El documento describe la importancia de que Colombia sea declarada un Estado Social de Derecho en su Constitución, lo que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos y su acceso a servicios como salud, educación y vivienda. También resume dos principios constitucionales: la soberanía reside en el pueblo, que elige a sus gobernantes; y el Estado y ciudadanos deben proteger las riquezas naturales y culturales de la nación, aunque este principio no se respeta plenamente actualmente.