1. El jurista Diego Valadés argumenta que Felipe Calderón puede ser enjuiciado penalmente por violar la Constitución en materia electoral y que su gabinete de seguridad tiene responsabilidad política por los resultados negativos de la guerra contra las drogas. 2. El Tribunal Electoral determinó que Calderón violó la Constitución al difundir propaganda gubernamental durante las elecciones de 2010 y podrá ser juzgado una vez que termine su presidencia. 3. Valadés propone que el Congreso cree una comisión para investigar la

1. Domingo 15 de mayo de 2011
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PEDRO GUADIANA GARCÍA
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De la revista Proceso, misma fecha
1. A Calderón lo aguardan un juicio penal y la condena política. Jorge
Carrasco Araizaga
2. Argentina, nuevo dominio de “El Chapo”. Jesusa Cervantes
3. Juárez: Cómo se vive en la muerte... Judith Torrea
4. Se multiplican las autodefensas ciudadanas. José Gil Olmos
5. En Cherán, a punto de gritar “a las armas”. Francisco Castellanos y
José Gil Olmos
6. ...Y el EZLN, a la expectativa. Isaín Mandujano
7. La escasez que se aproxima.
8. La debacle. Alejandro Gutiérrez
9. Alfredo Rivera Flores y la “Sosa Nostra”. Ernesto Villanueva
10. Eric Burdon: el blues de la clase obrera. Rafael Vargas
11. El negocito de “Billy”. Rosalía Vergara
12. Golpe de Gracia. Rosalía Vergara
13. El hoyo azul. Raúl Ochoa

2. 1. A Calderón lo aguardan un juicio penal
y la condena política
Jorge Carrasco Araizaga
Con la Constitución en la mano, en entrevista con Proceso, el jurista Diego Valadés abre con
bisturí al sistema político mexicano y pone en el banquillo al presidente Calderón y a su gobierno:
• Calderón puede y debe ser enjuiciado penalmente por violación a la Ley Electoral en 2009.
• Él y su gabinete de seguridad tienen la responsabilidad política de una guerra con resultados
nefastos.
• Quiso para él todos los lauros de la victoria; tendrá todo el acíbar de la derrota.
• El Congreso debe crear una gran comisión nacional de investigación de la violencia.
• En una democracia consolidada, García Luna hace tiempo que estaría fuera del gobierno.
• Hoy, el eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.
• “No queremos ser gobernados por delincuentes ni tener expresidentes en la cárcel, pero...” Con
intención o sin ella, Javier Sicilia colocó al presidente Calderón –en el mitin con el que culminó la
Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad en el Zócalo de la Ciudad de México– en una situación
límite: despedir o no al hombre al que, se ha visto, no puede tocar. Con su inesperada exigencia, el
poeta y periodista pareció sacrificar mediáticamente el contenido del pacto que su movimiento
propone, en aras de un golpe a las fibras íntimas del mandatario. Por Calderón y para Calderón, el
titular de la Secretaría de Seguridad Pública ha sobrevivido a reiterados fracasos, escándalos por
malos manejos de dinero, señalamientos de sus presuntos vínculos con el narco y al naufragio de
su dependencia en la corrupción.
A Felipe Calderón lo aguarda un proceso judicial para cuando abandone la Presidencia de la
República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su
estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la
Constitución en materia electoral.
A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio
penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo
responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución política durante el proceso electoral del
año pasado.
La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual legislatura
en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen
responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con
resultados adversos a los objetos perseguidos”.
Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional o de la
Marina, ni el presidente podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se
puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y
menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.
Incluso la declaratoria de guerra que Calderón le hizo al narcotráfico, comenta, fue una expresión
coloquial que no tiene implicaciones jurídicas. “Pero lo que no podrá hacerse es que todo lo
ocurrido quede sin investigarse y sin dictamen oficial, independientemente de que sea la verdad
histórica”. Por ello, Valadés propone que desde el Congreso se cree “una gran comisión nacional
de investigación de la violencia”.

3. Esta instancia, dice, realizaría el diagnóstico “de las formas de ejercicio de la violencia por parte de
los delincuentes y de las fuerzas del Estado, para que sobre éstas no caiga la sombra de la duda
de que pudieron haber delinquido. Y para que si alguien como miembro de las mismas delinquió,
que no ensombrezca la imagen del Estado en general, sino que responda quien deba hacerlo por
los delitos que pudiera haber cometido”.
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdiputado federal y extitular de la
Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, Valadés señala que “la democracia a medio construir” de México impide la censura y
consecuente salida de un secretario de Estado, como la del titular de la Secretaría de Seguridad
Pública, Genaro García Luna.
En el “sistema semidemocrático” que prevalece en México la responsabilidad política no se puede
traducir en sanciones, dice en entrevista con Proceso, efectuada en medio de la discusión pública
desatada a raíz de la demanda de que renuncie García Luna, planteada por el poeta Javier Sicilia
al final de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.
Doctor en derecho constitucional cuyas investigaciones abordan temas como el control del poder,
el también exdirector del IIJ advierte sobre la falta de mecanismos para procesar ese tipo de
exigencias.
“Esto denota la insuficiencia de nuestro sistema constitucional en materia de consolidación
democrática, porque si bien tenemos libertades públicas, como se expresó el domingo (8 de mayo),
cuando todos los ciudadanos que lo desearon pudieron participar (en la marcha) en los términos
más libres posibles, no tenemos el complemento de las libertades públicas, que son las
responsabilidades políticas”, apunta.
Inmunidad temporal
La Constitución establece con claridad las responsabilidades jurídicas de los servidores públicos,
incluido el presidente de la República. El TEPJF refrendó este precepto el 25 de agosto pasado al
emitir su fallo en el juicio promovido por el PRI en contra de Calderón por hacer propaganda ilegal
en el proceso electoral de 2010.
La resolución fue adoptada por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior del
Tribunal Electoral, a propuesta de su presidenta, María del Carmen Alanís, quien en 2006, debido
a su cercanía con Margarita Zavala, fue una de las impulsoras de la candidatura presidencial de
Calderón.
Los magistrados determinaron que el titular del Ejecutivo federal violó el artículo 41 constitucional,
“que se refiere nada menos que al ejercicio de la soberanía popular”, apunta el constitucionalista,
quien desde febrero de 2007 es miembro de El Colegio Nacional.
Explica que aunque el título IV de la Constitución, que alude a las responsabilidades de los
servidores públicos y patrimonial del Estado, no establece responsabilidades específicas para el
presidente, el TEPJF determinó que Calderón “sí puede ser sujeto a un procedimiento
administrativo sancionador en materia electoral”, a pesar de lo establecido en el artículo 108 de la
Constitución.
De acuerdo con ese precepto, durante el tiempo de su encargo el presidente de la República sólo
puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
“Sin embargo –sentenció el tribunal– ello no descarta la posibilidad de que a la conclusión del
mandato pueda ser juzgado de manera ordinaria por cualquier otro delito cometido durante el

4. periodo de su gestión, puesto que la inmunidad de la que goza sólo se hace efectiva durante el
tiempo que funge como presidente de la República.”
En su dictamen, los magistrados electorales advirtieron: “La inmunidad constitucional establecida a
favor del presidente de la República no tiene alcances de eximirlo de responsabilidad por una
violación a normas constitucionales y legales en materia electoral”.
Asimismo, el tribunal determinó que Calderón violó la Constitución “al difundir propaganda
gubernamental” los días 15 y 30 de junio y 1 de julio, en vísperas de las elecciones del 4 de julio de
2010. Entre otras, Calderón hizo alarde de sus acciones en materia de seguridad.
Los magistrados le imputaron al mandatario “la violación directa” al segundo párrafo del apartado
C, base III, del artículo 41 de la Constitución. Según esa disposición, durante el tiempo que duren
las campañas electorales federales y estatales, y hasta la conclusión de la jornada comicial,
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, salvo que se trate de una emergencia.
Con su conducta, plantea Valadés, Calderón violó el artículo 87 constitucional “que contiene el
juramento que hizo el 1 de diciembre de 2006 de hacer guardar la Constitución y las leyes que de
ella emanen y que termina: „y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande‟”.
Afina su argumentación: El artículo 51 de la Carta Magna dice que para efectos de representación
de la nación está la Cámara de Diputados. Así es que en función de ambos artículos, ésta “debía
presentar una denuncia a la brevedad ante la PGR en contra del ciudadano Felipe Calderón para
que la averiguación proceda cuando deje de ser presidente de la República”.
Considera que esa acción debe ser emprendida de inmediato por la actual legislatura. Dejarlo para
la siguiente “parecería un acto de venganza política y no debe ser entendido así, sino como
observación de una obligación, la que tienen los representantes de defender los intereses de la
nación”. Además, “actuarían apoyados en una resolución que tiene fuerza de ley”, como lo es la
sentencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
Respecto de una eventual sanción contra Calderón, dice que le es aplicable el artículo 407,
fracción III, del Código Penal Federal, que establece de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a
nueve años al servidor público que destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a
su disposición en virtud de su cargo, como es el aparato propagandístico gubernamental.
La prescripción del delito, equivalente al término medio de la pena, se empezaría a contar a partir
de que haya una denuncia contra Calderón. “Por eso considero que la actual legislatura debe
poner en conocimiento del Ministerio Público lo que ya resolvió el Tribunal Electoral”, indica el
jurista.
Reincidencia
Una conducta similar a la de Calderón le atribuyó el propio Tribunal Electoral al expresidente
Vicente Fox. En su dictamen del 8 de septiembre de 2006, en el que declaró presidente a
Calderón, el TEPJF matizó su imputación al decir que si bien Fox “puso en grave riesgo la
elección” al operar en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, su interferencia no se
podía medir electoralmente.
Miembro de institutos y academias de derecho en América Latina y Europa, Valadés habla de las
implicaciones de la violación cometida por Calderón:
“Hubo impunidad para el presidente en 2006. En 2009, el presidente reiteró los hechos, y si de
nueva cuenta hay impunidad, entonces quiere decir que muy bien podrá reiterar los hechos en

5. 2012. Es decir, si ya violó la Constitución en 2009 y no hay nada ni nadie que se lo impida,
podemos presumir y temer que puede hacer lo mismo en 2012.”
Admite que una denuncia de la Cámara de Diputados generaría tensión en el país, “pero si el año
que entra hubiera otra vez violación de la Constitución por parte del presidente, la tensión también
sería inevitable. De manera que estamos lamentablemente condenados a vivir un periodo de
tensión política mientras no resolvamos la estructura de nuestro sistema constitucional, por lo que
se refiere al régimen de gobierno”.
Y añade: “No queremos ser gobernados por delincuentes y tener expresidentes en la cárcel; pero
para evitarlo tenemos que mandarles a los presidentes mensajes firmes, claros, precisos y
basados en derecho para que se abstengan de violar la ley y cumplan con la obligación a la que se
comprometieron cuando tomaron posesión conforme al artículo 87 de la Constitución”.
–¿Es un asunto de equilibrios?
–No, es un asunto de control del poder.
Explica: “El gobierno no está controlado ni por lo que respecta a sus actos ni a sus omisiones”. Y
cita el caso del obsequio de entre 13 mil y 17 mil millones de pesos –mediante deducciones
impositivas– al sistema educativo privado decretado este año por Calderón, y apoyado a su vez en
un decreto de 1977 del entonces presidente José López Portillo. La medida, dice Valadés, se tomó
en un momento de restricciones presupuestales en que la educación pública presenta muchas
carencias.
“No tenemos formas de fincar responsabilidades. Esto quiere decir que nuestros controles son los
que están fallando”, en particular el del Legislativo. “No puede ser que el Congreso establezca los
impuestos y que el presidente decida quiénes no los pagan”, expone.
Autor, entre otros, de textos acerca del sistema representativo, asegura que esa ausencia de
controles demuestra que el Estado mexicano es “altamente deficitario”. En el caso del gobierno de
Calderón, dice, este hecho se expresa en su actuación ante el problema de la inseguridad.
Valadés considera que no obstante estar apoyada en el derecho de petición establecido en el
artículo 8 constitucional, la solicitud de renuncia de García Luna “carece de instrumentos
constitucionales para procesarla”.
En cambio, en un sistema democrático consolidado, esa demanda tendría un gran respaldo al
permitir la censura de los integrantes del gabinete, formulada fundamentalmente por los congresos
o los parlamentos.
“Si ese fuera el caso, el secretario García Luna habría dejado hace tiempo de formar parte del
gabinete presidencial. Pero en las democracias a medio construir, como la mexicana, en la que
todavía padecemos los efectos de un presidencialismo autoritario, altamente concentrador del
poder, lo que planteen la sociedad y el Congreso, así sea de manera mayoritaria, puede ser
ignorado por el presidente de la República. Es un signo más de la caduquez de nuestro sistema
presidencial”, lamenta.
Anacronismo
Aunque en México no se establece la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, “lo que no
podemos entender es que la irresponsabilidad del jefe de Estado trascienda y beneficie a todos los
que colaboran con él”.

6. Y apunta: “En México no se equivocan el presidente ni el secretario de Seguridad Pública o el de
Gobernación ni ningún otro secretario de Estado, aunque todos los mexicanos estemos enterados
y seamos conscientes de los múltiples errores en que incurren.
“Los fracasos de los secretarios de Estado son palmarios y los estamos pagando todos. Tenemos
una pluralidad de secretarios fallidos que fracasaron hace mucho tiempo y que demuestran que el
problema va más allá del narcotráfico. El eje del problema es que tenemos un gobierno de
incompetentes.”
Modificado el sistema en el que el titular del Ejecutivo concentraba el poder, ahora “el presidente
ocupa el vértice de poder, pero sin los instrumentos del mismo. En esas circunstancias, ni hace ni
deja hacer.
“Ser jefe de Estado en México –puntualiza– es ser el protagonista de un sistema que ya falleció y
del que sólo nos queda la representación fantasmagórica de una autoridad que carece de
instrumentos para alcanzar resultados objetivos.”
Y si, además, “llevado por ese falso principio de autoridad de que sus decisiones son perfectas y
por lo tanto irrevocables, como en el tema de la seguridad, entonces puede sostener a quien se le
ocurre y antoje”, dice en relación con el apoyo de Calderón a García Luna.
En una entrevista con Julio Scherer García, publicada en el libro Historias de muerte y corrupción,
escrito por el fundador de Proceso y cuyo adelanto apareció en la edición 1790 del semanario, el
general retirado del Ejército Luis Garfias Magaña insistió en que Calderón debió haber procedido a
la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 constitucional para actuar contra el
narcotráfico.
Valadés coincide: “Los actos de gobierno habrían sido controlados por el Congreso y la presencia
de las Fuerzas Armadas en las calles tendría el apoyo de todos los partidos. Se habría construido
una política de Estado. Pero el presidente quiso tener todos los lauros de la victoria; pero también
va a recibir todo el acíbar de la derrota”.
A la violencia exacerbada, detalla, se suma la lenidad en la PGR; es decir, el incumplimiento de su
deber de investigar los delitos, sobre todo de aquellos emblemáticos, como los que se relacionan
con el caso de los niños que murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora; el de
las fosas clandestinas en estados norteños, o el de la situación de los inmigrantes
centroamericanos, quienes son asesinados y sometidos a toda clase de vejaciones en su paso por
México hacia Estados Unidos.
“Esto habla de que el país está viviendo una dilución institucional como no conocíamos desde el
siglo XIX. Y, o tenemos una respuesta rápida, constructiva, de una reforma institucional muy
profunda en el tiempo más breve posible, o bien lo que estamos viviendo hoy nos lleve a
situaciones peores, y muy bien podría ocurrir que en 2015 digamos: „qué bien estábamos en
2011‟”, sentencia.

7. 2. Argentina, nuevo dominio de “El
Chapo”
Jesusa Cervantes
Los principales cárteles mexicanos de la droga –el de Sinaloa, el de Tijuana y Los Zetas– lograron
expandirse hasta Argentina, donde operan a sus anchas mediante complicidades sui generis. En
revelaciones exclusivas a Proceso como parte de una investigación que realiza en ese país, el
especialista Edgardo Buscaglia explica que esas organizaciones delictivas se han valido de las
iglesias a fin de penetrar en las comunidades pobres con el propósito de obtener la aceptación que
requieren para actuar con total libertad. Para ello, dichos cárteles, en especial el de Sinaloa, que
lidera El Chapo Guzmán, cuentan con la complicidad de las autoridades de esa nación
sudamericana que, a diferencia de las colombianas o chilenas, no hacen nada para frenar “la
invasión mexicana”.
El cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán, amplió su campo de operaciones hacia
las provincias más pobres del norte de Argentina, donde ha establecido centros de producción,
acopio y distribución de drogas. Arropada por algunas iglesias de la región, esta organización ha
logrado mantenerse a salvo de operativos policiacos y desde hace tres o cuatro años se ha
vinculado con las comunidades locales, que le brindan la protección que requiere.
El modus operandi gracias al cual el cártel de Sinaloa ha podido desplazarse y trabajar en ese país
tiene como uno de sus ejes a la Iglesia, sostiene el especialista e investigador del Instituto
Tecnológico Autónomo de México Edgardo Buscaglia.
Entrevistado desde México mientras viaja por Argentina, a donde acudió junto con su equipo de
trabajo para efectuar un sondeo de campo sobre las andanzas de los cárteles mexicanos, el
especialista revela a Proceso sus hallazgos y la manera en que los barones de la droga se infiltran
en las comunidades más pobres de ese país, pues aclara que, además del cártel de Sinaloa, el de
Tijuana y Los Zetas lograron extenderse hacia esa nación.
Y lo hacen, puntualiza Buscaglia, mediante el trabajo social que impulsan las iglesias, en especial
las evangélicas.
Argentina, el segundo país más grande de Latinoamérica fue elegido por El Chapo para
“diversificar sus posiciones” y “minimizar riesgos”.
Pero si bien las provincias elegidas por el narcotraficante mexicano –Chaco, Formosa, Misiones–
no son las más remotas, sí son las más pobres. Se encuentran en la zona norte en regiones
selváticas o boscosas con un clima tropical y templado, aunque en verano las temperaturas llegan
a 50 grados centígrados. Su ubicación es estratégica, pues colindan, por un lado, con Paraguay y,
por el otro, con Uruguay.
Según el equipo de Buscaglia, El Chapo instaló centros de producción de droga en esas
localidades, con la complicidad de algunas iglesias.
El especialista detalla: “En los últimos años Argentina se ha transformado en un centro de
producción de drogas sintéticas y esa zona (donde opera El Chapo) está compuesta por Formosa,
Chaco y Misiones, que están en el norte del país.
“Ahí se ha establecido una base patrimonial y productiva del cártel de Sinaloa y del cártel de
Tijuana en combinación, ¡aunque parezca mentira! Pero también hay atisbos de presencia de Los
Zetas en la parte central del país, en Córdoba y Santa Fe.”

8. –¿Desde cuándo tiene usted conocimiento de que el cártel de Sinaloa comenzó a operar en
Argentina?
–Hace tres o cuatro años. Los colombianos ya tenían participación en ese país desde los años
noventa, pero los cárteles mexicanos comenzaron a expandirse visiblemente a partir de 2007 y se
han ubicado en la zona norte, que son los centros productivos. Su manejo patrimonial y de
inversiones está muy focalizado en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe.
El posicionamiento
Hasta donde se sabe, el cártel del Chapo llegó a la provincia del Chaco en 2007. Su emisaria fue
María Alejandra López Madrid, quien tenía como objetivo poner en funcionamiento la “Iglesia
Evangélica del Nuevo Milenio”, según reveló a medios de aquel país Claudio Izaguirre, presidente
de la Asociación Antidrogas de la República Argentina.
Al cabo de dos años no había ninguna información de lo que hizo en ese templo enclavado en una
de las zonas más pobres del país. No fue sino hasta agosto de 2009 cuando se suscitó un conflicto
entre los habitantes del lugar y un mexicano que aseguró ser pastor y reclamaba la iglesia.
Intervinieron las autoridades y el supuesto pastor se identificó con el nombre de Jerónimo López
Valdez; reiteró que iba para hacerse cargo del templo.
La policía argentina verificó los datos y comprobó que nadie con ese nombre había ingresado al
país y que en México no había registrado pastor alguno con ese nombre. Lo que sí encontraron fue
una fotografía con el nombre de Víctor Hugo López Valdez, una persona con antecedentes penales
y que en México era buscado por narcotráfico.
El mismo Claudio Izaguirre dio a conocer que la mujer que dos años antes había fundado el templo
fue detenida por las autoridades de Paraguay el 2 de mayo de 2009 “por actividades ilícitas”.
El 28 de agosto de 2009, Radio Fénix La Rioja, de la provincia La Rioja, cercana al Chaco,
difundió: “El tenebroso cártel mexicano de Sinaloa pretendería instalarse en Chaco mediante la
fachada de iglesias evangélicas… se estima que los individuos tratarían de enviar efedrina al
exterior mediante vuelos ilegales”.
La radiodifusora reprodujo una declaración del integrante de la Asociación Antidrogas, Claudio
Izaguirre: “Hay fuertes sospechas de que el norte argentino sería usado para enviar ilegalmente al
exterior, por avionetas, importantes cargamentos de efedrina… pueden transportar hasta 600
kilogramos. Salen de Argentina, arriban al suelo mexicano y hacen escalas en Perú, Costa Rica,
Panamá, Nicaragua, Honduras y Guatemala”.
En mayo de 2010, el periodista mexicano especializado en temas de narcotráfico José Reveles
indagó el caso del Chaco y lo documentó en su libro El cártel incómodo.
El 18 de mayo de 2010, la prensa argentina divulgó la versión de que elementos de la agencia
antidrogas estadunidense (DEA) estarían en la localidad de Resistencia, perteneciente a la
provincia del Chaco, para indagar la presencia del Chapo Guzmán y el uso de iglesias evangélicas
como fachada para encubrir sus actividades.
En su libro Reveles menciona el templo evangélico que El Chapo le construyó a su madre,
Consuelo Loera de Guzmán, en la comunidad de La Tuna, en Sinaloa. El templo se convirtió en
poco tiempo en el centro de convenciones y ceremoniales al que acuden fieles 200 kilómetros a la
redonda y que provienen de Durango, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima y Nayarit.
Si bien la presencia del cártel de Sinaloa en algunas provincias de Argentina se detectó hasta
2009, según los funcionarios antidrogas de ese país ya operaba desde 2007.

9. Sin embargo, de acuerdo con un reporte que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó en
octubre de 2010 a los diputados de la LXI Legislatura, fue a inicios de 2003 cuando los cárteles
mexicanos redimensionaron su rol para fortalecer su participación e influencia en países de Centro
y Sudamérica. Intensificaron su presencia en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Centroamérica
para la producción de cocaína, y a partir de 2007 se trasladaron a Argentina para la fabricación de
efedrina, precursora de drogas sintéticas.
Fachadas
Para algunos especialistas la estrecha relación entre iglesias de diferentes denominaciones y
grupos criminales tiene como uno de sus fines el lavado de dinero.
Marcelo E. Decoud, director regional para América Latina y el Caribe de la International
Compliance Association, con sede en Londres –institución que imparte capacitación en materia de
criminalidad financiera y combate el lavado de capitales–, sostiene que las organizaciones
criminales utilizan iglesias con representación en varios países de Latinoamérica para el lavado de
dinero.
De acuerdo con este especialista, las agrupaciones religiosas acuden a un banco para depositar
fuertes sumas en efectivo que dicen haber recibido de sus fieles; luego el dinero es transferido a
otro banco y finalmente a otro, fuera de su país de origen, principalmente en instituciones ubicadas
en paraísos fiscales.
Aunque Buscaglia no descarta que se utilicen las estructuras religiosas para lavar dinero,
considera que las organizaciones criminales las usan para granjearse el favor de la gente, y de
esta manera garantizar su propia seguridad.
Explica: “La situación de penetración es con fines típicos que todo grupo criminal tiene para poder
protegerse socialmente en determinadas áreas. A veces lo hacen a través de la Iglesia católica y
en otras ocasiones utilizan a las asociaciones evangélicas, protestantes. En Centroamérica se
valen de las bautistas y evangélicas”.
Detalla que los grupos criminales promueven su protección social mediante la construcción de
iglesias y de infraestructura religiosa, y asimismo por medio del financiamiento de actos religiosos.
En ese sentido, sostiene, las iglesias no buscan lavarles dinero a los grupos criminales. Protegerse
socialmente y obtener legitimidad social, ese es el modus operandi de los grupos criminales.
Destaca que la delincuencia organizada “tiene que ser vista cercana a los valores religiosos de las
poblaciones en donde los grupos mafiosos buscan protección… Éstos pretenden que con sus
actos el pueblo les dé su beneplácito”.
El investigador enfatiza que esa relación “es un factor de penetración muy importante para que los
grupos criminales cuenten con protección social. Ésta es tan importante como la protección
política. No puede entender hoy cómo El Chapo se protege si no se entiende el ángulo social de
esa cobertura que tiene una faceta religiosa.
“Las construcciones, las actividades que la familia realiza en los templos, ese tipo de cosas
implican realmente un lavado patrimonial que no es de gran envergadura, pero que adquiere
relevancia para explicar los niveles de protección social de los que gozan los cárteles en México y
en otros países.”
Mediante su trabajo, el experto se ha percatado de que los cárteles establecen centros productivos
en lugares donde pueden realizar sus actividades de manera abierta y notoria. “Para ello necesitan
dos cosas: la protección política por parte de los gobernadores de estas provincias y la protección
social, que implica que la población no los denuncie, no los expulse. ¡No todo se logra con

10. amenazas ni con asesinatos! Por lo tanto, sí han penetrado las iglesias, no solamente las
evangélicas sino también la católica en estas regiones”, puntualiza.
Diversificación
Mediante sus pesquisas Buscaglia pudo constatar cómo tres iglesias evangélicas –además de la
del Nuevo Milenio– han sido penetradas patrimonialmente por el cártel de Sinaloa. Aunque revela
la zona donde se ubican, solicita que no se mencione el sitio exacto donde se encuentran, por
razones de seguridad.
“Son tres iglesias evangélicas… En poblaciones en donde no estaban acostumbrados a este tipo
de presencia hoy se observan amplias presencias productivas y patrimoniales de cárteles
mexicanos en esa región, que el gobierno argentino no está combatiendo. El gobierno está
permitiendo activamente la presencia de esos grupos y eso significa que también existen indicios
de penetración política.”
Agrega que el siguiente paso es la penetración patrimonial en el sector privado, sobre todo en las
empresas farmacéuticas. Incluso recuerda que en Argentina ya se han presentado en fechas
recientes varios homicidios de empresarios de este ramo.
–¿La razón por la que los cárteles mexicanos se están trasladando a Argentina se debe a la
persecución del gobierno, a que buscan lugares más seguros o países más facilitadores?
–La expansión de los cárteles mexicanos a 52 países muestra sin lugar a dudas mayor fortaleza
patrimonial. México ha sido su base de corrupción, de poderío político que les ha permitido
expandirse a otros países. Ellos, cuando incrementan su riqueza tratan de diversificar sus
posiciones para minimizar riesgos.
“No eligen cualquier país; por ejemplo, no se van a Chile o a Colombia a establecer sus bases
productivas; acuden a lugares donde hay más impunidad, como Argentina. En este momento –
explica– ese país tiene índices muy altos de impunidad en donde causas ligadas a grupos
criminales prescriben, no se les tipifica como delincuencia organizada; amplios sectores políticos
están siendo penetrados por grupos criminales y por eso la presencia del cártel de Sinaloa en
Argentina no es casual. Ellos buscan paraísos patrimoniales, como México y Argentina.”
Buscaglia destaca el trabajo de Paraguay y de Brasil para frenar la presencia de cárteles de la
droga. “Ahí no hay surgimiento como hongos de bases productivas; sí se observan en Argentina,
donde la impunidad es mayor y, por lo tanto, la vinculación con iglesias responde a intereses
productivos, patrimoniales y políticos de los grupos criminales”,
Buscaglia advierte a las iglesias que deben ser muy cuidadosas para no dejarse capturar mediante
la treta de la obra social proveniente del narco: “Porque si bien uno argumenta que las iglesias no
están activamente buscando ese canal de lavado patrimonial, también es cierto que muchos
actores de las iglesias y de la Iglesia católica se hacen de la vista gorda. Fingen que no se
percatan de esa búsqueda de legitimidad social por parte de las mafias mexicanas. La Iglesia tiene
que ser mucho más activa en impedirlo, pero es algo que no se observa en Latinoamérica ni en
México”.
Y añade: “Las iglesias son bastante cómodas y aceptadoras de la infiltración delincuencial y eso
hace que desde el punto de vista pasivo también sean sujetas a acusaciones de corrupción.
Aunque se trata de corrupción pasiva, es corrupción al fin”.

11. 3. Juárez: Cómo se vive en la muerte...
Judith Torrea
Juárez en la sombra es el resultado de haber vivido en la ciudad más violenta del mundo los
últimos 14 años y de observar y narrar sus tragedias cotidianas. Con crónicas incluidas en este
volumen, la periodista-bloguera española Judith Torrea Oiz mereció los premios Ortega y Gasset
de Periodismo Digital 2010 y el BOB-Reporteros Sin Fronteras 2011. Con autorización de la
editorial Aguilar y de la autora publicamos un fragmento de este libro de reciente aparición.
“El Buitre”
Los 70 casquillos en la arena. Y él, acercándose con su camisa planchada, impecable, de color
blanco. Los pantalones son de mezclilla. Ve dos cadáveres, la mirada de unos niños que sonríen
como si fueran inmunes al dolor. Y no sabe qué le aterra más: si el presente o el futuro.
De pronto, descubre otros dos. Más uno: son cinco los nuevos. Los convertidos en muertitos.
Como en una película. Real.
Se fija en los cuerpos tirados en las calles sin pavimentar de Ciudad Juárez. La puerta del Nissan
2001 está abierta, como si hubieran intentado huir y al hacerlo se abrazaron en la muerte: uno
encima de otro.
Una mujer sale de la casa de enfrente con una cobija para cubrir a los jóvenes. Llegan los gritos de
las madres, las novias, los novios y él preferiría huir. Le gustan más los muertos que ya no pueden
susurrar ni lo que casi nunca se sabrá con precisión en Ciudad Juárez: quién los mató y por qué.
Por el cerro suben riadas de personas que se distribuyen en el triángulo mortífero de las calles. Lo
hacen para salir de la agonía de la duda: ver si les tocó o no a sus hijos.
Ya cayó la noche.
Del vehículo los rafaguean, es un Pontiac que surgió con un atardecer mágico de feroces rojos y
que ya se ha esfumado. Primero dispararon a un chavo. Luego dieron la vuelta, comenzaron a
perseguir al carro de los dos jóvenes y al de las chicas, de 15 años. A una de ellas le habían
asesinado un hermano hacía unos meses.
Él se acerca con cautela, va de un escenario del crimen al otro, recorriéndolo en unos tres minutos
a pie. Y se fija quién está más tranquilo de todos los familiares de las víctimas. A veces, en unos 45
minutos, las madres que han entrado en crisis comienzan a asumir lo que ha pasado. Ésta es la
clave para su trabajo: saber cuál es el momento. Se acercará. Y hará lo que está haciendo ahora:
“Disculpa que me atreva a hablar contigo ahorita, pero es necesario que te explique lo que tienes
que hacer: el día de mañana te tienes que presentar a Averiguaciones Previas, con dos familiares
y la papelería. Es necesario que te presentes con una funeraria. Si en algo te puedo servir, aquí
tienes mi tarjeta.”
Los “buitres” son personas que van en busca de cadáveres: para vender a sus familiares un
servicio funerario. Lo antes posible. Y este hombre es un “buitre”. Trabajan en silencio, de incógnito
hasta que sienten un tantito de confianza. Pueden ser muy mal recibidos.
En ocasiones, un mismo buitre puede trabajar para varias funerarias. Como si fuera un freelance
de los entierros. Se llevará una comisión. El servicio más solicitado ahora es el más barato. Cuesta
unos 4 mil 500 pesos (unos 372 dólares), de los que le tocarán al “buitre” unos 500 (41 dólares) por

12. servicio contratado. Otros reciben el salario fijo de la funeraria, unos 2 mil 500 pesos (unos 200
dólares) a la semana.
Los mejores son los que llegan antes a la tragedia: la estudian, se acercan con discreción y
consiguen que los familiares los atiendan. Cada vez hay más buitres “reciclados” de otras
profesiones que se van extinguiendo al mismo tiempo que sus negocios. Entre los nuevos
muerteros –porque también les llaman así–hay desempleados de las maquiladoras, de discotecas,
cantinas y restaurantes que huyeron con la violencia. Pero ya pocos se atreven a lanzarse hasta
las escenas del crimen. Trabajan de otras maneras: vendiendo servicios a los vivos que saben que
la vida es un instante genial que puede ser arrebatado.
Este buitre es Ángel, el nombre que eligió por seguridad. Porque a ellos también los matan.
Su promesa
Un domingo de hace casi un año. Cervezas en la tarde. Entre los ataúdes. Al finalizar la jornada. El
Buitre y su amigo, con sus esposas, en la funeraria donde trabajaban.
“Si algo llega a pasarme a mí, mándame en este ataúd, el más corriente, y ahí le encargo yo que
me vaya y mi familia a Veracruz”, dijo El Buitre.
Y él le contestó: “No, licenciado. Si a mí me toca irme antes quiero éste (un ataúd de madera fina y
con la Virgen de Guadalupe grabada) y también le encargo la familia”.
Dos semanas después el amigo estrenó su ataúd: como otro compañero de la misma compañía de
servicios fúnebres pero que había sido asesinado un día antes. Eran las 3:30 de la tarde, lo
mataron e incendiaron también la funeraria: con los cadáveres dentro. Sobrevivió, entre las
cenizas, un letrero en una de las paredes que dice: “Un digno adiós a quien amor merece”.
La compañía fúnebre era de un padre de familia que había huido dos años antes a Estados
Unidos, por la violencia. Y tenía tres sucursales. Dos fueron quemadas al segundo de acribillar a
los trabajadores, y la tercera la abandonaron los empleados: al día siguiente del segundo
asesinato.
El Buitre pensó en huir. Como lo hicieron algunos de sus 20 compañeros. Y miles de juarenses: en
un paisaje de edificios incendiados por no pagar una cuota de extorsión y casas abandonadas.
Imaginó cómo sería regresar a su natal Veracruz, de la que emigró hace una década en busca de
trabajo. No tenía dinero para irse pero podía tomar unos pesos que le habían quedado para hacer
unos pagos pendientes de la funeraria. En ese instante, su esposa le recordó aquellas cervezas.
“Decidí quedarme y empezar a fregar la existencia a ella (dice riéndose, mirando a la viuda de su
amigo), y ahorita sí, ha habido momentos en que yo me desespero y quisiera irme, pero me he
aguantado y creo que no va a suceder, porque entre más tiempo pasa, más me encariño aquí con
Juaritos”. Y mucho. Hace seis años, El Buitre partió por casi un año, con toda su familia, al histórico
puerto de Veracruz: una ciudad hermosísima, en la que todavía se puede salir a las calles sin
peligro de que te maten. Lo hizo por motivos personales. Cuando terminó el ciclo escolar preguntó
a sus hijos si querían volver a Ciudad Juárez o se quedaban. La respuesta fue: “Vamos para
Juárez”. Y él escuchó el deseo de su familia un tanto aliviado: “Te voy a decir que en Veracruz ya
no me aclimaté. Dicen que si tomas agua de Juárez, acá te quedas”.
La viuda del compadre

13. Nunca había visto un muerto: hasta que le tocó ver a su esposo. Lo había acompañado antes a su
trabajo, en la funeraria, pero lo máximo que había querido divisar eran los ataúdes. Lo suyo era la
venta de perfumes en un mercado de segundas. Le gustaba transformar el universo polvoriento de
su puesto con olores que soñaban a Europa. Cuando fue asesinado, se enfrentó al mundo de su
marido. En su propio cadáver: la cara deformada, la sonrisa oculta, los agujeros de las balas.
Lo peor vino después. La soledad de la casa, el silencio de su hijo. Quiso caer en una depresión.
La familia de El Buitre no la abandonó. Tanto así que al mes se mudaron a una casita contigua. Y
contaban con ella para todo, “que si vamos por un muertito en la calle, al Semefo (Servicio Médico
Forense), a visitar a la familia de un asesinado”. No querían dejarla sola y la invitaban a compartir
sus actividades, que ya no eran divertidas: en los últimos tres años –desde que comenzó la
llamada guerra contra el narcotráfico del presidente de México, Felipe Calderón– los domingos
habían pasado de ser motivo de carne asada en el parque, a convertirse en jornadas agotadoras.
Había demasiada chamba, asesinatos. En una ciudad donde los únicos negocios que nacen son
los de la muerte: pequeñas funerarias, arreglos florales, canciones para los difuntos.
Ahora es una viuda la que acompaña al compadre de su esposo asesinado a buscar cadáveres:
como si el ser testigo directo de la muerte fuera un antídoto ante los porqués de la pérdida. “A
veces, lo que una ve es más horrible que lo que tú pasaste. Lo más duro es cuando a una madre le
matan a su hijo”.
Va con la esposa de El Buitre. A unos pasitos más adelante que ella. Como si fueran
guardaespaldas improvisados que intentan esquivar la muerte: a la vez que la persiguen.
“Yo ando con él por lo mismo, por la situación que existe ahora, para no dejarlo solo”. Ni en los
cadáveres.
“Y olvidar”. Apunta la viuda.
Buscando “muertitos”
Cada vez veo más a El Buitre. Hay días en que me lo encuentro seis veces, otros 15 o 20, incluso
hasta 27. Las muertes golpean con más fuerza a la ciudad. Los muertitos son cada vez más
jóvenes, adolescentes, niños. Y la brutalidad de los asesinatos aumenta: masacres, cuerpos
torturados y calcinados e incluso han comenzado los coches bomba, las granadas. Y las
persecuciones de los policías federales por la ciudad, mientras la gente corre del pánico y sufre
crisis nerviosas. A las desapariciones y asesinatos del Ejército se han sumado los de la Policía
Federal, que también son acusados de extorsionar a la población y secuestrar, según la Comisión
Estatal de Derechos Humanos. Lo que continúa igual es que los asesinados no portan, la mayoría
de las veces, armas.
Lo que hay son más fuerzas de seguridad, son 10 mil agentes: federales y soldados enviados por
el presidente de México, Felipe Calderón.
Los reporteros y los “buitres” llegamos (muchas veces) antes que ellos al lugar de los hechos. Y
uno comienza a cuestionarse muchos porqués.
Nuestro trabajo cada vez es más difícil. La mayoría de las agresiones directas que recibimos son
de las fuerzas de seguridad. Para no informar. También hay presiones de los cárteles de la droga
que tratan de imponer su agenda informativa (incluso con periodistas corruptos) y la posibilidad de
morir en una balacera, un granadazo o una bomba en la calle, como cualquier ciudadano.
El peligro ahora se ha democratizado: ya no es sólo para las jóvenes, bellas (y eso sí, pobres) que
siguen desapareciendo desde hace 18 años y con comisiones ineficaces que surgen para calmar

14. la presión internacional. Encontrarlas, prevenir y esclarecer los hechos es todavía un imposible:
posible.
El riesgo está en estar vivo: más de 7 mil 500 personas (asesinadas) en cuatro años fueron
testigos. La versión oficial es que el cártel de Sinaloa está disputando la codiciada plaza del paso
de las drogas –que llegan desde Colombia para que en Estados Unidos las consuman (en paz) –.
Y que el presidente Calderón comenzó su guerra para proteger a la ciudadanía de la violencia
generada por el crimen organizado, además para exterminar uno de los mayores negocios del
mundo, que ha convertido a políticos y empresarios en millonarios. Las autoridades dicen que la
mayoría de los muertos están relacionados con el narcotráfico. Pero yo veo otro mundo. El Buitre
también. El mundo de los que se quedan. (...)
Tragedia en cada esquina
Con El Buitre empiezo a descubrir la Ciudad Juárez que se resiste a morir. La que muere cada día,
varias veces, pero resucita con los que se quedan, forjados en este desierto traicionero: de
inviernos heladores y veranos que desearías huir.
Vamos por la colonia Manuel Valdez, una de las tantas zonas pobres de la ciudad: las casitas en
hilera. Observamos las rejas que protegen algunas ventanas. Las calles están pavimentadas, algo
no muy común en una ciudad como ésta, donde 60% son de arena, como el desierto.
–Aquí, Judith, han pasado muchas desgracias, en esta colonia, todas relacionadas con el
narcomenudeo: entra un comando armado y asesinan a dos hermanas en la casa, delante de
niños y la mamá de ellas. Al mes, matan al tío en la misma zona.
Manejamos unos minutos más, hasta llegar a un retén de los soldados: hay que reducir la
velocidad, mejor incluso detener el vehículo, estar muy atentos porque pueden comenzar a
dispararte si de pronto piensan que eres sospechoso.
–Al señor de esta esquina le matan al hijo por la cuota. Se han cerrado negocios así como no
tienes idea... Me da mucha tristeza. Te voy a decir algo: Juárez me ha dado mucho, le tengo un
cariño enorme pero también me ha pegado. Me ha pegado en dos personas, por decirlo así, mis
compañeros de trabajo que han fallecido... y eso que hay temporadas en las que no hay chamba,
en que si comiste carne en un mes, en un mes vas a comer puros frijoles... pues como quiera se
pasa. Pero te digo que de tres años para acá, esto ha cambiado.
Varias personas están fuera de una casa. Mujeres y muchos niños. También algunos
adolescentes. El llanto de una mujer se escucha por toda la calle. Es un llanto continuo, capaz de
desgarrar las entrañas de cualquier ser humano: aunque no sepas su nombre ni nunca la hayas
conocido. Ni a ella ni a su hijo, y al que está velando en el patio de la casa. Y El Buitre va a
cerciorarse en qué estado se encuentra el cadáver. Muy pocos en este oficio hacen esto. Pero
siente un apego especial hacia sus muertos... y con sus vivos.
Entra a la casa. Saluda y observa quién está más tranquilo de los allí presentes. Va hacia el
cuñado, le recuerda que tiene que conseguir una misa a más tardar para la 1:00 de la tarde y así
llegar a tiempo al cementerio. La familia es la que debe de hablar con el párroco de la iglesia
porque no hacen tratos con ellos. Les recomienda que sepulten al joven al día siguiente y que no
esperen una jornada más, por la salud psicológica de la madre.
El Buitre se acerca al féretro y se asegura que no haya veladoras a los lados, porque el efecto del
calor derretirá aún más un cadáver que espera ser sepultado bajo los más de 40 grados
centígrados que azotan hoy a Ciudad Juárez. Su dictamen es que el cuerpo está en buenas
condiciones aunque fue herido en el rostro. En ese recinto, el muertero es el único que piensa que
todo está en orden.

15. El Buitre se despide del féretro: lo que queda de un joven que se dedicaba a vender raspados:
hielos de sabores con los colores de la vida.
“Ahorita, lo que muchas familias (como ésta) enfrentan es costear un servicio funerario. En éste
nos damos cuenta al recibir el cuerpo que es un toro...”
El servicio costó 2 mil pesos (unos 165 dólares) más. Por obeso.
“Murió ahí donde estabas parada.”
4. Se multiplican las autodefensas
ciudadanas
José Gil Olmos
Ante la incapacidad de las autoridades municipales, y aun de las federales, para aprehender a los
delincuentes, controlar los asaltos y los plagios que se han elevado en los últimos dos años,
comuneros, productores y empresarios de los municipios de Ocuituco, Ocoxaltepec y Tetela del
Volcán, todos ellos de Morelos, decidieron formar grupos ciudadanos de autodefensa. Ellos dicen
que sólo siguen el ejemplo de comunidades de Guerrero, Chihuahua y Michoacán, que desde hace
tiempo tienen sus propios cuerpos de seguridad. Y aclaran: “no somos policías”, así que con el
narco “no nos metemos”.
TETELA DEL VOLCÁN, MOR.- Desde lo alto del cerro del Calabazo se avistan los pueblos
morelenses y poblanos empotrados en las faldas del Popocatépetl. Desde ahí, un vigía domina
todo el entorno, al tiempo que escucha su aparato de radio de baja frecuencia que le sirve para
comunicarse con sus compañeros, sobre todo cuando algún maleante merodea por la zona.
“Si los delincuentes se organizan, nosotros también lo hacemos”, dice el vigía, quien se identifica
con el código Zorro. En su puesto de observación ondea una bandera que simboliza la unidad
nacional y el sentido patriótico de la organización.
Zorro suelta una advertencia: “Ahora saben que la perra también es brava y no nos vamos a rajar”.
Junto con otros lugareños, empresarios y productores de durazno y aguacate, él forma parte del
grupo ciudadano de autodefensa Relámpago, que desde septiembre del año pasado opera en los
altos de Morelos.
Los pobladores se organizaron para adquirir la tecnología necesaria a fin de instalar su centro de
operaciones, que incluye una antena de radio instalada en el pico del cerro para tener una mejor
recepción. Gracias a esa infraestructura, la organización tiene una cobertura que va más allá del
estado.
Al igual que en Morelos, donde la delincuencia se eleva cada día ante la incapacidad de las
autoridades, en otras poblaciones como Cherán, en Michoacán; en las regiones de la Costa y de la
Montaña, en Guerrero, y en LeBarón, Chihuahua, también existen grupos de autodefensa como
Relámpago.
La Policía Comunitaria guerrerense es quizá la experiencia más antigua. Surgió a finales de 1995,
meses después de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, para defender a la
población de la represión militar y para protegerla de las bandas delincuenciales de la zona.

16. Hoy, ese cuerpo está conformado por 700 elementos y su ámbito de influencia abarca 70
comunidades en nueve municipios. Su sistema de impartición de justicia es singular, pues se basa
en la reeducación. Así, quien delinque es obligado a pagar su falta con trabajo comunitario.
“La Policía Comunitaria es una institución de los pueblos creada como una forma de justicia que no
se cobra, cimentada en un nuevo derecho, distinto al impuesto por el Estado, vigila la seguridad en
los caminos y vela por la impartición de justicia, derecho arrebatado al pueblo”, comenta Asunción
Ponce Ramos, presidente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC),
encargada de supervisar a esta agrupación.
En el caso de la comunidad mormona de Chihuahua, donde Benjamín LeBarón y su cuñado Luis
Widmar Stubss fueron asesinados el 7 julio del 2009 por sicarios luego de que denunciaron a un
grupo de secuestradores en esa entidad, Julián LeBarón propuso la creación de una policía
comunitaria armada en esta zona de Chihuahua.
Dice que la autodefensa viene del sentido común y del derecho inalienable que tienen las personas
para defenderse: “Si no tienes manera de hacerlo, se acabó toda tu libertad; si sabes que la
autoridad no ha defendido a tus vecinos y no tomas el asunto en tus propias manos, entonces
estás abdicando de cierta manera tu derecho a la vida.
“Esa es una mejor manera de vivir y de morir que aceptar lo que nos humilla y nos denigra como
seres humanos. Como decía Emiliano Zapata: „Prefiero morir siendo esclavo de los principios que
vivir siendo esclavo de los hombres‟.”
Añade: “Creo que todas las leyes o las autoridades que nos dicen que no tenemos derecho a
defendernos o que no podemos defendernos están mal, porque esa es una obligación de la
autoridad, y si no cumple con eso es una autoridad totalmente falsa que traiciona a la ciudadanía
porque no permite que se defienda”.
Miembro ahora del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta
y colaborador de Proceso Javier Sicilia, Julián LeBarón, productor de algodón, dice que está
totalmente convencido de que la violencia no se puede combatir con la violencia. E insiste: “Pero
creo en el derecho de todos los seres humanos a defenderse”.
Instinto cazador
Renuentes a dar sus nombres por temor a represalias –“en octubre pasado atrapamos a varios
delincuentes y sus compañeros nos amenazaron de muerte”, dice a Proceso uno de los
entrevistados–, los integrantes del grupo Relámpago comentan que no están armados porque,
insisten, su única defensa es la unidad y la red de intercomunicación.
“No somos policías ni queremos enfrentar a los narcotraficantes. Si hacemos labores de seguridad
es porque tuvimos que entrarle; el pueblo nos apoya. En septiembre del año pasado ya no
podíamos vivir tranquilos, por lo que decidimos constituirnos en un grupo de autodefensa
ciudadana”, dice uno de los lugareños.
Incluso muestra su credencial, autorizada por la Dirección General de Enlace Interinstitucional
Comité de Colaboración Comunitaria de la Procuraduría estatal, en la que se especifica que los
integrantes del grupo no están autorizados a portar armas. Por eso, insiste, “sólo actuamos como
autodefensa. Cuando agarramos a un delincuente, lo entregamos a las autoridades para que lo
arresten; cuando se trata de armamento, de inmediato informamos a las corporaciones policiacas.
Esa es nuestra labor”.

17. Zorro es un campesino que admite que en un tiempo estuvo en el Ejército. Y aunque aclara que no
tiene experiencia en logística militar, cuando explica la estructura del grupo se notan de inmediato
sus reminiscencias castrenses.
Los integrantes de Relámpago, expone, se dividen en tres secciones, cada una con tres pelotones
que reportan sus actividades a un comandante; también cuentan con escuadras que le dan una
verticalidad a toda la estructura. En total son 200 elementos cuyo tiempo de reacción es de tres a
cinco minutos. Todos portan radios o celulares y su cobertura incluye a los pueblos colindantes con
Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.
“No hemos recibido instrucción militar de nadie –dice Zorro–; es nuestro propio instinto cazador el
que nos ha ayudado. Aquí todos somos campeadores, conocemos perfectamente el monte, la
montaña, las veredas, todos los caminos. Eso nos ha ayudado mucho.
“Cuando hay un evento, en menos de tres minutos más de 200 elementos reciben la comunicación.
Saben cómo liberar la frecuencia, pues todos manejan las claves. Nadie pregunta, sólo actúa. En
el caso de un secuestro, cerramos de inmediato el pueblo. La gente tiene claves y consignas,
órdenes precisas para cerrar las calles. La señal puede ser un toque de campana, un cohete”,
explica.
Las instituciones, rebasadas
Al igual que los habitantes de este municipio morelense, sus vecinos de Ocuituco y Ocoxaltepec
decidieron organizar sus grupos de autodefensa. Dicen que están cansados de las “deficiencias de
los gobiernos municipal y estatal”, incapaces de “detener la violencia, los secuestros, asaltos y
robos”.
Durante los últimos dos años, los levantones, extorsiones y robo de autos se dispararon; los
asaltos y plagios en carreteras y en las viviendas han afectado lo mismo a los campesinos que a
los empresarios locales de esta próspera región de los altos de Morelos por su producción de
aguacate y de durazno californiano de exportación.
Los primeros en organizarse fueron los de Ocuituco, señala Heberto Escobar, quien trabaja como
ayudante municipal. Relata que el 15 de octubre de 2009 la población acordó poner un alto a los
secuestros y el robo de autos que, dice, “nos traían asoleados”.
“Todos los hombres mayores de 18 años nos organizamos en grupos; somos como 3 mil.
Vigilamos las cuatro entradas y salidas del pueblo, sacamos nuestras armas de campo, escopetas,
pistolas, machetes... Hasta que los del gobierno y el Ejército llegaron y nos dijeron que no
podíamos hacer eso. Entonces nos dieron algunos radios e instalaron módulos.
“Desde esa fecha hemos participado en la vigilancia con grupos de cinco personas en el día y ocho
en la noche. Lo hacemos sin armas; sólo llevamos radios, que nosotros mismos compramos”,
explica el ayudante municipal.
Escobar asegura que los habitantes de Ocoxaltepec siguieron el ejemplo de sus vecinos de
Ocuituco y comenzaron a organizar sus grupos de vigilancia de día y de noche. Luego lo hicieron
los de Tetela del Volcán.
La diputada local del PRI Liliana Ibarra Campos, originaria de Ocuituco, narra a Proceso: “Yo lo dije
en la tribuna del Congreso: la desesperación de la gente era mucha y ya no estaba dispuesta a
arriesgar su vida. Ante el vacío que dejaban las autoridades del gobierno del estado y del
municipio, el pueblo de Jumiltepec comenzó a organizarse y a armarse. Pusieron retenes, lo que

18. es ilegal, pero lo hicieron para defenderse, como en Cherán, Michoacán, y otras comunidades del
país”.
Por fortuna, agrega, el alcalde de Jumiltepec reaccionó y envió a unos policías para reforzar la
vigilancia. Sólo así los pobladores dejaron las armas; únicamente se quedaron con machetes y
palos. Incluso se construyó un módulo para que organizaran sus guardias de vigilancia.
En 2010, la ola de violencia se elevó en las comunidades de Jumiltepec, Ocoxaltepec y
Huecahuaxco, del municipio de Ocuituco y en Tetela del Volcán. En dos años, en este municipio se
registraron 50 secuestros. Eso fue lo que movió a los habitantes a organizarse.
“Agarraban pobres, ricos; de todo. Los niños ya no podían salir a jugar, los jóvenes tampoco.
Había psicosis”, dice uno de los integrantes de Relámpago. Al principio sólo participaban los de
más confianza porque, aclara, ellos ya tenían identificados a los asaltantes y secuestradores que
vivían en la misma comunidad.
Zorro comenta: “Empezamos con 30 personas equipadas con radio de escasa frecuencia porque
nos los prestaba la presidencia municipal. Ahora somos 200 y contamos con equipo propio y de
mayor alcance, incluidos celulares.
–¿Las instituciones han sido rebasadas?
–Estamos conscientes de esta situación. La seguridad a nivel nacional está por los suelos.
Definitivamente no sé cómo analizarla pero la maldad se ha desbordado.
Los límites
Los grupos ciudadanos de autodefensa del poblado de Jumiltepec, perteneciente al municipio de
Ocuituco, y los de Tetela del Volcán, aseguran que ellos no se meten con los narcos.
Heberto Escobar, de Jumiltepec, expone: “Nosotros revisamos los autos… que no lleven a gente
secuestrada o cosas que se hayan robado del pueblo. Pero si vemos que llevan droga o armas, no
nos metemos… Los dejamos pasar”.
Cuando se le pregunta a Zorro sobre el mismo asunto, el comunero responde: “Sabemos que
existen (los narcos) pero no nos metemos con ellos. Nuestro problema es la seguridad; nosotros no
haremos nada (contra ellos) porque no somos policías. Que quede bien claro: no somos policías:
somos un grupo de autodefensa; somos un grupo de reacción inmediata y queremos mantenernos
independientes del gobierno”.
Dice que el propósito del grupo Relámpago es fortalecerse e interactuar con organizaciones
ciudadanas de otros poblados, como Ocoxaltepec, Jumiltepec y Zacualpan.
“Hemos invitado a más comunidades. Ya nos reunimos con la gente de allá y están totalmente de
acuerdo. Vamos a ver a todos los pueblos circunvecinos para que se unan a la causa, para que
nos apoyen a limpiar completamente la región. Ojalá el movimiento se extienda por todo el país.”

19. 5. En Cherán, a punto de gritar “a las
armas”
Francisco Castellanos y José Gil Olmos
CHERÁN, MICH.- El pueblo parece un campo de batalla: 350 barricadas, fogatas, montones de
piedras y de leña, costales de arena y autos hacen las veces de trincheras que los habitantes
utilizan para defenderse de talamontes apoyados por bandas armadas del crimen organizado.
Desde hace más de un mes se mantiene en este lugar un estado de sitio autoimpuesto. Los
pobladores vigilan día y noche las entradas y salidas del poblado.
Cada día que pasa la situación se torna más crítica en la zona purépecha de Michoacán. Además
del bloqueo que mantienen los habitantes de este pueblo, los accesos a toda la zona también
fueron cerrados el jueves 12 por los talamontes, apoyados por bandas de la delincuencia
organizada.
Este doble bloqueo afecta a toda la Meseta Purépecha, integrada por ocho poblaciones en donde
fueron arrasadas 12 mil hectáreas de bosque, informó una comisión de Cherán.
Un comunero comenta: “Las escuelas seguirán cerradas y los negocios también. Mucha gente que
trabaja en otros lados, incluso en Morelia, no puede salir. La policía municipal se alejó del pueblo
pero nadie confía en ellos porque protegen a los talamontes. El lunes 9, el subsecretario de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora
Castro, nos dijo que llegarían policías federales y el Ejército, pero no hay nada”.
Durante casi un mes, los habitantes de la región estuvieron abandonados a su suerte. Fue hasta el
jueves 19 cuando llegaron integrantes de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), formadas por
policías municipales, estatales y federales y soldados. Les pidieron terrenos para instalarse y que
formaran un grupo para coordinar las labores de vigilancia. Los comuneros aseguran que las BOM
no están operando y se mantienen en sus puestos sin hacer nada.
“Nosotros cumplimos de inmediato. Les avisamos que ya estaban los terrenos y la coordinación del
pueblo, pero la situación sigue tensa porque siguen talando el bosque y están armados”, dice un
campesino que pidió el anonimato debido a las amenazas de muerte que han recibido desde que
el pasado 15 de abril formaron el grupo de autodefensa ciudadana y se impusieron un estado de
sitio en Cherán.
Ese día la población purépecha decidió reaccionar ante los taladores de madera que, dicen, están
protegidos por el crimen organizado, presumiblemente por integrantes de La Familia que aún
siguen operando en la región.
Según algunos comuneros de Cherán este grupo de narcotraficantes tiene sometidos a decenas
de hombres, a quienes obligan a trabajar en la tala de árboles y sólo les pagan 150 pesos por día.
Un representante de los comuneros comenta que precisamente el 15 de abril varios pobladores
detuvieron 10 camiones cargados de madera y se enfrentaron con los hombres armados que
viajaban en ellos:
“Trataron de rescatarlos y se armó la balacera. Hirieron a Eugenio Sánchez Rendón, quien se
encuentra hospitalizado. Se llevaron a tres compañeros y se fugaron protegidos por patrullas de la
policía municipal que trabaja para el crimen organizado.”

20. Dos días después de este enfrentamiento cerraron todos los accesos al pueblo. Sin embargo, las
barricadas no pudieron detener a los hombres armados, que el 27 de abril se llevaron a dos
comuneros, Pedro Juárez Urbina y Armando Hernández Estrada, quienes aparecieron torturados y
ejecutados días más tarde.
No más violencia
“Ya estamos cansados de tanto abuso y Cherán está al borde del estallido social. No sólo esta
comuna, sino toda la Meseta Purépecha, se encuentra en estado de alerta. Sólo esperamos una
señal para levantarnos en armas contra el crimen organizado, que ya nos tiene hasta la madre”,
dice a los reporteros un comunero con el rostro cubierto.
Comenta que, de 2008 a la fecha, han sido asesinados nueve pobladores y cinco más están
desaparecidos por haber defendido los bosques y enfrentar a los talamontes que tienen guardias
con hombres armados.
“La lucha no es entre las comunidades como quieren hacer creer, sino contra las bandas
organizadas y el gobierno. Ya nos cansamos de explotación, chantaje, secuestros, levantones,
homicidios, extorsiones, y de vivir y morir con miedo. Ahora nos vamos a enfrentar a los malos,
sean mañosos o del gobierno. Sólo estamos esperando un tiempo prudente, y si no hay
respuestas, pues a las armas”, dice a los reporteros un indígena purépecha.
Los habitantes de Cherán aseguran que durante tres años los talamontes han saqueado sus
bosques en perjuicio de toda la población, que asciende a unas 18 mil personas.
“Saque cuentas: 180 mil pesos diarios, casi 35 millones al mes, durante tres años. Una fortuna,
¿no? Los talamontes están protegidos por un sujeto conocido como El Güero, que sembraba
mariguana en estos sitios sin que nadie le dijera nada. Ahora se dedican a cortar madera y han
pelado 13 mil hectáreas”, acota otro indígena.
Entre las piedras que sirven de retén, los pobladores de Cherán levantaron una bandera mexicana.
Las mujeres hacen tortillas, cocinan frijoles, arroz, corundas y tamales. Varios niños portan carteles
en los que se lee: “Felipe Calderón, como michoacano, protege nuestros bosques, no más
saqueos”; “No más muertos en la Meseta Purépecha”; “Tenemos sed de justicia y seguridad”, y
“Señor gobernador queremos pronta solución y efectiva, no más promesas”.
Los hombres llevan azadones, hachas, machetes, palos con punta, bates, guadañas, hondas,
piedras, navajas y cuchillos. Si hay una señal de alerta lanzan un cohete o tocan las campanas de
la iglesia.
Una mujer del pueblo grita a los reporteros: “¡Ayúdennos! ¡Queremos vivir en paz! Ya los malos
acabaron con nuestros bosques, los quemaron; quemaron yerbas medicinales, pinos, animalitos de
los cerros. Nos tienen asustados. Llegaron con sus armas a las escuelas y amagaron a los niños y
maestros y los sacaron, por eso no hay clases. Nos tienen amenazados. Por eso se levantó el
pueblo, porque no queremos que regresen los malos. Queremos que intervenga el Ejército o la
Marina, que estén de manera permanente. Pero vean: ¿Cuál policía ven? ¡Ni uno! Nada de nada!”.
En la noche, los vigilantes prenden fogatas y sus rescoldos aún se ven cuando los reporteros
hacen su recorrido al amanecer. En el barrio El Calvario todavía se advierten las huellas del
enfrentamiento del 15 de abril: camiones quemados, casas, postes y ventanas baleadas.
De camino a los montes, los comuneros muestran a los reporteros la “casita de campo” del alcalde
priista de Cherán, Roberto Bautista Chapina, donde cada ocho días hace grandes fiestas. Los
indígenas aseguran que él es gente del Güero.

21. La situación es grave, dicen los encargados de prensa y difusión de los movimientos: no hay
alimentos ni clases y los niños tienen miedo de ir a la escuela y que los saquen a balazos. La señal
de teléfono se va constantemente.
Un encapuchado dice a los medios que las escuelas no abrirán hasta que no haya seguridad para
profesores y alumnos, hasta que lleguen el Ejército y la Policía Federal.
Integrantes del Comité de Lucha comentan que para subsistir están recibiendo víveres de
organizaciones sociales, comunidades indígenas y de la sociedad civil, los cuales son
almacenados en el centro de acopio habilitado en el curato de la parroquia del pueblo.
El abogado de la comunidad, David Peña, advierte: “Estamos ante una situación excepcional; es la
primera vez que una comunidad indígena decide aislarse y autoimponerse un estado de sitio real
para hacer frente a la delincuencia organizada”.
Y lanza un llamado: “Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que actuar de manera
inmediata y efectiva para evitar que este hecho se convierta en una tragedia…”
6. ...Y el EZLN, a la expectativa
Isaín Mandujano
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El sábado 7 a mediodía, en el marco de la Marcha Nacional por la
Paz con Justicia y Dignidad convocada por el escritor Javier Sicilia y que se realizó en decenas de
ciudades del país y aun del extranjero, reapareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN).
Ante 25 mil indígenas que llegaron desde los cinco caracoles zapatistas, el comandante David
expresó: “Hoy estamos aquí miles de hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional para decir nuestra pequeña palabra. Hoy estamos aquí porque personas de
corazón noble y dignidad firme nos han convocado a manifestarnos para parar la guerra que ha
llenado de tristeza, dolor e indignación los suelos de México”.
El indígena tzotzil habló en perfecto castellano: “Nos hemos sentido llamados por el clamor de
justicia de madres y padres de niños y niñas que han sido asesinados por bala y por la altanería y
torpeza de los malos gobiernos. Porque nos sentimos llamados por la digna rabia de las madres y
padres de los jóvenes asesinados por bandas criminales y por el cinismo gubernamental…”
Durante más de un lustro no se supo nada del grupo, desde que sus huestes se replegaron en las
comunidades zapatistas de la Selva Lacandona. Llegó a especularse incluso que el
subcomandante Marcos había sido relevado del cargo; que había sido ejecutado; que estaba fuera
del país. Sin embargo, el 25 de enero pasado, el líder político-militar reapareció para expresar sus
condolencias por la muerte del obispo emérito Samuel Ruiz García.
Y pronto volvió a reposicionarse en los medios. Semanas después envió una carta al escritor Luis
Villoro y otra más en la que convocó a la bases de apoyo del EZLN para que salieran de la Selva
Lacandona y de Las Cañadas y se concentraran en San Cristóbal de Las Casas para solidarizarse
con el movimiento encabezado por Javier Sicilia.
Los zapatistas marcharon hasta la Plaza de la Paz, también llamada de la Resistencia, frente a la
Catedral. Ahí se concentraron los indígenas provenientes de los cinco caracoles. Vestidos con sus
coloridos trajes típicos manifestaron en sus lenguas originarias la consigna: “Estamos hasta la
madre por la guerra de Calderón”.

22. Con su convocatoria, la dirigencia del EZLN se proponía movilizar por lo menos a 5 mil indígenas
por cada uno de los cinco caracoles zapatistas y lo cumplió. Había de todo: veteranos que
participaron en el levantamiento armado de 1994, adolescentes que vivieron ese episodio cuando
eran pequeños, niños que nacieron años después.
En su alocución, el comandante David dijo también que la guerra de Calderón afecta por igual a
todos los sectores, aun a los inocentes: “Los malos gobiernos, todos, el federal, los estatales y
municipales, han convertido las calles en zonas de guerra sin que quienes las caminan y trabajan
estuvieran de acuerdo y vieran la forma de resguardarse”.
Y agregó: “Los malos gobiernos han convertido en zonas de guerra las escuelas y universidades
públicas y privadas, y los niños y los jóvenes no entran a clases sino a emboscadas de uno y otro
bando y que los lugares de reunión y diversión son ahora objetivos militares”.
Vigor zapatista
Es la primera vez que las comunidades zapatistas se desbordan. No lo hicieron el 20 de mayo de
1992, cuando 5 mil zapatistas se juntaron para decir si declaraban la guerra al gobierno federal;
tampoco el 12 de octubre de 1992, durante la marcha alusiva a los 500 años de resistencia
indígena, en la que participaron 10 mil indígenas; menos aún en las movilizaciones posteriores al
levantamiento armado de 1994.
Pero el sábado 17 todo cambió. Gustavo Esteva, asesor del EZLN durante los diálogos de San
Andrés, se mostró impresionado por la movilización indígena: “Es la movilización más grande en
toda la historia del EZLN. Vinieron 5 mil personas por cada uno de los cinco caracoles. Estamos
hablando de unas 25 mil personas. Esta movilización es también la más importante presencia
indígena de la historia de la San Cristóbal de Las Casas”, asegura Esteva, autor de innumerables
libros sobre movimientos sociales.
Para él, esa movilización es una muestra de que a pesar de la agresión permanente y del
aislamiento mediático, el EZLN está vivo; una segunda lectura, dice, es la importancia que el grupo
le está dando a la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. E insiste: el EZLN está
manifestando que “en México se vive realmente un momento muy grave; un momento de peligro.
Por eso, el salir de la selva tuvo un gran significado.
Hace dos semanas, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, comandante de la VII Región Militar,
anunció una movilización de tropas en la frontera sur para combatir al crimen organizado. Dijo que
uno de los batallones se instaló en Rancho Nuevo, mientras que otro se desplazaría al municipio
de Chicomuselo. Cada uno con 600 soldados.
Y aun cuando las tropas han disminuido de manera notoria con respecto a la década de los
noventa, cuando había 40 mil soldados en territorio chiapaneco –hoy no rebasan los 14 mil–,
Esteva considera que, con las maniobras recientes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
pretende controlar la frontera con Guatemala y, por ende el territorio del EZLN, que sigue vigente
en su lucha.
El exasesor asegura que la mitad de los habitantes de las comunidades indígenas tienen menos de
20 años; crecieron en la resistencia. Ellos son los nuevos hombres y mujeres del zapatismo. Son
los mismos que acudieron al llamado del EZLN el sábado 7; es una muestra de que el grupo “puso
todo lo que es y ha hecho al servicio de una movilización nacional que no organizó”.
Con esta movilización, insiste, el movimiento zapatista no se renueva; se renueva el movimiento de
la sociedad civil nacional. Y es precisamente en este contexto que resurge el EZLN para exponer

23. de nueva cuenta que ellos no quieren ser guías ni asumir el liderazgo, sino simplemente decir que
en esta ocasión salieron para ratificar que quieren ser acompañantes de la sociedad civil.
Gaspar Morquecho Escamilla, quien también estuvo la tarde del sábado 7 en la plaza, considera
que en toda la historia del movimiento social y campesino ninguna organización había movilizado
tantas personas con sus propios recursos como lo hicieron los zapatistas ese histórico día. Fue
también, dice, que el EZLN sale para sumarse a otro movimiento que no es el suyo.
Según él, los comandantes Tacho y David, el orador principal, son quienes juegan un papel
político; incluso aventura que la ausencia del subcomandante Marcos y del teniente coronel
Moisés, a quienes se identifica como parte de los mandos militares se debe a que el EZLN “sigue
apuntando hacia la paz, no hacia la guerra”.
Morquecho asegura que aun cuando muchos historiadores e investigadores hablaban con desdén
del EZLN –muchos de los libros y publicaciones referentes al zapatismo dejaron de publicarse
desde mediados de la década pasada, dice–, la irrupción de las comunidades zapatistas, los
desmienten.
Gustavo Castro, de la organización civil Otros Mundos, cuya sede está en esa ciudad colonial,
afirma que, aun cuando él nunca considera que el EZLN se hubiera apagado, le sorprendió
gratamente la capacidad de convocatoria del movimiento convocado por el colaborador de Proceso
Javier Sicilia. Para él lo importante es definir qué sigue: si el EZLN espera a que se defina el
rumbo del movimiento convocado por Sicilia o sigue con su propia lucha.
Morquecho sostiene que el EZLN debe definir su papel rumbo al 2012, pues el proyecto que
apunta por ahora con mucha fuerza hacia la Presidencia de la República es el de Carlos Salinas de
Gortari, con Enrique Peña Nieto como punta de lanza: “No olvidemos que el EZLN le debe una
factura a Salinas de Gortari, pues le desmoronó el falso argumento de un México de primer mundo
con el TLC y si éste se empodera en el 2012 el escenario no podría ser bueno para el grupo
armado”, dice.
Castro, por su parte, argumenta que en 2006 la postura del EZLN fue criticada porque no ayudó en
mucho a la izquierda electorera que veía esa forma de alcanzar el poder, pero con las críticas y
acciones de la Otra Campaña, encabezada por el subcomandante Marcos, mermaron el poder del
lopezobradorismo.
Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo en Chiapas el jueves 5, dos días antes del
desbordamiento de las comunidades zapatistas, declaró que el papel que jugó el EZLN en 2006
fue un error y comentó que espera que eso no vuelva a repetirse en 2012; aunque admitió que él
respetará “la decisión que ellos tomen”. Ojalá vean hacia delante, comentó el tabasqueño.
7. La escasez que se aproxima
Afectada por el cambio climático y los incesantes aumentos en los precios de las materias primas,
la producción de alimentos y la consecuente protección a los sectores agropecuarios es un asunto
que ha prendido los focos rojos en muchos países.
Las sequías extremas, producidas por el sobrecalentamiento, causan incendios que arrasan
cosechas enteras. En otras partes, heladas intensas destruyen cientos de miles de hectáreas de
cultivos.

24. Un ejemplo del primer caso está en Rusia, que el año pasado padeció una ola de calor sin
precedente y que dio origen a una grave sequía y a cientos de incendios forestales que acabaron
con la cuarta parte de sus cultivos de cereales.
En agosto pasado, el gobierno ruso se vio obligado a decretar una suspensión de las
exportaciones de trigo, centeno, cebada, maíz y las de harina de trigo y de centeno, que durará
hasta septiembre de este año. Ahora Rusia, uno de los principales graneros del mundo, importa
cereales de Estados Unidos, lo que no había hecho en los últimos 10 años.
Ejemplo del segundo caso lo dan Sinaloa, Chihuahua y Durango. Las severas heladas que
empezaron a finales del año pasado obligaron al gobierno federal a decretar la emergencia en
unos 80 municipios de esos estados.
Las heladas acabaron con campos enteros. En Sinaloa hubo pérdidas totales o parciales en 90%
de sus 715 mil hectáreas de cultivos de granos, hortalizas y frutas, especialmente las de
exportación. Así lo reportó el gobierno de la entidad.
Y si a los efectos del cambio climático se suman factores como los altos y volátiles precios de las
materias primas, el aumento extraordinario de la demanda alimentaria en China e India, el alza del
precio del petróleo, el uso de cosechas para la producción de biocombustibles, la especulación en
los mercados mundiales y los elevados subsidios a los agricultores de los países desarrollados, lo
que está a la vista es una próxima y grave escasez de alimentos.
De esta crisis alimentaria han alertado recientemente la ONU –por conducto de su oficina para la
Alimentación y la Agricultura–, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el
G-8 –que recientemente acordó destinar 20 mil millones de dólares para incentivar la producción
de alimentos en los países pobres– y hasta organismos que antes desdeñaban la protección de los
sectores agropecuarios, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A principios de la década pasada estos organismos sostenían que era inútil que los gobiernos del
mundo destinaran recursos a la producción de alimentos básicos, cuando los podían importar más
baratos.
Lejos de su ortodoxia hoy reconsideran su tesis y afirman que, dado el contexto actual, los países
deben tener al menos 75% de autosuficiencia alimentaria, que esa cantidad se debe producir para
el abasto interno.
Apenas el miércoles 4 estuvo en México el director del Departamento del Hemisferio Occidental del
FMI, el chileno Nicolás Eyzaguirre, quien afirmó que una forma de reducir la dependencia
comercial de México respecto de Estados Unidos –una de las mayores vulnerabilidades de la
economía mexicana– es volver la mirada a la producción agropecuaria y a la demanda de
alimentos en Asia.
Eyzaguirre aseguró que México tiene potencial para aumentar la producción de alimentos,
satisfacer la demanda interna y aun para exportar. (CA y JCC)
8. La debacle
Alejandro Gutiérrez
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero no pudo evitar los efectos de la crisis económica que
golpea a España. Su partido, el Socialista Obrero Español, está pagando la factura: según las
encuestas, será el gran perdedor en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo

25. 22. El Partido Popular –y en especial sus sectores más radicales– esperaba una holgada victoria…
Pero, en vísperas de los comicios, un espontáneo movimiento juvenil irrumpió en la escena y gritó
su repudio a toda la clase política del país.
MADRID.- En España se vive el fin de la era de José Luis Rodríguez Zapatero en un ambiente de
creciente crispación política atizada por el ala de ultraderecha del Partido Popular (PP) y un sector
limitado de medios de comunicación que le son afines.
Así lo considera José Nevado, quien fuera director de Comunicación en varios ministerios durante
los años ochenta y exportavoz de la Junta de Andalucía. Añade que estas fuerza políticas
responsabilizan al gobierno de la crisis económica y del desempleo en que se encuentran casi 5
millones de personas.
Por su parte, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Beltrán, advierte que el
desastroso panorama económico permitirá que “regrese al gobierno la derecha más radical de
España, la que gravita en el Partido Popular (PP) y en el pensamiento del nacional-catolicismo, y
que también hará posible la expansión real de partidos xenófobos cuya presencia hoy puede
parecer testimonial, como la Plataforma per Catalunya (PxC)”.
Una encuesta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Ministerio de
la Presidencia, difundió el pasado 29 de abril, refleja el malestar ciudadano ante la crisis, que se ha
visto exacerbado por la alharaca de los grupos de ultraderecha.
Según los datos del sondeo, el desempleo sigue siendo el principal problema para los españoles
(82.8% de los consultados), y el pesimismo de la ciudadanía acerca de la situación económica del
país alcanzaba a 78.4% de los encuestados.
Lo que sucede en la calle no se refleja sin embargo en ninguna encuesta: políticos, sindicatos y
medios de comunicación vieron con sorpresa cómo un grupo de jóvenes salió a protestar el
domingo 15 (Movimiento 15-M) en las principales calles de 50 ciudades españolas. Son los
“indignados” con todos los partidos políticos y los sindicatos porque no se sienten representados,
carecen de oportunidades de desarrollo y exigen “un cambio de rumbo y un futuro digno”.
Alrededor de 40% de los desempleados en España son jóvenes, muchos de ellos con estudios
universitarios. Del otro lado están aquellos que tienen un empleo pero reciben salarios muy bajos.
Convocados mediante redes sociales por la plataforma ¡Democracia Real Ya!, y motivados por la
Primavera Árabe, muchos de los jóvenes que salieron a las calles una semana antes de las
elecciones autonómicas y municipales que se realizan este domingo 22, expresaron que están “sin
casa, sin curro (trabajo) y sin miedo”.
El manifiesto que leyeron en la multitudinaria concentración en la Plaza del Sol, en el centro de
Madrid, el martes 17, dice: “Representamos a parados (desempleados), mileuristas (que sólo
ganan mil euros al mes), amas de casa e inmigrantes, a ciudadanos en general”.
Se dicen “preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a
nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… por la indefensión
del ciudadano de a pie”.
Consideran que algunos derechos básicos deberían “estar cubiertos en estas sociedades: a la
vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre
desarrollo personal…”.
Es sorprendente la amplia gama de exigencias del Movimiento 15-M, así como su organización y la
efectividad de la convocatoria.

26. Ante la movilización juvenil, el miércoles 18 la Junta Electoral de Madrid prohibió la concentración
de ese día por considerar que no existen “causas extraordinarias y graves” que la justifiquen y
porque puede “afectar el derecho a votar libremente”.
Esta decisión fue desafiada por la presencia masiva de jóvenes de todas las clases sociales.
Algunos portaban la máscara que utilizó Gay Fawkes en la película V de Vendetta, antifaz que ha
sido adoptado por el colectivo de internautas Anonymouse.
Grupos cada vez más numerosos se sumaron a quienes pernoctaron en la Plaza del Sol desde el
día anterior y portaban pancartas que decían: “Creemos que la clase política vive lejos de la
ciudadanía. Tenemos derecho a indignarnos”; “No nos falta dinero. Nos sobran ladrones”;
“Democracia real ya. No estafas”; “Que no nos engañen, que nos digan la verdad”, y “Que no nos
representen”, entre otras consignas.
Fin de una era
El 2 de abril pasado, en un mitin del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Rodríguez
Zapatero despejó las dudas luego de semanas de debate sobre su permanencia en la política.
Anunció que no contendería por un tercer período de gobierno. Lucía agobiado por la crisis
económica y el desempleo, que no ceden a pesar de las antipopulares medidas de choque que
adoptó desde el año pasado (Proceso 1726, 1755 y 1769).
En ese acto también dijo que el candidato de su partido deberá ser elegido en elecciones
primarias. Como respuesta a la exigencia del PP y de los medios del denominado TDT Party para
que renunciara anticipadamente, respondió que terminará su periodo de gobierno cuando
oficialmente concluye, en marzo de 2012. Antes de este anuncio, las preferencias electorales lo
colocaban 15% por debajo de Mariano Rajoy, presidente del PP.
Hace siete años, en 2004, con su llegada a La Moncloa, Rodríguez Zapatero aparecía, dentro y
fuera de España, como “la nueva esperanza del socialismo en Europa”.
José Nevado plantea: “Despertó ese sentimiento esperanzador en el socialismo moderado europeo
porque es un hombre muy soñador de izquierda. Ha creído en los derechos civiles pensando en
que los temas económicos irían tan bien como en la primera legislatura”.
Por este motivo, el presidente se dedicó a impulsar los derechos civiles: legalización de los
matrimonios entre personas del mismo sexo; acciones contra la violencia de género, e impulsó la
incorporación de la mujer en cargos de responsabilidad y la Ley del Aborto. Aunque estas acciones
fueron muy meritorias, apunta Nevado, cuando vino la crisis económica el mandatario no midió el
tamaño de la catástrofe, no supo cómo enfrentarla.
El acelerado desgaste de Rodríguez Zapatero es un lastre para el PSOE, que se refleja en los
sondeos elaborados de cara a las elecciones autonómicas y municipales que se efectuarán este
domingo 22.
Los resultados de una encuesta del CIS difundida el jueves 5 prevén un avance importante del PP,
que podría alcanzar 50 escaños regionales frente a 32 del PSOE. Además, aquel partido estaría en
posición de reelegirse en sus principales feudos: Madrid, Valencia, Murcia y La Rioja; asimismo,
tiene amplias posibilidades de arrebatarle Castilla-La Mancha a los socialistas.
Un sondeo del CIS realizado el pasado 29 de abril indicaba que, para las elecciones generales de
2012, el PP superaba al PSOE por 10.4% en intención de voto (43.8% contra 33.4%). Zapatero
obtenía una nota de 3.41% y un índice de confianza negativo de 80%.

27. En este conteo se refleja que Rajoy, si bien no es un líder muy valorado, superaba al presidente de
gobierno por 3.46%. Antes de que éste anunciara su salida, las encuestas colocaban al PSOE 15%
por debajo del PP.
Las cifras son sorprendentes si se consideran los casos de corrupción en los que están implicados
casi todos los partidos, sobre todo el PP, en el caso Gürtel, considerado el mayor escándalo de
corrupción política en España. El periódico El País hizo un recuento y encontró 80 casos de
candidatos con acusaciones de corrupción, 50% de los cuales son del PP y 35% del PSOE. Las
encuestas no reflejan la intención ciudadana de castigar la corrupción en las elecciones de este
domingo 22.
Ante tal panorama, Nevado se pregunta: “¿Qué llevó a Zapatero y al PSOE a esta situación?”. Y
recurre a una opinión del escritor y exministro de Felipe González, Jorge Semprún, quien señaló
que “no comprendía cómo en un país como España, con las tensiones que vive y con una derecha
en crecimiento, el presidente iba tomando decisiones solo”.
Añade: “Esa imagen es un acierto, porque Rodríguez Zapatero se manejó de modo muy libre,
autónomo; no tomaba decisiones colegiadas y hubo decisiones de mucha complejidad que debió
tomar de manera colegiada con su equipo de gobierno”.
La ultraderecha, firme
Esteban Ibarra, integrante del Movimiento contra la Intolerancia, quien ha estudiado durante 20
años a la ultraderecha, advierte que en España hay un movimiento de avance de la ultraderecha
política y de creciente presencia en internet de grupúsculos de presión y agitación, como Hazte
Oír, derechoavivir.com, profesionalesporlaetica.org, cuya postura es cercana a los postulados de la
Iglesia católica en temas como el aborto, las familias y otros.
Advierte que España se encamina a la misma situación de Hungría, donde triunfó el partido
nacionalista Jobbik; de Italia, donde se impuso la hegemonía de la Liga Norte de Italia, y de
Francia, donde está en ascenso la fuerza del Frente Nacional, de Jean Marie Le Pen. Apunta que
el avance de la derecha se aprecia asimismo en Suecia, Dinamarca, Austria, Eslovaquia, Letonia,
Bulgaria, Finlandia, Grecia y Reino Unido, con “discursos populistas, xenófobos, identatarios y
nacionalistas”.
“Hacia allá vamos”, sentencia.
Ibarra señala que “la crisis económica en Europa explica en parte el resurgimiento de la extrema
derecha, aunque no es el único factor porque muchos centran su objetivo de ataque a la
inmigración y al Islam”. En España hay 1.5 millones de musulmanes, una cuarta parte de los que
hay en Francia.
Explica que en España, a diferencia de otros países, existió una extrema derecha de corte
franquista que fue rescatada y moldeada por el aznarismo tras el fallido intento de golpe de Estado
que en 1981 realizó el 23-F por medio de Alianza Popular, antecedente del PP.
“Desde los años ochenta –puntualiza– emergió en España una nueva extrema derecha que tiene
otros presupuestos, entre ellos el rechazo a la inmigración, a las minorías étnicas y a la diversidad
cultural y religiosa. Levanta la bandera identataria y se configura en distintos lugares con los restos
de la antigua extrema derecha, como es el caso de Plataforma per Catalunya (PxC), más influida
por la nueva derecha europea, con la que mantienen vínculos.”

28. Recuerda que en esta elección, salvo el PP de Cataluña, cuya presidenta, Alicia Sánchez
Camacho, insiste en asegurar que la inmigración ha traído a España “enfermedades que ya
estaban erradicadas”, y el discurso contra el Islam difundido por el PxC, en el resto del país no se
ha insistido en posiciones xenófobas “porque en estas elecciones los inmigrantes tienen derecho a
votar y son miles”, puntualiza.
Asimismo, Ibarra advierte que, por su fácil aplicación, el discurso xenófobo puede influir para que
partidos de izquierda, como el ERC y PSC, y de derecha moderada, como CiU, acepten las tesis
restrictivas hacia la inmigración.
Sin embargo, esta agitación política no es nueva. En 2008 y con cuatro años de gobierno de
Rodríguez Zapatero, el viejo político comunista y artífice de la transición española Santiago Carrillo
señalaba en su libro La crispación en España que la derecha española no ha cambiado, porque “su
núcleo duro sigue pensando que es de origen divino y que „por la gracia de Dios‟ disfruta del
derecho de monopolizar el ejercicio del poder político, y que la izquierda, cuando lo ocupa y sale
de su hábitat natural, que es la oposición, comete una usurpación. Las derechas no han aceptado
todavía el principio de la alternativa del poder”.
Tanto Nevado como Ibarra, entrevistados por separado, atribuyen esas posturas al sector más
radical del PP, representado por el expresidente José María Aznar y el think thank del PP que
preside, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes). En este núcleo también
pueden incluirse el eurodiputado Jaime Mayor Oreja y la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, quienes han emprendido activas campañas en contra del gobierno de
Rodríguez Zapatero.
Los dos entrevistados coinciden en que el líder del PP, Mariano Rajoy, un personaje más débil que
los anteriores, deja que esa corriente haga lo que se le antoje para caldear el ambiente político. No
obstante, él ha hecho su propia labor de golpeteo con ataques al gobierno de Rodríguez Zapatero
en el Parlamento
9. Alfredo Rivera Flores y la “Sosa Nostra”
Ernesto Villanueva
El ejercicio de la libertad de expresión adquiere un valor preferente cuando se trata de personas
públicas y de casos de interés colectivo. En ese supuesto, los derechos de la personalidad reducen
su esfera de protección. Hay, con todo, una tensión constante en estos derechos fundamentales en
conflicto. Alfredo Rivera Flores, un escritor de Hidalgo y hombre de un prestigio sin mella, está a
punto de perder su patrimonio –como han perdido ya él y su familia la tranquilidad durante varios
años– por revelar datos de interés público del señor Gerardo Sosa Castelán, una persona pública
en un caso de interés general. Veamos por qué.
Primero. En mayo del 2004, Alfredo Rivera escribió un libro titulado La Sosa Nostra / Porrismo y
gobierno coludidos en Hidalgo, prologado por Miguel Ángel Granados Chapa y editado por la
empresa Miguel Ángel Porrúa. En esa obra Rivera hace un recuento del paso de Sosa Castelán
por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el fin de recordar los errores que se han
cometido. Como diría Santayana, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. La
obra, como apuntó Granados Chapa, fue “compuesta mediante los procedimientos propios de la
investigación académica: la indagación documental, la revisión bibliográfica, las entrevistas
personales”.
He leído y releído el libro y no advierto imputaciones injuriosas por sí mismas ni acusaciones sin
fuentes, que es lo que generalmente habilita para ser objeto de una demanda judicial. Tres meses

29. después de la edición del volumen, el 6 de agosto del 2004, el señor Gerardo Sosa Castelán
demandó a Alfredo Rivera, a Granados Chapa e incluso a los editores, formadores y diseñadores
del texto referido. Gerardo Sosa Castelán los demanda por causarle daño moral en virtud de ligar
su actuación en la UAEH al porrismo y al vandalismo. Como medio de reparación, Sosa requirió
una indemnización económica y, además, que se retiraran y destruyeran todos los ejemplares del
citado libro.
Segundo. El daño moral –ya derogado en el DF a partir del 2006– requiere para su configuración
de tres elementos básicos: a) que se demuestre el daño que se ocasionó; b) que dicho daño sea
consecuencia de un hecho ilícito, y c) que exista vínculo entre la persona que demanda y la que
produjo el daño moral. La ausencia de algunos elementos citados impide que se integre el daño
moral. Uno de los elementos es la ilicitud de la conducta. Un hecho ilícito es aquella conducta
humana culpable, por intención o negligencia, que pugna con un deber jurídico, con una
manifestación unilateral de voluntad o con lo acordado por las partes en un convenio.
Cabe reiterar que Rivera jamás hace referencia a la vida privada del señor Sosa Castelán, quien es
una persona pública por su quehacer laboral (diputado, rector de la UAEH y presidente estatal del
PRI), y lo hace en razón y medida de su actuación pública, la que es objeto de escrutinio con el
soporte de las fuentes disponibles. El caso de Alfredo Rivera ha inspirado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a identificar largos juicios como una medida de inhibición de
la libertad de expresión. Y aquí no es para menos.
La resolución en primera instancia, que debió haber durado ocho meses aproximadamente, tardó
más de cuatro años. Este hecho consiste por sí mismo en una sanción para el periodista o escritor
al estar sujeto a un constante desgaste económico y anímico. El juez 29 de lo civil, Miguel Ángel
Robles Villegas, quien conoció del caso fundado más en sus percepciones y en tesis aisladas del
Poder Judicial de la Federación (es decir, que no son obligatorias por no generar jurisprudencia),
condenó a Rivera, a Granados Chapa, al formador, al editor y al fotógrafo. En la apelación, cuatro
meses después, se confirmó la resolución condenatoria a Alfredo Rivera y fueron absueltos
Granados Chapa, el formador, el editor y el fotógrafo.
Tercero. Por negligencia judicial, Alfredo Rivera fue condenado no sólo por causar daño moral,
sino por la “elaboración, publicación y comercialización del libro”. Como es evidente, el autor sólo
es responsable de los contenidos y no de publicar y comercializar su obra, salvo prueba en
contrario. De ahí que la abogada patrona Perla Gómez Gallardo (recientemente nombrada
directora del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Cuajimalpa) afirmara que Rivera fue condenado hasta por lo que no hizo. El amparo directo
resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación fue negado
y se confirmó la condena formulada en primera instancia. Las propias características del asunto
fueron factor para que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia para los efectos de
resolver si debiese resolverse conforme a la ley especial (aprobada en el DF en 2006) o de
acuerdo al daño moral derogado del Código Civil.
La ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, con muy buen criterio jurídico, propuso que el asunto
debía resolverse de acuerdo con la ley especial. Los cuatro ministros de la Sala negaron, sin
embargo, esa propuesta, a pesar de que el artículo 20 del Código Civil en el DF establece que:
“cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se
decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si
el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor
igualdad posible entre los interesados”.
Este caso pone de relieve tres cosas: a) la pertinencia y oportunidad de la aprobación en 2006 de
la ley especial en la materia; b) la ausencia de cuidado de los juzgadores federales y locales sobre
sus resoluciones, y c) el peligro concreto y puntual que existe para el ejercicio de la libertad de
expresión, pues la ley especial del DF establece como sanción sustituta el pago de 23 mil pesos, y
el derogado daño moral puede establecer el tope que la imaginación del juez decida, lo que abre la