Este documento es el acta de un acuerdo entre los tres poderes de México (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para continuar con la consolidación del sistema de justicia penal mediante la coordinación de sus esfuerzos. Se establece un canal de comunicación permanente entre los poderes y la designación de enlaces para cada uno con el fin de intercambiar experiencias y lograr una mejor coordinación. El acuerdo tendrá vigencia hasta 2018.