Este decreto supremo aprueba la implementación de un Portal de Transparencia Estándar en todas las entidades públicas para uniformizar la información que publican sobre su gestión de acuerdo a la Ley de Transparencia. Establece plazos máximos de 30 a 60 días para su implementación dependiendo del nivel de gobierno de la entidad. Además, designa a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática y a la Secretaría de Gestión Pública para brindar asistencia técnica en su aplicación.