El documento explica que la Constitución ecuatoriana establece la supremacía constitucional como fundamento de la juridicidad del Estado ecuatoriano. Esto significa que la Constitución prevalece sobre cualquier otra ley o acto del poder público. Además, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador también prevalecerán si reconocen derechos más favorables. El documento concluye que todas las personas y autoridades deben sujetarse a lo establecido en la Constitución para que los actos del poder público sean