Propuesta del Partido Progresista sobre royalty minero.

1. Por una Minería al servicio el desarrollo de Chile: un
desafío para el Bicentenario
Reflexiones del Partido Progresista (PRO) ante la discusión sobre el Royalty
a la Minería
Agosto, 2010
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2. Por una Minería al servicio el desarrollo de Chile: un
desafío para el Bicentenario
I. Antecedentes
1.1 Chile, es un país privilegiado en riquezas minerales. Se estima que posee
cerca de un 38% de las reservas mundiales del Cobre. Pero también es rico
en otros minerales. Es el primer productor mundial de Molibdeno, de Renio,
el 5to productor de Plata, el primer productor de Carbonato de Litio, de
Nitratos Naturales, y de Yodo, entre otros. Según estudios internacionales,
Chile supera a todos sus competidores (Australia, Canadá Perú, China,
etc), en las perspectivas de potencial geológico.
1.2 En este contexto, la minería privada en Chile ha tenido un explosivo
aumento en los últimos 20 años. Su participación en la producción total de
Cobre pasó de un 25% en 1990 a un 68% en el 2009. Esto ha sido producto
de una fuerte entrada de capitales extranjeros (DL 600), que en las últimas
dos décadas acumula más de USD 22.000 millones, promediando en torno
al 30% de toda la inversión extranjera que llega al país. Esto ha contribuido
a que la participación de Chile en la producción mundial de Cobre, haya
crecido de un 18% en 1990 a un 35% en el 2009.
1.3 Por otra parte, las utilidades operacionales de la minería privada en las
últimas dos décadas han acumulado cerca de USD 74.000 millones, es
decir, 3,5 veces la inversión realizada. La tributación, en este período,
alcanza los USD 20.500 millones aproximadamente.
1.4 En este mismo período, CODELCO, con inversiones en torno a los USD 17.000
millones, ha contribuido al fisco del orden de los USD 41.000 millones.
Representando, hoy en día, el 32% de la producción de Cobre en el país.
1.5 La situación anterior ha sido favorecida por un marco regulatorio
extremadamente beneficioso para la inversión privada en recursos
naturales, que son propiedad de todos los chilenas y chilenos, de ésta,
como de las futuras generaciones. Marco regulatorio que no da cuenta de
los desafíos que hoy tenemos como país, del estado actual de la industria
minera, de la posición ventajosa del país en la industria internacional del
Cobre, y por sobre todo, de la necesaria discusión democrática que
debemos dar en cuanto al rol que queremos asignar a los recursos
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3. naturales en general, y a la minería en particular, en el desarrollo futuro del
país.
1.6 Esto queda en evidencia, cuando se constata, que a pesar de la
importancia del sector en los ingresos fiscales, su institucionalidad se ha
desarrollado pobremente: se mantiene invariable un código minero de
origen autoritario que asegura, entre otras cosas, concesiones indefinidas
sobre los recursos mineros, se exploten éstos o no. Por otra parte, los
organismos públicos mineros que tienen a su cargo tareas relevantes como
son la fiscalización de las faenas mineras (seguridad, producción, etc), o la
generación de información actualizada de concesiones, reservas y
recursos mineros, pago de impuestos, entre otros, cuenta con escasos
recursos y atribuciones para ejercerlos. En otras palabras, el sector minero
ha sido el “hermano pobre” del sector público.
1.7 Por otra parte, existe consenso en que la explotación de recursos naturales
no renovables, no puede ser tratado tributariamente como cualquier otro
sector económico. Existe una renta económica asociada al recurso natural
que debe recibir el propietario del mismo, en este caso, el Estado, en
representación de todos los ciudadanos. Esta renta debe ser
independiente de los impuestos que tradicionalmente pagan las
actividades productivas (y las personas) al Estado por la provisión de
servicios.
1.8 Sin embargo, el escaso poder regulador del Estado sobre sus recursos
naturales, se evidencia también en la baja tasa de tributación que tiene el
sector Minero. La carencia de un royalty, y los escasos impuestos que
pagaba la minería, generó un debate sobre la tributación minera a
mediados del 2004. Presiones políticas y económicas, impidieron aplicar un
auténtico royalty sobre la renta del recurso (tal como lo hace la mayoría de
los países del mundo). Se consensuó en cambio, un Impuesto Específico a
la Minería (IEM), que se aplica sobre la utilidad operacional de la empresa
y según tramos de venta. Para las grandes mineras, esta tasa es de un 4%
(5% para nuevas inversiones), además de asegurar invariabilidad tributaria
hasta el 2017. En consecuencia, la tasa tributaria efectiva sobre la renta
devengada bordea el 31%, constituyéndose entre las más bajas del
mundo.
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4. II. PRO-puestas
2.1 Desde el PRO, creemos que para superar los niveles de pobreza e
inequidad de nuestro país, se requiere una reforma tributaria integral, la
cual incluye, necesariamente, a la minería.
2.2 Creemos que se requiere una nueva política pública para la minería,
discutida y consensuada entre todos los actores de la sociedad. No solo
una discusión sobre la tributación minera, sino también, sobre la legislación
de la misma. Por tanto, no creemos que se deba acelerar una discusión tan
relevante para el país, que termine hipotecando el desarrollo e ingresos
futuros de la minería. Le proponemos al país, en cambio, iniciar un debate
de altura, fundado y participativo, sobre los roles futuros de la minería, y su
papel en desarrollo económico.
2.3 Este debate, en materia tributaria, debe necesariamente buscar fórmulas
que permitan al país captar la renta económica de un recurso no
renovable, y de propiedad de todos los chilenos, que hoy en día se pierde.
Creemos que hay un espacio suficiente para colocar un verdadero royalty
a la minería en nuestro país. No afectaría mayormente la inversión, por
cuanto, la riqueza de las reservas nacionales y los bajos tributos en
comparación a los principales competidores a nivel mundial, dan un
amplio margen de maniobra en términos tributarios.
2.4 Esta nueva política tributaria, debiese además tener algunos objetivos
adicionales: 1) Incentivar el desarrollo de una industria minera que le
agregue valor a las exportaciones del sector. Para ello, la nueva política
tributaria debiese diferenciar las tasas de royalty, según el grado de
procesamiento del mineral: Premiemos a quienes invierten en exportar el
mineral con mayor valor, y castiguemos a quienes exportan nuestras
riquezas a bajo costo; 2) Estimular la inversión en nuevas tecnologías, en
particular, en términos de ahorro energético. Si la minería ahorra del orden
del 2% anual, al 2020, no habremos evitado construir 3 a 4 centrales
termoeléctricas. Por tanto, creemos que el gasto en ahorro energético
puede convertirse en un crédito contra el royalty; 3) Orientar los recursos
generados por el royalty, a incentivar efectivamente la generación de
cluster en torno a la minería a nivel regional. De modo de convertir a ésta
en un motor de desarrollo de nuevos sectores económicos.
2.5 En materia legislativa, es necesario impulsar una reforma profunda a la
minería. Se requiere de un nuevo marco legal, ampliamente discutido y
democráticamente sancionado, que por un lado, resguarde los intereses
del Estado y por otro, responda a los requerimientos de un mercado
altamente competitivo y en transformación. Se debe regular la entrega de
concesiones de carácter indefinido, que no son utilizadas ni para la
exploración ni la explotación minera. Se requiere potenciar al sector
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5. público minero en atribuciones y recursos, que permitan desarrollar desde
una mayor fiscalización de las faenas mineras y los procesos productivos
hasta la recolección de información actualizada sobre reservas o nuevas
exploraciones. Hoy en día, paradójicamente, el sector público minero tiene
escaso poder fiscalizador sobre la minería privada.
2.6 Se requiere también analizar el marco legal de minerales emergentes,
como el Litio, que pueden jugar un papel clave en los mercados mundiales
a futuro. En este punto, efectivamente, el carácter de reserva estatal del
mineral impide su desarrollo, pero bajo los actuales marcos legales mineros,
con escaso poder regulador del Estado, concesiones indefinidas (ya
otorgadas en la mayoría de los salares) y baja tributación, no se hace
aconsejable avanzar en su liberalización, no antes, se establezca un marco
legal que permita mayor competitividad en la industria, incluso con
CODELCO como actor, y mecanismos que resguarden los intereses de un
recurso que es de todos los chilenos.
Comisión Política Minera
Partido Progresista (PRO)
programa@chilecambio.cl
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