El documento discute los casos de Conga en Cajamarca y Espinar en Cusco, donde proyectos mineros han generado conflictos con las comunidades locales. Argumenta que los gobernantes regionales y locales han fallado en invertir los fondos de la minería para mejorar la educación, salud y servicios básicos de sus pueblos. En lugar de ello, usan los conflictos para ganar poder político sin preocuparse por el bienestar de sus electores. Plantea que los gobernantes peruanos pueden vulnerar más los derechos de los pueb