Agenda social migratoria

AGENDA
SOCIAL
MIGRATORIA
Perú
Una iniciativa de las organizaciones que integran el
Nodo Perú de la Red Andina de Migraciones
DARED N INA
ME IGRAC OI EN sD

Asociación Ágape Asociación de Familiares de Migrantes Peruanos,
Peruanas y Retornantes de la Región Lima
(AFAMIPER- Región Lima)
Asociación de Familiares de Migrantes Peruanos
de la Región La Libertad
(AFAMIPER LL)
Centro Andino de Educación y
promoción José María Arguedas
(CADEP-JM)
Capital Humano y Social Alternativo
(CHS Alternativo)
Asociación de Mujeres Latinoamericanas
Amalgama
Asociación Solidaridad Países Emergentes
(ASPEm)
CEDAL - Centro de Derechos y Desarrollo
Comisión Andina de Juristas
Paz y EsperanzaSensibilización Diagnóstico y Análisis - SENDA
Observatorio para el DesarrolloTerritorial de la
Universidad Católica Sedes Sapientiae
Movimiento El Pozo
Asociación de Familiares de Peruanos, Peruanas
Migrantes y Retornantes de la Región Arequipa
(AFAMIPER – Arequipa)
AFAMIPER
REGIÓN LORETO
Colectivo de peruanos retornados PERÚ MIGRA
Asociación de Familiares de Migrantes Peruanos
(AFAMIPER Región Loreto)
Centro de Apoyo a la Mujer
“María Agustina Rivas”
(Centro AMMAR)
Confederación Nacional de Mujeres Organizadas
por laVida y el desarrollo Integral
(CONAMOVIDI)
Observatorio Andino de MigracionesTukuymigra
de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Consejo de Consulta de la comunidad peruana en
Caracas,Venezuela
RED ANDINA DE MIGRACIONES – NODO PERÚ

AGENDA SOCIAL
MIGRATORIA
Perú
Una iniciativa de las organizaciones que integran el
Nodo Perú de la Red Andina de Migraciones

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: N° 2013-19192
Agenda Social Migratoria Perú
© Asociación Solidaridad Países Emergentes, ASPEm
Calle Coronel Zegarra 270, Lima 11- Perú
Teléfonos: (511) 266 0504 / 265 9448
e-mail: aspem@infonegocio.net.pe
www.aspem.org
Tiraje: 500 ejemplares
Diseño e impresión: SINCO Editores S.A.C.
Jr. Huaraz 449 - Breña  Telf.: 433-5974  sincoeditores@yahoo.com
Red Andina de Migraciones-Nodo Perú
Agenda Social Migratoria Perú / Red Andina de Migraciones-Nodo Perú.-- Lima:
ASPEm, 2013
26 p.
MIGRACIONES / MIGRANTES / TRATA DE PERSONAS / TRAFICO ILICITO
DE MIGRANTES / SOCIEDAD CIVIL / PROPUESTAS / PERU

Índice
Presentación 7
Introducción 9
Preámbulo 11
Conclusiones sobre la migración en el Perú y la acción del Estado: 12
consensos desde la sociedad civil
Propuestas desde la Sociedad Civil 17
Compromisos de las Organizaciones de la Sociedad Civil 28

7
Presentación
Las migraciones en el Perú han adquirido una complejidad en los últimos
años que hacen difícil caracterizar al fenómeno. Sin embargo, puede sos-
tenerse que sus principales características se encuentran en el elevado flu-
jo de emigración hacia Estados Unidos, España, Italia, Argentina y Chile;
una importancia relativa del flujo de remesas y su impacto en las econo-
mías andinas; la oleada de personas retornadas/os; la complejidad de los
perfiles, motivaciones, percepciones, trayectos, destinos, entre otros; la
importancia relativa de fenómenos delictivos asociados a la movilidad
humana (especialmente, la trata de personas). Frente a este panorama, la
gestión de la movilidad humana por parte del Estado, desde una perspec-
tiva integral, es todavía escasa. Si bien se han adoptado unos mecanismos
de coordinación, entre otros la Mesa de Trabajo Intersectorial para la
Gestión Migratoria, como algunas normas específicas, entre otras, sobre
retorno, los retos todavía son importantes.
En ese escenario, la Red Andina de migraciones-Nodo Perú, en el afán
de aportar en el debate y de proponer una visión integral del fenómeno,
construyó una Agenda Social Migratoria, que busca, en primer lugar,
presentar la visión de la sociedad civil sobre el hecho migratorio interpre-
tando a la realidad del fenómeno migratorio en el país, en segundo lugar,
ser “fuerza” de propuestas para el Estado estableciendo las “pretensio-
nes” que tiene la sociedad civil frente a la acción del Estado en materia
migratoria y, finalmente, entender la responsabilidad de la sociedad civil
y presentar sus compromisos.
Es importante señalar que el proceso de diálogo y elaboración de esta
Agenda Social Migratoria fue realizado en el marco del Proyecto Servicio
Andino de Migraciones – SAMI, apoyado por la Unión Europea.

8
Asimismo, el proceso de revisión y difusión se realiza en la actualidad con
la asistencia técnica del Programa Vértice, una iniciativa de la Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) y la Comisión Andina
de Juristas. Este Programa también asiste técnicamente a la RAM Nodo
Perú en el proceso de incidencia para la implementación de la Agenda.
Finalmente, esta publicación se realiza gracias el aporte de la Asociación
Solidaridad Países Emergentes - ASPEm, organismo italiano de coope-
ración internacional que a través del proyecto Dos orillas (co-financiado
por la fundación Cariplo), aborda el tema de migración y desarrollo, im-
pulsando la participación de la sociedad civil en espacios como la Red
Andina de Migraciones (RAM) y aporta a la priorización de las necesida-
des de la población migrante y de sus familias en Perú.

9
Introducción
Las organizaciones de la Red Andina de Migraciones – Nodo Perú (en
adelante RAM - Nodo Perú), luego de un proceso de reflexión y análisis,
hemos elaborado una propuesta de Agenda Social Migratoria (en adelan-
te ASM), que sintetiza nuestras apuestas conjuntas sobre la migración en
el Perú y sus características, las prioridades de política pública que reco-
mendamos al Estado, así como los compromisos que deberían asumirse
desde la sociedad civil.
Si bien esta ASM resume nuestro proceso de concertación y diálogo
colectivo, también es resultado de los aportes de otras organizaciones
sociales -e inclusive actores públicos-, que participaron en el Foro sobre
Migraciones y Políticas Públicas “La Sociedad Civil y la construcción de
una Agenda Social Migratoria”, organizado entre el 21 y 23 de febrero de
2013, con el auspicio de la Unión Europea. Sin la retroalimentación ac-
tiva de quienes participaron en esta actividad (más de 150 personas), no
hubiera sido posible construir una ASM que pueda considerarse “social”.
La Red Andina de Migraciones (RAM), iniciativa regional a la que esta-
mos adheridos, es un espacio de articulación entre organizaciones de la
sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y exigibilidad de
los derechos de las personas en contextos de Movilidad Humana en los
4 países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En ese marco, la
RAM – Nodo Perú, se ha constituido como un espacio plural y diverso
donde nuestras organizaciones articulan sus acciones de información,
formación, promoción, incidencia, y atención a las personas migrantes
con la finalidad de contribuir, a una movilidad humana libre, segura e
informada y la protección y garantía de sus derechos humanos.

10
Agenda Social Migratoria en el Perú
Es preciso indicar que para lograr elaborar la ASM que se presenta a
continuación, la RAM – Nodo Perú ha trabajado a lo largo de este año
en diversos espacios y con distintas dinámicas, que han incluido sesiones
de capacitación y reflexión, conferencias públicas, así como acciones de
incidencia y colaboración con el Estado. En especial, rescatamos nuestra
participación en la elaboración o aprobación de decisiones de política
pública como el Plan Nacional de Derechos Humanos, la adopción de
la nueva ley sobre retorno y su reglamento, entre otros. En todos esos
procesos, independientemente de nuestros resultados, nos hemos guida-
do por principios como la transparencia, la tolerancia, el compromiso, la
promoción y respeto por los derechos humanos, el diálogo y la concer-
tación.

11
AGENDA SOCIAL MIGRATORIA
EN EL PERÚ
PREÁMBULO
Las organizaciones de la sociedad civil que integran la Red Andina de
Migraciones – Nodo Perú:
Conscientes que las migraciones internacionales, la trata de personas y
otros fenómenos vinculados a la movilidad humana han impactado en
nuestra sociedad a nivel económico, social, cultural y ambiental;
Constatando la necesidad de una política pública migratoria que atienda
todos los aspectos de la migración (dimensiones, etapas, formas, actores
y contextos), en articulación con otras políticas de Estado, especialmente
las políticas laborales, educativas, de salud y seguridad social, demográfi-
cas y de desarrollo territorial;
Reiterando que es indispensable desarrollar una gestión de las migraciones
centrada en la persona migrante y sus familias, que reconozca sus aportes
y brindándoles acceso servicios públicos y creando sistemas de infor-
mación, prevención y atención, con especial atención a las víctimas de
trata, personas objeto de tráfico ilícito de migrantes, solicitantes de asilo,
refugiados, deportados, apátridas y migrantes irregulares;
Apostando por un Estado que garantiza los derechos de las personas pe-
ruanas en el exterior y sus familias, y refuerce sus vínculos con las co-
munidades peruanas en el exterior para fortalecer su participación en las
decisiones públicas que los afectan;

12
Promoviendo una acción estatal coherente y una legislación eficaz, que ga-
rantiza también los derechos de las personas extranjeras, y protege a to-
das las personas que se movilizan internacionalmente, especialmente a
aquellas que lo hacen en contextos de vulnerabilidad como las víctimas
de trata, las personas refugiadas, entre otros;
Reafirmando que el Perú es un país de origen, tránsito y destino de perso-
nas en movilidad y, por tanto, necesita una institucionalidad pública que
gestione de manera coherente y con capacidad humana y económica para
promover, coordinar y supervisar la implementación y evaluación de las
políticas vinculadas a la movilidad humana;
Considerando que es fundamental establecer, promover y consolidar meca-
nismos de participación directa de los migrantes y sus familiares en todos
los aspectos de la gestión migratoria;
Reconociendo la importancia de la protección de las personas que se des-
plazan en franjas y zonas de frontera, donde la movilidad humana adopta
otras características y genera nuevas oportunidades y retos para las per-
sonas que se movilizan;
CONCLUSIONES SOBRE LA MIGRACIÓN EN EL PERÚ Y LA
ACCIÓNDELESTADO:CONSENSOSDESDELASOCIEDADCIVIL
En base a lo anterior, adoptamos las siguientes conclusiones sobre la
migración en el Perú y la acción del Estado:
1. Resaltamos los esfuerzos del Estado peruano para enfrentar la mi-
gración y el desarrollo de una nueva institucionalidad en la materia,
incluyendo la creación de la nueva Superintendencia Nacional de
Migraciones, la creación de la Mesa de Trabajo Intersectorial para
la Gestión Migratoria; el fortalecimiento de su servicio consular;
y, especialmente, la generación de información calificada como la
recientemente publicada Primera Encuesta Mundial de Peruanos
en el Exterior.
2. Reiteramos la importancia que esta nueva institucionalidad, así
como la legislación y otras decisiones de política pública expresen
una política integral migratoria y acciones coordinadas, donde los
sectores generan intervenciones articuladas y no medidas sectoria-
les y segmentadas.

13
3. Solicitamos públicamente aceptar y promover la participación activa de las
organizaciones sociales, las instituciones académicas y las asociacio-
nes sin fines de lucro, en las decisiones que impactan en las personas
migrantes. Esta labor implica necesariamente un rol activo del Estado
peruano en la promoción del asociativismo de las personas peruanas
en el exterior, que reciente información demuestra es aún escaso.
4. Resaltamos el aporte de las organizaciones de la sociedad civil que,
durante los últimos años han realizado diferentes iniciativas indi-
viduales y colectivas para fortalecer la protección de las personas
migrantes, incluyendo alianzas con instituciones estatales. Al respec-
to, destacamos la creación de veedurías para la lucha contra la trata
de personas; la promoción de servicios de orientación y atención
a personas migrantes (incluyendo personas retornadas); el Primer
Encuentro Nacional de Trata y Tráfico de personas, la gestión para
la capacitación de dirigentes y asociadas/os de asociaciones de fami-
liares de migrantes y retornantes en el tema migratorio; la incidencia
en legislación y planes nacionales, como el Plan Nacional de Dere-
chos Humanos, para que consideren los derechos y necesidades de
las personas migrantes; la publicación de un informe alternativo al
Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
Familiares, frente el incumplimiento estatal, entre otras.
5. Consideramos necesario que el Estado peruano renueve su visión
sobre la movilidad humana en Perú, abandonando interpretacio-
nes de las personas migrantes que priorizan su rol como agentes
económicos o un riesgo para la seguridad; o, como en el caso de
la trata de personas, visiones centradas en la prevención del delito,
que postergan múltiples retos frente a la protección y atención de
las víctimas y la persecución del delito.
6. Proponemos sensibilizar a la sociedad en general, para: reducir el
riesgo de actos de xenofobia e intolerancia frente a la personas
migrante, tomando en consideración el aumento de los flujos de
inmigración; fomentar su activa participación en la prevención de
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes; o, apoyar la
integración de las personas refugiadas a nuestra sociedad.
7. Identificamos que personas migrantes, retornados y retornadas y
sus familiares tampoco acceden a la información adecuada sobre
sus derechos como migrantes. Es necesario que en el marco de la

14
Ley N° 30001, se genere información calificada para las personas
retornadas.
8. Expresamos nuestra preocupación porque a la fecha se encuentra pen-
diente la presentación del primer Informe del Estado peruano al
Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus Familiares, de acuerdo al artículo 73 de la Convención interna-
cional que crea este órgano.
9. Recalcamos que, aunque contamos con información relevante, toda-
vía existen retos en la generación de información oficial sobre la
situación de las personas migrantes y la situación de sus derechos
humanos, especialmente las personas extranjeras. Esta situación
también es posible detectarla en la información estadística periódi-
ca sobre las víctimas de trata de personas, en especial en las zonas
de fronteras, donde solamente se está conociendo la información
producida por el sistema RETA-PNP. Parte de la solución a estos
problemas se encuentra necesariamente en generar registro único
y la conversión gradual de los distintos registros administrativos
vinculados a la movilidad humana en fuentes de información esta-
dística periódica.
10. Evidenciamos la necesidad de generar mayor información sobre los
flujos de personas retornantes, sus necesidades y la situación de
sus derechos. Producir esta información podría evidenciar las ver-
daderas dimensiones del retorno en el Perú y explicar la necesidad
de respuestas más integrales, que no se agotan en la Ley 30001 y
su reglamento.
11. Apoyamos el fortalecimiento de los recursos humanos y financieros
del Ministerio de Relaciones Exteriores para enfrentar a las de-
mandas de los peruanos y las peruanas en el exterior, las personas
retornantes y las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Somos
conscientes que no es posible exigir una intervención integral, si
los sectores no cuentan con recursos suficiente para generar nue-
vos servicios. De igual manera, es necesario fortalecer el presu-
puesto del Ministerio del Interior que le permita desarrollar nue-
vas capacidades frente a la prevención, protección y restauración
de derechos de las víctimas de trata de personas.
12. Identificamos que, pese al importante número de atenciones en los
consulados peruanos, las personas que más necesitan la asistencia

15
consular no acuden por temor a ser denunciado frente las autorida-
des de destino por su condición migratoria. Eso se debe al hecho
que los peruanos y las peruanas en el exterior perciben a los Con-
sulados como entes fiscalizadores y no protectores de derechos.
13. Constamos que, pese los avances en la simplificación administrativa
y modernización de los servicios migratorios, persisten trabas y
requisitos para obtener documentos de identificación en el exte-
rior, así como la obtención de determinadas categorías migrato-
rias para las personas extranjeras en Perú. En especial, se constata
la existencia de demoras excesivas en los procedimientos de na-
cionalización de personas extranjeras. En estos casos sugerimos
respetar los estándares internacionales del debido procedimiento
administrativo, así como los principios de la Ley de Procedimiento
Administrativo General.
14. Expresamos nuestra preocupación por las personas peruanas que se
encuentran en situación de especial vulnerabilidad en el exterior, y
para los cuales solicitamos generar mayores servicios de asistencia. En
especial, sugerimos evaluar algunas prácticas de otros Estados andi-
nos, que han creado casas para las personas migrantes donde, uniendo
la acción del Estado y la solidaridad de las personas, se brindan servi-
cios de salud, orientación jurídica, soporte psicológico, entre otros.
15. Manifestamos que la incorporación de los peruanos en el Exterior al
distrito electoral de Lima impide una representación real y efecti-
va. En ese sentido, reiteramos nuestro apoyo a toda iniciativa que
permita la creación de un distrito electoral especial para peruanos
en el exterior.
16. Constatamos que muchos peruanos y peruanas en el exterior no ins-
criben a sus hijos o hijas antes de sus dieciocho años en los Con-
sulados por desinformación y/o falta de recursos, en particular
cuando la representación consular no se encuentra a una distancia
corta. Esta situación implica que, una vez cumplido los 18 años,
deben iniciar un proceso de nacionalización de una duración de
dos años.
17. Insistimos en la necesaria reforma de la Ley de Extranjería, pues un
marco normativo insuficiente e incompatible con varios estándares
de derechos humanos. En tal sentido, apoyamos iniciativas de
reforma de esta ley que tenga como su principal objetivo a la

16
protección de la personas migrante a partir de los estándares
internacionales de derechos humanos, en equilibrio con la defensa
de otros bienes jurídicos que legítimamente busca defender el
Estado. Al respecto, conocemos de una iniciativa legislativa de la
Defensoría del Pueblo y el Parlamento Andino.
18. Señalamos que las zonas de fronteras constituyen espacios en los
cuales los derechos de las personas migrantes corren especial ries-
go, debido a la corrupción de funcionarios y a la falta de informa-
ción brindada a los migrantes. Por ello, consideramos que las polí-
ticas de desarrollo fronterizo, deberían incorporar una dimensión
de defensa de las personas que se movilizan, impulsando regíme-
nes especiales de movilidad en franja de frontera, pero acompaña-
dos de un fortalecimiento de la protección de las personas frente a
delitos como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
19. Expresamos nuestra preocupación por los hijos e hijas de migran-
tes, como también de los hijos e hijas de retornados y retornadas.
En muchos casos, los hijos e hijas de familias trasnacionales asu-
men roles propios de las o los jefes de hogar, como el cuidado de
las personas adultos mayores o los hermanos y hermanas menores.
20. Constatamos la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres,
niñas, niños y adolescentes, frente a la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes. En especial, frente a la trata de personas se
constata que es un reto urgente la descentralización de las capa-
cidades para la prevención y protección de las víctimas, especial-
mente en cuanto a la asistencia psicosocial, restauración de sus
derechos y desarrollo de sus capacidades.
21. Reiteramos que existe una permanente revictimización de las vícti-
mas de trata de personas, lo que sugiere la necesidad de una acción
más decidida del Estado para evitarla. Asimismo, se ha constatado
que existen muy pocos albergues para recibir a las víctimas meno-
res de edad, y no existen albergues para víctimas adultas.
22. Reconocemos la importancia de la organización y realización del Pri-
mer Encuentro sobre Trata de Personas, a cuyas conclusiones nos
adherimos. Este esfuerzo, resultado de la articulación de diversas
organizaciones y la cooperación internacional, permitió el diálogo
entre los actores públicos y privados en más de 11 temas, que cons-
tituyen la agenda prioritaria en la materia, que debe complementarse.

17
En base a nuestros consensos sobre la migración y el Estado peruano,
realizamos un conjunto de propuestas1
:
PROPUESTAS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
Tomando en cuenta los considerandos y nuestra perspectiva sobre la
movilidad humana, planteamos al Estado y otros actores, las siguientes
propuestas generales:
Al Poder Ejecutivo:
1) Adoptar un Plan Nacional para las Migraciones que fije objetivos, ac-
ciones, responsabilidades por sectores e indicadores en materia
migratoria, desde una perspectiva integral del fenómeno de la mo-
vilidad humana, y teniendo como centro la protección y garantía
de los derechos de la persona humana;
A la Presidencia del Consejo de Ministros:
1) Desarrollar una institucionalidad integral para la gestión migrato-
ria, tomando como principal referencia las recomendaciones de la
Defensoría del Pueblo en su Informe N° 146, y reiteradas en el
informe de seguimiento;
2) Fortalecer la institucionalidad en materia migratoria, especialmen-
te para la protección y asistencia de peruanos y peruanas en el
exterior, la asistencia a sus familias, y la protección a las víctimas
de trata de personas;
1
Estas propuestas, que han sido construidas principalmente con los aportes de las me-
sas de trabajo organizadas en el Foro sobre Migraciones y Políticas Públicas “La Sociedad
Civil y la construcción de una Agenda Social Migratoria”, se han organizadas en dos grupos:
propuestas generales y propuestas específicas. Las primeras, están relacionadas a los
elementos de agendación y programación de una política pública (desde la delimitación
del problema público, hasta el planteamiento de objetivos, metas). Las segundas, hacen
referencia a cambios concretos a nivel de implementación de política pública (creación
de mecanismos, etc.).

18
Al Ministerio de Relaciones Exteriores:
1) Atender a las recomendaciones realizadas por la Defensoría del
Pueblo en su informe N°146, sobre todo en su evaluación de retos
y necesidades del sistema de atención consular;
2) Crear vínculos con organizaciones de la sociedad civil, y fomentar
el desarrollo del asociativismo entre las personas migrantes, para
conocer la situación de las personas en condición de vulnerabili-
dad en zonas de fronteras;
3) Impulsar procedimientos especiales, como el envío de correo cer-
tificado, para permitir la inscripción de las y los nacionales perua-
nos nacidos en el exterior;
Al Ministerio de Educación:
1) Integrar al Diseño Curricular Nacional una perspectiva de los de-
rechos humanos de las personas migrantes a los contenidos vincu-
lados a las migraciones; y, en especial, dar importancia al derecho
a la igualdad y no discriminación, para prevenir las prácticas discri-
minatorias contra las personas migrantes en el Perú;
2) Tomar en consideración la importancia del proceso educativo
como mecanismo de prevención frente a trata de personas;
3) Crear tutorías y escuelas de padres capacitadas sobre el tema de
migración, especialmente en aquellas regiones o provincias con
una alta movilidad humana al exterior, y que faciliten también la
integración de las hijas e hijos de las personas retornadas;
4) Brindar una atención psicopedagógica a los niños, niñas y adoles-
centes sobre la dinámica migratoria, cuando sus padres se encuen-
tran en el exterior;
Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
1) Tener un rol protagonista de coordinación en relación a los casos
de mujeres peruanas víctimas de violencia familiar en el exterior;
2) Crear hogares alternativos o transitorios para niños, niñas y ado-
lescentes familiares de migrantes en situación de alta vulnerabili-
dad, así como hogares especializados para menores de edad vícti-
mas de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y
mendicidad;

19
3) Crear albergues y casas de acogidas especializados para las víctimas
de trata de personas, en especial para hombres y niños, debido a
que los albergues que actualmente existen únicamente reciben víc-
timas mujeres o niñas;
4) Crear un programa de soporte emocional y psicológico, que com-
plemente la atención recibida en las Unidades de Asistencia a Víc-
timas y Testigos;
A la Superintendencia Nacional de Migraciones:
1) Capacitar a las autoridades migratorias de fronteras en relación a
los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente en
lo relacionado a las personas refugiadas y víctimas de trata;
2) Luchar de manera eficiente contra la corrupción de muchos fun-
cionarios y funcionarias migratorias, en especial en las zonas de
fronteras, ya que muchas veces aprovecha la irregularidad de la
migración para realizar cobros indebidos o chantajes;
3) Impulsar la creación de módulos de información en Aeropuertos
y zonas de fronteras;
4) Fortalecer la aplicación de los estándares del debido procedimien-
to administrativo y los principios de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo General en los procedimientos de control migratorio,
garantizando especialmente la aplicación del silencio administrati-
vo, el derecho a la pluralidad de instancia y a la inmediación judi-
cial;
Al Congreso de la República:
1) Modificar la Ley de Extranjería en relación a los procesos de ex-
pulsión para agilizar este proceso y proteger los derechos humanos
de la persona migrante;
2) Legislar para el fortalecimiento de la representación de los perua-
nos en el exterior, con la creación de una circunscripción electoral
especial, tomando en cuenta los proyectos de Ley que estén en
espera en el Congreso de la República;
3) Reformar, a través del procedimiento previsto, el artículo 52 de la
Constitución, con la finalidad de eliminar el requisito de inscrip-
ción previa para la obtención de la nacionalidad;

20
4) Adoptar, independientemente de la reciente aprobación de la Ley de
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, una legisla-
ción integral para el retorno de peruanos que: atienda a todas las formas
del retorno (incluyendo el forzado y el condicionado), que tenga un en-
foque de familia, que brinde servicios específicos y especiales diseñados
para los retornantes; y que genere una institucionalidad o articulación;
Al Ministerio de Salud:
1) Elaborar programa de salud mental con enfoque interdisciplinario
para velar por la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en
contexto de migración, familiares de migrantes y retornantes;
2) Fortalecer y especializar los servicios de salud para la atención de
víctimas de trata de personas;
Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:
1) Facilitar y agilizar la certificación de experiencia laboral profesio-
nal y técnica;
2) Crear bolsas de trabajo que permitan a los y las retornados inser-
tarse en el mercado laboral peruano, especialmente a las mujeres
trabajadoras del hogar retornadas;
Al Ministerio de Transporte y Comunicación:
1) Implementar acciones de difusión sobre la temática de la trata de
personas a través los medios de transporte (aeropuerto, terminales
terrestres y fluviales);
2) Difundir la problemática de la trata de personas a través del canal
televiso público y otros medios de comunicación;
3) Supervisar que las agencias de transporte exijan los documentos
de los menores de edad para que viajen;
4) Incrementar las intervenciones en lugares claves de tránsito te-
niendo en cuenta algunas actividades (minería, turismo, comercio).
Al Ministerio de Economía y Finanzas:
1) Incrementar los recursos destinados a la asistencia legal gratuita
para las víctimas de trata de personas;
2) Asignar un presupuesto mayor a la labor de asistencia humanitaria
de los Consulados;

21
3) Crear un fondo de emergencia para la subsistencia de los y las re-
tornados en condición de especial vulnerabilidad con los impues-
tos recaudados en el envío de remesas.
A los Gobiernos Locales y Regionales:
1) Reconocer la importancia de la intervención de los gobiernos re-
gionales y locales frente la movilidad humana, incluyendo la lucha
contra la trata de personas;
2) Seguir aumentando las experiencias de adopción de planes regio-
nales frente a la trata de personas, los mismos que deben cons-
truirse con un presupuesto específico;
3) Instalar oficinas informativas en gobiernos regionales y municipa-
lidades, dedicadas a generar servicios para las personas migrantes
o sus familias;
4) Promover la participación de las personas migrantes o sus familiar
en el marco del Presupuesto Participativo y la adopción de los
Planes de Desarrollo Concertado, para incluir sus necesidades en
la planificación regional o local;
A la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria:
1) Impulsar la elaboración del Informe al Comité sobre Trabajadores
Migratorios, pendiente durante varios años y que ha generado di-
ferentes recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas;
2) Impulsar la creación de una Comisión Intersectorial para que estu-
die y proponga medidas internas para la adecuación de nuestra
legislación migratoria a los estándares de la Convención sobre los
derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares y otras
obligaciones de Derechos Humanos;
Al Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas:
1) Impulsar la creación de un registro único de estadísticas sobre la
trata de personas;
2) Financiar el mantenimiento e implementación del Registro RETA-
PNP, mientras se puede desarrollar un registro integrado;
3) Publicar un informe gubernamental de la implementación del Plan
Nacional de Lucha contra la Trata de Personas 2011-2016;

22
4) Iniciar un proceso coordinado de diálogo y aprobación de los di-
ferentes protocolos que los sectores que integran el grupo vienen
construyendo por separado;
5) Fomentar mayor atención de las autoridades frente a la trata in-
ternacional de personas, especialmente aquellos que involucran a
ciudadanos y ciudadanas andinos víctimas de explotación sexual o
laboral en actividades como la minería ilegal;
6) Supervisar y coordinar con los Gobiernos Regionales la imple-
mentación de los planes regionales contra la trata de personas.
Al Instituto Nacional de Estadística e Informática:
1) Impulsar un sistema de registro único de los migrantes, familiares
y retornantes a nivel nacional y regional;
2) Impulsar la transformación de registros administrativos migrato-
rios en fuentes de información estadística;
3) Continuar con su investigación y generación de información fren-
te a las migraciones, dando más énfasis a la inmigración;
A la Sociedad Nacional de Radio y TV:
1) Desarrollar, en el marco de la autoregulación de los medios, alguna
iniciativa para el tratamiento correcto de la información sobre el
fenómeno migratorio, y la adecuada protección de la identidad de
las víctimas de trata;
A la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático:
1) Incluir en su agenda la problemática de los peruanos en el exterior,
para brindar un mejor acceso a los servicios públicos, tomando en
consideración el elevado uso del internet por las personas perua-
nas migrantes ;

23
Tomando en cuenta los considerandos y nuestra perspectiva sobe la mo-
vilidad peruana, planteamos al Estado peruano, las siguientes propuestas
específicas:
Al Poder Ejecutivo y Legislativo:
1) Impulsar campañas de sensibilización sobre los derechos de las
personas migrantes, en especial en el actual contexto del retorno
masivo de migrantes desde el exterior, en los procesos de emi-
gración e inmigración y, sobre los riesgos vinculados a la trata de
personas;
2) Abrir espacios de diálogo y coordinación entre Estado y las orga-
nizaciones de la sociedad civil y no solamente a organismos inter-
nacionales, con la finalidad de intercambiar información, opinio-
nes y contar con una visión ampliada del problema social.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores:
1) Brindar información a peruanas y peruanos potenciales migrantes,
compatriotas emigrantes y personas retornadas, a través su sede y
una oficina de información en sus oficinas Consulares;
2) Desarrollar servicios de asistencia jurídica, médica y psicológica en
los Consulados del Perú en el exterior, en especial para atender a
víctimas de discriminación y violencia familiar;
3) Brindar un asesoramiento a los peruanos y peruanas que enfrenten
procesos de expulsión, y adoptar medidas de acogida en los aero-
puertos internacionales o terminales de buses;
4) Brindar una atención las 24 horas mediante líneas telefónicas en los
Consulados en los principales destinos de la comunidad peruana;
5) Perfeccionar el sistema de atención consular que garantice un buen
servicio con amabilidad, rapidez, capacidad de respuesta y acceso a
la información;
6) Simplificar los procedimientos administrativos en el exterior de
acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General;
7) Capacitar a sus representas consulares no solamente sobre la fun-
ción consular, sino también sobre las particularidades de la situa-
ción de los peruanos en el exterior;

24
8) Desarrollar un consultorio virtual en el cual los peruanos en el
exterior puedan realizar consultas y adelantar tramites y notificar
las situaciones que ameriten protección consular;
9) Facilitar información de interés sobre el país receptor para los pe-
ruanos y peruanas en el exterior;
10) Elaborar en conjunto con el Ministerio de Justicia el Primer Infor-
me al Comité de Trabajadores Migratorios;
11) Visibilizar al trabajo de los Consejos de Consulta como una de
las expresiones de la comunidad peruana en el exterior y atender
el pedido de reforma del Reglamento de la Ley de Consejos de
Consulta efectuado por los mismos Consejos a las autoridades del
gobierno y el Poder Legislativo;
Al Ministerio de Educación:
1) Sensibilizar y capacitar a los docentes y autoridades educativas so-
bre la temática;
2) Capacitar y sensibilizar a la comunidad educativa para identificar
las dificultades de los niños, niñas y adolescentes retornados y así
apoyar su reintegración;
3) Facilitar la homologación de estudios de quienes retornan;
4) Difundir información sobre la trata de persona en la contratapas
de los libros escolares;
5) Capacitar a la comunidad educativa sobre la trata de personas;
Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
1) Publicar el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos, inclu-
yendo en sus Lineamientos Estratégicos vinculados a grupos de
atención prioritaria, los derechos de las personas migrantes;
2) Elaborar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, el Primer Informe al Comité de protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus Familiares;
3) Evaluar la articulación entre el Servicio Consular del Estado y el
Servicio de Defensa Pública, para garantizar una mayor capacidad
de apoyo a las personas peruanas que se encuentran procesadas en
el exterior;

25
4) Continuar, a través del Instituto Nacional Penitenciario, con la
adopción de acuerdos internacionales que permita el traslado de
personas extranjeras detenidas a su país de origen, donde culmina-
rán el cumplimiento de su pena;
5) Mejorar las condiciones de protección de las personas extranjeras
detenidas en los centros penitenciarios, comunicando a sus Emba-
jadas, previa autorización de la persona detenida;
Al Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable:
1) Desarrollar acciones de sensibilización sobre la importancia del pa-
pel de la mujer migrante para su familia y para la sociedad en general;
2) Brindar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, asistencia humanitaria a los y las peruanos deportadas, pues
son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad;
3) Desarrollar acciones de prevención, atención y capacitación en rela-
ción a la problemática de tráfico y trata de niños, niñas y adolescentes;
Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:
1) Capacitar sobre el uso productivo de las remesas a las familias de
personas migrantes en el exterior;
2) Impulsar la generación de proyectos productivos y proyectos so-
ciales sostenibles con apoyo de institutos técnicos;
3) Facilitar gestiones y tramitación a personas retornantes y de vulne-
rabilidad extrema (personas afectadas por la trata; entre otros);
4) Capacitar en desarrollo de habilidades laborales a migrantes, retor-
nantes y personas en situación de vulnerabilidad para facilitarles
acceder a empleos;
A la Superintendencia Nacional de Migraciones:
1) Informar sobre la existencia del Texto Único de Procedimiento
Administrativo y sobre las vías de recursos en relación a los trámi-
tes migratorios y en especial de extranjería;
Al Jurado Nacional de Elecciones:
1) Generar otros mecanismos para el voto de los Peruanos y perua-
nas en el Exterior, mediante por ejemplo el voto electrónico o el
voto por correo certificado;

26
A la Superintendencia de Bancos y Seguros:
1) Informar sobre los costos de envío de remesas y hacer las fiscali-
zaciones necesarias, para evitar la usura y el cobro de comisiones
leoninas;
2) Impulsar en el sector financiero mecanismos de acceso al crédito
para personas retornantes;
A los Gobiernos Locales y Regionales:
1) Impulsar la creación de albergues especializados para víctimas de
trata de personas tomando en cuenta el sexo y edad;
2) Impulsar la aprobación de ordenanzas regionales y municipales
por el Día de Lucha contra la Trata de Personas (23 de septiem-
bre), para realizar actividades de sensibilización entre la población;
A la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria:
1) Impulsar la firma de convenios interinstitucionales entre el Minis-
terio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Pro-
ducción y las entidades financieras para facilitar el acceso al crédito
de las personas retornadas;
2) Invitar a las organizaciones de sociedad civil que desarrollan ac-
tividades vinculadas a la movilidad humana, a participar de este
mecanismo, contemplando en su Reglamento, que está en fase de
elaboración, las modalidades de participación de la sociedad civil;
3) Impulsar un intercambio de experiencia con el Ecuador en rela-
ción a las Casas de Migrantes;
4) Promover las investigaciones en materia migratoria, y en especial
acerca de las necesidades de los peruanos en el exterior;
A la Defensoría del Pueblo:
1) Establecer mecanismos de seguimiento a los casos judicializados
en materia de trata de personas;
2) Supervisar la implementación del Plan Nacional de Acción contra la
Trata de Personas, incidiendo especialmente en las acciones del Es-
tado para proteger y garantizar los derechos de las víctimas de este
delito;

27
3) Impulsar una supervisión Defensorial sobre el respeto del debi-
do procedimiento en la nacionalización de extranjeros, así como
todos aquellos procedimientos especiales donde el TUPA no ha
previsto plazos perentorios, silencio administrativo positivo o ne-
gativo, u otros elementos previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo General;
4) Implementar oficinas especializadas en lugares claves sobre trata
de personas;
A la Policía Nacional del Perú:
1) Evitar la reubicación de los funcionarios que hayan sido capaci-
tados en materia de trata de personas a fin de formar verdaderos
equipos especializados en la lucha contra este delito;
Al Poder Judicial:
1) Implementar la cámara Gessel, para el tratamiento de casos de
víctimas de trata de personas, para evitar su revictimización en el
marco del procesos judicial;
2) Consolidar un cuerpo judicial especializado en la lucha contra la
trata de personas, con la capacidad de aplicar adecuadamente el
delito del Código Penal peruano, en coordinación con el Protoco-
lo de Palermo;
Al Ministerio Público:
1) Evitar la reubicación de los funcionarios que hayan sido capacita-
dos en la temática de trata de personas a fin de formar verdaderos
equipos especializados;
A los Medios de Comunicación
1) Difundir la temática de los derechos humanos de las personas mi-
grantes para sensibilizar el público en general;
2) Difundir la temática de la feminización de la migración y sus im-
plicancias en la familia;
3) Recoger testimonios diversos en relación a la problemática migra-
toria y de los familiares de migrantes y retornantes, para conocer
expectativas, necesidades y propuestas.

28
COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
En relación a las propuestas planteadas, las organizaciones de sociedad
civil se comprometen a:
1) Fortalecer los mecanismos de articulación entre nuestras organiza-
ciones y el Estado, participando activamente en las iniciativas que
desarrolle, siempre que tengan como finalidad mejorar las con-
diciones de protección y garantía de derechos de las personas en
movilidad humana;
2) Incidir para que el Estado presente el Primer Informe al Comité de
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus Fami-
liares, colaborando en la obtención de información necesaria para
su elaboración;
3) Difundir información sobre la movilidad humana, especialmente
la migración y la trata de personas, que genere el Estado;
4) Hacer seguimiento de las decisiones judicializadas en casos de tra-
ta de personas, y apoyar toda campaña estatal o privada que impul-
se una adecuada impartición de justicia;
5) Impulsar la creación de veedurías en materia de trata de personas
en las regiones en las cuales no han sido implementadas, brindan-
do apoyo en las acciones de capacitación que desarrollen, desde
cada espacio de nuestras organizaciones en la medida de nuestras
capacidades;
6) Continuar con nuestros esfuerzos por ampliar nuestras capaci-
dades, para colaborar en el desarrollo de políticas públicas y una
gestión pública integrales a todos los temas relacionados a la mi-
gración;
7) Monitorear y supervisar a las instituciones que implementen accio-
nes en materia migratoria, para seguir colaborando en el proceso
de reflexión y construcción de acciones públicas más cercanas a la
realidad de las migraciones;
8) Contribuir a la generación de conocimientos y capacidades sobre
el hecho migratorio en el Perú y la región Andina, su gestión desde
el Estado y la situación de los derechos de las personas en movili-
dad humana voluntaria y forzada.

Agenda Social Migratoria Perú
Se terminó de imprimir en noviembre de 2013
en los talleres gráficos de SINCO editores
Jr. Huaraz 449 - Breña • Teléfono 433-5974
sincoeditores@yahoo.com

La Agenda Social Migratoria fue desarrollada con el apoyo de:
El proceso de revisión final y difusión pública se realiza con
el apoyo de:
Esta publicación se realiza con el financiamiento de:
SERVICIO ANDINO DE MIGRACIONES – SAMI
2011-2013
UE DCI-MIGR/2010/259-599
Una iniciativa de:

Agenda social migratoria

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Destacado

Similar a Agenda social migratoria

Más de Liliana Saldaña

Agenda social migratoria