El documento propone emprender acciones gubernativas para regular el uso de zonas verdes, crear un sistema de áreas protegidas, y desarrollar el ecoturismo y manejo ambiental en las instalaciones judiciales pertinentes. Estas acciones serían emprendidas por los presidentes de las JAC de las zonas afectadas, la comunidad en general y las autoridades ambientales a la mayor prontitud posible.