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FUENTES DEL PROCESO
11.1 ENUNCIACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES LEGISLATIVAS
PROCESALES.
La legislación procesal mexicana, de acuerdo con el orden constitucional, guarda
una estructura que comienza con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ley reconocida por nuestro sistema jurídico como la de mayor
jerarquía; por ello, no es raro que con frecuencia se escuche un principio muy
comentado en el lenguaje jurídico e incluso también por la sociedad y es el que
reza “sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie”.
Acerca de los tratados internacionales firmados entre México y otros países, es
importante explicar que serán observados y respetados por los signantes de dicho
tratado.
En concordancia con la escalera jerárquica de las leyes mexicanas, se encuentran
aquéllas de carácter federal, que tienen aplicación en todo el territorio nacional.
Ejemplo de este tipo de leyes es el Código de Comercio, que es aplicado de forma
uniforme en toda la República Mexicana.
Un escalón más abajo, se ubican las leyes locales pertenecientes a cada Estado
de la Federación, incluyendo al Distrito Federal. Estas leyes deben siempre
respetar lo estatuido en la Constitución Política, es decir, no pueden contrariar en
su contenido, establecido en esta Ley Suprema.
Un ejemplo de lo anterior: la Constitución no contiene en su articulado a la pena
de muerte como parte del sistema coercitivo, por lo que ninguna constitución local,
ni ordenamientos de inferior jerarquía pueden incorporar esta penalidad en su
contenido. Las leyes de las entidades no pueden estar por encima de la
Constitución.
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De regreso al punto anterior, es básico subrayar que, a nivel local o estatal, cada
entidad podrá emitir sus propias normas generales, comenzando con su
Constitución local respectiva, sus códigos sustantivos en materia civil y penal, así
como sus respectivos códigos adjetivos o procedimentales en la materia
respectiva; también se contiene en este apartado a la Ley Orgánica de cada poder
judicial que será la que determine lo relativo a la conformación del Poder Judicial
Estatal.