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1. Minería, hidrocarburos y el Estado
“Actualmente, el 48% de la electricidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)
es proviene del gas natural”
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el cuarto mes
del presente año, la producción del sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 9,25%, en
comparación con similar mes del año 2014.
Con el resultado de abril de este año, dicho sector registró dos meses de crecimiento
consecutivo. A este resultado contribuyeron la mayor producción del subsector minería
metálica en 18.15%, impulsada por la mayor explotación de cobre (21.28%), oro (14.91%),
zinc (17.70%), molibdeno (45.05%) y estaño (15.06%); en tanto que, disminuyó la producción
de plata (-0.42%).
Por el contrario, el subsector hidrocarburos disminuyó en 17.11%, por efecto de la menor
explotación de petróleo crudo (-13.37%), líquidos de gas natural (-23.67%) y gas natural (-
8.17%).
En abril, la producción de electricidad se incrementó en 5.45%, respecto a igual mes del año
anterior; con lo cual acumuló 66 meses de resultados positivos.
“La mayor cantidad de consultas está referida a la facturación por el consumo de luz”
Como conocemos, el traspaso de la propiedad de los hidrocarburos a las empresas petroleras se
hizo mediante los Contratos de Riesgo Compartido, es bajo este modelo que las empresas
tienen propiedad sobre los hidrocarburos y el derecho de fijar las condiciones de
comercialización. El Estado al no tener propiedad sobre estos recursos, esta imposibilitado de
intervenir en este proceso.
Si analizamos la Nueva Ley, constatamos que su proyecto mantiene la trampa legal establecida
en la ley 1689 y en el DS 24806 de Sánchez de Lozada, en los cuales los hidrocarburos son
propiedad de Bolivia solo cuando se encuentran en el subsuelo y pasan a ser propiedad de las

2. empresas una vez que son explotados. Podemos ver que el artículo tres de la propuesta del
gobierno ratifica la lógica de la Ley 1689 de ejercer la propiedad mediante los contratos de
riesgo compartido, esta vez denominados Contratos de Desarrollo Compartido: Art. 3. El
derecho de explorar y explotar los campos de hidrocarburos y comercializar la producción
obtenida, se ejerce por el Estado mediante YPFB autárquico, que ejecutara las actividades de
exploración, explotación y comercialización mediante contratos de operación, desarrollo
compartido o producción compartida, a ser suscritos con personas individuales o colectivas,
nacionales o extranjeras, públicas o privadas.
La importancia de determinar las respuestas cae por su propio peso: la economía del país
afrontó un período de desaceleración en el 2014 y este año buscará recuperarse.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de los 210 conflictos sociales identificados hasta el
31 de enero pasado, más de un 70% involucraba a los sectores extractivos. Es decir, minería e
hidrocarburos, precisamente los que más contribuyen con el PBI.
Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería,
una institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas
del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales
de las actividades que desarrollan.
En conclusión, se debe fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y técnicas referentes
a la conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades.