La carta manifiesta que los representantes legales y el revisor fiscal de la Fundación Amigos del Mar Colombia no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social o el patrimonio económico. Tampoco han sido sancionados con declaratoria de caducidad o reportan antecedentes fiscales y disciplinarios, según consta en los certificados adjuntos.