1. ¡Basta de TORTURA en las cárceles
colombianas!
Imagen de Areito para denunciar la tortura en Colombia: la publico en agosto 2012 con un
nuevo texto, porque lamentablemente la tortura contra la oposición política en Colombia,
lejos de cesar, se ha incrementado en los últimos años, en el régimen de Uribe y hoy con
el régimen de Santos. La tortura en las cárceles revela sistematismo, y asimismo las
detenciones-desapariciones forzadas que son crímenes de lesa humanidad que significan
tortura para el desaparecido, sus familiares y su entorno social, siguen incrementándose.
Para ahondar sobre la realidad de la tortura en Colombia recomendamos leer y difundir en
solidaridad la siguiente investigación:
Tortura en cárceles colombianas: sistematismo e impunidad
revelan una lógica de estado
Parte V del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *
Por Azalea Robles
“Presos políticos lisiados, paralíticos, ciegos o enfermos son sometidos a la tortura diaria al ser
situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en
situación de total indefensión, y son privados de medicamentos y asistencia médica, de manera
a que las enfermedades los consuman: son mensajes que buscan paralizar la empatía social.
Se trata de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total
impunidad”.
Diomedes Meneses: ‘utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las
torturas’, está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia

2. médica. Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, situado adrede en una
penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH: ‘necesitó
atención médica para evitar la pérdida de visión, pero nunca le fue brindada’.
“Los presos políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención médica. Que las
organizaciones solidarias del Mundo exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata la
aplicación de este método de tortura”. CSPP
1.Introducción
Para finalizar este Dossier sobre la realidad de los 9.500 presos políticos en Colombia [1],
abordamos un capítulo más amplio sobre la tortura, por ser ésta de carácter sistemático:
representa un mensaje de terror enviado a la sociedad en su conjunto. Es el‘castigo’ contra
el pensamiento crítico, la reivindicación social, y la empatía. De los miles de presos
políticos amordazados en las cárceles colombianas, se estima que el 90% son civiles
encarcelados con la finalidad de desmantelar la organización social, y que el 10% son
presos políticos y de guerra miembros de las organizaciones insurgentes. La persecución
sistemática contra la oposición política emplea al aparato judicial como arma de guerra [2].
Desde el estado son negados los presos políticos, en todas sus categorías: a los presos
políticos civiles y a los presos políticos de guerra se les endilga, mediante grotescos
montajes judiciales, cargos por delitos comunes: “La estrategia usada contra los
prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo,
narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas, con el claro objetivo de
quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución
impide la extradición por delitos políticos]”[3]. Sindicalistas, estudiantes, líderes
campesinos, defensores de DDHH (etc.) terminan presos por ‘terrorismo’ y otros delitos
comunes, debido a las estrategias del estado colombiano para negar su accionar represivo
a la par que lo intensifica. A los presos políticos de guerra se les imponen penas

3. exorbitantes, se niega su carácter político y sufren torturas y atentados además de
chantajes con su vida o la de sus familiares, con la finalidad de convertirlos en falsos
‘testigos’ contra activistas sociales. La reivindicación de justicia Social –en el 3er país más
desigual del mundo- es represaliada de manera totalitaria.
2. La tortura: enviar un mensaje de terror a la sociedad, paralizar la reivindicación
mediante el miedo
La represión sistemática contra la organización social es un mensaje de terror de estado
contra la población: se expresa en el encarcelamiento político, en el asesinato político, en
el control social, en la desaparición forzada [4]; se expresa en las torturas terroríficas
ejercidas por la herramienta paramilitar en coordinación con el ejército en las zonas a
despojar [5], torturas a modo de escarnio público para provocar masivos desplazamientos
forzados [6]; en ese mismo orden de ideas, de paralizar la reivindicación mediante el
miedo, se implementa la tortura en las cárceles colombianas. Es parte del Terror de
Estado: su función no es solamente ejercer la crueldad contra el opositor privado de
libertad, para generarle a éste sufrimiento, sino enviar un mensaje de terror a quiénes
quisieran oponerse a un Status Quo imperante de saqueo y empobrecimiento. Así, las

4. situaciones límite de presos políticos lisiados, paralíticos, mancos y ciegos, o enfermos
que son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para
allí recibir golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y que son privados
de medicamentos y asistencia médica de manera a que las enfermedades los consuman,
son mensajes que buscan paralizar la empatía social: se trata de demostrar que la
crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad.
Varios presos políticos están muriendo por negación de asistencia médica, hay
igualmente negativa de clasificación de internos en abierta violación al DIH por parte del
estado colombiano [7]; asimismo hay una negativa de aplicar la debida reducción de pena
y excarcelación a presos lisiados y enfermos terminales, también se denuncia el
alejamiento geográfico y separación familiar como forma de tortura, las palizas, descargas
eléctricas, envenenamientos (combustible, materia fecal, vidrios en las comidas), la
privación de agua, los encierros prolongados en calabozos, el hacinamiento extremo [8],
los tratos degradantes y las humillaciones de carácter sexual, las amenazas de
extradición, las torturas a familiares que van desde manoseos hasta violación y
desaparición forzada. La impunidad ampara la tortura, no son respetadas las sentencias
de la Corte Constitucional, tampoco las tutelas. Además se expiden leyes enfocadas a la
persecución de la protesta social como la Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno
Santos, y normas internas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que
vulneran los DDHH [9]. De ahí la importancia de que crezca la solidaridad activa con los
presos políticos. Hay razones políticas, éticas y humanitarias de sobra para que la
sociedad colombiana e internacional alce un clamor solidario.
3. Grave situación de homicidios de presos a manos de las autoridades por tortura
y negación de asistencia médica
Por negación de asistencia médica los presos quedan lisiados, paralíticos, ciegos, o
pierden la vida [10]: “A cada prisionero nos ha tocado activar el sistema de amparo
mediante la tutela, mecanismo constitucional que el INPEC no cumple, burlándose del
fallo, gracias a que los jueces de tutela no hacen efectivo el arresto y el pago de la multa
por desacato”[11].
Los casos de presos asesinados por negación de asistencia médica son alarmantes:
estas torturas son aplicadas con particular saña contra los presos
políticos. Las organizaciones de DDHH lanzan la alarma. Dada la cantidad de presas y
presos políticos en situación de tortura en las cárceles colombianas, presentaré solamente
algunos casos.

5. José Albeiro Manjarrés falleció el 8 de enero 2011, devorado por un cáncer de estómago
para el cual le negaron los análisis durante más de un año, incluso cuando ya perdía masa
muscular a simple vista [12]. Ante la gravedad de su caso y los atroces dolores que
padecía, los demás presos desarrollaron una huelga de hambre e interpusieron una tutela
para que el estado lo atendiera; pero todo fue en vano: hubo negación absoluta de
atenderlo por parte de las autoridades, propiciando así el cáncer terminal y la muerte. El
ensañamiento llegó a tal punto contra este preso político que fue inscrito como NN en la
morgue “a pesar que el INPEC contaba con la plena identificación y tenía los teléfonos de
la familia, a quienes nunca informaron de su muerte” [Ibíd. ].
El preso político Arcesio Lemus también fue asesinado por negación de asistencia médica
y tortura; el testimonio de su hija retrata la vida de una familia, que es la historia de la
persecución a la oposición política. También alerta sobre la existencia de una política de
Estado contra los presos políticos:
"Mi padre, Arcesio Lemus, se hizo líder comunitario, y un referente del trabajo
revolucionario en el Tolima. Ese tipo de cosas no las perdona el Estado. Así que en la
década de los 90 mi padre tuvo que desterrarse para salvaguardar su vida (…) Mi
madre fue víctima de un montaje judicial, que la tuvo dos años tras las rejas. Yo fui
conducida a una correccional de menores cuando tenía 15 años(…) Fueron años de
presión que no le dejaron [a Arcesio Lemus] más opción que la clandestinidad. Se
incorporó al ELN, como salubrista (…) En 2005 mi papá fue detenido. Empezó el
calvario del encierro. (…) Comenzó a enfermar: a la edad de 65 años empezó a tener
intensos dolores de cabeza y mareos. Los directivos penitenciarios se llenaron de
solicitudes de mi padre, en donde les exigía su derecho elemental a la salud. Nunca
fueron atendidas por el INPEC. Mi padre empezó a sufrir desmayos que tampoco
fueron atendidos. Sus compañeros de cautiverio hicieron huelgas y motines, hasta que
lograron que lo sacaran a "la unidad de sanidad", donde lo aislaron. (…) Empezamos a
gestionar visitas de organismos de derechos humanos (…) pero nada funcionó. Fue
remitido, en grave estado de salud, nuevamente a la cárcel. (…) [Luego en] el Hospital
Lleras Acosta recibió una atención deshumanizada y humillante, como suelen recibir la
mayoría de presos (…) Sin atender su delicada situación fue devuelto a la cárcel(…)
Logramos una visita de diez minutos, y lo encontramos con un golpe terrible en la
cabeza, bañado en sangre y en una situación peor. "Fue que se cayó", nos dijeron en
el INPEC. Empezamos a rogar que lo llevaran de nuevo a un centro médico. Mi padre
ya no podía hablar tan siquiera, llevaba casi quince días vomitando, no controlaba
esfínteres, había perdido peso de manera alarmante y, por si fuera poco, se agregaba
un trauma craneoencefálico que nunca se supo cómo sucedió dentro de la
cárcel (…) Fue remitido a una institución hospitalaria, ya en estado de coma. Allí le
encontraron un tumor en su cerebro (…) el 29 de junio 2010, falleció. (…) [Es] la
ignominia que viven los presos colombianos, especialmente los presos políticos,
contra quienes pareciera existir una política de Estado(…) El INPEC paga a la EPS
que atiende la salud de los internos, casi 32 mil millones de pesos al año. ¿Cuánto
dinero de ese se invierte en atender la salud de los internos, si pasan años para que
sea aceptada una solicitud de revisión médica, de exámenes, de tratamiento?”[13].

6. Las muertes por negación de asistencia médica suceden una tras otra, en la más absoluta
impunidad. El 1 de noviembre 2011 fue asesinado por tortura Ricardo Contreras: molido a
palos por la guardia, y privado de asistencia médica [14]. El 15 de noviembre 2011 el
estado asesina al preso Jhon Jairo Garcia por tortura de negación de asistencia médica
[15]. En la cárcel el Pesebre muere Jonathan Smith Arias en enero 2012 [16], y el 9 de
abril 2012 fallece Yovani Montes, ambos por negación de asistencia médica [17]. En
diciembre 2011 fallece Luis Fernando Pavoni [18], y el 14 de junio 2012 fallece Óscar de
Jesús Pérez, ambos por negación de asistencia médica, en Bellavista [19]… La lista
continúa de manera aberrante. La Personería de Medellín reporta que: “en los últimos dos
años han muerto 12 reclusos por falta de atención médica” [Ibíd. ], y el mismo drama se
repite en cada región de Colombia.
En diciembre 2011 defensores de DDHH denuncian: “la inminente negligencia de la
fiscalía, que se niega a expedir la resolución de traslado del penitenciario a un centro de
atención medica pertinente al caso de salud de José M. Álvarez Tonguino recluido en la
PICOTA-ERON y solicitado en extradición, que padece de una enfermedad que no ha
recibido un trato adecuado y que por solicitud del médico interno, es necesaria la atención
especializada urgente debido al estado de descomposición de su axila. El caso de
Tonguino, a quien se le está violando su derecho a la salud, no es un fenómeno aislado,
varios prisioneros han muerto (…) Es innegable que en las cárceles de Colombia se violan
los DD.HH., se da un trato contra la dignidad humana”[20]. Pese a las súplicas de
familiares y organizaciones, la negación de asistencia médica acaba con la vida de
Tonguino a inicios de 2012. Son reiteradas las solicitudes –infructuosas- de que “se abran
las investigaciones contra los funcionarios del INPEC, en cabeza de su director General de
la policía G. Ricaurte, la Dirección de la Cárcel PICOTA-ERON y contra el personal de la
guardia, por violar la Ley 65/93, Art. 16 CN y el acuerdo 0011/2002. (…)que se garantice el
Derecho a la Vida” [Ibíd.].
La impunidad es total para un mecanismo de tortura y homicidios. Algunos presos
políticos que han sido asesinados por negación de asistencia médica son: Jordán Fabián
Ramírez, Otoniel Calderón Ovalle, Jimmy Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro
Manjarrés [21].
4. Presos políticos que están siendo asesinados por tortura de negación de
asistencia médica

7. Los presos son privados de medicina, y los médicos encarcelados. Por curar a todo aquel
que requiriera asistencia médica en la región dónde vivía, Carlos Figueroa, médico
cirujano, fue víctima de montaje judicial y condenado a 20 años de prisión por "rebelión",
para castigar su respeto por la vida: “A nivel judicial también existen los ‘falsos
positivos’". Este médico preso político padece de cáncer: "Para que me iniciaran el
tratamiento tuve que demandar al estado; pero no me llevan a las citas. Muchos enfermos
reciben peor trato incluso (...) Apenas se denuncian los maltratos somos llevados a
cárceles de alta seguridad, como lo que me ocurrió por pedir agua potable (...) Los presos
políticos deberíamos estar en patios diferentes a los de los paramilitares y aquí no hay
ninguna clasificación”[22].
Están en alto riesgo de muerte por negación de asistencia médica varios presos políticos.
Señalaré algunos casos. El preso político Devis Ochoa [23] es diabético de tipo dos, ya
pesa tan sólo 47 kilos, y se le niega una alimentación adecuada y la asistencia médica
como forma de tortura que provoca la muerte; también se le ha introducido en un patio de
paramilitares, en un intento de asesinato.
Al preso político Gustavo Giraldo el estado también lo está asesinando por negación de
asistencia médica: padece de una enfermedad degenerativa que le ha hecho perder más
de la mitad de su peso, cada día sin asistencia lo empuja a la muerte [24]. El preso político
Hernán Rodríguez Díaz realizó una huelga de hambre reclamando asistencia médica y su
traslado de penal, dado que el INPEC lo envió al “centro de tortura de Valledupar”,
alejándolo de su núcleo familiar[25]. “El prisionero político padece una infección estomacal,
un problema visual y dolores en la vejiga, por lo que ha presentado múltiples peticiones de
atención médica las cuales han sido ignoradas. Hernán Rodríguez Díaz y 44 prisioneros

8. mas denunciaron que se encontraban enfermos por causa de la contaminación del agua y
alimentos, padeciendo los síntomas de caída de cabello y uñas, diarrea, sangrado rectal y
oral, sin que hubiesen sido atendidos” [Ibíd.].
5. Presos políticos de guerra heridos: negación médica, tortura extrema
La situación de los presos políticos de guerra es dramática: éstos son con frecuencia
capturados heridos tras combates o bombardeos, y se les niega la asistencia médica,
empujándolos a la muerte o a la pérdida de sus miembros. Tal es el caso del preso político
y de guerra Rolando Gradados que tiene las piernas y los brazos destruidos, y
es torturado al negársele asistencia médica, restringírsele el agua potable y
presionarlo a falsas confesiones bajo amenaza de extradición: "No puede caminar, ni
comer solo y siempre debería estar asistido por una enfermera, sus necesidades deben
ser realizadas en una bolsa; no está recibiendo la asistencia médica y la pésima
alimentación del penal pone en riesgo su vida, no recibe la dieta ordenada por el médico,
soporta fuertes dolores (…) Fue abordado por dos hombres de aspecto extranjero en el
área de sanidad de la cárcel y estos lo hostigaron afirmándole que sería extraditado a
Estados Unidos si no confesaba(…) Fue alejado de su familia en una política de destierro
que vulnera un derecho fundamental. En el área donde se encuentra hay 9 internos que no
están asistidos correctamente, ni enfermera tienen, incluso hay un enfermo terminal. Les
están restringiendo el agua”[26].
El preso político de guerra Diomedes Meneses Carvajalino ha sido víctima de torturas por
parte del estado colombiano, que le sacó un ojo con un puñal, e intentó asesinarlo en
repetidas ocasiones, “utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por

9. las torturas propinadas por funcionarios del Gaula”[27]. Además está siendo empujado
a la muerte por tortura de negación de asistencia médica: “devorado por una bacteria
agresiva que le está carcomiendo el tejido muscular y óseo(…) la infección se trasladó al
glúteo, afectando su integridad física: se expone a amputación (…) Por más de dos años
una bacteria corroe su humanidad (…) Iguales circunstancias padecen miles de presos
que son desatendidos en las prisiones colombianas, lugar donde se tortura
sistemáticamente, incumpliendo el Estado colombiano sus obligaciones constitucionales
de respetar el DIH, los derechos humanos” [Ibíd.], denuncia el Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos (CSPP).
La situación de los presos ancianos, lisiados o con enfermedades crónicas en las cárceles
colombianas es vergüenza para la humanidad: el hacinamiento, la insalubridad, la
privación de agua, la comida descompuesta, las agresiones físicas de los guardianes o del
paramilitarismo los vulneran de manera inexorable. Iván Cepeda denunció: “La gravísima
situación se expresa en que más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más
de 400 personas estén enfermas con carácter terminal”[28]. La debida reducción de pena y
la excarcelación de presos lisiados o enfermos terminales es negada con saña. En mayo
2012 denuncian: “El prisionero Nelson Guzmán se encuentra cuadripléjico y sin la atención
medica adecuada, en condiciones miserables (…) El juez Escobar ni siquiera se ha
tomado la molestia de venir a verlo, pese a la solicitud de prisión domiciliaria. Situación
similar ocurre con los prisioneros de la tercera edad que sufren penosas
enfermedades”[29].
6. Tortura aberrante e intento de asesinato contra preso político sin brazos y ciego
El ensañamiento contra los presos políticos alcanza niveles aberrantes: el preso político
Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, está encarcelado en
situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al
dictamen de Medicina legal y al DIH. Oscar fue arrestado de civil en fase de recuperación;
pero perdió por completo la visión por causa de la negación de asistencia médica del
INPEC: “Un joven que sufrió amputación de los miembros superiores y durante todo este
tiempo necesitó atención médica urgente para evitar la pérdida de su visión, pero ésta
nunca le fue brindada”[30]. Su defensor logró sacarlo de la cárcel al cabo de 7 meses,
gracias al dictamen de “Medicina Legal que afirma que por sus discapacidades físicas no
puede estar en un centro penitenciario. Le otorgan detención domiciliaria.” Pero el estado,
en una clara demostración de ensañamiento con fines de tortura, revocó la detención

10. domiciliaria: “En medio de una de esas ilegales jugadas que realiza la rama judicial por
orientación directa de los organismos de seguridad (…) Oscar es condenado a 40 años de
prisión y remitido a la Cárcel de Itaguí, ignorando el dictamen de Medicina Legal” [Ibíd.]. El
estado colombiano viola el DIH y se empecina en mantener una situación de tortura: un
mensaje de terror. Además de causar la ceguera de Oscar, el INPEC profundiza la tortura:
“Óscar es trasladado consciente y premeditadamente a una cárcel en la cual no hay
colectivos de presos políticos que puedan brindarle la solidaridad que necesita. Por el
contrario, sólo hay paramilitares(…) Oscar no puede valerse por sí mismo. Es puesto en
una situación de total indefensión” [Ibíd.]. El estado busca aplastarlo como ser humano,
porque remitir a un preso político y de guerra sin brazos y ciego a una cárcel llena de
paramilitares es de las peores crueldades concebibles. Se evidencia una omisión
preconcebida que le ha generado ceguera y un ensañamiento criminal al situarlo en una
tortura permanente que atenta contra su vida.
7. Negación de asistencia médica constituye “atentado contra la vida”
El CSPP denuncia en mayo 2012 que “Los presos políticos con cáncer
continúan sin recibir atención médica por parte del estado”:
“Los presos políticos enfermos de cáncer Luis Alberto Jaimes García, Vicente Saúl
Valcarcel Albarracín y Juan Emilio Calle Cabeza, recluidos en la cárcel de Palogordo;
continúan sin recibir el tratamiento médico necesario y su condición se deteriora cada
día (…) Luis Alberto Jaimes, diagnosticado con cáncer de colon ha empeorado a pesar
que el Juzgado tuteló los derechos fundamentales a la salud, sin que hasta la fecha se
haya iniciado las sesiones de quimioterapia ordenadas por la junta de oncología (…) A
Vicente Albarracín, diagnosticado con cáncer de recto, le manifestaron que debía
someterse al tratamiento de quimioterapia pero que CAPRECOM no contaba con el
medicamento (…) Juan Emilio Calle de 33 años, fue diagnosticado con cáncer linfoma
Hodcking, desde el año 2008. Pese a la gravedad de la enfermedad se encuentra sin
recibir atención médica desde hace dos años (…) Desde enero 2012 su estado de
salud recayó ostensiblemente (…) el oncólogo ordenó un tratamiento de quimioterapia,
terminado este procedimiento se debía hacer un trasplante de médula ósea. Aún con
esta orden médica, Juan Emilio no ha recibido el tratamiento, consecuencia de ello su
estado de salud empeora, al punto que hoy pesa 54 kilos, permanece con fiebre alta,
constante dolor de cabeza y cuerpo, poco sueño y visón borrosa, entre otros síntomas.

11. La desatención en salud constituye un atentado contra la vida y la dignidad humana,
además de erigirse como un tratamiento cruel e inhumano. El estado Colombiano tiene
la obligación de respetar, proteger y garantizar la vigencia plena de los derechos
fundamentales en las cárceles. El desconocimiento de los mismos a los presos
políticos, representa una violación tanto del derecho internacional de los DDHH, como
del DIH. Cobra vigencia la necesidad de mantener los ojos en las cárceles
colombianas”[31].
8. ¿Cuáles son las causas de tan reiterativos casos de cáncer en las cárceles
colombianas?
La incidencia de cáncer en las cárceles colombianas es extrañamente alta. El CSPP alerta:
“Han muerto ya varios presos políticos y sociales como consecuencia de cáncer,
lográndose detectar en los mismos una inadecuada asistencia médica. Esta grave
problemática ha sido denunciada de forma reiterada por los colectivos de presos
políticos y organizaciones de derechos humanos, sin que las autoridades hayan
realizado las investigaciones que permitan establecer cuáles son las causas de tan
reiterativos casos de cáncer y las actuaciones disciplinarias por negligencia
médica [o negación]. La situación transgrede las normas del derecho
humanitario. Hacemos un llamado urgente para que las organizaciones solidarias de
Colombia y el Mundo, exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata la
aplicación de este método de tortura y a la vez tratamiento inhumano y degradante al
interior de las cárceles, procediendo a: 1. Atender oportunamente los casos de salud
de todos los presos políticos y sociales de Colombia; 2. Adelantar investigaciones
penales y disciplinarias serias, contra los altos funcionarios del Estado que por acción
u omisión son responsables de estos graves hechos; 3. Indagar las causas que están
provocando los reiterativos casos de cáncer en las cárceles colombianas, a efectos de
prevenir la ocurrencia nuevos hechos” [32].
9. Arroz con combustible, vidrios o materia fecal en la comida, y alimentos
descompuestos vulneran gravemente la salud
Las reiteradas denuncias por intoxicación alimentaria en diversos penales dan cuenta del
carácter continuo de este atentado contra la salud y la vida. “Condiciones inhumanas,
golpizas y tortura persisten en la prisión de alta seguridad de La Tramacúa, en Colombia,
aseguró Alliance for Global Justice. Se priva a los presos de agua y la comida contiene
materia fecal o está podrida, según han constatado la Comisión para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas y distintas ONG” [33]. El 16 de abril 2012 el CSPP
denuncia: “Nueva intoxicación masiva en Palogordo”, alertan los presos políticos:
“Los productos cárnicos han presentado avanzado estado de descomposición,
jugos agrios; esto ha aumentado el número de presos intoxicados. Se suma además el
hecho sucedido el 11 de abril cuando al almuerzo se nos suministró un arroz con
sabor y olor a combustible (A.C.P.M.). El 14 de abril 2012 a raíz de un jugo, se
presenta una intoxicación general de presos, tocándonos hacer del cuerpo en las
áreas de ducha porque el número de sanitarios (4) no dan abasto. Existe un temor
latente para consumir los alimentos, pues volveríamos a recaer en otra intoxicación.
Mientras estas cosas suceden en las cárceles, el señor Ricaurte – Director del INPEC-
hace declaraciones en las que anuncia al país que a tres presos de clase alta se les
asignó cocinero personal y ‘lo que más les gusta es la mazamorra chiquita’. Los
oligarcas ladrones de cuello blanco gozan de estos privilegios” [34].
Los presos emprenden masivas huelgas de hambre contra el envenenamiento:

12. “Los presos políticos y prisioneros de guerra confinados en Palo Gordo Girón
Santander, denunciamos que a partir del día 23 de abril 2012, nos hemos declarado
en huelga de hambre indefinida por la pésima atención de la empresa prestadora del
servicio de alimentación(…) Esta empresa viene reiteradamente incumpliendo en la
calidad y cantidad de los alimentos(…) Nos suministra alimentos en estado de
descomposición no aptos para el consumo humano. Ocasionándonos serios
problemas de salud como son intoxicaciones masivas, diarreas, y demás problemas
digestivos que a la vez nos han dejado otros problemas de salud tales
como ulceraciones e irritación del colon, un 40% de la población reclusa padece de
esta enfermedad” [35].
Las ulceraciones e irritaciones del colon son factores de riesgo para el cáncer.La
Campaña Traspasa los Muros alerta: "Preocupan gravemente las múltiples denuncias por
problemas de salud relacionados con posibles cánceres de estomago o demás partes del
aparato digestivo de los prisioneros, que en algunos casos ha ocasionado la muerte, como
sucedió con el prisionero político José Albeiro Manjarres, quien murió luego de que se le
descubriera de forma tardía un cáncer terminal de estómago. Que se conforme
una comisión (...) con el objeto de verificar los motivos por los cuales en la Penitenciaria de
Palogordo se presentan múltiples casos de enfermedades cancerosas que afectan el
aparato digestivo”[36].
Convertir la comida en un arma contra los presos es una tortura recurrente: el 26 de junio
2012, 20 presos deciden amarrarse a una altura de 20 metros del suelo en la cárcel de
Valledupar, denuncian: “Un día el INPEC nos da vidrio en las comidas, como el 28 de
mayo, que dejó a 5 presos heridos incluyendo a Javier Moscote, quien fue hospitalizado
por heridas ocasionadas al interior de su cuerpo por los vidrios injeridos, y otro día no nos
da comida”[37]. El CSPP denuncia: “el suministro de agua se efectúa sólo dos veces al día
por lapsos inferiores a 20 minutos (…) los reclusos deben recoger el agua en recipientes y
transportarla, hay celdas en el quinto piso. Esto genera enfrentamientos (…) a diario
aproximadamente 60 detenidos de cada torre se quedan sin agua, lo que constituye
condiciones de vida cruel y degradante” [Ibíd.].
10. Suicidios

13. La cantidad de suicidios debido a las torturas es alarmante. Leandro Salcedo se suicidó
tras meses de tortura: “El régimen de crueldad y Tortura al que están sometidos los
reclusos, especialmente en la UTE (calabozos), los lleva a atentar contra su propia vida,
como Leandro” [38]. Jorge Russo fue empujado al suicidio al negarle los medicamentos
que le eran necesarios, además de torturarlo reteniendo las encomiendas de su familia, y
otras crueldades; cuando se subió a las estructuras carcelarias: “uno de los guardias le
lanzó una pipeta de gas desde la terraza, también le lanzaban piedras y una lo golpeó
fuertemente en la cabeza” [39].
El traslado geográfico y alejamiento familiar es utilizado como forma de tortura y vulnera
los derechos de los presos y de sus familiares, ocasionando cuadros dramáticos, como los
suicidios: tal fue el caso, aparentemente, de Luis Carlos Arroyave [40], que apareció
colgado en una de las áreas de vigilancia de la guardia; o de Jhon Jairo Garrido Barrios,
encontrado sin vida el 1 de septiembre 2011 en la Penitenciaria de Valledupar: la tortura a
la que el INPEC lo sometió, negándole -pese a órdenes judiciales- el acercamiento a su
núcleo familiar, lo empujó al suicidio. Manifiestan los prisioneros que no pudo soportar más
la tortura de estar lejos de su familia, situación que consideraba como “muerte en
vida”[41]. En enero 2012, se ahorca Frank Camilo Amado, bajo “una política sistemática de
represión y violencia por parte de la guardia, generando todo tipo de torturas físicas y
psicológicas, humillaciones y tratos degradantes, fuertes palizas, choques o descargas
eléctricas, gases en la cara(…) Alguien debería indagar sobre las causas de que en menos
de 6 meses ya existan 5 muertos”, denuncian los presos políticos de Girón en junio
2012 [42].
11. Palizas aunadas a negación de asistencia médica

14. Por palizas son asesinados los presos, como ocurrió con Ricardo Contreras -uno de los
casos conocidos-: molido a palos por la guardia y privado de asistencia médica. Los
presos desesperados entablan huelgas de hambre con la esperanza de hacer cesar la
tortura, algunos hasta se cosen la boca; pero las torturas y la negación de asistencia
médica siguen siendo un mecanismo de agresión contra la vida de los presos. Jhon Leyner
Delgado fue: “sometido a aislamiento por negarse a firmar un documento donde se auto-
culpara (…) Al negarse a firmar, la golpiza propinada por la guardia le provocó múltiples
heridas. No ha sido atendido. Por haber sido sometido a tortura, ha iniciado una huelga de
hambre. Con el fin de exigir respeto a sus derechos fundamentales y al derecho a la salud
en particular”, denuncia el CSPP [43]. El 11 de julio 2012 muere Jair Benavidez
Suárez “luego de tres meses de aislamiento prolongado y fuertes golpizas del INPEC” [44].
12. Denuncias contra el INPEC y el Estado quedan en la impunidad
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “La Defensoría del Pueblo
presentó el 14 de octubre (2011) una denuncia penal en contra del General Ricaurte,
director del Inpec, por presuntos actos de tortura. La tortura en cárceles sigue siendo una
práctica sistemática, que permanece en total impunidad. Tal como lo indica la Coalición
Colombiana Contra la Tortura, en su Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del
Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, (…) entre el año 2010 y lo que va del 2011,
la Defensoría del Pueblo del Cesar reportó tan sólo en el establecimiento de alta seguridad
de Valledupar 220 quejas de internos contra funcionarios del Inpec, de las cuales, 46
quejas son por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos y degradantes” [45].

15. Ampliar la solidaridad y denunciar internacionalmente es un imperativo humanitario. Las
denuncias que logran salir de las cárceles colombianas quedan en la impunidad, y no son
sino la punta del iceberg: “Ningún documento escrito entra ni sale de las cárceles sin la
censura previa” [46]. La impunidad ampara a los torturadores, mientras que un
comportamiento respetuoso de los DDHH es castigado: cuando hay jueces que se niegan
a avalar los montajes judiciales del estado, éstos sufren asesinato o encarcelamiento
político, como el Juez Oscar Hurtado, detenido por negarse a legalizar capturas masivas y
detenciones arbitrarias [47].
Las madres de presos caminaron desnudas en mayo 2012: “En contra de la tortura, la falta
de agua, la no garantía del derecho a la salud, el traslado de los internos a centros
penitenciarios alejados de sus familias (…) Los familiares sentimos como propios los
sufrimientos que padecen nuestros seres queridos en los centros de tortura llamados
cárceles (…) El sistema jurídico colombiano entrega sin ningún reparo a sus nacionales en
extradición(…) Nos desnudamos para ser escuchadas.”[48]
13. Alejamiento familiar para impedir denuncias y desarticular procesos
organizativos
No obstante su situación de vulnerabilidad extrema, los presos políticos siguen trabajando
en procesos organizativos de defensa de los derechos humanos. El preso político Jairo
Fuentes denuncia: “En las cárceles el derecho de expresión es reprimido con medidas
como el alejamiento familiar (…) quienes estamos denunciando esta realidad oprobiosa
somos trasladados a cárceles de máxima seguridad, lejos de nuestras familias” [49]. La
Campaña Traspasa los Muros denuncia esta forma de tortura: “Uso de traslado y
aislamiento como forma de desarticulación organizativa (…) no se tiene en cuenta que la
ubicación del proceso judicial esté en el mismo sitio donde la persona está recluida. Este
hecho se da en el caso de las y los prisioneros políticos, por la gran cantidad de traslados
que sufren en aras de impedir que estos creen grupos de trabajo dentro de los centros de
reclusión y también como retaliaciones de sus acciones de denuncia y desobediencia. Esta
situación provoca una forma adicional de pena que es el hecho de estar alejado del núcleo
familiar”[50].
En Junio 2012 denuncian que corre peligro la vida del defensor de DDHH, preso político y
de guerra Marbel Zamora trasladado aunque: “una tutela le concedió el derecho a la
unidad familiar(…) destacado por su valioso trabajo en el Movimiento Nacional Carcelario,
que reivindica la rebaja del 20% de la pena para todos los prisioneros, el traslado de los
presos a sus sitios de origen familiar y procesal, no a la extradición(…) Destacado en la
resistencia frente a las reiteradas violaciones de DDHH por parte del INPEC. Su traslado a

16. la cárcel de Valledupar pone en grave riesgo su vida(…) dicha cárcel se ha caracterizado
por su permanente tortura”[51].
14. Inmersión en patios paramilitares pone en riesgo la vida de los presos políticos
El DIH preconiza la Clasificación de internos, pero: “los prisioneros políticos no son
separados debidamente de los presos vinculados al paramilitarismo, convirtiéndolos en
población vulnerable. La no separación pone en amenaza constante su vida”[52],denuncia
la campaña Traspasa los Muros. Los traslados a patios con notoria mayoría paramilitar se
usan como método de tortura contra los presos políticos. En julio 2012 denuncian: “Los
atropellos a la seguridad y la vida de que fueron víctimas los presos políticos José Darío
Arévalo Quintero, Wilson Enrique Leva, José Antonio Mendoza, Álvaro Padilla Tarazón
(…) ordenando su traslado a otros patios(…) Solicitamos que sean reubicados
urgentemente donde nos encontramos la mayoría de los presos políticos.” Arévalo
Quintero expresa: “Temo por mi integridad física y por mi vida, me encuentro entre internos
procesados por paramilitarismo e integrantes de la fuerza pública”[53]. En el marco de la
huelga nacional de hambre de marzo 2012: “el Prisionero Político Leonardo Chaux
Hernández se declaró en huelga de hambre para denunciar que era el único prisionero
político en el patio 1B de La Dorada, y en exigencia de la visita humanitaria de la Comisión
Internacional de DDHH”[54], impedida por el estado colombiano.
El preso político de guerra Diomedes Meneses, víctima de tortura e intento de homicidio
por miembros del Gaula (ejército), aún impunes, fue puesto en un patio con miembros del
Gaula:
“Caí tras el disparo… luego me propinaron otro disparo en el abdomen (a
quemarropa). Luego me lanzaron una granada que me levantó 2 metros del suelo.

17. Después viendo que todavía estaba vivo me agarraron a patadas y culatazos, me
partieron esta pierna. Cuando la granada detonó me reventó por dentro y me puso a
vomitar sangre por la boca, por los oídos, por los poros, pero a ellos no les importó,
me siguieron golpeando(…) El Cabo Salazar sacó un puñal y me chuzó todos los
dedos. Luego me sacaron todas las uñas de los dedos de los pies (…) Me pinchó el
ojo izquierdo, lo perdí. Me degolló (…) Estoy condenado a 22 años de cárcel por
‘rebelión’ y ‘tentativa de homicidio’ pero no sé de qué tentativa se trata porque yo no
les disparé, ni llegué a usar el arma(…) Y están los 15 nombres de los que me
torturaron a mi, miembros activos del Gaula, entonces ¿por qué no han hecho
justicia?(…) En esta cárcel han tomado represalia política(…) Nos dieron a ‘escoger’ a
los presos políticos entre los calabozos y el patio paramilitar(…) Me roban, me hacen
caer de la hamaca, me golpean… Saben mis limitaciones físicas y que soy un preso
político, y aquí hay ejército, Gaula, paramilitares”[55].
15. Tortura contra presas políticas, chantaje con los hijos
Las presas políticas denuncian también torturas físicas, sicológicas, y conexas a la
negación de asistencia médica y la insalubridad. Hay casos en que las torturas las
vulneran de manera definitiva, como el de Marisela Uribe García, detenida con más de 5
meses de embarazo de gemelos, que perdió sus bebés por tortura [56]. Marisela fue
denunciante de la mayor fosa común del continente, hallada en Colombia con 2000
cadáveres de desaparecidos a manos del ejército: situada detrás del Batallón militar de la
Fuerza Omega[57].
A las presas políticas se les reducen las visitas de los hijos, obligando a estos a sufrir
situaciones dramáticas. Denuncian el chantaje como forma de tortura que utiliza el INPEC,
implicando a sus hijos. Las visitas o la reducción de pena son impedidas como retaliación
contra la organización política. Los niños están expuestos a ser entregados a orfanatos, si
no les queda un familiar que los acoja. A las madres cabeza de hogar se les violan sus
derechos a detención domiciliaria, como en el caso de Liliany Obando, socióloga que pasó
casi 4 años presa sin pruebas, durante los cuales le fueron negados sus derechos
constitucionales como madre cabeza de familia [58]. Liliany expresa:

18. “El terrorismo de estado que opera en Colombia o bien desaparece a su
opositor político, o lo asesina, o lo encarcela (…) Un 90% de las mujeres privadas de
la libertad somos madres, la mayoría madres cabeza de familia. Es muy grave que una
justicia vengativa ponga en la cárcel a las mujeres madres, porque penaliza a los hijos.
Estas niñas y niños van a quedar gravemente dañados por la experiencia de tener a
sus madres en prisión (…) Muchos de ellos si no tienen un familiar que los cuide
crecen en la institución del estado, que es prácticamente otra cárcel, donde van a
estar recluidos, y podrán solamente visitar a sus madres una vez al mes, por unas
pocas horas. Algunas mujeres llegan a la cárcel en estado de gestación. Hasta la edad
de 3 años pueden tener a sus hijos (en algunas cárceles). Hay estudios que
demuestran que estos niños que han crecido en prisión sicológicamente tienen
muchos problemas… pero es la única opción para quien no tiene con quien dejar a sus
hijos (…) Estas condiciones son violatorias de los derechos de los niños” [59].
Las presas políticas sufren agresiones reiteradas, obligadas a convivir con
paramilitares:“exponiéndonos, y a nuestros visitantes, en nuestra seguridad. Exigimos que
se de cumplimiento a las leyes internacionales de clasificación de internas por hecho
punible y se nos separe de las detenidas de ‘Justicia y Paz’, paramilitares(…)”[60].
También alertan:“No hay diagnósticos sobre enfermedades crónicas o terminales, no se
atienden los tratamientos post-quirúrgicos o no se suministran los medicamentos.
Situaciones tan graves como las que denunciaron las prisioneras políticas del ERON
Cúcuta: ‘hay varias internas con ordenes de cirugías con 10 a 12 meses de anticipación y
no han sido atendidas’” [61].
16. Tratos degradantes y humillaciones de índole sexual
Las torturas y vejaciones reseñadas en este informe son apenas una ínfima parte de la
realidad, son la parte visible. Noticias Uno reportó la denuncia de violaciones sexuales por
parte de guardianes: “Una reclusa fue abusada por los guardianes de la cárcel de
Valledupar. Según denunció los guardianes estarían abusando de otras reclusas. El
INPEC ordenó una investigación, pero no la trasladó a ella, de tal manera que sigue
custodiada por los guardias denunciados.‘Vienen a sacar a las mujeres y a tener
relaciones sexuales, es un abuso de autoridad’. Cuatro uniformados son investigados por
inducir a las detenidas a prostituirse. ‘Yo dije que era violación(…) después de eso siguió

19. el acoso, la burla y después denuncié otro intendente que se metió al cuarto porque según
él ya lo había hecho con otro guardián’” [62].
Los familiares visitantes sufren “abusivos manoseos en sus partes intimas”[63], asimismo
los presos políticos denuncian:“debemos soportar todo tipo de humillaciones, tratos
crueles, inhumanos y degradantes; sometidos a vejámenes como ser requisados
totalmente desnudos y obligados a realizar genuflexiones (cuclillas) frente a los guardianes
(…)Ese tipo de requisas, son proscritas por la Corte Constitucional(…)” [64], pero la
impunidad ampara la continuidad de la tortura.
17. La tortura en Colombia: una lógica de estado
La tortura se inscribe en una lógica de estado, de dominación mediante el miedo; no se
trata de casos aislados: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su
carácter de herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la tortura, que
conlleva incluso la muerte de presos políticos, y llega hasta la desaparición forzada y
homicidio contra los familiares. El tema de la tortura implicando a familiares de presos
políticos será desarrollado en la parte VI de este dossier. Ante la impunidad que prolonga

20. la tortura, ante los sufrimientos indecibles, ante los homicidios de presos, se hace urgente
la solidaridad internacional. La exigencia del cese de la tortura y la exigencia de la libertad
para los miles de presos políticos son pasos imprescindibles hacia una verdadera paz con
justicia social. La importancia de visibilizar estos crímenes de estado radica en tratar de
impedir que se sigan instaurando como mecanismo de terror contra la reivindicación social.
Estos mecanismos represivos son la matriz la guerra, su finalidad es perpetuar el creciente
despojo de las riquezas de Colombia y la concentración de capital en pocas manos, en
desmedro de una población cada día más empobrecida.
NOTAS:
* Este texto es a la vez un texto autónomo y la Parte V del dossier Colombia y sus miles de presos
políticos silenciados, que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa,
los montajes judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la
invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto. Para consultar las demás partes del
Dossier, y para ver las notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta
publicación: www.azalearobles.blogspot.com
--
Más información y más imágenes:
http://www.areitoimagen.blogspot.com/