El documento discute la contabilidad electrónica obligatoria en México, señalando la necesidad de una pista de auditoría confiable para la vinculación de facturas con bienes y servicios. A partir de 2015, las personas morales con ingresos mayores a 4 millones de pesos deben enviar su contabilidad electrónica, mientras que el SAT ha hecho modificaciones al respecto y ha eximido a ciertas personas de esta obligación. Además, se menciona que las empresas pueden ganar amparos contra el nuevo sistema, pero tendrán que cumplir con la ley una vez que la Suprema Corte emita sus resoluciones.