El documento establece que la educación es un derecho para todas las personas y que el Estado es responsable de garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y superior. La educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) es obligatoria y el Estado debe priorizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su derecho a la educación. También se enumeran los 20 derechos fundamentales de los niños y adolescentes.