierra Club. El grupo puede identificar un tema, y utilizando los medios de comunicación y los recursos políticos, fomentar la desarmonía para hacer un tema más público. En el proceso justifica su existencia y al mismo tiempo obtiene rentas. Los grupos de presión, desde un punto de vista, intentan conciliar la desarmonía individual mediante la contribución a los intereses especiales. Por ejemplo, muchos de los que contribuyen a la American Lung Association son fumadores. Su desarmonía sobre la decisión de fumar es, es parte, conciliada por su contribución. Una parte pequeña del presupuesto de la asociación se dedica a la investigación, la mayoría del presupuesto va a las campañas y al lobby político. Similares circunstancias son las de la American Heart Association y el American Cancer Society. Desde Punto De Vista Normativo La economía política ambiental se relaciona con la creación y la atribución del valor. La economía política ambiental trata de internalizar las externalidades en los análisis de políticas públicas, lo cual permite enfocar los costos ambientales y sociales actuales de una política económica expansiva. En la economía política ambiental, los levantamientos sociales son consecuencia de que los problemas ambientales sociales son razonablemente tratados (Hawken, Amory and L.Hunter) Estas, definen las relaciones entre el hombre con el medio ambiente, e incluyen las reglas que afectan el uso de los recursos naturales. FACTORES ECONÓMICOS 2339340817245Los factores más determinantes dentro de la economía son: el crecimiento económico y el desarrollo económico, los cuales si se desarrollan a cabalidad se verán los efectos en el medio ambiente. Primeramente, el crecimiento económico, es un proceso reversible. Es decir, al crecientito puede seguir la decadencia. Lógicamente, el desarrollo económico es igualmente reversible, aunque de hecho es raro que se produzca una regresión a estructuras o formas de organización exactamente iguales. En el sentido con el medio ambiente, se identifica que el crecimiento económico está dado en términos cuantitativos y el desarrollo en términos cualitativos, en este aspecto los impactos en el medio ambiente son más evidentes con este último, Al haber un desarrollo se pone en manifiesto que ha habido mayormente más ingresos, por lo tanto mayor producción y por ende mas efectos contaminantes y residuos que proceden de ella. Relaciones entre Medio Ambiente, Sistema Productivo y Familias Bienes y serviciosConsumo Producción Recursos naturalesServiciosResiduosContaminantesTrabajo y capitalMEDIO AMBIENTE ResiduosContaminantes Las flechas señalan las relaciones habituales entre las familias y las empresas, tratándose de la relación habitual en el comportamiento de los agentes económicos. La parte inferior de la figura, muestra cómo la consideración de la cuestión ambiental produce otra serie de efectos que son necesarios considerar. Desde el punto de vista positivo, comprobamos que las familias obtienen servicios de ocio, y las empresas los recursos naturales que les son imprescindibles para desarrollar su tarea productiva. Como externalidad negativa habría que señalar que ambos agentes sociales generan residuos y contaminación que influyen sobre el medio ambiente y que lo pueden afectar nocivamente, por lo que las externalidades positivas indicadas pueden verse afectadas. Estos efectos sobre el medio ambiente son a los menos se les brinda atención en el análisis tradicional. LA ECONOMIA EN EL MEDIO AMBIENTE Causas económicasEfectos globalesEfectos económicosEfecto invernaderoEmisiones de CO2 y metano por:Incendios forestalesTransporteIndustrias que usan combustibles fósilesGanadería intensivaCambio climático:Inundación de zonas costerasElevación de temperaturas mediaLluvias estacionales y torrencialesReducción de la producción agrícola mundialCaída de actividad económica en zonas costerasLluvia ácidaEmisión de compuestos de nitrógeno y azufre a la atmósfera:Centrales terminasTransporteIndustria químicaMuerte biológica de masas de agua cerradaDestrucción de masas forestalesPérdida de valor recreativoCaída del rendimiento pesquero y forestalDestrucción de la capa de ozonoUso de CFCs como:PropelentesRefrigerantesBase para elaborar algunos plásticosEfectos perjudiciales para la vidaEnfermedades de la piel y de la vistaCostes médicos de esas enfermedadesReducción del rendimiento agrícola y ganadero a largo plazoDespilfarro de recursosNo existencia de valor de cambio para algunos recursos naturales y medioambientalesFalta de concienciación individualAgotamiento de recursos Destrucción del entorno naturalCostes de la acumulación y tratamiento de basuras y desechosAgotamiento de recursos sin sustitución tecnológica Aumento de la población mundialProvocada por la falta de planificación, presiona sobre los recursos y genera problemas especiales en el Tercer MundoContaminación atmosféricaEmisión de gases contaminantes a la atmosfera de:Fuentes móvilesFuentes fijasReducción de la calidad del aireProblemas de saludPérdida de valores paisajísticosAceleración de procesos de corrosiónProblemas de traficoContaminación acuática Vertido de contaminantes en:Mares y océanosCauces de agua dulceIndirectamente en aguas subterráneasCausas: Actividad consuntivaAgricultura y ganaderíaMinería e industriaEmpeoramiento de la calidad del agua (especialmente grave donde sea un bien escaso)Menor cantidad del agua potableRiesgos de saludRiegos para la biodiversidadContaminación terrestreVertido en el suelo de:BasurasMetales pesadosCompuestos químicos Menor calidad de la tierraPotencial incidencia en aguas subterráneasPérdida de calor del sueloCaída de rendimientos agrícolasRiesgos de saludEfectos paisajísticosAcumulación y tratamiento de residuosResiduos peligrososNuclearesQuímicossanitariosEfecto contaminador muy potente y duraderoefectos nocivos para la saludpeligroso para la vida, así como para la agricultura CRECIMIENTO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE Al ser el PBI el principal indicador del crecimiento económico, es necesario su análisis para la interpretación de la relación existente con el medio ambiente, como pueden ser las implicaciones sectoriales, los efectos de la política medioambiental sobre la demanda interna o sus efectos sobre la productividad (que guarda una relación directa como la competitividad de una economía). En principio, como ha hecho Daly, la macroeconomía, como base teórica de la política económica del medio medioambiente es esencialmente microeconómica, olvidando que la actividad económica del ser humano en el ámbito agregado no es sino parte de un sistema mayor, la naturaleza, en el que se desarrolla toda actividad económica. Básicamente las decisiones de la política económica y, mas concretamente, de la política medioambiental empieza por delimitar a qué escala deseamos crecer sin reducir las posibilidades que la naturaleza nos brinda de seguir creciendo en el futuro. Otros autores como Huppes, establecen todo un aparato teórico en la definición e implementación de la política medioambiental de carácter macroeconómico. Este autor parte de definir la calidad medioambiental como objetivo de las medidas que se van a aplicar, a través de cifras que la relacionan con algunos problemas del entorno natural muy concretos, como el deterioro de la capa de ozono o el agotamiento de os recursos naturales. Posteriormente establece una tipología de los instrumentos de la política medioambiental que deben cumplir en todo caso con tres principios fundamentales: eficiencia, equidad y naturalidad (en el sentido de que la libertad de elección de los agentes económicos no se vea afectada). Efectos de la política medioambiental sobre el PBI Efectos negativos sobre el PBI de una mala situación medioambiental La mayor parte de los análisis que se han realizado para medir el impacto de las políticas de protección del medio ambiente sobre el crecimiento económico a través del PBI, pasan por alto el hecho de que algunos problemas medioambientales significativos en el ámbito internacional (efecto invernadero o destrucción de la capa de ozono) puede provocar una reducción a largo plazo del PIB, con lo que la realización de políticas medioambientales evitaría esos costes en términos de crecimiento económico. Así, el efecto invernadero podría afectar gravemente a la agricultura mundial, porque conduciría, según los análisis científicos realizados hasta la fecha, a una alteración de la climatología en el ámbito planetario, que favorecería el surgimiento de condiciones extremas (menos lluvias y más concentradas, extensión de zonas desérticas, etc). Por otra parte, probablemente produciría un aumento en el nivel de los mares, al derretir las enormes masas de agua que están contenidas en los polos, lo que acarrearía gastos defensivos para proteger zonas y ciudades costeras e importantes desplazamientos de la población. Estos son sólo dos ejemplos de consecuencias del efecto invernadero que reducirían el crecimiento económico y producirían una reasignación de gastos con la finalidad de protegerse de los efectos perversos de esta situación. Otro ejemplo sería el de la destrucción de la capa de ozono. Este problema conllevaría importantes consecuencias negativas. Dos de ellas son: por un lado estaría la pérdida de biodiversidad que provocaría, que implicaría importantes costes de oportunidad en términos de pérdida de sustancias beneficiosas para el ser humano que todavía están por descubrir (algo que también sucedería en el caso de la destrucción de los grandes bosques tropicales), además de la pérdida irreversible de un importante valor de existencia; por otro, los importantes costes sanitarios que generaría, especialmente por el aumento en la incidencia de los cánceres de piel que se prevé, así como la pérdida de jornadas de trabajo que esto implicaría. Como se ve, existen muchas situaciones en las que la existencia de problemas medioambientales conduciría (especialmente en el largo plazo) a una reducción de las posibilidades de desarrollo económico. Este hecho, de por sí, debería incentivar la adopción de medidas de política medioambiental (siguiendo el conocido principio de «es mejor prevenir que curar», inmediatamente aplicables a este caso, máxime cuando la existencia de irreversibilidades está presente) que ayudasen a paliar estos problemas, con la intención de reconducirlos a unos términos que fuesen compatibles con el logro de un desarrollo sostenible. Otra forma, para conocer las implicaciones de la política medioambiental en la actividad económica en general es la diferencia entre el corto y el largo plazo. Según Weyant, estudia las conclusiones y las diferencias entre realizar modelos a largo plazo y a corto plazo. En cuanto a los resultados a largo plazo que obtiene este autor, cabe señalar tres fundamentales: para controlar o reducir emisiones contaminantes de CO2 hasta el año 2100 es fundamental un alto grado de coordinación y cooperación internacional; de otro modo, los efectos negativos sobre el PBI se verían acentuados. Asimismo, parece de interés que la introducción de las medidas medioambientales, ya se trate de impuestos, mercados de permisos, subvenciones u otros instrumentos, se realice de forma gradual, para permitir a los agentes económicos una acomodación progresiva a estas medidas que permita que sus costes a largo plazo no sean apreciables. Para terminar, propone la implantación de un sistema internacional de permisos negociables, del tipo del que se ha venido hablando en las Cumbres de Kioto y en las restantes cumbres sobre el cambio climático, en el cual se repartirían una serie de permisos entre los distintos países, que luego podrían comerciar con ellos, lo que permitiría a los países que más emiten seguir haciéndolo hasta el punto en el que les resultara rentables la compra de permisos (si les es más rentables reducir las emisiones el propio mercado les llevará a ello), mientras que los países más pobres recibirían un flujo de dinero que les ayudaría, en teoría, a salir del subdesarrollo. Si nos encontramos en el corto plazo, Weyant señala una serie de aspectos que deben tenerse en consideración. Para empezar, indica que si la introducción de las medidas medioambientales es más rápida que la adopción de nuevas mejoras tecnológicas o que la tasa de depreciación

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