El documento analiza la problemática constitucional existente en la administración de justicia indígena en Ecuador. Señala que las normas infraconstitucionales actuales no cumplen cabalmente con los requerimientos de la sociedad ecuatoriana para lograr un verdadero pluralismo jurídico. Propone la creación de un cuerpo legal que permita la armonización de la justicia ordinaria y la justicia indígena a través del diálogo con las comunidades indígenas, la educación jurídica intercultural y políticas públicas de respeto
Tarea de fcc organismos de administración de justicia 2iehonoriodelgado
El Ministerio de Justicia del Perú es responsable de asesorar al Presidente sobre temas judiciales, supervisar las cárceles y las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Administra la política judicial, promueve la legislación y supervisa al poder judicial, incluida la Corte Suprema. La Policía Nacional mantiene el orden público, previene y combate el crimen, y protege a los ciudadanos y autoridades. La Policía Fiscal investiga delitos económicos como contrabando y lavado de dinero.
El documento describe cuatro instituciones clave del Estado peruano: el Ministerio Público, encargado de supervisar las acciones del Estado y procesar a funcionarios irregulares; el Consejo Nacional de la Magistratura, responsable de seleccionar y nombrar jueces para garantizar el buen funcionamiento del poder judicial; la Defensoría del Pueblo, que protege los derechos de los ciudadanos y supervisa al Estado; y el Tribunal Constitucional, que garantiza que las leyes respeten la Constitución.
El documento describe los principales organismos del sistema de justicia en Perú. Estos incluyen el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional. El Ministerio de Justicia asesora al Presidente en temas judiciales y de derechos humanos. El Poder Judicial administra justicia a través de una jerarquía de instituciones. La Corte Suprema es el máximo órgano jurisdiccional del país. La Policía Nacional garantiza el orden interno y los derechos fundamentales.
Los organismos de justicia en Perú incluyen el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional y la Policía Fiscal. El Poder Judicial está encabezado por la Corte Suprema de Justicia y está constituido por una jerarquía de instituciones que administran justicia en el país.
Este documento presenta una introducción al derecho constitucional peruano y a los principales órganos constitucionales del Perú, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Explica brevemente las funciones y características de cada uno de estos órganos constitucionales autónomos según la Constitución peruana.
FILOSOFÍA DEL DERECHO - Fuentes y Elementoshanzmag
El documento resume las principales instituciones del Estado peruano como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banca y Seguros. Explica brevemente las funciones de cada una de estas instituciones en el marco del sistema político y jurí
El documento describe los principales órganos constitucionales autónomos del Perú: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva del Perú, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Estos órganos gozan de independencia y paridad recíproca, se encuentran en el vértice de la organización estatal y no tienen superiores, siendo sustancialmente iguales entre sí.
El documento describe tres organismos autónomos en Perú: el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Sistema Electoral. El Ministerio Público defiende la legalidad y representa a la sociedad en juicios. La Defensoría del Pueblo defiende los derechos constitucionales y supervisa el cumplimiento de deberes públicos. El Sistema Electoral incluye el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad, que se encargan de fiscalizar y administrar
Tarea de fcc organismos de administración de justicia 2iehonoriodelgado
El Ministerio de Justicia del Perú es responsable de asesorar al Presidente sobre temas judiciales, supervisar las cárceles y las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Administra la política judicial, promueve la legislación y supervisa al poder judicial, incluida la Corte Suprema. La Policía Nacional mantiene el orden público, previene y combate el crimen, y protege a los ciudadanos y autoridades. La Policía Fiscal investiga delitos económicos como contrabando y lavado de dinero.
El documento describe cuatro instituciones clave del Estado peruano: el Ministerio Público, encargado de supervisar las acciones del Estado y procesar a funcionarios irregulares; el Consejo Nacional de la Magistratura, responsable de seleccionar y nombrar jueces para garantizar el buen funcionamiento del poder judicial; la Defensoría del Pueblo, que protege los derechos de los ciudadanos y supervisa al Estado; y el Tribunal Constitucional, que garantiza que las leyes respeten la Constitución.
El documento describe los principales organismos del sistema de justicia en Perú. Estos incluyen el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional. El Ministerio de Justicia asesora al Presidente en temas judiciales y de derechos humanos. El Poder Judicial administra justicia a través de una jerarquía de instituciones. La Corte Suprema es el máximo órgano jurisdiccional del país. La Policía Nacional garantiza el orden interno y los derechos fundamentales.
Los organismos de justicia en Perú incluyen el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional y la Policía Fiscal. El Poder Judicial está encabezado por la Corte Suprema de Justicia y está constituido por una jerarquía de instituciones que administran justicia en el país.
Este documento presenta una introducción al derecho constitucional peruano y a los principales órganos constitucionales del Perú, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Explica brevemente las funciones y características de cada uno de estos órganos constitucionales autónomos según la Constitución peruana.
FILOSOFÍA DEL DERECHO - Fuentes y Elementoshanzmag
El documento resume las principales instituciones del Estado peruano como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banca y Seguros. Explica brevemente las funciones de cada una de estas instituciones en el marco del sistema político y jurí
El documento describe los principales órganos constitucionales autónomos del Perú: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva del Perú, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Estos órganos gozan de independencia y paridad recíproca, se encuentran en el vértice de la organización estatal y no tienen superiores, siendo sustancialmente iguales entre sí.
El documento describe tres organismos autónomos en Perú: el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Sistema Electoral. El Ministerio Público defiende la legalidad y representa a la sociedad en juicios. La Defensoría del Pueblo defiende los derechos constitucionales y supervisa el cumplimiento de deberes públicos. El Sistema Electoral incluye el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad, que se encargan de fiscalizar y administrar
El documento describe los órganos constitucionales autónomos del Perú, incluyendo el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la ONPE, el JNE, el RENIEC, el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura. Estos organismos gozan de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia sobre los otros poderes del Estado, con el fin de garantizar los derechos fundamentales y el funcionamiento democrático del sistema.
Este documento describe los organismos autónomos del Estado en Chile y la responsabilidad constitucional de los gobernantes. Explica las características de organismos como el Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones, Contraloría General de la República y el Banco Central. También describe la responsabilidad particular y pública de los gobernantes y la acusación constitucional como mecanismo para exigir su buen desempeño.
El documento describe 10 organismos autónomos establecidos por la Constitución peruana para garantizar el estado de derecho y una mayor eficiencia en el gobierno. Estos organismos incluyen el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Banco Central de Reserva del Perú, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Superint
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DEL PERÚArmando Calla
Este documento describe los organismos constitucionales autónomos en el Perú, incluyendo el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva del Perú. Estos organismos gozan de independencia en el ejercicio de sus func
La Junta Nacional de Justicia reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura como el organismo encargado de la selección y nombramiento de jueces y fiscales en Perú. La Junta Nacional de Justicia fue creada en 2018 luego de un referéndum y su objetivo es garantizar la independencia del poder judicial y evitar la influencia política. Sus funciones principales incluyen nombrar y ratificar jueces y fiscales, aplicar sanciones disciplinarias y mantener un registro de antecedentes.
El documento describe los tres tipos principales de organismos de control en Colombia: el control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República, el control disciplinario a cargo de la Procuraduría General de la Nación, y el control defensorial ejercido por el Defensor del Pueblo. La Procuraduría representa a los ciudadanos ante el Estado y vela por el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos. El Defensor del Pueblo promueve y protege los derechos humanos. La Contraloría controla el uso de los recursos y
El documento describe los organismos tutelares de la nación en Perú, incluyendo la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Cada uno tiene funciones específicas como proteger la soberanía, mantener el orden interno, interpretar la constitución, seleccionar jueces, defender los derechos de los ciudadanos y actuar como defensor del pueblo, respectivamente.
El documento presenta una descripción general del sistema político y de gobierno de la República del Perú. Explica la división de poderes entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial. También describe los principales organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Finalmente, menciona brevemente otras instituciones como el Tribunal Constitucional.
El documento describe la estructura del gobierno de Colombia, la cual se divide en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. La rama ejecutiva incluye al presidente, vicepresidente y ministerios. La legislativa está conformada por el Congreso bicameral. La judicial comprende la Corte Suprema y otros tribunales. También se detallan los roles de los ministerios del Interior, Justicia y del Congreso de la República.
El Estado esta integrado inicialmente por organismos constitucionales los cuales son creados por el Poder Constituyente (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
El documento describe la importancia histórica de la protección de los derechos humanos y explica el rol del Ministerio Público en Colombia para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y la ley. El Ministerio Público en Colombia incluye la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los Personeros Municipales. La Procuraduría General supervisa la conducta oficial y protege los intereses públicos, mientras que la Defensoría promueve y protege los derechos humanos. Los Personeros ejercen control a nivel
El documento describe los principales organismos de control en Colombia según la Constitución de 1991: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. También explica brevemente las funciones de cada uno de estos organismos como velar por el cumplimiento de la ley, promover los derechos fundamentales, y ejercer control fiscal de los recursos públicos.
El documento describe la estructura del gobierno de Colombia, incluyendo las tres ramas del poder (ejecutiva, legislativa y judicial) y sus funciones. Explica que el poder ejecutivo está encabezado por el Presidente y comprende los ministerios, gobernaciones, alcaldías y departamentos administrativos. El poder legislativo recae en el Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. El poder judicial lo ejercen la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y otros tribunales. También menciona
La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano. Fue creada en 1923 para reorganizar las finanzas públicas y vigilar el uso de los recursos del Estado. Actualmente cuenta con más de 4,000 empleados y sus funciones incluyen controlar la gestión fiscal, promover investigaciones por perjuicios al Estado, y presentar informes al Congreso sobre las finanzas nacionales.
14 3 - clase - dcp - los organos constitucionalesjmezara
El documento describe los principales órganos constitucionales del Perú, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, y el Ministerio Público. Explica sus funciones y atribuciones, como controlar la constitucionalidad de las leyes, nombrar jueces y fiscales, y defender la legalidad y los derechos humanos, respectivamente.
El documento presenta una descripción general del Estado y sus principales características e instituciones. Explica que el Estado es la forma de organizar políticamente a la sociedad y está compuesto por instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales. También define conceptos clave como nación, soberanía y gobierno.
El Ministerio Público es un organismo autónomo que tiene las siguientes funciones principales: promover la acción judicial en defensa de la legalidad y los intereses públicos, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia, y representar a la sociedad en los procesos judiciales. Está presidido por el Fiscal de la Nación y comprende diversas fiscalías especializadas en áreas como lo penal, lo contencioso-administrativo, prevención del delito y familia.
El documento resume las principales características y funciones del Poder Ciudadano y sus órganos (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General) según la Constitución de Venezuela. También describe la composición y funciones del Consejo Nacional Electoral como ente rector del Poder Electoral encargado de la organización transparente de los procesos electorales en el país.
El documento describe las funciones y características del Poder Ciudadano en Venezuela según la Constitución. El Poder Ciudadano está integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General, y busca promover y defender los derechos humanos y la transparencia. Cada órgano goza de autonomía e independencia de los otros poderes. El documento explica en detalle las funciones y procesos de designación de cada uno de estos órganos según lo establecido en la Constitución y
El documento describe la estructura del Estado colombiano. Explica que Colombia es una república unitaria descentralizada con tres ramas de poder - legislativa, ejecutiva y judicial. Detalla los diferentes niveles de gobierno como gobernaciones, alcaldías, unidades administrativas especiales y superintendencias. También cubre organismos autónomos como la Comisión Nacional de Televisión y el Consejo Nacional Electoral, así como la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El documento describe la estrategia 2 del tercer objetivo de la agenda digital, cuyo fin es fortalecer el acceso a la información y los servicios de justicia mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esto requiere dotar a los funcionarios y al sistema de justicia de los medios necesarios para implementar una justicia totalmente informatizada, interconectada e interoperable, desarrollando sistemas que faciliten los procesos administrativos y jurisdiccionales de manera electrónica.
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las transacciones con bancos rusos clave y la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
El documento describe los órganos constitucionales autónomos del Perú, incluyendo el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la ONPE, el JNE, el RENIEC, el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura. Estos organismos gozan de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia sobre los otros poderes del Estado, con el fin de garantizar los derechos fundamentales y el funcionamiento democrático del sistema.
Este documento describe los organismos autónomos del Estado en Chile y la responsabilidad constitucional de los gobernantes. Explica las características de organismos como el Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones, Contraloría General de la República y el Banco Central. También describe la responsabilidad particular y pública de los gobernantes y la acusación constitucional como mecanismo para exigir su buen desempeño.
El documento describe 10 organismos autónomos establecidos por la Constitución peruana para garantizar el estado de derecho y una mayor eficiencia en el gobierno. Estos organismos incluyen el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Banco Central de Reserva del Perú, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Superint
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DEL PERÚArmando Calla
Este documento describe los organismos constitucionales autónomos en el Perú, incluyendo el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva del Perú. Estos organismos gozan de independencia en el ejercicio de sus func
La Junta Nacional de Justicia reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura como el organismo encargado de la selección y nombramiento de jueces y fiscales en Perú. La Junta Nacional de Justicia fue creada en 2018 luego de un referéndum y su objetivo es garantizar la independencia del poder judicial y evitar la influencia política. Sus funciones principales incluyen nombrar y ratificar jueces y fiscales, aplicar sanciones disciplinarias y mantener un registro de antecedentes.
El documento describe los tres tipos principales de organismos de control en Colombia: el control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República, el control disciplinario a cargo de la Procuraduría General de la Nación, y el control defensorial ejercido por el Defensor del Pueblo. La Procuraduría representa a los ciudadanos ante el Estado y vela por el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos. El Defensor del Pueblo promueve y protege los derechos humanos. La Contraloría controla el uso de los recursos y
El documento describe los organismos tutelares de la nación en Perú, incluyendo la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Cada uno tiene funciones específicas como proteger la soberanía, mantener el orden interno, interpretar la constitución, seleccionar jueces, defender los derechos de los ciudadanos y actuar como defensor del pueblo, respectivamente.
El documento presenta una descripción general del sistema político y de gobierno de la República del Perú. Explica la división de poderes entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial. También describe los principales organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Finalmente, menciona brevemente otras instituciones como el Tribunal Constitucional.
El documento describe la estructura del gobierno de Colombia, la cual se divide en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. La rama ejecutiva incluye al presidente, vicepresidente y ministerios. La legislativa está conformada por el Congreso bicameral. La judicial comprende la Corte Suprema y otros tribunales. También se detallan los roles de los ministerios del Interior, Justicia y del Congreso de la República.
El Estado esta integrado inicialmente por organismos constitucionales los cuales son creados por el Poder Constituyente (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
El documento describe la importancia histórica de la protección de los derechos humanos y explica el rol del Ministerio Público en Colombia para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y la ley. El Ministerio Público en Colombia incluye la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los Personeros Municipales. La Procuraduría General supervisa la conducta oficial y protege los intereses públicos, mientras que la Defensoría promueve y protege los derechos humanos. Los Personeros ejercen control a nivel
El documento describe los principales organismos de control en Colombia según la Constitución de 1991: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. También explica brevemente las funciones de cada uno de estos organismos como velar por el cumplimiento de la ley, promover los derechos fundamentales, y ejercer control fiscal de los recursos públicos.
El documento describe la estructura del gobierno de Colombia, incluyendo las tres ramas del poder (ejecutiva, legislativa y judicial) y sus funciones. Explica que el poder ejecutivo está encabezado por el Presidente y comprende los ministerios, gobernaciones, alcaldías y departamentos administrativos. El poder legislativo recae en el Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. El poder judicial lo ejercen la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y otros tribunales. También menciona
La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano. Fue creada en 1923 para reorganizar las finanzas públicas y vigilar el uso de los recursos del Estado. Actualmente cuenta con más de 4,000 empleados y sus funciones incluyen controlar la gestión fiscal, promover investigaciones por perjuicios al Estado, y presentar informes al Congreso sobre las finanzas nacionales.
14 3 - clase - dcp - los organos constitucionalesjmezara
El documento describe los principales órganos constitucionales del Perú, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, y el Ministerio Público. Explica sus funciones y atribuciones, como controlar la constitucionalidad de las leyes, nombrar jueces y fiscales, y defender la legalidad y los derechos humanos, respectivamente.
El documento presenta una descripción general del Estado y sus principales características e instituciones. Explica que el Estado es la forma de organizar políticamente a la sociedad y está compuesto por instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales. También define conceptos clave como nación, soberanía y gobierno.
El Ministerio Público es un organismo autónomo que tiene las siguientes funciones principales: promover la acción judicial en defensa de la legalidad y los intereses públicos, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia, y representar a la sociedad en los procesos judiciales. Está presidido por el Fiscal de la Nación y comprende diversas fiscalías especializadas en áreas como lo penal, lo contencioso-administrativo, prevención del delito y familia.
El documento resume las principales características y funciones del Poder Ciudadano y sus órganos (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General) según la Constitución de Venezuela. También describe la composición y funciones del Consejo Nacional Electoral como ente rector del Poder Electoral encargado de la organización transparente de los procesos electorales en el país.
El documento describe las funciones y características del Poder Ciudadano en Venezuela según la Constitución. El Poder Ciudadano está integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General, y busca promover y defender los derechos humanos y la transparencia. Cada órgano goza de autonomía e independencia de los otros poderes. El documento explica en detalle las funciones y procesos de designación de cada uno de estos órganos según lo establecido en la Constitución y
El documento describe la estructura del Estado colombiano. Explica que Colombia es una república unitaria descentralizada con tres ramas de poder - legislativa, ejecutiva y judicial. Detalla los diferentes niveles de gobierno como gobernaciones, alcaldías, unidades administrativas especiales y superintendencias. También cubre organismos autónomos como la Comisión Nacional de Televisión y el Consejo Nacional Electoral, así como la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El documento describe la estrategia 2 del tercer objetivo de la agenda digital, cuyo fin es fortalecer el acceso a la información y los servicios de justicia mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esto requiere dotar a los funcionarios y al sistema de justicia de los medios necesarios para implementar una justicia totalmente informatizada, interconectada e interoperable, desarrollando sistemas que faciliten los procesos administrativos y jurisdiccionales de manera electrónica.
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las transacciones con bancos rusos clave y la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
El documento describe los conceptos de jurisdicción, proceso y acción. La jurisdicción es la facultad del estado para resolver conflictos de manera vinculante a través de la aplicación de la ley. El proceso es el instrumento jurídico para conducir a la solución de litigios. La acción es el derecho de las partes a provocar la actividad del órgano jurisdiccional para que resuelva una pretensión litigiosa.
El poder judicial de San Juan está compuesto por la Corte de Justicia provincial, varias cámaras y juzgados inferiores, y el Ministerio Público. El Consejo de la Magistratura propone los nombramientos de jueces y fiscales y administra el poder judicial provincial. La constitución y leyes de San Juan establecen la estructura y funciones de estas instituciones del sistema de justicia provincial.
Este documento resume varios delitos contra la administración de justicia y el orden público según el Código Penal vigente en Venezuela. Describe delitos como la negativa a servicios legales debidos, la simulación de hechos punibles, la calumnia, el falso testimonio, el soborno de testigos, el perjurio, la prevaricación, el encubrimiento, la fuga de detenidos, quebrantamiento de condenas, la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, el uso indebido de armas de guerra, el porte ilí
El documento presenta una introducción al derecho administrativo. Explica que el objetivo del curso es especializar a profesionales en derecho administrativo para que puedan asesorar a la administración pública. Luego resume la evolución histórica de las sociedades humanas y el surgimiento del estado moderno, con énfasis en la separación de poderes. Finalmente, define conceptos clave como estado, administración pública y derecho administrativo.
Los principios rectores y garantías procesales son la base del procedimiento penal en Colombia. Incluyen principios como la dignidad humana, libertad, intimidad, legalidad, imparcialidad, lealtad, igualdad, gratuidad, defensa, presunción de inocencia, doble instancia y cosa juzgada. Estos principios rigen toda actuación de la policía judicial y deben ser respetados para proteger los derechos de los implicados en el proceso penal.
Este documento presenta conceptos básicos de derecho. Define derecho como el conjunto de normas jurídicas creadas por el poder legislativo para regular la conducta humana. Explica que el derecho tiene fines como mantener el orden, la armonía y la justicia. Distingue entre hechos y actos jurídicos, y describe las características y tipos de normas jurídicas. Además, explica las fuentes formales del derecho como la legislación, jurisprudencia y costumbre.
Estructura y funcionamiento del poder judicial federal.Ram Cerv
El poder judicial es uno de los tres poderes del Estado mexicano encargado de administrar justicia. Está integrado por varios órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales federales y juzgados de distrito. Tiene la función de asegurar la supremacía de la constitución y controlar los actos de gobierno mediante la aplicación independiente del derecho.
El documento describe la estructura del Estado colombiano, incluyendo las tres ramas del poder público (legislativa, ejecutiva y judicial). La rama legislativa está compuesta por el Congreso de la República, incluyendo el Senado y la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva incluye al Presidente, Vicepresidente, Ministros y Departamentos Administrativos. La rama judicial está encargada de administrar justicia y está compuesta por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judic
Este documento trata sobre la administración como disciplina. Define la administración como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades de una organización para alcanzar sus objetivos de manera eficiente. Explora los tipos de administración (empírica, científica, pública, privada y mixta), sus características y principios. Finalmente, discute cómo la globalización está obligando a las organizaciones a ser más competitivas y adaptar sus estilos de gestión.
Prohibición de doble juzgamiento en la constituciònmarianacg21
El documento discute la prohibición de doble juzgamiento en Ecuador. Establece que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos de acuerdo con la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. También analiza la declinación de competencia de los jueces ordinarios a favor de las autoridades indígenas y sus sistemas de justicia cuando se cometen delitos dentro de sus territorios y contra sus miembros. Explica los principios de igualdad, diversidad cultural y jurisdicción preferente de las autoridades indígen
El Pluralismo Jurídico en la región / Onajup-EurosocialEUROsociAL II
El documento describe los sistemas de justicia indígena en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Colombia. Reconoce constitucionalmente el derecho de los pueblos indígenas a aplicar su propio derecho consuetudinario. Describe las garantías dadas a la jurisdicción indígena como peritajes culturales y coordinación con la jurisdicción ordinaria.
El documento discute la prohibición de doble juzgamiento y el reconocimiento de la jurisdicción indígena en Ecuador. Establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y que los casos resueltos por la jurisdicción indígena cuentan a este efecto. También explica que los jueces ordinarios deben declinar su competencia cuando una autoridad indígena solicite aplicar su propia justicia. Finalmente, resume los principios y garantías de la justicia indígena según la Constitución y las leyes
Ley 073 de deslinde jurisdiccional indigena originario campesino de boliviaVernicaAnders
La ley establece los principios y mecanismos para regular la jurisdicción indígena originaria campesina y su coordinación con otras jurisdicciones en Bolivia. Define los ámbitos de aplicación de la jurisdicción indígena en términos personales, materiales y territoriales, y garantiza su igual jerarquía con otras jurisdicciones. Además, establece mecanismos como la cooperación y coordinación entre autoridades jurisdiccionales para lograr la convivencia social armónica y el respeto a los derechos.
El documento habla sobre la justicia indígena en Ecuador según la Constitución. Reconoce que las autoridades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios aplicando sus propias normas y procedimientos. Las fiscalías de asuntos indígenas orientan a las comunidades para aplicar su justicia a través de castigos como baños de agua fría o trabajos comunitarios. Sin embargo, algunas prácticas como la muerte o tortura no están permitidas.
El documento habla sobre la justicia indígena en Ecuador según la Constitución. Reconoce que las autoridades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios aplicando sus propias normas y procedimientos. Las fiscalías de asuntos indígenas orientan a las comunidades para aplicar su justicia a través de castigos como baños de agua fría o trabajos comunitarios. Sin embargo, todavía no hay consenso entre las juntas del campesinado y las fiscalías sobre cómo aplicar la nueva Constit
El documento describe los criterios políticos que sustentan la aplicación de la jurisdicción especial indígena en Venezuela. Reconoce los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución venezolana y en tratados internacionales. También analiza las leyes y decretos nacionales e internacionales que protegen los derechos territoriales, culturales y de autogobierno de los pueblos indígenas. El documento examina la jurisdicción especial indígena establecida en la Constitución venezolana.
Este documento discute los límites de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico peruano. Explica que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y tratados internacionales como el Convenio 169 no son absolutos, y pueden limitarse por circunstancias como estados de emergencia o por el respeto a los derechos de otros. También reconoce derechos fundamentales colectivos de comunidades campesinas y nativas a la jurisdicción especial y a la identidad cultural de acuerdo a la Constitución y leyes peruan
Este documento presenta la Ley de Deslinde Jurisdiccional de Bolivia, la cual regula los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente. Establece que la jurisdicción indígena goza de igual jerarquía y ámbitos de vigencia personal, material y territorial. Además, promueve la coordinación y cooperación entre las distintas jurisdicciones en el marco del pluralismo jurídico y respeto a los derechos fundamentales y la Constitución.
Este documento discute el acceso a la justicia para los pueblos indígenas en un estado pluricultural. Explica que los pueblos indígenas tienen derecho a protección de sus derechos colectivos e individuales, acceso a su propia justicia indígena, y ejercicio de derechos ante la jurisdicción ordinaria de una manera culturalmente adecuada. También destaca la necesidad de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria para una justicia plural que respete la autonomía indígena.
Este documento presenta información sobre la justicia comunitaria en Venezuela. Explica conceptos clave como la conceptualización, reseña histórica y principios de la justicia comunitaria. También define nociones de derecho público, privado, sustantivo y adjetivo en el contexto de la justicia comunitaria. El objetivo es brindar una introducción básica sobre este tema.
1) El documento discute el pluralismo jurídico y el derecho consuetudinario indígena. 2) Explica que en Panamá se han creado comarcas indígenas reconocidas en la constitución para proteger las tierras y el autogobierno de los pueblos indígenas. 3) También cubre instrumentos internacionales como el Convenio 107 de la OIT que reconocen los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras.
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El documento describe la justicia indígena en Ecuador. Explica que los pueblos indígenas tenían sus propios sistemas de justicia antes de la colonización y que ahora la Constitución ecuatoriana reconoce la jurisdicción de las autoridades indígenas sobre asuntos internos de sus comunidades. Sin embargo, existe controversia porque algunas sanciones indígenas, como castigos físicos o la muerte, pueden violar los derechos humanos. El documento analiza ejemplos de casos de justicia indígena y concluye que
La justicia indígena en Ecuador se basa en las tradiciones y cultura propias de los pueblos indígenas. Reconoce sus propias autoridades y procedimientos para resolver conflictos internos de acuerdo a sus costumbres, siempre que no violen la Constitución ni los derechos humanos. El objetivo es conservar la armonía en la comunidad mediante sanciones que buscan la reparación, purificación y reconciliación.
Este documento describe el marco jurídico que ampara el pluralismo jurídico y reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas en Bolivia. Explica que la nueva Constitución boliviana y la Ley del Órgano Judicial reconocen explícitamente el pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena originaria campesina. Sin embargo, un reto clave es aprobar la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la cual debe establecer claramente los límites y mecanismos de coordinación entre las juris
Esta ley establece los ámbitos de jurisdicción de la justicia indígena originaria campesina en relación con otras jurisdicciones en Bolivia de acuerdo con la constitución. Define los principios de igual jerarquía, coordinación y cooperación entre jurisdicciones, así como los mecanismos para lograr esto. También establece los derechos fundamentales que deben respetar todas las jurisdicciones y los ámbitos de vigencia personal, material y territorial de la jurisdicción indígena.
El documento describe los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución mexicana, incluyendo su derecho a la autonomía para decidir asuntos internos, aplicar sus propios sistemas normativos, elegir autoridades, y preservar su cultura e identidad. También señala que la Federación, Estados y Municipios deben establecer políticas para garantizar los derechos de los indígenas y el desarrollo de sus comunidades de manera conjunta. Finalmente, identifica algunos puntos oscuros sobre el
Este documento describe las jurisdicciones especiales en Colombia. Explica que las jurisdicciones especiales indígenas y de paz se basan en la Constitución y se rigen por sus propias normas y procedimientos. La jurisdicción especial indígena reconoce la autonomía de los pueblos indígenas y se aplica a conflictos que ocurren dentro de sus territorios. Los jueces de paz resuelven disputas de manera equitativa y buscan construir la paz a nivel comunitario.
El documento discute el acceso a la justicia para los pueblos indígenas en un Estado pluricultural. Primero, explica que el acceso a la justicia debe garantizar la protección de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y su derecho a la propia jurisdicción indígena de acuerdo a su derecho consuetudinario. Segundo, analiza los derechos de los indígenas ante la jurisdicción ordinaria, como el uso de su propio idioma. Tercero, destaca la necesidad de coordinación
3. • Artículo 171
Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en
sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su
ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de
las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y
procedimientos propios para la solución de sus conflictos
internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los
derechos humanos reconocidos en instrumentos
internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción
indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades
públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de
constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de
coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la
jurisdicción ordinaria.
4. • Artículo. 57
Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los
pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales
de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y
organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus
territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión
ancestral.
10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o
consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en
particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su
autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y
precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos
derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.
El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin
discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre
mujeres y hombres.
5. Artículo. 76
En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las
siguientes garantías:
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la
misma causa y materia. Los casos resueltos por la
jurisdicción indígena deberán ser considerados para
este efecto
6. Artículo. 189
Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y
tendrán competencia exclusiva y obligatoria para
conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios,
vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su
jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso
podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá
sobre la justicia indígena.
7. * NORMAS INFRA-CONSTITUCIONALES
* Convenio OIT Nro. 169 sobre Pueblos Indígenas y tribales en
países independientes 1989. Art 8,9,10.
* Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Art 34,35,40.
* Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art 24,25.
* Código Orgánico de la función
Judicial. Art.17,24,343,344,345,346.
* Código Civil Ecuatoriano. Art.2,13.
* Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. Art.1,2,5,24,25.
* Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. Art.14,15.
* Código de procedimiento Penal Ecuatoriano. Art.3.
* Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control
Constitucional. Art.65,66.
* Política de Estado sobre el Pluralismo jurídico.
* Resolución de la Corte Constitucional en el Caso LA COCHA
9. El actual cuerpo de Normas Infra-
Constitucionales existentes para la
administración de justicia indígena
contenida en el art. 171 de la actual
Constitución, relacionada con el
artículo 57, numeral 9 y 10 del mismo
cuerpo legal, no cumple a cabalidad
los requerimientos de la sociedad
Ecuatoriana.
10. Todavía no existe un verdadero engranaje
de normas que permita desarrollarnos
como un pueblo de libre determinación
donde se materialice la plurinacionalidad
e interculturalidad que versa el Art. 1 de
nuestra Constitución.
El sistema jurídico vigente, no ha
conseguido la armonización de normas
sustantivas y adjetivas de origen diverso
que logren la verdadera y pacífica
convivencia de varios sistemas jurídicos y
que den su cumplimiento por parte de la
población y las propias autoridades
11. En la actual coyuntura jurídica, se
contradice el principio de igualdad de
todas las nacionalidades consagrado en
la Constitución, cuando se subordina la
Justicia Indígena a la Justicia ordinaria,
reduciendo así la primera a efectos
sociales y culturales, mientras que la
Constitución no conoce este límite;
únicamente la Constitución establece los
límites que determinan los derechos
humanos y el ámbito territorial, previstos
en el art. 171 ibídem.
12. La Carencia del cuerpo de normas Infra-
Constitucional efectivo y veras se Evidencia en
las incongruencias del acontecer jurídico diario
de nuestra sociedad, quedando al descubierto
el autoritarismo existente de la justicia
ordinaria y el monopolio de instituciones
estatales y de justicia convencional como las
únicas autorizadas para aplicar derecho y crear
normas, mientras que constitucionalmente se
encarga a las autoridades de otras culturas o
jurisdicciones como encargadas de aplicaras y
hacerlas cumplir. Así es el caso de la sentencia
0731-10-EP del caso La Cocha.
13. Al no haber un verdadero cuerpo legal que limite la funcionalidad de
las diferentes justicias, se dan contradicciones al utilizar algunos
principios constitucionales. Por ejemplo, como consecuencia de la
referida sentencia del caso La Cocha, las autoridades crean
jurisprudencia basándose en los artículos 11 numeral 8, y 436
numerales 1 y 6 de la Constitución de la República, estableciendo
reglas de aplicación obligatoria a las autoridades indígenas,
permitiendo que se viole el principio fundamental de pluralismo
jurídico y en contradicción con lo que establece el Art. 171 de la
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
respecto a los pueblos indígenas.
…() “La jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los
casos que atenten contra la vida de toda persona, es facultad exclusiva y
excluyente del Sistema de Derecho Penal Ordinario, aún en los casos en que
los presuntos involucrados y los presuntos responsables sean ciudadanos
pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así los
hechos ocurran dentro del ámbito territorial de una comunidad, pueblo o
nacionalidad indígena”
14. De lo expuesto, se deduce que la
histórica inobservancia de los derechos
de los pueblos indígenas, es producto
de un deficiente sistema de
reconocimiento de justicia indígena; y,
aunque en la actual constitución esto
se ha tratado de paliar con las normas
jurídicas estudiadas, esto no ha sido
suficiente, puesto que el cuerpo legal
Infra-Constitucional no articula de
manera adecuada la convivencia de la
justicia convencional con la justicia
indígena.
15. *Propuesta de desarrollo
Infra-Constitucional de las
normas constitucionales
*La materialización de un cuerpo legal
compatible jurídicamente con las dos justicias
debería basar sus principios en:
16. * El dialogo con las comunidades y
autoridades indígenas para la
creación de normas jurídicas que los
rijan y nos rijan conjuntamente con
sus matices respectivos claro está,
creando un consenso al momento de
dictar dichas leyes.
17. * En educación jurídica, implantar materias
de inclusión y educación indígena ya que los
estudiantes de Derecho de hoy, seremos los
profesionales del mañana y por tanto los
encargados de hacer respetar la justicia y
solo conociendo tanto la justicia
convencional como la justicia indígena
sabremos utilizar adecuadamente los
lineamientos para introducirlas en nuestro
ejercer cotidiano, preparando así a nuestros
juristas activamente en la convivencia con
reglamentos, costumbres y conocimientos
ancestrales indígenas, para erradicar así, la
ignorancia en un posterior proceder.
18. * Implantación de políticas de educación,
aceptación y respeto dirigidas hacia todos
los sectores de la población, muy en especial
a nuestros jóvenes ya que son las nuevas
generaciones las que convivirán y a quienes
heredaremos un país pluricultural y de
variedad étnica como es actualmente
nuestro Ecuador.
19. * Políticas de estado, difundidas en medios
de comunicación, enfocadas en cultivar
valores de integración, impulsando la
tolerancia racial, respetando nuestra
verdadera idiosincrasia para crear un
fenómeno masivo de aceptación de
nuestras diferencias étnicas y con ello
nuestras diferencias interculturales y
jurisdiccionales, concientizando a nuestra
población a entender la cultura indígena,
sus leyes, su forma de vida, sus
costumbres ancestrales, dándole un
verdadero protagonismo en nuestra vida
jurídica cotidiana.
20. * Emerger reglamentos, que
verdaderamente protejan los derechos
jurídicos indígenas y permitan la
administración de su justicia; respetando
los principios básicos de igualdad, con
normativas exigibles que reconozca sus
fallos con la misma carga jurisdiccional
que el de la cultura ordinaria, siempre
que sean emanados en derecho.
21. *
Cabe mencionar que durante el desarrollo de este trabajo
Investigativo, me ha permitido profundizar en el análisis de
la problemática constitucional aquí planteada,
concluyendo que los ecuatorianos somos fruto de un
proceso de mestizaje, por lo que considero posible que
seamos un país de pluralismo jurídico, tenemos un mismo
origen histórico, arte, arquitectura; por tanto, creo que
debemos crear conciencia nacional y ser los pioneros de
esta nueva generación de ecuatorianos, orgullosos de lo
nuestro, con respeto a los principios básicos de convivencia
entre las diversas nacionalidades, pueblos y culturas,
avanzando hacia el pluralismo jurídico, respetando todos
los preceptos constitucionales y los tratados
internacionales de derechos humanos.