El documento discute la prohibición de doble juzgamiento y el reconocimiento de la jurisdicción indígena en Ecuador. Establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y que los casos resueltos por la jurisdicción indígena cuentan a este efecto. También explica que los jueces ordinarios deben declinar su competencia cuando una autoridad indígena solicite aplicar su propia justicia. Finalmente, resume los principios y garantías de la justicia indígena según la Constitución y las leyes

1. PROHIBICIÓN DE DOBLE JUZGAMIENTO
CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Art. 4.- Dignidad humana y titularidad
de derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos
humanos reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos
internacionales.
Constitución de la república del Ecuador Art. 10 establece quienes han de ser
beneficiados con este derecho y menciona, “Las personas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los derechos garantizados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales.”
CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Art. 5 num. 9. Prohibición de doble
juzgamiento: “ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los
mismos hechos”.
(Los casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto).
Normas jurídicas para la declinación de la competencia, para que se cumpla el
principio de: prohibición de doble juzgamiento.
El Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 345, establece sobre la declinación
de competencia “Los jueces y juezas que conozcan de un proceso sometido al
conocimiento de las autoridades indígenas, declinaran su competencia, siempre que
exista la petición de la autoridad indígena en tal sentido” (Código Orgánico de la
Función Judicial, 2010, pág. 235).
Es de esta manera, una institución jurídica rectora en nuestra legislación, ampara la
aplicación de la justicia indígena, dentro de sus comunidades para la solución de sus
conflictos internos y aplicar la justicia indígena a quienes hayan cometido actos contrarios
a la Constitución, a la moral, dignidad, etc. por lo que estas autoridades pondrán solicitar
la declinación en cualquier momento y poner en ejecución las normas consuetudinarias
en las comunidades respectivas, cabe señalar que también están reconocidos por los
convenios internacionales; sí cometieren arbitrariedades.
En Constitución de la República del Ecuador en el Art. 171 señala que “Las autoridades
de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones
jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de
su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”
(Constitución de la República del Ecuador, 2011, pág. 152).

2. Esto quiere decir que todo lo actuado o ejecutado dentro de la comunidad indígena, no
podrán seguir conociendo los administradores de justicia ordinaria por cuanto tendrá que
declinar competencia dentro de las causas que preverá conocer primero la justica
indígena, la misma Constitución prohíbe el conocimiento de juezas o jueces que conocen
de la materia y que estos deben respetar las normas establecidas e impuestas.
Análisis de la declinación de competencia de acuerdo a lo establecido en la
Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial.
Mónica Chuji, al respecto analiza y expone sobre el tema “ El Estado ecuatoriano por
primera vez en la historia la Constitución señala, que las decisiones de las autoridades
indígenas, se extienden de prácticas o formas de aplicación de sanciones por autoridades
indígenas, no solo que reconocía la coexistencia de la diversidad cultural, sino también la
facultad y el derecho que tienen los pueblos indígenas de administrar justica aplicando
sus propias costumbres, sus propias normas de convivencia y sus mecanismos de
sanciones dentro de sus competencias. Pero con la limitación de que tales decisiones
debías estar sujetas a las disposiciones de las normas constitucionales las leyes. (Chuji,
2009, pág.31)
Es importante analizar que la vigencia de la pluralidad jurídica en el Ecuador, es una
realidad constitucionalmente reconocida, estableciéndose como reto para toda la sociedad
pluricultural. Se constituye, entonces, en una tarea conjunta y urgente adentrarse más en
la investigación y conocimiento generando propuestas fundamentadas en nuestra
realidad, de una forma de administración de justicia indígena que no es ni superior ni
inferior a la administración de justicia, solo que existen dos justicias y las victimas en las
comunidades indígenas en su mayoría no están de acuerdo con la declinación en delitos
de reclusión.
Quienes pueden solicitar la declinación de competencia.
En nuestra legislación del Ecuador, en la Carta Magna en su Art. 10 especifica muy
claramente quienes han de ser beneficiados con este derecho y menciona, “Las personas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág.10).
Como análisis podemos manifestar, que hay un sector dentro del Estado que por Ley
constituida maneja su propia justicia, en referencia al tema tenemos en la Constitución
ecuatoriana Art. 171, C.O.F.J. Art. 345, convenio OIT, prescribe la aplicación de la
justicia indígena prima sobre la administración de justicia ordinaria, (pro

3. jurisdicción),están haciendo y seguirán cometiendo muchas inconsistencias por falta de
compatibilidad jurídica de las autoridades indígenas, tienen facultad de solicitar la
declinación de competencia a la justicia ordinaria que conocen hechos delictivos de
personas indígenas, y son protegidos más sólidamente por instrumentos internacionales
de derechos humanos.
Aspectos generales de la justicia indígena.
La Lcda. Valeria Garcés, expone “Los pueblos y nacionalidades indígenas definen a la
justicia como la acción de reconocer la aplicación de normas y procedimientos propios,
el ejercicio de jurisdicción indígena, la autoridad resuelve conflictos dentro de su
territorio. Un sistema jurídico propio de los indígenas, se sustenta y se fundamenta en la
existencia de un derecho consuetudinario que ha permitido un normal desarrollo y un
eficaz control social donde las autoridades solucionan los diversos conflictos imponiendo
las sanciones correspondientes. Un tipo de justicia equitativa, participativa y
democrática donde sus normas y sus sistemas jurídicos han logrado armonizar sus
relaciones sociales y su manera de convivir como colectividades.” (Garcés, 2011, pág.
75).
En análisis, es a partir de la década del cuarenta, las organizaciones indígenas actuaron
en representación de los pueblos y nacionalidades indígenas, con el propósito de poner
fin a la opresión, marginación, discriminación y exclusión a los que fueron sometidos por
más de cinco siglos por parte de los sectores dominantes, quienes obligaron a adoptar una
misma lengua, religión, forma de educación, sistema legal y una sola costumbre
alejándolos de sus tradiciones ancestrales e incorporándose a una sola y única sociedad.
Principios de la justicia indígena.
Código Orgánico de la Función Judicial Art. 344. “principios de justicia intercultural”;
a.- Diversidad.- Han de tener en cuenta derecho propio, costumbres y practicas
ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo
reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural.
b.- Igualdad.- La autoridad tomara las medidas necesarias para garantizar la compresión
de las normas, procedimientos y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en
el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, entre otras medidas,
la intervención procesal de traductores, peritos antropólogos y especialmente en derecho
indígena;
c) Non bis in ídem.- Lo actuado por las autoridades indígena no podrá ser juzgado ni
revisado por jueces de la Función Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en

4. ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control
constitucional.
d.- Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la
jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor
autonomía y la menor intervención posible; y.
e.- Interpretación intercultural.- En caso de comparecencia de personas o
colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judicial, interpretaran
interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurara
tomar elementos culturales relacionados con las costumbres, practicas ancestrales,
normas procedimientos de derecho propio de los pueblos nacionalidades, comunas y
comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución
y los instrumentos internacionales. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2010, pág.
234).
Según la O. N. I. C. al respecto manifiesta “la competencia de la jurisdicción indígena
sobre las contravenciones y los delitos que afectan directamente a la comunidad en dónde
ocurren”. “Asimismo, deberían estar fuera de la jurisdicción indígena aquellas
infracciones cuyo ámbito de afectación rebasa a la comunidad o pueblo en el cual tienen
lugar así como a los intereses de sus miembros individualmente considerados, que son
sancionados con pena de reclusión, que afectan a los intereses del Estado, que son
previstos por los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el
Ecuador, que afectan derechos fundamentales como la vida, o que causan alarma
alterando gravemente al conjunto de la sociedad independientemente quienes sean los
agraviados o de dónde ocurran los hechos”. (ONIC, 2007, PÁG. 64).
En tratados y convenios internacionales; Principio de Non Bis In Idem, es una
garantía jurídica penal que impide una doble imputación o doble juzgamiento o punición
por un mismo hecho principio emparentada con el principio de cosa juzgada. La persona
cuya situación procesal haya sido definido por sentencia ejecutoriada, o por providencia
que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometido a nuevo proceso por el mismo
hecho, aunque a este se le dé una denominación distinta; de manera que los jueces no
pueden desconocer decisiones anteriores que afectan los derechos del individuo o revisar
nuevamente asuntos finiquitados con el costo y esfuerzo que significa para el Estado.

5. Así como tiene aplicación en la extraterritorialidad en la ley penal, los tratados y
convenios internacionales de derecho penal, se rige sobre los principios de soberanía y
reciprocidad, en virtud los Estados partes deben de reconocer y respetar los
procedimientos y las sentencias dictadas en un país extranjero, de manera que una persona
no pueda ser juzgada o condenada por el mismo hechos, por dos o más jurisdicciones.
Los tratados internacionales igualmente estipulan como mínimo el principio del “abono
de penas”, se le deduce como “tiempo cumplido la pena purgada en el país extranjero”.
(http://www.monografias.com/trabajos75/cosa-juzgada-nom-bis-idem/cosa-juzgada-nom-bis-
idem3.shtml#ixzz3bjcbohae).
Las garantías del debido proceso dentro de la justicia indígena.
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su Art. 65 y
siguientes establece sobre el tema: “ 1.-Interculturalidad.- Se funda en la necesidad de
construir relaciones entre las diversidades así como prácticas lógicas y conocimientos
distintos; 2.- Pluralismo jurídico.- El Estado reconoce las normas, usos y costumbres de
pueblos indígenas; 3.-Autonomía.- Las autoridades, comunidades, pueblos y
nacionalidades gozan de autonomía y un mínimo de restricciones en sus funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial; 4.- Debido Proceso.- Las observancias de
las normas, usos y costumbres constituyen el debido proceso; 5.- Oralidad.- En todo
momento del proceso se aplica la oralidad de ser necesario se contara con un traductor;
6.- Legitimación Activa.- Cualquier persona o grupo de personas podrán presentar la
acción de protección; 7. Acción.- La persona o grupo de personas plantearan en forma
oral o por escrito manifestará las razones porque por las que acude al tribunal, y las
violaciones producidas; 8. Calificación.- La sala de admisiones comunicará si acepta a
trámite y las razones que justifica su decisión; 9. Notificaciones.- De aceptarse a trámite
la Corte señalará día y hora para la audiencia y llamarán a las autoridades que tomaron la
decisión; 10. Audiencia.- La autoridad y las personas que presentaron la acción serán
escuchados, será grabado y de ser necesario se escuchará a la persona que fue la
contraparte; 11. Opinión técnica.- La juez podrá solicitar la opinión técnica de una
persona experta en el tema y recibir de organizaciones especialidades en estos temas; 12.,
Proyecto de sentencia.- El juez presenta sentencia al pleno y puede ser modulada para
armonizar los derechos constitucionales y derechos propios de la comunidad, pueblo,
nacionalidad; 13. Notificación de la sentencia.- La decisión de inconstitucionalidad debe
ser tramitado en forma oral dentro de la comunidad en presencia de accionantes y será
reducida a escrito en castellano y en lengua propia de los indígenas; 14. Violación de

6. derecho de las mujeres.- El juez deberá impedir que en sentencia de justicia indígena se
alegue la costumbre, la interculturalidad o el pluralismo jurídico para violar los derechos
humanos o participación de las mujeres. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, 2010, pág. 21, 22).
En forma general podemos manifestar que, muchas de las veces las partes procesales
inmersas dentro de un problema o presunto delito, más aun los ofendidos acuden a las
instituciones como es la Fiscalía a presentar nuevas u otras denuncias por un hecho que
ya fue sancionado o ya tuvo su sentencia ejecutoriada; cabe señalar que aún existe mucha
ignorancia dentro del tema; Además incluso existen abogados en libre ejercicio que
cometen este error y presentas denuncias escritas, exigiendo que se recepte dicha
denuncia que entre comillas seria solicitando el doble juzgamiento de una determinada
personas por un mismo hecho.
Mas no se puede caer en errores por cuanto tenemos en nuestra Constitución De La
Republica Del Ecuador , Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico De La
Función Judicial, Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;
Convenios y Tratados Internacionales el derecho sobre la garantía de: “prohibición de
doble juzgamiento”.
LA NORMA SUPREMA DEL ESTADO Ecuatoriano, en su Art. 24, numeral 16
puntualiza este principio que prescribe: "Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la
misma causa"; es decir, que no se puede volver dos veces sobre lo mismo y dentro del
aspecto procesal significa que ninguna persona puede volver a ser sometida a juicio de
cualquier clase que fuere cuando ya ha sido juzgada por el mismo hecho en un juicio
anterior.
El indicado principio aunque mantiene su independencia está íntimamente vinculado con
la excepción procesal perentoria de la cosa juzgada porque extingue la relación jurídica
que se ha establecido entre el juez y los sujetos activo y pasivo, tanto es así que se colige
que la infracción delictual ha sido analizada y juzgada dentro de un procedimiento
enmarcado en el debido proceso penal.
La cosa juzgada
En el Derecho Procesal Penal la cosa juzgada es importante en el desarrollo del debido
proceso al ser considerada y resuelta la pretensión punitiva en una sentencia inmutable y
definitiva, por lo que está constitucional y legalmente prohibido que vuelva a ser motivo
de otro proceso el mismo objeto y los mismos sujetos repetiría el juzgamiento anterior.

7. La cosa juzgada abarca tanto el aspecto objetivo (el delito) como al sujeto pasivo del
proceso como es el acusado. En el evento de que existiera un auto de sobreseimiento
definitivo del imputado que se encuentra ejecutoriado se desestimará la pretensión
punitiva, es obvio que lo que se hace es clausurar definitivamente el proceso penal
respecto de la persona sobreseída e impedir la iniciación de otro juicio que tenga por
objeto la misma infracción delictual conforme así lo dispone el Art. 246 del Código
Adjetivo Penal que en sus incisos segundo y tercero establece: "El sobreseimiento
definitivo del proceso da fin al juicio y, en consecuencia, impide iniciar otro por el mismo
hecho". "El sobreseimiento definitivo del imputado impide que éste, en el futuro, pueda
volver a ser encausado en el mismo proceso o en otros que se inicien por el mismo hecho".
Es de anotar también que cuando se expide sentencia penal ya sea condenatoria o
absolutoria y pasa en autoridad de cosa juzgada, no cabe que se inicie otro juicio penal
por el mismo hecho y contra la misma persona que fueron considerados en el juzgamiento
correspondiente acorde con el Art. 5 del Código de Procedimiento Penal que preceptúa:
"Ninguna persona será procesada ni penada, más de una vez, por un mismo hecho".
Seguridad jurídica
El principio "Non Bis In Idem" sin duda es un corolario del principio de seguridad jurídica
que es la garantía que el Estado otorga a cualquier ciudadano de que sea perseguido
procesalmente de manera indefinida más de una vez por el mismo hecho que ya fue
juzgado en un proceso penal anterior. En definitiva este principio prohíbe el doble
juzgamiento a fin de que no existan causas penales contemporáneas o posteriores que se
hicieren por el mismo hecho contra la misma persona.
En los países de régimen político unitario como el nuestro, la aplicación de este principio,
no conlleva problemas insolubles ni situaciones injustas, a diferencia de lo que ocurre en
los Estados Federales como los Estados Unidos de Norteamérica en donde si es factible
que una persona anteriormente juzgada en un Estado lo pueda hacer nuevamente en otro
Estado.
Un principio de aplicación directa e inmediata
La prohibición establecida en el principio Non Bis In Idem es de aplicación directa e
inmediata, de manera que no requiere de la normatividad jurídica secundaria para su
procedibilidad, siendo su ámbito de acción ilimitada en razón de la materia ya que es
aplicable a todo tipo de resoluciones judiciales o administrativas que hubieren pasado en
autoridad de cosa juzgada. Por ejemplo: si se está desarrollando un expediente de

8. juzgamiento administrativo contra un funcionario no se puede iniciar otro por el mismo
hecho contra la misma persona ya que sería un doble juzgamiento que está prohibido por
La Constitución Política de la Republica.
La justicia como supremo ideal de los seres humanos se condensa con este principio
jurídico. La sociedad ha tenido que correr estadíos prolongados en el tiempo para asimilar
determinados derechos que ahora son considerados inalienables y consustanciales a todas
las personas naturales. Pero para llegar a este principio, sin lugar a dudas, ha sido fruto
de un largo y tortuoso camino por el cual ha transitado la humanidad. Es el freno para
toda tiranía o autocracia. A través de la historia, los grupos que han ostentado el poder
político y económico han perseguido a sus adversarios, enemigos o detractores incoando
en su contra sendos juicios penales disfrazando el mismo hecho por otras circunstancias
que han venido en un implacable hostigamiento judicial.
Prohibición de doble juzgamiento
Un solo juicio penal y la probable sanción desequilibran en el plano emocional, familiar,
social y financiero al imputado lo que se agravaría si tiene que afrontar otros juicios. La
maledicencia de los litigantes también contribuye en muchos casos a que los jueces y
agentes fiscales se dejen sorprender por situaciones fuera de todo orden legal y
constitucional.
Cabe destacar que el Pacto de San José en su Art. 8, numeral 4 incorpora el principio Non
Bis In Ídem; es decir, la prohibición del doble juzgamiento al estatuir: "El incumplimiento
absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos
hechos".
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucion
al/2005/11/24/el-principio-non-bis-in-iacutedem
DOBLE SANCION EN REFERENCIA A SERVIDORES DE LA POLICIA
NACIONAL DEL ECUADOR DESVINCULADOS DE LA INSTITUCION.
La noticia de que se separaba a varios servidores policiales entre ellos 11 de estos
aceptaron esta desvinculación con responsabilidad, lo que les permitía posteriormente a
que ellos puedan proceder legalmente.
A nivel nacional, varias fueron las razones por al cuales habrían sido desvinculados, se
los relacionaba con actos de corrupción, muchas horas de sanción a un funcionario

9. policial, quien no puede contar con dos mil y tres mil horas de sanción, que habían estado
inmersos en procesos judiciales entre otros.
Esta depuración se la mantiene para el supuesto beneficio de la institución y está
tipificado dentro de la normativa legal a decir de quienes han estudiado este tema para su
aplicación, incluso este personal no debió ser llamado a cursos de ascenso se manifiesta.
Esto no es nuevo se indica, ya que dentro del reglamento de disciplina de la Policía
Nacional del Ecuador siempre se ha contado con esta denominación de la cuota de
eliminación, quienes por varias circunstancia no acrediten su conducta dentro de la
Constitución serán separados de la institución.
Estas numerosas sanciones responden a situaciones administrativas, como la atención
tardía al lugar de llamado a la formación, auxilio, mal uso de las armas, y una muy en
particular que es el generar una mala imagen institucional, dejando de manera general y
abierta a la libre interpretación de quienes ejercen autoridad de manera interna en la
institución, además estos comprometimientos en situaciones que no están enmarcadas
dentro del Código Orgánico Penal. Estas han sido analizadas por los abogados del
Ministerio y a través de un acuerdo han establecido que el personal policial ya no debe
estar dentro de la institución, en base a un informe previo estudio de la Inspectoría
General de la Policía. Con esto se va garantizando la seguridad de la colectividad. Los
policías desvinculados, tienen los grados de suboficial segundo, sargentos, sargentos
segundos, cabos primeros, cabos segundos y policías.
“Esta decisión es una acción dura, drástica pero necesaria para reconstituir la
confianza de la sociedad en la Policía Nacional”, dijo el Ministro del Interior, José
Serrano Salgado, al informar que de manera inmediata se dispuso que 322 oficiales,
clases y tropa que cometieron diversas faltas disciplinarias y hechos reñidos con el
nuevo modelo policial, sean desvinculados en forma definitiva de la institución, como
parte del segundo proceso de depuración en la institución policial.
El Ministro del Interior José Serrano expresó que desde hace más de un año, la Policía
Nacional a través del alto mando y el Estado Mayor policial han trabajado en estos
procesos de autodepuración, con el objetivo de tener en sus filas a los mejores
ecuatorianos y ecuatorianas; “ese es el verdadero sentido de la función policial, que está
al servicio de la sociedad, protegiendo los derechos fundamentales para que la ciudadanía
viva sin miedo y en una convivencia pacífica”.

10. Estas desvinculaciones se realizaron luego de una investigación realizada por la
Inspectoría General de Policía. Analizaron los expedientes administrativos que contienen
elementos evidentes suficientes para establecer que los policías involucrados en esta
sanción se alejaron de la misión constitucional, a la cual están sujetos y a la que juraron
cuando se graduaron como policías.
Entre algunas de las causas penales están los delitos en los que incurrieron los policías
separados existen causas por tráfico de drogas, torturas, asesinato, homicidio, extorsión,
tenencia ilegal de armas, robo, violación, tráfico de migrantes, cohecho, estafa, evasión,
falsificación, asociación ilícita, por accidente y muerte, por conclusión, acoso sexual,
delito aduanero y otros.
De estos en su gran mayoría también ya han sido juzgados en la vía penal, no solo en la
administrativa a través de los tribunales de disciplina policiales, que sentenciaron a 113
policías los juzgaron porque incurrieron en faltas graves como abandono de servicio,
abuso de facultades, adulteración de documentos, ausencia ilegal entre 9 y 11 días, elevar
partes falsos, embriaguez durante el servicio, insubordinación, agresión a oficiales
superiores o compañeros, mala conducta, omisión de información en un delito cometido,
negligencia y pérdida de armas, quebrantar la orden de arresto y uso arbitrario de armas.
Y han obtenido recursos a través de las diferentes instancias de los juicios, y que han sido
resueltos por jueces a través de sentencias.
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los
casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este
efecto”.
Esta prohibición, que constituye a la vez un derecho y garantía para las personas, está
dirigida al Estado y resulta ser un instrumento preventivo y protector de los Derechos
Humanos.
Cuando una misma conducta, ejecutada por el mismo sujeto, es aprehendida por varias
normas sancionatorias, de distinta naturaleza, la postura jurídica es que todo proceso
administrativo sancionador se suspende y cede ante la prevalencia o prioridad del
pronunciamiento del juez penal.

11. No es que se anula el derecho punitivo o sancionador del Estado, sino que se prefiere dar
prioridad a la jurisdicción penal, pues ésta resulta más garantista para la protección del
ciudadano, ya que el procedimiento penal asegura, de mejor manera, las garantías propias
del debido proceso, la presunción de inocencia, la imparcialidad del Juez, la adecuada
valoración de las pruebas, la inmediación procesal, todo esto frente a la “sencillez” del
procedimiento administrativo.
Sin perjuicio de la explicación anterior, habría que reconocer adicionalmente que la
normativa penal protege a la sociedad de los ataques más graves y garantiza de mejor
forma los bienes jurídicos más importantes para aquella.
Por lo tanto, el delito penal absorbe la ilicitud de la infracción administrativa y anula a
esta última a fin de evitar un exceso punitivo por parte del Estado en contra del ciudadano.
Situación no aplicada de manera correcta en el ámbito de las sanciones recibidas por el
personal policial, y cuyas consecuencias tal vez no las viva el actual gobierno, ya sea por
desinterés o en el afán de depurar una institución, las apelaciones que obviamente no será
dadas paso en esta administración, serán resueltas a nivel internacional, que nos darán de
cuenta lo que realmente pasa cuando se rompen normas en el supuesto afán de realizar lo
correcto o justo.
Autores:
Ab. Marina Córdova Guajan
Ab. Sebastián Balladares
Ab. Andrés Martínez