13. texto suárez

En la España de 1976 el pueblo español mostraba ansiedad y temor ante el
recuerdo de la Guerra Civil y el tránsito que se avecinaba. Yo era consciente
de ese temor, como también lo era de la nueva conciencia del pueblo español
y de la mentalidad de nuestro Rey.
Era necesaria una acción política audaz y sincera que transformara las
estructuras del régimen anterior, conectando con la realidad española, sin
violencia, sin traumas, sin vacíos de poder. Y había que hacerlo desde la
legalidad vigente, y con serenidad y rapidez, para evitar las reacciones de
los sectores más continuistas que detentaban enormes parcelas de poder.
Aquel cambio político desde un sistema autoritario a un sistema
democrático, sin traumas, elegido libre y auténticamente, era algo sobre lo
que no existían precedentes...
Lo cierto es que constituimos un precedente y la inmensa mayoría del pueblo
español ratificó nuestro proyecto político, alcanzando el Estado
democrático que hoy disfrutamos sin ajustes de cuentas y sin traumas... La
transición política fue el resultado de un diálogo entre el Gobierno y la
Oposición... Fue un proceso difícil en el hubo que ir eliminando, por ambas
partes, recelos e incomprensiones acumuladas o heredadas, pero al final se
llegó a la convicción de que el proyecto del Gobierno era el mejor entre
todos los posibles. Entre otras razones porque no se planteó con seriedad y
validez política ningún otro... Había que utilizar los poderes que la Leyes
Fundamentales —entonces vigentes— atribuían al Rey para, renunciando a
ellos, establecer una Monarquía parlamentaria y moderna. Bajo la Corona se
introdujo como principio legitimador básico el principio democrático de la
soberanía nacional... Era previsible que las Cortes y el Consejo Nacional del
Movimiento reaccionaran de forma contraria ante un proyecto que implicaba
su disolución. Esto es lo que había que evitar y eso es lo que, por la actuación
del entonces presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda y de
buena parte de los consejeros y procuradores fue posible.
Artículos de Adolfo Suárez publicados en 1985 y 1995.

CLASIFICACIÓN: Debéis realizarla vosotros. Por su importancia debéis
escribir unas notas biográficas de Suárez.

ANÁLISIS: El resumen lo hacéis vosotros. Debéis definir lo que os he
subrayado.

COMENTARIO:

1.- ENTORNO HISTÓRICO:

1

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I juraba ante las Cortes como
nuevo Rey. Su discurso decepcionó a quienes ansiaban un mensaje
aperturista, y contrastó con el del cardenal Tarancón alineado de forma
clara con el cambio político y las libertades. El peso de la figura de Franco
sobre su formación política hizo recelar incluso a su propio padre del
talante futuro del Príncipe, en el caso de que llegara a reinar. Sin
embargo, en noviembre de 1975 el entorno del monarca tenía ya un diseño
aproximado de lo que debía ser el proceso de cambio político. Consistía en
realizarlo desde dentro de la propia legalidad de las leyes fundamentales
que Juan Carlos I había jurado cumplir al ceñir la Corona. Para ello, era
fundamental colocar en puestos clave a las personas que podían colaborar
en el proceso. Papel decisivo iba a jugar el nuevo presidente de las Cortes
y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, antiguo profesor
del Rey y al que éste impuso pese a la renuencia del Consejo del Reino.
El Rey, que constitucionalmente tenía casi todos los poderes en sus
manos, optó por mantener a Arias Navarro, para tranquilizar en parte al
sector más inmovilista del régimen. El gobierno Arias se caracterizó por las
contradicciones entre el Jefe de Gobierno y buena parte de sus ministros
reformistas, entre ellos Fraga, Martín Villa o Suárez. Pero la dinámica
social comenzó a desbordarse más deprisa de lo previsto. En enero de
1976, una oleada de huelgas sacudió al país, afectando a más de 500.000
trabajadores. Además, el grito de Amnistía se convirtió en el más coreado
en manifestaciones, asambleas, recitales y actos públicos de la oposición.
En el País Vasco murieron manifestantes y en Montejurra, pistoleros
ultraderechistas asesinaron a dos militantes carlistas pero demóratas en
una concentración. Las fuerzas de orden no actuaron contra los asesinos
claramente identificados. La imagen reformista del gobierno quedó muy
desprestigiada. El Rey ya había decidido prescindir de Arias, con el que las
distancias eran cada vez mayores. El 1 de julio de 1976 el presidente Arias
fue convocado por el Rey para pedirle su dimisión, a la que no opuso
resistencia. En una operación planificada de antemano con Fernández
Miranda, el Monarca encargó formar gobierno a un ex ministro del
gabinete Arias, Adolfo Suárez.
El nombramiento de Adolfo Suárez fue recibido con general desaliento
por la prensa y la oposición. Pese a su trayectoria de brillante gestor en
diversos cargos, nadie creía que un falangista que dejaba la Secretaría
General del Movimiento pudiera sacar adelante la reforma. Los
inmovilistas veían en él a un hombre de poco prestigio. Suárez se encontró,
además, con la negativa de Areilza y Fraga a colaborar, y confeccionó un
gabinete de políticos jóvenes (se le calificó de Gobierno de tercera
división), entre los que estaban Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla,

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Marcelíno Oreja, Fernando Abril Martorell y Leopoldo Calvo Sotelo. El
nuevo Gobierno era consciente de que ya no se podía dilatar más el proceso
de cambios. Y desde el principio comenzó a lanzar mensajes y a actuar de
forma inequívoca. El 14 de julio las Cortes aprobaban la reforma del
Código Penal que permitiría la legalización de los partidos, salvo aquellos
que “sometidos” a una disciplina internacional se propongan implantar un
sistema totalitario", redacción que buscaba la exclusión del PCE. El 31 de
julio se aprobó una amnistía que permitió la liberación de muchos presos
políticos, pero que excluía expresamente los condenados por delitos de
terrorismo, lo que dejaba en las prisiones a la mayoría de los presos vascos.
Esta circunstancia provocó una oleada de protestas en las calles de las
ciudades de Euskadi.
Durante el mes de agosto Suárez mantuvo contactos con todos los
líderes de la oposición, incluso por vía indirecta con Santiago Carrillo. Por
entonces, los comunistas eran ya los únicos que eran objeto de persecución
policial directa, y su legalización la gran incógnita que se planteaba sobre el
proyecto de cambio.
Este se concretó el 10 de septiembre, cuando Suárez se dirigió al país
para presentar el proyecto de Ley para la Reforma Política, auténtica
pieza clave de la transición legal hacia la democracia política. Redactado
inicialmente por Fernández Miranda, significaba el cambio hacia un
sistema parlamentario y constituyente nuevo, a partir de las instituciones
franquistas. Por eso requería que fueran las mismas Cortes vigentes las
que aprobaran la ley, pero también necesitaba el respaldo de la oposición.
La marcha de los acontecimientos hizo aumentar la irritación entre los
inmovilistas. La amnistía, los contactos con la oposición, la propuesta de
reforma política, las movilizaciones populares en aumento y los continuos
atentados de provocaron en septiembre la dimisión del teniente general De
Santiago, vicepresidente del Gobierno. El nombramiento del teniente
general Gutiérrez Mellado para el cargo le ganó la animadversión del
sector más duro del Ejército, pero el nuevo ministro se convertiría en
figura decisiva del proceso de transición.
El 16 de noviembre el texto de la Ley para la Reforma Política fue
debatido en las Cortes y finalmente aprobado con una votación clara a
favor de la Ley: 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones.
La Ley para la Reforma era un texto breve, pero en él se afirmaba la
democracia y el principio de soberanía popular; se entregaba a las Cortes
el poder legislativo; se establecía su elección por sufragio y su
desdoblamiento en Congreso y Senado. También se fijaban algunos
aspectos de la futura ley electoral. Inmediatamente se convocó un
referéndum para el 15 de diciembre para ser aprobada por voto popular.

3

Pero antes el clima de tensión fue subiendo. La continua exigencia de
una amnistía más amplia se saldó con la muerte de algunos manifestantes
en enfrentamientos con la policía. ETA, por su parte, intensificaba los
atentados, alguno de ellos tan grave como el asesinato del presidente de la
Diputación de Guipúzcoa. El PCE optó por salir a la luz y echar un pulso a
Suárez. Carrillo, que vivía en Madrid clandestinamente desde febrero, dio
una espectacular rueda de prensa y obligó al ministro de la Gobernación a
poner a toda la Policía en su búsqueda.
El referéndum se celebró en un ambiente crispado. Cuatro días antes
un nuevo grupo de extrema izquierda, el GRAPO, secuestraba al Presidente
del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, para cuyo rescate pedía la
liberación de varios presos. Aun así, la consulta supuso un éxito para el
Gobierno. El resultado fue que un 77% del censo Participó en la consulta,
dando una abrumadora mayoría (94%) al Sí, frente a un 2,6% de No. El
gobierno Suárez salía muy reforzado y la oposición abandonó
completamente las tesis rupturistas. Estaba claro, desde entonces, que la
reforma se haría desde la legalidad.
El día 23 de diciembre la Policía detuvo a Santiago Carrillo, pero el
Gobierno lo puso en libertad ocho días después, consciente de que, salvada
la dignidad policial, no podía retener al líder comunista en la cárcel. Ese
mismo día, 30 de diciembre, se decretó la desaparición del franquista
Tribunal de Orden Público.
A partir del referéndum transcurren los meses más difíciles de la
transición política. El GRAPO o ETA mantuvieron una constante presión
sobre las fuerzas de seguridad y sobre el propio proceso de transición. La
estrategia de la provocación alcanzó su momento más álgido en la semana
del 23 al 29 de enero. El domingo 23 se produce el asesinato de un
estudiante en una manifestación pro-amnistía, a manos de los guerrilleros
de Cristo Rey, uno de los más violentos grupos de extrema derecha. Al día
siguiente, se suceden el secuestro del teniente general Villaescusa,
presidente del Consejo Supremo de justicia Militar, por los GRAPO; la
muerte de otra manifestante por el impacto de un bote de humo; y, sobre
todo, el asesinato a manos de miembros de la ultraderecha de cinco
abogados laboralistas del PCE en un despacho de la calle Atocha, atentado
que deja heridos a otros cuatro. En un clima de enorme ansiedad y miedo,
la respuesta del PCE fue, el día del entierro, una impresionante
manifestación silenciosa, en el centro de Madrid, que mostró a la luz la
fuerza del partido y su disciplina interna. La semana terminó el día 28 con
el asesinato a manos del GRAPO de dos policías y un guardia civil. La
situación de extrema violencia remite algo en los días siguientes. Un
editorial conjunto de la prensa democrática, respaldando al Gobierno, y

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sobre todo la liberación de los dos secuestrados, Oriol y Villaescusa, el 11
de febrero, mediante una operación policial, dieron un respiro al gabinete
Suárez.
Todos los Partidos fueron pasando por el registro, actuando desde
entonces en la legalidad. Pero el día 22 de febrero se denegaba la
inscripción en el registro del PCE. La legalización de los comunistas se
convertía en el principal obstáculo en la marcha hacia las elecciones, por
cuanto tanto el búnker político como la cúpula militar habían convertido al
PCE en la bestia negra y en el símbolo de su resistencia al cambio. Pero en
la mente del Presidente estaba ya claro que era necesario legalizar a los
comunistas antes de las elecciones, si se quería que éstas fueran aceptadas
corno legítimas por la opinión pública española e internacional. El día 9,
sábado santo, aprovechando la tranquilidad de las vacaciones, se hizo
pública la legalización del Partido Comunista. Pese a todas las precauciones,
el impacto fue tremendo. El ministro de Marina, Pita da Veiga, dimitió. El
PCE renunció a plantear la alternativa republicana y la aceptación de la
bandera bicolor, en un gesto que intentaba apaciguar los ánimos y mejorar
la imagen del partido ante una parte importante del país, que recelaba de
él. El 14 de mayo de 1977 regresaba a España Pasionaria.
Las fuerzas políticas se fueron perfilando ante las elecciones. En la
derecha había surgido en el mes de septiembre Alianza Popular (AP),
liderada por Fraga e integrada por varios ex ministros franquistas.
Suárez presidiría la Unión de Centro Democrático (UCD), una
variopinta coalición de demócrata-cristianos, liberales, socialdemócratas y
hombres procedentes del Movimiento, como el propio Suárez o Martín
Villa. Su principal baza era, desde luego, la trayectoria y la figura del
Presidente, cada vez más popular.
En la izquierda, el PSOE iniciaba la campaña con cierta ventaja, gracias
al respaldo internacional y a la imagen de responsabilidad que su programa
ofrecía. El PCE apenas tuvo tiempo de diseñar su campaña y lanzarse a la
actividad legal.
La campaña electoral, larga y muy bulliciosa, se desarrolló con relativa
normalidad y con una asistencia masiva de los españoles a los continuos
actos electorales. El Gobierno abrió los medios de comunicación a los
grupos legales y la prensa aumentó las tiradas. En todo el país sólo se
hablaba de política: los españoles habían asimilado rápidamente los nuevos
aires de libertad, y el fantasma de la guerra civil estaba pasando para la
mayoría de ellos, al plano del recuerdo. Además, la apertura política hacía
ya tiempo que afectaba a otros campos, como el de las costumbres, el sexo
(es la época del destape), la libertad de expresión (masivo estreno de
películas prohibidas) o la libre crítica al Gobierno o a las instituciones.

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El 15 de junio se celebraron las primeras elecciones democráticas
en 40 años. Los resultados daban la primacía a las dos opciones de centro-
derecha (UCD) y centro-izquierda (PSOE), y dejaban como minorías
significativas, pero a mucha distancia, al PCE y a AP, con los nacionalistas
de centro catalanes y vascos y el PSP de Tierno Galván a la zaga. El camino
hacia la democracia se había consumado. Ahora se elaboraría y votaría la
Constitución de 1978.

2. COMENTARIO:

De modo genérico puede afirmarse que una transición política es pasar de
una dictadura a un régimen democrático. En el caso español fue la evolución
pacífica desde un régimen totalitario de carácter conservador a una
Monarquía parlamentaria o el tránsito desde las Leyes Fundamentales del
franquismo a una Constitución democrática.
Existen varios precedentes de otras transiciones políticas en la Historia
de España, entendidas ellas como intentos de pasar de modelos propios del
Antiguo Régimen a fórmulas políticas decididamente democráticas y
progresistas. De acuerdo con ello la primera transición tuvo lugar en 1812 al
aprobarse la Constitución gaditana. Tras la muerte de Fernando VII -1833-
se llegó a un compromiso entre la Corona y los liberales y pudo fructificar
un liberalismo muy atenuado durante todo el reinado de Isabel II. La
segunda transición vino precedida de la revolución de 1868 y se manifestó
durante todo un Sexenio, en un intento de profundizar en el régimen liberal
y de dirigirlo hacia modelos plenamente democráticos. Por último, la tercera
transición ocurrió en 1931, cuando fue proclamada la Segunda República y se
puso fin a la Monarquía de Alfonso XIII que se había visto obligado a ceder
el poder a la dictadura del general Primo de Rivera en 1923.
El texto dice que la española fue una transición que sirvió de precedente
y así es. Otras transiciones políticas ocurridas tras la española fueron las
-que afectaron a las antiguas democracias populares del este de Europa la
propia ex-Unión Soviética. Su punto de partida fue el derrumbamiento de
los regímenes comunistas, cuyo símbolo fue la caída del muro de Berlín a
finales de 1989. En esos países se pasaron de fórmulas dictatoriales a
esquemas democráticos, con mayor o menor fortuna y con mayor o menor
eficacia. Ahora bien, existe una notable diferencia entre estas transiciones
y la española: mientras que en este caso fue sólo una transición política,
puesto que los cambios económicos, sociales y de mentalidad se habían ido
produciendo en los últimos años de la dictadura franquista, las transiciones
del este de Europa precisaron transformaciones más profundas y en todos
los campos. De ahí sus mayores dificultades.

6

Desde que se inició el proceso de la transición española hacia la
democracia se produjo un enconado debate sobre cuál debería ser la
fórmula para llegar a ella. Dejando a un lado la posición del franquismo más
recalcitrante -denominado el búnker por su inmovilismo- que no aceptaba
cambio alguno para España, la gran mayoría de la sociedad española estaba
convencida de que a la muerte del dictador se tendrían que producir
inevitablemente importantes transformaciones. El modelo económico
español, los esquemas sociales y las pautas de comportamiento de los
ciudadanos de principios de los años setenta no eran demasiado diferentes a
la del contexto europeo; a su vez, tras la caída de las dictaduras de Portugal
y Grecia, España tenía el único régimen totalitario de Europa occidental. El
cambio, pues, tendría que venir más pronto o más tarde. Y si para unos ese
cambio debería ser producto de una reforma de las instituciones y leyes
franquistas, para otros la única posibilidad de realizar la verdadera
transformación tenía que ser la vía revolucionaria o la ruptura, como más
explícitamente se decía.
La idea de una «reforma» era defendida por quienes vinieron a llamarse
“apertutistas”. Hasta la muerte de Franco -20 de noviembre de 1975- los
«aperturistas» apenas tuvieron cabida en un régimen que se acercaba
también a su agonía. Sólo al ocurrir las llamadas «previsiones sucesorias» y
acceder Juan Carlos I al Trono se empezó a despejar el horizonte para ellos
pero ideas como la amnistía, la plenitud de derechos y libertades, el
reconocimiento de todos los partidos políticos, la libertad sindical, las
autonomías nacionales y regionales, etc., difícilmente entraban en ese tímido
reformismo que, por ello, era rechazado drásticamente entre las fuerzas
democráticas españolas.
En sentido contrario, esas fuerzas democráticas defendían que la única
manera de llegar a la democracia era mediante la «ruptura». Ello suponía la
formación de un Gobierno provisional que garantizara las libertades básicas
y la apertura de un proceso constituyente que abordaría la transformación
política plena e integral de España, tal como ocurriera en 1931 con la llegada
de la Segunda República, o en 1868 tras el destronamiento de Isabel II. La
propuesta de ruptura era de hecho irrealizable dado el posicionamiento del
ejército, fuerzas de orden público, aparatos burocráticos del franquismo,
etc., y la propia actitud de la mayoría de la sociedad española que deseaba
reformas, pero que en su inmensa mayoría se negaba a aventuras cercanas a
modelos revolucionarios.
¿Cómo se logró armonizar ambas posturas y, con ello, hacer posible una
transición modélica? Como afirmó Solé Tura, El éxito de las grandes

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reformas se basa en la combinación de la presión social y el entendimiento
entre los reformistas de la oposición y los reformistas del propio sistema.

Quizás en una primera interpretación podría entenderse por presión social
una serie de acciones de masas tendentes a provocar el derrumbamiento del
franquismo, de un modo similar a lo ocurrido en los procesos revolucionarios.
Pero nada hay más lejos de la realidad que esta posible interpretación de la
presión social. Por el contrario, la gran mayoría de la población española no
militaba en los partidos políticos que se movían en la clandestinidad ni en los
sindicatos libres (fundamentalmente, Comisiones Obreras y la Unión General
de Trabajadores) y tampoco se mostró muy dispuesta a secundar los
llamamientos a la acción realizados por estas organizaciones. El miedo a la
represión y una actitud acomodaticia en muchos casos, dieron pie a una
pasividad que, sin embargo no impedía a una gran mayoría de españoles
anhelar unos propósitos de cambios en profundidad. Esos españoles que
protagonizaron la transición eran diferentes a los de generaciones pasadas.
Había mejorado ostensiblemente el nivel de renta. La educación básica
llegaba a la gran mayoría de la población y el número de universitarios se
había multiplicado. La emigración, el turismo, el deporte y los medios de
comunicación -pese a la censura existente- permitían a muchos españoles
conocer los espacios europeos, con los aires de libertad que les
caracterizaban. Además poderes fácticos con enorme repercusión en la
sociedad, como la Iglesia y la banca, apostaron por el cambio y
contribuyeron a la presión social. La primera por los afanes progresistas
que desde el Concilio Vaticano II corrían en su seno; la segunda porque
entendía necesario armonizar unas estructuras socio-económicas
homologables a las del mundo occidental con un modelo político democrático.
Tampoco puede olvidarse el importantísimo papel desempeñado por la
prensa, la universidad y la enseñanza en general.

Por otra parte, en la historia de España la democracia nunca había
conseguido implantarse de manera duradera y era necesario impedir que
esto volviese a ocurrir, de aquí la necesidad del entendimiento entre las
diferentes fuerzas (“La transición política fue el resultado de un diálogo
entre el Gobierno y la Oposición”). Ese entendimiento va a dar pie a una
característica esencial de la transición española: el consenso. Un consenso
que realmente se inició a partir de julio de 1976, tras la llegada de Adolfo
Suárez a la Presidencia del Gobierno, ya que durante el mandato de Arias
Navarro fue imposible cualquier diálogo y entendimiento con la oposición
democrática. Y un consenso que tendrá varias etapas.

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La primera etapa se abrió inmediatamente después de la llegada de Suárez
al frente del Gobierno. Gracias a hombres como el propio Presidente y el de
las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, se llegó a un entendimiento entre
las fuerzas reformistas del régimen de Franco para posibilitar la aprobación
en las Cortes y después en referéndum de la Ley para la Reforma Política,
pieza clave para desmontar el aparato político del franquismo. A partir de
entonces los inmovilistas del búnker perdieron buena parte de su poder
político. La primera concluyó en diciembre de 1976, una vez celebrado el
referéndum que aprobó la Ley para la Reforma Política. A continuación el
consenso tuvo que ampliarse a la oposición democrática a fin de que la
celebración de elecciones generales en junio de 1977-como preveía la
anterior Ley- pudiera tener las máximas garantías y posibilitara un
inmediato proceso constituyente que, a la postre, tendría que conducir al
cambio de régimen. Esta segunda etapa del consenso fue quizás la más
complicada de todas puesto que a las reticencias de buena parte de esa
oposición democrática se unió la presión de sectores inmovilistas que
estuvieron a punto de provocar una involución. Pero también se pudo
conseguir el entendimiento y las elecciones celebradas el 15 de junio de
1977, donde pudieron participar todos los partidos políticos con la máxima
libertad, fueron auténticamente modélicas.
La tercera fase del consenso se produjo durante el proceso
constituyente. En esta, ocasión, en lugar de aplicarse en los debates una
simple mayoría aritmética, que hubiera dado origen a una Constitución.-
escorada hacia un signo político concreto, se llegó a un entendimiento entre
la mayoría de las fuerzas parlamentarias. De esta forma se hizo posible un
texto constitucional válido para todos y ratificado masivamente. Concluiría
esta etapa con la aprobación de nuestra Ley Fundamental a finales de 1978.
El entendimiento entre todos los que anhelaban con mayor o menor
fuerza desterrar para siempre al franquismo y convertir a España en una
democracia real no fue fácil, puesto que si se estaba de acuerdo en lo que
no se quería, las dificultades surgían a la hora de plantear lo que se aspiraba
para después. Pero al final el entendimiento se logró. Ello fue así porque el
proceso de cambio político fue una «reforma» y no una «ruptura», con todas
sus ventajas e inconvenientes.
La operación de diseñar una reforma política para posibilitar un cambio en
profundidad desde la legalidad heredada del franquismo era, ciertamente,
complicada. Hoy casi todos los analistas de la transición coinciden en
afirmar que el papel de la Corona fue decisivo. Juan Carlos I había llegado al
Trono el 22 de noviembre de 1975 en virtud de los designios del dictador
recién fallecido y había asumido la Corona en nombre de las Leyes
Fundamentales del franquismo. De esta manera, el nuevo Monarca no tenía

9

legitimidad democrática, pero tampoco poseía la legitimidad dinástica, ya
que el depositario de los derechos de la Casa Real española y padre del Rey,
don Juan de Borbón, no había hecho renuncia de esos derechos históricos.
Sin embargo, Juan Carlos I manifestó claramente en su primer mensaje sus
propósitos de hacer posible desde la Corona un efectivo consenso de
concordia nacional y no tardó mucho tiempo en impulsar, desde el prestigio
de la Institución que encarnaba, el proceso de cambio político que el país
demandaba. La Corona era consciente de la imposibilidad de perpetuar el
franquismo sin Franco y de que la manera de consolidarse en un país de
escasos sentimientos monárquicos pasaba por su adaptación a los modelos
de Monarquías parlamentarias existentes en Europa. Ese papel de «motor
del cambio» fue perfectamente entendido: era necesario aislar a los
inmovilistas, o sea, aquéllos que no estaban dispuestos a admitir cambios de
ninguna clase, que se consideraban herederos de las esencias del régimen
del 18 de julio y que afirmaban que «después de Franco vendrían las
Instituciones». El pacto con los reformista fue lo que dinamizó la primera
etapa del consenso hasta la aprobación de la Ley para la Reforma Política.
Más complicado era el diálogo con las izquierdas ya que la Monarquía de
1975 salía directamente del franquismo. Sin embargo, al igual que pasaba
con la derecha reformista, la Corona y la izquierda se necesitaban
mutuamente.
En efecto, Juan Carlos I no podría considerarse un Rey constitucional ni
Soberano de todos los españoles -como proclamó en su entronización- si la
izquierda democrática no se incorporaba a la vida política. Y esto, que
parece que lo tenía perfectamente claro el nuevo Monarca. La izquierda
aceptó la Monarquía terminando con la vieja confrontación entre Monarquía
o República.

3.- CONCLUSIÓN Y ALCANCE:

El texto habla del proceso por el cual la democracia llega a España. El
acontecimiento más trascendental de esos años fue la redacción y
aprobación definitiva de una nueva Constitución. El 6 de diciembre de 1978
se sometió a referéndum dicho texto constitucional, obteniendo un amplio
respaldo que dio forma y contenido a la nueva democracia. Aunque firme y
decidida, la marcha de la democracia en los años posterires se vio
amenazada desde dos frentes. Por un lado el terrorismo y, por otro,
ciertas tramas involutivas nacidas en sectores del Ejército. Así, entre 1979
y 1981 se verificaron por desgracia los mayores guarismos de crímenes de la
banda asesina ETA, además de ejercer la extorsión a través del impuesto
revolucionario y de los secuestros El terrorismo del G.R.A.P.O., sin embargo,

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pasó a la historia al ser abatido su líder principal, Enrique Cerdán. De otra
parte, se produjeron dos sonados episodios de intentonas golpistas. La
primera se produjo en noviembre de 1978, en la madrileña cafetería
Galaxia, sita en el barrio de Argüelles. Los participantes, el teniente
coronel Tejero y Sáenz de Inestrillas, y la trama pudo ser desmontada por
los servicios de información y las Fuerzas de Seguridad.
Más ruidosa y compleja fue la intentona del 23 de febrero de 1981 cuando,
de nuevo, el teniente coronel-Tejero entró en el Congreso de los Diputados
ante los ojos atónitos de los españoles que contemplaban la sesión por la
televisión. El contexto era, además, muy delicado. El presidente Adolfo
Suárez había presentado su dimisión pocas semanas antes (según algunos,
por presiones militares) y su sustituto (Calvo Sotelo) había de ser investido
como nuevo presidente aquel 23 de febrero. Al final, la intervención del rey
Juan Carlos desbarató la intentona consiguiendo una popularidad y un
revestimiento de legitimidad notables.
Todo este período de transición entre 1977 y 1982 encontró un punto de
inflexión en este último año, al ganar las elecciones por mayoría absoluta el
P.S.O.E. (elecciones de 28 de octubre). La democracia entraba en una nueva
fase donde acabarían cristalizándose algunos de sus elementos esenciales.

CRÍTICA:

En principio, el texto aporta poco a lo que es el conocimiento de la
transición. El autor nos cuenta los factores que él mismo pudo vivir com
ouno de los principales impulsores del proceso, de ahí su gran validez.
Tampoco efectúa ninguna narración de hechos. Más que nada, lo que hace es
reflexionar sobre el trasfondo de los acontecimientos vividos durante la
transición desde su óptica. De acuerdo con ello, la principal aportación del
texto estaría en la visión que de la transición se tiene desde la óptica de uno
de los que vivió más intensamente dicho fenómeno de La Transición. Una
visión que podría ser compartida por muchos otros analistas.
Lógicamente, contemplar y analizar unos hechos desde el punto de vista de
una determinada opción política -la centrista, en este caso- podría originar
muchas distorsiones. Pero el autor resuelve esas posibles distorsiones
situándose más en su papel de comentarista de los acontecimientos que en el
de persona ligada a un partido concreto.

BIBLIOGRAFÍA:
TUSELL, J.: La transición española a la democracia, Ed. Historia 16,
Madrid, 1989. Buen y sencillo resumen de lo que fue la transición.

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13. texto suárez

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