1. RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA APE
Desde hace 2 años el Senador José M. Cano viene sospechando que en
la APE, el manejo de los fondos no es transparente y existen actos de
corrupción, es por esto que pidió informes que no llegaron. En el informe del
Jefe de Gabinetes insistió y en el recinto tuvo un fuerte debate con el entonces
titular; Aníbal Fernández, denunciando una serie de hechos irregulares en la
APE. En esta ocasión Cano le inquirió a Fernández que diga dónde están los
$7.000 millones del dinero que no se utilizó…Aníbal no respondió.
La APE, es el organismo que administra el 10% o el 15% de los recursos
aportados por los trabajadores de sus remuneraciones para la atención de su
salud, el presupuesto anual es de $1.200 millones. Estos dineros deben ser
utilizados para cubrir el costo de las enfermedades “catastróficas”, aquellas de
baja incidencia y alto costo.
Este organismo debe resolver los problemas de los afiliados de las obras
sociales, aportantes al Fondo de Redistribución Solidaria, generados por las
enfermedades catastróficas. Léase: enfermedades catastróficas de los
trabajadores y familiares de los afiliados a las obras sociales (OS), a las cuales
entregan el 3% de sus remuneraciones.
Por ello, en principio los beneficiados solo pueden ser los afiliados de las
obras sociales y la solución debe canalizarse a través de las obras sociales.
Para cumplir este objetivo la APE entrega estos fondos a la OS en forma de
subsidios y de reintegros, para cubrir los gastos de las patologías establecidas
en la resolución correspondiente.
Aquellas personas que requieran estos fondos para resolver sus
dolencias, solo pueden acceder por vía de excepción. Acá viene la primera
alerta al observar el notable incremento de aportes realizados como
“excepción”, que por su esencia no revisten un tratamiento prolongado, con lo
cual es de esperarse que al tratarse de excepciones el apoyo económico no
sea constante entre ejercicios. Pero bajo este rótulo de “excepción” se han
aplicado stent coronarios y vasculares, y prótesis cardíacas, entre otras
prestaciones de alta complejidad.
Esta situación se visualiza en que en el año 2000, sólo se aportaron $32
en este apartado, en 2010 fue de más $423 millones.
AÑO TOTAL PAGADO CANT. EXPTES PROM. DIAS GESTION
2000 32,04 1 3.502
2001 250.195,01 6 2.985
2004 124.835,31 5 1.821
2005 124.615,93 17 1.401
2006 1.757.895,17 214 1.013
2007 19.977.488,65 1.909 640
2008 193.408.056,95 14.719 266
2009 423.962.409,90 31.702 136

2. Se percibe que además del crecimiento exponencial de las
“excepciones”, también se nota que es expres este retiro de fondos, se pasó de
más de 3500 días a 136 para la tramitación de los mismos.
Los auditores que realizaron el trabajo, se sorprendieron de la
longevidad de muchos beneficiarios, solo para el caso de fractura de cadera se
favoreció a 11 pacientes con más de 100 años.
BENEFICIARIOS MÁS DE 100 AÑOS
Nº EXPTE DIAGNOSTICO PRACTICA EDAD
82.279 fractura de cadera prótesis total y parcial 101
100.534 fractura de cadera prótesis total y parcial 178
113.800 fractura de cadera prótesis total y parcial 113
120.590 fractura de cadera prótesis total y parcial 111
130.083 fractura de cadera prótesis total y parcial 101
133.834 fractura de cadera protesis/ortesis 105
143.828 fractura de cadera prótesis total y parcial 103
148.918 fractura de cadera prótesis total y parcial 128
207.990 fractura de cadera prótesis total y parcial 121
227.926 fractura de cadera prótesis total y parcial 103
304.755 fractura de cadera protesis/ortesis 137
Como vemos, se colocó prótesis personas de 128, 137 y 178 años, lo
que implica que desplazó a Jeanne Calment (hasta ahora era la más longeva
de la historia que murió a los 122 años) y con la prótesis, y la ayuda de Dios,
puedan alcanzar la edad de Matusalén (969 años).
Como en las denuncias anteriores, en los exptes controlados se constató
que para el caso de subsidios y reembolsos por drogas y medicamentos
existen troqueles truchos, facturas apócrifas, droguerías proveedoras no
registradas por la autoridad competente (INAME y ANMAT), incluso la famosa
Droguería URBANA. También declaraciones de los supuestos beneficiarios que
expresaron no haber recibido la medicación correspondiente. Monto
$4.600.000.-
En otra intervención referida a las personas con discapacidad, se
constató que 251 personas con esa condición no contaban con “declaraciones
juradas de discapacidad, ni el aval de la historia clínica, o del médico auditor ni
se encontró la conformidad del beneficiario o titular”.
Entre la multiplicidad de irregularidades administrativas, hay una que
reviste una gravedad especial: se detectó que en el 43% de los casos en los
que los datos del auditor médico no figura registrado.
Hay carpetas en los que el auditor médico ni siquiera tenía la matrícula
profesional. Además, en el 73 % de los expedientes analizados hay faltante de
documentación (facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio,
etc.). Los trámites abarcan prácticas por más de $16 millones.
Llama la atención que el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nª 5,
a cargo del juez Norberto Oyarbide” no suministró 43 expedientes de apoyos

3. financieros, de los cuales, “27 expedientes se encuentran en la megacausa de
la “mafia de los medicamentos”.
Los exptes y casos anteriores hablan de la extrema gravedad del manejo
de los fondos de la APE, pero los que nos genera indignación por la impunidad
de los funcionarios oficialista es la cuestión que comprende a 923 expedientes,
que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la
fecha en la que se le realizaron las supuestas prácticas médicas.
BENEFICIARIOS FALLECIDOS
SITUACION BENEFICIARIO Nº BENEF. FALLEC. CANT. PRACTICAS MONTO
Fecha prescripción post. muerte 62 83 885.159,76
Fecha práctica post muerte 23 25 308.777,01
Fecha tratamiento post muerte 32 60 1.001.161,08
TOTAL 117 168 2.195.097,85
Sólo en este aspecto, las obras sociales facturaron $ 2.195.097, que
fueron motivo de reintegro de parte del APE. En este aspecto están incluidas
obras sociales de grandes gremios, como Camioneros, Colectiveros,
Bancarios, Ferroviarios, Docentes y Mercantiles, entre muchas otras.
El informe abarca el período 2005-2010 y exigió un relevamiento de
10.114 expedientes tramitados en el APE, de acuerdo a las técnicas de la
estadística inferencial. Esto implica tomar una muestra del conjunto, estudiar el
comportamiento de la misma y deducir un resultado del universo bajo estudio
con un margen de error de un rango mínimo.
Lo que significa que estos hechos de corrupción encontrados en la
muestra, al analizar todas las carpetas, darán en valores relativos los mismos
resultados, dicho en números en los $1.200 millones del presupuesto anual hay
valores trascendentales de maniobras ilícitas en los fondos que provienen de
los salarios de los trabajadores.
En este delictivo accionar están involucrados sindicalistas que
administran las obras sociales asociados con los funcionarios del gobierno de
Cristina Fernandez de Kirschner, muy especialmente los del área del Ministerio
de Salud, de donde depende la APE.
No es la primera vez que se descubre estos affaires, pero la impunidad
con que se maneja este gobierno hace que este accionar sea repetitivo,
Oyarbide ya tiene una mega causa, es como cuando algún juez irresponsable
permite los extramuros peligrosos en las calles: provocan otro daño irreparable
a los argentinos.
El sindicalismo que maneja las obras sociales y la Presidente son socios
y participan de la misma empresa: la malversación y el robo de los fondos de la
salud de los trabajadores. Con la catástrofe de Once se demuestra que los
actos de corrupción producen calamidades. Esta situación debe terminar.

4. Yo en mi carácter de presidente de la Comisión de Salud del Senado,
encabezaré una demanda ante la justicia penal, que será respaldada por todo
el bloque radical, y si la causa por “el azar”, cae en manos en el Juzgado
Nacional y Correccional Federal Nª 5, sepa su titular que me tendrá todos los
días siguiendo los pasos del caso hasta que caigan los culpable de estas
atrocidades.
Ya hemos denunciado, y también elaboramos un proyecto de ley para
generar una instancia superadora a la APE a través del Seguro Nacional de
Salud, para resolver los problemas generados por las enfermedades
catastróficas de los 40 millones de argentinos donde los fondos serán
administrados transparentemente con la participación de los involucrados:
gobierno, trabajadores, prestadores.
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