Aec0c0b3cfc75d0107

MANUAL DE CÓDIGO
TRIBUTARIO
Sistema Tributario
Nacional
Código Tributario Tributos
Gobierno Regional
Gobierno Local
Gobierno Nacional
Dr. VICTOR VALLEJO CUTTI

VICTOR VALLEJO CUTTI
Manual del Código Tributario
2
DERECHOS RESERVADOS
Primera edición marzo del 2015
Derecho de edición y Artes gráficos reservados
Editora VALLEJO
RUC Nº 10096394590
Av. Los Alisos Nº 700 Urb. Carlos Cueto Fernandini
Los Olivos – Lima – Perú
Tel.: 523-0164
Copyright 2010
Víctor Vallejo Cutti, Derechos reservados de acuerdo a ley
Decreto Legislativo Nº 822
Certificado de Depósito Legal Nº
Conforme a ley Peruana de derechos de autor, queda prohibida la reproducción
total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de
ninguna forma por cualquier medio, ya sea electrónico mecánico, por fotocopia,
por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del
copyright

3
A mi esposa María Isabel, mis
hijos María y Alan, mis hermanos
Pompeyo y Eustaquio, con todo el
amor de siempre, por ser fuente de
inspiración.
"Las ciencias y las letras son
el alimento de la juventud y el
recreo de la vejez; ellas nos
dan esplendor en la prosperidad
y son un recurso y un consuelo
en la desgracia."
Marco Tulio Cicerón

4
“Rosendo Malqui no lograba explicarse
claramente de la Ley. ¡Se le antoja una
maniobra oscura y culpable¡.
Un día, sin saber por qué ni cómo, había
salido una ley de contribuciones indígena,
según la cual los indios, tenían que pagar una
suma anual … los comuneros y colonos
decían: ¿qué culpa tiene uno de ser indio?.
¿Acaso uno no es hombre?”
Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno
"Informa a nuestros compatriotas de que el impuesto que
se pague con el propósito de educar no es más que la
milésima parte de lo que se tendrá que pagar a los reyes,
sacerdotes y nobles que ascenderán al poder si dejamos al
pueblo en ignorancia." (Thomas Jefferson)

5
INTRODUCCIÓN
El Derecho Tributario se sustenta en el Artículo 74º de la Constitución Política del
Perú, Decreto Legislativo Nº 771 y el Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, en mérito a lo dispuesto en
la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1121,
faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a dictar, dentro de los ciento ochenta
(180) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de dicho Decreto
Legislativo, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, así como las
modificaciones introducidas con la finalidad de perfeccionar la Ley, para su mejor
entendimiento y aplicación por parte de la administración tributaria y los
administrados, la mismas que es materia de estudio y aplicación;
El presente Manual debe ser concebido como un material educativo que permite
servir como vehículo para afianzar conocimientos, desarrollar habilidades y
destrezas del educando, profesionales, los operadores de la administración
tributaria, así como de los administrados, en consecuencia sirve como fuente
motivador, se orienta a facilitar la lectura comprensiva y crítica, ampliar
conocimientos en otras fuentes, crear hábitos y actitudes para el procesamiento de
información, adquisición y generación de conocimientos.
Este Manual de Derecho Tributario, constituye material, sujeto a mejora continúa
y tiene por finalidad conocer el Código Tributario como sustantivo o material que
regula la obligación tributaria propiamente dicha, desde su creación hasta su
extinción. Asimismo se regulan los temas relacionados con los sujetos de la
relación jurídico-tributaria, el acreedor y deudor tributario, los responsables, la
transmisión y extinción de la obligación tributaria y la prescripción. El
Administrativo o formal, conocido también como proceso voluntario, que se
encarga de regular los deberes y las formalidades que deben cumplir los
administrados (contribuyentes, responsables, etc.), así como también las
facultades de la Administración Tributaria. Procesal Tributario, contiene el conjunto
de normas que regulan los procesos mediante los cuales se resuelven las
controversias tributarias entre la Administración Tributaria y los contribuyentes.
Área del Derecho Penal Tributario, ésta reúne al conjunto de las normas que
describen las contravenciones, las violaciones, las infracciones a los deberes y a
las responsabilidades que tienen los deudores tributarios. Así como los Delitos
Contables que reúnen los deberes y las responsabilidades del Contados Público.
Así mismo cuenta con comentarios doctrinarios, jurisprudencias de mayor
trascendencia emitidos por el Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional,
respuesta de la SUNAT a las consultas, algunos de ellos han sido transcritas en
su integridad para un mejor entendimiento del artículo, procedimientos
establecidos por la administración tributaria, las mismas permite una correcta
aplicación de los artículos y/o institutos tributarios; asimismo, contiene ejercicios
prácticos, asientos contables, modelo de escritos para facilitar el aprendizaje y
aplicación de las normas tributarias al lector de esta obra.

6
"Informa a nuestros compatriotas de que el impuesto que se
pague con el propósito de educar no es más que la milésima parte
de lo que se tendrá que pagar a los reyes, sacerdotes y nobles que
ascenderán al poder si dejamos al pueblo en ignorancia."
(Thomas Jefferson)
EVOLUCIÓN DEL TRIBUTO EN EL PERÚ
Los tributos constituyen la fuente principal de financiamiento del presupuesto
público, el impuesto es un ingreso sin una contraprestación directa al
contribuyente, sin generar obligación al estado, lógicamente sirve para el
financiamiento del gasto público en bienes y servicios, inversiones y para el pago
de la deuda externa e interna, por esta razón los gobernantes de turno siempre se
ha preocupado de la recaudación tributaria; para cuyo efecto han establecido
distintos mecanismos de recaudación en cada época y/o período de los
gobernantes de turno.
De otro lado, la política fiscal, es un elemento sustancial para la política económica
de un país, al emplearse como instrumento de objetivos macroeconómicos,
específicos como: el crecimiento económico, la estabilidad de precios y equilibrio
en la balanza de pagos, flujo de inversiones para el desarrollo, crecimiento de
puestos de trabajo y lucha contra la pobreza; asimismo, sirve para crear foco de
desarrollo de una región, departamento, provincia y/o distrito, según sea el caso,
como podemos verificar la evolución en los distintos períodos que se indica a
continuación:
La tributación en el período de los Incas
La primera forma de tributar era entregar alimentos, materias primas y productos
manufacturados a los curacas o jefes del ayllu por parte de las comunidades. Las
mismas que servía para la alimentación de la administración y defensa del imperio
y del Inca. Los curacas se quedaban con una parte de estas contribuciones y, el
resto, era enviado al Inca, este método permitía al Inca saber exactamente cuánto
se había producido y que pueblos habían cumplido con su obligación, gracias al
preciso sistema de contabilidad incaico (quipus).
La segunda forma de tributar eran los trabajos colectivos en tierras del Inca. Los
productos que se obtenían estaban destinados a mantener al Inca, a los nobles y
al ejército. Una parte de ellos se reservaba para alimentar a los campesinos, en
tiempos de escases de alimentos como consecuencia del mal tiempo. Los
miembros del ayllu realizaban trabajos públicos, periódicos y rotativos, a los que
se los denominaba mita. El tiempo de la Mita fue variable y podía extenderse
durante bastante tiempo; este servicio, obligatorio era entre los 21 y los 50 años,
estaban exentos los artistas y los artesanos; el sistema de la mita era utilizado
para hacer trabajos en las minas, en el empedramiento de calles, en la excavación
y limpieza de canales, en la construcción de caminos y puentes, en la edificación
de palacios y templos, en el transporte de bienes, y en el levantamiento de silos,

7
etc. La Minca, era el tributo pagado en forma de trabajo que se invertía en la
propia región y/o localidad.
La tributación en el período de la Colonia
En el año 1541 la Real Cédula del Rey Carlos I Habsburgo, creó los virreinatos de
Nueva España y el Perú, imponiendo un nuevo sistema político que desplace a la
baja nobleza que manejaba las gobernaciones y tener un control político directo
de los nuevos dominios así como asegurar el aprovechamiento de territorios ricos
en metales preciosos y con gran cantidad de población (en la zona andina
encuentran 12 millones de nativos del imperio incaico.
Por lo que se crea la institución de la encomienda, encargada de la cobranza del
tributo a través del encomendero, en compensación de los servicios que había
prestado a la Corona, para recibir los tributos o impuestos por los trabajos que los
indios debían cancelar a la Corona. A cambio el español debía cuidar de ellos
tanto en lo espiritual como en lo terrenal, preocupándose de educarlos en la fe
cristiana. El tributo se pagaba en especie “con el producto de sus tierras”, o en
servicios personales o trabajo en los predios o minas de los encomenderos
Todo indígena varón que tuviera entre 21 y 50 años de edad, era considerado
tributario, es decir estaba obligado a pagar un tributo al rey, en su condición de
“vasallo libre” de la Corona de Castilla. Este tributo, era el que cedía el Rey al
encomendero como merced otorgada a su labor en la Conquista.
Otra forma de tributo fue la mita minera. Esta fuerza de trabajo distaba mucho de
la mita prehispánica pues los indígenas no recibían nada a cambio. Ya no era
dentro de los cánones de reciprocidad, sino para cubrir, con energía humana, los
pagos del tributo asignado.
Asimismo, se instaura el Alcabala1 al comercio interno y almojarifazgo al comercio
exterior fue un tributo que se pagaba por el traslado de mercaderías que
ingresaban o salían del Perú.
La tributación en la Constitución Política en el período de lo República
1
La alcabala fue el impuesto más importante del Antiguo Régimen en la Corona de
Castilla sobre el comercio y, desde luego, el que más ingresos producía a la hacienda real
pues aunque el diezmo era aún más importante, su perceptor principal era la Iglesia, con
participación del rey. Se utilizaba habitualmente en plural: las alcabalas.
A pesar de que aparentemente era un impuesto indirecto que gravaba las compra ventas y
todo tipo de transferencias (era pagado por el vendedor en la compraventa y por ambos
contratantes en la permuta)

8
En las Constituciones del Perú, durante la vida republicana, se ha legislado el
tributo (impuesto, contribuciones, tasas y derechos) en los siguientes términos:
Protectorado del General Don José de San Martin
Estatuto Provisorio del 8 de octubre de 1821
Artículo tercero otorga las facultades para imponer contribuciones.
En este caso el poder ejecutivo tenía facultades para imponer las contribuciones
que deben pagar los contribuyentes.
Gobierno del Mariscal José Bernardo Torre Tagle
Constitución Política de la República Peruana, Sancionada por el Primer Congreso
Constituyente el 12 de Noviembre de 1823
“Artículo 60º.- Son facultades exclusivas del Congreso:
9.- Decretar las contribuciones, impuestos y derechos para el sostén y defensa de
la República”.
Artículo 149º.- El Presupuesto de los gastos públicos fijará las contribuciones
ordinarias, mientras se establece la única contribución. Adoptándose por regla
constante al acrecer la Hacienda por el fomento de ramos productivos a fin de
disminuir las imposiciones en cuanto sea posible.
Artículo 162º.- Las contribuciones se repartirán bajo regla de igualdad y
proporción, sin ninguna excepción, ni privilegio.
Gobierno del Mariscal Simón Bolívar
Constitución Política de 1826 (1 de julio de 1826)
Art. 12º.- Son deberes de todo Peruano:
3.- Contribuir a los gastos públicos.
Art. 43º.- El Tribunado tiene la iniciativa:
2.- En las contribuciones anuales y gastos públicos.
Gobierno del Mariscal José de la Mar
Constitución Política de la República Peruana 1828 (18 de marzo de 1828)
Art. 159º.- Las contribuciones se repartirán proporcionalmente entre los
ciudadanos, sin excepción ni privilegio alguno.
Gobierno del General Luis de Orbegoso
Constitución Política de la República Peruana Dada por la Convención
Nacional el día 10 de Junio de 1834
Art. 168º.- La facultad de imponer contribuciones directas o indirectas corresponde
exclusivamente al Congreso; y sin una ley expresa ninguna autoridad ni individuo
de la República puede imponerlas bajo pretexto alguno.
El gobierno de Salaverry creó cupos y exenciones arbitrarias como el cobro
integro de diezmos y la liberación de derechos de esclavos, restableció la
esclavitud en forma indirecta.

9
Gobierno del Mariscal del Mariscal Agustín Gamarra
Constitución política de la república peruana, dada por el Congreso General
el día 10 de noviembre de 1839 en Huancayo
Art. 162º.- Las contribuciones se repartirán proporcionalmente entre los
ciudadanos, sin excepción ni privilegio alguno.
Gobierno del Mariscal del Mariscal Ramón Castilla
Constitución de la República Peruana dada el 13 de octubre de 1856 y
promulgada en 19 del mismo mes.
Art. 8º.- No puede imponerse contribuciones sino en virtud de una ley, en servicio
público y en proporción a los medios del contribuyente.
Las contribuciones directas no podrán imponerse sino por un año.
Gobierno del Mariscal del Mariscal Ramón Castilla
Constitución Política del Perú del 10 de Noviembre de 1860
Artículo 8.- No puede imponerse contribuciones sino en virtud de una ley, en
proporción a las facultades del contribuyente, y para el servicio público.
Gobierno del General Mariano Ignacio Prado
Constitución Política del Perú Sancionada por el Congreso Constituyente de
1867 (29 de agosto de 1867)
Art. 7º.- Sólo el Congreso puede imponer contribuciones. Si se estableciesen
contribuciones personales, no podrán imponerse sino por determinado tiempo.
Art. 59º.-Son atribuciones del Congreso:
5º.-Imponer contribuciones, y suprimir o modificar las establecidas
Gobierno de José Pardo
Constitución para la República del Perú, Dictada por la Asamblea Nacional
de 1919 y promulgada el 18 de Enero de 1920
Art. 7º.- No pueden crearse, modificarse ni suprimirse contribuciones sino en virtud
de una ley y para el servicio público.
Sólo la ley puede exonerar en todo en parte del pago de los impuestos; pero
nunca por razón de las personas.
Art. 8º.- La contribución sobre la renta será progresiva
Art. 61º.- Todo peruano está obligado a servir a la República con su persona y sus
bienes en la forma y en la proporción que señalen las leyes. El servicio militar es
obligatorio para todo peruano. La ley determinará la manera en que iba ser
prestado y los casos de excepción.
Gobierno del General Luis M. Sánchez Cerro

10
Constitución Política del Perú (29 de Marzo de 1933)
Artículo 8º.- Sólo para el servicio público podrá la ley crear, alterar o suprimir
impuestos, y exonerar de su pago en todo o en parte. No hay privilegios
personales en materia de impuestos.
Artículo 195.- Están prohibidas la creación y la subsistencia de impuestos
generales en beneficio de una circunscripción determinada, salvo el caso de su
afectación a obras que tengan carácter nacional declarado por el Congreso.
Artículo 196.- No puede gravarse con impuestos la importación ni la exportación
internas.
Gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry
Constitución para la República del Perú (promulgada el 12 de Julio de 1979)
Artículo 77º.Todos tienen el deber de pagar los tributos que les corresponden y de
soportar equitativamente las cargas establecidas por la ley para el sostenimiento
de los servicios públicos.
Artículo 139º.Solo por ley expresa se crean, modifican o suprimen tributos y se
conceden exoneraciones y otros beneficios tributarios. La tributación se rige por
los principios de legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza
y economía en la recaudación. No hay impuesto confiscatorio ni privilegio personal
en materia tributaria. Los gobiernos regionales pueden crear, modificar y suprimir
tributos o exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan por ley.
Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones, arbitrios y
derechos o exonerar de ellas, conforme a ley.
Artículo 195º.La ley es obligatoria desde el décimo sexto día ulterior a su
publicación en diario oficial, salvo, en cuanto el plazo, disposición contraria de la
misma ley. Las leyes que se refieren a tributos de periodicidad anual rigen desde
el primer día del siguiente año calendario.
Gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori
Constitución Política del Perú de 1993
Artículo 56°.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su
ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las
siguientes materias:
También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican
o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los
que requieren medidas legislativas para su ejecución.
Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación
de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto
supremo.

11
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y
con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe
respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los
derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter
confiscatorio.
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas
sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a
partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el
presente artículo2. (Artículo modificado por Ley Nº 28390, publicada el 17 de noviembre de
2004)
Como se puede comprobar, hasta la Constitución Política de 1979, los impuesto y
las contribuciones no estaban claramente establecidos en las cartas políticas, por
tener una visión liberal del Estado, como lo indica el Dr. Manuel Estela Benavides3
el deber de contribuir no estuvo presente en el diseño del estado y que, en
realidad los sectores excluidos “andinos básicamente” fueron obligados durante la
primera canturía republicana a tributar para un estado que nunca respondió a sus
necesidades y que, además, le negaba la posibilidad de participar en su
formación.
A partir de la Constitución de 1979, el Estado Peruano se estructuró como Estado
Social y Democrático de Derecho, al incluir una disposición que daba cobertura
expresa al deber de contribuir, la referida norma estructuró por un lado al pago de
los tributos y de otro lado el soporte de cargas establecidas por la Ley. Durante su
vigencia no se produjo desarrollo significativo de la dogmática tributaria, por parte
del Tribunal Constitucional, con razón el constitucionalista Domingo García
Belaunde afirmó que antes de la Constitución de 1979, el Derecho Constitucional
era “La ceniciencia de las ciencias jurídicas”.
2
Antes de la reforma, este artículo tuvo el siguiente texto:
“Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración,
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de
éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad
tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los
derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.
Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de
periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las
leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria.
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente
artículo.”
3
Reforma del Sistema y la Administración Tributaria

12
Sin embargo la Constitución de 1993, sufre un retroceso en materia tributaria, al
excluirse en el artículo 74º lo referente a que “Todos tienen el deber de pagar
los tributos que les corresponden y de soportar equitativamente las cargas
establecidas por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos”. Lo
que implica tácitamente que no todos están obligados a pagar tributos, con la
finalidad de otorgar privilegios a un grupo de compatriotas y/o inversionistas
extranjeros
A partir de la Constitución de 1993, el Tribunal Constitucional ha desarrollado un
rol muy importante y preponderante en la Dogmática tributaria constitucional a
través de sus sentencias, esta doctrina constitucional contribuye a la
consolidación de un Estado de Derecho en el que el ejercicio de la acción conduce
a resultados predecibles y, además, ejecutables.
El maestro Dr. Marcial Rubio Correa, señala4 “En el Perú no existían criterios
generales de interpretación de los derechos fundamentales. Hasta la aparición del
Tribunal de Garantías Constitucionales de la Carta de 1979 podemos decir que, en
realidad, los derechos constitucionales no eran principios jurídicos de segura
aplicación en la jurisprudencia. Los trabajos de Domingo García Belaúnde para las
décadas de 1930 a 1970 así lo atestiguan. En el tratamiento del hábeas corpus
(que a la vez era amparo) en las normas previas a la Constitución de 1979 no
había criterio seguro alguno sobre en qué basar un reclamo en materia de
derechos constitucionales. La jurisprudencia era escasa y muchas veces o
contradictoria o claramente influida por el poder político. El Tribunal de Garantías
Constitucionales defenestrado en 1992 y el Tribunal Constitucional cercenado en
la segunda mitad de los años de 1990 hicieron unos primeros y tímidos aportes
pero verdaderamente fragmentarios, muy ligados a los casos resueltos, sin
verdadera vocación de crear una doctrina jurisprudencial propia. Hoy, en lo
concreto, es muy poco lo que puede rescatarse con utilidad de la jurisprudencia de
aquellos años. La actividad constitucional de protección de los derechos debía
fundarse casi exclusivamente en los aportes de la doctrina.
Ha sido a partir del año 2001 que el Tribunal Constitucional ha transformado el
panorama constitucional peruano y, con él, también el panorama jurídico general,
en aplicación de la Constitución Política del año 1993, promulgada durante el
Gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori.
Con la incorporación del artículo 62º en nuestra carta política referido a la Libertad
de contratar y contrato ley, han migrado las inversiones al Perú, especialmente la
mineras, bancarias y de servicios. De otro lado, como consecuencia de la venta de
las empresas de estado al sector privado ha dinamizado la economía peruana, por
ende las inversiones en las pequeñas empresas.
4
Gaceta del Tribunal Constitucional N.º 1, enero-marzo 2006,
http://www2.scjn.gob.mx/investigacionesjurisprudenciales/seminarios/2o-seminario-
jurisprudencia/modulo-vii/11marcial-rubio-correa-jurisprudencia-y-precedente-vinculante.pdf

13
El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al
capital; es la armonía, la conciliación, el
acercamiento común de uno y del otro.
José Martí
DERECHO
La palabra Derecho, deriva del latín Directue o de Dirigere, que significa
enderezar, alinear, etc.
El Dr. Anibal Torres Vasquez5, señala: “La palabra Derecho es ambigua por ser
susceptible de múltiples conceptos. El termino presenta también problemas de
vaguedad, tanto porque no hay acuerdo sobre las notas de caracterizan al
derecho, para unos será la coacción para otros la generalidad, etc.”
El Dr. Juan D. Ramírez Gronda, en su obra Diccionario Jurídico Señala:
Numerosos han sido los intentos para caracterizar el significado de derecho, Kant
había dicho: “Todavía buscan los juristas una definición de su concepto de
derecho” y propone el siguiente: “ Es el complejo de las condiciones por las cuales
el árbitro de cada uno puede coexistir con el árbitro de los demás, según una ley
universal de libertad”, pero se ha señalado esta definición se refiere al derecho
natural (ideal jurídico); en tanto que la definición lógica y universal del Derecho
debe comprender todo los posibles sistemas de derecho habidos y por haber ; no
solamente el derecho justo , sino también el que no lo es se ha dicho que es un
conjunto de normas jurídicas6 que forman un sistema cerrado, al punto que las
soluciones hay que buscarlas en las propias normas; ofrece seguridad jurídica a
las relaciones sociales que se desarrollan en ese lugar y tiempo.
El Dr. Guillermo Cabanellas de Tores en su diccionario jurídico elemental, señala:
“Derecho del latín directus, directo; dirigere, enderezar o alinear. La complejidad
de esta palabra, aplicable en toda las esferas de la vida y la singularidad de
construir la fundamental de esta obra, y en todo el mundo jurídico (positivo,
histórico y doctrinal), aconsejan, más que nunca, proceder con orden y detalle.
5
Introducción al Derecho, Teoría General del Derecho, Segunda edición, Pag. 95
6 La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la
autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una
sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos. Regla o precepto de carácter
obligatorio, emanado de una autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de validez en una
norma jurídica que autoriza la producción normativa de ésta, y que tiene por objeto regular las
relaciones sociales, o la conducta del hombre que vive en sociedad, son diferentes a las normas
sociales, ya que tienen la característica de la coercibilidad, la posibilidad legítima de recurrir al uso
de la fuerza socialmente organizada n caso de su incumplimiento, busca cumplir con las
finalidades concretas del ordenamiento jurídico, la paz, el orden y la seguridad. Se diferencia de
otras normas de conducta en su carácter heterónomo (impuesto por otro), bilateral (frente al sujeto
obligado a cumplir la norma, existe otro facultado para exigir su cumplimiento), coercible (exigible
por medio de sanciones tangibles) y externo (importa el cumplimiento de la norma, no el estar
convencido de la misma).

14
Según G. Radbruch, el concepto de derecho constituye la idea del derecho lo que
el ser al deber ser. Por consiguiente pertenece al mundo del ser; sin embargo no
es posible derivar el concepto inductivamente, empíricamente, de los fenómenos
jurídicos, para cuyo efecto sería necesario que los fenómenos jurídicos, para ello
es necesario que estos fenómenos jurídicos empezasen por ser conocidos por
tales; consecuentemente el concepto de derecho es a priori, que sólo puede ser
obtenido por la vía deductiva.
El derecho es un fenómeno no cultural, por consiguiente los conceptos culturales
no son conceptos axiológicos ni puro conceptos ontológicos, son concepto referido
al valor “verdad”
Así el pensamiento jurídico no pueden prescindir de conceptos como los derechos
objetivos y los derecho subjetivos.
Efectivamente son numerosos los tratadistas que se han abocado a la misión de
definir lo que es el Derecho. Sin embargo, a través de la historia, se han sucedido
una serie de orientaciones que han identificado al Derecho con uno sólo alguno de
sus elementos. Así tenemos que los iusnaturalistas consideran al Derecho en su
aspecto estimativo, la escuela historicista en su fase social aunque desde un
punto de vista romántico y el positivismo concibe al fenómeno jurídico como un
conjunto de normas, por lo que se cita algunos de ellos con que comparto.
Según la Teoría Tridimensional del Derecho7 de Miguel Reales, El concepto
"Derecho" es el resultado de la interacción entre vida humana, valores y normas
jurídicas. Es la unidad resultante de esta interacción a la que podemos referirnos
con el concepto "Derecho".
Para el maestro Dr. José Antonio Silva Vallejo (Peruano), en "La Teoría
Pluridimensional del Derecho", señaló que el Derecho no está constituido sólo por
normas, hechos y valores, sino también por factores como el tiempo y el espacio
jurídico, y la historia junto con sus afinidades e ideologías. Dijo que es complicado
dar una definición precisa del concepto Derecho, pues son diversas las respuestas
como las escuelas, las doctrinas, los juristas y el ciudadano mismo, a tal grado
que pretende identificarse al Derecho con la ley. Mencionó que el Código Francés
y la Escuela de Exégesis Francesa fueron quienes se encargaron de proponer una
solución al problema de la supuesta identidad entre el derecho y la ley, a la luz del
planteamiento de la explicación. Indicó que otros autores han señalado que para el
jurisconsulto, abogado o juez, sólo existe un solo derecho: el derecho positivo.
El Dr. Eduardo García Maynez, sostiene que el Derecho puede ser visto desde
tres perspectivas, a saber: a) Derecho formalmente válido, es el creado y
reconocido por la autoridad competente, investida para ello; b) Derecho
intrínsecamente válido, es aquel que conocemos como Derecho natural y c)
7
Editorial EDEVAL, 1978

15
Derecho positivo, es aquel Derecho que tiene la característica de la eficacia, o sea
es aquel Derecho que se cumple.
Para el Dr. Carlos Cossio (Teoría egológica), El Derecho es considerado como un
objeto cultural egológico. El objeto del Derecho es la conducta humana, que tiene
estructura valorativa y la norma es la que se integra a la conducta. La conducta
humana se revela así como elemento integrador de las normas y valores.
Para el Dr. Carlos Fernández Sessarego (Peruano), la conducta humana es
“libertad metafísica fenomenalizada. Libertad que se manifiesta. Y, por poseer un
sentido, por tener una contextura estimativa, es un objeto cultural", agregando que
"pero, además, y para que sea posible la ciencia del Derecho, esa conducta en su
relación intersubjetiva y realizando determinados valores debe estar representada,
mentada, por normas, desde que toda ciencia comporta un orden de
conocimientos sobre su "objeto".
El sentido del Derecho es proteger la libertad que somos y la posibilidad de
realizarnos en cuanto a tales al dar cumplimiento a nuestro personal "proyecto de
vida". Ello, respetando a los demás en el ejercicio de sus respectivas libertades y
en sintonía con el bien común.
El principal rasgo característico del derecho, es su impositividad inexorable, que
obviamente difiere de la coactividad; toda vez que la coactividad se refiere sólo a
la coacción de garantizar el cumplimiento de los deberes establecidos en sus
reglas.
Finalmente de acuerdo al diccionario, Derecho formalmente válido, es el creado y
reconocido por la autoridad competente, investida para ello; b) Derecho
intrínsecamente válido, es aquel que conocemos como Derecho natural y c)
Derecho positivo, es aquel Derecho que tiene la característica de la eficacia, o sea
es aquel Derecho que se cumple.
Derecho público
Es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y
entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público, cuando estos
últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas. El Derecho
Público está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que regulan la
organización del Estado y las relaciones que se dan entre éste y los sujetos
particulares.
Su característica radica en la autonomía del funcionario público facultados para
dar leyes. Son mandatos «irrenunciables y obligatorios», en virtud de ser
mandados en una relación de subordinación por el Estado (en ejercicio legítimo de
su principio de Imperio- Jus Imperium). La justificación es que regulan derechos
que hacen al orden público y deben ser acatados por toda la población.

16
Así mismo, se ha definido al Derecho público como la parte del ordenamiento
jurídico que regula las relaciones de supra ordenación y de subordinación entre el
Estado y los particulares y las relaciones de supra ordenación, de subordinación y
de coordinación de los órganos y divisiones funcionales del Estado entre sí.
Estado
La palabra Estado en términos jurídico – político se le debe a Nicolás Maquiavelo,
quien introdujo en su obra "El Príncipe" al señalar: "Los Estados y soberanías que
han tenido y tiene autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o
principados. Los principados son, o hereditarios con larga dinastía de príncipes, o
nuevos; o completamente nuevos, cual lo fue Milán para Francisco Sforza o
miembros reunidos al Estado hereditario del príncipe que los adquiere, como el
reino de Nápoles respecto a la revolución de España. Los Estados así adquiridos,
o los gobernaba antes un príncipe, o gozaban de libertad, y se adquieren, o con
ajenas armas, o con las propias, por caso afortunado o por valor y genio". Sin
embargo, en términos generales se entiende por Estado a la organización política
y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y bajo un poder de mando
según la razón.
Para el filósofo Platón, la estructura del Estado y del individuo son iguales, y con
ello, analiza las partes y funciones del Estado y posteriormente, las del ser
humano, con lo cual establece el principio de Estado anterior al hombre, porque,
además, la estructura de aquél, aun siendo igual a la de éste, es más objetiva o
evidente.
El Filósofo Aristóteles, parte de la teoría Jus naturalista, al enfatizar y declara que
el Estado existe por naturaleza, y por tanto, es anterior al hombre, no por ser éste
autosuficiente y solo podrá serlo respecto al todo, en cuando a su relación con las
demás partes, complementando su expresión al decir, en base a su Zoon
Politikón, que quien no convive con los demás en una comunidad, "o es una
bestia, o es un dios".
Luis XIV rey de Francia, en la época del absolutismo se atreve a decir la ya
conocida frase "El Estado soy yo", que esto no implica más que la falta de
raciocinio en la que se vivía en ese tiempo, indica solo la más pura esencia del
absolutismo en sí, se tomaba al Estado como un régimen político en el que una
sola persona, el soberano, ejercía el poder con carácter absoluto, sin límites
jurídicos ni de ninguna otra manera. El Estado no era sino una prolongación de las
características absolutas del rey en ese tiempo. Por otro lado, a la revolución
Francesa se le considera como la pauta principal del cambio de la evolución del
significado de la palabra Estado, pero eso lo veremos en otro apartado de este
escrito. Por el momento, daré un breve recorrido por los Estados Antiguos
Estado, también es un concepto político que se refiere a una forma de
organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones

17
involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio
determinado.
Hermann Heller define al Estado como una "unidad de dominación, independiente
en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder
propios, y claramente delimitado en lo personal y territorial".
Max Weber, Define el Estado moderno como una "asociación de dominación con
carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un
territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha
reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a
todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho
propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”.
Principios dogmáticos fundamentales
1. Derecho objetivo: Es el conjunto de normas jurídicas por las que se rige una
sociedad y que se pueden imponer a un sujeto por la fuerza por su carácter
de obligatoriedad. Es decir se puede exigir su cumplimiento coactivamente.
2. Derecho subjetivo: Es la facultad que el ordenamiento jurídico concede a un
particular para determinadas cosas. Por ejemplo, una persona puede tener
derecho a la propiedad de una determinada cosa.
Proceso.-
La palabra proceso, deriva de procedere y Processus, que en sus acepciones
significa: avanzar, cambio seguir, trayectoria a recorrer hasta un fin determinado.
Proceso en sentido dinámico y amplio, significa cualquier fenómeno,
desenvolvimiento o desarrollo, esto es físico, psíquico, biológico, etc.
Desde el punto de vista jurídico proceso es el fenómeno o estado dinámico
producido para obtener la aplicación de la Ley a un caso concreto y particular.
Está constituido por un conjunto de actividades, o sea de muchos actos ordenados
y consecutivos que realizan los sujetos que en el intervienen.
El proceso judicial es básicamente la exigencia constitucional para el desarrollo
rogado de la jurisdicción. El proceso sirve a la satisfacción de los intereses
jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente instituido
para ello.
El procedimiento consiste en el conjunto de normas jurídicas generales que
regulan los trámites, actos y resoluciones a través de los cuales los jueces y
tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado.

18
Derecho tributario o derecho fiscal
Es una rama del derecho público encargada del estudio de las normas jurídicas
a través de las cuales el Estado Peruano ejerce su poder tributario con la finalidad
de obtener de los contribuyentes (particulares) recursos económicos (ingresos)
que sirvan para la redistribución de la riqueza, también sirve para sufragar el gasto
público, pago de remuneraciones a los funcionarios y servidores del Estado, gasto
en la adquisición de bienes y servicios y gastos de capital en la ejecución de obras
públicas para el bienestar de la población en aras de la consecución del bien
común.
Es la disciplina que estudia el tributo, la interrelación de la administración tributaria
y los administrados, los deberes tributarios, es la columna vertebral de la política
económica de un país.
Según el Dr. Matos8 “El Derecho Tributario se puede definir como el conjunto de
normas encaminadas a optimizar la recaudación tributaria en armonía con los
derechos fundamentales que tienen los contribuyentes.
El profesor Dr. Dino Jarach, conceptúa9: “El Derecho Tributario es el conjunto de
las normas y principios jurídicos que se refieren a los tributos. La ciencia del
derecho tributario tiene como objetivo el conocimiento de esas normas y
principios“
El Profesor Paulo de Barrios Carvalho10, “El Derecho Tributario positivo es la rama
didácticamente autónoma del Derecho, formado por el conjunto de las
proposiciones jurídicas (normativas y no normativas), que corresponden directa o
indirectamente, a la creación, recaudación y fiscalización de tributos”
El Derecho Positivo, constituye un sistema comunicacional, funcionalmente
diferenciado y dotado de programas y códigos propios, por ser un lenguaje, que
constituye las normas jurídicas, expresadas por palabras e insertadas en el
ordenamiento, que consiste en la estabilización de las expectativas normativas; El
sistema jurídico se diferencia de los demás sistemas sociales, por estar
encargado de garantizar la conservación de las expectativas normativas, aunque
estas vengan a ser frustradas en virtud de la adopción de comportamientos
divergentes de aquellos normalmente previstos. “El propio texto crea las acciones
que pueden ser calificadas como jurídicas y el hecho de regular la acción no
significa que la acción jurídica exista antes del texto, pero sí que es el texto que la
constituye. Por extraño que pueda parecer, el homicidio como acción jurídica sólo
8
Alan Emilio Matos Barzola, Publicado en el Suplemento de Análisis Legal JURIDICA del Diario
Oficial El Peruano el 13 de octubre del 2009, página 2.
9
Paulo de Barrios Carvalho, Teoría de la Norma Tributaria, pag.67
10
Paulo de Barrios Carvalho, Teoría de la Norma Tributaria, pag.69

19
existe después que el texto jurídico prescribe lo que se debe entender por
homicidio”11. Sólo así la acción ingresa en el sistema del derecho positivo
Concepto de Norma.-
La norma jurídica desde una perspectiva de su carácter lógico jurídico, es un
mandato de cierto supuesto jurídico que debe seguir una consecuencia, la misma
que está respaldado por la fuerza del Estado, en caso de incumplimiento, por su
carácter coactivo.
Según Kelsen, la estructura adecuada de la norma quedaría representada por la
proposición implícativa cuya esquematización sería la siguiente: A B (si A
entonces B).
Por consiguiente la norma tiene tres elementos que conforman su estructura
interna:
El supuesto A.- es aquella hipótesis que, de ocurrir desencadena la
consecuencia, es una conducta a cuya realización está ligada la sanción; la B
constituye el efecto atribuido por el derecho a la verificación del supuesto en la
realidad, es decir es una imposición de sanción como un deber- ser- jurídico; ( )
es el nexo lógico-Jurídico vinculante entre el supuesto y la consecuencia; de otra
parte el Estado garantiza su cumplimiento cada uno de ellas, a través de los
órganos y operadores de justicia.
Los caracteres de la norma jurídica son:
• Coercitiva, Consiste en que el Estado tiene la capacidad de aplicar por medio de
la fuerza a través de los operadores de la justicia.
• Sanción, Es la consecuencia o efecto de una conducta que constituye infracción
de una norma jurídica, pudiendo ser sanción administrativa pecuniaria y/o pena
privativa
• Generalidad, significa que la norma jurídica no se dirige al individuo determinado
sino a la colectividad, aún en leyes que dan honores o privilegios, sigue siendo
general porque todos deben respetar esos privilegios y honores. Y,
• Abstracción e hipoteticidad, una norma jurídica es abstracta por ser general e
hipotético, prevé casos y sanciones tipos y no casos concretos.
• Es hipotético porque para pasar a la tesis tienen que realizarse la hipótesis. Ej.:
“Quien omite pagar las retenciones dentro del plazo previsto—hipótesis— pagará
como multa el 50% del tributo omitido—tesis —”.
11
Gregorio Robles, O direito como texto, quatro estudios de teoría de comunicacional do direito, pág. 29

20
• Para ser abstracto tienen necesariamente que ser general e hipotético, pero
nótese que hay normas jurídicas generales pero concretas: las normas penales:
Generales para todos, concretos para quien realice la hipótesis.
• La imperatividad, no es carácter sino su naturaleza porque la norma jurídica es
un mandato

21
"Los impuestos son el precio que
pagamos por una sociedad civilizada."
(Oliver Wendell Holmes)
DOGMATICA12 DEL DERECHO TRIBUTARIO
Derecho Constitucional Tributario
El derecho tributario constitucional, estudia las normas fundamentales que regulan
la imposición de tributos y su delimitación en función a los derechos
fundamentales de la persona, las mismas que están contenidos en la Carta Magna
del Perú, la inmunidad tributaria que constituyen una garantía fundamental, para
evitar el abuso del poder de imposición de tributos (ius imperium). Lo expuesto
podemos advertir en el Artículo 19º de la Constitución Política que está referido al
régimen tributario de la educación.
Es preciso señalar que el artículo 1º, 2º y 3º de nuestra Carta Política, establece
con meridiana claridad que el bien jurídico tutélalo es la Persona Humana y su
dignidad, dentro de ello encontramos la igualdad ante la ley, que guarda una
estrecha relación con el derecho canónico, por cuanto la biblia en Génesis 1.27,
señala: “ Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó”. Esta máxima fuerza jurídica, permite desarrollar a los
operadores de la administración de justicia, especialmente al Tribunal
Constitucional, sentencias que desarrollan estas normas básicas, basados en un
estado de derecho, democrático y estricto respecto a la persona humana.
En nuestro caso, el Tribunal Constitucional en forma sistemática y apropiada ha
desarrollado la dogmática tributaria constitucional, en cumplimiento a lo dispuesto
en el título Preliminar, artículo II del Código Procesal Constitucional, que
establece: “Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar
la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales.” Al respecto el Dr. Javier Valle Riestra13, señala: “Se considera
dos fines: la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos
fundamentales, creemos que si dentro del contexto del Estado Social y
Democrático de Derecho, el otro fin es la limitación del poder. Con acierto esta
norma se refiere a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, sobre
entiende tácitamente su reconocimiento Constitucional”.
Igualmente el “artículo V.- Interpretación de los derechos constitucionales, El
contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos
12
La dogmática jurídica es una disciplina perteneciente al Derecho, cuyo método se basa en la elaboración de complejos
sistemas de carácter formal, compuestos por dogmas jurídicos o tipos. Tales dogmas han de extraerse del contenido de las
normas jurídicas positivas, utilizando la abstracción, y siguiendo una serie de operaciones lógicas que otorgan a la
dogmática jurídica un carácter eminentemente sistemático. En ese sentido, es de destacar lo afirmado por autores como
Radbruch acerca de que la ciencia jurídica estrictamente concebida como dogmática del derecho puede ser definida como
la ciencia que versa sobre el sentido objetivo del derecho positivo
13
Javier Valle Riestra, Código Procesal Constitucional, Tomo I, pag.85,

22
regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos
humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales
sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.
El Dr. Javier Valle Riestra14 cita lo expuesto por el jurista “Edgar Carpio Marcos,
observa , … él reconocimiento de los derechos fundamentales constituye uno de
los capítulos más importantes de toda Constitución. De ahí que los problemas que
se deriven en torno a su interpretación está asociada a la interpretación de la
misma Norma Suprema. Después de todo, son las disposiciones que las
contienen las que expresan las cuotas de peculiaridad que se ha puesto de relieve
para justificar su tratamiento ad hoc, (…) por ello, además de los criterios de
interpretación de la ley-en sí mismos insuficientes para abordar los problemas que
se derivan de la peculiaridad de las normas constitucionales -, en términos
generales se admite, la traslación de los criterios de interpretación constitucional
al amparo de los derechos fundamentales, esto es, la aplicación de los principios
de unidad de la constitución, concordancia práctica, eficacia integradora,
interpretación conforme, etc”.
Desarrollo dogmático tributario por el Tribunal Constitucional
A partir de la Constitución de 1993, el Tribunal Constitucional del Perú, ha
desarrollado con mayor dinamismo, la dogmática tributaria; debido que a partir de
esta fecha, la cobranza de las obligaciones tributarias ha estado a cargo de la
SUNAT, institución encargada de recaudar los tributos internos y la SUNAD,
encargada de la cobranza de los tributos aduaneros y la lucha contra el
contrabando, acciones que ha tenido efectos significativos en la conciencia
tributaria de nuestros empresarios y compatriotas; situación que ha motivado,
reclamos y acciones de amparo, por parte de los contribuyentes que estaban
acostumbrando a pagar lo que ellos estimaban conveniente, debido a que los
gobernantes de turno otorgaban anualmente amnistía tributaria, premiando a los
malos contribuyentes que no cumplían con su obligación de la prestación tributaria
en forma oportuna; situación que desalentaba a los buenos contribuyentes que
cumplían su prestación tributaria en forma correcta dentro del plazo establecido;
lamentablemente la SUNAD fue absorbido por la SUNAT, a partir de esta fecha ha
disminuido su calidad de recaudación tanto de tributos internos y aduaneros,
incrementándose significativamente el contrabando y la evasión tributaria;
De acuerdo al Resumen Ejecutivo de junio 2013 publicado por la SUNAT:
“En agosto, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central (sin incluir las
Contribuciones Sociales) ascendieron a S/. 7 215 millones, registrando un
incremento real de 6,6% respecto de similar mes del año 2012.
Los resultados de agosto recogen el mayor dinamismo que sigue mostrando la
actividad económica nacional (el PBI al mes de Julio registro un crecimiento de
4,5% y la Demanda Interna alcanzó un 4,4%); ello complementado por los
14
Idem pág. 98

23
resultados de las mayores acciones de fiscalización y cobranza que viene
desplegando la SUNAT.
Con relación a los principales tributos, en agosto, el Impuesto a la Renta registró
un incremento real de 0,1% (Regularización creció 6,7%, Renta de Segunda
Categoría creció 4,8%, Renta de Cuarta Categoría creció 20,6%, Renta de
Primera Categoría creció 24,6%, Renta de Tercera disminuyó 8,4%, No
Domiciliados creció 30,2%, y Otras rentas disminuyeron 36,4%), el IGV Total
creció 11,8% atenuado por el ISC total que disminuyó 0,4%”.
Al margen de lo expuesto a generado un desarrollo apropiado y coherente en la
dogmática tributaria, por parte del Tribunal Constitucional del Perú, la misma que
permite un mejor entendimiento de los principios tributarios expuesto en el artículo
56º y 74º de nuestra Carta Política, consecuentemente ha pasado de ser un
documento meramente político a ser una norma jurídica vinculante para todo los
ciudadanos y poderes públicos, especialmente para los contribuyente y la
administración tributaria, al mismo tiempo constituye una jurisprudencia por
tratarse de la interpretación de la Constitución emitida por el máximo Tribunal
Jurisdiccional del país.
Precedentes vinculantes
“La doctrina entiende que por precedente vinculante se puede entender tres cosas
distintas.
En primer lugar, la locución precedente judicial puede ser utilizada para referirse a
cualquier sentencia e, incluso, cualquier resolución judicial, sin distinción alguna.
Basta que se haya expedido en un momento anterior, se recoja en cualquier
colección de jurisprudencia y presente similitud con otro caso concreto. Se habla
aquí de precedente – sentencia.
En segundo lugar, por precedente judicial ya no se entiende a la sentencia
totalmente considerada, sino a una parte determinada de la sentencia que
consiste en la decisión del caso concreto por el cual se resuelve una determinada
controversia. Se alude aquí a un precedente – disposición .
En tercer lugar, la expresión precedente judicial puede ser utilizada para referirse
a una parte de la resolución judicial que suele llamarse ratio decidendi, la cual
establece una norma aplicable al caso concreto que presente una profunda
similitud con un caso que se pretende resolver. Se habla aquí de precedente –
ratio decidendi.”15
Es preciso señalar la diferencia que existe entre el precedente vinculante
procedente del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, prima el segundo por
15
CASTILLO ALVA, José Luis y CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El precedente
judicial y el precedente
constitucional. ARA Editores. Lima 2008. pp. 21-22.

24
haber sido emitido por el órgano encargado del control de la constitucionalidad de
las normas en el Perú, como se puede evidenciar en la Sentencia del expediente
n.° 3741-2004-AA/TC, caso de Recurso extraordinario interpuesto por don
Ramón Hernandp Salazar Yarlenque contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 66, su fecha 30 de enero de 2004,
que declaró infundada la acción de amparo de autos, en los fundamentos 48 y 49
de la sentencia que se indica:
“48. Es conocido que el precedente judicial en el sistema del Common Law se ha
desarrollado como precedente vinculante en sentido vertical; es decir, aplicable
desde la
Corte Suprema (para el caso norteamericano) hacia las cortes y juzgados
inferiores de todo el sistema judicial. Osea, el efecto vinculante se establece aquí
básicamente respecto de los jueces. Cualquiera que invoque un precedente, para
que éste logre sus efectos, deberá acudir ante un juez, quien deberá aplicarlo en
un caso concreto.
49. El precedente constitucional en nuestro sistema tiene efectos más generales.
La forma como se ha consolidado la tradición de los tribunales constitucionales en
el sistema del derecho continental ha establecido, desde muy temprano, el efecto
sobre todos los poderes públicos de las sentencias del Tribunal Constitucional16.
Esto significa que el precedente vinculante emitido por un Tribunal Constitucional
con estas características tiene, prima facie, los mismos efectos de una ley. Es
decir, que la regla que el Tribunal externaliza como precedente a partir de un caso
concreto, es una regla para todos y frente a todos los poderes públicos; cualquier
ciudadano puede invocarla ante cualquier autoridad o funcionario sin tener que
recurrir previamente ante los tribunales, puesto que las sentencias del Tribunal
Constitucional, en cualquier proceso, tienen efectos vinculantes frente a todos los
poderes públicos y también frente a los particulares. Si no fuese así, la propia
Constitución estaría desprotegida, puesto que cualquier entidad, funcionario o
persona podría resistirse a cumplir una decisión de la máxima instancia
jurisdiccional.”
Así tenemos en el desarrollo dogmático del Tribunal Constitucional, los
precedentes vinculantes en materia tributaria:
 Agentes de retención,
RTC Nº 00002-2006-AI/TC (Fundamento 4-9)
 Arbitrios – Universidades,
RTC Nº 7533-2006-AA/TC (Fundamento 16-18) y RTC Nº 8391-2006-
AA/TC (Fundamento 16-18),
 Barreras burocráticas ilegales
RTC Nº 2233-2007-PA/TC (Fundamento 6),
 Definición y elementos esenciales del Tributo
16
Véase, por ejemplo, en lo que respecta al Tribunal Federal Alemán, el parágrafo 31.1, BverfGG: “Las
sentencias del Tribunal Constitucional vinculan a los órganos constitucionales de la federación y de los
Estados, a todos los tribunales y a todas las autoridades administrativas”. Cfr. Raúl Bocanegra Sierra, “Cosa
juzgada, vinculación, fuerza de ley en las decisiones del Tribunal Constitucional alemán”, en Revista española
de Derecho Constitucional, Vol I, N.° 1, CEC, Madrid, 1981, pág. 235 ss.

25
RTC Nº 3303-2003-AA/TC (Fundamento 4)
 Deuda tributaria
RTC Nº 01993-2008-AA/TC (Fundamento 8-11)
 Exenciones tributarias. Exoneración - Inafectación
 Función del tributo
RTC Nº 06089-2006-PA/TC (Fundamento 9-17)
 Impuesto a la explotación de los juegos de casinos y máquinas
tragamonedas
RTC Nº 04245-2006-PI/TC (Fundamento 15-17), RTC Nº 04227-2005-
PA/TC (Fundamento 14-15) y RTC Nº 00009-2001-PI/TC (Fundamento 16)
 Impuesto a la Renta
 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
RTC Nº 00042-2004-AI/TC (Fundamento 31-32),
 Impuesto Extraordinario a los Activos Netos
 Impuesto Mínimo a la Renta
RTC Nº 0676-2005-AA/TC (FJ 3)
 Impuesto Temporal a los Activos Netos
RTC Nº 06167-2006-PA/TC (Fundamento 5-6) y RTC Nº 03797-2006-
PA/TC (Fundamento 5-6)
 Inafectación tributaria
RTC Nº 8391-2006-PA/TC (Fundamento 24 -39)
 ITAN - intereses
RTC Nº 00361-2008-AA (Fundamento 4-5)
 Naturaleza de la tarifa del agua subterránea
RTC Nº 01837-2009-AA/TC (Fundamento 5-7),
 Pago en especies
RTC N. º 03977-2009-PA/TC (Fundamento 7)
 Pago por uso de bien de la municipalidad
RTC Nº 4870-2007-PA/TC (Fundamento 17 y 18
 Potestad tributaria - gobiernos regionales y locales
RTC Nº 0041-2004-AI/TC (Fundamento 3)
 Potestad Tributaria - Límites
RTC Nº 9165-2005-AA/TC (Fundamento 1 y 2), RTC Nº 0042-2004-AI/TC
(Fundamento 19), RTC N.º 0053-2004-AI/TC (Fundamento VII. A. 2) y RTC
Nº 0041-2004-AI/TC (Fundamento 4)
 Principio de capacidad contributiva
RTC N.º 04014-2005-AA/TC (Fundamento 09 y 10) y RTC Nº 0053-2004-
AI/TC (Fundamento VIII. B. 1 )
 Principio de capacidad contributiva - arbitrios
RTC Nº 0053-2004-AI/TC (FJ VII. B.3)
 Principio de irretroactividad
RTC N º 00002-2006-AI/TC (FJ 10-12)
 Principio de legalidad

26
RTC N.º 02302-2003-AA/TC (Fundamento 32) y RTC Nº 0001-2004-AI/TC y
0002-2004-AI/TC (Fundamento 39)
 Principio de legalidad y de reserva de ley - diferencia
RTC Nº 0042-2004-AI/TC (Fundamento 9 y 10)
 Principio de no confiscatoriedad
RTC Nº 04734-2006-AA/TC (Fundamento 04), RTC Nº 4227-2005-AA/TC
(Fundamento 26) y RTC Nº 1907-2003-AA/TC (Fundamento 4)
 Principio de no confiscatoriedad - aplicación
RTC Nº 004-2004-AI/TC acumulados (FJ 19)
 Principio de no confiscatoriedad - aspectos
RTC Nº 0041-2004-AI/TC (Fundamento 56 y 62)
 Principio de no confiscatoriedad - contenido
 Principio de no confiscatoriedad - sumatoria de tributos
RTC Nº 2302-03-AA/ (Fundamento 19 y 20)
 Principio de reserva de ley
 Principio de reserva de ley
 Principio de solidaridad
RTC Nº 06089-2006-PA/TC (Fundamento 18-22)
 Régimen de percepciones
RTC N.º 04251-2007-AA/TC (Fundamento 8-16)
 Régimen tributario - universidades e institutos superiores
 Renta ilícita
RTC Nº 05537-2007-AA (Fundamento 5-6)
 Tarifa de agua subterránea en la clasificación de tributos
 Notificación conjunta de las órdenes de pago y las resoluciones de
ejecución coactiva.
RTC Nº 0005-2010-PA/TC (fundamento 21 y 34)
 Autonomía Municipal, Arbitrios
RTC Nº 00031-2010-AI/TC (fundamento 7 y 15)
 Cobranza de obligaciones tributarias
RTC N° 04617-2012-PA/TC (Fundamento 22, 23 y 24) Panamericana
Televisión S.A.
RTC N° Nº 00987-2014-PA/TC (Fundamento 49)

Con la finalidad de no distorsionar la expresión del Tribunal Constitucional en sus
Sentencias, el desarrollo de los principios tributarios, se transcribe la parte
pertinente de cada Sentencia, como se señala a continuación:
LA FUNCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO SOCIAL Y
DEMOCRÁTICO DE DERECHO

27
Como sabemos el Tribunal Constitucional, es garante del sistema constitucional
y el régimen democrático, constituido en el máximo guardián y último intérprete de
la Constitución. Es el máximo guardián de la Constitución, porque el Congreso
Constituyente Democrático, le ha encomendado la labor de resguardar la
supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario
desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de
las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes,
anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del
ordenamiento jurídico del Estado;
lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los
jueces y tribunales del poder judicial y tribunales administrativos, en particular,
estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el
caso concreto sometido a su conocimiento; si bien es cierto que todas las
autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el
proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder
público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se
convierte en el último intérprete de la Constitución.
Así mismo, su naturaleza institucional y la labor que le ha sido encomendada por
el Congresos Constituyente Democrático, sus decisiones tienen fuerza obligatoria
general para los poderes públicos y la jurisprudencia por ella establecida tiene
fuerza vinculante, tanto vertical (para los tribunales y jueces de jerarquía inferior),
como horizontal (para el propio Tribunal Constitucional o tribunales de igual
jerarquía), las mismas que se deben tomar en cuenta en la resolución de casos
análogos; eficacia que hace posible que el Tribunal Constitucional pueda
garantizar la supralegalidad de la Constitución. Así, la facultad interpretativa del
Tribunal y la fuerza vinculante de la jurisprudencia establecidas en sus
resoluciones se constituyen en el mecanismo central del sistema de control de
constitucionalidad diseñado por el Constituyente de 1979 y el Congreso
Constituyente Democrático de 1993. La misión fundamental del Tribunal
Constitucional es la de preservar el sistema constitucional del Estado, como base
esencial de la convivencia pacífica y la construcción democrática de la sociedad
Peruana; el resguardo y protección de los derechos fundamentales para garantizar
el ejercicio pleno de los mismos; y el control del ejercicio del poder político para
que el mismo se efectúe en el marco del equilibrio que garantice la paz social,
todo ello en la búsqueda de la consolidación del Estado social de derecho.
Máxime cuando esta permite una predictibilidad de resultados de los procesos y/o
controversias por parte de los litigantes.
Las resoluciones emitidos por el Tribunal Constitucional, ha permitido mejorar la
administración de justicia al establecerse los criterios que deben adoptar los
operadores de la administración de justicia, generando confianza y predictibilidad
de los resultados de los procesos judiciales incoadas. Si bien es cierto que los
comentarios y/o críticas a las resoluciones del Tribunal Constitucional es bueno, al
permitir esclarecer y/o mejorar su conteniendo, también puede generar errores en
su interpretación, con la finalidad de no correr este riesgo he preferido transcribir

28
las sentencias, en algunos casos en su integridad y en otras, las partes
pertinentes, que estimo apropiado.
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0048-2004-AI/TC
1. La Constitución de 1993 (artículos 3º y 43º) establece que la República del
Perú es Social y Democrática de Derecho, superando de este modo la
concepción de un Estado Liberal de Derecho. El tránsito de uno a otro modelo
no es sólo una cuestión semántica o de términos, sino que comporta el
redimensionamiento de la función del propio Estado.
En efecto, si bien es cierto que los valores básicos del Estado liberal eran,
precisamente, la libertad, la propiedad individual, la igualdad, la seguridad
jurídica y la participación, en todo ámbito, de los ciudadanos en la formación de
la voluntad estatal, también lo es que «(...) el Estado social democrático y libre
no sólo no niega estos valores, sino que pretende hacerlos más efectivos
dándoles una base y un contenido material y partiendo del supuesto de que
individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos
términos en implicación recíproca de tal modo que no puede realizarse el uno
sin el otro»17.
2. El Tribunal Constitucional con frecuencia debe hacer frente a conflictos de
la más alta trascendencia social y política. Esto supone, muchas veces, que las
decisiones jurisdiccionales que adopte, tengan un impacto en los medios
académicos y de comunicación social.
No obstante, el reconocimiento del Estado Social y Democrático de Derecho
como un espacio plural para la convivencia, hace posible que la labor del
máximo intérprete de la Constitución sea la de un auténtico componedor de
conflictos sociales, función que se canaliza, en forma institucional, a través de
los procesos constitucionales.
3. La argumentación constitucional, es en este contexto, el mejor recurso de
legitimación y persuasión con que cuenta este Tribunal para la búsqueda del
consenso social y el retorno de la armonía. De este modo logra adhesiones y
persuade y construye un espacio para su propia presencia en el Estado Social
y Democrático de Derecho, erigiéndose como una institución de diálogo social
y de construcción pacífica de la sociedad plural.
4. El Estado Social y Democrático de Derecho, como alternativa política frente
al Estado Liberal, si bien asume los fundamentos de éste, le imprime funciones
de carácter social; su pretensión es que los principios que lo sustentan y
justifican tengan una base y un contenido social. Ello porque en este modelo
de Estado, los derechos del individuo no son excluyentes de los intereses de la
17 GARCÍA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: Alianza
Editorial, 1980. p. 26.

29
sociedad, pues la realización de uno no puede ser sin el concurso del otro. Se
trata, pues, de un tipo de Estado que procura la integración social y conciliar
los legítimos intereses de la sociedad con los legítimos intereses de la persona,
cuya defensa y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la
sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).
5. De ahí que el Estado Social y Democrático de Derecho promueva, por un
lado, la existencia de condiciones materiales para alcanzar sus objetivos, lo
cual exige una relación directa con las posibilidades reales y objetivas del
Estado y con una participación activa de los ciudadanos en el quehacer estatal;
y, por otro, la identificación del Estado con los fines de su contenido social, de
forma tal que pueda evaluar, con prudencia, tanto los contextos que justifiquen
su accionar como su abstención, evitando constituirse en obstáculo para el
desarrollo social.
6. Como ha señalado Peter Häberle, el Tribunal Constitucional, a través de
los procesos constitucionales, sobre todo de aquellos que logran una “gran
audiencia” en la sociedad, se vincula cada vez más con los actores directos,
“se sociabiliza”, lo que permite que “(...) cuanto más interviene en la
conducción de la sociedad abierta, tanto más se adhiere la sociedad a él (…)”18
7. El Tribunal Constitucional participa como un auténtico órgano con sentido
social, estableciendo, a través de su jurisprudencia, las pautas por las que ha
de recorrer la sociedad plural, advirtiendo los peligros de determinadas
opciones del legislador democrático, a través de sus sentencias exhortativas,
o, simplemente, llevando el mensaje de la Constitución a los lugares más
alejados del país, a través de sus audiencias descentralizadas. En un país que
busca desterrar el trauma de las dictaduras y las opciones autoritarias que aún
rondan cercanas, la labor del Tribunal, en cada caso, supone la convicción y la
esperanza de que es posible construir una sociedad justa y libre con garantía
para las diferencias y la pluralidad de opciones.
Como bien precisa Kelsen: «(...) no puede comprenderse la democracia
partiendo de la sola idea de libertad; ya que ésta, por sí misma, no puede
fundar un orden social, cuyo sentido esencial es la vinculación; y sólo una
vinculación normativa puede establecer vínculos sociales y establecer una
comunidad. El sentido más profundo del principio democrático radica en que el
sujeto no reclama para sí, sino para los demás; el “yo” quiere que también el
“tú” sea libre, porque ve en él su igual. De ese modo, para que pueda originarse
la noción de una forma social democrática, la idea de igualdad ha de agregarse
a la de libertad, limitándola»19
18 Häberle, Peter. “La jurisdicción constitucional institucionalizada en el Estado Constitucional”, en:
Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar, traducción de Joaquín Brage, Lima 2004,
pág.122
19 Kelsen, Hans. Esencia y valor de la democracia. Madrid: Labor, 2.ª edición, 1977. p. 138

30
8. El Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución,
sustentándose en los artículos 3° y 43° de la Constitución, que reconocen al
nuestro como Estado Social y Democrático de Derecho, ha venido otorgando
contenido a sus principios a través de su jurisprudencia. De este modo, desde
la STC N.° 0008-2003-AI/TC (caso Roberto Nesta Brero contra el artículo 4°
del Decreto de Urgencia N.° 140-2001) y en causas subsiguientes, se ha
marcado la pauta de lo que el constituyente histórico ha querido plasmar en la
concepción de una Constitución como una realidad viviente.
9. La jurisprudencia constitucional es una herramienta fundamental para la
construcción y defensa permanente del Estado Social y Democrático de
Derecho, por cuanto permite que el modelo mismo de organización política no
sólo se consolide, sino que se desarrolle en un diálogo fructífero y constante
entre texto y realidad constitucional.
10. La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional es también una fuente de
primer orden no sólo para los tribunales ordinarios y los demás entes públicos,
sino para el propio Tribunal a la hora de decidir un nuevo caso. En cada
sentencia de principio, un nuevo dispositivo de nuestra Constitución es
desarrollado sin olvidar que se trata de una obra duradera en el tiempo y en
constante movimiento. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es, en
buena cuenta, Constitución viviente de la sociedad plural.
§2. El contenido de lo “social” en la actividad del Estado y de los
particulares
11. Este Colegiado, al dejar sentado que el Estado Social y Democrático de
Derecho es una construcción complementaria del Estado Liberal de Derecho,
precisó que: “[l]a configuración del Estado Social y Democrático de derecho
requiere de dos aspectos básicos: la existencia de condiciones materiales para
alcanzar sus presupuestos, lo que exige una relación directa con las
posibilidades reales y objetivas del Estado y con una participación activa de los
ciudadanos en el quehacer estatal; y la identificación del Estado con los fines
de su contenido social, de forma tal que pueda evaluar, con criterio prudente,
tanto los contextos que justifiquen su accionar como su abstención, evitando
tornarse en obstáculo para el desarrollo social (...)”(STC 0008-2003-AI,
Fundamento Nº 12).
12. En términos económicos, en la precitada ejecutoria nos referimos a una
actividad que “(...) debe ser ejercida con responsabilidad social y bajo el
presupuesto de los valores constitucionales de la libertad y la justicia (...)”
(Fundamento N.º 13). La Economía Social de Mercado parte de la premisa que
el mejor sistema para la asignación y distribución de los recursos, es aquel que
propicia la concertación libre entre oferta y demanda, puesto que de este modo
se promueve el despliegue de las iniciativas de los seres humanos, se
incentiva la competencia creadora y se impulsan las innovaciones

31
tecnológicas. Al Estado en este esquema le corresponde crear las condiciones
para que las actividades económicas privadas se desarrollen de manera libre y
competitiva, procurándoles un marco para su desarrollo eficiente, que redunde
en mejores productos y a precios competitivos para los consumidores y
usuarios. De otro lado, el mandato constitucional cuyo enunciado es que el
Estado debe velar por el bien común, implica que debe intervenir para corregir
las inequidades sociales, a fin de que todos, y no unos pocos, sean partícipes
de los beneficios del progreso y del desarrollo económico.
13. En este contexto, el papel del Estado implica la defensa del bien común y
del interés público, la explotación y el uso racional y sostenible de los recursos
naturales que como tales pertenecen a la Nación, y el desarrollo de acciones
orientadas a propiciar la equidad social. Por ende, tiene la obligación de
acentuar la búsqueda del equilibrio entre la libertad económica, la eficiencia
económica, la equidad social y las condiciones dignas de vida material y
espiritual para las actuales y venideras generaciones.
§3. Responsabilidad social de la empresa
14. El modelo del Estado Social y Democrático de Derecho representa un nivel
de desarrollo mayor que el del Estado Liberal. Pero ¿qué supone la fórmula
política o, más precisamente, el término “social” respecto a la actuación de los
grupos económicos y las empresas privadas? ¿Es indiferente que el Estado se
defina constitucionalmente como “Social y Democrático de Derecho” cuando se
trata de extraer algunos efectos frente a los particulares? Respecto del Estado,
ya sabemos que ha suscitado una especie de mutación estructural. No es lo
mismo, ni en la perspectiva histórica, ni en cuanto a los alcances y contenidos
concretos, la fórmula del Estado Liberal y la acuñada por el constitucionalismo
de posguerra como “Estado Democrático y Social de Derecho”.
15. En ese marco, la otrora relación liberal del individualismo frente al Estado y
la relación social del Estado como garante del bienestar general, se
complementan con la constitucionalización de la economía y de la tutela del
medio ambiente y los recursos naturales. En esta perspectiva es que la
empresa privada, como expresión de un sector importante de la sociedad, tiene
especial responsabilidad frente al Estado. La Economía Social de Mercado
condiciona la participación de los grupos económicos en armonía con el bien
común y el respeto del interés general, estableciendo límites para que la
democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan las
posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de los bienes
jurídicos protegidos constitucionalmente. En el Estado Social y Democrático de
Derecho el crecimiento económico no puede ni debe reñirse con el derecho a
la plenitud de la vida humana; no puede superponerse al resguardo de la
dignidad de la persona que constituye la prioridad no sólo del Estado, sino de
la sociedad en su conjunto.

32
16. Lo “social”, se define aquí desde tres dimensiones: como mecanismo para
establecer legítimamente algunas restricciones a la actividad de los privados;
como una cláusula que permite optimizar al máximo el principio de solidaridad,
corrigiendo las posibles deformaciones que pueda producir el mercado de
modo casi “natural”, permitiendo, de este modo, un conjunto de mecanismos
que permitan al Estado cumplir con las políticas sociales que procuren el
bienestar de todos los ciudadanos; y, finalmente, como una fórmula de
promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.
Prima facie, la actividad de la empresa está sujeta a regulaciones
constitucionales y legales a fin de que la organización política pueda lograr los
objetivos establecidos en la propia Constitución. Por ello es que, cuando entran
en conflicto determinados derechos o libertades individuales con las
prerrogativas del Estado, resulta determinante establecer el marco jurídico y
político en que se sustentan dichos derechos. Ni la propiedad ni la autonomía
privada son irrestrictas per se en el constitucionalismo contemporáneo. Lo
importante es que dichos derechos se interpreten a la luz de las cláusulas del
Estado Social y Democrático de Derecho; de lo contrario, otros bienes
constitucionales igualmente valiosos tendrían el riesgo de diferirse. Sólo de
este modo puede considerarse superado el viejo y equívoco postulado del
mercado per se virtuoso y el Estado per se mínimo, para ser reemplazado por
un nuevo paradigma cuyo enunciado es: “tanto mercado como sea posible y
tanto Estado como sea necesario”.
§4. La Constitución, el medio ambiente y la política nacional del ambiente
El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo
de la vida
17. La Constitución Política de 1993 (artículo 2°, inciso 22) reputa como
fundamental el derecho de la persona «(...) a gozar de un ambiente equilibrado
y adecuado al desarrollo de su vida». El constituyente, al incluir dicho derecho
en el Título I, Capítulo I, referido a los derechos fundamentales, ha tenido como
propósito catalogar el derecho de las personas a disfrutar de un medio
ambiente sano, como un derecho de la persona. El carácter de este derecho
impone delimitar, principalmente, su contenido. Ello, no obstante, exige
analizar previamente el significado de «medio ambiente», pues es un concepto
que es consustancial al contenido mismo del derecho en cuestión.
Desde la perspectiva constitucional, y a efectos de su protección, se hace
referencia, de modo general, al medio ambiente como el lugar donde el hombre
y los seres vivos se desenvuelven20. En dicha definición se incluye «(...) tanto
20 Vera Esquivel, Jesús. El nuevo Derecho internacional del medio ambiente. Lima: Academia
Diplomática del Perú, 1992. p. 14.

33
el entorno globalmente considerado –espacios naturales y recursos que forman
parte de la naturaleza: aire, agua, suelo, flora, fauna– como el entorno
urbano»21; además, el medio ambiente, así entendido, implica las
interrelaciones que entre ellos se producen: clima, paisaje, ecosistema, entre
otros.
Una vez precisado el concepto de medio ambiente, debemos referirnos al
derecho en sí. Nuestra Constitución ha elevado al nivel de fundamental dicho
derecho; siendo ello así, el Estado tiene el deber de efectivizar su plena
vigencia, así como prever los mecanismos de su garantía y defensa en caso de
transgresión.
El contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por los siguientes
elementos, a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el
derecho a que ese medio ambiente se preserve22
En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio
ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las
personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se
desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en
que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la
interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone,
por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado
para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría,
así, carente de contenido.
Pero también el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio
ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio ambiente
sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos,
de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su
disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los
particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas
inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente.
18. En cuanto al vínculo existente entre la producción económica y el derecho
a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se materializa
en función a los principios siguientes: a) el principio de desarrollo sostenible o
sustentable (que merecerá luego un análisis); b) el principio de conservación,
en cuyo mérito se busca mantener en estado óptimo los bienes ambientales; c)
21 Alonso García, María. El régimen jurídico de la contaminación atmosférica y acústica. Madrid:
Marcial Pons, 1995. p. 90
22 Canosa Usera, Raúl. Constitución y medio ambiente. Madrid: Dykinson-Ciudad Argentina
Editorial, 2000. p. 101.

34
el principio de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de
cualquier peligro que pueda afectar su existencia; d) el principio de
restauración, referido al saneamiento y recuperación de los bienes ambientales
deteriorados; e) el principio de mejora, en cuya virtud se busca maximizar los
beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano; f) el principio
precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista
incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real dimensión de los
efectos de las actividades humanas sobre el ambiente; y, g) el principio de
compensación, que implica la creación de mecanismos de reparación por la
explotación de los recursos no renovables.
19. En lo que respecta al principio de desarrollo sostenible o sustentable,
constituye una pauta basilar para que la gestión humana sea capaz de generar
una mayor calidad y condiciones de vida en beneficio de la población actual,
pero manteniendo la potencialidad del ambiente para satisfacer las
necesidades y las aspiraciones de vida de las generaciones futuras. Por ende,
propugna que la utilización de los bienes ambientales para el consumo no se
“financien” incurriendo en “deudas” sociales para el porvenir.
20. Al respecto, en 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo de las Naciones Unidas, conocida también como la Comisión
Brundtland, emitió su informe en el que definió el desarrollo sostenible como
aquel proceso en donde se asegura la satisfacción de las necesidades
humanas del presente sin que se ponga en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para atender sus propias necesidades y que, por ende,
involucre la utilización de recursos, la dirección de las inversiones y la
orientación de los cambios tecnológicos e institucionales que acrecienten el
potencial actual y futuro de los recursos naturales en aras de atender las
necesidades y aspiraciones humanas.
21. Por su parte, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, del mes de junio de 1992, que recoge entre sus principales fines la
integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, proclama, entre otras
cosas, una serie de principios, entre los que destacamos lo siguiente:
- Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida
saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
- El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las
generaciones presentes y futuras.
- Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea
esencial de erradicar la pobreza como presupuesto indispensable para el
desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida

35
y responder adecuadamente a las necesidades de la mayoría de los
pueblos del mundo.
- Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para
conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de
la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la
degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados
reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del
desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen
en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos
financieros de que disponen.
- Las autoridades nacionales deberán procurar y fomentar la internalización
de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo
en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con
los costos de la contaminación, priorizando el interés público y sin
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.
22. En atención a lo expuesto, el desarrollo sostenible o sustentable requiere
de la responsabilidad social: ello implica la generación de actitudes y
comportamientos de los agentes económicos y el establecimiento de políticas
de promoción y el desarrollo de actividades que, en función del
aprovechamiento o uso de los bienes ambientales, procuren el bien común y
el bienestar general.
23. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido, en el caso Elizabeth
Ponce Pescorán vs. Municipalidad Provincial del Callao y Depósitos Químicos
Mineros S.A. (Exp. N.º 1752-2004-AA/TC, Fundamento 23), que, conforme al
artículo 59° de la Constitución, el Estado estimula la creación de la riqueza y la
libertad de empresa, comercio e industria, y que estas se ejercen en una
economía social de mercado según lo dispone el artículo 58° de la
Constitución, de manera que la responsabilidad social de la empresa es
plenamente compatible con las disposiciones constitucionales citadas.
24. Es de verse en dicha sentencia, que alude expresamente a la relación de
las empresas con las preocupaciones sociales y medioambientales a través de
sus actividades comerciales, que ser socialmente responsable no significa
solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más
allá del cumplimiento invirtiendo en el entorno local y contribuyendo al
desarrollo de las comunidades en que se inserta, sobre todo de las
comunidades locales.
25. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, de la Economía
Social de Mercado y del Desarrollo Sostenible, la responsabilidad social se
constituye en una conducta exigible a las empresas, de forma ineludible.

36
26. En el caso del medio ambiente, la responsabilidad social debe implicar el
mantenimiento de un enfoque preventivo que favorezca su conservación; el
fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental; el
fomento de inversiones en pro de las comunidades afincadas en el área de
explotación; la búsqueda del desarrollo y la difusión de tecnologías compatibles
con la conservación del ambiente, entre otras.
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
27. La Real Academia de la Lengua define naturaleza como aquella realidad
objetiva que existe independientemente de la conciencia y que está en
incesante movimiento y cambio; por ende, sujeta a evolución continua. La parte
de la naturaleza que rodea o circunda los hábitat de la pluralidad de especies
vivas se denomina ambiente o medio ambiente.
El medio ambiente es el mundo exterior que rodea a todos los seres vivientes
y que determina y condiciona su existencia. Es el ámbito en que se desarrolla
la vida y en cuya creación no ha intervenido la acción humana. En puridad,
medio ambiente alude al compendio de elementos naturales —vivientes e
inanimados— sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo
determinados, que influyen o condicionan la vida humana y la de los demás
seres vivientes (plantas, animales y microorganismos).
El medio ambiente se define como “(...) el conjunto de elementos sociales,
culturales, bióticos y abióticos que interactúa en un espacio y tiempo
determinado; lo cual podría graficarse como la sumatoria de la naturaleza y las
manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concretos”23
El término biótico se refiere a todos los seres vivos de una misma región, que
coexisten y se influyen entre sí; en cambio lo abiótico alude a lo no viviente,
como el agua, el aire, el subsuelo, etc.
El medio ambiente se compone de los denominados elementos naturales, los
cuales pueden generar, según sea el caso, algún tipo de utilidad, beneficio o
aprovechamiento para la existencia o coexistencia humana.
Así, entre los elementos carentes de utilidad y beneficio y que, incluso, pueden
afectar la vida humana tenemos los terremotos, maremotos, ondas de frío o
calor, etc. En cambio, aquellos que pueden ser de utilidad, beneficio o
aprovechamiento material o espiritual para el hombre son los denominados
recursos naturales.
28. Los recursos naturales pueden definirse como el conjunto de elementos
que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, en
23 Andaluz Westreicher, Carlos. Derecho Ambiental. Lima: Gráfica Bellido, 2004, pág. 107

37
particular, y las biológicas, en general. Representan aquella parte de la
naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre. En otras
palabras, son los elementos naturales que el ser humano aprovecha para
satisfacer sus necesidades materiales o espirituales; vale decir, que gozan de
aptitud para generar algún tipo de provecho y bienestar24
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado que los recursos
naturales son todos aquellos recursos que el hombre encuentra en su
ambiente y que puede utilizar en su beneficio. Estos se clasifican en:
a) Recursos renovables: Son aquellos que, a pesar de ser utilizados,
pueden regenerarse y, por ende, no perecen para su posterior
aprovechamiento. Es el caso del suelo, el agua, las plantas y los animales.
En tal sentido, devienen en duraderos y obtienen permanencia de utilidad.
Los procesos de autoregeneración y autodepuración se denominan
resilencia, y sólo tienen lugar cuando el ser humano no excede la
capacidad de carga en su aprovechamiento. Por tal motivo, un recurso
será renovable en la medida que su utilización o aprovechamiento no se
realice de manera desmesurada e irracional. Sólo así se podrá alcanzar el
aprovechamiento sostenible del bien ambiental.
b) Recursos no renovables: Son aquellos que, al ser utilizados, se
agotan irremediablemente. Es el caso de los minerales, el petróleo, el
carbón, el gas natural, etc. Su utilización o provecho comporta
inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida cuenta de su
incapacidad de alcanzar autoregeneración o autodepuración.
29. El artículo 66º de la Constitución señala que los recursos naturales, in
totum, son patrimonio de la Nación. Ello implica que su explotación no puede
ser separada del interés nacional, por ser una universalidad patrimonial
reconocida para los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por
ende, se proscribe su exclusivo y particular goce.
En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de la heredad
nacional— reposan jurídicamente en el dominio del Estado. El Estado, como la
expresión jurídico-política de la nación, es soberano en su aprovechamiento.
Es bajo su imperio que se establece su uso y goce.
El dominio estatal sobre dichos recursos es eminente, es decir, el cuerpo
político tiene la capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver las
controversias que se susciten en torno a su mejor aprovechamiento.
24 Andaluz Westreicher, Carlos Op. Cit. pág. 26

38
30. El Tribunal Constitucional considera que el medio ambiente, entendido
sistemáticamente como el conjunto de fenómenos naturales en que existen y
se desarrollan los organismos humanos, encuentra en el comportamiento
humano una forma de acción y de creación que condiciona el presente y el
futuro de la comunidad humana.
POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE
31. El artículo 67º de la Constitución establece la obligación perentoria del
Estado de instituir la política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de
acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de
preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que
pudieran afectarlo.
Esta política nacional -entendida como el conjunto de directivas para la acción
orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente- debe
permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que
tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su
existencia. Esta responsabilidad estatal guarda relación con lo dispuesto en el
artículo 2º, inciso 22) de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental
de toda persona “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo
de la vida”.
Dicha política debe promover el uso sostenible de los recursos naturales; ergo,
debe auspiciar el goce de sus beneficios resguardando el equilibrio dinámico
entre el desarrollo socioeconómico de la Nación y la protección y conservación
de un disfrute permanente.
32. El uso sostenible obliga a la tarea de rehabilitar aquellas zonas que
hubieren resultado afectadas por actividades humanas destructoras del
ambiente y, específicamente, de sus recursos naturales. Por ende, el Estado
se encuentra obligado a promover y aceptar únicamente la utilización de
tecnologías que garanticen la continuidad y calidad de dichos recursos,
evitando que su uso no sostenido los extinga o deprede.
Es dentro de ese contexto que el Estado se encuentra obligado a auspiciar la
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales objeto de
protección.
33. En consecuencia, de una interpretación sistemática del artículo 2°, inciso
22) y de los artículos 66º y 67º de la Constitución, se concluye que una
manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno
ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de
que los recursos naturales -especialmente los no renovables- en tanto
patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y
sostenible, y los beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser a

39
favor de la colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber de
promover las políticas adecuadas a tal efecto.
LOS CONCEPTOS DE SOSTENIBILIDAD, SOLIDARIDAD Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA MINERA.
34. Las cláusulas de protección del medio ambiente y los recursos naturales,
prescritas básicamente en los artículos 66º, 67º, 68º y 69º de la Constitución,
establecen el marco de actuación del Tribunal y la responsabilidad de los
actores económicos en la preservación de los recursos y medios
indispensables para nuestra propia subsistencia como especie. En efecto, la
actividad de las empresas mineras, por el mismo hecho de estar vinculada a la
explotación de recursos naturales, comparte una responsabilidad de primer
orden en la implementación de políticas públicas orientadas a la preservación
del medio ambiente, debido a los riesgos que supone su actuación en el ámbito
de la exploración y la explotación minera misma.
35. La preocupación por la preservación de los recursos naturales y el medio
ambiente, desde luego, no es un tema plausible solo desde una perspectiva
constitucional. El enfoque económico se ha orientado en los últimos años a la
necesidad de cambiar la perspectiva de rentabilidad inmediatista en el ámbito
de la explotación de los recursos, por la de una rentabilidad estratégica, donde
el concepto “sostenibilidad” resulta clave. De este modo, se ha puesto en tela
de juicio una idea que parecía irrefutable hasta hace poco, y que consistía en
sostener que “el crecimiento económico ininterrumpido conduce al mayor
bienestar general”; ahora se considera que en algunos casos el propio
crecimiento puede ser motivo de alarma por el nivel de deterioro que puede
significar el agotamiento de algunos recursos no renovables o el daño que
puede acarrear para el medio ambiente. El desarrollo sostenido significa,
desde esta perspectiva, “(...) que los procesos de inversión no se entiendan y
manejen únicamente con el fin de obtener beneficios monetarios, sino que se
consideren asimismo factores no monetarios (por ejemplo las realidades
sociales, culturales y ecológicas). Esto significa que el valor de los servicios y
los bienes medioambientales debe estimarse en el proceso de formación de las
decisiones e incorporarse al mismo25
36. Por “sostenibilidad” debe entenderse “(...) a la relación que existe entre los
sistemas dinámicos de la economía humana, y los sistemas ecológicos,
asimismo dinámicos pero que normalmente cambian a un ritmo más lento, y
donde a) la vida humana puede continuar indefinidamente; b) los individuos
humanos pueden prosperar; c) las culturas humanas pueden desarrollarse;
pero en la que d) los efectos de la actividad humana se mantienen de unos
límites, de forma que no se destruya la diversidad, la complejidad y el
25 Cfr. Meter Dogsé y Bernd Von Droste, “El desarrollo sostenible. El papel de la inversión”, En:
Medio ambiente y desarrollo sostenible. Más allá del informe Brundtland, Robert Gooldland y
otros (Editores),Trotta, Madrid, 1997, pgs. 90 y 91

Aec0c0b3cfc75d0107

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (14)

Similar a Aec0c0b3cfc75d0107

Similar a Aec0c0b3cfc75d0107 (20)

Último

Último (20)

Aec0c0b3cfc75d0107