El documento habla sobre la venta de aguas servidas tratadas por parte de empresas sanitarias a empresas mineras, lo que perjudicaría a los agricultores. Se presentó un proyecto de ley para obligar a las empresas sanitarias a devolver gratuitamente las aguas servidas tratadas a sus cauces originales para proteger los derechos de riego de los canalistas y agricultores. Varias autoridades se han reunido con representantes de canalistas para discutir el tema.