El documento describe las políticas nacionales de comunicación en Venezuela, incluyendo que los medios de comunicación han sido controlados por empresas de telecomunicaciones y que el Estado y grupos de poder están representados por órganos públicos, mientras que los ciudadanos se organizan en asociaciones y grupos civiles. También discute que el debate sobre políticas de comunicación se centra en la inclusión de los sectores populares y que la Constitución venezolana promueve la inclusión social a través de programas educativos y tecnológicos.